Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00071-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00071-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00071-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00071-00 (0289-2021)
Demandante: Older Alexis Cáceres y otros
Demandada: Departamento de Arauca
Temas: Causal quinta de revisión. Nulidad en la sentencia. Violación del
debido proceso. Presunta modificación del título ejecutivo.
Límites de la ejecución. Improcedencia para reabrir debate
ordinario. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por los señores
Older Alexis Cáceres, José Ali Domínguez, Juan Carlos Moreno Luna y Judith
Consuelo González de Linares, quien actúa en calidad de guardadora del señor
Diego Fermín Linares Castejón contra la sentencia del treinta (30) de septiembre
del dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca2, para
lo cual invocaron la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que los señores Diego Fermín Linares Castejón, José Alí Domínguez, Older Alexis
Cáceres y Juan Carlos Moreno Luna, en su calidad de diputados de la Asamblea
Departamental de Arauca para el período 2004-2007, solicitaron al presidente de la
corporación el pago de los saldos insolutos correspondientes a la prima de navidad
y al auxilio de cesantías, el reconocimiento de la sanción moratoria por la
consignación fraccionada de las cesantías, así como el pago de la prima de
vacaciones y la reliquidación de los aportes pensionales; solicitud respecto de la
cual nunca obtuvieron respuesta.
Que ejercieron la acción de nulidad y restablecimiento en contra del Departamento
de Arauca, con la finalidad de obtener la nulidad del acto ficto y, como
restablecimiento del derecho, se ordenara la reliquidación de sus cesantías más la
sanción moratoria correspondiente y obtuvieron sentencia el 4 de mayo de 2010,
del Juzgado Primero Administrativo de Arauca que ordenó al Departamento de
Arauca liquidar y pagar:
1 La presentación del recurso se efectuó el 21 de julio de 2021 ante la autoridad judicial de origen y fue radicado
en esta Corporación el día 21 de noviembre de 2021. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 27 de mayo de 2015, por el Juzgado Administrativo del Circuito
de Arauca que ordenó seguir adelante la ejecución en contra del Departamento de Arauca.
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• El auxilio de cesantías, a razón de mes sueldo por cada año de servicios
desde el año 2004 hasta el año efectivamente laborado como diputados
conforme a la Ley 6 de 1945;
• La sanción mora en el término de 45 días contados a partir de la ejecutoria
de la sentencia y vencido ese plazo la sanción prevista en el artículo 2 de la
Ley 244 de 1995; y
• Los aportes a pensiones mensualmente de los periodos laborados teniendo
en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993, tomando el tiempo de
servicio el año completo y en el evento de que los actores no hubieren
asistido a las sesiones ordinarias o extraordinarias se hará el cómputo en
proporción al tiempo de servicio; sumas que deberán ser consignadas al
fondo en el se encuentre afilado el actor.
Que el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 18
de mayo de 2012, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó
al Departamento de Arauca, a pagarle a los señores José Ali Domínguez, Older
Cáceres y Juan Carlos Moreno Luna, la sanción moratoria prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, causada por la no consignación oportuna de las cesantías
correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 hasta la cancelación definitiva del
saldo insoluto; condena que extendió en las mismas condiciones para el señor
Diego Fermín Linares Castejón, pero teniendo en cuenta que laboró solamente los
años 2004 y 2005.
Que, en razón a las inconsistencias presentadas en las liquidaciones efectuadas
por el Departamento de Arauca, en cumplimiento a las anteriores decisiones
judiciales presentaron demanda ejecutiva, teniendo como base del recaudo las
sentencias de primera y segunda instancia.
Que, el 27 de mayo de 2015, el Juzgado Administrativo Oral del Circuito en
Descongestión ordenó seguir adelante la ejecución contra el Departamento de
Arauca, conforme a lo dispuesto en las sentencias base del recaudo, y dispuso la
liquidación del crédito conforme al artículo 446 del Código General del Proceso
(CGP).
Que el ejecutante apeló la decisión y el 30 de septiembre de 2016, el Tribunal
Administrativo de Arauca, profirió sentencia en la que resolvió declarar probada la
excepción de pago total de la obligación y confirmó la orden de seguir adelante la
ejecución sólo en favor de Diego Fermín Linares Castejón y en contra del
Departamento de Arauca, por el saldo pendiente por concepto de sanción moratoria.
Que, ante esta decisión, el apoderado de los ejecutantes promovió incidente de
nulidad con fundamento en la causal del artículo 133 del CGP, por falta de
competencia funcional del Tribunal para modificar el contenido del título ejecutivo,
el cual fue resuelto negativamente mediante auto del 28 de enero de 2020.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 30 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia
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de segunda instancia mediante la cual revocó parcialmente la decisión de primera
instancia. En su lugar, declaró probada la excepción de pago total respecto del
débito que tenían los señores José Alí Domínguez Martínez, Older Alexis Cáceres
Suárez y Juan Carlos Moreno Luna frente al Departamento de Arauca, dando por
terminado el proceso frente a ellos. Por otra parte, confirmó, la orden de seguir
adelante la ejecución exclusivamente a favor del señor Diego Fermín Linares
Castejón, por el saldo insoluto derivado de la sanción moratoria.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Que la obligación en ejecución tenía sustento en las sentencias proferidas dentro
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, particularmente en
el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de mayo de 2010,
dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, que condenó al
Departamento a pagar el saldo pendiente del auxilio de cesantías, la sanción
moratoria y los aportes a pensión; decisión que fue modificada por el Tribunal el 18
de mayo de 2012, únicamente en lo relativo a la sanción moratoria.
Frente a la excepción planteada por la entidad de falta de mérito ejecutivo del título
por no reunir los requisitos legales, al ser abstracto y requerirse de un incidente de
liquidación concluyó que dicha alegación carecía de sustento fáctico y jurídico, dado
que las providencias no establecieron una condena en abstracto ni ordenaron el
trámite del artículo 172 del CCA. Por el contrario, los fallos indicaron de manera
clara los conceptos, años y bases normativas aplicables, lo que permitía determinar
el valor a pagar sin necesidad de interpretación adicional. En consecuencia, el título
reunía los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo: era claro, expreso y
exigible.
Consideró que la cuantía era determinable, porque se había especificado el valor
de los conceptos reconocidos (auxilio de cesantía, sanción moratoria y aportes a
pensión), los años a liquidar, el régimen aplicable y la fecha a partir de la cual se
devengaba la obligación. Igualmente, se cumplían los requisitos de claridad —al
provenir de sentencias ejecutoriadas con partes plenamente identificadas—, ser
expreso —por establecer montos determinables— y de exigibilidad, pues el plazo
había vencido desde el 1.° de junio de 2012, y transcurrieron más de 18 meses sin
cumplimiento.
Le reconoció valor probatorio a los pagos efectuados por el Departamento de
Arauca los días 23 de enero de 2007 y 10 de septiembre de 2012, al haber sido
debidamente acreditados en el proceso, y dado que su exclusión habría implicado
desconocer que se trataba de recursos públicos ejecutados en cumplimiento de
obligaciones estatales.
Encontró establecido que los demandantes devengaron salarios —durante sesiones
ordinarias y extraordinarias— por los siguientes montos: los señores Domínguez,
Cáceres y Moreno percibieron $6.444.000, $6.867.000, $7.344.000 y $7.806.600
para los años 2004 a 2007, respectivamente. En el caso del señor Linares Castejón,
se consideraron las cifras correspondientes a 2004 y 2005, dado su retiro en octubre
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de ese último año.
Sobre la actualización de la diferencia del auxilio de cesantía adeudado, dijo que
debía hacerse conforme al IPC, desde la fecha en que debió realizarse la
consignación hasta el 13 de septiembre de 2012, fecha de pago. Como resultado,
se establecieron diferencias a favor de los señores Domínguez, Cáceres y Moreno
por $1.500.550 cada uno, y para el señor Linares, por $1.294.121.
Afirmó que las sentencias que sirvieron de título ejecutivo incluían expresamente
las doceavas partes de las primas legales como factores salariales para la
liquidación del auxilio de cesantía, por lo que el Departamento no podía
desconocerlas en sede de ejecución, sin vulnerar los efectos de la cosa juzgada.
Sobre la sanción moratoria dijo que el título ejecutivo ordenaba aplicar la del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 (un día de salario por cada día de mora), únicamente
durante la vigencia del vínculo laboral. Se reconoció esta sanción por los años 2004,
2005 y 2006, pero no por 2007, pues ya no existía relación laboral. Que no se
condenó – es más fue negada en forma expresa– la sanción de la Ley 244 de 1995
por el año 2007, que fue el periodo en el que dicha vinculación se terminó.
En el caso del señor Linares Castejón, expresó que la sanción se debía calcular
hasta el 15 de febrero de 2006 (fecha límite tras su retiro el 24 de octubre de 2005);
mientras que, para los otros tres ejecutantes, la liquidación se extienda hasta el 15
de febrero de 2008; por lo que, no procedía reconocer sanción por el periodo entre
el 16 de febrero de 2008 y septiembre de 2012, porque ello implicaría aplicar la Ley
244 de 1995 sin orden judicial expresa, máxime cuando no es viable por la exclusión
mutua entre ambos regímenes sancionatorios.
Expresó que incluso si se hubiera aplicado el criterio de que la sanción debe
liquidarse hasta la fecha de desvinculación, esta correspondería al 31 de diciembre
de 2007 y no al 15 de febrero de 2008 y la propia sentencia que sirve de título
ejecutivo establece que la sanción de la Ley 50 de 1990 cesa con el retiro del
trabajador y que la de la Ley 244 de 1994 sólo procede si es expresamente
ordenada, lo que no ocurrió en este caso.
Que la sanción moratoria debía calcularse con base en el salario efectivamente
devengado en los años 2004, 2005 y 2006, y únicamente en 2004 y 2005 para el
señor Linares, valores fueron probados con planillas incluidas en el expediente y se
utilizaron como base para la liquidación.
Que el título también dispuso que la sanción moratoria debía ser indexada,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la actualización
solo procede desde el 13 de septiembre de 2012 (fecha de pago de las cesantías)
hasta la fecha en que se efectúe el pago completo de la obligación y no es
procedente la indexación anterior a esa fecha.
Encontró que, al 13 de septiembre de 2012, por concepto de cesantías se les
adeudaba a los señores Domínguez Martínez, Cáceres Suárez y Moreno Luna la
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suma indexada de $1.985.182.82 y al señor Linares Castejón de $1.732.592.47, por
lo que existía a la fecha del pago de la condena (13 de septiembre de 2012) un
saldo insoluto por concepto de cesantía a favor de cada uno de los ejecutantes, por
lo que procedía efectuar la liquidación de la sanción moratoria correspondiente.
Que, según la liquidación efectuada, la sanción moratoria adeudada ascendía a
$145.184.550 para cada uno de los tres primeros ejecutantes y a $93.776.550 para
Linares, solo por 2005 al haberse retirado como diputado el 15 de febrero de 2006.
Que, toda vez que el Departamento había pagado $209.563.026 a cada uno de los
primeros y $69.193.115 al señor Linares y al sumar la sanción con la cesantía
debida, el total a pagar era de $147.169.732,82 para Domínguez, Cáceres y
Moreno, y de $95.509.142,47 para el señor Linares.
Que de la comparación entre lo pagado y lo efectivamente debido, se concluyó que
los tres primeros ejecutantes recibieron un pago superior al adeudado, con un
excedente de $62.393.293,18, por lo que se declaró el pago total de sus
obligaciones. Por el contrario, al señor Linares aún se le adeudaba $26.316.027,47,
exclusivamente por concepto de sanción moratoria, suma que debe indexarse
desde el 14 de septiembre de 2012.
Por último, en cuanto a los aportes al sistema de pensiones, se estableció que la
Asamblea Departamental de Arauca cumplió con sus obligaciones durante los años
2004 a 2007, por lo que no procede librar mandamiento de pago ni continuar
ejecución por ese concepto.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Los señores Diego Fermín Linares Castejón, José Ali Domínguez, Older Alexis
Cáceres y Juan Carlos Moreno Luna, en ejercicio del mecanismo establecido en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpusieron recurso extraordinario de revisión
al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
Para sustentar el recurso, presentaron los siguientes argumentos:
Que el Tribunal, incurrió en una violación al debido proceso constitucional y
desfiguró el contenido del título ejecutivo al interpretar de forma restrictiva la parte
resolutiva y omitir el análisis integral de la sentencia, pues excluyó su parte
considerativa, donde claramente se señalaba que la sanción moratoria debía
aplicarse conforme a los dos regímenes legales: Ley 50 de 1990 durante la vigencia
del vínculo laboral y Ley 244 de 1995 tras su terminación, hasta el pago total de las
cesantías.
Expresan que la interpretación parcial del Tribunal vulneró el derecho al acceso real
y material a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, desconociendo que el título ejecutivo debe ser interpretado como un todo
inescindible, en el que tanto la parte resolutiva como la ratio decidendi tienen efectos
obligatorios.
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Consideran que la sentencia impugnada contradice los actos del propio Tribunal, y
desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
sobre la obligatoriedad y cumplimiento íntegro de las decisiones judiciales.
Que el fallo cuestionado es una manifestación del ejercicio de competencia más allá
de lo permitido, pues modifica el contenido del título judicial en sede ejecutiva, lo
que constituye una nulidad insubsanable por contrariar el principio de cosa juzgada
y los mandatos fundamentales del debido proceso.
En consecuencia, solicita se infirme la decisión y se confirme la orden de seguir
adelante con la ejecución a favor de todos los demandantes, conforme a las
sentencias judiciales que dieron origen al crédito.
Contestación al recurso extraordinario
El Departamento de Arauca pese a haber sido notificado del auto admisorio del
recurso guardó silencio3.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
30 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca,
considerando la causal presentada por los recurrentes.
Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada en el recurso y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
3 Si bien al trámite la entidad allegó poder a índice 00024 de SAMAI, no se observa que se hubiera presentado
escrito de contestación de la demanda.
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
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El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.
Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada,
ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir
los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal quinta de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia10.
La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»13.
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 14 o el
10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
14 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
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principio de congruencia15 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Se reprocha que la decisión proferida en segunda instancia en el marco del proceso
ejecutivo vulneró el debido proceso al interpretar de forma parcial el título ejecutivo,
limitándose a la parte resolutiva e ignorando el análisis conjunto del fallo,
particularmente su parte considerativa, donde se estableció que la sanción
moratoria debía aplicarse conforme a dos regímenes: Ley 50 de 1990 mientras duró
el vínculo laboral y Ley 244 de 1995 desde su terminación hasta el pago total de las
cesantías.
A juicio de los recurrentes, esta lectura fragmentada desconoce el carácter integral
y vinculante del título judicial, lo que implicó un exceso en sede de ejecución,
configurando una nulidad por transgresión del principio de cosa juzgada y del debido
proceso.
Al respecto, del análisis del expediente de la actuación ordinaria, se destaca:
Que el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 18 de mayo de
2012, modificó la decisión de primera instancia al condenar al Departamento de
Arauca al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a favor de José Alí Domínguez, Older Cáceres, Juan Carlos Moreno y Diego
Fermín Linares Castejón, por la no consignación oportuna y total de las cesantías
correspondientes a los años 2004 a 2006 —para este último, únicamente por los
años 2004 y 2005—, hasta la cancelación definitiva del saldo insoluto. En la parte
resolutiva del fallo se dispuso:
15 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-
14.
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
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«PRIMERO. MODIFICAR el ordinal 2° del numeral tercero de la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, de fecha 28 de junio
de 2010, el cual quedará de la siguiente manera:
A.- El ordinal 2° del numeral tercero quedará así:
A.1. CONDÉNASE al Departamento de Arauca a pagar a los señores JOSE ALI
DOMINGUEZ, OLDER CACERES y JUAN CARLOS MORENO LUNA la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada
por la no consignación oportuna y total de las cesantías correspondientes a los
años 2004, 2005 y 2006, liquidadas conforme a los criterios señalados en la
parte motiva, hasta la cancelación definitiva del saldo insoluto. Esta condena se
extiende, en las mismas condiciones, al señor DIEGO FERMIN LINARES
CASTEJON, teniendo en cuenta que laboró únicamente durante los años 2004
y 2005»17 (negrillas fuera del texto original).
En efecto, entre las razones que llevaron al sentido de la decisión, se estableció
que la liquidación de la sanción moratoria debía comprender el periodo desde el 16
de febrero del año siguiente a la causación de cada periodo y extenderse hasta el
pago efectivo del saldo insoluto18; además, se explicó que la sanción prevista en la
Ley 50 de 1990 aplicaba durante la vigencia del vínculo, y que una vez culminado
este —por terminación del periodo constitucional de los diputados— comenzaba a
regir la sanción prevista en la Ley 244 de 1995 respecto de los saldos no
cancelados19.
Sin embargo, en dicha providencia se indicó que «no se condenar[ía] al pago de las
cesantías definitivas que corresponden al año 2007, periodo en el cual terminaron
el periodo constitucional y legal los diputados demandantes (31 de diciembre de
2007), por cuanto no fue agotada la vía gubernativa»20.
Con base en lo anterior, es preciso aclarar que, contrario a lo afirmado por los
recurrentes, lo ocurrido en la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo
corresponde a una lectura razonable y coherente de lo decidido por el juez ordinario
en la sentencia del 18 de mayo de 2012, que modificó la del 28 de junio de 2010,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca.
Tal y como se expuso, en la parte resolutiva de la decisión, el Tribunal Administrativo
de Arauca indicó expresamente que la condena debía liquidarse «de acuerdo a los
criterios que se esbozaron en la parte motiva» de la providencia. Al revisar dichos
criterios, se advierte que el Tribunal fue claro al señalar los períodos para la
liquidación de la sanción moratoria por cada anualidad, estableciendo que esta
debía calcularse desde el 16 de febrero del año siguiente al causado. Precisó que
la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 operaba durante la vigencia
17 Fl. 118, archivo denominado «03Cuaderno3» del índice 00033 de SAMAI.
18 Fl. 62 del archivo digital denominado «01Cuaderno1», índice 00033 de SAMAI. «La liquidación de la sanción
deberá efectuarse para las cesantías del año 2004, desde el 16 de febrero de 2005 hasta el 16 de febrero de
2006, la cesantía del año 2005, desde el 16 de febrero de 2006 hasta el 16 de febrero de 2007, y la cesantía
del año 2006, desde el 16 de febrero de 2007 hasta el pago efectivo del saldo insoluto que corresponde a los
años anteriormente descritos».
19 Fl. 58, ibid. «[…] la primera sanción (Ley 50 de 1990), termina su aplicación una vez se retire el funcionario y
comienza la segunda (Ley 244 de 1995) con los saldos insolutos no pagados, que incluye, desde luego, el año
o la fracción del año de la dejación del cargo por las causas legales de rigor. En el caso de los diputados por
vencimiento del periodo al cual fueron elegidos».
20 Fl. 62 del archivo digital denominado «01Cuaderno1» del índice 00033 de SAMAI.
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del vínculo laboral y que, una vez finalizada la relación jurídica no había lugar a
aplicarse la sanción de la Ley 244 de 1995, al considerar que respecto del año 2007
no se había agotado la vía gubernativa.
Para la Sala es claro que lejos de modificar el título o desnaturalizar su alcance, la
decisión objeto de revisión se limitó a establecer si la obligación contenida en la
sentencia había sido o no satisfecha conforme a los parámetros expresamente
fijados en ella. Por ello, al resolver la excepción de pago propuesta por el
Departamento de Arauca, concluyó que la condena impuesta había sido cumplida
con la cancelación del monto correspondiente hasta el 15 de febrero de 2008, fecha
hasta la cual —según los propios términos del fallo— se causaba la sanción y solo
entendió que había un saldo pendiente respecto de uno de los ejecutantes respecto
del cual confirmó la orden de seguir adelante la ejecución.
No puede sostenerse, entonces, que la providencia objeto de revisión configure una
nulidad, pues realizó una interpretación razonable y coherente de las providencias
que constituían título ejecutivo, atendiendo tanto a la parte resolutiva como a los
criterios fijados en la parte motiva, como lo sugieren los recurrentes. La decisión se
limitó a verificar el cumplimiento de la obligación impuesta, sin incorporar elementos
nuevos ni aplicar regímenes sancionatorios que no hubiesen sido ordenados por el
juez ordinario.
De modo que, no se evidencia situación alguna que genere una vulneración del
derecho al debido proceso o de algún derecho de los recurridos, pues los
argumentos demuestran la inconformidad frente al análisis efectuado por el Tribunal
que deriva del hecho que la decisión fue contraria a sus intereses, y no un error que
haga procedente el análisis de lo alegado a través de este mecanismo.
En consecuencia, no se configura una nulidad estructural que comprometa la
validez del fallo proferido en sede de ejecución. Lo que realmente plantean los
recurrentes es una discrepancia interpretativa respecto del alcance de la sentencia
dictada en el proceso ordinario y de la manera en que el juez de ejecución aplicó
sus parámetros para declarar cumplida la obligación frente a algunos de los
ejecutantes, así como para continuar la ejecución únicamente respecto del señor
Diego Fermín Linares Castejón por el saldo establecido en dicha decisión por
concepto de sanción mora, reparo que no constituye causal que habilite la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Admitir lo contrario implicaría reabrir un debate que ya fue objeto de análisis dentro
de las instancias del proceso ejecutivo y del propio proceso ordinario,
específicamente en torno al cumplimiento de la condena relacionada con la sanción
moratoria, lo cual desnaturalizaría la finalidad y el alcance excepcional del recurso
de revisión.
Recuérdese que este recurso no es el escenario para controvertir las motivaciones
jurídicas y probatorias que soportaron la decisión de la providencia que se revisa,
como si se tratara de una tercera instancia.
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En esas condiciones, no se advierte la nulidad originada en la providencia que exige
la ley para la prosperidad del recurso, por tal razón se declarará infundado.
De la condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho, toda
vez que la parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto
admisorio de la acción, aunque constituyó apoderado judicial no intervino en este
proceso, así como tampoco se da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o
gasto procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho
extremo de la litis.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por los señores Older Alexis Cáceres, José Ali Domínguez, Juan Carlos
Moreno Luna y Judith Consuelo González de Linares, quien actúa en calidad de
guardadora del señor Diego Fermín Linares Castejón contra la sentencia del treinta
(30) de septiembre del dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
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Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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