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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00578-01

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00578-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 48 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. 49 “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”. 50 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”. 51 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2020-00578-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 47001-23-33-000-2020-00578-01 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Pueblo Viejo
Referencia: Controversias contractuales – CPACA
TEMAS: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 no
aplican de forma automática a los convenios interadministrativos. Estos se rigen por sus propias
estipulaciones. CADUCIDAD – Sanción prevista en el ordenamiento jurídico para los casos en que
ha vencido el término fijado por el legislador sin que el interesado haya acudido ante la jurisdicción.
Encuentra fundamento en el principio de la seguridad jurídica.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 6 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se declaró probada, de oficio, la caducidad del medio
de control de controversias contractuales.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, varios municipios de su
jurisdicción —entre los cuales se encontraba Pueblo Viejo—, el distrito de Santa
Marta y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—
suscribieron el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, el cual tuvo
por objeto el apoyo financiero entre las partes con el fin de asegurar el
financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.
Como parte del desarrollo del convenio, se creó Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
—aquí demandante—, empresa de servicios públicos del orden departamental que
una vez constituida se vinculó como parte del convenio mediante el otrosí del 17 de
mayo de 2007, quedando a cargo de la ejecución del referido Plan y de la
administración de los recursos destinados al mismo.

En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. alegó que el municipio de Pueblo Viejo incumplió con el pago
anual de su aporte para el financiamiento del Plan, adeudándole, al final de 2017,
la suma de $466’400.242. El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia
en la que declaró oficiosamente la caducidad del medio de control, decisión que fue
apelada por la parte actora.

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 21 de agosto de 20201, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. presentó demanda,
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del
municipio de Pueblo Viejo, con las siguientes pretensiones (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: Que se declare la existencia del convenio de cooperación y apoyo
financiero para el desarrollo del ‘Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015’,
suscrito entre el MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO y AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P.

SEGUNDA: Que se declare el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE PUEBLO
VIEJO del convenio de cooperación y apoyo financiero del 2006 para el desarrollo del
‘Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015’.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, que el MUNICIPIO DE PUEBLO
VIEJO cancele a favor de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($466.400.242) que adeuda, producto del
incumplimiento al aporte comprometido para la ejecución del ‘Plan de Agua Potable y
Alcantarillado 2005-2015’.

CUARTA: Que el MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO cancele indexada la suma descrita
en el numeral tercero, con los rendimientos financieros e intereses generados por los
recursos girados por el Departamento y la Nación que no fueron aportados a AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.

QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO”.

1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

1.2.1. El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa
Marta y los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro
de San Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, El Banco,
Nueva Granada, Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Pedraza, Zapayán, San
Sebastián, Remolino, Sitio Nuevo, Santa Bárbara de Pinto, Pueblo Viejo, Tenerife,
Pivijay, Sabanas de San Ángel, Salamina y la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena —en adelante Corpamag— suscribieron el convenio de cooperación y
apoyo financiero de 2006, para el desarrollo del “Plan de Agua Potable y
Alcantarillado 2005-2015” —en adelante el Plan—. El objeto del convenio consistía
en reunir apoyo financiero para asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan,
a través de un esquema financiero e institucional adecuado a los intereses de los
diferentes actores involucrados en el departamento del Magdalena.

1 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
6ED_03Trazabilidadpdf(.pdf) NroActua 2.
2

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

1.2.2. De conformidad con la cláusula segunda del convenio, cada municipio tenía
la obligación de “aportar los recursos equivalentes al 50% de la participación de
propósito general con destinación al sector de agua potable y saneamiento básico
que recibe el municipio en virtud de la Ley 715 de 2001”. Para llevar a cabo el Plan,
el departamento del Magdalena se comprometió a constituir una empresa de
servicios públicos domiciliarios, con el objeto de que aquella lo ejecutara.

1.2.3. Mediante escritura pública No. 1429 del 23 de junio de 2006 se creó Aguas
del Magdalena S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos del orden departamental
que estaría a cargo de la ejecución del citado Plan.

1.2.4. El 23 de octubre de 2006, en virtud de lo establecido en el CONPES No. 3431
del 28 de junio de 2006, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. y Fiduciaria de Occidente
S.A. suscribieron el contrato de encargo fiduciario No. 3-4-1725, cuyo objeto
comprendía efectuar, por un lado, el pago a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) del servicio de la deuda por el crédito externo que le otorgó a Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. —fideicomitente—, por la suma de USD $58.100.000, para
la ejecución del Plan, y, por otra parte, el pago de la suma que llegara a adeudar a
la Nación en el evento en que se ejecutara la garantía otorgada por esta a la referida
operación de crédito externo.

1.2.5. El 17 de mayo de 2007 se suscribió un otrosí al citado convenio,
estableciéndose como obligación de los municipios, entre otras, la de entregar “de
manera irrevocable” a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., como aporte para la
ejecución del Plan, los recursos del Sistema General de Participaciones con
destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Además, por
medio de dicho otrosí, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se incorporó formalmente
al acuerdo convencional como ejecutor del Plan, asumiendo los compromisos y
obligaciones correspondientes a: (i) administrar los recursos para la ejecución del
convenio a través del encargo fiduciario, y (ii) velar por el cumplimiento de las
obligaciones de las partes aportantes del convenio, en especial el giro de los
recursos comprometidos en forma irrevocable por cada uno de ellos y la apropiación
presupuestal oportuna de los recursos para cada vigencia.

1.2.6. Según la demanda, el municipio de Pueblo Viejo incumplió con el pago anual
oportuno de su aporte para el financiamiento del Plan, adeudando, a la finalización
del año 2017, la suma de $466’400.242. Según lo dispuesto en la cláusula novena
del otrosí del convenio, el no pago de los aportes por parte de los municipios los
hacía acreedores de la sanción establecida en la cláusula décima tercera,
consistente en la pérdida del derecho a acceder a los recursos del Plan asignados
al municipio incumplido y, por ende, a la contratación de nuevas obras; sin embargo,
al tenor del libelo introductorio, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. no hizo efectiva
esta sanción.

3

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

1.2.7. Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. ejecutó el Plan bajo el financiamiento del
préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por la suma de
USD $58.100.000, con una garantía otorgada por la Nación (Ministerio de Hacienda
y Crédito Público) en el documento CONPES No. 3431 del 28 de junio de 2006,
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el otrosí, a pesar del
incumplimiento del municipio demandado en el pago del aporte que le correspondía
efectuar.

1.3. Como fundamento jurídico, la demandante precisó, preliminarmente, que el
acuerdo convencional de cooperación y apoyo financiero ostentaba la naturaleza de
un convenio interadministrativo. Esgrimió que este tipo de acuerdos de voluntades,
cuando involucran prestaciones patrimoniales, tienen “idénticos efectos vinculantes”
a los de cualquier contrato, toda vez que mediante ellos “se crean vínculos jurídicos
que antes de su utilización no existían y que se traducen en obligaciones concretas”,
las cuales resultan exigibles por vía judicial. En ese sentido, sostuvo que el medio
de control de controversias contractuales era la vía procesal idónea para reclamar
el incumplimiento de las obligaciones patrimoniales derivadas del convenio
interadministrativo en cuestión, en lo relacionado con el pago del aporte
comprometido y adeudado a favor de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

2. Contestación de la demanda

2.1. El municipio de Pueblo Viejo no contestó la demanda.

3. Trámite de sentencia anticipada y alegatos de conclusión en primera
instancia

3.1. Mediante auto del 1° de febrero de 20222, el a quo dio aplicación al artículo
182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, con el fin
de dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en razón a que en el
caso concreto no había lugar a practicar pruebas, para lo cual surtió el respectivo
trámite.

3.2. Posteriormente, a través de auto del 8 de agosto de 20223, el Tribunal a quo
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión
y emitiera concepto, respectivamente.

3.2.1. La parte demandante4 reiteró la existencia del incumplimiento del convenio
por parte del municipio demandado.

2 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
30ED_27AutoDecidepdf(.pdf) NroActua 2.
3 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

33ED_30AutoCorrepdf(.pdf) NroActua 2.
4 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

35ED_32AlegatosAguasDelMa(.pdf) NroActua 2.
4

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

3.2.2. El municipio demandado y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

4.1. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 20235, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de
control de controversias contractuales.

4.2. Como fundamento de su decisión, señaló que la oportunidad para presentar la
demanda en el sub judice estaba determinada por el numeral v del literal j del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA. De este modo, adujo que debía establecerse
la fecha en la que finalizó el convenio objeto de estudio, para luego verificar cuándo
debió liquidarse, de cara a realizar el cómputo de la caducidad.

Así, a partir de lo dispuesto en la cláusula décima del otrosí suscrito el 17 de mayo
de 2007, sostuvo que la duración del convenio estaba supeditada (i) al pago total
del crédito externo que celebrara Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., o (ii) hasta que
las partes cumplieran en su integridad las obligaciones que derivaban de dicho
acuerdo, cumpliéndose la primera de las condiciones, en tanto el 7 de junio de 2016
se efectuó la totalidad del pago del referido crédito, fecha en que se realizó el último
abono a favor de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entendiéndose,
entonces, que ese día finalizó el citado convenio de cooperación.

De acuerdo con lo anterior, consideró que, en vista de que el convenio objeto de
estudio finalizó el 7 de junio de 2016, el plazo pactado de 4 meses para liquidarlo
se había extendido hasta el 7 de octubre de 2016. Precisó que, según la precitada
norma del CPACA, el término de 2 años debía computarse una vez cumplido el
lapso de 2 meses contados desde el vencimiento del plazo convenido para la
liquidación bilateral, por lo que el término para interponer la demanda había fenecido
el 7 de diciembre de 2018. En tales condiciones, teniendo en cuenta que la solicitud
de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y que la demanda
se interpuso el 21 de agosto de 2020, concluyó que el medio de control de
controversias contractuales se ejerció por fuera de tiempo.

5. Recurso de apelación

5.1. Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. interpuso recurso de apelación6 y solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.

5.2. Como sustento de la alzada, puso de presente que la cláusula quinta del
convenio, según la cual este terminaba con “el pago total del crédito”, fue modificada

5 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
48ED_45Sentenciapdf(.pdf) NroActua 2.
6 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

50ED_47ApelacionSentencia(.pdf) NroActua 2.
5

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

por la cláusula décima del otrosí, que agregó una condición para la terminación, a
saber: “hasta que las partes cumplan en su totalidad con los compromisos
establecidos en el Convenio”. En su criterio, la referida modificación buscó incluir,
como condición para la terminación del convenio, el cumplimiento de las
obligaciones por parte de los municipios, de tal forma que aquel no terminaba con
el solo pago del crédito externo. En este sentido, contrario a lo considerado por el
Tribunal a quo, expresó que el convenio no había finalizado, señalando que persistía
el incumplimiento por parte del municipio de Pueblo Viejo.

En línea con lo anterior, argumentó que no se había cumplido el plazo de liquidación
convencional de 4 meses, ni se podían contabilizar los plazos para la caducidad,
hasta tanto los incumplimientos del convenio hubieren cesado.

Sobre el particular, expuso lo siguiente:

“En este caso, no queda duda que la intención de las partes en el CONVENIO es la
de establecer un sistema de financiación compartida con recursos públicos
provenientes del sector central y destinado de manera específica para el desarrollo
de obras de Acueducto y Alcantarillado en el Departamento del Magdalena, por lo que
el cumplimiento de los municipios, y en este caso del demando [sic], de la obligación
contenida en la Cláusula Quinta del Otrosí del Convenio, es uno de los hitos para
entender que el objeto del mismo se ha cumplido y de esta manera fenecer su
vigencia y proceder con la consecuente liquidación y de manera concomitante se
inicien [sic] la contabilización de los plazos de caducidad, por lo que no puede
entenderse como único factor que establezca el límite final de la vigencia del mismo,
el pago del crédito, sino que es necesario para su culminación (para que se atienda
el objeto de cofinanciación de las obras aprobadas en el Plan Departamental de
Aguas del Magdalena 2005-2015, el cumplimiento de los municipios, y en este caso
del demandado), su obligación de aportar, para dicho fin, se insiste, con recursos
igualmente girados por el gobierno nacional para la satisfacción de las necesidades
básicas de acueducto y alcantarillado de sus habitantes”.

Finalmente, señaló que, según lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución
Política, el derecho sustancial debe prevalecer sobre el procesal, por lo que la
declaratoria de oficio de la caducidad por parte del Tribunal, sin detenerse a aplicar
de manera rigurosa lo acordado por las partes en cuanto a la vigencia del convenio,
desconoció el derecho sustancial, ya que impidió “la posibilidad de recuperar unos
recursos públicos con destinación específica a Acueducto y Alcantarillado”.

6. Intervenciones en segunda instancia

6.1. En el término dispuesto en el artículo 247.4 del CPACA7, la parte demandante y
el municipio demandado guardaron silencio.

7 “ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria
del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con
el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
6

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

6.2. Dentro de la oportunidad prevista en el numeral 6 del citado artículo 247 del
CPACA, esto es, hasta el momento en que el proceso ingresó al despacho para
fallo de segunda instancia, el Ministerio Público rindió concepto en el sentido de que
se confirmara la sentencia de primera instancia8. En su criterio, de la cláusula
décima del otrosí se desprende que la duración del convenio “no se sometió a plazo
sino a condiciones resolutorias”, razón por la cual, de conformidad con el tenor de
la modificación, “bastaba acreditar una de dos condiciones para dar por terminado
el convenio”. Así, estimó que el negocio jurídico finalizó el 7 de junio de 2016, fecha
en la que se extinguió la obligación crediticia contraída con la Corporación Andina
de Fomento (CAF), por haberse realizado el pago total del crédito externo. De este
modo, en aplicación de lo dispuesto en el numeral v del literal j del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, concluyó que el medio de control “se elevó cuando ya había
operado la caducidad”.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante: (1) presupuestos procesales; (2) objeto del recurso y
problema jurídico a resolver; (3) hechos probados; (4) caso concreto, y (5) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1049 del CPACA, a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto10, dado
que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento
se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta
y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por
el municipio de Pueblo Viejo, que funge como demandado en este asunto.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de
diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme

8 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 10 “Recibe memoriales online”, documento denominado

Memorial_LEH_59Concepto(.pdf) NroActua 10
9 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes
procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública […]”.
10 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-,

en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado, sin incluir la reforma de la
Ley 2080 de 2021, debido a que no se encontraba vigente para la fecha de presentación de la
demanda (21 de agosto de 2020).
7

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

lo previsto en los artículos 15011 y 15212 del CPACA, dada la vocación de doble
instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda
excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación13.

1.2. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14114 del CPACA, dado que Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P., sociedad que se incorporó formalmente al convenio de cooperación y
apoyo financiero de 2006 con la suscripción del otrosí el 17 de mayo de 200715,
pretende la declaratoria de incumplimiento de ese acuerdo de voluntades por parte
del municipio de Pueblo Viejo, así como la respectiva condena.

2. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver

De acuerdo con los cargos de apelación formulados por la parte accionante, los
cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia, conforme lo dispuesto por los artículos 32016 y 32817 del CGP, a la Sala le

11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. [modificado por el
artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos […]”.
12 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
13 En el sub examine la pretensión económica ascendió a $466’400.242, monto que excedió los 500

SMLMV, que para el año de presentación de la demanda (2020) ascendían a $438’901.500.
14 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
15 Al respecto, ver hecho probado 3.2. Es pertinente señalar que en el punto No. 4 de las

consideraciones del otrosí al convenio se expresó lo siguiente: “Que en desarrollo de los
compromisos institucionales adquiridos por EL DEPARTAMENTO en virtud de el [sic] presente
CONVENIO, mediante escritura 1429 del 23 de junio de 2006 se creó la Empresa Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P., en adelante denominada AGUAS DEL MAGDALENA, Empresa de Servicios
Públicos del Orden Departamental, la cual será responsable de la ejecución de EL PLAN. Entidad
que mediante el presente documento se incorpora al CONVENIO con los compromisos, los derechos
y las obligaciones que se establecen en el presente Otrosí”. A su vez, se observa que el referido
otrosí, cuya copia reposa en el expediente, fue suscrito por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
16 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión […]”.
17 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
8

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

corresponde determinar si el medio de control de controversias contractuales
interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente.

3. Hechos probados

De conformidad con los medios probatorios allegados al proceso, se encuentran
probados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta
y los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro de San
Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, Nueva Granada,
Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Zapayán, Sitio Nuevo, Santa Bárbara de Pinto,
Pueblo Viejo, Tenerife, Pivijay, Sabanas de San Ángel, así como la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—, suscribieron el convenio de
cooperación y apoyo financiero de 200618-19.

3.1.1. El objeto del convenio se definió de la siguiente manera:

“PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente Convenio de cooperación es el apoyo
financiero entre el MAVDT, CORPAMAG, CORMAGDALENA, LOS MUNICIPIOS y
EL DEPARTAMENTO, para asegurar el financiamiento y la ejecución del ‘Plan de
Agua Potable y Alcantarillado 2006-2015’, a través de un esquema financiero e
institucional adecuado a los intereses de los diferentes actores involucrados en el
Departamento del Magdalena”.

3.1.2. Según la cláusula segunda del convenio, las obligaciones de los municipios
incluían: (i) aportar los recursos equivalentes al 50% de la participación de propósito
general con destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que
reciben los municipios en desarrollo de la Ley 715 de 2001, así como (ii) pignorar,
a favor de la empresa departamental que se constituiría, los recursos previstos de
cada una de las fuentes de financiación como contragarantía para el crédito externo
que se suscribiría para la financiación parcial del Plan.

3.1.3. En la cláusula tercera se pactó que el departamento del Magdalena debía (i)
aportar los recursos para el desarrollo del Plan, correspondientes al 100% de los
recursos de reasignación de regalías y compensaciones provenientes de la
explotación del carbón, por los 10 años siguientes; (ii) pignorar, a favor de la
empresa departamental que se constituiría, los recursos correspondientes como

previstos por la ley […]. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella [...]”.
18 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

11ED_08PruebaConveniopdf(.pdf) NroActua 2.
19 En la copia del convenio que obra en el expediente se observa que las antefirmas correspondientes

a los municipios de Remolino, El Banco, Pedraza y San Sebastián, así como a la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), se encuentran sin su
respectiva firma, razón por la cual la Sala no encuentra probado que hayan hecho parte del acuerdo
convencional.
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contragarantía del crédito externo que se suscribiría para la financiación parcial del
Plan; y (iii) participar en dicha empresa, cuyo objeto sería la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la ejecución del Plan.

3.1.4. En cuanto a las corporaciones autónomas regionales, en la cláusula cuarta
se estipuló que estas debían apoyar financieramente el Plan, para lo cual se precisó
con qué autorizaciones contaba cada una de ellas para comprometer vigencias
futuras.

3.2. El 17 de mayo de 2007, las partes del convenio suscribieron un otrosí20, el cual
también fue firmado por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., asumiendo la
responsabilidad de ser ejecutor del Plan e incorporándose al acuerdo de voluntades.
Sobre este particular, en el punto No. 4 de las consideraciones del otrosí sus
signatarios consignaron lo siguiente: “Que en desarrollo de los compromisos
institucionales adquiridos por EL DEPARTAMENTO en virtud de el [sic] presente
CONVENIO, mediante escritura 1429 del 23 de junio de 2006 se creó la Empresa
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en adelante denominada AGUAS DEL
MAGDALENA, Empresa de Servicios Públicos del Orden Departamental, la cual
será responsable de la ejecución de EL PLAN. Entidad que mediante el presente
documento se incorpora al CONVENIO con los compromisos, los derechos y las
obligaciones que se establecen en el presente Otrosí”.

3.2.1. En relación con las obligaciones de los municipios, en el respectivo otrosí del
convenio se acordó que a tales entes les correspondía “entregar de manera
irrevocable” a la empresa prestadora de servicios los recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP), con destinación para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, en los porcentajes y plazos establecidos, como aporte para la
ejecución del Plan. Además, se pactó que el giro de estos recursos debía realizarse
al Encargo Fiduciario Aguas del Magdalena y serían destinados por Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. (i) para la realización de las inversiones contempladas en el
Plan; (ii) para el pago de la deuda del crédito externo que contratara la empresa; y
(iii) para servir de contragarantía y fuente de pago de las sumas adeudadas a la
Nación, en caso de que se ejecutara la garantía otorgada por esta.

3.2.2. En cuanto a las obligaciones de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en el otrosí
se precisó que aquella debía: (i) ejecutar de manera eficiente el Plan, de acuerdo
con lo establecido en el documento CONPES No. 3431, en los documentos del
crédito que se suscribiera con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el
Reglamento Operativo, en el Encargo Fiduciario Aguas del Magdalena y en los
demás documentos del Plan; (ii) administrar, a través del Encargo Fiduciario Aguas
del Magdalena, los recursos del convenio para el desarrollo del Plan; y (iii) velar por
el cumplimiento de las obligaciones de las partes aportantes del convenio, en

20SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
12ED_09PruebaOtrosiConven(.pdf) NroActua 2.
10

Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
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especial el giro de los recursos comprometidos de forma irrevocable por cada uno
de ellos y la apropiación presupuestal oportuna de los recursos para cada vigencia.

3.2.3. Mediante la cláusula décima del otrosí se modificó la cláusula quinta del
convenio21, relacionada con la duración del negocio jurídico, en los siguientes
términos:

“DÉCIMA. - DURACIÓN: el presente CONVENIO tendrá una duración igual al pago
total del crédito externo que celebre AGUAS DEL MAGDALENA o hasta que las
partes cumplan en su totalidad con los compromisos establecidos en el CONVENIO,
y hasta que se realice el pago total del crédito externo o las sumas adeudadas a la
NACIÓN en el evento en que se honre la garantía”.

3.2.4. En lo que respecta a la liquidación del convenio, la cláusula décima séptima
del otrosí estableció que aquella debía realizarse de común acuerdo, así:

“DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. AGUAS DEL MAGDALENA
iniciará la liquidación del presente CONVENIO, la cual se realizará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su duración, de común acuerdo, mediante acta que
suscribirán las partes intervinientes”.

3.3. El 23 de octubre de 2006, Fiduciaria de Occidente S.A. y Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P. —fideicomitente— suscribieron el contrato de encargo fiduciario de
recaudo, administración, garantía y pagos No. 3-4-172522.

3.3.1. En los considerandos de ese acuerdo de voluntades se plasmó que el
fideicomitente celebraría con la Corporación Andina de Fomento (CAF) una
operación de crédito externo, hasta por la suma de USD $58.100.000, destinado a
financiar el “Plan de Agua Potable y alcantarillado del Departamento del Magdalena
2005-2015”.

3.3.2. El objeto del encargo fiduciario consistió, entre otras cosas, en recibir,
administrar, invertir y destinar al objeto del contrato las rentas objeto del encargo,
los recursos del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y efectuar el servicio de deuda correspondiente.

3.4. El 4 de junio de 2007, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. suscribieron el contrato de préstamo, a partir del cual la
primera le prestó a la segunda la suma de USD $58.100.00023.

21 El tenor de la cláusula quinta del convenio, antes de ser modificada por la cláusula décima del

otrosí, era el siguiente: “QUINTA. - DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración igual al
período total de vigencia de la operación de crédito que se celebre, es decir hasta que se realice el
pago total del crédito”.
22 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

15ED_12PruebaPruebaEncarg(.pdf) NroActua 2, páginas 49-77.
23 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

19ED_16PruebaContratodePr(.pdf) NroActua 2..
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Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

3.5. El 7 de junio de 2016, la Fiduciaria de Occidente S.A. efectuó a favor de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) el último pago de la obligación a cargo de
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. en virtud del crédito contraído por esta última para
la financiación parcial del Plan. Lo anterior se consignó en el otrosí No. 424 al
contrato de encargo fiduciario de recaudo administración, garantía y pagos No. 3-4-
1725, suscrito el 21 de octubre de 2016 por Fiduciaria de Occidente S.A. y Aguas
del Magdalena S.A. E.S.P., en cuyos considerandos se lee:

“QUINTA. - Que el día 07 de junio de 2016 LA FIDUCIARIA en ejecución del objeto
del ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA, procedió a efectuar el
último pago de la obligación a cargo de AGUAS DEL MAGDALENA y a favor de
la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, conforme consta en el respectivo
paz y salvo emitido por esta última el día 25 de julio de 2016, el cual hace parte integral
del presente Otrosí” (se destaca).

3.6. El 10 de agosto de 2023, a través del oficio SG-550/202325, la Corporación
Andina de Fomento (CAF) informó lo siguiente en el presente proceso: “El Préstamo
CFA004017 ‘Programa de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015 en el
Departamento de Magdalena’ contraído por EMPRESA AGUAS DE MAGDALENA
S.A. fue cancelado en su totalidad […]” (se destaca).

Seguidamente, en el mismo oficio, la CAF presentó una tabla por medio de la cual
relacionó los pagos recibidos para la cancelación de dicho préstamo, incluyendo la
fecha en la que fueron realizados. Según la tabla, el último pago fue el No. 19 y se
efectuó el 7 de junio de 2016, información que coincide con aquella plasmada en
las consideraciones del otrosí No. 4 al contrato de encargo fiduciario 26.
Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023, la CAF reiteró esta información con
ocasión del mismo requerimiento, mediante el oficio de respuesta SG-752/202327.

4. Caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que,
como lo constató el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia apelada,

24 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
16ED_13PruebaOtrosiEncarg(.pdf) NroActua 2.
25 Este documento fue allegado al expediente con ocasión del auto proferido el 21 de septiembre de

2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio del cual ordenó oficiar a la Corporación
Andina de Fomento (CAF) para que certificara si Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. había realizado
todos los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas para financiar el Plan, pidiéndole
especificar la fecha en la que se realizaron dichos pagos. Para estos efectos, el Tribunal emitió el
oficio No. 866 del 5 de agosto de 2023 25, mediante el cual requirió a la CAF allegar la información
indicada en el aludido del auto del 21 de septiembre de 2022 (SAMAI del Consejo de Estado, índice
No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado 38ED_35AutoMejorProveerpd(.pdf) NroActua 2
// SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
41ED_38RequerimientoCAFpd(.pdf) NroActua 2).
26 Hecho probado 3.5.
27 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado

47ED_44RespuestaCaFpdf(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. interpuso la demanda por fuera de los dos años
establecidos en la ley, según pasa a explicarse.

El análisis de la Subsección se desarrollará abordando los siguientes aspectos, que
sustentan la decisión del problema jurídico planteado en la apelación: (i) el convenio
de cooperación y apoyo financiero de 2006 y su régimen jurídico aplicable, y (ii) la
caducidad del medio de control en el sub examine.

4.1. El convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 y su régimen
jurídico aplicable

4.1.1. La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión
ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra
fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 199828, porque aquel fue suscrito por
una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo
común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan29.

De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta
Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial,
dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y
del departamento de Magdalena30, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una
relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra.

En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye
la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que
ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de
acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la
asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no
solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica.

Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

“En este punto es importante advertir que, más allá de las dificultades en torno a la
categorización de los ‘convenios interadministrativos’ previstos en el artículo 95 de la
Ley 489 de 1998, materialmente la cooperación que ellos patrocinan puede ser
económica, técnica o administrativa, modalidades que no se contraponen a la
finalidad asociativa de las entidades que suscriben dichos convenios para el
cumplimiento conjunto de sus funciones administrativas o la prestación de servicios
públicos a su cargo (...) Si bien la finalidad de asociación de los convenios en
cuestión excluye la contraposición de intereses entre las entidades que los
suscriben, esa circunstancia no deviene en que las prestaciones que son objeto
de sus obligaciones escapen a un carácter patrimonial, con mayor razón

28 “ARTÍCULO 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
29 Hechos probados 3.1. y 3.1.1.
30 Hechos probados 3.1.2., 3.1.3. y 3.2.1.

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cuando no se está en presencia de una cooperación exclusivamente
administrativa sino además económica y/o técnica. Inclusive, aún en presencia
de una cooperación estrictamente administrativa, ello no impediría que haya casos en
los que pueda deducirse una ‘compensación’ implícita de las prestaciones a las que
se obliga cada entidad”31 (se destaca).

En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención
de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto
pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la
ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en
beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción.

4.1.2. En línea con lo anterior, cabe señalar que los convenios interadministrativos son
“nominados puesto que están mencionados en la ley”, pero al mismo tiempo “atípicos
desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de
manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen”32.

Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de
acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia33
se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los
convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias
estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son
acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la
prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales.

En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del
caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las
partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos
de su relación jurídica.

4.2. La caducidad del medio de control en el caso sub examine

4.2.1. Tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación34,
para garantizar el principio de la seguridad jurídica y evitar que las situaciones
permanezcan judicialmente indefinidas en el tiempo, el legislador estableció el
fenómeno de la caducidad, consagrando al efecto unos plazos razonables, perentorios

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, expediente No. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP); criterio
reiterado en las siguientes providencias: (i) sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente No. 57822,
y (ii) sentencia del 20 de noviembre de 2019, expediente No. 61429.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17860.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp.

70405 y Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 63983, y sentencia del 3 de febrero
de 2025, exp. 66572.
34 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de

2012, exp. 21906 y sentencia del 5 de julio de 2018, exp. 43916, y Subsección C, sentencia del 23
de agosto de 2024, exp. 67969.
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Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
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e irrenunciables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de ejercer
su derecho de acción y formular sus pretensiones.

En este orden de ideas, la caducidad es una institución jurídico procesal en virtud de
la cual una persona pierde la facultad de accionar y hacer efectivos sus derechos,
si no ha puesto en marcha el aparato judicial dentro del término legal fijado para
ello.

Se trata, entonces, de una sanción prevista por el ordenamiento jurídico en interés
general, con el fin de otorgar certidumbre y materializar el ejercicio razonable y
proporcional del derecho de acceso a la administración de justicia; además, por ser
de orden público, el juez debe declararla de oficio siempre que constate su
ocurrencia35.

4.2.2. De cara al caso concreto y para efectos de resolver la cuestión debatida, la
Sala empieza por destacar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de
2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública —Ley 80 de 1993—, porque las partes,
en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima
del otrosí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo
acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación36.

Es así que, en este caso, para el conteo de la caducidad resulta aplicable el numeral
v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA37, que prevé:

“j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes contratos, el término de
dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta no se
logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una
vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene
o del acuerdo que la disponga; […]”.

Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo
financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 25712.
36 Hecho probado 3.2.4.
37 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; […]”.
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la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación 38, los 2 años
dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento
del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo
estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí39, era de 4 meses siguientes a
la terminación.

Precisado lo anterior, resulta fundamental determinar el momento a partir del cual
el convenio finalizó, que es el punto controversial para dirimir en este asunto,
atendiendo a los cuestionamientos concretos del recurso de apelación.

De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula
quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago
de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes
cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio40. Nada
distinto se desprende del tenor de lo pactado, al señalar:

“DÉCIMA. - DURACIÓN: el presente CONVENIO tendrá una duración igual al pago
total del crédito externo que celebre AGUAS DEL MAGDALENA o hasta que las
partes cumplan en su totalidad con los compromisos establecidos en el CONVENIO,
y hasta que se realice el pago total del crédito externo o las sumas adeudadas a la
NACIÓN en el evento en que se honre la garantía”.

En criterio de la Sala, atendiendo al texto de la cláusula en mención, no ofrece duda
que la terminación de ese acuerdo convencional quedó supeditada al cumplimiento
de una cualquiera de las dos condiciones establecidas, de manera que aquella que
ocurriera primero producía la finalización del convenio, dando con ello inicio al lapso
estipulado para su liquidación de mutuo acuerdo. Lo anterior, porque tales
condiciones se encuentran separadas por el vocablo “o”, el cual, según el
diccionario de la Real Academia Española, “es una conjunción disyuntiva que
denota diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”41, frente a
lo cual ha de recordarse que cuando las estipulaciones sean claras no puede
desconocerse lo acordado, a menos que se establezca que la intención de los
contratantes es distinta de la literalidad de la clausulado pactado, en cuyo caso
aquella ha de prevalecer (artículo 1618 CC).

Resulta pertinente traer a colación un pronunciamiento de la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, dictado en un proceso que versó sobre el
mismo convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 que es objeto de esta

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2024, exp.

70086. Se señaló: “Si las partes solo pactaron la liquidación bilateral, el término de caducidad se
computará desde el vencimiento del plazo pactado para llevarla a cabo, o en su defecto, desde los
4 meses previstos en el referido aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA”.
39 Hecho probado 3.2.4.
40 Hecho probado 3.2.3.
41 Real Academia Española. Tomado de: https://www.rae.es/dpd/o

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litis y en el que también se reclamaba el incumplimiento de una de las entidades
territoriales firmantes del mismo, pero diferente a la aquí demandada. En dicha
oportunidad, sobre el término de duración del acuerdo de voluntades, se concluyó:

“10.- De acuerdo con lo estipulado por las entidades, la vigencia del convenio
interadministrativo fue pactada de manera disyuntiva, esto es, quedó supeditada al
cumplimiento de una de dos condiciones: (i) el pago total del crédito externo que
Aguas del Magdalena celebró con la Corporación Andina de Fomento – CAF, o (ii) el
cumplimiento total de las obligaciones a cargo de las entidades aportantes y el pago
total del referido crédito externo. Cualquiera de las condiciones que se materializara
primero determinaba la terminación del convenio interadministrativo y, por tanto, el
inicio del cómputo del plazo para liquidarlo de común acuerdo.

11.- En este caso está probado que la condición que se cumplió primero fue el pago
total del crédito externo otorgado por la Comunidad Andina de Fomento – CAF, lo
cual ocurrió el 7 de junio de 2016. Por lo anterior, tal y como lo consideró el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el convenio interadministrativo debe entenderse
terminado a partir del 7 de junio de 2016, sin que sea admisible considerar que solo
podía considerarse terminado cuando ocurriera el cumplimiento total de las
obligaciones por las partes (…) El término de caducidad para reclamar las
obligaciones derivadas del incumplimiento se contabiliza a partir de la terminación del
acuerdo, o como lo dispone la ley desde su liquidación o desde el vencimiento del
plazo máximo para efectuarla; de otro modo habría que considerar que mientras
persista el incumplimiento no corre el término de caducidad para demandar” 42.

De igual modo, en esa misma línea de pensamiento, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado también se ocupó del estudio acerca de la
terminación del convenio que es objeto de esta litis, así:

“Ciertamente, el otrosí del 17 de mayo de 2007 supeditó la vigencia del convenio
al cumplimiento de una de dos condiciones, entre ellas, el pago total del crédito
externo celebrado por Aguas del Magdalena. En el otrosí 4 al contrato de encargo
fiduciario 3-4-1725 se sostuvo que, el 7 de junio de 2016, se efectuó el último pago
de la obligación a cargo del actor y a favor de la CAF. Por ello, y tal como lo
entendieron tanto el a quo como la Subsección B, el convenio interadministrativo
finalizó desde esa fecha, siendo este el hito a partir del cual se debe calcular el plazo
de la liquidación” 43 (se destaca).

A la vista de las consideraciones que anteceden y en la misma línea de los
pronunciamientos de la Sección Tercera traídos a colación —criterio acogido
recientemente por esta Sala de Subsección en un par de providencias—44, ha de
advertirse que se encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue
el pago total del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento
(CAF) a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 201645,

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2024, exp.

70086. Ver también sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por la misma Subsección B.
exp. 71034.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, exp.

70087.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias expedidas el 16 de junio de 2025,

exp. 70085 y exp. 70527.
45 Hechos probados 3.5 y 3.6.

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Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

entendiéndose, entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio.

De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo —cláusula
décima séptima del otrosí— corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido,
de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018.

Resulta del caso advertir, tal como en oportunidades anteriores lo ha hecho la
jurisprudencia de la Sección Tercera46, que no es posible computar los 2 meses a
los que se refiere el artículo 164 precitado —que debe contarse a partir del
vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente—, porque
ese lapso tiene relación con la oportunidad con la que cuentan las entidades para
liquidar unilateralmente los contratos, facultad que no podía ejercerse en el marco
del convenio objeto de estudio, toda vez que, como se expresó líneas atrás, dicho
acuerdo de voluntades se rige por sus propias reglas y esa posibilidad no se pactó.

Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de
marzo de 201947 y la demanda el 21 de agosto de 2020, la Sala concluye que operó
el fenómeno de la caducidad en este asunto.

Finalmente, no está de más destacar que, según lo previsto en el artículo 13 del
CGP, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
De este modo, contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en
este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria,
desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal —artículo 228 de la Constitución Política—, dado que, precisamente, la
ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante,
en tanto interpuso la demanda más de un año después —21 de agosto de 2020—
de haber vencido el respectivo plazo —9 de octubre de 2018—.

4.2.3. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
que declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de
controversias contractuales.

5. Costas

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 30 de septiembre de 2020, expediente No. 65.358. Ver también sentencia del 22 de octubre de
2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera, expediente No. 65978.
47
SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
21ED_18ConstanciaMinister(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 36548 y 36649 ejusdem, aplicables a los procesos
contencioso administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA50, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría
del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de
segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la
Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como
también la actuación desplegada por la parte vencedora.

Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal
efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5
de agosto de 201651, la Sala no fijará agencias en derecho, ya que ninguna de las
partes intervino en segunda instancia, de ahí que no se causaron.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

48 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
49 “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
50 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
51 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN

GENERAL (..) En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
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Radicado: 47001233300020200057801 (71447)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, debiendo considerar que
en esta instancia no se causaron agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

CT3

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