Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01504-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01504 01
Accionante: Judith Consuelo González de Linares (en representación
de Diego Fermin Linares Castejon) y otros
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 7 de mayo de 2026 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón), Older Alexis Cáceres Suárez, Juan Carlos Moreno Luna y José
Alí Domínguez, actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
en contra de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Arauca, y para ello formularon las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: Con fundamento a lo anteriormente expuesto, solicito se protejan los
Derechos fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO y al ACCESO
REAL Y MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA10 Y A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA (Art. 13, 29 y 229 de la C.N.), de los accionantes, con
ocasión a la alteración material del título ejecutivo (sentencia del 18 de mayo de
2012) mediante la sentencia de excepciones del 30 de septiembre de 2016
dentro del proceso ejecutivo continuación del proceso ordinario de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Rad. No. 81-001-33-31- 001-2007-00084-00.
SEGUNDA: Que se declare que la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2016 por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso ejecutivo,
incurrió en defecto sustantivo al alterar el alcance material del título judicial
ejecutoriado, restringiendo indebidamente la extensión temporal de la condena
y desconociendo la cosa juzgada material.
TERCERA: Que se declare que la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al declarar
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01504 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 01504 01
Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
infundado el recurso extraordinario de revisión dentro del Rad. No. 11001-03-
25-000-2021-00071-00 (0289-2021), consolidó la vulneración constitucional al
validar una interpretación que modificó el contenido vinculante del título
ejecutivo.
CUARTA: Que, como consecuencia del amparo, se dejen sin efectos la
sentencia del 30 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca y la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
QUINTA: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Arauca dictar nueva
providencia dentro del proceso ejecutivo, respetando el alcance integral del título
judicial contenido en la sentencia del 18 de mayo de 2012, ejecutándolo en su
verdadera dimensión y conforme a los criterios allí fijados.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes, en su condición de diputados de la Asamblea Departamental de Arauca,
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento de Arauca, con el fin de obtener la reliquidación de sus
cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria derivada de su pago
extemporáneo.
Expusieron que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Arauca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 4 de
mayo de 2010, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. No obstante,
dicha decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo de Arauca mediante
sentencia de 18 de mayo de 2012, en el sentido que condenó al departamento de Arauca
al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
Indicaron que, con fundamento en esta última providencia, promovieron proceso ejecutivo
con el propósito de obtener el cumplimiento integral de la condena. Sin embargo,
mediante sentencia de 30 de septiembre de 2016, el mencionado tribunal concluyó que
la sanción moratoria solo podía liquidarse hasta el 15 de febrero de 2008 y declaró
probada la excepción de pago total de la obligación, al considerar que la condena no
comprendía la sanción prevista en la Ley 244 de 1995. A juicio de los accionantes, esta
decisión modificó el alcance del título ejecutivo al transformar una condena abierta,
vigente hasta el pago efectivo de la obligación, en una obligación sometida a un límite
temporal definido.
Manifestaron que contra dicha providencia interpusieron recurso extraordinario de
revisión, al estimar que se había producido una alteración material del título ejecutivo. No
obstante, mediante sentencia del 24 de julio de 2025, la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso al considerar que la
interpretación efectuada por el Tribunal resultaba razonable. Según los accionantes, esta
decisión consolidó la reducción del alcance de la condena y agotó los mecanismos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Como fundamento de la presente acción de tutela, sostuvieron que se satisfacen los
requisitos generales de procedencia, por cuanto el asunto plantea un problema de
relevancia constitucional relacionado con la presunta vulneración de los derechos al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de los principios de cosa juzgada material y
seguridad jurídica. Asimismo, señalaron que agotaron todos los mecanismos judiciales
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 01504 01
Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
de defensa, incluido el recurso extraordinario de revisión, cuya decisión fue notificada el
25 de agosto de 2025.
En cuanto a los defectos atribuidos a las providencias cuestionadas, alegaron la
configuración de un defecto sustantivo por interpretación contraevidente del título
ejecutivo. En ese sentido, afirmaron que el Tribunal modificó el alcance de la condena
contenida en la sentencia de 18 de mayo de 2012, pues dicho fallo dispuso que la sanción
moratoria se causaría hasta la cancelación definitiva del saldo insoluto y contemplaba la
aplicación sucesiva de los regímenes previstos en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 244 de
1995.
Sostuvieron que, pese a ello, el Tribunal limitó la causación de la sanción hasta el 15 de
febrero de 2008, bajo el entendido de que la sentencia únicamente había reconocido la
sanción prevista en la Ley 50 de 1990 y había negado la regulada por la Ley 244 de 1995.
En su criterio, dicha conclusión desconoce el contenido real del fallo, pues lo único que
se negó fue el reconocimiento de las cesantías definitivas correspondientes al año 2007
por falta de agotamiento de la vía gubernativa.
Finalmente, adujeron que la sentencia del Consejo de Estado que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión validó esa interpretación y consolidó la modificación
material del título ejecutivo, con la consecuente vulneración de los derechos al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, así como de los principios de cosa juzgada material
y seguridad jurídica.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación que, por auto de 27 de febrero
de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Arauca como autoridades judiciales
accionadas; así como vincular al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Arauca
y al departamento de Arauca como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, se ordenó requerir al Juzgado Primero Administrativo de Arauca para que
remitiera copia digital de los expedientes con radicados núm. 81001 33 33 001 2007
00084 00/01 y núm. 81001 33 33 002 2013 00513 00/01/02. Asimismo, se requirió a la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que allegara copia
digital del expediente identificado con el radicado núm. 11001 03 25 000 2021 00071 00.
3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Arauca5 allegó escrito en el que
señaló que no intervino en el trámite del proceso ejecutivo ni en las decisiones
cuestionadas por los accionantes, pues dicho asunto fue conocido por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Arauca. Por tal razón, solicitó su desvinculación
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01504 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01504 00.
4 Esta orden se cumplió el 5 de marzo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01504 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 01504 01
Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o,
subsidiariamente, la denegación de las pretensiones de la tutela.
3.3. El departamento de Arauca6 allegó respuesta en la que solicitó negar el amparo al
considerar que las providencias cuestionadas fueron proferidas por las autoridades
judiciales competentes en ejercicio de su autonomía e independencia, sin que se
configure vulneración de derechos fundamentales.
Sostuvo que los argumentos planteados por los accionantes han sido analizados y
desestimados en diversos procesos ejecutivos, acciones de tutela y recursos
extraordinarios de revisión promovidos por ellos mismos y por otros exdiputados en
situaciones similares. Asimismo, afirmó que la interpretación realizada por el Tribunal
sobre el alcance del título ejecutivo y la liquidación del crédito se ajustó a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la cual permite al juez verificar y ajustar las sumas adeudadas
conforme a la realidad procesal y a los pagos acreditados.
Finalmente, indicó que los accionantes han contado con todas las garantías procesales
para controvertir las decisiones adoptadas, las cuales han sido reiteradamente
confirmadas por las autoridades judiciales competentes.
3.4. El Tribunal Administrativo de Arauca7 indicó lo siguiente:
Obrando dentro del término previsto en el auto admisorio de la acción de tutela de
la referencia, de manera atenta advierte el Tribunal Administrativo de Arauca que
comoquiera que —según lo expone la parte tutelante— la decisión que se
cuestiona de esta Corporación Judicial fue proferida dentro del proceso ejecutivo
de radicado N.° 81001-3333-002-2013- 00513-02 el 30 de septiembre de 2016, y
a la fecha la Sala del Tribunal tiene otra conformación de aquella que dictó la
providencia, además de no contar con el expediente del proceso por haber sido
devuelto en su oportunidad al Juzgado A quo, nos atenemos a lo que se pruebe
dentro de este trámite constitucional.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
7 de mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
encontraban satisfechos los requisitos generales de procedencia relativos a la inmediatez
y a la relevancia constitucional. Asimismo, negó la solicitud de desvinculación formulada
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Arauca.
En relación con la sentencia del 30 de septiembre de 2016, concluyó que no se cumplía
el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela fue presentada más de nueve
años después de la notificación de dicha providencia, sin que los accionantes hubieran
justificado razonablemente esa demora.
Por otra parte, respecto de la decisión de 24 de julio de 2025, mediante la cual se resolvió
el recurso extraordinario de revisión, estimó que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, dado que los accionantes no demostraron de manera suficiente la
configuración del defecto sustantivo alegado y sus argumentos se limitaron a expresar su
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
inconformidad con la interpretación efectuada por las autoridades judiciales sobre el
alcance del título ejecutivo, planteando así una controversia de mera legalidad que no
puede ser reabierta a través de la acción de tutela.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconformes con el fallo de primera instancia, los accionantes presentaron
impugnación y solicitaron revocar la sentencia de tutela para que, en su lugar, se
declarara que la acción satisface los requisitos generales de procedencia relativos a la
inmediatez y a la relevancia constitucional, con el fin de que se estudie de fondo el defecto
alegado.
Sostuvieron que la providencia impugnada erró al considerar incumplido el requisito de
inmediatez, pues estaban obligados a agotar previamente el recurso extraordinario de
revisión para controvertir la presunta vulneración del debido proceso. En consecuencia,
afirmaron que el término para evaluar dicho requisito debía contabilizarse a partir de la
decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión en el año 2025 y no desde la
sentencia proferida en 2016.
Asimismo, adujeron que la sentencia de primera instancia analizó de manera equivocada
el requisito de relevancia constitucional al reducir la controversia a una simple
discrepancia hermenéutica. Al respecto, señalaron que la acción de tutela cuestiona la
alteración del contenido vinculante de una sentencia ejecutoriada por parte del juez de
ejecución, circunstancia que compromete principios y garantías constitucionales como la
cosa juzgada material, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la tutela judicial
efectiva. Por ello, consideran que el debate planteado trasciende una discusión de mera
legalidad y reviste una evidente relevancia constitucional.
5.2. Por auto proferido el 5 de junio de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 18 de junio de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
8 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01504 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01504 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
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Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. Los accionantes promovieron demanda ejecutiva contra el departamento de
Arauca con el fin de obtener el cumplimiento de la sentencia de 18 de mayo de 2012,
mediante la cual se ordenó el pago de la sanción moratoria causada por el pago tardío
de las cesantías. Dicho proceso fue radicado bajo el número único 81001 33 33 002 2013
00513 00.
6.2.2. Por reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Administrativo
Oral de Arauca en Descongestión que, mediante sentencia del 27 de mayo de 2015,
ordenó seguir adelante con la ejecución.
6.2.3. Contra esa decisión, el departamento de Arauca interpuso recurso de apelación y
el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2016,
resolvió lo siguiente:
PRIMERO. REVOCAR en forma parcial los numerales primero y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, proferida el 27 de mayo de
2015 por el Juzgado Administrativo Oral de Arauca en Descongestión.
En su lugar, DECLARAR probada la excepción de pago total de la obligación que
reclaman José Alí Domínguez Martínez, Older Alexis Céceres Suárez y Juan
Carlos Moreno Luna frente a quienes se declara terminado el proceso, y
CONFIRMAR la orden de seguir adelante la ejecución, solo en favor de Diego
Fermín Linares Castejón y en contra del Departamento de Arauca, por el saldo
establecido de sanción moratoria, de conformidad con lo expuesto.
6.2.4. Inconforme con la decisión anterior, los accionantes presentaron recurso
extraordinario de revisión y la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante sentencia de 24 de julio de 2025, lo declaró infundado.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con los requisitos generales
de inmediatez y relevancia constitucional.
6.3.1. Frente al requisito de inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 81001 33 33 002 2013 00513
00/01.
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en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros15.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición16.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 17 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
15 Sentencia T-584 de 2011.
16 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, por una parte, los accionantes cuestionan la providencia del
30 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del
proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 81001 33 33 002 2013 00513
00/01/02, promovido en contra del departamento de Arauca.
En ese sentido, comoquiera que dicha decisión fue notificada el 3 de octubre de 201618,
y la acción de tutela fue radicada el 25 de febrero de 202619, se desprende que, tal como
lo indicó el a quo, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, dado
que fue promovida luego de transcurridos más de nueve años desde la notificación de la
providencia cuestionada.
Si bien el accionante sostuvo que la tardanza obedeció a que agotó el recurso
extraordinario de revisión, tal argumento no es de recibo comoquiera que dicho proceso
no suspende el término de ejecutoria de la providencia, ni permite que la acción de tutela
se presente con posterioridad.
6.3.2. Frente al requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]20.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:
18 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 81001 33 33 002 2013 00513 02.
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01504 01.
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
21 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 22. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2.1. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del tercer criterio que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
6.3.2.1.1. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]23.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el tercer elemento de la relevancia
constitucional, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural.
Lo anterior, comoquiera que los accionantes, controvierten la sentencia del 24 de julio de
2025, mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado núm. 81001 33 33 002 2013 00513 00/01/02.
De la lectura de dicha providencia se advierte que la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado concluyó que la sentencia proferida dentro del proceso
ejecutivo realizó una interpretación razonable y coherente del título ejecutivo contenido
en la sentencia de 18 de mayo de 2012, y que los recurrentes únicamente manifestaban
una discrepancia respecto de la manera en que el juez de ejecución entendió y aplicó los
parámetros fijados en dicho fallo para efectos de determinar el cumplimiento de la
obligación.
Asimismo, dicha autoridad judicial precisó que admitir la tesis de los recurrentes implicaría
reabrir un debate que ya había sido objeto de análisis tanto en el proceso ordinario como
en el proceso ejecutivo, específicamente en relación con el alcance de la condena y la
liquidación de la sanción moratoria, desnaturalizando así la finalidad excepcional del
recurso extraordinario de revisión.
A partir de ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por los accionantes para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse realmente sobre el alcance de un derecho fundamental, sino
sobre su inconformidad con la interpretación acogida por esta Corporación en el recurso
extraordinario de revisión respecto del alcance del título ejecutivo y de la forma en que
debía liquidarse la sanción moratoria reconocida judicialmente.
Ello es así, porque los accionantes no ponen de presente una actuación arbitraria o
caprichosa atribuible a las autoridades judiciales accionadas, ni desarrollan una
argumentación que permita concluir que el caso exige interpretar, aplicar o desarrollar
directamente la Constitución Política, o definir el alcance de un derecho fundamental. Por
el contrario, su reproche se dirige a cuestionar las conclusiones jurídicas alcanzadas por
los jueces competentes respecto de una controversia que ya fue resuelta.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional, pone de manifiesto
una simple inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada,
como si la tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional destinada a replantear
una discusión jurídica previamente definida.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por
la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela.
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Accionante: Judith Consuelo González de Linares (como agente oficiosa de Diego
Fermín Linares Castejón) y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A” y otro
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de julio
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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