Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2023-00267-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2023-00267-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2023-00267-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2023-00267-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
Temas: PRESUPUESTOS PROCESALES – Deben ser analizados de oficio al calificar la demanda y, en todo
caso, al dictar sentencia, sin que el silencio, en etapas anteriores, excluya tal imperativo. /AGOTAMIENTO DEL
TRÁMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL – Constituye un presupuesto procesal. Por tanto, es pasible de
ser declarado de oficio en cualquier instancia. Al amparo de la Ley 2220 de 2020, es un requisito de
procedibilidad cuando ambas partes sean entidades públicas y la controversia contractual sea conciliable.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Tercera de Decisión, que declaró probada, de oficio, “la excepción
de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial”.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales1 y la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.2, como vocera del patrimonio
autónomo Fondo Nacional del Turismo3, celebraron un convenio de cooperación
para aunar esfuerzos en la adecuación del centro de ferias de Manizales. El
Instituto persigue la declaratoria de responsabilidad solidaria de los demandados
por el incumplimiento del acuerdo y que, de forma principal, se les condene al
pago de los perjuicios. Subsidiariamente, solicitó que se les ordene a los
accionados sufragar el valor necesario para reparar las obras defectuosas. La
demandante, aunque no disputó que no satisfizo dicho requisito, cuestionó que
en la sentencia de primera instancia se haya acogido de oficio la excepción del
no agotamiento del trámite conciliatorio extrajudicial.
ANTECEDENTES
Demanda
3. El 18 de diciembre de 20234, InfiManizales presentó demanda de controversias
contractuales (que también denominó de reparación directa) contra la Nación -
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fiducoldex, elevando las
1 En lo sucesivo, también, InfiManizales, Infi, el Instituto o la demandante.
2 En adelante, igualmente, Fiducoldex o la Fiduciaria.
3 En lo que sigue, asimismo, Fontur, el Fondo o el demandado.
4 Índice 001 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
siguientes pretensiones (se transcriben con sus propios énfasis y posibles
errores)5:
“PRIMERA. – Se DECLARE que, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A., - FIDUCOLDEX, en su condición de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo FONTUR, INCUMPLIÓ las obligaciones derivadas del Convenio de Cooperación
suscrito por las partes el 27 de agosto de 2.014 y cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS
HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE MANIZALES”.
SEGUNDA. – Se DECLARE que, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A., - FIDUCOLDEX en su propio nombre y condición, INCUMPLIÓ los deberes
fiduciarios que la ley y la jurisprudencia le imponen, incluyendo los que se desprenden del
artículo 1.234 del Código de Comercio, artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2.555 de 2.010 y los
artículos 2.2.1.2.1 y siguientes del capítulo primero, título segundo de la parte segunda de
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la medida en
que no acató dichos deberes en la configuración, ejecución y liquidación de la contratación
derivada del Convenio FNT – 206 – 2014.
TERCERA. – Se DECLARE que, el Convenio de Cooperación FNT – 206 – 2014, suscrito
entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., - FIDUCOLDEX, en
su condición de vocera del P.A. FONTUR e INFIMANIZALES, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE MANIZALES” terminó el
24 de marzo de 2.023.
CUARTA. – Se DECLARE que, dado el incumplimiento en el que incurrió FIDUCIARIA
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX, en su propio nombre y
condición fiduciaria y, en la condición de vocera y administradora del P.A. FONTUR respecto
de sus obligaciones derivadas del Convenio FNT – 206 – 2014, cuyo objeto fue: “AUNAR
ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE MANIZALES” impidió
que INFINAMINAZES diera cumplimiento a la obligación de recibir la obra ejecutada por el
contratista de FONTUR dado que estas no fueron ejecutadas dentro de los parámetros
técnicos normativa y contractualmente exigibles.
QUINTA. – Se DECLARE la responsabilidad solidaria de La NACIÓN – MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX S.A., personalmente, así como en su condición de vocera
y administradora del P.A. FONTUR, respecto de los perjuicios que causó la contratación,
ejecución y liquidación de la contratación derivada (contrato de obra e interventoría), así
como del Convenio de Cooperación FNT – 206 – 2014 cuyo objeto fue: “AUNAR
ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE MANIZALES”, y que
corresponde a los daños, perjuicios y mayores costos que implicará la reparación de las
obras, objeto de los contratos derivados del mentado convenio de cooperación.
SEXTA. – Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE, en
forma solidaria a la NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y a
la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX S.A.,
personalmente, así como en su condición de vocera y administradora del P.A. FONTUR, al
pago de todos los daños y perjuicios, indemnizaciones y compensaciones que resulten
probadas dentro del plenario, por razón del incumplimiento del Convenio de Cooperación
FNT – 206 – 2014, cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE MANIZALES”, de acuerdo con los valores
actualizados de mercado que cuesten las reparaciones que corresponda hacer para la época
del pago.
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SEXTA PRINCIPAL. – Que, como
consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE, en forma solidaria a la
NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y a la FIDUCIARIA
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX S.A., personalmente, así
como en su condición de vocera y administradora del P.A. FONTUR, al pago de lo que
implicará el valor de las reparaciones que deberán ejecutarse respecto de las obras
5 Con escrito del 2 de julio de 2024 se presentó reforma de la demanda (índice 017 del aplicativo SAMAI de
primera instancia), la cual fue admitida mediante auto del 10 de septiembre de 2024 (índice 019, ibidem). La
transcripción que se efectúa corresponde al escrito reformado.
2
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
defectuosas ejecutadas, en virtud de la celebración del Convenio de Cooperación FNT – 206
– 2014, cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE
FERIAS DE MANIZALES”, conforme a lo que se acredite en el proceso.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SEXTA PRINCIPAL. – Se CONDENE, en
forma solidaria a la NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y a
la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX S.A.,
personalmente, así como en su condición de vocera y administradora del P.A. FONTUR, a
realizar, a todo costo, todas las obras, adquisiciones e intervenciones necesarias para
subsanar los defectos y daños derivados de la contratación, ejecución y liquidación deficiente
de la contratación derivada del Convenio de Cooperación FNT – 206 – 2014, cuyo objeto fue
“AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FERIAS DE
MANIZALES”.
SÉPTIMA. – Que se LIQUIDE JUDICIALMENTE el Convenio de Cooperación FNT –206 –
2014, cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE
FERIAS DE MANIZALES” y que, dentro de dicha liquidación judicial se incluya el
reconocimiento económico de los sobrecostos y perjuicios de todo orden sufridos por
INFIMANIZALES con ocasión de la celebración, ejecución y terminación de dicha relación
contractual, así como del objeto pactado, de conformidad con las pretensiones que
anteceden.
OCTAVA. – Que se CONDENE a FIDUCOLDEX al pago de las costas del proceso y las
agencias en derecho en la cantidad que determine el despacho.
NOVENA. – Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192
y siguientes de la Ley 1.437 de 2.011”.
4. Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron, en síntesis, los
siguientes:
5. El 8 de julio de 2014, Fontur aprobó6 el proyecto n° FNT-111-2014 presentado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo7, que tenía por finalidad la
adecuación de las instalaciones del Centro de Ferias de Manizales.
6. El 27 de agosto siguiente, Fiducoldex (como vocera de Fontur) y el Instituto
suscribieron el convenio de cooperación FNT-206-2014, cuyo objeto consistió
en “aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de asistencia
técnica para la adecuación del Centro de Ferias de Manizales”. En dicho acuerdo
de voluntades se estipuló un plazo inicial de ejecución de 16 meses, contados a
partir de la firma del acta de inicio -que data del 19 de septiembre de 2014-, con
un valor de $8.368’663.072, de los cuales $370’272.000 debían ser aportados
por Infi.
7. El pacto fue objeto de 8 modificatorios y 3 suspensiones, por razón de los cuales
el término para satisfacer las prestaciones se prolongó hasta el 24 de marzo de
2023, sin que, a la radicación de la demanda, se hubiese practicado su
liquidación.
8. En desarrollo del convenio, Fontur celebró con el Consorcio Constructores
Manizales8 un contrato para llevar a cabo las obras de adecuación del Centro de
6 Así fue afirmado en el relato fáctico que se hizo en la demanda.
7 En lo que sigue, el Ministerio, Mincomercio o el ente ministerial.
8 Integrado por BCS Ingeniería, Proyectos S.A.S. y Construcciones Acústicas S.A.S. En adelante, también, el
contratista de obra o el consorcio constructor.
3
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
Ferias de Manizales; y, para su vigilancia y seguimiento, perfeccionó un acuerdo
de interventoría con el Consorcio Interobras 20159.
9. El Consorcio Constructores Manizales efectuó advertencias al Fondo,
relacionadas con deficiencias en los diseños10, y solicitó no iniciar la ejecución
hasta tanto fueran subsanadas, petición que fue desatendida.
10. Durante la ejecución de la construcción, InfiManizales advirtió la existencia de
graves falencias en la calidad de la edificación y la necesidad de que Fontur
iniciara las acciones correspondientes frente al contratista de obra. Tras ello, el
Fondo declaró el incumplimiento de los contratos de obra y de interventoría, este
último por no haber advertido las fallas presentadas en la ejecución de los
trabajos contratados.
11. El 6 de octubre de 2017, el consorcio constructor y la interventoría suscribieron
el acta de recibo, en la que consignaron que aquél había realizado la corrección
de las falencias detectadas, circunstancia que fue contraria a la realidad.
12. Infi presentó queja ante la Contraloría General de la República –Gerencia
Departamental Colegiada de Caldas, por presuntas incidencias fiscales
ocurridas durante la ejecución del negocio derivado.
13. El 24 de enero de 2022, Fontur contrató los servicios de una firma consultora
para realizar un peritaje sobre las obras, cuyos resultados coincidieron con lo
denunciado por la demandante en su momento. No obstante, los contratos de
obra e interventoría fueron liquidados y los contratistas declarados a paz y salvo.
14. Las anteriores irregularidades, causantes de incumplimiento al convenio -ante la
ausencia de subsanación de la deficiencia de los trabajos-, han impedido a
InfiManizales recibir formal y definitivamente los trabajos ejecutados, y adelantar
consecuencialmente la liquidación de dicho acuerdo de voluntades.
15. Como fundamento de derecho, la demandante invocó lo dispuesto en los
artículos 1602, 1603, 1604, 1606, 1610, 2053, 2056 y 2059 del Código Civil; 822,
864, 870, 871 y 1234 del Código de Comercio; 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de
2010; y la Circular Básica C.E. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera.
Contestaciones de la demanda
Del Mincomercio
16. El Ministerio se opuso a las pretensiones y propuso como medios exceptivos los
de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “ausencia de prueba del daño”,
argumentando que no hizo parte del convenio sobre el que la demandante
edifica su reclamo judicial, no adquirió obligaciones en el marco de ese acuerdo
de voluntades y, en todo caso, el extremo activo no aportó pruebas que acrediten
los daños que alega11.
9 Conformado por DS Concretos S.A.S. y Arquitectura Liviana S.A.S. En lo sucesivo, igualmente, el consorcio
interventor, la interventoría o Interobras.
10 La demanda no especificó cuáles.
11 Índice 036 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
De Fiducoldex
17. La Fiduciaria, vocera y administradora de Fontur, se resistió al petitum,
planteando como excepciones las que denominó “contrato no cumplido,
incumplimientos en que incurrió Infi-Manizales en el marco de la ejecución del
convenio de cooperación FNT-206-2014”; “falta de prueba de los perjuicios
causados al demandante por parte del demandado - objeción del juramento
estimatorio”; “culpa exclusiva del demandante” y “falta del nexo causal entre la
conducta desplagada (sic) por el demandado y lo alegado por el demandante”12.
Como sustento, expuso que: (i) Infi solicitó expresamente la contratación de
obras no previstas en los planos y diseños originales, que afectaron el
presupuesto del negocio derivado, atentando contra el principio de planeación y
poniendo en evidencia su negligencia frente a los compromisos adquiridos como
entidad proponente del proyecto; (ii) la verificación de la calidad de la obra era
una obligación compartida por los extremos del convenio y la corrección o
completitud de la información técnica suministrada a Fontur era responsabilidad
de la aquí demandante; (iii) las pruebas aportadas con la contestación desvirtúan
el monto de los perjuicios reclamados; y (iv) no existe vínculo causal entre la
conducta de la Fiduciaria -quien se sujetó a lo pactado- y lo alegado por la
accionante.
Sentencia de primera instancia
18. El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó fallo en el que
declaró probada de oficio la “excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial”, con fundamento en que: (i) dicho
trámite es un presupuesto obligatorio para acudir a la jurisdicción cuando ambas
partes son entidades públicas, conforme al artículo 93 de la Ley 2220 de 2022;
(ii) en el caso concreto, tanto demandante como demandados comparten esa
naturaleza; (iii) la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que aquella
disposición no supone una antinomia respecto de lo dispuesto en los artículos
161 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y 613 del Código General del Proceso (CGP), sino un evento en el que
se otorgó un carácter obligatorio a la conciliación extrajudicial cuando ambas
partes son entidades públicas; y (iv) por lo tanto, InfiManizales tenía la
“obligación” de agotar ese requisito, y como no acreditó su satisfacción, se
imponía declarar de oficio la excepción correspondiente, conforme al artículo 187
del CPACA13. Señaló que dicha omisión “impide un pronunciamiento de fondo
respecto a las pretensiones”.
Recurso de apelación
19. La demandante impugnó la sentencia para solicitar su revocatoria y la definición
del fondo del litigio, argumentando que, con la declaratoria oficiosa de la
“excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”, se incurrió
en los siguientes yerros:
12 Índice 038 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
13 Índice 105 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
5
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
20. Se soportó en referencias jurisprudenciales que no son aplicables al caso
concreto.
21. Supuso el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales del a quo y
una desatención a normas perentorias que le exigían procurar el acceso a la
administración de justicia y la efectividad de los derechos sustanciales, pues el
ordenamiento jurídico procesal proscribe la posibilidad de que se dicten
decisiones inhibitorias.
22. Comportó una decisión ilegal, pues la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad se erige, a lo sumo, como una excepción previa que debía ser
forzosamente planteada por la demandada con su contestación o en el recurso
de reposición contra el auto admisorio, lo que no ocurrió.
23. Se adoptó sin tener en cuenta que, si bien esa circunstancia encuadra en lo
previsto en el numeral 5 del artículo 100 del CGP (por ineptitud formal de la
demanda), las hipótesis allí previstas “no son verdaderas excepciones, sino
simples mecanismos de saneamiento del proceso para evitar que, a futuro, en
el proceso se produzcan nulidades procesales”. En consecuencia, cuando el
artículo 187 del CPACA señala que en la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador encuentre probada,
debe entenderse que tal disposición se refiere exclusivamente a las de mérito,
por lo que la base del Tribunal para su decisión fue errónea.
24. Pasó por alto que la ausencia de proposición del no agotamiento del requisito de
procedibilidad, como medio exceptivo previo, supuso la corrección de tal
incidencia procesal, lo que impedía al a quo pronunciarse al respecto en el fallo,
“en virtud del principio de saneamiento y del principio de preclusión y
eventualidad”.
25. Constituyó una violación del principio “venire contra factum propium non valet”
(sic), en tanto el auto admisorio de la demanda, que entendió cumplidos todos
los requisitos legales de aquella, no fue impugnado y quedó en firme, lo que
“inhibía la posibilidad de declarar probada una supuesta excepción previa -no
alegada por nadie”.
26. No tuvo en cuenta que el defecto formal en cuestión no vulneró los derechos del
demandado ni impedía la adopción de una decisión de fondo14.
Trámite relevante en segunda instancia
27. El recurso fue admitido mediante auto del 2 de julio de 202615.
28. Fiducoldex se pronunció frente a la apelación y solicitó que sea desestimada,
señalando que la conciliación extrajudicial comporta un requisito obligatorio cuya
inobservancia impedía el “avance válido” del proceso. Añadió que aquella
circunstancia no debía tratarse necesariamente como excepción previa, sino
14 Índice 108 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
15 Índice 003 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
6
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
como presupuesto procesal verificable de oficio, lo que respalda la decisión
adoptada por el a quo16.
29. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
30. Como la Subsección no advierte la configuración de causal de nulidad alguna
que invalide lo actuado, resolverá la apelación presentada contra el fallo de
primer grado.
Objeto del recurso y problema jurídico para desatarlo
31. A la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos específicos presentados
frente la sentencia de primera instancia, los cuales -por regla- establecen la
competencia del ad quem para definir la disputa concreta, salvo las situaciones
que se deben auscultar de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el
artículo 328 del CGP17.
32. Como se recuerda, en el fallo cuestionado se declaró probada la “excepción de
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial”. En este punto, es necesario destacar que el recurrente no
controvirtió la falta de satisfacción de ese trámite18, sino que -reconociendo la
omisión- sustentó los reproches en aspectos conceptuales de las excepciones
previas y la potestad del juez de tenerlas por acreditadas de oficio en la
sentencia. En efecto, desde la demanda afirmó: “De acuerdo con el parágrafo
segundo del artículo 67 de la Ley 2.220 de 2.022, por ser el demandante una
entidad pública, no es exigible agotar el requisito de procedibilidad para ejercer
la acción correspondiente”19. Y, en la apelación, señaló que: “…entendiendo que
la postura jurídica que aquí se expone no apunta a desconocer el efecto jurídico
que se deriva de una norma imperativa que dispuso el cumplimiento de un
requisito para presentar una demanda -lo cual existe y se debe cumplir- tampoco
puede negarse el efecto de saneamiento que impone la misma ley, respecto de
una situación en la cual, el juez -en su condición de director e instructor del
proceso- debió oportunamente prevenir, cuando la demandada omite formular,
en forma oportuna, la excepción previa”20.
33. Así, según lo expuesto, los cuestionamientos concretos se condensan en que:
(i) los pronunciamientos judiciales invocados por el a quo como sustento de su
16 Ibíd., índice n° 009.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta providencia, se indicó: “si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…)
desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
18 Además, revisado el expediente, la Sala no encuentra constancia sobre el agotamiento de la conciliación
extrajudicial por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, con ocasión del
convenio de cooperación FNT-206-2014 celebrado entre aquél y el Fondo Nacional del Turismo.
19 Índice 001 del aplicativo SAMAI, en primera instancia. De la demanda reformada: “Conforme al PARÁGRAFO
SEGUNDO del artículo 67 de la Ley 2.220 de 2.022, por ser el demandante una entidad pública, no es exigible
agotar el requisito de procedibilidad para ejercer la acción correspondiente” (Ibid., índice 017)
20 Ibid., índice 108.
7
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
decisión son impertinentes; (ii) la expedición de sentencias inhibitorias está
proscrita en el ordenamiento jurídico adjetivo; (iii) la parte demandada no
esgrimió, mediante excepción, la falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial, y en tanto el a quo admitió la demanda (sin recursos del extremo
pasivo), aquella vicisitud procesal fue saneada y no podía ser declarada en el
fallo; (iv) el requisito de procedibilidad constituye, a lo sumo, un medio exceptivo
previo, y su ausencia no podía declararse de oficio; y (v) la omisión de su parte
constituyó un defecto formal que no lesionó los derechos de los demandados ni
impedía que se expidiera una sentencia de mérito.
34. Con lo anterior, para la resolución del recurso, se definirá si el Tribunal de
primera instancia erró al abstenerse de decidir de fondo la controversia debido
a la falta de agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. Para el
efecto, por metodología, la Sala: (i) efectuará algunas precisiones -en función de
aquella exigencia- relacionadas con los presupuestos procesales y los requisitos
de procedibilidad, necesarios para soportar una actuación judicial de
conocimiento o declarativa y dictar, en ella, sentencia de mérito, así como sobre
la noción y clasificación de los medios exceptivos y los deberes oficiosos que le
asisten al juzgador para acogerlos; y (ii) con esa plataforma, responderá a los
reparos puntuales contenidos en la apelación.
Presupuestos procesales, requisitos de procedibilidad y excepciones, en
clave del trámite de la conciliación extrajudicial
35. En el proceso contencioso-administrativo deben acreditarse una serie de
elementos que condicionan no solo su nacimiento válido sino su normal
desarrollo y culminación mediante una providencia con carácter de sentencia de
fondo o de mérito21. Tales aspectos son conocidos como los presupuestos
procesales, entendidos por esta Corporación como “las condiciones necesarias
para que la relación jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia se
pueda decidir sobre el mérito de la cuestión litigiosa”22. De allí que surja para el
juez el deber de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito”23, y la obligación de
efectuar el análisis pertinente, a fin de adoptar el remedio que procesalmente
corresponda24, aun cuando el asunto se encuentre en estado de dictar sentencia
-de única, primera o segunda instancia- y a pesar de que la cuestión no haya
sido planteada por las partes en las etapas anteriores.
21 Vid. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 1996-
11460-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso. Asimismo, en criterio de la doctrina, “para la formación válida de la
relación jurídico procesal se requiere, además de la solicitud del particular o de la entidad pública demandante,
que se cumplan ciertos requisitos indispensables para que tal demanda sea atendida por el juez y le imponga
a este la obligación de iniciar el proceso. Estos requisitos son conocidos como los presupuestos procesales.
(…) Por tanto, se trata de supuestos previos al juicio, requisitos sin los cuales el proceso no puede existir o tener
validez formal, y deben, por ello, concurrir en el momento de formularse la demanda, a fin de que el juez pueda
admitirla e iniciar el proceso; o de requisitos para que el proceso pueda ser adelantado normalmente, una vez
que es iniciado”. Devis Echandía, Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Temis, Segunda
Edición, Bogotá, 2009, p. 373.
22 Sección Tercera, Sentencia del 28 de marzo de 2012 (exp. 22168), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth, previamente citada.
24 Así lo ha sostenido de forma pacífica y reiterada la Subsección, entre otras, en sentencias del: (i) 30 de agosto
de 2024, exp. 70771; (ii); 1° de septiembre de 2025, exp. 72801; (iii) 1° de septiembre de 2025, exp. 70814; (iv)
3 de diciembre de 2025, exp. 73188 (C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez).
8
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
36. Conforme a la normativa vigente, por esencia, ostentan esa semblanza: (i) la
jurisdicción; (ii) la competencia25; (iii) el ejercicio oportuno del derecho de acción
(cuando esté sometido a un término específico); (iv) la legitimación de hecho por
activa y por pasiva; (v) la demanda en forma26; y (vi) el agotamiento de los
requisitos de procedibilidad. Estos últimos suponen el cumplimiento de
determinadas condiciones antecedentes, que habilitan la activación de la
administración de justicia para el trámite de la demanda que se promueva. El
CPACA los cataloga, también, como “requisitos previos para demandar”, y
somete la presentación de la demanda a su agotamiento en función del conflicto
que debe dirimir el contencioso-administrativo27.
37. En lo relevante para el objeto de la discusión en esta instancia, el numeral 1 del
artículo 161 ejusdem28 señala que “en los asuntos que sean conciliables, el
trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de
toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales”.
En cuanto atañe a la consecuencia que se deriva de la omisión de su
agotamiento, el artículo 92 de la Ley 2220 de 202229 señala que “dará lugar al
rechazo de plano de la demanda por parte del juez de conocimiento” (énfasis
añadido), lo que emana directamente de su naturaleza previa y condicionante
de la intervención del juez en la controversia que se pretende someter a su
conocimiento. Así lo ha reconocido esta Corporación al señalar:
“[E]l agotamiento de la conciliación extrajudicial es un presupuesto procesal que habilita el
conocimiento de una controversia por el juez contencioso administrativo una vez se radica
la demanda y sin el cual no es posible resolver de fondo la controversia, ya que el legislador
quiso que para que procediera el escrito inicial primero se agotara ese trámite previo”30.
38. La última disposición legal en cita también prescribe que la conciliación será
facultativa, entre otros, cuando quien demande sea una entidad pública31, pero
señala en su parágrafo que “[l]a conciliación será requisito de procedibilidad en
los eventos en que ambas partes sean entidades públicas”. La jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido que lo anterior -esto es, la obligatoriedad del
25 Especialmente, por los factores subjetivo y funcional, en tanto frente a los demás puede prorrogarse, en los
términos del artículo 16 del CGP: “La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es
prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue
oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente”.
26 Al amparo del contenido del artículo 162 del CPACA. Por ejemplo, cuando se impugna un acto administrativo,
la relación de las normas violadas y la explicación del concepto de la violación.
27 (i) Agotar el trámite de la conciliación extrajudicial, cuando, por regla, se formulen pretensiones relativas a
nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, y el asunto sea
conciliable; (ii) haberse ejercido y decidido los recursos que, de acuerdo con la ley, fueren “obligatorios”, cuando
se persiga la nulidad de un acto administrativo particular; (iii) constituir en renuencia a la demandada, cuando
se pretenda el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo; (iv) efectuar la reclamación previa, en los
casos de protección de derechos e intereses colectivos; y (v) acreditar el pago, cuando el Estado busque
recuperar lo erogado por una condena o conciliación.
28 Con la modificación introducida por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021.
29 “Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones”, aplicable al caso,
pues la demanda (del 18 de diciembre de 2023) fue promovida cuando dicha norma ya había entrado en vigor
(lo que ocurrió el 30 de diciembre de 2022).
30 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia complementaria del 24 de
enero de 2023, exp. 62831, C.P. Nicolás Yepes Corrales; reiterada por la misma Subsección en sentencia del
11 de diciembre de 2024, exp. 63994. En esa misma línea, la Subsección A ha señalado que el agotamiento de
la conciliación como requisito de procedibilidad (i) no es equiparable a una excepción previa, en la medida en
que tales medios son taxativos y el legislador no le dio ese alcance (sentencia del 25 de octubre de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-03925-00 (AC), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico); y (ii) no se entiende inmersa en la
hipótesis de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, pues estos aluden al contenido del
libelo introductorio y no a la satisfacción de los presupuestos procesales (auto del 20 de septiembre de 2017,
exp. 58570, de la misma ponente).
31 En concordancia con los artículos 161.1 del CPACA, 613 del CGP y 93 de la misma Ley 2220 de 2022.
9
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
trámite de la conciliación cuando demandante y demandado sean organismos
estatales-, lejos de suponer una antinomia, se aprecia como una excepción, a
su vez, a la excepción, como se sigue: (i) el intento compositivo constituye
requisito de procedibilidad, cuando la materia sea conciliable32, en los casos
previstos por la ley; (ii) ese trámite es potestativo, entre otros33, cuando quien
demande sea una entidad pública; (iii) sin embargo, cuando ambos extremos
procesales compartan esa naturaleza, será obligatorio.
39. En efecto, la Subsección ha sostenido que, si bien “el artículo 93 de la Ley 2220
de 2022 contempla que el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad es facultativo en los procesos ejecutivos, asimismo
en aquellos en que se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, los
relacionados con el medio de control de repetición, o cuando quien demande
sea una entidad pública; (…) dicha norma remite al parágrafo del artículo 92
ibidem, para indicar que en el caso en que ambas partes sean entidades
públicas, siempre será obligatorio dicho trámite”34.
40. En esa misma línea se ha orientado la Sección Segunda, al precisar 35:
“Por consiguiente, aunque los artículos 161 (numeral 1) del CPACA y 613 del CGP son
coincidentes en establecer que la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
en asuntos contencioso–administrativos será facultativa cuando la parte demandante sea
una entidad pública (reiterado en el inciso 1.° del artículo 93 de la Ley 2220), el precepto
contenido en el parágrafo del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 no resulta contradictorio,
como lo afirma el apelante en su recurso, puesto que el legislador establece una nueva
excepción a la mencionada regla, en cuanto a que el carácter facultativo de ese requisito en
el marco del mencionado supuesto fáctico dejará de serlo si la parte demandada también es
una entidad estatal”.
41. Por su carácter previo, que funge como condicionante para activar el aparato
judicial, este requisito está llamado a ser analizado, en un primer momento,
cuando se estudia la admisibilidad de la demanda, y allí mismo se debe evaluar
la consecuencia atribuida por el legislador a su inobservancia -el rechazo in
limine de aquella-. Sin embargo, el efecto impeditivo que proyecta sobre el inicio
o continuación del proceso, lo erige como un presupuesto procesal que impone
al operador judicial efectuar su análisis en etapas posteriores -incluso al
32 El artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 dispone: “No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos
de lo contencioso administrativo: 1. Los que versen sobre conflictos de carácter tributario. 2. Aquellos que deban
ventilarse a través de los procesos ejecutivos de los contratos estatales. 3. En los que haya caducado la acción.
4. Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, y aún procedan recursos en el procedimiento
administrativo o este no estuviere debidamente agotado. 5. Cuando la Administración cuente con elementos de
juicio para considerar que el lado administrativo ocurrió por medios fraudulentos”.
33 Artículo 161.1 del CPACA: “(…) El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales,
pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en
que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de
repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la
conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida (…)”. A su vez, el artículo
93 de la Ley 2220 de 2022 indica: “Será facultativo agotar la conciliación extrajudicial en materia contencioso
administrativa, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, o la norma que la
modifique o sustituya, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial,
en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública, salvo
cuando sea obligatorio de acuerdo con el parágrafo del artículo 92 de la presente ley. En los demás asuntos
podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida en la
ley. El trámite de la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos no será necesario para
efectos de acudir ante tribunales arbitrales encargados de resolver controversias derivadas de contratos
estatales”.
34 Auto del 24 de octubre de 2025, exp. 73304, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
35 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 20 de noviembre de 2025,
exp. 2783-2025, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
10
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
momento de dictar sentencia-, y abstenerse de decidir de fondo si encuentra que
aquella exigencia no fue satisfecha.
42. En consecuencia, el operador judicial no puede fallar de fondo sin verificar y
encontrar el cumplimiento de los presupuestos procesales y, en ese contexto,
cuando no se acredita el l agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial,
el ordenamiento jurídico exige, expresamente, que se rechace de plano la
demanda. Si esto último no ocurre, el juez no está habilitado para dictar una
sentencia de mérito.
43. Recapitulando lo hasta aquí expuesto, se tiene, entonces, que: (i) ese trámite
compositivo es un requisito de procedibilidad que configura un presupuesto
procesal cuando el asunto sea conciliable y se formulen, entre otras,
pretensiones de controversias contractuales, y demandante y demandado sean
entidades públicas; (ii) de ordinario, el agotamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial debe ser valorado en la etapa de admisibilidad de la demanda, y su
insatisfacción debe conducir a su rechazo in limine, en tanto comporta actuación
que habilita la activación de la administración de justicia; y (iii) aunque no se
haya rechazado el escrito inicial, la desatención del requisito debe ser declarada
oficiosamente ante su constatación, de manera que la conducta posterior de los
sujetos procesales o del juez -traducida en silencio- no enerva o sanea la
consecuencia que se desprende de dicha inobservancia ni habilita a una
sentencia de mérito.
Definición concreta sobre los cargos de la apelación
44. Con fundamento en lo que se viene de razonar, la Sala responderá cada uno de
los cuestionamientos contenidos en el recurso, a fin de establecer si los mismos
deben salir avante, o si hay lugar a desestimarlos y a confirmar el fallo
impugnado36.
45. En cuanto a que el requisito de procedibilidad del trámite conciliatorio constituye,
a lo sumo, la excepción previa de ineptitud formal de la demanda, y que el
CPACA solo habilita al juez a declarar oficiosamente las de mérito, debe
señalarse que el Tribunal no estaba relevado del deber de pronunciarse al
respecto en el fallo, en tanto el trámite de la conciliación extrajudicial constituye
un requisito de procedibilidad de la demanda y un presupuesto procesal de la
sentencia de mérito.
46. Ahora, en punto del argumento según el cual, para el momento del fallo, la
irregularidad advertida ya se encontraba “saneada”, debe refutarse que la falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad no constituye una causal de
nulidad procesal que sea susceptible de dicha validación -lo que la misma
impugnante reconoció-, toda vez que la conciliación extrajudicial es un trámite
extrínseco que debió haberse agotado antes de que el actor buscase acudir a la
jurisdicción (se insiste, el ordenamiento somete la presentación de la demanda
a ello), y no un vicio originado dentro de la causa judicial que pueda entenderse
subsanado por el silencio de las partes, y que, por ende, pudiera dejar de ser
36 Por metodología, se abordarán en orden diverso al planteado en el recurso, a fin de otorgar cohesión a la
decisión de los argumentos.
11
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
analizado nuevamente por el fallador al momento de emitir sentencia. El principio
de preclusión invocado por el apelante no es, entonces, aplicable a esta materia,
dado que el cumplimiento de esa exigencia condiciona el inicio del proceso, y su
exigibilidad no puede obviarse por el hecho de que haya sido pasada por alto en
la calificación de la demanda, o porque el auto admisorio no haya sido objeto de
recursos por los sujetos interesados.
47. Por tal motivo, tampoco es de recibo la alegación en torno a la supuesta violación
del principio “venire contra factum propium non valet”, toda vez que la exigencia
analizada es de orden público e inderogable por los sujetos procesales, de forma
que -según se ha insistido- debe ser verificada de oficio por el fallador incluso en
etapas posteriores del proceso. Con ello, el no haber advertido esta irregularidad
desde una etapa temprana no eximía de su exigibilidad en el fallo que pusiera
fin a la respectiva instancia, como ocurrió en este caso.
48. Frente al argumento de que el no agotamiento del requisito de procedibilidad fue
saneado porque el a quo admitió la demanda y los accionados no recurrieron tal
decisión ni formularon la excepción correspondiente, debe recalcarse que el
legislador otorgó al trámite conciliatorio extrajudicial un carácter (i) obligatorio -
cuando ambas partes sean entidades públicas, se formulen pretensiones de
controversias contractuales y el asunto sea pasible de dicho arreglo-, (ii) previo
a la activación de la administración de justicia y (iii) perentorio, en tanto su
inobservancia deriva en el rechazo de plano de la demanda o impide la
continuación del proceso, cuando se detecta en fase posterior al estudio de
admisibilidad -por ejemplo, mediante la revocatoria del auto admisorio de la
demanda, ante el recurso incoado, o a través de un fallo inhibitorio-. Sin su
agotamiento, el juicio (contencioso-administrativo) no puede promoverse, y ello,
como previsión de orden público, no se sanea por la conducta de las partes.
49. Respecto de que lo ocurrido constituyó un defecto meramente formal, que no
lesionó los derechos de los demandados ni impedía que se expidiera una
sentencia de mérito, se insiste en que la conciliación, como requisito de
procedibilidad, representa un presupuesto que posibilita la activación de la
competencia judicial para conocer de la controversia, y esa consecuencia no se
enerva por el silencio de los sujetos procesales. En todo caso, la promoción del
proceso sin que se hubiera agotado el procedimiento de la conciliación previa,
comportaría -en sí misma- una afectación del debido proceso de la contraparte,
al privarla de participar de un trámite compositivo y someterla a un juicio que, en
esas condiciones, nunca debió adelantarse.
50. A propósito de la supuesta proscripción de sentencias inhibitorias, ha de
precisarse que el ordenamiento jurídico exige, expresamente, que -en la primera
instancia- se rechace de plano la demanda que no haya estado precedida del
agotamiento del trámite conciliatorio extrajudicial, y que se declare toda
excepción que se encuentre probada, aun oficiosamente, de modo que, si la
cuestión de que se trate impide que se emita un fallo de fondo, así debe ser
dispuesto por el juez de la causa, incluso con una decisión inhibitoria. Sobre el
particular, la Corporación ha señalado que, aunque las disposiciones legales de
12
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
orden procesal37 señalan que el juez tiene “el deber de adoptar las medidas
procesales respectivas para evitar que se dicten sentencias inhibitorias, no
excluyen en forma alguna que se dicten ese tipo de decisiones, las cuales
deberán proferirse si a pesar de haberse agotado tales medios no existen los
presupuestos necesarios para proferir una decisión de mérito”38. Por
consiguiente, se procura evitar que el juez se inhiba de resolver de fondo sobre
el derecho sustantivo que se somete a su conocimiento y, para el efecto, le
concede herramientas que apuntan a remediar las incidencias procesales que lo
impiden (como el rechazo de la demanda); pero, aquel axioma no tiene un
carácter absoluto, pues, ante el fracaso de esas medidas, adoptar un fallo
inhibitorio es jurídicamente forzoso ante la carencia del presupuesto procesal.
51. Ligado a lo expuesto, no de otra forma es posible hacer exigible este requisito
que, según se ha reiterado, es uno de aquellos a los que se somete la
presentación de la demanda (art. 161 del CPACA), lo cual es una condición39
que el legislador ha impuesto frente al derecho al acceso efectivo a la
administración de justicia (invocado como desconocido por la apelante), y que
responde a fines constitucionalmente legítimos40. A lo anterior, debe agregarse
que el propio artículo 103 del CPACA, esgrimido también por la recurrente, prevé
que: “Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de
cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”, entre
las que se encuentra la promoción del mecanismo autocompositivo de marras.
52. La apelante también argumentó que los pronunciamientos judiciales invocados
por el a quo como sustento de su decisión no guardan relación con lo ocurrido.
Sobre ello, la Sala observa que el Tribunal trajo a colación tres providencias de
esta Colegiatura41, que versan, en su orden, sobre: (i) el carácter imperativo de
la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, cuando ambas
partes son entidades públicas; (ii) la posibilidad que le asiste al fallador de
analizar oficiosamente la satisfacción del requisito de procedibilidad de la
conciliación en segunda instancia; y (iii) el deber oficioso de pronunciarse frente
al agotamiento de ese presupuesto. Esos pronunciamientos son coincidentes
con lo que se ha expuesto en esta sentencia, y guardan consonancia con el
37 En la actualidad, por ejemplo, el art. 180.5 del CPACA, según el cual, en la audiencia inicial, “[e]l juez deberá
decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de
saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias”. Remárquese que el CGP no reiteró las
disposiciones del CPC que propendían por evitar sentencias inhibitorias (como, por ejemplo, en los artículos
37.4 y 401 de este último estatuto). Si bien el recurso invocó citas doctrinarias sobre el tema, las mismas no
tienen la entidad para desconocer el régimen legal aplicable al caso.
38 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1º de febrero de 2007, exp. AC-2006-
1475, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Reiterada en fallo de la misma sección del 26 de mayo de 2011,
exp. 1996-11460-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
39 La Corte Constitucional ha significado que, por regla, los derechos reconocidos por el ordenamiento no son
absolutos o ilimitados (vid. sentencia C-475 de 1997), lo que también se extiende al acceso a la administración
de justicia (sentencia C-507 de 2001).
40 Vid. sentencia C-1195 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
Auto de unificación del 25 de mayo de 2016 proferido por el pleno de esta Sección (expediente 40077, C.P.
Danilo Rojas Betancourth).
41 (i) Sección Segunda, Subsección B, auto del 20 de noviembre de 2025, exp. 2783-2025; (ii) sentencia del 5
de junio de 2025, radicación: 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-2019); y (iii) sentencia del 25 de mayo de
2016, exp. 40047 [citada de forma imprecisa por el Tribunal, pues pese a traer apartes de aquella providencia,
en nota al pie la refirió como “Consejo de Estado, sentencia de 14 de julio de 2025, radicación: 47001-23-33-
000-2020-00578-01 (71447)]”.
13
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
tratamiento que la jurisprudencia de esta Corporación ha otorgado al estudio de
los presupuestos procesales.
53. De todas formas, en atención a lo reprochado por la impugnante en este punto,
se considera que: (i) si bien el primer auto citado42 resolvió la apelación en contra
del rechazo de una demanda, esta no es una diferencia relevante que impida
tener en cuenta lo allí considerado en torno a la lectura del parágrafo del artículo
92 de la Ley 2220 de 2022 (norma que, según se ha insistido, es la aplicable al
caso); (ii) similarmente, aunque la tercera providencia que se referenció43 decidió
la impugnación contra una sentencia dictada en audiencia inicial, en la que se
dio por terminado el proceso por no encontrar agotado el requisito de
procedibilidad, no es trascendente que tal determinación se haya adoptado en
esa oportunidad procesal, pues el numeral 6 del artículo 180 del CPACA
(sustento de esa decisión del inferior) no restringe que se evalúe el acatamiento
de dicha exigencia en oportunidades posteriores -aunado a que, como se vio,
esta irregularidad no se sanea por el silencio de las partes o del juez-; y (iii)
aunque el Tribunal cometió un yerro en la identificación de la segunda
providencia referenciada, se encuentra que -realmente- la cita corresponde al
auto de unificación del 25 de mayo de 201644, proferido por el pleno de esta
Sección, en el que, en efecto, se reconoció que la delimitación -por regla- de la
competencia del superior (a los motivos de reproche de la apelación) no impide
pronunciarse de oficio sobre aspectos que la ley exige, como lo es el
agotamiento del requisito de procedibilidad de surtir el trámite de conciliación
extrajudicial, en su condición de presupuesto procesal45.
54. A su vez, el fallo apelado no se soportó exclusivamente en esas providencias,
pues su razonamiento se fundamentó en el hecho de que: (i) el parágrafo del
artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 -en vigor a la fecha de presentación de la
demanda- consagra que la conciliación es requisito de procedibilidad cuando
ambas partes son públicas; (ii) ello supone “un aspecto que se debe revisar de
oficio incluso antes de dictar sentencia”; y (iii) la naturaleza pública de los
extremos procesales fue acreditada y no se observó el trámite previo de la
conciliación extrajudicial.
55. Por todo lo expuesto, en tanto no está en discusión que el extremo actor acudió
a la jurisdicción sin satisfacer el requisito de procedibilidad en comento -como se
estableció al inicio de estas consideraciones-, se imponía para el Tribunal a quo
abstenerse de pronunciarse de fondo, como efectivamente ocurrió, sin que
42 “Consejo de Estado, providencia de 20 de noviembre de 2025, radicación: 17001-23-33-000-2025 00157-01
(2783-2025)”.
43 “Consejo de Estado, sentencia de 5 de junio de 2025, radicación: 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-
2019)”.
44 Sección Tercera Sala Plena, expediente 40077, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Empero, el Tribunal citó:
“Consejo de Estado, sentencia de 14 de julio de 2025, radicación: 47001-23-33-000-2020-00578-01 (71447)”.
45 Allí se dijo: “si bien el Consejo de Estado como juez de segunda instancia, en principio debe pronunciarse
exclusivamente respecto de los razonamientos y requerimientos formulados en el señalado medio de
impugnación (…), no se puede perder de vista que dicha regla no es absoluta y admite ciertas excepciones
derivadas (…) de diferentes cuerpos normativos que le impongan al operador judicial pronunciarse de oficio al
respecto -normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección
de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter
imperativo-, como lo son la caducidad de la acción y el agotamiento del requisito de procedibilidad de celebrar
conciliación extrajudicial, elementos que a su vez se configuran en sendos presupuestos procesales cuyo
incumplimiento inviabiliza el acceso a la administración de justicia” (subrayado añadido).
14
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
ninguna de las censuras esgrimidas en la apelación haya podido desvirtuar ese
acierto.
56. En efecto, la Sala constata que el agotamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial era una carga procesal para este caso, en los términos del parágrafo
del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, en la medida que: (i) la demanda fue
promovida por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Manizales, establecimiento público del orden municipal, adscrito al municipio,
constituido mediante Acuerdo No. 004 de 1962 y reformado con el Acuerdo No.
1091 de 202146; (ii) como extremo demandado se llamó tanto a la Nación -
Ministerio de Comercio, organismo público del nivel nacional, como a la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -Fiducoldex47, sociedad de
economía mixta del mismo orden, en su propia condición y como vocera y
administradora del Fondo Nacional del Turismo -Fontur; (iii) la demanda
promovida persigue la declaratoria de responsabilidad por el presunto
incumplimiento del convenio de cooperación FNT-206-2014, celebrado entre Infi
y Fontur, y que se condene por ello a los accionados; de modo que las
pretensiones formuladas se enmarcan en una controversia contractual48; y (iv)
ese asunto es conciliable, según lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la citada
Ley 2220 de 2022 y 161 del CPACA49.
57. Al respecto, es preciso señalar que Fontur fue creado por el artículo 42 de la Ley
300 de 1996 (modificado con las Leyes 1450 de 2011, 1558 de 2012 y 2294 de
2023) como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la
contribución parafiscal para la promoción, sostenibilidad y competitividad del
turismo. A la celebración del convenio de cooperación (27 de agosto de 2014),
la Ley 1558 de 2012 lo había instituido como patrimonio autónomo y dotado con
personería jurídica, en los siguientes términos: “Los recursos señalados en el
artículo 1o y 8o de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el
Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la
competitividad Turística, y el recaudo del Impuesto al Turismo, formarán parte
de los recursos del Fondo de Promoción Turística que en adelante llevará el
nombre de Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y se constituirá como Patrimonio
Autónomo con personería jurídica y tendrá como función principal el recaudo, la
administración y ejecución de sus recursos” (artículo 21). A su vez, a la
radicación de la demanda (18 de diciembre de 2023), la Ley 2294 de 2023 había
modificado la 1558 de 2012, así: “El Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) es
un patrimonio autónomo, sin personería jurídica, regido por normas de derecho
privado, con la función de administrar los recursos señalados en los artículos 1o
y 8o de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto General
de la Nación para la infraestructura turística, promoción y la competitividad
46 Por el cual se adoptan sus estatutos (índice 001 del aplicativo SAMAI, en primera instancia).
47 En los términos del artículo 283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de 1993).
Estatutos Sociales, artículo 2: “Participación del Estado, nacional y naturaleza. - La Sociedad se crea para
obedecer el mandato actual incorporado en el artículo 283 del Decreto 663 de 1993, con la condición de
incorporar entre su objeto el contrato de fideicomiso al que dicho artículo se refiere. La sociedad será
colombiana, comercial, anónima, de economía mixta indirecta del orden nacional, y vinculada al Ministerio de
Comercio Exterior”
(https://fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/COMPILADO%20ESTATUTOS%20SOCIALES%20FIDUCOLD
EX%20S.%20A..pdf)
48 No obstante que la demandante también la denominó reparación directa. Incluso bajo ese rótulo, el trámite
conciliatorio extrajudicial es, igualmente, exigible.
49 Para “pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales”.
15
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
turística, el recaudo del impuesto 01 (sic) turismo, la contribución parafiscal para
la promoción del turismo y las demás fuentes de recursos que señale la ley. //
FONTUR será administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
S. A., o la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, de acuerdo con los lineamientos que fijen este. La administración y
operación del Patronio (sic) autónomo será financiada con cargo a los recursos
del FONTUR. // Los recursos del impuesto al turismo, que administra FONTUR,
se presupuestarán como una transferencia en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para cada vigencia” (artículo 307).
58. Por consiguiente, Fontur es un patrimonio autónomo o fondo de naturaleza
pública, creado directamente por la ley, que pertenece al sector administrativo
de Comercio, Industria y Turismo y administra recursos públicos, sometido -en
su régimen- al derecho privado y es administrado -también por mandato expreso
de la ley- por Fiducoldex.
59. Huelga señalar, igualmente, que, si bien la Ley 2220 de 2022 no efectuó un
desarrollo expreso del concepto de entidad pública, se debe acudir a lo normado
al respecto en el CPACA, que adoptó una concepción amplia de tal noción50,
orientada no exclusivamente por la forma organizacional del sujeto, su
denominación o a la presencia de personería jurídica, sino a la vinculación con
el ejercicio de funciones estatales (no necesariamente administrativas). Bajo esa
perspectiva, y considerando que Fontur fue creado por disposición legal, se
encuentra adscrito a la política pública de turismo definida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, administra recursos de naturaleza
predominantemente pública y persigue la realización de fines estatales
asociados a la promoción y competitividad del sector turístico, se concluye que
reviste el carácter de entidad pública51.
60. Como corolario, se debe dar respuesta negativa al problema jurídico planteado,
en tanto el Tribunal de primera instancia no erró al abstenerse de decidir de
fondo la controversia, amparado en la falta de agotamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial. Con ello, se impone confirmar el fallo de primer grado.
Sobre las costas
61. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, para el caso particular no
procede la condena en costas, debido a que, en este proceso, independiente del
resultado, se buscó ventilar un interés público, en el que -entre otros fines- se
persiguió recursos o acciones para reparar -en criterio de la entidad pública
accionante- las obras resultantes del convenio de cooperación FNT-206-2014,
que se celebró para “aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de
asistencia técnica para la adecuación del Centro de Ferias de Manizales”.
50 En los términos del parágrafo del artículo 104 ejusdem, “[p]ara los solos efectos de este Código, se entiende
por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las
sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los
entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”.
51 Asimismo, las actuaciones cuestionadas en la demanda se relacionan con la ejecución de un convenio de
cooperación celebrado para la financiación y desarrollo de infraestructura turística a través de FONTUR, cuya
vocería y administración ejerce Fiducoldex en desarrollo de un encargo legal y fiduciario. Por ello, la
circunstancia de que la fiduciaria actúe como representante del patrimonio autónomo no desvirtúa el carácter
público de los intereses y recursos comprometidos en la controversia.
16
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00267-01 (74338)
Demandante: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Manizales
Demandados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro
Referencia: Controversias contractuales
62. Bajo esa óptica, esta Subsección decidió en precedente vinculante:
“Con lo anterior no queda duda de que la entidad demandante (…) ventilaba un interés
netamente público, pues pretendía la protección del patrimonio público, tanto así que,
entre otras cosas, buscaba la devolución al Tesoro Nacional de la suma que le
desembolsó al municipio de San Bernardo pero que supuestamente no fue ejecutada
(…). En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
en este caso (…) no hay lugar a condenar en costas por ambas instancias al ente
demandante”52.
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, por las razones que
anteceden.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento
en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
52 Criterio adoptado en sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 65.978, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. Reiterado en sentencias del 13 de agosto de 2024, exp. 70.405, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; del
30 de agosto de 2024, exp. 70.786, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; y del 28 de mayo de 2026, exp. 74.080,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.