Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04595-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04595-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04595-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta y Sección Tercera
Subsección A
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial - providencia de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Carmen Elena Torres Ahumada
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y Sección Tercera Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carmen Elena Torres Ahumada, en nombre propio, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
doble instancia, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Quinta
y Sección, Tercera-Subsección A, dentro del trámite de la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02460-00/01.
Precisó que la referida acción de tutela fue promovida para que se dejaran sin
efectos las providencias judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 13001-33-33-012-2017-00148-00/01.
En consecuencia, la parte accionante precisa que la controversia planteada en esta
oportunidad no se dirige contra las decisiones adoptadas en el proceso ordinario,
sino contra las actuaciones surtidas y las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2026-02460-00/01.
2. Hechos
La causa petendi de la acción de tutela se sustenta en los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
2.1. La señora Carmen Elena Torres Ahumada prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, mediante contratos de
obra o labor celebrados con Coltempora S.A. Sostuvo que la vinculación se extendió
entre el 1.º de enero de 2011 y el 20 de julio de 2015 y que, pese a la intermediación
contractual, desarrolló sus funciones de manera personal, remunerada y
subordinada en favor de la entidad hospitalaria.
2.2. La actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito que se declarara la
existencia de una relación laboral encubierta. Como restablecimiento, solicitó el
reintegro, el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, los
aportes al sistema de seguridad social, la indemnización por despido sin justa causa
y el reconocimiento de perjuicios morales.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Cartagena bajo el radicado núm. 13001-33-33-012-2017-00148-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y reconoció la existencia de una relación
laboral encubierta. Sin embargo, negó las demás pretensiones, al considerar que la
demandante había recibido los pagos correspondientes a salarios, prestaciones
sociales y aportes a seguridad social, y que la declaración del contrato realidad no le
otorgaba la condición de empleada pública ni hacía procedente su reintegro.
2.4. Inconforme con la decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación.
Cuestionó que se hubiera declarado la existencia del contrato realidad sin imponer
condena patrimonial y solicitó el reconocimiento de las acreencias reclamadas,
incluida la indemnización por despido sin justa causa.
2.5. Mediante sentencia del 30 de abril de 2025, la Sala de Decisión núm. 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó el fallo de primera instancia. Concluyó
que la declaración del contrato realidad no confería a la actora la calidad de
empleada pública y que no se había demostrado que la terminación del vínculo
obedeciera a una causa distinta de la finalización de la obra o labor contratada.
2.6. El 21 de enero de 2026, la señora Torres Ahumada promovió una primera
acción de tutela, identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00363-
00, inicialmente dirigida contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena. En ella solicitó dejar sin efectos la sentencia del 19 de diciembre de 2024
y que se ordenara una nueva decisión que reconociera las consecuencias
económicas derivadas del contrato realidad. Durante el trámite fueron vinculados el
Tribunal Administrativo de Bolívar y la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.
2.7. Mediante sentencia del 12 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la primera acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Consideró que la actora no explicó de qué manera las decisiones
cuestionadas afectaban el núcleo esencial de los derechos fundamentales
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
invocados y que pretendía reabrir el debate sobre el reconocimiento de salarios,
prestaciones sociales y demás consecuencias económicas de la relación laboral,
asunto ya resuelto por el juez natural.
2.8. La anterior sentencia fue notificada el 20 de marzo de 2026 y la accionante la
impugnó el 25 de marzo siguiente. Dos días después, promovió una segunda acción
de tutela contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, identificada con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2026-02460-00. En esta oportunidad cuestionó las sentencias del 19 de
diciembre de 2024 y del 30 de abril de 2025.
2.9. En la segunda solicitud de amparo, la actora alegó que las providencias
incurrieron en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución e
incongruencia, porque reconocieron la existencia de una relación laboral encubierta,
pero negaron las consecuencias económicas que, a su juicio, se derivaban de esa
declaración. Solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y al trabajo.
2.10. Como circunstancia sobreviniente, afirmó que padecía insuficiencia cardiaca,
disfunción sistólica y fracción de eyección reducida, condición que requería
tratamiento farmacológico permanente, controles periódicos y seguimiento
especializado. Sostuvo que su estado de salud justificaba un nuevo examen
constitucional y exigía garantizar condiciones económicas mínimas para acceder a
los servicios médicos y preservar una vida digna.
2.11. Mediante sentencia del 30 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado rechazó la segunda acción de tutela por temeridad. Consideró que existía
identidad sustancial de partes, causa y objeto respecto del expediente núm. 11001-
03-15-000-2026-00363-00, pues en ambas solicitudes se cuestionaron las
decisiones adoptadas en el proceso ordinario y se pretendió el reconocimiento de
las consecuencias económicas del contrato realidad. Añadió que la condición de
salud alegada no constituía un hecho nuevo, dado que podía haberse planteado en
la impugnación de la primera tutela.
2.12. La accionante impugnó esa decisión. La segunda instancia correspondió a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el radicado núm.
11001-03-15-000-2026-02460-01.
2.13. Mediante sentencia del 16 de junio de 2026, la Subsección A concluyó que no
se configuraba temeridad, porque en la primera tutela no se había demandado al
Tribunal Administrativo de Bolívar ni se había cuestionado específicamente la
sentencia del 30 de abril de 2025. También señaló que no se acreditó mala fe, pues
la actora informó la existencia del trámite anterior y explicó que acudía nuevamente
al amparo por circunstancias relacionadas con su salud.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
No obstante, la Subsección declaró improcedente la acción por incumplimiento de
los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Consideró que la
incongruencia alegada podía plantearse mediante el recurso extraordinario de
revisión, con fundamento en la causal de nulidad originada en la sentencia prevista
en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. Asimismo, concluyó que la accionante
no demostró la configuración de un perjuicio irremediable, pues la controversia tenía
contenido patrimonial y no se acreditó un riesgo inminente, grave, urgente e
impostergable.
Asimismo, estimó que los reproches relacionados con el defecto sustantivo y la
presunta vulneración del principio de primacía de la realidad sobre las formas
carecían de relevancia constitucional, pues reflejaban únicamente el desacuerdo de
la parte actora con la interpretación jurídica y los efectos patrimoniales derivados de
la declaratoria del contrato realidad, aspectos propios de la competencia del juez
natural y ajenos al ámbito excepcional de la acción de tutela.
En consecuencia, modificó el numeral primero de la sentencia del 30 de abril de
2026 y, en lugar, declaró improcedente el amparo por falta de subsidiariedad,
confirmó los demás numerales de la decisión y ordenó remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La señora Carmen Elena Torres Ahumada solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, a la defensa, al acceso
efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que estimó
vulnerados por las autoridades judiciales que intervinieron en el trámite de la acción
de tutela identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02460-00.
Como consecuencia, pidió verificar integralmente las actuaciones relacionadas con
la impugnación, con el fin de establecer: i) cuál fue la providencia efectivamente
recurrida; ii) si la decisión de segunda instancia resolvió materialmente el recurso; iii)
si existió correspondencia entre los argumentos formulados y la providencia
adoptada; y iv) si se garantizó el derecho a la doble instancia.
También solicitó ordenar a la autoridad judicial competente que adoptara las
medidas necesarias para garantizar un estudio material, completo, congruente y
ajustado a los parámetros constitucionales. En caso de comprobarse
irregularidades procesales, pidió disponer los correctivos requeridos para
restablecer sus derechos fundamentales y obtener una respuesta clara, expresa,
motivada y congruente con los argumentos de la impugnación.
3.2. La parte actora alegó la configuración de un defecto procedimental y de una
incongruencia procesal. Precisó que la nueva solicitud de amparo no pretendía
reabrir el debate sustancial resuelto en las tutelas anteriores, sino cuestionar
presuntas irregularidades posteriores, autónomas y sobrevinientes relacionadas
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
con el trámite y la decisión de la impugnación presentada en el expediente núm.
11001-03-15-000-2026-02460-00.
3.3. Sostuvo que existían dudas sobre la identificación de la providencia recurrida, la
correspondencia entre el recurso y la decisión adoptada, y el alcance del examen
efectuado por el superior funcional. En particular, señaló que las actuaciones
contenían referencias a decisiones y radicados distintos, lo que impedía establecer
si la segunda instancia examinó la providencia efectivamente impugnada.
Indicó que dichas inconsistencias comprometieron sus derechos al debido proceso
y a la contradicción, pues no tuvo certeza de que los argumentos formulados
hubieran sido conocidos, analizados y resueltos por la autoridad competente. A su
juicio, la existencia formal de una decisión de segunda instancia no satisfacía la
garantía constitucional si no podía verificarse que el recurso recibió un examen
material, congruente y completo.
Agregó que las irregularidades alegadas impidieron una revisión efectiva de la
providencia recurrida y generaron incertidumbre sobre el agotamiento real del
mecanismo de impugnación. Aclaró que su inconformidad no recaía sobre el sentido
de las decisiones adoptadas, sino sobre la regularidad del procedimiento seguido
para tramitar y resolver el recurso.
3.4. Finalmente, afirmó que carecía de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir esas actuaciones, debido a que las presuntas irregularidades surgieron
en procesos constitucionales concluidos. Por ello, consideró procedente la
intervención excepcional del juez de tutela para verificar la congruencia entre el
recurso interpuesto y la decisión adoptada, así como para restablecer las garantías
procesales que estimó vulneradas.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 18 de junio de 20261, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó la vinculación, en calidad de terceros con interés, del Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala Primera de Decisión, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cartagena y de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena.
De igual manera, se requirió a las autoridades judiciales accionadas para que, quien
tuviera a su cargo el expediente de tutela, lo remitiera en medio digital para efectos
del presente trámite constitucional.
Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
1
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 21AF9F1D0F848024 86447C2B51E9A55A
A17489A4E840ADD6 00C4D72E1DBD0AB9.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
4.2. El Juzgado Doce Administrativo de Cartagena2 remitió el enlace electrónico
del expediente correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el núm. 13001-33-33-012-2017-00148-00, en cumplimiento
del requerimiento efectuado dentro de la presente acción de tutela.
En el informe rendido3, indicó que en ese despacho se tramitó el medio de control
promovido por la señora Carmen Elena Torres Ahumada contra la E.S.E. Hospital
Local Cartagena de Indias. Precisó que mediante sentencia del 19 de diciembre de
2024 resolvió el proceso en primera instancia y que, por auto del 25 de febrero de
2025, concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión.
Sostuvo que los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela no se dirigen
a cuestionar actuaciones surtidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino las decisiones adoptadas con posterioridad en el
trámite de la acción de tutela radicada con el núm. 11001-03-15-000-2026-02460-
00, particularmente las relacionadas con la impugnación de la sentencia allí
proferida.
En ese sentido, afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados,
pues las actuaciones cuestionadas no fueron desplegadas por ese despacho y las
pretensiones formuladas no pueden ser satisfechas por el Juzgado. Con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la legitimación en
la causa por pasiva, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al
considerar que no es la autoridad llamada a responder por las presuntas
vulneraciones alegadas por la accionante.
4.3. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado4 indicó que la
señora Carmen Elena Torres Ahumada solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y a la doble instancia, que estimó vulnerados por la Sección
Quinta y esa Subsección con ocasión de las decisiones adoptadas en la acción de
tutela radicada con el núm. 11001-03-15-000-2026-02460-00/01.
Precisó que el 26 de marzo de 2026, la actora promovió dicha acción contra el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo
de Bolívar. Alegó que las sentencias del 19 de diciembre de 2024 y del 30 de abril de
2025 incurrieron en incongruencia, por la presunta falta de correspondencia entre
sus consideraciones y la decisión adoptada.
Mediante auto del 7 de abril de 2026, la Sección Quinta admitió la tutela, notificó a
las autoridades accionadas y vinculó a la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias,
2
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 38E36138DE62AA1E 6E778FB083F3AF1A
133EF4D3C8054700 B13CD4EAE027203B.
3
Índice 00018 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 50CD827C672B9B4C 1864C86668017E72
1526E3C273BA4609 DF696543D7D8A1E6.
4
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2B2D438BEE23629A 470D4AF99F9EF325
CE4EFFEA6B889C65 960BF6E7DFFAD19D.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
a la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
Por sentencia del 30 de abril de 2026, la Sección Quinta rechazó el amparo por
temeridad y negó la desvinculación de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.
Consideró que existía identidad sustancial de partes, causa y objeto respecto de la
acción radicada con el núm. 11001-03-15-000-2026-00363-00, pues en ambos
asuntos se cuestionaron las decisiones adoptadas en el proceso núm. 13001-33-33-
012-2017-00148-00/01, con el propósito de obtener el reconocimiento de
consecuencias económicas derivadas de una relación laboral encubierta.
La actora impugnó esa decisión y, mediante auto del 13 de mayo de 2026, se
concedió el recurso. El expediente ingresó a la Subsección A de la Sección Tercera
el 28 de mayo siguiente.
Mediante sentencia del 16 de junio de 2026, la Subsección modificó la decisión de
primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela. Confirmó los demás
numerales del fallo impugnado.
Con fundamento en esos antecedentes, sostuvo que la nueva solicitud de amparo
es improcedente, pues se dirige contra las sentencias del 30 de abril y del 16 de
junio de 2026, proferidas dentro de otra acción de tutela, sin que se acreditaran las
circunstancias excepcionales que permiten controvertir providencias de igual
naturaleza.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Carmen Elena Torres Ahumada, al ser la titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como accionante al interior del trámite de tutela
identificado bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02460-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Quinta y Sección Tercera Subsección A, por cuanto fungieron
como jueces, dentro de los mencionados asuntos y son sus decisiones a las que la
parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra una
providencia de la misma naturaleza. En caso afirmativo, se procederá a realizar el
estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 5 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 8.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la
misma naturaleza.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015 unificó la jurisprudencia al
respecto, y estableció que, por regla general, el mecanismo constitucional es
improcedente para tal fin9, no obstante, admitió una forma excepcional de
procedencia cuando “(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
En relación con la cosa juzgada fraudulenta (condición sine qua non para estudiar
una tutela impetrada en contra de otra), la decisión de unificación realizó las
siguientes consideraciones:
“(…) 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en
ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión
del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible
distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto
de la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos
conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que, respecto de la
orden, “se ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal
cumplimiento del fallo”. En este contexto, es posible que se configure el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un
negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito
a terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor
jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su
actuación en el precepto fraus omnia corrumpit”
(…)
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
9
También indicó que, “esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado
Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos,
basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir
que se consoliden situaciones espurias10, bajo el argumento de la obediencia
ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa
juzgada fraudulenta (…)”.
En la referida decisión, el alto tribunal constitucional también estableció la
posibilidad de promover la solicitud de amparo en contra de las actuaciones de los
jueces de tutela, anteriores o posteriores a la sentencia, bajo los siguientes
lineamientos:
“(…) 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. (…)”
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no supera la regla general que
proscribe la interposición de una acción de tutela contra otra sentencia de la misma
naturaleza, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la accionante cuestionó las
decisiones proferidas dentro del trámite constitucional identificado al inicio de esta
providencia, al considerar que: i) presentaron inconsistencias en la identificación de
la providencia recurrida y de los radicados correspondientes; ii) no resolvieron
materialmente los argumentos formulados en la impugnación; iii) desconocieron la
congruencia que debía existir entre el recurso interpuesto y la decisión de segunda
instancia; iv) vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la doble
instancia; y v) la dejaron sin otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir
las presuntas irregularidades procesales.
5.2. En ese contexto, se tiene que, en sentencia T-322 de 2019, la Corte
Constitucional precisó que para tener como probada la existencia de una situación
fraudulenta en la expedición de un fallo de tutela, se requiere la concurrencia de
condiciones como:
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Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Actuación prima facie dolosa o gravemente culposa, que se puede reflejar en i) la
decisión de autoridad competente en la que se declare la conducta dolosa del juez,
ii) la apertura de investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración
de un delito; y iii) la materialización del dolo en la sentencia judicial.
Desviación judicial evidentemente incorrecta, que puede fundamentarse en
situaciones como i) la existencia de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe o; ii) la afectación al
patrimonio público.
Indicios de la existencia de la situación de fraude, a partir de eventos como i)
evidencia de que el fallo de tutela fue proferido sin que se verificaran las condiciones
de procedibilidad de este mecanismo excepcional; ii) ausencia de certeza del
derecho reconocido; iii) protección de un elevado número de peticionarios, cuya
situación individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de
diez (10) días del que dispone el juez para decidir; iv) cuando se presenta acción de
tutela contra una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas
inconstitucional, presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna a
las demandas de sus afiliados y beneficiarios; v) el cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias descritas amenaza el goce efectivo de derechos
fundamentales de terceros.
5.3. La Sala concluye que la parte actora no acreditó la configuración de la condición
fraus omnia corrumpit, pues no señaló que las providencias cuestionadas hubieran
sido proferidas con fundamento en un fraude ni aportó elementos que permitieran
advertir una actuación fraudulenta, dolosa o contraria a la lealtad y a la buena fe, con
incidencia en el sentido de las decisiones adoptadas.
Los fundamentos de la solicitud de amparo tampoco satisfacen la carga
argumentativa necesaria para demostrar la existencia de cosa juzgada fraudulenta o
que las autoridades accionadas hubieran incurrido en conductas ilegales o dolosas
orientadas a defraudar la administración de justicia, con la consecuente vulneración
de los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, los reparos expresan la
inconformidad de la parte actora con las decisiones proferidas dentro del trámite
constitucional anterior.
En el caso concreto, la señora Carmen Elena Torres Ahumada cuestionó las
sentencias del 30 de abril y del 16 de junio de 2026, proferidas por la Sección Quinta
y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la acción
de tutela identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02460-00/01. Sin
embargo, sus argumentos se limitaron a señalar presuntas inconsistencias en la
identificación de la providencia impugnada y en la correspondencia entre el recurso
y la decisión de segunda instancia, sin atribuir ni demostrar maniobras fraudulentas
o dolosas con incidencia en esos fallos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04595-00
Accionante: Carmen Elena Torres Ahumada
Por tanto, la Subsección declarará improcedente la presente acción de tutela, al no
acreditarse las circunstancias excepcionales que permiten controvertir mediante
una nueva solicitud de amparo las providencias proferidas en otro proceso de la
misma naturaleza.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
Carmen Elena Torres Ahumada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y
Sección Tercera Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
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