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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00365-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00365-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pedro Nel Ospina Santamaria, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00365-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00365-00
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaria
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de la acción
de cumplimiento

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acredita el defecto
endilgado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el señor Pedro Nel Ospina Santamaria, quien
actúa en nombre propio contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la providencia del 11 de
diciembre de 2025 proferida dentro de la acción de cumplimiento con radicado
25000-23-41-000-2025-01545-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 3 de septiembre de 2025, el señor Pedro Nel Ospina Santamaría solicitó al
Ministerio de Hacienda y Crédito el cumplimiento del artículo 9.° de la Ley 225
de 1995.

3. Sin embargo, ante la renuencia de dicha entidad presentó una acción de
cumplimiento en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin
de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995,
que modificó la Ley Orgánica de Presupuesto y que se incorporó en el artículo
78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996.

4. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A autoridad judicial que, mediante sentencia del 23 de
octubre de 2025 resolvió declarar improcedente el mecanismo constitucional por
falta del requisito de subsidiariedad porque lo que se perseguía con su

1 Acción de tutela presentada el 21 de enero de 2026.

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interposición era modificar la ley de presupuesto de 2025, para lo cual, tenía a
su disposición la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241
de la Constitución Política.

5. En sede de impugnación, el Consejo de Estado, Sección Quinta a través de
sentencia del 11 de diciembre de 2025 revocó de manera parcial la decisión de
primer grado, en el sentido de declarar la improcedencia porque la norma cuyo
cumplimiento se exigía establecía gasto, entendido en su sentido genérico y no
netamente como una erogación pública.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo, al efectuar una interpretación extensiva de la limitación a la
procedencia de la acción de cumplimiento cuando esta persigue el cumplimiento
de normas que establecen gastos, prevista en el parágrafo del artículo 9.º de la
Ley 393 de 1997.

7. Al respecto, señaló que dicha disposición normativa era absolutamente clara
y precisa, en cuanto se refería exclusivamente a las solicitudes encaminadas a
que el juez ordenara a la autoridad la realización de un gasto determinado.

8. En ese sentido, extender la improcedencia de la acción de cumplimiento a
todas las órdenes relacionadas con el manejo del Presupuesto General de la
Nación suponía una ampliación injustificada del alcance de la restricción legal,
de manera desproporcionada e irrazonable, contraria a su tenor literal y finalidad.

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«(…)
• Que se declare la configuración de la vía de hecho judicial por lo
defectos descritos.
• Que se deje sin efectos sentencia de la sección quinta del H. Consejo
de Estado proferida el día once (11) de diciembre de dos mil veinticinco
(2025) con radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01.
• Que se ordene a la Sala dictar una nueva sentencia, respetando el
precedente constitucional y las normas orgánicas del presupuesto.»
(Sic)

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 23 de
enero de 2026 por medio del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado,
Sección Quinta como accionado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
como terceros interesados en el resultado del proceso.

11. El Consejo de Estado, Sección Quinta solicitó que se declare la
improcedencia por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida
que el fundamento de la tutela era la inconformidad de la parte actora con la tesis

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de la Sala, consistente a un mero debate relacionado con la hermenéutica de la
Ley 393 de 1997, en lo que concierne al alcance del requisito del gasto como
una mera erogación de recursos públicos.

12. En tales términos, insistió en que la tutela no involucraba la protección de
derechos fundamentales, sino que, en realidad, estaba encaminada a que se
discutiera nuevamente en esta sede cuál es el sentido que se le debe dar al
requisito del gasto, tras estar en desacuerdo con el criterio que ha desarrollado
esa sección en su jurisprudencia en vigor.

13. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados en protección; así como también por falta del requisito
de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se limitaba a controvertir la
valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuada por los jueces de
instancia, sin aportar elementos nuevos, pruebas sobrevinientes o
razonamientos constitucionales que permitan concluir que las providencias
impugnadas incurrieron en un yerro ostensible, manifiesto y trascendente
desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A no rindió informe al respecto, pero adjuntó copia de la decisión de
primera instancia.

15. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la providencia
del 11 de diciembre de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto
sustantivo.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

21. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente

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individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han
transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de
cuestionamiento, esto es, el 14 de enero de 2026 y la interposición de la acción
de tutela, es decir, 21 de enero de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto
sustantivo, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.

22. Máxime cuando la controversia planteada incide directamente en la
procedibilidad de la acción de cumplimiento, mecanismo judicial de rango
constitucional consagrado en el artículo 87 de la Carta Política, discusión que a
su vez trasciende el ámbito estrictamente legal y adquiere dimensión
constitucional, en la medida en que una indebida interpretación parágrafo del
artículo 9.º de la Ley 393 de 1997puede restringir el ejercicio de la acción de
cumplimiento orientada a asegurar la supremacía del orden jurídico.

23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

24. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»3.

25. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del

3Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»4.

26. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.7. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto

27. La parte accionante alega que el Tribunal incurre en un defecto sustantivo, al
efectuar una interpretación extensiva de la limitación a la procedencia de la
acción de cumplimiento cuando esta persigue el cumplimiento de normas que
establecen gastos, prevista en el parágrafo del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

28. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la
providencia del 11 de diciembre de 2025 señaló:

4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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«49. Descendiendo al caso concreto y como viene de verse, lo pretendido por la
parte actora a través de la presente acción, es que se le ordene a la cartera
accionada que reduzca las apropiaciones para gastos de funcionamiento e
inversión en la presente vigencia fiscal, porque se da el supuesto de hecho
descrito por el artículo 78 del Decreto 111 de 1996. Esto es, porque las reservas
constituidas para gastos de funcionamiento e inversión superaron el 2% y el
15%, respectivamente, del presupuesto del año inmediatamente anterior.

50. No obstante, la Sala estima que lo pretendido desborda la órbita de
competencias del juez de cumplimiento. En efecto, se estima que para verificar
el acatamiento de la disposición objeto de demanda y emitir una orden sobre el
particular, es necesario determinar no solo si la norma contiene un mandato
imperativo sino, además, si el mismo ha sido incumplido por el sujeto pasivo de
la obligación.

51. Lo anterior, implica necesariamente hacer un estudio del Decreto 1523 del
18 de diciembre de 2024 «[p]or medio del cual se decreta el presupuesto de
rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre de 2025» y con ello, determinar si el Gobierno
Nacional redujo para la presente vigencia, el presupuesto para gastos de
funcionamiento e inversión o, si se quiere, hacer un seguimiento de todas las
decisiones fiscales de la administración, para verificar si ha mediado o no una
reducción por tales conceptos.

52. Tal situación, desborda por completo la naturaleza de la acción de
cumplimiento e irrumpe el diseño institucional que rige en temas de
presupuestales, pues implicaría tornar este mecanismo en uno de corrección de
temas fiscales para someter a control judicial las decisiones del ejecutivo en
dicha materia.

54. No en vano la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de cumplimiento no
es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que constituyan gasto.
Es claro que el legislador fue cauteloso al proscribir la posibilidad de que a través
de esta herramienta se ordenara la creación de una partida presupuestal, so
pena de invadir las competencias previamente establecidas.

55. Justamente, en el estudio de constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, la Corte Constitucional dispuso lo siguiente:

56. Bajo esa misma lógica, no es concebible que a través de esta demanda se
disponga la modificación de apropiaciones presupuestales. Es claro que aquello,
al igual que la creación o supresión, implica una competencia previamente
atribuida y definida por el ordenamiento jurídico, que corresponde ejercer a otras
autoridades.

58. Por lo anterior, es claro que la presente demanda deviene improcedente,
toda vez que lo pretendido se enmarca en la causal del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, pues no acredita el requisito del gasto entendido en su sentido genérico
y no netamente como una erogación pública. Como viene de verse, ordenar que
se reduzca o modifique una apropiación presupuestal, implica entrometerse en
una competencia que está constitucional y legalmente reservada en virtud de su
naturaleza, especialidad y finalidad.»

29. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional por no superar el requisito del «gasto» no obedecieron
a un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, sino que
por el contrario, correspondió a un estudio plausible de lo previsto en el parágrafo
del artículo 9.° de la Ley 393 de 1997.

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30. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado explica que el
análisis del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 exigía un examen complejo de
decisiones presupuestales y fiscales adoptadas por el Gobierno Nacional; así
como la verificación de la reducción o no de apropiaciones para gastos de
funcionamiento e inversión en la vigencia fiscal correspondiente, lo que
desbordaba la naturaleza misma de la acción de cumplimiento e irrumpía en el
diseño institucional que rige en temas de presupuestales.

31. En ese sentido, no existe por parte de la autoridad judicial una indebida
interpretación de la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 9.° de la
Ley 393 de 1997, toda vez que entiende que dicha normativa no se restringe
únicamente a la creación de nuevas erogaciones, sino que comprende también
aquellas órdenes judiciales que, en la práctica, impliquen modificar, suprimir o
redefinir apropiaciones presupuestales, por cuanto inciden directamente en la
estructura del gasto público.

32. En consecuencia, la Sala observa que la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada se encuentra debidamente motivada, se apoya en
fundamentos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sin que
sea posible calificarla como arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al
ordenamiento jurídico.

33. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

34. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no
es de corrección sino de validez5, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar
los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

35. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva
la transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá
a negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

5Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaria

FALLA

Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pedro Nel Ospina
Santamaria, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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