RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2025-01545-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01545-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01545-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales primero y segundo de la sentencia del 23 de octubre de 2025 dictada por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de la demanda porque no se acreditó el presupuesto del gasto. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-01545-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01
Accionante: PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA
Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tema: Revoca parcialmente – improcedencia porque la norma
cuyo cumplimiento se exige establece gasto. Reducción de
apropiaciones para gastos de funcionamiento e inversión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 23 de octubre de 2025, dictada por la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La demanda fue admitida en providencia del 1 de octubre de 20255 y el recurso
de apelación fue concedido mediante auto del 14 de noviembre de 2025. Por lo
anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5
En aquella decisión, el Tribunal de primera instancia ordenó notificar como accionado al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dispuso la vinculación del presidente de la República,
la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la
directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) como terceros con interés.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Pedro Nel Ospina
Santamaría presentó demanda en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la
Ley 225 de 1995, que modificó la Ley Orgánica de Presupuesto y que se
incorporó en el artículo 78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996.

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a las accionadas:

PRIMERA: Se declare que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está
incumpliendo con la obligación de reducir las apropiaciones para gastos de
funcionamiento y gastos de inversión como lo ordena el artículo 9 de la Ley 225
de 1995, incorporado al Decreto Extraordinario 111 de 1996 en su artículo 78.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que reduzca las partidas de gastos de
funcionamiento y de inversión en las sumas correspondientes a la mayor
brevedad, dentro del plazo que determine el H. Tribunal.
TERCERA: Que se precisen en el decreto de reducción las partidas afectadas y
el monto del recorte exigido, conforme con el cálculo resultante de las reservas
publicadas en el SIIF Nación. […]

1.2. Posición de la parte demandante

3. El actor expuso que la Ley 225 del 20 de diciembre de 19956 integra el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional (EOP), que fue compilado en el
Decreto 111 de 1996.

4. Señaló que el artículo 9 de la Ley 225 establece una norma fiscal que
propende por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en tanto le ordena al
Gobierno Nacional reducir las apropiaciones para: 1) gastos de funcionamiento,
cuando las reservas constituidas superen el 2% del presupuesto del año
inmediatamente anterior y 2) gastos de inversión, cuando las reservas excedan
el 15% del presupuesto de inversión del año anterior.

5. Afirmó que, en el año 2024, el presupuesto general fue aprobado mediante
la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023. Con base en ello, mencionó que las
apropiaciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 para gastos de funcionamiento
fueron de $61.885.402.449.498,5 y para gastos de inversión de
$58.815.947.434.7327.

6
«Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto»
7
En el escrito inicial de la demanda, el señor Ospina Santamaría afirmó que la cifra era de
$13.967.663.784.456. No obstante, con posterioridad allegó memorial aclaratorio en él que
mencionó que dicho concepto era por 58.815.947.434.732.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

6. Por su parte, señaló que el 2% de las apropiaciones vigentes para gastos
de funcionamiento correspondía a $1.237.708.048.990, mientras que el 15% para
gastos de inversión era de $8.822.392.115.210.

7. Enseguida, reseñó que, de conformidad con el cálculo publicado en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIFF Nación), a diciembre de
2024:

• El monto de reservas para gastos de funcionamiento fue de
$13.967.663.784.456. Es decir, el 22,57% de las apropiaciones
correspondientes.
• El monto de reservas para gastos de inversión fue de
$24.861.019.989.144. Esto significa, el 57,27% de las apropiaciones
respectivas.

8. Indicó que, a la fecha de presentación de la demanda, el Gobierno
Nacional no ha expedido actos administrativos que reduzcan el monto de las
apropiaciones como lo ordena la norma objeto de la demanda, pese a que las
reservas para gastos exceden el 2% y el 15% respectivo.

1.3. Posición de la parte demandada

9. El Ministerio de Hacienda, en primer lugar, afirmó que no había fenecido
el término para contestar el escrito de renuencia, en tanto aquel data del 3 de
septiembre.

10. Luego, alegó la improcedencia de la acción por ausencia de un «deber
legal, claro, imperativo y exigible» en el artículo 78 del EOP, pues aquella
disposición establece una obligación de carácter programático y técnica
orientada a la reducción del presupuesto para gastos de funcionamiento e
inversión cuando las reservas superen determinados porcentajes, lo cual supone
un proceso de verificación macroeconómica y de adopción de decisiones
integrales dentro del ámbito de la potestad reglamentaria y de planeación fiscal
del Gobierno Nacional.

11. A la par de lo anterior, afirmó que en el artículo 31 del Decreto Ley 1523
de 2024 (actual Presupuesto General de la Nación), el Gobierno Nacional
estableció expresamente que el presupuesto inicial acredita las exigencias del
articulo 31 de la Ley 344 del 1996 y 9 de la Ley 225 de 1995. Por lo tanto, tal
disposición gozaba de presunción de legalidad y constituía un mandato fiscal,
hasta tanto no fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional.

12. De otro lado, mencionó que la acción de cumplimiento no es procedente
para perseguir la ejecución de giros en contravía del sistema presupuestal
colombiano. Al respecto, explicó que lo pretendido con la demanda, en últimas,
es que le ordene a dicha cartera adoptar medidas financieras o autorice

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

instrumentos de apoyo, lo cual comportar exigir la autorización o entrega de
recursos públicos e incluso, activación de mecanismos de financiamiento estatal.

13. En ese orden, expuso que solicitar que se le ordene reclamar una
erogación pública, la reasignación de una partida presupuestal, o la creación de
una apropiación solo era competencia del poder ejecutivo y al legislativo dentro
del sistema presupuestal como lo ordena la Ley Orgánica del Presupuesto.

14. Al respecto, mencionó expresamente que:

[…], la pretensión del demandante de que se “ordene el cumplimiento” del artículo
78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto —esto es, la reducción modificación
de las apropiaciones presupuestales vigentes—, equivale a exigir la adopción de
decisiones de contenido fiscal y financiero, cuya materialización implicaría afectar
las apropiaciones y reservas presupuestales fijadas en la Ley Anual de
Presupuesto. Dichas operaciones, sin embargo, solo pueden realizarse dentro
del procedimiento constitucional previsto en los artículos 345 a 347 de la
Carta Política, y conforme a los parámetros técnicos y normativos
establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 111 de 1996).
[…]

15. En esa línea, afirmó que, de permitirse que a través de esta vía se avalara
la posibilidad de exigirse giros, traslados, reducciones o incrementos de partidas
presupuestales, se le otorgaría al juez constitucional una competencia que no le
corresponde y en claro desconocimiento de los principios de planeación,
legalidad del gasto, equilibrio presupuestal y separación de poderes.

16. El representante del DAPRE y el presidente de la República afirmó que
el demandante no alegó un deber incumplido por parte de sus representados que
estuviera contenido en alguna resolución, decreto o ley. Asimismo, precisó que
no ha omitido el acatamiento del artículo noveno de la Ley 225 de 1995, contenido
en el artículo 78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996.

17. De otro lado, precisó que la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto deben seguir la normativa
presupuestal en la Ley Orgánica de Presupuesto. Bajo esa lógica, consideró que
lo perseguido por el accionante era impertinente frente a sus representados,
máxime cuando no se había agotado frente aquellos el requisito de la renuencia
y tampoco fueron demandados,

18. EL DNP, por su parte, mencionó que ha actuado dentro del marco jurídico
vigente, en estricto cumplimiento de las funciones que le son propias y que no
tiene ninguna facultad para ejecutar el mandato contenido en el artículo 9 de la
Ley 225 de 1995.

19. Asimismo, alegó que no se había agotado el requisito de la renuencia
como requisito de procedencia, toda vez que nunca recibió ningún requerimiento
del accionante en tal sentido. Agregó que, si bien su vinculación se había

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

realizado directamente en el auto admisorio de la demanda en virtud de la
referencia genérica a «Gobierno Nacional» contenida en el artículo 78 del EOP,
lo cierto es que con ello se le privó del espacio administrativo y natural para
pronunciarse sobre el acatamiento de tal deber. Adujo que no podía
reemplazarse el requisito de la constitución en renuencia con tal notificación.

20. De otro lado, enfatizó en el procedimiento técnico para la eventual de
reducción de apropiaciones presupuestales y con ello, señaló que la norma
objeto de la demanda no imponía obligaciones autónomas y simultaneas a cada
entidad del gobierno, sino que aquella se concentraba en la decisión de la
autoridad presupuestal nacional luego de ponderar criterios de legalidad,
sostenibilidad, eficiencia y continuidad del gasto.

21. También, expuso que la expresión «Gobierno Nacional» contenida en la
norma objeto de la demanda, debía leerse de forma sistemática con la
distribución funcional de competencias prevista en la Constitución y la legislación
orgánica presupuestal, lo cual permite concluir; de un lado, que aquel órgano no
era competente para ejecutarla, pues su competencia en el ciclo es técnica y de
planeación y; de otro, que su acatamiento corresponde al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en calidad de autoridad presupuestal nacional y órgano rector
de la política fiscal.

22. Con posterioridad, dio alcance a la contestación de la demanda para
reseñar que tal entidad no participa en la certificación, validación o reducción de
las reservas presupuestales, pues aquello correspondía de manera exclusiva al
Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público
Nacional, y su intervención se circunscribía únicamente a las laborales de
planeación, seguimiento y consolidación de la información sobre inversión
pública, en desarrollo de las competencias establecidas en la Ley 152 de 1994 y
el Decreto 3517 del 2009.

1.4. Oposición a las contestaciones8

23. El accionante allegó escrito de oposición a la contestación de demanda
del Ministerio de Hacienda. En concreto, refirió que contrario a lo señalado por
dicha cartera, para cumplir la obligación objeto de demanda no se requería
ninguna programación, verificación macroeconómica, ni la adopción de
decisiones integrales dentro del ámbito de la potestad reglamentaria y de
planeación fiscal del Gobierno Nacional. Afirmó que solo era necesario comparar
las reservas constituidas con el valor del presupuesto del año anterior.

1.4. Fallo de primera instancia

8
Conviene destacar que sobre el particular la Ley 393 de 1997 no prevé etapa u oportunidad
procesal para ello.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

24. En sentencia del 23 de octubre de 2025, la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

PRIMERO.- NEGAR la solicitud de declaratoria de improcedencia de la demanda,
por cuanto se constituyó debidamente en renuencia a las demandadas; y porque
la norma cuyo cumplimiento se pide no establece gasto.
SEGUNDO.- DECLARAR la improcedencia de la demanda por la existencia de
otro medio de defensa judicial: la acción pública de inconstitucionalidad. […]

25. Como fundamento de su decisión, advirtió que el accionante si había
constituido en debida forma a la cartera accionada, en tanto que, mediante correo
electrónico del 3 de septiembre, radicó la solicitud de cumplimiento de la norma
objeto de la demanda, sin que se evidenciara respuesta en término. De otro lado,
afirmó que la vinculación del DAPRE y DNP fue realizada en virtud de que se
estimó como competentes por la materia objeto de debate.

26. De otro lado, desestimó que el argumento de improcedencia por gasto
propuesto por el Ministerio de Hacienda no tenía asidero, comoquiera que la
disposición objeto de la litis no establecía una erogación, sino que regula el
establecimiento de este mediante el trámite propio de la ley anual de
presupuesto.

27. Finalmente, declaró la improcedencia de la demanda por subsidiariedad.
Como fundamento de su decisión expuso que lo pretendido es que se modifique
la ley de presupuesto de 2025 (artículo 31 del Decreto 1523 de 2024) y para ello,
la parte actora contaba con la acción pública de inconstitucionalidad prevista en
el artículo 241 de la Carta.

28. En efecto, el a quo consideró que, de conformidad con lo manifestado por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DAPRE, se había dado
cumplimiento al mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, con lo
previsto en el artículo 31 del Decreto 1523 de 2024, mediante la cual se aprobó
el presupuesto de 2025, por cuanto allí se consagró:

ARTÍCULO 31. En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de
2025 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el
artículo 9 de la Ley 225 de 1995.

1.5. Impugnación

29. La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Para el efecto, afirmó que
las reservas solo pueden constituirse con certeza a corte del 31 de diciembre del
año anterior al que rige el presupuesto. De ahí que, cualquier cálculo de las
mismas en una fecha previa no cumple con lo dispuesto en las leyes orgánicas
ni reglamentos.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

30. A partir de ahí, expuso que era materialmente imposible que el Decreto
1523 de 2024 hubiera contemplado las reservas presupuestales al 31 de
diciembre de 2024 y, con ello, acatado lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 225
de 1995, pues fue presentado por el Gobierno Nacional el 29 de julio de 2024.

31. De otro lado, resaltó que lo pretendido era que el Ministerio de Hacienda,
con fundamento en las reservas legalmente constituidas con corte al 31 de
diciembre de 2024 y su comparación con el monto del presupuesto de gastos de
funcionamiento y de inversión de la vigencia 2024, redujera las apropiaciones del
presupuesto de la actual vigencia fiscal, contenido en el Decreto 1523 de 2024,
según lo ordena el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y no defender la
supremacía de la Constitución con la «acción de inexequibilidad».

II. CONSIDERACIONES

32. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia. Para ello,
se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de
constitución en renuencia, y ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia
de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

33. Como viene de verse, el señor Pedro Nel Ospina Santamaría presentó
demanda contra el Ministerio de Hacienda, con el fin de obtener el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995.

34. Para el accionante, de acuerdo con esta norma, la cartera accionada debe
reducir las apropiaciones del presupuesto para la vigencia actual –contenido en
el Decreto 1523 de 2024–, teniendo en cuenta las reservas legalmente
constituidas con corte a 31 de diciembre de 2024.

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de los accionados

35. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento9.

9
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

36. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»10. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.

37. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia al
Ministerio de Hacienda, respecto del artículo 9 de la Ley 225 de 1995,
incorporado al Decreto Extraordinario 111 de 1996 en su artículo 78. En efecto,
se corroboró que el 3 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico le pidió
a tal autoridad el acatamiento de tal disposición.

38. En ese orden de ideas y, atendiendo al artículo 8 de la Ley 393 de 1997,
como la autoridad accionada omitió dar una respuesta en el término de 10 días
siguientes al radicado de la petición, es claro que la cartera accionada fue
constituida debidamente en renuencia.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

39. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)11.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
11
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

40. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

41. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento del artículo 9 de la Ley
225 de 1995 compilado en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, esta Sección
advierte que, en principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen
rango de ley o acto administrativo.

42. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad pública, pues los
deberes cuyo cumplimiento se exigen estarían a cargo del Gobierno Nacional,
encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

43. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la acción promovida por la
parte actora actora es improcedente porque no acredita el prespuesto de gasto.
En esencia, se considera que la acción de cumplimiento no es procedente para
dictar órdenes relacionadas con el manejo del Prespuesto General de la Nación,
en la medida en que aquello es una competencia reservada al Gobierno Nacional.

44. Para el efecto, debe recordarse que el constituyente de 1991 diseñó la
acción de cumplimiento como una herramienta «[…] que le permita a toda
persona solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y
los actos administrativos ante cualquier autoridad»12, de manera que se pudiera
contrarrestara la inactividad de los agentes del Estado o de los particulares que
ejerzan funciones públicas.

45. Así, se ha considerado que aquellos mandatos contenidos en las normas
jurídicas deben ser imperativos, expresos e inobjetables y, aunque no deben
tener todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar delimitadas, de aquellos
se debe delimitar el alcance de la obligación y la finalidad del legislador al
momento de contemplar el referido mandato.

46. Debe precisarse que lo anterior no implica que el juez de la acción de
cumplimiento deba ceder ante cualquier tipo de deberes o mandatos jurídicos.
Por el contrario, el legislador dejó sentado que respecto de aquellas materias en
las cuales los sujetos procesales cuenten con otros mecanismos, así como,
aquellas relacionadas con gasto público, el rol del operador judicial se agota.

12
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de enero de 2024. Radicado núm. 25000-
23-41-000-2022-00243-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

47. En línea con lo anterior, se destaca que aquellos asuntos relacionados con
materias presupuestales han sido reservados por la Carta Política al Gobierno
Nacional, con participación del cuerpo legislativo. Se destaca que, en virtud del
texto constitucional, corresponde directamente al Gobierno la formulación del
presupuesto de rentas y la Ley de Apropiaciones ante el Congreso de la
República, quien lo someterá a debate13.

48. En ese orden de ideas, bajo nuestra arquitectura institucional, los asuntos
de índole presupuestal cuentan con competencias, reglas y mecanismos de
control claramente definidos, de manera que su tratamiento se encuentra
reservado a las autoridades expresamente habilitadas por la Constitución y la ley,
sin que sea posible la intervención del juez ordinario para alterar o sustituir las
decisiones adoptadas en esa materia.

49. Descendiendo al caso concreto y como viene de verse, lo pretendido por
la parte actora a través de la presente acción, es que se le ordene a la cartera
accionada que reduzca las apropiaciones para gastos de funcionamiento e
inversión en la presente vigencia fiscal, porque se da el supuesto de hecho
descrito por el artículo 78 del Decreto 111 de 1996. Esto es, porque las reservas
constituidas para gastos de funcionamiento e inversión superaron el 2% y el 15%,
respectivamente, del presupuesto del año inmediatamente anterior.

50. No obstante, la Sala estima que lo pretendido desborda la órbita de
competendencias del juez de cumplimiento. En efecto, se estima que para
verificar el acatamiento de la disposición objeto de demanda y emitir una orden
sobre el particular, es necesario determinar no solo si la norma contiene un
mandato imperativo sino, además, si el mismo ha sido incumplido por el sujeto
pasivo de la obligación.

13
Sobre el particular, la Carta Política dispone, entre otras, que:
ARTICULO 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y
aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de
Desarrollo.
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por
el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al
servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para
dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.
ARTICULO 349. Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo
con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de
Rentas y Ley de Apropiaciones.
Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro,
no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el
ministro del ramo.
ARTICULO 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de
gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro
del ramo.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con
excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones
contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y
las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

51. Lo anterior, implica necesariamente hacer un estudio del Decreto 1523 del
18 de diciembre de 2024 «[p]or medio del cual se decreta el presupuesto de
rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre de 2025»14 y con ello, determinar si el Gobierno
Nacional redujo para la presente vigencia, el presupuesto para gastos de
funcionamiento e inversión o, si se quiere, hacer un seguimiento de todas las
decisiones fiscales de la administración, para verificar si ha mediado o no una
reducción por tales conceptos.

52. Tal situación, desborda por completo la naturaleza de la acción de
cumplimiento e irrumpe el diseño institucional que rige en temas de
presupuestales, pues implicaría tornar este mecanismo en uno de corrección de
temas fiscales para someter a control judicial las decisiones del ejecutivo en dicha
materia.

53. Nótese que, las determinaciones relativas a la conformación del
Presupuesto General de la Nación, la verificación de las reservas presupuestales,
la distribución de los rubros, y las eventuales reducciones de apropiaciones son
competencia del Gobierno Nacional por disposición constitucional y legal. Las
mismas, siguen de un proceso técnico, complejo, anual y reglado bajo los
principios de legalidad del gasto, especialización, programación integral,
separación de poderes y seguridad jurídica, al tiempo que implican un juicio
técnico, político, fiscal, macroeconómico y discrecional de la administración.

54. No en vano la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de cumplimiento
no es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que constituyan
gasto. Es claro que el legislador fue cauteloso al proscribir la posibilidad de que
a través de esta herramienta se ordenara la creación de una partida presupuestal,
so pena de invadir las competencias previamente establecidas.

55. Justamente, en el estudio de constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, la Corte Constitucional dispuso lo siguiente:

[…] facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la
ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla se ejecute,
quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo
que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción
de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar
su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y
promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de
alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. [Énfasis
de la Sala]15

14
Téngase en cuenta que dicho cuerpo normativa contempla lo siguiente: «ARTÍCULO 31. En lo
relacionado con las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial
correspondiente a la vigencia fiscal de 2025 cumple con lo establecido en el artículo 31 de
la Ley 344 de 1996 y el artículo 9 de la Ley 225 de 1995».
15
Corte constitucional, sentencia C-157 de 1998.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

56. Bajo esa misma lógica, no es concebible que a través de esta demanda
se disponga la modificación de apropiaciones presupuestales. Es claro que
aquello, al igual que la creación o supresión, implica una competencia
previamente atribuida y definida por el ordenamiento jurídico, que corresponde
ejercer a otras autoridades.

57. Se precisa que, si bien esta Sección ha establecido que el requisito del
gasto puede ser superado cuando aquel está debidamente presupuestado, es
porque se ha partido de la lógica de que aquel está apropiado y, en consecuencia,
resta ejecutarlo16. No obstante, es distinto ordenar la alteración o redistribución
de dicha apropiación, pues al igual que ocurre respecto de su creación, se
usurparía una competencia del ejecutivo.

58. Por lo anterior, es claro que la presente demanda deviene improcedente,
toda vez que lo pretendido se enmarca en la causal del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, pues no acredita el requisito del gasto entendido en su sentido genérico
y no netamente como una erogación pública. Como viene de verse, ordenar que
se reduzca o modifique una apropiación presupuestal, implica entrometerse en
una competencia que está constitucional y legalmente reservada en virtud de su
naturaleza, especialidad y finalidad.

59. Se itera que, el juez de cumplimiento no puede incidir en la asignación,
reasignación o eliminación de recursos públicos. Sus competencias se
circunscriben a verificar que las autoridades cumplan las normas con fuerza
material de ley o los actos administrativos obligatorios, sin sustituir la voluntad del
legislador en materia fiscal ni desplazar al Ejecutivo en la gestión presupuestal.
Cualquier orden judicial que implique comprometer, disponer o afectar
apropiaciones presupuestales específicas supondría invadir una órbita funcional
ajena, contrariar los principios de legalidad y especialización del gasto (art. 345
C.P.), y, en últimas, desbordar los límites del propio mecanismo de cumplimiento.

2.2. Conclusión

60. Así las cosas, esta sala revocará los numerales primero y segundo de la
parte resolutiva de la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por la Sección
Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
los cuales se negó la solicitud de declaratoria de improcedencia de la demanda
por renuencia y gasto y declaró la improcedencia por subsidiariedad. En su lugar,
se declarará la improcedencia de la demanda por no superar el requisito del
gasto, por las razones aquí expuestas.

16
Sobre el particular, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre de
2024. Radicado núm.: 25000-23-41-000-2024-01313-01M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. En el
mismo sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, Exp.25000-23-41-000-2024-00875-01, M.P.
Omar Joaquín Barreto Suárez.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales primero y segundo de la
sentencia del 23 de octubre de 2025 dictada por la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la demanda porque no se acreditó el presupuesto del gasto.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.