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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02562-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02562-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 15 de mayo de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02562-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 15 de mayo de 2026 por la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El6 de abril del año en curso, la señora Ismenia Miranda Villarraga instauró
demanda de tutela con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 26 de
febrero de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho1 que promovió la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) en su contra.

2. El referido medio de control tuvo por objeto que se declarara la nulidad de los actos

administrativos a través de los cuales el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS)
reconoció e incluyó en nómina una pensión de vejez a favor de la señora Miranda
Villarraga, al considerar que existía una incompatibilidad entre dicha prestación y la
pensión que le fue reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL).

3. A través de la providencia cuestionada, el Tribunal accionado revocó la decisión

de primera instancia2 que había negado las pretensiones de la demanda. Estimó que
la pensión reconocida por CAJANAL y aquella que concedió el ISS eran
incompatibles. Lo anterior, por cuanto ambas prestaciones se financiaron con

1 Con radicado número 11001-33-42-047-2023-00180-01.
2 El fallo dictado el 25 de marzo de 2025 por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

recursos públicos y, en esa medida, se configura la prohibición establecida en el
artículo 128 de la Constitución, que impide percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público.

4. Destacó que si bien históricamente se había considerado que la compatibilidad de

las pensiones debe analizarse en función del origen de los aportes, ya sea público o
privado, de manera reciente el Consejo de Estado replanteó dicha interpretación y
precisó que el estudio debía centrarse en el principio de racionalización del gasto
público y en la finalidad del sistema de seguridad social. A partir de ello, concluyó
que no resulta compatible el reconocimiento de dos pensiones destinadas a cubrir el
mismo riesgo, menos aún cuando ambas provenían de recursos públicos.

5. Aunado a lo anterior, consideró procedente acceder a la pretensión orientada a la

devolución de los dineros percibidos por la señora Miranda Villarraga, al encontrar
acreditada su mala fe. Ello, debido a que al solicitar el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez ante el ISS, omitió informar que para ese entonces ya era titular de
otra prestación pensional reconocida por Cajanal.

6. Como fundamento de la presente acción, la parte actora sostuvo que la autoridad

enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y en
violación directa de la Constitución.

7. Arguyó que el Tribunal pasó por alto la Ley 269 de 1996, norma que establece una

excepción a la prohibición prevista en el artículo 128 del mandato superior. Lo
anterior, pese a que dicha disposición constituyó el fundamento de la excepción
propuesta en la contestación de la demanda, la cual fue acogida por el a quo.

8. Manifestó que tampoco tuvo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en

la sentencia, en la que se precisó que la Ley 269 de 1996 se ocupó de regular una
excepción a la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro
público para los funcionarios del sector salud.

9. Trajo a colación las sentencias del 12 de febrero de 20123 y 31 de octubre de 20184

proferidas por el Consejo de Estado, las cuales, a su juicio, constituían precedente
para el caso sometido a consideración de la autoridad accionada. Afirmó que en
dichos pronunciamientos se reconoció que los servidores del sector salud se
encuentran amparados por la excepción prevista en la Ley 269 de 1996 respecto de
la prohibición de recibir doble asignación del erario público.

10. Agregó que el fallador desconoció lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 48 de la

Constitución, según el cual, sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos
a pensiones autorizados por la ley, no puede suspenderse, congelarse ni reducirse
el valor de las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho.

3 Exp. 68001-23-15-000-2000-02516-01.
4 Exp. 25000-23-42-000-2015-00753-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

B. Sentencia de primera instancia

11. Mediante providencia del 15 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección

Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo
por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional. Además de su
insuficiencia argumentativa, consideró que la parte actora pretendía emplear la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, en busca de
reabrir un debate de índole legal y probatorio ya zanjado por el juez de la causa.

C. Impugnación

12. La parte actora argumentó que el presente asunto reviste relevancia
constitucional, toda vez que en la sentencia acusada se omitió aplicar la excepción
prevista en la Ley 269 de 1996, planteamiento que, según afirmó, no fue tenido en
cuenta por el juez de primera instancia.

13. Añadió que el a quo, al pronunciarse sobre la aplicación del precedente fijado por

la Corte Constitucional en la sentencia C-206 de 2003, reconoció que la prohibición
prevista en el artículo 128 de la Constitución admite excepciones expresamente
establecidas por el legislador. En ese orden, consideró que la autoridad judicial
accionada no podía prescindir de su aplicación al resolver la controversia.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

15. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo deviene improcedente por carecer de relevancia constitucional, toda vez que
no cumple con la carga argumentativa exigida para controvertir una providencia
judicial en sede de tutela.

16. Una vez revisados los supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de base al litigio

sometido a consideración de la autoridad accionada, en contraste con los
planteamientos que fundamentaron la vulneración alegada, se advierte que estos
resultan insuficientes para revelar la ocurrencia de un vicio en la providencia
acusada que justifique la intervención del juez de tutela.

17. El
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en cuestión
perseguía la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través de los

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

cuales el ISS reconoció e incluyó en nómina una pensión de vejez a favor de la
señora Miranda Villarraga, tras estimar que existía una incompatibilidad entre dicha
prestación y la pensión que le fue reconocida por CAJANAL.

18. A través del fallo de 25 de marzo de 2025, el Juzgado 47 Administrativo del

Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se
configuraba la incompatibilidad alegada, dado que la pensión reconocida por
CAJANAL se originó en los servicios prestados por la señora Miranda Villarraga
como empleada pública del Hospital Santa Clara durante más de quince años,
mientras que la pensión reconocida por el ISS se derivó de las cotizaciones
efectuadas por el Hospital Universitario La Samaritana. En su criterio, aunque estas
últimas también provenían de recursos públicos, ambas prestaciones no compartían
la misma fuente de financiación.

19. Inconforme con esa decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación.
Argumentó que para el reconocimiento de la pensión de vejez el ISS tuvo en cuenta
tiempos de servicio que ya habían sido valorados por CAJANAL al reconocer la
pensión de jubilación de la demandada. En consecuencia, afirmó que ambas
prestaciones eran incompatibles al provenir de una misma fuente y estar dirigidas a
cubrir el mismo riesgo.

20. Al desatar la alzada, el Tribunal accionado estimó que la pensión reconocida por

CAJANAL y aquella otorgada por el ISS resultaban incompatibles. Para arribar a esa
conclusión, acudió al artículo 128 de la Constitución, así como al artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, así como a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.

21. A partir de lo anterior y de las pruebas obrantes en el plenario, determinó que

ambas prestaciones se financiaban con recursos públicos, en la medida en que tanto
el Hospital Santa Clara como el Hospital Universitario La Samaritana eran entidades
de naturaleza pública y, en esa medida, se configuraba la prohibición prevista en el
artículo 128 de la Constitución, que impide percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público.

22. Señaló que si bien históricamente el análisis sobre la compatibilidad de las
pensiones se había centrado en el origen público o privado de los aportes, la
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado había reorientado dicho criterio hacia
la protección del erario y la racionalización del gasto público. Con fundamento en
ello, concluyó que no era compatible el reconocimiento de dos prestaciones
destinadas a cubrir el mismo riesgo, menos aún cuando ambas tenían origen en
recursos públicos.

23. De esta manera la controversia puesta en conocimiento del Tribunal enjuiciado

consistió en determinar si la demandada (aquí accionante) podía percibir
simultáneamente dos prestaciones pensionales financiadas con recursos públicos.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24. Para fundamentar la configuración del defecto sustantivo, la actora sostuvo que

el Tribunal omitió aplicar la Ley 269 de 1996, normativa que, en su criterio, establece
una excepción a la prohibición constitucional de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público y que, por consiguiente, habilitaba la compatibilidad
de las prestaciones pensionales reconocidas en su favor.

25. El artículo 2º de la norma en cita prevé que “(…) el personal asistencial que preste
directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades
de derecho público (…) La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de
carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser
máximo de doce horas diarias sin que en la semana exceda de sesenta y seis horas,
cualquiera sea la modalidad de su vinculación”.

26. Del tenor literal dela disposición no se desprende que el legislador hubiese
consagrado una autorización expresa para percibir simultáneamente dos
prestaciones pensionales financiadas con recursos públicos. La excepción prevista
en la norma se circunscribe al ejercicio concurrente de empleos públicos en el sector
salud y a la posibilidad de recibir las asignaciones salariales derivadas de dicha
vinculación concomitante, sin que su contenido permita extender, de manera
automática, sus efectos al régimen pensional.

27. La interpretación propuesta por la parte actora parte de equiparar dos supuestos

distintos. De una parte, la posibilidad de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público en las condiciones establecidas por la ley; y de otra, la procedencia
de percibir dos prestaciones pensionales financiadas con recursos del erario. No
obstante, la Ley 269 de 1996 únicamente reguló el primero de esos escenarios.

28. Ese entendimiento de la norma encuentra respaldo en la jurisprudencia de la

Sección Segunda de esta Corporación, que ha considerado que la habilitación para
desempeñar más de un cargo público no implica, por sí sola, la posibilidad de recibir
dos pensiones5.

29. En aquellos casos en los que se ha admitido la compatibilidad de dos pensiones

respecto de servidores del sector salud, su resolución ha estado determinada por
circunstancias fácticas y jurídicas distintas. Particularmente, se ha tratado de
eventos en los cuales al menos una de las prestaciones se consolidó con tiempos
de cotización exclusivos en el sector privado6 o en casos en los que los derechos
pensionales se consolidaron en vigencia del artículo 32 del Decreto 1042 de 1978 y
de la Constitución de 18867, supuestos que distan sustancialmente de aquellos
examinados por el Tribunal en el fallo objeto de reproche.

5 Al respecto, ver sentencia del 6 de octubre de 2022, proferida por Subsección B de la Sección Segunda del

Consejo de Estado dentro del expediente 25000-23-42-000-2014-02475-02.
6 Al respecto, ver las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda

de esta Corporación en el marco del procesos con radicado 52001-23-33-000-2014-00271-01 y 05001-23-33-
000-2014-00693-01.
7 Al respecto, ver sentencias del 23 de abril de 2020 y 16 de septiembre de 2021 dictadas por la Subsección B

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior de los expedientes con radicado número 25000-23-42-
000-2014-02474-01 y 76001-23-33-000-2014-01038-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30. En esa medida, la alegada omisión sobre la aplicación de la Ley 269 de 1996 no

tiene la entidad suficiente para evidenciar algún defecto de índole sustantivo
susceptible de comprometer los derechos fundamentales invocados. Aun si la
autoridad accionada hubiese efectuado una referencia expresa a dicha disposición,
ello no habría conducido a una decisión distinta, dadas las circunstancias
particulares del caso y la interpretación que sustentó la incompatibilidad de las
prestaciones reconocidas, la cual se fundó en el marco normativo y jurisprudencial
vigente sobre la materia.

31. Lo anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las providencias

del Consejo de Estado que se invocaron como desconocidas no constituyen
precedente para el caso analizado por la autoridad enjuiciada, en tanto en estas se
abordaron situaciones fácticas y jurídicas disímiles.

32. La sentencia del 12 de febrero de 2012 se profirió en el marco de una controversia

relacionada con la legalidad de un acto administrativo que negó el reconocimiento y
pago de trabajo suplementario a un servidor público. Por su parte, el fallo del 31 de
octubre de 2018 fue dictado dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra un acto administrativo en el que se impuso una sanción
disciplinaria. Ninguna de dichas decisiones tuvo por objeto definir la compatibilidad
de prestaciones pensionales financiadas con recursos públicos reconocidas en favor
de algún empleado del sector de la salud.

33. Así las cosas, además de que el actor desatendió la carga de precisar los
supuestos fácticos allí analizados, identificar la ratio decidendi y explicar las razones
por las cuales tales reglas resultaban vinculantes para la autoridad judicial
accionada, la sola referencia a dichas providencias no basta para predicar la
existencia de un precedente que obligara a la autoridad accionada adoptar una
interpretación distinta a la que acogió.

34. A lo anterior, se suma que la sentencia C-206 de 2023, cuyo desconocimiento se

alegó, tampoco constituye un parámetro de comparación para sustentar el defecto
alegado. Lo anterior, por cuanto la Corte Constitucional se declaró inhibida para
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la disposición demandada. En
consecuencia, dicha providencia no fijó una regla de interpretación constitucional
sobre la materia objeto de controversia ni estableció criterios vinculantes acerca del
alcance de la Ley 269 de 1996 en los términos pretendidos por la demandante que
pudieran considerarse obligatorios para el Tribunal accionado.

35. Para habilitar la procedencia del mecanismo de amparo, no basta con invocar la

vulneración de derechos fundamentales, sino que el promotor de la acción debe
desplegar un ejercicio argumentativo suficiente para demostrar la ocurrencia de un
yerro capaz de comprometer de manera efectiva las garantías iusfundamentales
cuya protección reclama, lo que se echa de menos en esta oportunidad.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-01
Accionante: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

36. Lejos de revelar una discusión que trascienda la esfera de lo constitucional, los

reparos propuestos denotan una simple inconformidad con la interpretación
adoptada por el juez de la causa en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial. En esa medida, la Sala no encuentra algún motivo por el cual deba intervenir
en el presente asunto.

37. Por lo expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia del 15 de mayo de

2026 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 15 de mayo de 2026 por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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