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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01032-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01032-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: contrato realidad y condena en costas.
Subtema 3: defecto fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Juliet Adriana Herrera Pinzón contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1. Síntesis del caso

La señora Juliet Adriana Herrera Pinzón presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y al acceso a la administración de justicia que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-
42-000-2019-01731-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00, índice 2, certificado E574901B5C03F2A5
1464F2EC5CF0BFE6 70C31A75729AC77B 1E6458AE75E73AAD.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2.
La señora Juliet Adriana Herrera Pinzón estuvo vinculada al Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte (IDRD) a través de contratos de prestación de
servicios desde el 27 de enero de 2006 hasta el 1.º de febrero de 2019, en calidad
de profesora de actividad física y gestora de talento humano en el programa
«Recreovía».

3.
La actora, el 9 de mayo de 2019, solicitó al IDRD el pago de las acreencias
laborales y prestaciones sociales por el tiempo laborado, petición que fue negada
mediante Oficio IDRD 20191100086381 del 24 de mayo de 2019.

4.
La señora Juliet Adriana Herrera Pinzón presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Capital
de Bogotá, IDRD, con el objeto de que se declarara la nulidad del Oficio IDRD
20191100086381 del 24 de mayo de 2019 y, en consecuencia, se reconociera la
existencia de un contrato laboral entre el 27 de enero de 2006 y el 1.º de febrero de
2019. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el pago de las
prestaciones sociales y sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías
definitivas.

5. El conocimiento de la demanda correspondió a la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, mediante sentencia del
29 de febrero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

6. Inconforme con la anterior decisión el IDRD interpuso recurso de apelación y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 16 de octubre de 2025, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

Imploro, suplico, ruego, que en aras de mis derechos fundamentales establecido en
los Artículos 13, 25, 26, 29, 53, 229, 230 y 234 de la Constitución Nacional, se me
tutelen dichos derechos y como consecuencia de ello, DEJAR sin valor ni efecto la
sentencia de fecha 16 de octubre de 2025, ordenándole proferir un fallo acorde con
la realidad y los parámetros de unificación de jurisprudencia tanto de esa Honorable
Corporación, como de la H. Corte Constitucional.

En subsidio que por mi proceder, se me exonere de la carga de las costas a mi
impuestas, por cuanto jamás procedí de mala fe, a menos que se tenga por
establecido que por reclamar un derecho, se incurra en dolo, fraude, engaño, malicia,.
Etc2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia objeto de tutela no dio credibilidad a los testigos a quienes, según dice,

2 Se transcribe incluso con errores.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

les constaba directamente que se configuró el elemento de subordinación, dado que
la actora estaba sometida a órdenes e instrucciones de los directivos del IDRD, así
como al cumplimiento de horarios al igual que el personal de planta y el desarrollo
de labores en sedes del instituto.

9. Además, arguyó que la decisión contrarió «la unificación de la jurisprudencia»
al calificar sus servicios como temporales pese a haberlos prestado durante 13 años
y afirmar que sus funciones no correspondían a cargos existentes en la planta de
personal.

10.
Finalmente, sostuvo que la condena en costas fue injusta y desproporcionada,
teniendo en cuenta que lo pretendido era el reclamo de sus derechos, fundado en
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 17 de febrero de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación de la autoridad accionada, es decir, a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y vinculó en calidad de terceros
con interés a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Distrito Capital de Bogotá, Instituto de Recreación y Deporte.

2.4. Intervenciones

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, al estimar que la actora pretende convertirla en una instancia
adicional, para insistir en argumentos resueltos en el proceso ordinario.

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 indicó que frente a esa corporación existe falta de legitimación en la
causa por pasiva, teniendo en cuenta que las peticiones de tutela se dirigían a
discutir la actuación del Consejo de Estado.

14. La Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá6 pidió su
desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva,
al sostener que no participó en la expedición de la providencia cuestionada y que,
si bien el IDRD es una entidad adscrita, no existía un nexo directo entre la actuación
de esa Secretaría y la presunta vulneración alegada.

15. El Distrito Capital de Bogotá, Alcaldía Mayor7 solicitó la desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no cometió ninguna conducta

3 Samai, índice 4.
4 Samai, índice 22.
5 Samai, índice 16.
6 Samai, índice 20.
7 Samai, índice 19.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

activa o pasiva que pudiera considerarse como determinante de la presunta
vulneración y/o amenaza alegadas en la acción de tutela.

16. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)8 pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela, pues a su juicio no cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la accionante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable y que, de las pruebas obrantes en el expediente, tampoco era posible
determinar una circunstancia de vulnerabilidad que hiciera necesaria la intervención
urgente del juez constitucional, máxime cuando los desacuerdos alegados ya se
debatieron y definieron probatoriamente dentro del proceso ordinario.
Adicionalmente, requirió que se declare que ese instituto carece de legitimación en
la causa en el presente asunto, toda vez que no vulneró ningún derecho de la actora.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Juliet Adriana Herrera Pinzón en contra
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa por activa de la señora Juliet Adriana Herrera Pinzón
está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que
profirió la sentencia, objeto de tutela.

20. Por otro lado, se advierte que la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secretaría Distrital de Cultura Recreación
y Deporte de Bogotá, el IDRD y el Distrito de Bogotá solicitaron su desvinculación,
al considerar que no estaban llamados a responder por la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante.

21. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que, en el caso de la autoridad judicial, dictó la sentencia de primera instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado al
núm. 25000-23-42-000-2019-01731-01 y, de las entidades, porque actuaron como
parte demandada dentro de dicho proceso en el que fue expedida la providencia

8 Samai, índice 18.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría
afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará la solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

22. La Sala observa que, la demandante, en el escrito de tutela, omitió identificar el
defecto que pretende atribuirle a la providencia cuestionada conforme a las causales
de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales definidas por la
jurisprudencia constitucional.

23.
Sin embargo, del examen de los hechos y los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo, se advierte que la actora repara sobre la valoración probatoria
de la autoridad judicial demandada frente a los testimonios que, a su juicio, daban
cuenta de la configuración del elemento de subordinación laboral. En consecuencia,
la Sala abordará este planteamiento desde la posible configuración del defecto
fáctico.

24. Por otro lado, es preciso señalar que, aunque la actora alegó que se omitió la
«unificación de la jurisprudencia», no citó o identificó la providencias que, a su juicio,
fue desconocida, por lo cual no es posible estructurar el estudio en alguna de las
causales como el de desconocimiento de precedente judicial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

27.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

30. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un defecto fáctico que, a su juicio, impidió que se
expidiera una providencia ajustada a derecho.
32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 16 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, fue notificada el 7 de noviembre siguiente17, y la
demanda de tutela se presentó el 12 de febrero de 202618, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de
Estado20 como razonable.

34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

37. ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del 16 de octubre de 2025, incurrió en defecto fáctico y, en consecuencia,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia de la actora Juliet Adriana Herrera Pinzón?

17 Samai, exp. 25000-23-42-000-2019-01731-01, índice 14.
18 Samai, índice 1.
19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
Accionante: Juliet Adriana Herrera Pinzón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

38.Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto fáctico; y ii) el
caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

39. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

40. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»24.

41. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de la

21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.

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evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.

43. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.6. Caso concreto

44. En el asunto bajo estudio, Juliet Adriana Herrera Pinzón presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Capital de Bogotá, IDRD
con el fin de que se dejara sin efectos el Oficio IDRD 20191100086381 del 24 de
mayo de 2019 y, en consecuencia, se declarara la existencia de contrato realidad
entre las partes entre el 27 de enero de 2006 y el 1.º de febrero de 2019, y
condenara al pago de prestaciones sociales correspondientes.

45. En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, emitió fallo el 16 de octubre de 2025, en el que revocó la providencia de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas en ambas instancias a la demandante.

46.Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 16 de octubre de 2025,
desconoció los testimonios que daban cuenta de la configuración del elemento de
subordinación, por lo cual incurrió en defecto fáctico. Además, consideró que la
condena en costas fue injusta.

47.Al respecto, se observa que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado analizó los testimonios de los señores Inés Bustos, Angélica

27 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01032-00 (1608)
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Guerra y Stefany Perea, a partir de los que consideró que si bien afirmaron que la
demandante tenía un superior jerárquico dentro de la entidad, sus declaraciones
sobre las órdenes recibidas no fueron claras ni suficientes para concluir la existencia
de un control efectivo sobre el servicio prestado por la señora Herrera Pinzón. Así
lo advirtió:

64. En efecto, Inés Bustos reconoció no recordar qué órdenes específicas recibió la
demandante. Angélica Guerra, si bien señaló que existieron órdenes entre 2015 y 2017,
se limitó a indicar que estaban relacionadas con el funcionamiento general del
programa, sin precisar en qué medida afectaban directamente a la actora, lo que impide
establecer si desbordaban la mera coordinación propia de los contratos de prestación
de servicios.

65. Por su parte, Stefany Perea detalló que la demandante recibió órdenes, referidas a
información de los puntos de actividad física, información de reuniones o lo referente a
la programación administrativa. No obstante, para la Subsección esta información por
sí sola es insuficiente, pues entre los años 2010 y 2019 la actora justamente se
comprometió a prestar sus servicios en actividades relacionadas con la planeación,
programación, orientación de estrategias y evaluación de las diferentes actividades
logísticas, operativas y de sesiones de actividad físicas realizadas por el IDRD.

48. En ese contexto, señaló que la declaración no aportaba claridad, pues no se
refirió a situaciones específicas en las que se evidenciara cómo se materializaron
las instrucciones, de modo que no era posible concluir que estas superaran los
límites del contrato de prestación de servicios

49. Además, precisó que, el hecho de que la demandante contara con un supervisor
en la ejecución de las obligaciones convenidas, no conllevaba per se que existiera
subordinación en su desarrollo. En ese sentido, sostuvo que esa Subsección ha
indicado que la supervisión en el marco de los contratos de prestación de servicios
es necesaria, pues a partir de esta la entidad contratante garantiza la correcta
ejecución de lo pactado mediante facultades tales como: regularizar algunas
funciones, definir horarios en la prestación del servicio o suministrar algunos
elementos.

50. Por otro lado, advirtió acerca de un total de 89 correos electrónicos, que dividió
en dos grupos: (i) los enviados por el coordinador del área de recreovía
directamente a la demandante, y (ii) los enviados entre diversas personas. Del
análisis de esos dos grupos, encontró lo siguiente:

[…] En el primer grupo, la Subsección destaca los siguientes: el 26 de febrero de 2015
se solicitó a la demandante la programación de una actividad física; el 5 de mayo y el
17 de julio de 2015 se le pidió programar actividades físicas y responder una solicitud
cuyo contenido no obra en el expediente; el 12 de mayo de 2015 se le solicitó
programar un encuentro; el 30 de septiembre de 2015 se le pidió apoyo en la
finalización e inicio de contratos; y el 2 de junio de 2016 se le remitió información relativa
a las obligaciones derivadas de sus contratos de prestación de servicios.

70. De estos documentos solo se desprende la remisión de información entre el

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coordinador y la demandante para organizar las actividades a su cargo, las cuales, se
reitera, comprendían la programación, orientación de estrategias y evaluación de las
actividades logísticas, operativas y de sesiones de actividad física realizadas por el
IDRD.

71. En tal medida, no se evidencian imposiciones arbitrarias, órdenes ni
direccionamientos que condicionaran de manera tal el servicio ejecutado por la
demandante que permitieran concluir una dependencia frente a la entidad.

72. De otro lado, el segundo grupo de correos corresponden a mensajes impersonales,
en los que no se logra precisar sus remitentes o destinatarios. Tampoco se observa en
su contexto información que permita deducir que tales misivas iban dirigidas
directamente a la demandante; y mucho menos se extrae de ellos instrucciones sobre
la forma, tiempo, modo o lugar en que debía ejecutar sus actividades contractuales.

51. Del análisis en conjunto de las citadas pruebas, junto con los antecedentes
administrativos de los contratos, los informes de ejecución contractual y el manual
de funciones de la entidad, concluyó que no se desvirtuó la relación contractual que
existió entre las partes, ni demostró la configuración de una relación laboral
encubierta.

52. En este orden de ideas, el análisis probatorio desarrollado en la sentencia del
16 de octubre de 2025, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión,
lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que la autoridad judicial
no le haya otorgado el valor probatorio que tutelante pretendía que se les atribuyera
a los medios de prueba allegados al proceso.

53. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»29.

54. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

55.Ahora bien, frente al cuestionamiento de la actora en relación a lo que estima
una imposición injusta de la condena en costas, la Sala advierte que en la sentencia

29 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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objeto de tutela se sustentó dicha decisión de la siguiente manera:

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó
un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este
tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

83. En consecuencia, el artículo 365 numeral 4 establece que «cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas en ambas instancias». 84. Bajo ese entendido, se condenará a pagar
las costas en ambas instancias a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el
efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

56. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación aplicó un criterio objetivo para condenar en costas a
la parte actora, con fundamento en los artículos 365 del CGP y 188 del CPACA.

57. Sobre el particular, conviene precisar que si bien en otras secciones de esta
corporación, incluida la Sala que decide30, la condena en costas se examina desde
un enfoque subjetivo valorativo, que exige verificar la actuación temeraria o de mala
fe de la parte vencida, lo cierto es que no hay una posición pacífica frente al tema.

58. En ese contexto, no se advierte en el razonamiento de la autoridad judicial
accionada una interpretación sesgada de la normativa aplicable respecto de la
condena en costas, por lo cual no puede calificarse como arbitraria o caprichosa, ni
configura un defecto que habilite la intervención del juez constitucional.

59. Para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode

30 Al respecto, ver sentencias dictadas en los expedientes con radicado núm. 50001-23-33-000-2019-00438-01

(0280-2023) y 25000-23-42-000-2021-00463-02 (0373-2025).
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a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

60. Por lo expuesto, se concluye que la providencia del 16 de octubre de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
incurrió en defecto fáctico que amerite la intervención del juez de tutela. En
consecuencia se negará la solicitud de amparo presentada por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá, el IDRD y el Distrito de Bogotá,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Juliet Adriana Herrera
Pinzón contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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