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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00365-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00365-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2026, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00365-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta
Acción: Acción de tutela- Impugnación
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la providencia impugnada y, en su lugar, se
declara improcedente la acción de tutela por no superar
el requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 12 de febrero de 2026, por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de la
Sección Quinta del Consejo de Estado1, y para ello formuló las siguientes pretensiones2:

• Que se declare la configuración de la vía de hecho judicial por lo defectos
descritos.

• Que se deje sin efectos sentencia de la sección quinta del H. Consejo de Estado
proferida el día once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) con
radicación: 25000-23-41-000-2025-01545-01.

• Que se ordene a la Sala dictar una nueva sentencia, respetando el precedente
constitucional y las normas orgánicas del presupuesto.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

De la lectura del escrito de tutela se extrae, en síntesis, la siguiente situación fáctica:

1 En adelante la Sección Quinta.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00365 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta

El accionante manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
cumplimiento en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de
dar aplicación a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, en relación con la
reducción del presupuesto general de la Nación para el año 2025.

Adujo que la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró la
improcedencia del medio de control, al considerar que existía otro medio de defensa
judicial, como lo es la acción pública de inconstitucionalidad.

Señaló que presentó recurso de apelación, en el cual explicó que la constitución de
reservas debe efectuarse de conformidad con las normas orgánicas del presupuesto, con
corte al 31 de diciembre de cada año. En ese sentido, indicó que no era posible que el
presupuesto aprobado con anterioridad a esa fecha cumpliera con lo dispuesto en el
artículo 78 del Decreto Extraordinario 111 de 1996, y que, a lo sumo, dicho presupuesto
podía contener una estimación previa de tales reservas. No obstante, precisó que, una
vez establecidas las reservas definitivas, resulta necesario, para dar cumplimiento a las
normas orgánicas de ejecución presupuestal, verificar si estas superan los límites
previstos en la citada disposición y, de ser así, proceder a realizar el recorte presupuestal
correspondiente.

Indicó, además, que en el recurso de apelación expuso que se trataba de una simple
comparación entre las cifras del presupuesto y las de las reservas constituidas y
publicadas por el Ministerio de Hacienda, sin que ello implicara labores de planeación o
complejidades técnicas. Asimismo, señaló que la norma ordena al Ministerio de Hacienda
expedir el decreto de reducción del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión
cuando las reservas excedan los límites establecidos en el artículo 78.

Finalmente, sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el recurso de
apelación el 11 de diciembre de 2025, declarando la improcedencia de la demanda por
no acreditarse el presupuesto del gasto.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que la acción de tutela
cumple todos los requisitos de procedencia establecidos por la jurisprudencia
constitucional, al existir relevancia constitucional, agotamiento de medios judiciales,
inmediatez, legitimación, y un defecto sustantivo en la decisión cuestionada, el cual
habría restringido indebidamente el alcance de la acción de cumplimiento al confundir la
orden de recorte presupuestal con una orden de gasto, vulnerando así sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de enero de 20263 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, por auto de 23 de

3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta

enero de 20264 la admitió y dispuso notificar5 a la Sección Quinta del Consejo de Estado
y a la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca6 como autoridades judiciales accionadas; así como vincular al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal para que allegara copia digital del expediente de
cumplimento correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 25000 23 41
000 2025 01545 00/01.

3.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público7 allegó informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, por cuanto el accionante se limita a cuestionar la
valoración probatoria y la interpretación jurídica realizadas por los jueces de instancia,
sin aportar argumentos o pruebas que evidencien una vulneración de derechos
fundamentales.

Agregó que las decisiones judiciales están debidamente motivadas y ajustadas al
ordenamiento jurídico, sin que se haya demostrado desconocimiento de precedentes,
errores sustanciales o irregularidades procesales. En consecuencia, no se justifica la
intervención del juez de tutela, pues reabrir el debate implicaría desnaturalizar este
mecanismo y afectar principios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera- Subsección “A”8, a
través de su magistrado ponente allegó escrito en el que manifestó lo siguiente:

Según se advierte en el escrito de tutela, la acción constitucional no se dirige
contra este Tribunal sino contra la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado,
Sección Quinta.

No obstante, con el fin de suministrar elementos para la decisión que corresponde
tomar en el marco de la presente acción de tutela, me permito adjuntar copia de
la sentencia dictada por este Tribunal.

3.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado allegó informe en el que solicitó denegar
las pretensiones de la demanda, por cuanto la acción de tutela no está orientada a la
protección de derechos fundamentales, sino que, en realidad, pretende reabrir el debate
sobre el alcance del requisito del gasto, en desacuerdo con el criterio que la Sección ha
desarrollado en su jurisprudencia vigente.

En consecuencia, sostuvo que la controversia no reviste relevancia constitucional,
máxime si se tiene en cuenta que se cuestiona una providencia proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre en materia de
acciones de cumplimiento.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 00.
5 Esta orden se cumplió el 27 de enero de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00365 00.
6 En adelante el Tribunal.
7 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 00.
8 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 12 de febrero de 2026, negó el amparo solicitado al considerar que no configuró el
defecto sustantivo alegado por el accionante.

Consideró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia,
como identificación de los hechos, inexistencia de recursos, inmediatez y relevancia
constitucional, por lo que resultaba viable analizar de fondo la controversia,
especialmente al estar en controversia posibles vulneraciones al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia en relación con el alcance de la acción de
cumplimiento.

Concluyó que la decisión de la autoridad judicial accionada de declarar improcedente la
acción de cumplimiento por el requisito del “gasto” fue razonable, debidamente motivada
y ajustada al ordenamiento jurídico, por lo que no configura ningún defecto ni vulnera
derechos fundamentales, siendo la inconformidad del accionante un simple desacuerdo
interpretativo que no justifica la intervención del juez de tutela.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante presentó
impugnación, en la cual solicitó dejar sin efectos la sentencia de tutela y, en su lugar,
ordenar la emisión de una nueva decisión dentro de la acción de cumplimiento, en la que
se realice la subsunción conforme al tenor literal de la expresión “normas que establezcan
gastos”, distinguiendo entre la incorporación o ejecución del gasto y el mandato orgánico
de reducción.

Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo al extender
indebidamente la causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, aplicándola no
solo a normas que establecen gasto, como lo prevé de manera estricta la ley, sino
también a aquellas que tienen incidencia presupuestal, creando así una regla no prevista
en el ordenamiento jurídico.

Señaló que se incurrió en un error al calificar como norma de gasto una disposición que,
en realidad, ordena la reducción del presupuesto, pues el artículo 78 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto no establece gasto, sino que impone un recorte, lo cual es
sustancialmente distinto y excluye la improcedencia de la acción de cumplimiento.
Manifestó que la providencia cuestionada aplicó de manera incorrecta la ratio decidendi
de la Sentencia C-157 de 1998, al extender una prohibición diseñada para impedir
órdenes judiciales de creación o ejecución de gasto a un supuesto distinto, como lo es la
reducción presupuestal, sin justificar dicha extensión.

Finalmente indicó que, la sentencia de tutela de primera instancia presenta una
motivación insuficiente, ya que evita resolver el problema jurídico de fondo (correcta
subsunción de la norma) y se limita a calificar el asunto como un “simple desacuerdo”,
sin justificar la ampliación del supuesto legal de improcedencia.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta

5.2. Por auto proferido el 27 de febrero de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de marzo de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El accionante, actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de cumplimiento en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
por el incumplimiento de la obligación de reducir las apropiaciones para gastos de
funcionamiento e inversión de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225
de 1995, incorporado al Decreto Extraordinario 111 de 1996 en su artículo 78. A dicho
proceso se le asignó en número único de radicación 25000 23 41 000 2025 01545 00/01.

6.2.2. Mediante sentencia de primera instancia de 23 de octubre de 2025, el Tribunal
declaró la improcedencia del referido medio de control.

6.2.3. Inconforme con dicha decisión, el accionante presentó recurso de apelación y la
Sección Quinta de esta Corporación, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025,
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE los numerales primero y segundo de la
sentencia del 23 de octubre de 2025 dictada por la Sección Primera, Subsección

9 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00365 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 25000 23 41 000 2025 01545

00/01.

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Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
Accionado: Consejo de Estado- Sección Quinta

A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la demanda porque no se acreditó el presupuesto del gasto.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]16.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.

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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 18. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que19:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

Bajo ese entendido, la Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra,
esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural de la causa.

En su escrito de impugnación, el accionante manifestó que la sentencia acusada incurrió
en defecto sustantivo y motivación insuficiente al declarar improcedente la acción de
cumplimiento, pues amplió indebidamente la causal aplicable a normas que establecen

18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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gasto, pese a que la disposición invocada ordenaba una reducción presupuestal y no la
creación o ejecución de gasto.

Ahora bien, del estudio del medio de control de cumplimiento se observa que el
accionante, en su recurso de apelación, planteó su inconformidad con la sentencia aquí
acusada, por cuanto consideró que el Tribunal se equivocó al afirmar que ya se había
cumplido lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 del 20 de diciembre de 199520con el
artículo 31 del Decreto núm. 1523 de 18 de diciembre de 2024 21, y al señalar que debía
acudirse a la acción de inconstitucionalidad, cuando en realidad lo que se pretende es
exigir el cumplimiento de una norma que ordena reducir el presupuesto y que, a su juicio,
no había sido aplicada.

De otro lado, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la autoridad
judicial accionada indicó que, si bien el hoy accionante sí cumplió el requisito previo de
constituir en renuencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dicha circunstancia
por sí sola no hacía procedente la acción de cumplimiento.

Lo anterior, por cuanto lo solicitado implicaba modificar o reducir apropiaciones del
Presupuesto General de la Nación, decisiones que son de competencia exclusiva del
Gobierno y del Congreso de la República. En consecuencia, consideró que el juez de
cumplimiento no puede intervenir en temas presupuestales, ya que ello implicaría revisar
cálculos técnicos, reservas, rubros y decisiones fiscales, lo cual desbordaría la naturaleza
del mecanismo de cumplimiento y vulneraría el principio de separación de poderes. Por
ello, dicha acción resultaba improcedente al tratarse de una materia relacionada con el
gasto público.

A partir de ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por el accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del medio de control de
cumplimiento.

Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional. En consecuencia, el juez de
tutela no puede inmiscuirse en ese debate, so pena de atribuirle a este mecanismo
constitucional un alcance ajeno a su naturaleza e invadir la órbita de competencia e
independencia del juez natural de la causa.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 12 de febrero de 2026, proferida por
la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, declarará
improcedente el amparo solicitado por incumplir con el requisito general de relevancia

20
“Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto”.
21 “Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos

para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025”.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00365 01
Accionante: Pedro Nel Ospina Santamaría
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constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de
abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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