Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03957-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03957 01
Accionante: Hernán Ortiz Gómez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 23 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Hernán Ortiz Gómez, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela
en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
Pretensión principal
1. Amparar los derechos fundamentales del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, seguridad social,
igualdad, mínimo vital y vida digna, vulnerados con ocasión de la sentencia judicial
cuestionada.
2. Dejar sin efectos la sentencia de fecha 29 de abril de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 05001-23-33-000-2016-00180-01 (0944 2021), por
vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad social del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ.
3. Ordenar al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, o a la autoridad judicial que corresponda, que profiera
una nueva sentencia en la cual valore de manera integral, expresa y suficiente la
historia laboral del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ, especialmente las 333.29
semanas cotizadas a través de empleadores privados, correspondientes a
GIRPEL LTDA. y YEPES SALAZAR JOSÉ ARCESIO, siempre que dicha prueba
obre en el expediente o haya sido oportunamente allegada al proceso.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03957 00.
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4. Ordenar que en la nueva decisión se analice de manera expresa si las semanas
cotizadas con empleadores privados inciden en la compatibilidad entre la pensión
de jubilación reconocida por el FOMAG y la prestación solicitada ante
Colpensiones, teniendo en cuenta la fuente de financiación de dichos aportes y su
posible incidencia en el reconocimiento pensional reclamado.
Pretensiones subsidiarias
5. Subsidiariamente, ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, o a la autoridad judicial que
corresponda, que complemente, rehaga o emita nuevamente el análisis probatorio
y jurídico relativo a la fuente de financiación de los aportes efectuados a
Colpensiones, diferenciando expresamente entre aportes provenientes del sector
público y aportes provenientes del sector privado.
6. Ordenar que, en la nueva decisión, se estudie si con fundamento en los aportes
privados acreditados en la historia laboral del señor HERNÁN ORTIZ GÓMEZ,
procede el reconocimiento de una prestación pensional compatible con la pensión
de jubilación reconocida por el FOMAG, o, en su defecto, una prestación derivada
exclusivamente de dichos aportes privados.
7. Ordenar a Colpensiones, en caso de ser vinculada al trámite constitucional y
siempre que así lo determine la autoridad judicial competente en la nueva decisión,
efectuar el estudio prestacional correspondiente con base en las semanas
privadas que se encuentren debidamente acreditadas. [Mayúscula y negrilla del
escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que se vinculó como docente de tiempo completo de la Facultad
de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid desde el 23 de noviembre de 1987.
Señaló que, de acuerdo con la historia laboral expedida por Colpensiones con corte al 13
de mayo de 2014, dicha institución efectuó cotizaciones a su nombre entre el 1 de julio
de 1995 y el 31 de marzo de 2014.
Asimismo, indicó que en la historia laboral emitida por Colpensiones el 19 de mayo de
2026 figuraban aportes realizados por empleadores del sector privado, concretamente
por Girpel Ltda., entre el 20 de febrero de 1975 y el 1 de diciembre de 1978, así como
entre el 19 de febrero y el 30 de noviembre de 1979; y por José Arcesio Yepes Salazar,
entre el 5 de marzo de 1980 y el 31 de diciembre de 1981.
Expuso que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
mediante la Resolución núm. 35548 del 17 de marzo de 2005, le reconoció una pensión
especial vitalicia de jubilación con fundamento en la Ley 71 de 1988, efectiva desde el 19
de septiembre de 2004 y supeditada a su retiro definitivo del servicio.
Relató que solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, petición que fue negada mediante la Resolución núm.
GNR 14171 del 22 de enero de 2015.
Posteriormente, promovió la revocatoria de dicha decisión y requirió el reconocimiento de
una pensión de vejez al amparo de la Ley 33 de 1985; sin embargo, la entidad rechazó
la solicitud mediante la Resolución núm. GNR 262117 del 28 de agosto de 2015, al
considerar que ya era beneficiario de una prestación pensional reconocida por el FOMAG.
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Esta determinación fue confirmada a través de la Resolución núm. VPB 68939 del 4 de
noviembre de 2015.
Manifestó que el 16 de diciembre de 2015 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad de las
resoluciones antes mencionadas y, como consecuencia, el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985, al estimar que era beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
El proceso se tramitó bajo el radicado núm. 05001-23-33-000-2016-00180-00 ante la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 9 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción de
incompatibilidad pensional y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Explicó que el tribunal concluyó que las cotizaciones reflejadas en el reporte de semanas
aportado al proceso provenían del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, entidad
universitaria pública adscrita al departamento de Antioquia. Con fundamento en ello,
determinó que la pensión reclamada ante Colpensiones era incompatible con la
prestación reconocida por el FOMAG por los servicios prestados en la Institución
Educativa El Salvador de Medellín, en tanto ambas se financiaban con recursos de origen
público o provenientes de entidades con participación estatal mayoritaria.
Frente a esa decisión, interpuso recurso de apelación y sostuvo que los recursos
administrados por el entonces Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) tienen
naturaleza parafiscal y, por ende, no pueden asimilarse a recursos del tesoro público.
Añadió que la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política y
desarrollada por la Ley 4 de 1992 no era aplicable a su situación, dado que los aportes
efectuados por trabajadores y empleadores adquieren carácter parafiscal una vez
ingresan al sistema. Igualmente, argumentó que el ordenamiento jurídico admite la
compatibilidad entre ciertas prestaciones reconocidas a los docentes y las pensiones
otorgadas por el FOMAG, por lo que insistió en que reunía los requisitos exigidos por la
Ley 33 de 1985 y por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
del 29 de abril de 2026, confirmó íntegramente la decisión de primera instancia al
considerar que las cotizaciones efectuadas durante su vinculación al Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid tenían origen en el sector público y que, aunque los
recursos administrados por Colpensiones poseen naturaleza parafiscal, forman parte del
Sistema General de Seguridad Social.
Asimismo, sostuvo que la incompatibilidad advertida no obedecía a la existencia de una
pensión previamente reconocida, sino al carácter público de los aportes que financiaban
la prestación reclamada. En consecuencia, concluyó que acceder al reconocimiento
solicitado implicaría desconocer la prohibición constitucional de percibir simultáneamente
dos asignaciones provenientes del tesoro público, dado que el actor ya disfrutaba de una
pensión reconocida por el FOMAG.
Como sustento de la acción de tutela, afirmó que se encontraban acreditados los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En
relación con el fondo del asunto, alegó la configuración de un defecto fáctico, al
considerar que la autoridad judicial accionada omitió valorar de manera integral su historia
laboral, especialmente las 333,29 semanas cotizadas a través de empleadores privados
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(Girpel Ltda. y José Arcesio Yepes Salazar), elemento que estimó determinante para
establecer si la prestación solicitada ante Colpensiones constituía o no una doble
asignación proveniente del tesoro público.
Finalmente, sostuvo que la propia sentencia cuestionada reconoció que la conclusión
habría sido diferente si los aportes hubiesen tenido origen en el sector privado,
circunstancia que, a su juicio, se encontraba plenamente acreditada dentro del
expediente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Cuarta de esta Corporación que, por auto del 2 de junio de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, como autoridad judicial
accionada y vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia y a Colpensiones como
terceros con interés.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegara copia
digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm.
05001-23-33-000-2016-00180-00/01.
3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia presentó informe5 en el que sostuvo que la
providencia cuestionada fue proferida con observancia del marco normativo vigente y de
los criterios jurisprudenciales aplicables al caso. Asimismo, señaló que los argumentos
planteados en la acción de tutela corresponden a planteamientos nuevos que no fueron
sometidos a consideración durante el trámite ordinario, razón por la cual no pudieron ser
objeto de análisis previo.
De igual manera, afirmó que la decisión se sustentó en una valoración integral, razonada
y suficiente del acervo probatorio, efectuada conforme a las reglas de la sana crítica. En
ese sentido, descartó la existencia de omisiones probatorias relevantes o de actuaciones
arbitrarias en la adopción de las decisiones cuestionadas.
3.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, allegó informe 6 en el que
solicitó negar el amparo al considerar que la sentencia objeto de reproche no incurrió en
el defecto fáctico alegado.
Explicó que dicho defecto solo se configura cuando la prueba presuntamente omitida
tiene la entidad suficiente para modificar el sentido de la decisión adoptada, circunstancia
que no se presentaba en el caso concreto.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03957 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03957 00.
4 Esta orden se cumplió el 21 de mayo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03957 00.
5 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03957 00.
6
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000
2026 03957 00.
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Accionante: Hernán Ortiz Gómez
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Al respecto, indicó que la pretensión principal de la demanda consistía en obtener el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985,
régimen aplicable a los servidores públicos, por lo que resultaban determinantes los
tiempos de servicio prestados en el sector público.
En ese contexto, señaló que las semanas cotizadas por el accionante en el sector privado
equivalían aproximadamente a 6,4 años de servicio, circunstancia que no alteraba las
conclusiones relacionadas con la incompatibilidad entre la prestación reclamada y la
pensión previamente reconocida, dado que no modificaba el origen público de los aportes
efectuados durante su vinculación al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
De otra parte, sostuvo que, aun en el evento de considerarse que la sentencia omitió
pronunciarse sobre algún aspecto debatido en el proceso, la parte actora contaba con la
posibilidad de solicitar su adicción, conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley
1564 de 2012. Finalmente, destacó que la valoración de los tiempos cotizados en el
sector privado no fue cuestionada por el demandante en el recurso de apelación.
3.4. Colpensiones7 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al
considerar que no se configuró ninguna vulneración de los derechos fundamentales
invocados ni se acreditó la existencia de los defectos atribuidos a las providencias
cuestionadas. En ese sentido, sostuvo que el mecanismo de amparo no puede utilizarse
como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto por los jueces
naturales de la causa.
Asimismo, pidió ser desvinculada del trámite, al estimar que no tiene a su cargo el
cumplimiento de una eventual orden de tutela que llegare a impartirse en el presente
asunto.
3.5. El accionante8 se pronunció sobre el informe rendido por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, para reiterar las pretensiones formuladas en la acción
de tutela. Sostuvo que las 333,29 semanas cotizadas mediante empleadores privados
constituyen un elemento probatorio relevante para analizar la compatibilidad pensional,
la fuente de financiación de las prestaciones involucradas y la procedencia de la pensión
reclamada ante Colpensiones.
Asimismo, señaló que, aunque la autoridad judicial accionada afirmó que la valoración de
los tiempos cotizados en el sector privado no fue objeto de cuestionamiento en el recurso
de apelación, el debate relativo a la compatibilidad entre las prestaciones pensionales, al
origen de los recursos que las financian y a la naturaleza de los aportes efectuados al
régimen de prima media constituyó el eje central de la controversia judicial. En ese
contexto, sostuvo que la historia laboral aportada al proceso era una prueba determinante
que debía ser apreciada de manera integral.
Finalmente, adujo que la sentencia cuestionada utilizó dicha historia laboral para
examinar los aportes realizados durante su vinculación al Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, pero omitió valorar los aportes efectuados por empleadores privados que
también figuraban en ese mismo documento. A su juicio, esa valoración fragmentaria del
material probatorio configura el defecto fáctico invocado en la solicitud de amparo.
7 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de julio de 20269,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito general de
relevancia constitucional.
Para sustentar su decisión, señaló que el accionante atribuyó a la sentencia del 29 de
abril de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esa corporación, la
configuración de un defecto fáctico por la supuesta omisión en la valoración integral de
su historia laboral, particularmente respecto de las 333,29 semanas cotizadas mediante
empleadores privados (Girpel Ltda. y José Arcesio Yepes Salazar). Según el actor, dicha
prueba resultaba determinante para establecer si la prestación reclamada ante
Colpensiones constituía o no una doble asignación proveniente del tesoro público.
No obstante, la Sala concluyó que ese planteamiento constituía un argumento novedoso
que no fue propuesto dentro del proceso ordinario, razón por la cual no satisfacía el
requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales. En consecuencia, precisó que no estaba habilitada para
pronunciarse sobre ese aspecto.
Al respecto, destacó que en el recurso de apelación el demandante centró su
inconformidad en sostener que los recursos administrados por el entonces Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones) tienen naturaleza parafiscal y, por ende, no pueden
considerarse recursos del tesoro público. Asimismo, argumentó que la prohibición
prevista en el artículo 128 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 4 de 1992,
no resultaba aplicable a su situación, dado que los aportes efectuados por trabajadores
y empleadores adquieren carácter parafiscal una vez ingresan al sistema.
Igualmente, invocó la compatibilidad entre determinadas prestaciones y las reconocidas
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 y en el régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, advirtió que el actor no cuestionó la valoración probatoria realizada por el
juez de primera instancia ni planteó reparo alguno respecto de los periodos cotizados a
través de empleadores privados que figuraban en su historia laboral. Tampoco solicitó
que dichos aportes fueran objeto de análisis en segunda instancia, pese a que la decisión
apelada había negado las pretensiones al concluir que la prestación reclamada era
incompatible con la pensión de jubilación reconocida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por los servicios prestados en el sector público.
Con fundamento en lo anterior, la Sala reiteró que la acción de tutela contra providencias
judiciales no constituye un mecanismo destinado a introducir, complementar o reformular
argumentos que las partes omitieron plantear ante el juez natural del proceso. Por ello,
consideró suficiente el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional para
declarar improcedente la solicitud de amparo.
Finalmente, resaltó que la providencia cuestionada había sido proferida por el órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que impone un
análisis aún más riguroso de los requisitos de procedencia de la tutela, de conformidad
9 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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con los criterios fijados por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-398 de
2017.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el accionante la impugnó10 al
considerar que, en primer lugar, la Sección Cuarta incurrió en un error al equiparar la
presunta omisión en la valoración probatoria con la formulación de un argumento nuevo.
Explicó que la historia laboral expedida por Colpensiones, en la que constan las 333,29
semanas cotizadas mediante empleadores privados, no constituye un elemento
probatorio incorporado por primera vez en sede de tutela, sino el mismo documento que
fue valorado por la autoridad judicial accionada para concluir que los aportes efectuados
al régimen de prima media provenían del sector público.
En su criterio, la irregularidad alegada no radica en la falta de consideración de una
prueba nueva, sino en la valoración parcial de una prueba que ya obraba en el
expediente, pues la sentencia cuestionada examinó únicamente los aportes reportados
por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y omitió pronunciarse sobre aquellos
efectuados por Girpel Ltda. y José Arcesio Yepes Salazar, pese a que todos figuraban
en el mismo documento.
En ese sentido, afirmó que la tutela no pretende introducir un debate jurídico distinto ni
promover la valoración de elementos probatorios ajenos al proceso ordinario, sino
verificar si el juez natural cumplió su deber de apreciar integralmente la prueba que utilizó
como fundamento de su decisión. Agregó que exigir a las partes la reiteración expresa
de cada uno de los datos contenidos en una prueba regularmente incorporada al
expediente desconoce el deber judicial de valorar de manera completa el acervo
probatorio y desnaturaliza las reglas que gobiernan la actividad probatoria.
En segundo lugar, sostuvo que durante el trámite del recurso de apelación sí controvirtió
el aspecto central de la controversia, relacionado con la fuente de financiación de los
aportes y su incidencia en la compatibilidad pensional. Precisó que cuestionó la tesis
según la cual las cotizaciones al régimen de prima media tenían origen público, para lo
cual argumentó la naturaleza parafiscal de los recursos administrados por Colpensiones
y la compatibilidad prevista en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 entre determinadas
prestaciones pensionales y las reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Por ello, consideró que la referencia específica a las semanas cotizadas mediante
empleadores privados no introduce una discusión novedosa, sino que constituye una
precisión dentro del mismo debate jurídico que ya había sido planteado ante el juez
ordinario.
Asimismo, destacó que la propia sentencia cuestionada reconoció que la conclusión
podría variar si los aportes hubiesen provenido de empleadores privados, circunstancia
que, a su juicio, evidencia la relevancia de las cotizaciones cuya valoración echa de
menos.
De manera subsidiaria, argumentó que, aun si se considerara que el cuestionamiento
relativo a las semanas de origen privado no fue formulado con suficiente precisión en la
10 Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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apelación, el análisis del requisito de relevancia constitucional debía flexibilizarse en
atención a la naturaleza pensional de la controversia y a sus condiciones personales.
Sobre este punto, invocó la jurisprudencia constitucional que reconoce una protección
reforzada a las personas adultas mayores en asuntos relacionados con el acceso a
prestaciones de seguridad social.
Indicó que actualmente tiene 71 años y que padece diversas patologías neurológicas
debidamente acreditadas, derivadas de un accidente cerebrovascular isquémico sufrido
en 2021 y de un síndrome de Guillain-Barré diagnosticado en 2023, además de secuelas
que incluyen discapacidad física y epilepsia estructural. Afirmó que estas circunstancias
evidencian su condición de sujeto de especial protección constitucional y ameritan un
examen reforzado de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
De igual manera, resaltó que la sentencia impugnada no cuestionó el cumplimiento de
los demás criterios de relevancia constitucional fijados por la jurisprudencia para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, sino únicamente el
relacionado con la introducción de argumentos novedosos. Por ello, estimó que la
controversia en segunda instancia se circunscribe a ese único aspecto.
Finalmente, reiteró la solicitud probatoria formulada desde la presentación de la tutela,
consistente en requerir al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y/o al
Tribunal Administrativo de Antioquia para que remitan copia digital o permitan el acceso
al expediente completo del proceso ordinario identificado con el radicado No. 05001-23-
33-000-2016-00180-00/01 (0944-2021).
Afirmó que dicha prueba resulta necesaria para verificar la forma en que la historia laboral
expedida por Colpensiones fue incorporada, debatida y valorada durante el trámite
judicial, así como para establecer si el cuestionamiento relacionado con el origen privado
de algunas cotizaciones se encontraba comprendido dentro de la controversia planteada
ante la jurisdicción ordinaria.
5.2. Por auto proferido el 11 de agosto de 2026 se concedió la impugnación11 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 4 de agosto de 202612.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 13, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
11 Visto en el índice 59 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03957 00.
12 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 0395701.
13 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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de 201514, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
6.2.1. El señor Hernán Ortiz Gómez promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el propósito de obtener la nulidad
de las Resoluciones núms. GNR 262117 del 28 de agosto de 2015 y VPB 68939 del 4 de
noviembre de 2015.
A título de reconocimiento de derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez de carácter vitalicio, así como el correspondiente retroactivo por concepto de
mesadas pensionales ordinarias y adicionales causadas desde la fecha en que adquirió
el estatus pensional.
6.2.2. El conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad que, mediante sentencia del 9 de diciembre de
2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó al actor al pago de costas y
agencias en derecho.
Para sustentar su decisión, concluyó que los aportes tenidos en cuenta para el
reconocimiento de la prestación provenían del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, institución universitaria pública del orden departamental, por lo que la pensión
reclamada resultaba incompatible con la ya reconocida, en tanto ambas se financiaban
con recursos de origen público.
6.2.3. Inconforme con esa determinación, el demandante interpuso recurso de apelación,
en el que sostuvo que los recursos administrados por Colpensiones tienen naturaleza
parafiscal y, por ende, no pueden considerarse recursos del tesoro público. El
conocimiento de la segunda instancia correspondió al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que mediante sentencia del 29 de abril de 2026 confirmó
íntegramente la decisión de primera instancia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
14 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
15 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
17 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 05001-23-33-000-2016-00180-
00/01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03957 01
Accionante: Hernán Ortiz Gómez
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
6.3.1. Incumplimiento del requisito previsto en el literal e) de la sentencia C-590 de
2005
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
(…) e. que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible” y que se
trata de una exigencia comprensible, pues la parte actora debe tener “claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
En el presente asunto, la Sala advierte que dicho requisito no se satisface respecto de
algunos de los cargos en los que se sustenta la solicitud de amparo.
En efecto, aunque el accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, de su contenido no se desprende que hubiera cuestionado la valoración de su
historia laboral por la presunta omisión de las 333,29 semanas cotizadas mediante
empleadores privados, ni que hubiera alegado que tales aportes resultaban
determinantes para definir la compatibilidad entre la pensión reclamada ante
Colpensiones y la previamente reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Por el contrario, los argumentos expuestos en la apelación estuvieron dirigidos a sostener
que los recursos administrados por Colpensiones tienen naturaleza parafiscal y, por
ende, no constituyen recursos del tesoro público; que la prohibición prevista en el artículo
128 de la Constitución Política no resultaba aplicable a su situación; y que cumplía los
requisitos para acceder a la prestación solicitada. Sin embargo, no planteó reparo alguno
frente a la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia ni puso de
presente la incidencia que, según ahora sostiene, tenían las cotizaciones efectuadas por
empleadores privados dentro del análisis de compatibilidad pensional.
Tales cuestionamientos no fueron sometidos oportunamente al conocimiento del juez
ordinario, pese a que el accionante contaba con los mecanismos procesales idóneos para
hacerlo. En consecuencia, no resulta admisible que la acción de tutela sea utilizada para
introducir cargos novedosos que no fueron planteados dentro del proceso judicial en el
que presuntamente se produjo la vulneración de los derechos fundamentales.
Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se satisface el requisito
general de procedibilidad previsto en el literal e) de la sentencia C-590 de 2005, relativo
a que la vulneración alegada hubiese sido puesta de presente dentro del proceso judicial
siempre que ello hubiere sido posible.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 23 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela,
pero por la causal aquí expuesta.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03957 01
Accionante: Hernán Ortiz Gómez
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2026 proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 17 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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