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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03957-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03957-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, conforme a la parte motiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-03957-00 Demandante: Hernán Ortiz Gómez 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03957-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

23 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03957-00
Demandante: Hernán Ortiz Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03957-00
Demandante: HERNÁN ORTIZ GÓMEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Reconocimiento de pensión de vejez. Improcedencia de
la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hernán Ortiz Gómez, contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 25 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y, a través de apoderado, el
señor Hernán Ortiz Gómez pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, igualdad, mínimo vital y
vida digna.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
confirmó la sentencia que denegó pretensiones en la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2016-00180-
00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Pretensión principal
1. Amparar los derechos fundamentales del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, seguridad social, igualdad, mínimo vital y vida digna, vulnerados
con ocasión de la sentencia judicial cuestionada.

2. Dejar sin efectos la sentencia de fecha 29 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 05001-23-33-000-2016-00180-01 (0944-2021),
por vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
seguridad social del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ.

3.Ordenar al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, o a la autoridad judicial que corresponda, que profiera una nueva sentencia en la cual
valore de manera integral, expresa y suficiente la historia laboral del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ,
especialmente las 333.29 semanas cotizadas a través de empleadores privados, correspondientes a
GIRPEL LTDA. y YEPES SALAZAR JOSÉ ARCESIO, siempre que dicha prueba obre en el expediente
o haya sido oportunamente allegada al proceso.

4.Ordenar que en la nueva decisión se analice de manera expresa si las semanas cotizadas con
empleadores privados inciden en la compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida por el

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Demandante: Hernán Ortiz Gómez

FOMAG y la prestación solicitada ante Colpensiones, teniendo en cuenta la fuente de financiación de
dichos aportes y su posible incidencia en el reconocimiento pensional reclamado.

Pretensiones subsidiarias
5. Subsidiariamente, ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, o a la autoridad judicial que corresponda, que complemente, rehaga o emita
nuevamente el análisis probatorio y jurídico relativo a la fuente de financiación de los aportes
efectuados a Colpensiones, diferenciando expresamente entre aportes provenientes del sector público
y aportes provenientes del sector privado.

6.Ordenar que, en la nueva decisión, se estudie si con fundamento en los aportes privados acreditados
en la historia laboral del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ, procede el reconocimiento de una prestación
pensional compatible con la pensión de jubilación reconocida por el FOMAG, o, en su defecto, una
prestación derivada exclusivamente de dichos aportes privados.

7. Ordenar a Colpensiones, en caso de ser vinculada al trámite constitucional y siempre que así́ lo
determine la autoridad judicial competente en la nueva decisión, efectuar el estudio prestacional
correspondiente con base en las semanas privadas que se encuentren debidamente acreditadas.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. De la actuación administrativa

El señor Hernán Ortiz Gómez se vinculó como docente de tiempo completo de la Facultad
de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid desde el 23 de noviembre de 1987 y, según su historia laboral expedida por
Colpensiones con corte de 13 de mayo de 2014, se advierte que dicha institución
educativa reportó cotizaciones a nombre del demandante desde el 01 de julio de 1995 al
31 de marzo de 2014.

En reporte de historia laboral expedido por Colpensiones el 19 de mayo de 2026 también
se advierte que el accionante efectuó cotizaciones provenientes de empleadores privados
así: (i) Girpel Ltda. del 20 de febrero de 1975 al 1.º de diciembre de 1978 y del 19 de
febrero al 30 de noviembre de 1979 y (ii) Yepes Salazar José Arcesio desde el 5 de marzo
de 1980 al 31 de diciembre de 1981.

Mediante Resolución No. 35548 de 17 de marzo de 2005, el FOMAG reconoció una
pensión especial vitalicia de jubilación a favor del antes mencionado con ocasión del
servicio como docente en el municipio de Medellín, con base en lo dispuesto en la Ley
71 de 1988 y efectiva a partir del 19 de septiembre de 2004, pero condicionada al retiro
del servicio.

El accionante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de una indemnización
sustitutiva de vejez, petición que la administradora negó mediante Resolución No. GNR
14171 de 22 de enero de 2015; posteriormente, el señor Hernán Ortiz Gómez solicitó que
se revocara dicha resolución y se le reconociera una pensión de vejez por reunir los
requisitos de la Ley 33 de 1985, solicitud que fue negada por dicha administradora a
través de la Resolución No. GNR 262117 de 28 de agosto de 2015, al considerar que el
accionante se encontraba percibiendo una pensión de vejez reconocida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, por lo que no era posible
reconocerle una pensión de vejez. Decisión que fue confirmada a través de la Resolución
No. VPB 68939 de 4 de noviembre de 2015.

3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 16 de diciembre de 2015, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones,
en adelante Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nros.
GNR 262117 de 28 de agosto de 2015 y VPB 68939 de 4 de noviembre de 2015. A título
de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de

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Demandante: Hernán Ortiz Gómez

vejez en aplicación de la Ley 33 de 1985, aplicable por ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.

El proceso se adelantó bajo radicado No. 05001-23-33-000-2016-00180-00 y fue
asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que mediante
sentencia del 9 de diciembre de 2020 declaró probada la excepción de <<inexistencia de
la obligación para Colpensiones de reconocer y pagar una pensión ordinaria de vejez cuando el
demandante ya se encuentra percibiendo una pensión especial de vejez>> y denegó las
pretensiones de la demanda.

Explicó que, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones aportado por
el demandante, las cotizaciones fueron efectuadas por el Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid en calidad de empleador del señor Hernán Ortiz Gómez. Indicó que dicha
entidad es una institución universitaria de carácter público, adscrita al departamento de
Antioquia, razón por la cual concluyó que la pensión solicitada por el actor ante
Colpensiones resultaba incompatible con la pensión de jubilación reconocida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por los servicios prestados en
la Institución Educativa El Salvador de Medellín. Lo anterior, por cuanto las cotizaciones
provenían del «tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado».

Inconforme, el demandante apeló y alegó que los recursos administrados por el Instituto
de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, no son considerados del tesoro público por ser
parafiscales y que la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 4 de 1992 no le era aplicable dado que, una vez efectuados los
aportes por parte del trabajador y empleadores, éstos adquieren la naturaleza de
recursos parafiscales y que el ordenamiento jurídico reconoce a los docentes la
posibilidad de recibir otras pensiones compatibles con aquellas reconocidas por el
FOMAG, tal como ocurre en la pensión gracia.

Además, destacó que cumplió con todos los requisitos previstos por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, por lo que debía reconocerse la
prestación solicitada.

Mediante sentencia del 29 de abril de 20261, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia. Concluyó que las cotizaciones
efectuadas por el accionante cuando estuvo vinculado en el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid vienen del sector público y, con independencia de la naturaleza o
no del carácter parafiscal de los recursos de Colpensiones, lo cierto es que estos integran
el sistema general de seguridad social y, en consecuencia, la fuente de las cotizaciones
efectuada es de naturaleza pública.

Precisó que la incompatibilidad deriva de la fuente pública de los aportes o cotizaciones
más no de la existencia de una prestación previa y concluyó que las pretensiones no
estaban llamadas a prosperar dado que las pruebas allegadas al proceso acreditaban
que la prestación reclamada se encontraban financiadas con los aportes provenientes del
sector público e indicó que una conclusión distinta sería posible si tales aportes
provinieran del sector privado o de empleadores particulares; sin embargo, en el caso del
demandante dada la naturaleza pública del empleador no había lugar a ello, en ese
sentido, concluyó que el reconocimiento solicitado resultaría contrario a la prohibición
constitucional de percibir doble asignación del tesoro público, toda vez que el
demandante ya era titular de una pensión de jubilación reconocida por el FOMAG.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, identificó el siguiente defecto:
1 Notificada por correo electrónico el 15 de mayo de 2026

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Demandante: Hernán Ortiz Gómez

Defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial accionada omitió valorar de forma
integral la historia laboral del accionante, donde constan 333.29 semanas cotizadas por
empleadores privados, correspondientes a Girpel Ltda. y Yepes Salazar José Arcesio,
prueba que afirmó resultaba relevante para determinar si la prestación reclamada ante
Colpensiones constituía o no una doble asignación proveniente del tesoro público,
máxime si se tiene en cuenta que la sentencia cuestionada fundamentó su decisión en
la premisa de que las cotizaciones que soportaban la pensión reclamada provenían del
sector público.

Destacó que en la sentencia cuestionada se reconoció que la conclusión sería distinta si
los aportes provinieran del sector privado o de empleadores particulares, supuesto que
se encontraba acreditado en la historia laboral obrante en el expediente.

5. Trámite procesal

Por auto del 2 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A y dispuso vincular como terceros con interés, al Tribunal
Administrativo de Antioquia y a Colpensiones.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 4 de junio de 2026.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, indicó que la solicitud de amparo no estaba llamada
a prosperar toda vez que la sentencia cuestionada no incurrió en el defecto alegado toda
vez que dicho reparo se configura cuando la prueba que se echa de menos tiene el
objetivo suficiente de variar la decisión adoptada, pero en este caso ello no ocurrió dado
que la que pretensión de la demanda consistía en el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985, esto es, bajo el régimen general
de prestaciones sociales del sector público y en ese orden cobraban especial importancia
los tiempos de servicio como servidor público y en el caso del accionante las semanas
cotizadas en el sector privado representan apenas 6,4 años de servicio por lo que no
varían de ninguna forma las consideraciones relativas a la incompatibilidad entre la
pensión reclamada y la reconocida previamente, pues ello no cambiaba la fuente de los
aportes realizados por concepto de tiempos laborales al servicio del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

De otra parte, afirmó que, en gracia de discusión, si la parte actora estimó que no hubo
pronunciamiento sobre uno de los extremos de la litis, pudo haber presentado una
solicitud de adición de sentencia en los términos previstos por el artículo 287 de la Ley
1564 de 2012 y destacó que el análisis de los tiempos privados no fue objeto de reparo
en el recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del magistrado ponente de la
sentencia de primera instancia, afirmó que la providencia cuestionada fue adoptada con
fundamento en el ordenamiento jurídico vigente y los lineamientos jurisprudenciales
aplicables al caso e indicó que los planteamientos de la acción de tutela constituyen
nuevos argumentos que no pudieron ser analizados con antelación ni para señalar su
improcedencia ni su eventual validez.

Señaló que se realizó una valoración integral, razonada y suficiente del material
probatorio obrante en el expediente conforme a las reglas de la sana crítica, sin que
existiera omisión alguna de pruebas determinantes, por lo que no se puede endilgar
ninguna arbitrariedad de las decisiones adoptadas.

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Colpensiones solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto no
se había materializado ningún defecto o vulneración de los derechos fundamentales
deprecados, sin que la acción de tutela se pueda convertir en una tercera instancia.

De otra parte, solicitó su desvinculación toda vez que no es el responsable del
acatamiento del eventual fallo de tutela.

El accionante se pronunció frente al informe rendido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, para reiterar las pretensiones de la acción e indicar que la
valoración de las 333,29 semanas cotizadas por empleadores privados sí tiene
relevancia jurídica y probatoria dentro del análisis de compatibilidad pensional, fuentes
de financiación y procedencia de la prestación reclamada ante Colpensiones.

Destacó que pese a que la autoridad accionada indicó que el análisis y la valoración de
los tiempos privados no fue objeto de reparo en el recurso de apelación, el debate sobre
la compatibilidad pensional, la fuente de financiación de la prestación reclamada y la
naturaleza de los aportes efectuados al régimen de prima media sí constituía el eje
fundamental del proceso y la historia laboral obraba como prueba relevante dentro de
ese debate por lo que debía ser valorada de forma integral y destacó que la sentencia
cuestionada utilizó la historia laboral para analizar los aportes del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid pero omitió valorar los aportes privados que también se
constataban en la misma historia laboral y que la valoración parcial configuró el defecto
fáctico alegado.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa - sobre la falta de legitimación

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

Asimismo, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

En el presente asunto, el demandante discute la sentencia del 29 de abril de 2026, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05001-23-33-000-2016-00180-00/01, adelantado contra
Colpensiones.

En la contestación de la tutela, Colpensiones solicitó su desvinculación por no ser el
responsable del acatamiento del eventual fallo de tutela.

Sobre el particular se advierte que la vinculación de Colpensiones se hizo como tercero
con interés y no como demandado que deba cumplir una eventual orden de amparo, de
suerte que no se considera procedente su solicitud, la cual será negada.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el señor
Hernán Ortiz Gómez para dejar sin efectos la sentencia del 29 de abril de 2026, dictada

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por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2016-00180-00/01.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción por cuanto la parte actora
propone argumentos nuevos que no fueron expuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del
caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.

5. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la providencia del 29 de abril de 2026, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto fáctico al omitir la
valoración integral de la historia laboral del accionante, donde constan 333.29 semanas
cotizadas por empleadores privados, correspondientes a Girpel Ltda. y Yepes Salazar
José Arcesio, prueba que afirmó resultaba relevante para determinar si la prestación
reclamada ante Colpensiones constituía o no una doble asignación proveniente del tesoro
público.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

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Demandante: Hernán Ortiz Gómez

No obstante, la Sala advierte que se trata de un argumento nuevo que el actor no expuso
en el proceso ordinario y, por lo tanto, no cumple el requisito de relevancia constitucional
y la Sala no está habilitada para pronunciarse al respecto.

Como se vio, el demandante en su recurso de apelación manifestó que los recursos
administrados por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, no son
considerados del tesoro público por ser parafiscales y que la prohibición contenida en el
artículo 128 de la Constitución y desarrollada por la Ley 4 de 1992 no le era aplicable
dado que, una vez efectuados los aportes por parte del trabajador y empleados, éstos
adquieren la naturaleza de recursos parafiscales; además, que el artículo 6 de la Ley 60
de 1993 estableció la compatibilidad entre pensiones y las prestaciones establecidas por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Adicionalmente, destacó que cumplió con todos los requisitos previstos por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985 por lo que debía reconocerse la
prestación solicitada; sin embargo, no hizo reparo alguno frente a la valoración probatoria
de la historia laboral que hizo el juez de primera instancia ni se refirió a los tiempos que
aparecen en su historia laboral cotizados por empleadores privados para que fueran
estudiados por el juez de segunda instancia, máxime si se tiene en cuenta que el juzgador
de primera instancia negó las pretensiones de la demanda luego de considerar que la
prestación solicitada era incompatible con la pensión de jubilación reconocida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por los servicios que el
accionante prestó en el sector público, en la Institución Educativa el Salvador – Medellín
dado que las cotizaciones provenían del <<tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tengan parte mayoritaria el Estado.>>

En ese orden, la Sala debe señalar que la acción de tutela contra providencias judiciales
no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar,
mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la
solicitud de amparo, por incumplir el requisito de relevancia constitucional. Con mayor
razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la
sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones, conforme a la parte motiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03957-00
Demandante: Hernán Ortiz Gómez

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5

5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,

a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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