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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-40-000-2016-00087-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-40-000-2016-00087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Caquetá. En su lugar: Segundo. DECLARAR probada la excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias. Cuarto. RECONOCER personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina Botía, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 7.166.818 y portador de la tarjeta profesional nro. 113.852 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que visible en el índice 00018 de SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-40-000-2016-00087-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-2019)
Demandantes: Álvaro Anheyder Ávila Silva
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
Solicitud de medidas cautelares. Artículo 613 del Código General
del Proceso. REVOCA SENTENCIA. Declara probada la
excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones, dándose por terminado el proceso por incumplimiento del requisito de
procedibilidad.

ANTECEDENTES

El señor Álvaro Anheyder Ávila Silva instauró demanda en contra de la Procuraduría
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 22 de
diciembre de 2014 y el 10 de septiembre de 2015, mediante las cuales fue
sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses;
convertida la primera en salarios devengados.

Que se ordene a la Gobernación de Caquetá revocar la Resolución 002442 del 3 de
noviembre de 2015, que ejecutó la sanción disciplinaria.

Que, en consecuencia, se ordene la devolución de la suma pagada el 22 de
diciembre de 2015, debidamente indexada, la cancelación de la anotación realizada
en el registro de antecedentes disciplinarios y el pago de 50 salarios mínimos
legales mensuales vigentes por concepto de daños morales.

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Radicado: 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-2019)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que fue nombrado en el cargo de jefe de Control Interno del Departamento del
Caquetá, el cual ejerció desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2013 y desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que el 3 de septiembre de 2014 la Procuraduría Regional de Caquetá ordenó la
apertura de una indagación preliminar, con fundamento en un escrito anónimo,
según el cual no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo de jefe de
Control Interno, indicando que su única experiencia laboral era de asesor jurídico
del movimiento político MIRA.

Que, agotado el proceso disciplinario, el 22 de diciembre de 2014 fue declarado
responsable y sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término
de 3 meses e inhabilidad especial por el mismo lapso, convertida en salarios según
lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, decisión que se
confirmó el 10 de septiembre de 2015 y notificada el 18 del mismo mes y año.

Que la sanción se registró en el SIRI1 y fue ejecutada mediante Resolución 002442
del 3 de noviembre de 2015, cuyo pago se realizó el 23 de diciembre del mismo
año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: 2, 6, 15, 21, 25, 29, 229, 277-6 y 278; Ley 734 de 2002;
artículos 6,9, 20, 27, 34-1, 34-2, 73, 128, 129, 141 y 142; Ley 1437 de 2011: artículos
137, 138 y 152; Decreto Ley 785 de 2005: artículo 11; Circular Externa 100-02 del
5 de agosto de 2011, emitida por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para investigarlo,
porque, aunque el reproche disciplinario se estructuró por haberse posesionado y
desempeñado el cargo de jefe de control interno, dejó de lado que los actos de
posesión estaban precedidos de los de nombramiento. Por tanto, al adelantar la
actuación sancionatoria escindió la relación conexa de estos y, por esa vía, en
esencia, lo que hizo la autoridad fue cuestionar la legalidad de los actos de
nombramiento, desbordando con ello sus atribuciones constitucionales.

Que en el procedimiento sancionatorio se desconoció el debido proceso, porque se
omitió la valoración de pruebas y otras se analizaron de forma indebida y, en ese
sentido, las conclusiones relacionadas con la responsabilidad disciplinaria se
alejaron de la verdad material, pues aunque la segunda instancia decretó el oficio a
al movimiento MIRA, no valoró las funciones que en su calidad de secretario de
campaña se le adicionaron a su contrato de trabajo.

Que, en consecuencia, los actos demandados se encuentran falsamente motivados,
porque la demandada valoró las pruebas de forma irracional, caprichosa y arbitraria;
de otro modo, tendría que haber concluido que cuando se posesionó en el cargo de

1 Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad.

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jefe de control interno cumplía con los requisitos de ley y, en ese sentido, su decisión
debió ser absolutoria.

Que la falsa motivación también se configuró como consecuencia de la lesión al
principio de imparcialidad, porque la autoridad desechó el material probatorio que
demostraba la inexistencia de la falta reprochada, lo que demuestra que, además,
las pruebas no se analizaron siguiendo las reglas de la sana crítica ni de forma
integral.

Que la demandada omitió la aplicación de la ley, porque para la definición de su
responsabilidad no se tuvo en cuenta el periodo durante el cual ejerció como
secretario delegado del Departamento del Caquetá, contrariando con ello lo
dispuesto por el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, según el cual la aplicación de los
métodos y procedimientos y la calidad, eficiencia y eficacia del control interno es
también responsabilidad de los jefes de las distintas dependencias de las entidades
y organismos; por ello, de haber decretado la prueba consistente en establecer las
funciones cumplidas en dicho cargo, habría concluido que allí se adquirió
experiencia en control interno.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 21 de marzo de 20172 y notificada a la entidad, quien
se opuso a las pretensiones, al considerar que los actos administrativos fueron
expedidos de conformidad con la Constitución y la ley, con garantía de los derechos
de defensa y contradicción y, por tanto, se encuentran revestidos de legalidad.

Que no es cierto que hubiese actuado por fuera de sus competencias ni que la
valoración probatoria se realizara al margen de las reglas de la sana crítica, pues el
documento que insistentemente el demandante afirma que se debió valorar, esto
es, la certificación laboral del movimiento MIRA, no obraba en la oficina de recursos
humanos de la Gobernación del Caquetá, de lo que quedó constancia en la visita
especial realizada.

Que la investigación disciplinaria versó sobre los requisitos para ser funcionario de
control interno, sin detenerse en la legalidad de los actos de nombramiento y
posesión y, en ese sentido, pese a la declaración juramentada del entonces jefe de
recursos humanos, lo cierto es que el soporte del cumplimiento de la experiencia
requerida, previo a la posesión en el cargo, no fue aportado por el demandante.

Que el señor Ávila Silva pretende convertir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en una tercera instancia disciplinaria y que no puede pasarse por alto
que al demandante le corresponde brindarle al juez razones suficientes para
analizar la legalidad de los actos.

2 Véanse folios 204-205 del cuaderno principal 2. El conocimiento de la demanda correspondió por reparto al

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, por auto del 16 de marzo de 2016 la remitió por competencia
al Tribunal Administrativo del Caquetá (véanse folios 173-174 del cuaderno principal 1). Allí, por auto del 24 de
junio de 2016 fue inadmitida, para que el demandante aportara el agotamiento de la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad (véase folio 179 del cuaderno principal 1). En contra de esta decisión, se
interpuso recurso de reposición, manifestando que desde la radicación de la demanda se advirtió de la solicitud
de una medida cautelar de urgencia y, por ser esta de contenido patrimonial, el artículo 613 del Código General
del Proceso excepcionaba el cumplimiento del requisito de procedibilidad (véanse folios 181 a 197 del cuaderno
principal 1). En el auto del 21 de marzo de 2017 se resolvió el recurso, revocando el auto del 24 de junio de
2016 y, en su lugar, admitiendo la demanda.

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Que las manifestaciones en relación con la legalidad de los actos de nombramiento
y posesión en ningún sentido suplantaron a la autoridad judicial, pues en el marco
de la actuación disciplinaria este examen tuvo como fin advertir que el demandante
se posesionó en un cargo para el cual no acreditó el cumplimiento de requisitos.

Que el demandante pretendió que se evaluara una certificación expedida con
posterioridad a la posesión, porque ni él ni quien se desempeñaba como jefe de
recursos humanos pudieron explicar la ausencia de dicho documento en el folio de
su hoja de vida y, por ello, no es cierto que los actos demandados se encuentren
falsamente motivados, pues las conclusiones para sancionarlo correspondieron a la
realidad fáctica, debidamente acreditada con el acervo probatorio3.

Se celebró audiencia inicial el 28 de noviembre de 20174, en la que se fijó el litigio
y se decretaron pruebas documentales. En esta diligencia se prescindió de la
celebración de audiencia de pruebas, por lo cual se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto;
luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del veintiuno (21) de
marzo de dos mil diecinueve (2019)5, negó las pretensiones y declaró terminado el
proceso con fundamento en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, es procedente dar por terminado el proceso en la audiencia cuando
se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad6, considerando que en
este caso no era procedente exceptuar el cumplimiento de agotar la conciliación
extrajudicial.

Que la medida cautelar solicitada por el demandante no tenía efectos patrimoniales,
pues lo que buscaba era suspender los efectos de los actos sancionatorios y estos
no implicaban solo el pago de una multa sino la inhabilidad especial para ejercer
cargos públicos por el término de 3 meses y el registro de la sanción, por lo cual se
debía tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha precisado
que es la Ley 1564 de 2012 la que prevé una regulación especial respecto de la
conciliación prejudicial en relación con los efectos de la solicitud de una medida
cautelar en esta jurisdicción, sumado a que ninguna de la contenidas en el artículo
230 de la Ley 1437 de 2011 tiene por sí el carácter patrimonial al que se refiere el
artículo 613 del Código General del Proceso.

3 Véanse folios 222 a 249 del cuaderno principal 2.
4 Véanse folios 271 a 274A del cuaderno principal 2 y CD en folio 278 del mismo cuaderno.
5 Véanse folios 339 a 245 del cuaderno principal 2.
6 Texto original del referido numeral (esto es, antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021):

«Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según
el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá
sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación
en la causa y prescripción extintiva.
Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de
diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.
Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya
lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos
de procedibilidad.
El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el
caso.
(…)» (subrayas de la Sala).

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Que la misma Corporación se pronunció en relación con la necesidad de agotar la
conciliación extrajudicial cuando se está debatiendo la legalidad de un acto
administrativo que impone una sanción, advirtiendo que el contenido patrimonial del
acto es diferente del carácter patrimonial de la medida, porque «(…) la
patrimonialidad de la medida no debe valorarse de cara a lo que con su decreto
pretende evitar el demandante, como sería en este caso, que no se pague la
sanción impuesta como resultado de la responsabilidad fiscal (…) sino respecto de
su con el decreto de la misma se puede afectar un bien jurídico de carácter
patrimonial»7.

Que la consecuencia de no haberse agotado el requisito de procedibilidad no podría
ser otra que ordenar la terminación del proceso, que no es declarar la excepción de
inepta demanda, pues no se trata de un requisito formal de esta, sino de una
exigencia previa a formular las pretensiones, de forma que si se desatiende,
imposibilita la obtención de una decisión de fondo8.

Finalmente, se condenó en costas al demandante, por concepto de agencias en
derecho.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante9 interpuso recurso de apelación, señalando que el Tribunal incurrió
en una indebida interpretación y aplicación de la norma para exigir el cumplimiento
del requisito de procedibilidad, pues el artículo 613 del Código General del Proceso
lo relevaba de agotarla, al disponer que no es necesaria cuando se soliciten
medidas cautelares de carácter patrimonial.

Que si bien el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 derogó el inciso quinto del artículo
35 de la Ley 640 de 2001, según el cual no era exigible el requisito de procedibilidad
cuando se solicitaran medidas cautelares, posteriormente el artículo 626 derogó el
inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, lo que significa que el inciso quinto del artículo 35 de la
Ley 640 se encuentra vigente y que debe leerse en concordancia con el artículo 613
de la Ley 1564 de 2012.

Que la medida solicitada, consistente en suspender los actos sancionatorios
demandados, tenía carácter patrimonial, por lo que se subsumía al supuesto del
referido artículo 613 y que así se entendió cuando la demanda fue admitida.

Que, superada la anterior cuestión, se debe declarar la nulidad de los actos
demandados, pues en su expedición se incurrió en los vicios que se detallaron en
el concepto de violación.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 12 de septiembre de 201910 fue admitido el recurso de apelación, el 28 de agosto
de 2020 se negó la práctica de pruebas en segunda instancia11 y por auto del 2 de

7 La cita se tomó en la sentencia apelada de: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 7 de julio de

2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-03027-01A(AC). C.P. Rocío Araújo Oñate.
8 Para esta tesis se acudió a: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 29 de junio de

2017. Exp. 25000-23-26-000-2014-00393-01 (57506). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
9 Véanse folios 379 a 393 del cuaderno principal 2.
10 Véase folio 401 del cuaderno principal 2 e índice 00003 de SAMAI.
11 Véase índice 00008 de SAMAI y constancia a folio 407 del cuaderno principal 2.

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febrero de 202112 se corrió traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.

La demandada13 manifestó que la sentencia apelada se debe confirmar, pues no
se solicitó el decreto de una medida cautelar de carácter patrimonial y, en
consecuencia, no procedía la excepción contemplada en el artículo 613 del Código
General del Proceso. Que es necesario tener en cuenta que la sanción disciplinaria
no corresponde a un bien jurídico patrimonial; de allí que la actuación del Tribunal
se sujetó a lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual en la sentencia se decidirá sobre cualquier excepción que el fallador
encuentre probada.

Que, en todo caso, los actos demandados no se deben anular, pues en su
expedición no se incurrió en ninguna irregularidad, pues la actuación fue adelantada
por los funcionarios competentes, sin pretender suplantar al juez en el estudio de
los decretos mediante los cuales el señor Ávila Silva fue nombrado. Adicionalmente,
no se omitió la valoración de pruebas, pues lo cierto es que en su hoja de vida no
reposaba el documento que alegó haber «puesto a la vista» del servidor de dicha
dependencia para acreditar la experiencia exigida.

Que, si en gracia de discusión, se debiera analizar la certificación del movimiento
MIRA, lo cierto es que allí no se relaciona ninguna actividad de forma directa o
indirecta con la actividad de control interno; pero que este soporte no se halló en la
visita especial que se realizó a la oficina de Recursos Humanos de la Gobernación
del Caquetá.

Que no se desconoció el debido proceso, porque la decisión sancionatoria se
encuentra debidamente soportada en las pruebas practicadas y valoradas y el
disciplinado contó con las oportunidades necesarias para aportar, solicitar y
controvertirlas.

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado14 señaló que el
Tribunal no podía resolver sobre el incumplimiento del requisito para demandar,
pues sobre este ya se había pronunciado en el auto admisorio y que en la audiencia
inicial tampoco se declaró la terminación del proceso por falta de la conciliación
extrajudicial, por lo que cualquier irregularidad al respecto quedó saneada y, en
consecuencia, en la sentencia solo se podía pronunciar sobre las excepciones
mixtas y de fondo.

Que, por lo dicho, la decisión adoptada, consistente en negar las pretensiones por
falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial podría configurarse como una
providencia inhibitoria, lo que incide en el derecho de acceso a la administración de
justicia, pues sorprendió al demandante con un pronunciamiento que no estudió la
materialidad de lo pretendido aunque el proceso avanzó hasta el momento de
proferir sentencia.

Que en la segunda instancia se debe resolver sobre el fondo del asunto, respecto
de lo cual no es procedente declarar la nulidad de los actos, porque la sanción
impuesta se fundamentó en las pruebas recaudadas y que la demandada insistió
en la ausencia de documentación que acreditara los tres años de experiencia

12 Véase índice 00014 de SAMAI y constancia a folio 409 del cuaderno principal 2.
13 Véase índice 00018 de SAMAI.
14 Véase índice 00019 de SAMAI.

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profesional en asuntos de control interno que exigía la Ley 87 de 1993, normativa
que exige experiencia específica, por lo que no cualquier actividad desarrollada en
el movimiento MIRA o en la secretaría delegada de la Gobernación del Caquetá
podía servir para acreditar la exigencia.

Que, por lo tanto, el demandante no cumplía con los requisitos para acceder al cargo
de jefe de Control Interno y, por ello, al posesionarse en el mismo, incurrió en la
conducta que fue objeto de reproche disciplinario.

Que tampoco era procedente condenar en costas al demandante, pues se empleó
un criterio netamente objetivo, de manera arbitraria, máxime teniendo en cuenta que
no se resolvió el fondo de lo pretendido.

El demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si el señor Álvaro Anheyder Ávila Silva le
correspondía agotar la conciliación prejudicial y, por tanto, hay lugar a confirmar la
sentencia apelada. En caso negativo, será necesario definir si los actos
administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por falta de
competencia, violación al debido proceso y falsa motivación, en los términos de la
demanda y del recurso de apelación.

La conciliación extrajudicial en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo

De conformidad con el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, la presentación de una
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe someterse al
cumplimiento de unos requisitos previos, de los que se destaca el contenido en el
numeral primero, según el cual «[c[uando los asuntos sean conciliables, el trámite
de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda
demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento
del derecho, reparación directa y controversias contractuales»(subrayas de la Sala).

La exigencia del requisito de procedibilidad se introdujo con los artículos 35
(modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010) y 37 (modificado por el artículo
2 del Decreto 131 de 2001) de la Ley 640 de 2001. Según el primero, «[e]n los
asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es
requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso
administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente
ley para cada una de estas áreas». La misma norma preveía que la excepción al
cumplimiento de este requisito se encontraba en la solicitud de decreto y práctica
de medidas cautelares; pero dicho inciso fue derogado por el artículo 309 de la Ley
1437 de 2011.

De conformidad con el referido artículo 31, la conciliación extrajudicial constituía
requisito de procedibilidad en las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del
Decreto 01 de 1984, hoy artículos 140 y 141 e la Ley 1437 de 2011. Luego, el
artículo 13 de Ley 1285 de 2009 adicionó el artículo 42A a la Ley 270 de 1996,
según el cual «(…) cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá

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requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del
Código Contencioso Administrativo [hoy artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437 de
2011] o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial» (corchetes de la Sala).

Por su parte, el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
derogó el inciso del segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (que había
derogado el inciso segundo del artículo 35 de la Ley 640 de 2001) e incluyó en el
artículo 613 la excepción al agotamiento del requisito de procedibilidad en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se solicite el decreto de una
medida cautelar de carácter patrimonial.

Según lo anterior, antes de solicitar al juez de lo contencioso administrativo la
nulidad de un acto de contenido particular y concreto, siempre que se trate de un
asunto conciliable, es necesario acudir al mecanismo alternativo de solución de
conflictos; presupuesto que se fundamenta, en términos de la Corte Constitucional,
en la implementación de estrategias para asegurar el acceso efectivo a la
administración de justicia, facilitando que las partes, por vías alternativas y
expeditas, tengan la posibilidad de dirimir sus controversias antes de acudir a la
jurisdicción15.

No obstante, el ordenamiento jurídico prevé excepciones a este requisito de
procedibilidad, contenidas en el Decreto 1716 de 2009, compilado en el Decreto
1069 de 2015 y en el artículo 613 de la Ley 1564 de 2012. El primero define los
asuntos susceptibles y no susceptibles de conciliación extrajudicial en lo
contencioso administrativo16; el segundo exceptúa el agotamiento del mecanismo
cuando se solicite con la demanda el decreto de una medida cautelar de carácter
patrimonial17; y, por vía jurisprudencial, la Sección Segunda de esta Corporación ha
precisado que la conciliación extrajudicial tampoco resulta exigible en aquellos

15 Al examinar la constitucionalidad de la expresión «de carácter patrimonial», contenida en el artículo 613 del

Código General del Proceso, la Corte Constitucional recordó que en consolidada jurisprudencia se ha insistido
en que, lejos de limitar el acceso a la administración de justicia, la adopción de este mecanismo busca
garantizarlo en la mayor medida posible: «La Corte Constitucional ha examinado la constitucionalidad de la
conciliación como requisito de procedibilidad para el inicio de los procesos judiciales de carácter laboral, civil,
familia, comercial y contencioso administrativo. Sin desconocer que en materia de procesos laborales en
Sentencia C-893 de 2001[M.P. Clara Inés Vargas Hernández] se concluyó que, por las particularidades de los
derechos que allí se debaten y en cuanto el artículo 53 de la Constitución establece expresamente que la
conciliación en materia de derechos inciertos y discutibles laborales tiene carácter facultativo, dicho requisito de
procedibilidad resultaba ser inexequible; en relación con los demás procesos ha concluido que lejos de
desconocer, suspender o impedir el acceso a la administración de justicia, la conciliación extrajudicial como
requisito previo es una garantía para hacer efectivo y real este derecho fundamental. Y, por consiguiente, ha
concluido de manera reiterada y uniforme que se trata de una limitación razonable desde el punto de vista
constitucional» (corchetes fuera del original). Corte Constitucional. Sentencia C-834 de 2013. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
16 Decreto 1716 de 2009. «Artículo 2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso

administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que
desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los
conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:
– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de
1993.
– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.
(…)», disposición compilada por el Decreto 1069 de 2015, Capítulo 3, Sección 1, Subsección 1. Artículo
2.2.4.3.1.1.2.; modificado a su vez por el Decreto 1167 de 2016
17 Ley 1564 de 2012. «Artículo 613. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso

administrativos. (…)
No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida
medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública» (subrayas de la
Sala).

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casos en los que se controviertan derechos laborales, ciertos e indiscutibles18.

Caso concreto

Como se expuso, tratándose de un asunto conciliable, de conformidad con el
artículo 613 del Código General del Proceso, en aquellos procesos en los que el
demandante solicite medidas de carácter patrimonial no es necesario agotar la
conciliación extrajudicial. Esta disposición se debe leer en concordancia con el
artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, que regula el contenido y alcance de las
medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

«Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o
de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que
se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere
posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando
no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su
adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado
Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre
la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o
demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la
agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso
obligaciones de hacer o no hacer.
(…)» (subrayas de la Sala).

El señor Álvaro Anheyder Ávila Silva, en escrito aparte, solicitó como medida
cautelar de urgencia la suspensión de los efectos de las decisiones disciplinarias;
incluida la Resolución 002442 del 3 de noviembre de 2015, que ejecutó la sanción
impuesta19. Con ello, tanto en la demanda como al interponer el recurso de
reposición en contra del auto que la inadmitió, argumentó estar exonerado de agotar
el requisito de procedibilidad, por tratarse de una medida de carácter patrimonial.

Con dicha consideración el 21 de marzo de 2017 se admitió la demanda; no
obstante, llegado el momento de proferir la respectiva sentencia, el Tribunal
Administrativo del Caquetá advirtió que la suspensión de los efectos de un acto
administrativo no corresponde a una medida cautelar de carácter patrimonial y, en
ese orden, el demandante debió agotar la conciliación extrajudicial antes de acudir
al medio de control.

Pues bien, respecto de lo que se entiende por el «carácter patrimonial» de una
medida, elemento fundamental del asunto que se debate, cabe traer a colación el

18 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de 2018. Exp. 11001-

03-25-000-2012-00458-00 (1900-2012). C.P. William Hernández Gómez. y Consejo de Estado. Sección
Segunda-Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2013-00831 (1699-2013).
C.P. William Hernández Gómez.
19 Véanse folios 1 a 49 del cuaderno de medida cautelar.

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auto del 7 de diciembre de 2017 de la Sección Primera de esta Corporación, en el
cual se distinguió entre los efectos patrimoniales de un acto administrativo y el
carácter patrimonial que define la excepción al agotamiento de la conciliación
extrajudicial en términos del referido artículo 613.

En dicha providencia se rectificó la posición que se sostuvo en las decisiones del 22
de octubre de 201520 y 6 octubre de 201721, que analizaron el carácter patrimonial
en perspectiva de los efectos que producían los actos demandados y, en su lugar,
se precisó que el artículo 613 del Código General del Proceso se refiere a medidas
de carácter patrimonial, sin señalar que las medidas deben tener efectos
patrimoniales:

«La medida cautelar, entonces, debe ser patrimonial, entendiendo patrimonial
como “[…] relativo al patrimonio […]”22y patrimonio como “[…] Conjunto de
bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin,
susceptibles de estimación económica […]”23, lo que nos lleva a indicar que
cuando el artículo 613 del CGP se refiere a las medidas cautelares de carácter
patrimonial se está refiriendo a medidas que afecten directamente el patrimonio
de las personas naturales o jurídicas que deben soportarlas.

Es claro, entonces y a manera de ejemplo, que el embargo de bienes tiene el
carácter de patrimonial en la medida en que “[…] sustrae del comercio el bien
cautelado, de tal suerte que si se llegare a vender un bien que soporta un
embargo, tal contrato será declarado nulo, de nulidad absoluta, por objeto ilícito.
En caso de que el bien esté sujeto a registro, y sobre él se inscribe un embargo,
el correspondiente registrador debe abstenerse de registrar cualquier acto de
disposición sobre el bien, como una venta o una hipoteca […]”24, lo cual no
ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.

Esta Sala ha resaltado que entre las características principales de la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos están “[…] su naturaleza
cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al
ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide
de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere
decretado la medida […]”, e igualmente ha indicado que su finalidad es la de
“[…] ‘evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,
en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses
generales y el Estado de derecho’.25 […]”26, lo que claramente excluye su
patrimonialidad pues su propósito no es afectar el patrimonio de las personas
jurídicas o naturales, sino despojar de sus efectos, temporalmente, a un acto
administrativo que, preliminarmente, es considerado contrario al ordenamiento
jurídico.

Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto
administrativo traiga efectos benéficos en el patrimonio de las personas
naturales o jurídicas que la han solicitado»27 (subrayas de la Sala).

20 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 22 de octubre de 2015. Exp. 25000-23-24-000-2012-00760-

01. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso.
21 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 6 de octubre de 2017. Exp. 25000-23-41-000-2015-00554-01.

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
22 http://dle.rae.es/?id=SBKRsue.
23 http://dle.rae.es/?id=SBOxisN.
24
Forero Silva, Jorge. Medidas cautelares en el código general del proceso. Segunda Edición. Bogotá: Editorial
Temis S.A., 2016. Página 97.
25 Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María

Elizabeth García González, Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), Radicación número:
11001-03-24-000-2014-00704-00, Actor: Andrés Gómez Roldán, Demandado: Ministerio de Justicia y del
Derecho. Referencia: medio de control nulidad.
27 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 7 de diciembre de 2017. Exp. 68001-23-33-000-2016-01222-

01. C.P. María Elizabeth García González.

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Para la Sala28 esta distinción permite concluir que la providencia apelada se ajustó
al ordenamiento jurídico, pues suspender los efectos de los actos que impusieron al
demandante la sanción disciplinaria, si bien podría haber implicado un efecto
económico en su patrimonio, no reviste el carácter patrimonial exigido, porque,
según lo expuesto, este debe analizarse en perspectiva de quien debe soportar la
medida. Lo anterior no significa que eventualmente una medida de suspensión
provisional sea de carácter patrimonial.

Ante el incumplimiento del requisito de procedibilidad correspondía al juez adoptar
una decisión ajustada al ordenamiento jurídico, pues si bien es cierto la demanda
se admitió acogiendo las manifestaciones del demandante, no lo es menos que
aquella actuación, que permitió avanzar en las diferentes etapas procesales, en
modo alguno impedía que al desatar el problema jurídico, se evaluara nuevamente,
máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1437
de 2011, agotada cada etapa del proceso, el juez debe ejercer el control de legalidad
y que, en términos del artículo 187 de la misma normativa, «en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador
encuentre probada».

Precisado este punto, la decisión adoptada no debió ser la negativa de las
pretensiones y la consecuente terminación del proceso. Lo primero, porque no
acceder a lo pretendido implica el estudio de fondo del concepto de violación, lo que
no sería posible en el escenario procesal ya descrito; lo segundo, porque la
sentencia es por excelencia la providencia que al resolver los extremos de la litis,
pone fin a la actuación.

Llegados al momento de proferir el fallo, lo que corresponde a la realidad procesal
es que se encontró probada la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, y es de aquellas que el juez debe
declarar de encontrar acreditada, según el inciso segundo del artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo29.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar se declarará probada
la excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad.

28 Esta Subsección, en sentencias del 22 de febrero y 12 de abril de 2018, proferidas en vigencia de la normativa

contenida en el Decreto 01 de 1984 del Código de Procedimiento Civil, precisó que la excepción al agotamiento
del requisito de procedibilidad que consagraba el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 eran aquellas medidas
cautelares que tenían como objetivo evitar que el deudor se insolvente: «Sobre la citada salvedad conviene
advertir que esta corporación ha sostenido que las medidas cautelares a las que se refiere el articulado eran
las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que tienen como objetivo evitar que el deudor se insolvente,
antes de promover la demanda respectiva. Razón por la que, se hace necesario, para dar aplicación a aquella,
verificar primero si la medida solicitada cumple con la finalidad señalada, pues de no ser así no podrá tenerse
como una excepción para el cumplimiento del requisito» (Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 18 de
marzo de 2010. Exp-. 13001-23-31-000-2009-00086-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Citado en: Consejo
de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2012-
00458-00 (1900-2012). C.P. William Hernández Gómez y reiterado en: Consejo de Estado. Sección Segunda-
Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2013-00831 (1699-2013). C.P. William
Hernández Gómez.
29 En esos términos procedió esta Corporación en las providencias del 22 de febrero y 12 de abril de 2018. En

ambas, proferidas luego de agotadas las etapas del proceso, se advirtió que los demandantes no agotaron la
conciliación extrajudicial, porque habían solicitado el decreto de la medida cautelar de suspensión de los actos
demandados, la cual, al no tener la naturaleza de aquellas que el Código de Procedimiento Civil consagraba
para evitar la insolvencia del deudor (el carácter patrimonial al que actualmente se refiere el artículo 613 del
Código General del Proceso) no los exoneraba de intentar la conciliación antes de promover la actuación judicial.
Cfr.: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de febrero de 2018. Exp. 11001-
03-25-000-2012-00458-00 (1900-2012). C.P. William Hernández Gómez. y Consejo de Estado. Sección
Segunda-Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2013-00831 (1699-2013).
C.P. William Hernández Gómez.

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De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202130 en el que se
dispone que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, en consideración al numeral 4 ° del artículo 365
del CGP31, y observando los argumentos esbozados por la parte vencida en sus
distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias,
por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

Por ello, no se impondrá condena en costas en ninguna instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Caquetá. En su lugar:

Segundo. DECLARAR probada la excepción de falta de agotamiento de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.

Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto. RECONOCER personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina
Botía, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 7.166.818 y portador de la tarjeta
profesional nro. 113.852 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que visible en el índice 00018
de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

30 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
31 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será

condenada a pagar las costas de ambas instancias».

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