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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00925-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00925-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Huber de Jesús García Contreras, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 8 Corte Constitucional, Sentencia SU-484 de 2024. 9 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00925-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión - Archivo deCentral. la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00925-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00925-00
Accionante: Huber de Jesús García Contreras
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, entre otros. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de los
incrementos decretados para los años 2008 y 2009, para docentes
grado 2 nivel salarial B. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Huber de Jesús García
Contreras, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad; que considera vulnerados por la sentencia del 6 de
agosto de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 20001-33- 33-008-2024-00166-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el accionante ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2B del
escalafón docente vigente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Que el Gobierno Nacional «dispuso incrementos iguales para el personal docente
vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 durante

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
los años 2005, 2006 y 2007. No obstante, para los años 2008 y 2009 - Archivo Central.
decretó
aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho
personal».

Que, por lo anterior, la accionante se vio afectada porque los docentes ubicados en
categorías inferiores, como la 2A, fueron beneficiados con mayores incrementos
salariales respecto de su categoría (2B), «así: para el año 2008, la categoría 2A
recibió un aumento del 14,11%, mientras que la categoría 2B obtuvo solo un 5,69%;
y para el año 2009, el incremento para 2A fue del 15,61%, en tanto que para 2B
apenas alcanzó el 7,67%».

Que presentó reclamación administrativa ante la Nación- Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Cesar solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales decretados para los años 2008 y 2009; dicha petición fue negada
mediante los oficios núm. CES2024ER006605- CES2024EE003133 del 22 y 2024-
EE-056045 del 27 de febrero de 2024.

Que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Educación Nacional y del Departamento del Cesar, le
correspondió al Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito de Valledupar con
radicado 20001-33-33-008-2024-00166-00 [01], quien en sentencia del 28 de marzo
de 2025 denegó las pretensiones, decisión que fue confirmada en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo del Cesar en providencia del 6 de agosto de igual año.

Considera que en la providencia del 6 de agosto de 2025 se configuran los
siguientes defectos:

• Sustantivo, en criterio de la accionante la sentencia objeto de discusión no logra
articular cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical, que defiende los
incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y las competencias
del personal docente, podría justificar la legalidad de los aumentos desiguales en el
caso de la demandante, quien demostró que ocupaba una posición superior en el
escalafón 2B en comparación con la categoría 2A, durante los años 2008 y 2009.

• Fáctico, el Tribunal valoró de manera indebida el material probatorio «respecto del
debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo
que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel
inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 2A, en comparación con la
accionante, quien se encontraba en la categoría 2B, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas».

Por otro lado, trajo a colación caso similar al planteado, donde el Juzgado 23
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 25 de

2

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo
marzo de 20251, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, al Central.
constatar
que el incremento salarial otorgado al nivel inferior -2A- fue inferior al del nivel
superior -2B.

PRETENSIONES

El accionante pide que se amparen los derechos invocados; dejando sin efectos la
sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33- 33-008-2024-00166-00 [01]
y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva
decisión con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y,
analizando las particularidades del caso concreto.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 12 de febrero de 2026, donde se dispuso su
admisión, se vinculó como terceros interesados al Ministerio de Educación Nacional
y al departamento del Cesar y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Cesar fue debidamente notificado de la acción de
tutela; sin embargo, guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente por no satisfacer los requisitos de: relevancia constitucional, ya que
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, y subsidiariedad.

El departamento del Cesar fue notificado de la acción de tutela y guardó silencio.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

1 Radicado núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00925-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Generalidades de la acción de tutela - Archivo Central.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

4

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• Archivo Central.

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.

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• Archivo Central.
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Huber de Jesús García Contreras estima que el Tribunal
Administrativo del Cesar transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025,
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 20001-33-33-008-2024-00166-00 [01].

A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: sustantivo, bajo
el entendido que el Tribunal no logró explicar cómo la tesis sustentada por la
jurisprudencia vertical, que defiende los incrementos salariales basados en la
idoneidad del desempeño y las competencias del personal docente, podría justificar
la legalidad de los aumentos desiguales en el caso de la demandante, quien
demostró que ocupaba una posición superior en el escalafón 2B en comparación
con la categoría 2A, durante los años 2008 y 2009.

En el fáctico, porque la parte demandante no acreditó que el mayor incremento
salarial otorgado a los docentes ubicados en el escalafón 2A, inferiores a la
categoría 2B, atienda a razones objetivas, verificables y debidamente
fundamentadas.

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 6 de agosto de
2025 cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional
en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los errores citados, el demandante
argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó el 9 de febrero del año en curso, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, lo cual fue el
12 de agosto de 2025 y cobró ejecutoria el 20 de igual mes y año y d) la tutela no
se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

7 Sentencia SU-072 de 2018.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
El Tribunal Administrativo del Cesar expuso que el artículo 150, numeral - Archivo Central.
19, literal
e de la Constitución Política designó la competencia al Congreso de la República
de dictar normas generales y fijar el régimen salarial y prestaciones de los
empleados públicos.

El Congreso de la República en el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 estableció los
principios y parámetros generales en los que se puede mover el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial para los servidores del Estado.

De igual manera, le corresponde al Gobierno Nacional modificar anualmente el
sistema salarial de los empleados públicos aumentando sus remuneraciones con el
fin de contrarrestar el fenómeno de la inflación.

Mencionó que el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en el artículo 111 de la Ley 715 de 2001 expidió el Decreto 1278 de 2002
donde reguló todo lo concerniente a la profesionalización de los docentes; los
artículos 19 y 20 ibid. tratan sobre el escalafón docente, el cual está conformado por
3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación académica y
4 niveles (A, B, C y D), en los que se inscribirán o ascenderán una vez superada la
evaluación de desempeño y competencias.

Descendiendo al caso concreto, el Tribunal indicó que se encuentra probado que el
señor Huber de Jesús García Contreras es docente en carrera en el escalafón 2B.
Además, citó los diferentes decretos que el Gobierno Nacional expidió a partir del
año 2004 para fijar las asignaciones salariales de la población docente señalando
el título, el grado de escalafón, el nivel salarial y la asignación básica mensual de
cada uno.

De lo anterior, el Tribunal concluyó que el valor fijado como asignación salarial en
los años posteriores al 2004 no se estableció en función de una cifra porcentual
sobre el salario pagado el año inmediatamente anterior, sino que determinó un
monto líquido. Explicó la diferencia entre el acto que fija la asignación salarial y el
que aumenta su valor de manera porcentual anualmente, el primero determina el
monto y el segundo «para llegar a un valor determinado es necesario sumar el
aumento porcentual con base en el salario anterior».

En ese orden, el Tribunal dijo que no le asiste razón al demandante cuando alega
que «el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años 2008, 2009
y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues este valor
no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un monto líquido
que solo debe seguir los preceptos estipulados por la ley marco».

Frente al argumento del actor de que el porcentaje del aumento salarial debe
hacerse en igual proporción para los docentes sin tener en cuenta las diferencias
inherentes a los grados y niveles del escalafón docente, el Tribunal citó la Sentencia
C 1064 de 2001 de la Corte Constitucional y con base en ella coligió que «si bien es

7

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necesario aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con - Archivo
el finCentral.
de
contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede ser
diferente teniendo en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país».

Aunado a lo dicho, señaló que la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las
asignaciones salariales de la población docente oficial de forma específica para
cada grado y nivel salarial para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo
consagrado por las normas que rigen la materia y con base en la amplia potestad
de configuración normativa que fue otorgada por la misma Constitución Política.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal estimó que

«[…] no existe discriminación al aplicar incrementos salariales
desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las
mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la
estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros
oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos puedan
ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la
evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el
caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso
de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso
de escalafón

[…]

De manera conclusiva, la diferencia traída a términos porcentuales en el
aumento de la asignación salarial para los diferentes niveles y grados
salariales es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el
apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un
porcentaje igual el valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad
de configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se limite
a lo dispuesta [sic] en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el caso de
estudio».

En relación, con el argumento del actor de que los actos administrativos
demandados violan el principio de «a trabajo igual salario igual» a la población
docente; el Tribunal precisó que se da un trato igual a las personas que se
encuentran bajo unas mismas condiciones, y que se justifica un trato diferente sólo
cuando se encuentran bajo distintas circunstancias.

En el asunto, manifestó que la parte actora está inconforme con el aumento del
salario fijado al nivel y grado que le corresponde con respecto al de otro punto del
escalafón, «pero por ello no puede predicarse la igualdad, porque el comparativo
muestra que no lo son, acorde con la estructura de la población docente, dejando
infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa».

Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal decidió confirmar la decisión de primera
instancia de 28 de marzo de 2025 del Juzgado 8º Administrativo del Circuito de
Valledupar que desestimó las pretensiones de la demanda.

8

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• Archivo Central.
Así las cosas, frente al defecto sustantivo, alegado, no se observa cuál fue la norma
que el Tribunal presuntamente inadvirtió o no tuvo en cuenta; ni que haya
interpretado de manera irracional o errónea alguna disposición legal pues desarrolló
normativa y jurisprudencialmente el tema abordado y resolvió de forma completa
cada uno de los puntos establecidos en la apelación.

En cuanto al desarrollo del test de igualdad que dice echar de menos la parte actora,
la autoridad judicial dejó claro que no era posible ese análisis, debido a la diferencia
de grados en el escalafón y en ese sentido, no puede predicarse una interpretación
contraria de la sentencia C 1064 de 2001.

Frente al defecto fáctico tampoco se observa cuáles fueron las pruebas que la
autoridad judicial omitió decretar, practicar o valorar, ni se evidencia una apreciación
contraevidente o defectuosa del material probatorio ni que se haya ignorado algún
elemento, sino que, por el contrario, se estudió de manera íntegra el acervo
probatorio.

En cuanto a la mención que hace el accionante de la decisión del Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín, este no constituye precedente obligatorio
para el Tribunal Administrativo de Risaralda en el caso a estudio, acorde con lo
establecido por la jurisprudencia constitucional8.

En consecuencia, se negará el amparo invocado, puesto que no se materializaron
los errores: sustantivo y fáctico, ni cualquier otro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Huber de Jesús García
Contreras, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-484 de 2024.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00925-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión - Archivo
deCentral.
la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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