Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01504-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01504-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01504-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01504-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
7 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa
de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez | Relevancia
constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia por medio de
la cual se declaró probada la excepción de pago total de la obligación en el marco de un
proceso ejecutivo, y el auto que declaró infundado un recurso extraordinario de revisión
que presentaron los accionantes en contra de la sentencia previamente indicada.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Judith Consuelo
González de Linares (como agente oficiosa de Diego Fermín Linares
Castejón), Older Alexis Cáceres Suárez, Juan Carlos Moreno Luna y José Alí
Domínguez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Arauca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 25 de febrero de 2026, Judith Consuelo González de Linares (como
agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón), Older Alexis Cáceres
Suárez, Juan Carlos Moreno Luna y José Alí Domínguez presentaron una
acción de tutela, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo de
Arauca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
igualdad, acceso real y material a la administración de la justicia y a la tutela
judicial efectiva, con ocasión de la Sentencia de 30 de septiembre de 2016
dentro del proceso ejecutivo No. 81001-33-33-002-2013-00513-02 y la
providencia de 24 de julio de 2025 en el marco del recurso extraordinario de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
revisión No. 11001-03-25-000-2021-00071-00 (0289-2021), proferidas,
respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Con fundamento a lo anteriormente expuesto, solicito se protejan los
Derechos fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO y al ACCESO
REAL Y MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (Art. 13, 29 y 229 de la C.N.), de los accionantes, con ocasión a la
alteración material del título ejecutivo (sentencia del 18 de mayo de 2012)
mediante la sentencia de excepciones del 30 de septiembre de 2016 dentro del
proceso ejecutivo continuación del proceso ordinario de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Rad. No. 81-001-33-31 001-2007-00084-00.
SEGUNDA: Que se declare que la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2016 por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso ejecutivo,
incurrió en defecto sustantivo al alterar el alcance material del título judicial
ejecutoriado, restringiendo indebidamente la extensión temporal de la
condena y desconociendo la cosa juzgada material.
TERCERA: Que se declare que la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión dentro del Rad. No. 11001-03 25-000-2021-
00071-00 (0289-2021), consolidó la vulneración constitucional al validar una
interpretación que modificó el contenido vinculante del título ejecutivo.
CUARTA: Que, como consecuencia del amparo, se dejen sin efectos la
sentencia del 30 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca y la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
QUINTA: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Arauca dictar nueva
providencia dentro del proceso ejecutivo, respetando el alcance integral del
título judicial contenido en la sentencia del 18 de mayo de 2012, ejecutándolo
en su verdadera dimensión y conforme a los criterios allí fijados.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Diego Fermin Linares Castejón, José Ali Dominguez, Older Alexis
Caceres y Juan Carlos Moreno Luna, en calidad de diputados de la
Asamblea Departamental de Arauca, presentaron demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con No. 2007-00084-00/01, en contra del departamento de Arauca, con el
objetivo de que se declarara la nulidad del acto ficto derivado de la
solicitud presentada el 23 de agosto de 2006 y, a título de restablecimiento
del derecho solicitó el pago de a) la prima de vacaciones y de navidad2, b)
el auxilio de cesantías, c) reconocimiento de una sanción moratoria por la
consignación fraccionada3 y tardía de las cesantías y d) la reliquidación de
los aportes pensionales.
2 Las cuales no fueron consignadas para los años 2005 y 2006.
3 Para el año 2004, toda vez que se consignaron por mes sesionado y no anual.
2 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
5. 2) El Juzgado 1 Administrativo de Arauca, mediante Sentencia de 4 de
mayo de 2010, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Ordenó la reliquidación y la consignación del saldo insoluto de los auxilios
de cesantías causadas al fondo de cesantías. A su vez, ordenó que, en el
evento de que no se pagara el auxilio de cesantías en el término de 45 días,
contado a partir de la ejecutoria de dicha sentencia, se haría efectiva una
sanción moratoria. Por último, ordenó la reliquidación de los aportes a
pensión de los periodos efectivamente laborados, no por mes sesionado, así
como la consignación al fondo de pensiones al que pertenecían cada uno
de los accionantes, y rechazó las demás pretensiones de la demanda.
6. 3) Los demandantes presentaron recurso de apelación, el cual fue
resuelto, en la Sentencia de 18 de mayo de 2012, por el Tribunal
Administrativo de Arauca. En dicha decisión el tribunal modificó la sentencia
de primera instancia, en el sentido de reconocer y ordenar el pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, causada por la no
consignación oportuna y total de las cesantías causadas en los años 2004 –
2006, hasta la cancelación definitiva del saldo insoluto. Aclaró que la
consignación no se realizaría al fondo de cesantías sino directamente a los
accionantes.
7. 4) El 5 de diciembre de 2013, los aquí accionantes presentaron
demanda ejecutiva No. 2013-00513-00/02, con ocasión de la Sentencia de
18 de mayo de 2012, mediante la que se buscó obtener el pago del saldo
insoluto del auxilio de cesantías causado en los años 2004 a 2007, la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna, y
los aportes a pensión para los años 2004 a 2006.
8. 5) Le correspondió para su conocimiento en primera instancia al
Juzgado Administrativo de Descongestión de Arauca, el cual, mediante
Auto de 16 de julio de 2014, libró mandamiento de pago en contra del
departamento de Arauca. Dicha entidad territorial presentó las
excepciones de “pago total de la obligación”, “cobro de lo no debido” y
“falta de mérito ejecutivo del título base de recaudo por no reunir los
requisitos legales”
9. 6) El 27 de mayo de 2015, el Juzgado Administrativo de Descongestión
de Arauca ordenó seguir adelante la ejecución. Expuso que, de cara a la
excepción de "falta de mérito ejecutivo del título base de recaudo por no
reunir los requisitos legales", la misma no estaba prevista en el numeral 2 del
artículo 442 del CGP y, en consecuencia, no sería atendida. Respecto de las
excepciones de "pago total de la obligación" y "cobro de lo no debido",
expresó que el pago aducido por la entidad territorial no correspondía a lo
que en dicho proceso se reclamaba, pues, correspondía a obligaciones
3 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
diferentes que se causaron con anterioridad a la Sentencia de 18 de mayo
de 2012.
10. 7) La parte ejecutada interpuso recurso de apelación, en el cual
sostuvo que el título carecía de mérito ejecutivo por tratarse de una
condena en abstracto que no fue liquidada mediante el incidente
correspondiente, por lo que no se reunían los requisitos para librar
mandamiento de pago. Asimismo, alegó la excepción de pago total, al
afirmar que la obligación fue satisfecha con anterioridad a la demanda,
específicamente el 23 de enero de 2007 y el 13 de septiembre de 2012,
incluso sin existir obligación legal, por lo que no subsistía saldo insoluto al
momento de la demanda y, por último, advirtió que desconocer dichos
pagos implicaría un doble pago y un enriquecimiento sin causa.
11. 8) El Tribunal Administrativo de Arauca, a través de Sentencia de 30 de
septiembre de 2016, declaró probada la excepción de pago total de la
obligación reclamada por José Alí Domínguez Martínez, Older Alexis
Céceres Suárez y Juan Carlos Moreno Luna, respecto de quienes declaró
terminado el proceso. Por otro lado, confirmó la orden de seguir adelante la
ejecución, solo en favor de Diego Fermín Linares Castejón y en contra del
departamento de Arauca, por el saldo establecido de sanción moratoria.
12. Frente a los pagos indicó lo siguiente (se trascribe):
“Se obtiene que el saldo a cargo de la demandada por sanción moratoria en
favor de Domínguez Martínez, Cáceres Suárez y Moreno Luna, es de
$145.184.550 para cada uno, y de Linares Castejón, solo por 2005 al 15 de
febrero de 2006, pues se retiró como Diputado en 2005, es de $93.776.550.
Se acreditó que el Departamento de Arauca le pagó el 13 de septiembre de
2012 a Domínguez Martínez, Cáceres Suárez y Moreno Luna, las sumas de
$209.563.026 a cada uno, y a Linares Castejón $69.193.115 (fl. 254-331, c.01). Por
su parte, la sumatoria de los dos conceptos liquidados en favor de los
demandantes y a cargo de la entidad demandada (Saldo de cesantía y
sanción moratoria), arroja para cada uno de los tres primeros el valor de
$147.169.732.82 y para Linares Castejón $95.509.142.47.
Por lo tanto, prospera la excepción de pago total en favor del Departamento
de Arauca y en contra de José Alí Domínguez Martínez, Older Alexis Cáceres
Suárez y Juan Carlos Moreno Luna.
Y se ordenará seguir adelante la ejecución en favor de Diego Fermín Linares
Castejón por el único concepto pendiente de pago, esto es, el saldo liquidado
por sanción moratoria.
4.6. En cuanto a la pretensión de la demanda referida a que se librara
mandamiento de pago por los aportes a pensión, se constata que entre 2004 y
2007, la Asamblea Departamental de Arauca efectuó los aportes
correspondientes al fondo de pensiones al que estaba afiliado cada uno de los
demandantes (fl. 116-315, c.03), por lo cual no procede seguir adelante la
ejecución por este concepto.”
4 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
13. 9) El 15 de febrero de 2021, los accionantes presentaron recurso
extraordinario de revisión, bajo el radicado No. 2021-00071-00, en contra de
la Sentencia de 30 de septiembre de 2016, por haber incurrido en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA “Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
14. Indicaron que se le dio un alcance distinto a las sentencias que
sirvieron de base para el recaudo ejecutivo y, en ese equivocado
entendido, se declaró el pago total de la obligación, tras determinar que la
sanción moratoria se tenía que liquidar hasta el 15 de febrero de 2008 y no,
como expresamente lo había establecido la sentencia de segunda
instancia, en la cual se consignó que esta se extendería hasta la
cancelación del saldo insoluto del auxilio de cesantías, en consideración y
aplicación de los dos regímenes de cesantías (artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y artículo 2 de la Ley 244 de 1995).
15. 10) Mediante providencia de 24 de julio de 2025, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso.
Como argumento de su decisión expuso que lo que realmente plantearon
los recurrentes era una discrepancia interpretativa respecto del alcance de
la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y de la manera en que el juez de ejecución aplicó declaró
cumplida la obligación frente a algunos de los ejecutantes y continuó la
ejecución únicamente respecto de Diego Fermín Linares Castejón por el
saldo establecido en dicha decisión por concepto de sanción moratoria,
reparo que no constituía causal alguna que habilitara la procedencia del
recurso extraordinario de revisión.
16. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Sentencia de 30 de septiembre de 2016, dentro del proceso ejecutivo No.
81001-33-31 001-2007-00084-00, proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca y el Auto de 24 de julio de 2025 de la la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, proferido en el marco del recurso
extraordinario de revisión No. 11001-03 25-000-2021-00071-00 (0289-2021),
incurrieron en un defecto sustantivo “por Interpretación contraevidente y
desconocimiento del contenido normativo del Título Ejecutivo”.
17. Explicó que la sentencia que sirvió de título ejecutivo estableció
expresamente que la sanción debía liquidarse conforme con los criterios
señalados en la parte motiva y extenderse “hasta la cancelación definitiva
del saldo insoluto”. Aclaró que dicha remisión integraba la parte motiva con
la resolutiva y configuró una condena “abierta cuya extinción dependía
exclusivamente del pago efectivo”.
5 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
18. Sin embargo, en contravía de ello, se afirmó que la condena solo
comprendía la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, y que no
existía reconocimiento bajo el régimen de la Ley 244 de 1995.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
19. El Juzgado 1 Administrativo de Arauca5 solicitó que se le desvinculara
del presente proceso, ya que su actuación se limitó al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que profirió sentencia de primera
instancia en 2010, modificada posteriormente por el Tribunal en 2012. En esa
medida, precisó que las presuntas vulneraciones alegadas por los
accionantes se relacionaban con la ejecución y revisión del título, ajenas a
su competencia.
20. El departamento de Arauca6 solicitó que se negara la acción de
tutela, al considerar que no se evidenciaba una vulneración a derechos
fundamentales y que las actuaciones judiciales cuestionadas fueron
adoptadas conforme con la ley, la autonomía judicial y la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Indicó que los mismos argumentos ya habían sido
planteados y desestimados en múltiples procesos similares con resultados
favorables al departamento7. Explicó que, en la liquidación del crédito, el
juez podía modificar las sumas del mandamiento de pago para ajustarlas a
la realidad procesal, de cara a los pagos efectuados, sin reabrir el debate
probatorio, en aplicación de los principios de legalidad, congruencia y
lealtad procesal.
21. Asimismo, indicó que los accionantes han contado con todas las
garantías procesales y han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios
sin éxito. En consecuencia, sostuvo que las decisiones cuestionadas estaban
ajustadas a derecho y no configuraban vulneración alguna, por lo que la
tutela carecía de fundamento.
4 Mediante Auto de 27 de febrero de 2026, el despacho ponente dispuso (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandados a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Arauca y (3) vincular al Juzgado 1 Administrativo de Arauca y al departamento de
Arauca, como terceros con interés en el asunto.
5 Índice 11 en el aplicativo SAMAI
6 Índice 13 y 16 en el aplicativo SAMAI
7 Se trascribe: “JOAQUIN MARCHENA, Expediente proceso ejecutivo radicado No. 81-001-33-002-2013-0515-04, -
proceso que también fue al Consejo de estado SECCION QUINTA, Magistrada ponente LUCY JEANNETTE BERMUDEZ
BERMUDEZ, Rad.: No. 11001-03-15- 000-2020-00335-00 (…) Igual ocurrió en el proceso de MARTIN SANDOVAL ROZO,
Expediente proceso ejecutivo radicado No. 81-001-33-33-002-2013-00103-02, , - proceso que también fue al
Consejo de estado SECCION TERCERA Consejero Ponente: JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS (…) OLDER CACERES
Y OTROS proceso que también fue al Consejo de estado, en recurso extraordinario de revisión, bajo el radicado
11001 03 25 000 2021 00071 00. Magistrado ponente JORGE IVAN DUQUE GUTUERREZ, con fallo del 24 de julio de
2025 (…)”.
6 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
22. El Tribunal Administrativo de Arauca8 señaló que la providencia
cuestionada fue proferida en 2016, dentro de un proceso ejecutivo, pero
que actualmente la Sala tenía una integración distinta y no contaba con el
expediente, pues este fue devuelto al juzgado de origen. En consecuencia,
manifestó que se atenía a lo que se lograra probar dentro del trámite de la
tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
23. En relación con la solicitud de desvinculación manifestada por el
Juzgado 1 Administrativo de Arauca, la Sala la negará, toda vez que su
vinculación se realizó en calidad de tercero interesado en el proceso y la
eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama
la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 2007-00084-00, en el que actuó como juez
de primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar a) el requisito de inmediatez, respecto de la Sentencia de 30 de
septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca
dentro del proceso ejecutivo No. 2013-00513-02, y b) el requisito de
relevancia constitucional frente al Auto de 24 de julio de 2025, proferido en
el marco del recurso extraordinario de revisión No. 2021-00071-00 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos
que pasan a explicarse:
25. 1) Respecto de la Sentencia de 30 de septiembre de 2016 del proceso
ejecutivo No. 2013-00513-02, se considera pertinente advertir que la Corte
Constitucional9 ha sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un
término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término
razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
8 Índice 14 en el aplicativo SAMAI
9 Sentencia SU-018 de 2018.
7 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
26. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.
27. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201410, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.
28. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
29. En el presente caso, la solicitud de amparo está orientada a que se
deje sin efectos la Sentencia de 30 de septiembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso ejecutivo No. 2013-
00513-02.
30. En esa medida, se tiene que entre la fecha de notificación de la
sentencia enjuiciada (3 de octubre de 201611) y la presentación de la acción
de tutela (25 de febrero de 2026) transcurrieron más de 9 años, tiempo que
no resultó ser razonable.
31. Por último, es preciso poner de presente que la parte actora no
demostró estar en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Mensaje de datos enviado a los correos winstonjmorales@hotmail.com: juridica@arauca.gov.co;
procjudadm52@procuraduria.gov.co
8 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
acudir oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la
providencia por medio de la cual la autoridad judicial accionada declaró
probada la excepción de pago total de la obligación respecto de unos
ejecutantes y siguió adelante la ejecución frente a otro.
32. En todo caso se advierte que la presentación del recurso
extraordinario de revisión no interfiere en el conteo del término razonable
para el estudio del presente requisito, ya que este es un mecanismo
autónomo y excepcional, que se tramita por una cuerda procesal diferente
y no sigue la del proceso principal, pues, de aceptarse esto, se afectaría la
seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales.
33. 2) Frente al Auto de 24 de julio de 2025, proferido en el recurso
extraordinario de revisión No. 2021-00071-00, la Sala considera que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
34. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.
35. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental12.
36. Igualmente, en Sentencia SU-295 de 202314, estableció que la
relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse
de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
37. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
12 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
9 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto13; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario14 y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple
legalidad15.
38. En el caso concreto, la Sala evidenció que la parte actora no
explicó de manera clara y suficiente las razones por las cuales consideró que
la mencionada providencia incurrió en un defecto sustantivo, pues se limitó
a manifestar lo siguiente (se trascribe):
“En igual sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurre
en el mismo error interpretativo al concluir, con fundamento en los apartes
citados en la providencia objeto de censura, que lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Arauca en sede de ejecución corresponde a una lectura
razonable y coherente de la sentencia del 18 de mayo de 2012.
13. Al sostener que la interpretación adoptada en el proceso ejecutivo no alteró
el contenido del título, sino que se limitó a desarrollar de manera lógica lo
decidido por el juez ordinario, el Consejo de Estado asumió como válida la
premisa según la cual la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 habría
sido negada en el fallo base, al expresar en la sentencia del 24 de julio de 2025
que resolvió el Recurso Extraordinario de Revisión
(…)
Al validar esta interpretación, el Consejo de Estado no solo omitió examinar la
estructura normativa real del título ejecutivo, sino que consolidó la alteración
material introducida en sede de ejecución. Con ello desconoció que la
sentencia que resolvió las excepciones del 30 de septiembre de 2016
configuraba la nulidad prevista en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, en
cuanto modificó sustancialmente el alcance del fallo ejecutoriado que servía
de base al proceso ejecutivo
(…)
La sentencia mediante el cual declaró infundado el Recurso Extraordinario de
Revisión, al considerar razonable esa interpretación y negar la configuración de
la causal 5ª, terminó por consolidar la vulneración del Debido Proceso en su
dimensión de inmutabilidad de las decisiones judiciales revestidas de cosa
juzgada material.”
39. En virtud de lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, al no satisfacer una
carga mínima argumentativa que permitiera evidenciar la configuración
13 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
14 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
15 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
del defecto sustantivo alegado, habida cuenta que los argumentos se
dirigieron a reprochar la decisión de 30 de septiembre de 2016 y de cómo el
Consejo de Estado validó la interpretación realizada por el Tribunal
Administrativo de Arauca, es decir que, en últimas, lo reprochado es la
interpretación realizada por el tribunal en el proceso ejecutivo. Tal omisión
impide establecer la necesidad de la intervención del juez de tutela en el
caso concreto.
40. A su vez, se observó que al momento de resolverse el recurso
extraordinario la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado manifestó lo siguiente (se trascribe):
“Lo que realmente plantean los recurrentes es una discrepancia interpretativa
respecto del alcance de la sentencia dictada en el proceso ordinario y de la
manera en que el juez de ejecución aplicó sus parámetros para declarar
cumplida la obligación frente a algunos de los ejecutantes, así como para
continuar la ejecución únicamente respecto del señor Diego Fermín Linares
Castejón por el saldo establecido en dicha decisión por concepto de sanción
mora, reparo que no constituye causal que habilite la procedencia del recurso
extraordinario de revisión
Admitir lo contrario implicaría reabrir un debate que ya fue objeto de análisis
dentro de las instancias del proceso ejecutivo y del propio proceso ordinario,
específicamente en torno al cumplimiento de la condena relacionada con la
sanción moratoria, lo cual desnaturalizaría la finalidad y el alcance excepcional
del recurso de revisión.”
41. De lo trascrito se concluye que, las manifestaciones de los
accionantes consisten en inconformidades respecto de la interpretación
realizada por las autoridades judiciales accionadas, de cara a la fecha que
debía tenerse en cuenta para la liquidación de la sanción moratoria en la
consignación tardía de las cesantías y los intereses de cesantías; sin
embargo, la Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional13.
2.3. Conclusión
42. Tras corroborar que no se superaron los requisitos de inmediatez ni
relevancia constitucional, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los
demás requisitos de procedibilidad y declarará la improcedencia de la
acción de tutela.
11 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01504-00
Demandante: Judith Consuelo González de Linares
(como agente oficiosa de Diego Fermín Linares Castejón) y otros
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón), Older Alexis Cáceres Suárez, Juan Carlos Moreno
Luna y José Alí Domínguez, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
12 de 12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.