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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03435-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03435-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03435-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03435-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Falta de
requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. Cuota parte pensional /
DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia
constitucional

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 5 de mayo de 2026, la Dirección Territorial de Salud de Caldas promovió acción
de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia2.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 13 de febrero de 2026, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que incoó contra la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros 4 . En aquel asunto
pretendía se anularan, de manera parcial, los actos administrativos5 mediante los
cuales Colpensiones le reconoció una pensión de vejez al señor Julio Enrique

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.
3 Expediente 17001-33-39-006-2023-00230-03.
4 Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), departamento de Caldas y la E. S. E. Felipe Suárez

de Salamina.
5 Resoluciones SUB 125537 de 10 de junio y SUB DPE 16851 de 22 de diciembre de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03435-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

Arroyave Marín, respecto de la cuota parte pensional que se le atribuyó6 con ocasión
del tiempo 7 que el señor Arroyave Marín laboró para la E. S. E. Hospital Felipe
Suárez de Salamina, para que se declarara que no era la competente para sufragar
esa cuota pensional. En consecuencia, se le ordenara a Colpensiones redistribuirla
entre el departamento de Caldas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se
le reintegrara el dinero pagado por tal concepto.

3.
Mediante la providencia acusada, se revocó la de 7 de octubre de 2024, a través
de la cual el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales accedió a las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de falta de
agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Se
determinó que la demanda se presentó el 6 de julio de 2023, esto es, en vigencia de
la Ley 2220 de 2022. Conforme a dicha normativa, como la parte demandante y
demandada son integradas por entidades públicas y se formularon pretensiones de
carácter económico, la conciliación extrajudicial constituía presupuesto de
procedibilidad, por ende, era exigible su agotamiento. Esa actuación no se realizó en
este asunto.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no se
atendió el marco legal que regula los asuntos susceptibles y no susceptibles de
conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa. El numeral 1 del
artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 establece que no son pasibles de esa actuación
los litigios que versen sobre conflictos de carácter tributario.

5.
Las cuotas partes pensionales son clasificadas como contribuciones parafiscales
y, de acuerdo con las sentencias C-040 de 1993 y C-711 de 2001 de la Corte
Constitucional, esas contribuciones son una especie del género tributo. En ese
sentido, cualquier conflicto que verse sobre cuotas partes pensionales tiene
naturaleza tributaria y queda excluido del citado precepto legal, es decir, no
susceptible de conciliación extrajudicial.

6.
Además, no se tuvo en cuenta el artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que regula los requisitos
previos para demandar. De esta normativa se deduce que la obligatoriedad de la
conciliación previa no es una regla absoluta, sino una consecuencia jurídica
condicionada a la naturaleza conciliable del conflicto.

7.
Además, el inciso final de esa norma establece que aquel requisito será facultativo
cuando quien demande sea una entidad pública. Asimismo, en su inciso segundo se
estipula que la petición de una medida cautelar de carácter patrimonial torna en
facultativa dicha conciliación, lo cual acaeció en este caso, pues solicitó la
suspensión de los efectos del recobro de las cuotas partes.

6 Equivalente al 13.03% de la mesada, que corresponde a 1328 días laborados.
7 Del 1º de septiembre de 1979 al 8 de marzo de 1983.

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

8.
Este defecto se concreta en la contradicción interna de la providencia. El Tribunal
accionado reconoció la naturaleza parafiscal de las cuotas partes, pero concluyó que
el conflicto es “laboral y no tributario”. Así, introdujo una distinción (entre la fase de
reconocimiento y la fase de cobro) que la norma no contempla, que la jurisprudencia
no avala y que suprime la exclusión legal.

9.
El Tribunal accionado aplicó la consecuencia jurídica del parágrafo de la norma
sin que se hubiera configurado el supuesto de hecho del encabezado, lo que
constituye un error de subsunción normativa, al aplicar una disposición legal con la
omisión de verificar que su presupuesto fáctico y jurídico se encontraba satisfecho.

10.
También se configuró defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial
comporta una causal de inadmisión de la demanda de carácter subsanable, de
acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 y la jurisprudencia constitucional.
Por tanto, de haber advertido el juzgado de primera instancia dicha falencia al
momento de calificar la demanda, habría tenido la oportunidad de corregirla dentro
del término legal.

11.
La demanda ordinaria fue admitida sin reparo alguno, se surtió todo el trámite
procesal y fue solo hasta la sentencia de segunda instancia que el Tribunal declaró
de oficio la excepción, lo que la privó de la oportunidad de pronunciarse, contradecir
o subsanar. Se declaró de oficio una excepción que no fue objeto de debate durante
el curso del proceso, aunado a que recae sobre un asunto que por su naturaleza
tributaria es legalmente no conciliable y el resultado práctico es que se revoca una
sentencia de mérito que le resultaba favorable, para sustituirla por un fallo inhibitorio
que deja en firme el acto ilegalmente expedido.

12.
Para la parte accionante, resulta evidente este defecto en razón a que el artículo
228 Superior ordena que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho
sustancial. Por tanto, anteponer un requisito formal de procedibilidad, más aún
cuando dicho requisito es inaplicable por la naturaleza del asunto, a una sentencia
de fondo que ya había resuelto el conflicto sustancial, implica una inversión
inconstitucional de la relación entre la forma y el fondo que la Carta Política proscribe
expresamente.

13.
De igual modo, se constituyó desconocimiento del precedente, en tanto se
desatendieron las sentencias C-040 de 1993 y C-711 de 2001 de la Corte
Constitucional, relativas a la naturaleza tributaria de las contribuciones parafiscales.
El Tribunal accionado, pese a que reconoció la naturaleza parafiscal de las cuotas
partes, negó su carácter tributario.

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

14.
También desconoció su propio precedente. El Tribunal accionado ha proferido
sentencias8 que resuelven de fondo controversias sobre cuotas partes pensionales
entre entidades públicas, sin exigir el requisito de la conciliación prejudicial, lo que
evidencia una aplicación selectiva, contradictoria, injustificada e inequitativa de los
criterios de procedibilidad respecto de casos de idéntica naturaleza. En esas
providencias, no solo se omitió el aludido requisito, sino que se reconoció la
procedencia de la nulidad y restablecimiento del derecho, al acceder a sus
pretensiones.

15.
De igual modo, se inobservó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado 9
sobre la procedencia del fallo de mérito cuando el proceso ha surtido íntegramente
todas sus etapas. El juez debe ejercer extremo cuidado al declarar excepciones de
procedibilidad en materia pensional y de seguridad social, por tratarse de derecho
que en su mayoría son irrenunciables e imprescriptibles, y que el rechazo de la
demanda por este motivo implica una especial responsabilidad en la actividad
judicial.

16.
De igual modo, se presentó la causal de violación directa de la Constitución.
Indicó que se han transgredido sus garantías superiores a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de la justicia. Se le ha brindado un trato
diferente frente a otros procesos sobre cuotas partes pensionales que sí se han
decidido de fondo; se creó una etapa adicional y obligatoria (la conciliación), la cual
es legalmente facultativa para las entidades públicas y jurídicamente improcedente
para asuntos de naturaleza parafiscal; y se le impone una carga que está prohibida
por la ley, lo que equivale a la imposibilidad de acceder al aparato jurisdiccional.

17.
Se quebrantan los principios de eficacia y economía que rigen la función pública
y la prevalencia del derecho sustancial. Se podría volver a presentar la demanda, lo
que implica surtir nuevamente todas las etapas procesal y, con ello, un desgaste a
la administración de justicia. Además, de sacrificar una sentencia de mérito con base
en un requisito formal inaplicable e incumplible.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

18.
Mediante auto de 12 de mayo de 202610, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó a la Nación – Ministerio de Hacienda

8 Emitidas el (i) 13 de febrero de 2025, expediente 17001-33-33-002-2021-00004-02, M. P. Carlos Manuel Zapata

Jaimes; (ii) 7 de abril de 2025, expediente 17001-33-39-006-2022-00001-03, M. P. Publio Martín Andrés Patiño
Mejía; (iii) 6 de febrero de 2026, expediente 17001-33-39-008-2021-00127-03, M. P. Jorge Humberto Calle López;
(iv) 19 de febrero de 2026, expediente 17001-33-39-004-2021-00035-03, M. P. Jorge Humberto Calle López; (v)
6 de marzo de 2026, expediente 17001-33-33-004-2021-00126-02, M. P. Diana Patricia Hernández Castaño; (vi)
13 de marzo de 2026, expediente 17001-33-33-002-2022-00310-03, M. P. Diana Patricia Hernández Castaño;
(vii) 27 de marzo de 2026, expediente 17001-33-33-002-2022-00208-02, M- P. Diana Patricia Hernández
Castaño; y (viii) 27 de abril de 2026, expedientes 17001-33-33-002-2020-00159-02 y xxxx, M. P. Publio Martín
Andrés Patiño Mejía.
9 Sentencia de 10 de septiembre de 2009, expediente 73001-23-31-000-2008-00504-01, C. P. Marco Antonio

Velilla Moreno.
10 Notificado el 19 de mayo de 2026.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

y Crédito Público, el departamento de Caldas, la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) y la E. S. E. Hospital Felipe Suárez de Salamina (Caldas),
en condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Caldas

19.
Adujo que la decisión judicial acusada se fundamentó en jurisprudencia del
Consejo de Estado, relativa a la obligatoriedad de agotar el requisito de conciliación
extrajudicial cuando ambas partes sean entidades públicas11 y la facultad del juez de
examinar ese presupuesto, en razón a que su ausencia imposibilita el acceso a la
administración de justicia12.

20.
Frente a los procesos en los que se alega que presuntamente se ha decidido de
manera diferente, debe advertirse que fueron promovidos con anterioridad al 30 de
diciembre de 2022, es decir, antes de que entrara en vigor la Ley 2220 de 2022.

21.
La providencia se adoptó conforme a las normas procesales aplicables al caso y
ha expuesto en forma argumentada su decisión en relación con la jurisprudencia
vigente y las pruebas obrantes en el expediente.

(ii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público

22.
Sostuvo que se pretende emplear este mecanismo constitucional como una vía
adicional para controvertir una providencia judicial proferida por autoridad
competente. Además, se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva.
No participó en la expedición de la providencia acusada, por tanto, carece de la
facultad de modificarla, ni se acredita una vulneración cierta, concreta y actual de
derechos fundamentales atribuibles a ese ente.

23.
La discusión planteada se circunscribe a una discrepancia frente a la
interpretación jurídica efectuada por el Tribunal accionado respecto del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial, asunto que carece de relevancia
constitucional autónoma y que no habilita por sí misma la intervención del juez de
tutela.

24.
El hecho de que el Tribunal accionado concluyera que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no
constituye una denegación de justicia ni una restricción ilegítima de acceso a la
jurisdicción. Por el contrario, corresponde al ejercicio legítimo de las competencias
del juez contencioso-administrativo para verificar el cumplimiento de los
presupuestos procesales exigidos por el ordenamiento jurídico.

11 Sentencia de 20 de noviembre de 2025, expediente 17001-23-33-000-2025-00157-01 (2783-2015).
12 Sentencias de 5 de junio de 2025, expediente 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-2019), y de 14 de julio

de 2025, expediente 47001-23-33-000-2020-00578-01 (71447).
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25.
La acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo orientado a sustituir el
criterio interpretativo del juez natural ni a reabrir debates jurídicos ya resueltos en el
proceso ordinario. El desacuerdo de la parte actora frente al alcance de las normas
aplicadas por el Tribunal accionado constituye una inconformidad propia del litigio
judicial y no una controversia de relevancia constitucional susceptible de ser
corregida mediante el amparo.

26.
En todo caso, no se incurrió en ninguno de los defectos alegados. La autoridad
judicial aplicó normas vigentes y pertinentes para resolver la controversia procesal
sometida a su consideración. La interpretación realizada sobre el régimen jurídico
aplicable al proceso constituye un ejercicio legítimo de la función judicial y se
encuentra respaldada por criterios normativos y jurisprudenciales.

(iii) Departamento de Caldas
27.
Indicó que la sentencia atacada no vulnera derecho fundamental alguno y se funda
en la correcta aplicación de las normas procesales vigentes. La demanda ordinaria
fue presentada el 1º de febrero de 2023, fecha en la que ya se encontraba vigente la
Ley 2220 de 2022, la cual establece en su artículo 92 que la conciliación extrajudicial
constituye un requisito de procedibilidad obligatorio cuando ambas partes procesales
ostentan la calidad de entidades públicas, como en este caso.

28.
Se realizó una interpretación adecuada, razonada y coherente del artículo 92 de
la Ley 2220 de 2022 y, en razón a ello, se aplicó una norma procesal de orden público
y de imperativo cumplimiento, cuya observancia omitió la demandante al presentar
su libelo demandatorio.

(iv) Colpensiones
29.
Señaló que la tutela se torna improcedente. La autoridad judicial accionada aplicó
las normas relativas en la materia, los preceptos constitucionales sobre el particular
y la jurisprudencia que regulaba el caso y sus actuaciones no transgredieron los
derechos fundamentales de la accionante.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto
30. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, ante la falta de
acreditación del presupuesto de relevancia constitucional.

31. Aunque se alega la configuración de cuatro causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el
problema central recae en una discusión normativa, y concretamente en la
interpretación y aplicación de una disposición, a saber, el artículo 92 de la Ley 2220
de 2022. Esa es la controversia en que se sustenta el defecto sustantivo, respecto
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del cual se pretende reabrir una controversia que fue zanjada de forma razonable
por el juez natural.

32. En el caso concreto, el Tribunal accionado advirtió que, en tanto la demanda se

presentó el 6 de julio de 2023, resultaba aplicable la Ley 2220 de 2022, que inició
su vigencia el 30 de diciembre de 2022.

33. En ese contexto normativo, la autoridad judicial descartó lo expuesto por la
entidad accionante en su demanda, en relación a que el artículo 613 del CGP la
eximía de agotar el requisito de conciliación prejudicial como presupuesto procesal
de la acción, pues en el parágrafo del articulo 92 de la referida Ley 2220, el legislador
estatuyó una regla especial, en cuya virtud esa conciliación constituye un requisito
de procedibilidad cuando ambas partes son entidades públicas. Al verificar esa
circunstancia fáctica en el caso bajo estudio, la conclusión no podía ser otra que el
rechazo, como consecuencia de haber omitido ese trámite, en la medida en que las
pretensiones tienen contenido patrimonial y son conciliables.

34. En su solicitud de amparo, la parte accionante redunda sobre esa discusión legal

y, bajo el argumento de que se estaba ante una controversia tributaria, presenta una
discrepancia respecto al carácter conciliable del asunto, que para la Sala no
descarta la razonabilidad de la argumentación expuesta por la autoridad judicial.

35. Plantear como tesis que las contribuciones parafiscales son tributos y que las

controversias que se susciten en torno a aquellas no son conciliables, simplemente
denota la intención de cuestionar la conclusión de la autoridad judicial, a partir de
una afirmación que no pasa de ser una postura particular sobre el tópico en
discusión, y no conlleva a concluir que la interpretación del Tribunal es arbitraria o
ajena a la razonabilidad jurídica.

36.
El hecho de que el juez natural del litigio no haya acogido la hermenéutica que
pregona la parte actora, no se proyecta como una sustentación suficiente del alegado
defecto sustantivo, sino que da cuenta del ejercicio de la autonomía judicial de la que
están revestidas las autoridades judiciales para definir las controversias puestas en
su conocimiento.

37.
En ese sentido, la argumentación planteada por los accionantes en estas
diligencias constitucionales no tiene como propósito acreditar la configuración del
defecto sustantivo alegado, sino que se le imponga al juez natural de la causa que
adopte como propia la interpretación legal que pregona, sin que destinen motivación
alguna tendiente a desvirtuar desde la óptica constitucional que el razonamiento que
en ese aspecto desarrolló la autoridad judicial comporta una afrenta a sus derechos
fundamentales.

38. Lo propio se puede decir del defecto procedimental invocado, pues el Tribunal fue

claro en señalar -en la providencia censurada- que “(…) el artículo 92 de la Ley 2220
de 2022 es una norma procesal y, por consiguiente, de orden público, por lo tanto,
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de imperativo cumplimiento tanto por las partes como por el juez, como expresa y
puntualmente lo define el artículo 13 del Código General del Proceso, en el cual está
comprometido de modo esencial el derecho constitucional fundamental del debido
proceso”. En ese sentido, la consideración del mencionado requisito de
procedibilidad como un presupuesto procesal hace razonable su verificación, incluso
en segunda instancia.

39. Finalmente, respecto al alegado desconocimiento del precedente horizontal -que

también sustenta el defecto de violación directa de la Constitución-, se advierte una
falta de carga argumentativa, en tanto no se acreditó que en el caso bajo estudio
concurrieran elementos fácticos y sustantivos similares a aquellos presentados en
casos en los que se adoptaron decisiones previas por parte del Tribunal, relativas a
no exigir ese requisito de procedibilidad. Puntualmente, se advierte que las
demandas que dieron inicio a aquellos procesos se presentaron cuando aún no
había entrado en vigencia la Ley 2220 de 2022.

40.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

13 VF

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Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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