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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05312-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05312-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Luz María Muñoz de Arce, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05312-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05312 00
Accionante: Luz María Muñoz de Arce
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Luz María Muñoz de Arce en
contra de la providencia dictada el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado núm. 76001 33 33 014 2023 00141 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Luz María Muñoz de Arce, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Se reconozca el derecho fundamental mío AL DEBIDO PROCESO, DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y A LA IGUALDAD al cual
tengo derecho en virtud de los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.

2. Se ordene al accionado una aplicación, objetiva, racional y CONGRUENTE del
artículo 286 del CGP, al momento de decidir la corrección o tome las medidas
necesarias, para ajustar el nombre de la suscrita beneficiaria de la sentencia
condenatoria, inscribiéndolo adecuadamente como LUZ MARIA MUÑOZ DE
ARCE. (Mayúsculas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar, con el
propósito de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Cali, autoridad judicial que, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025, declaró la
nulidad parcial de la Resolución núm. 2195 del 30 de octubre de 2003, por medio de la
cual se reconoció la pensión de jubilación de la demandante sin incluir las partidas
correspondientes a las primas de actividad, servicios y Navidad previstas en el Decreto

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 05312 00.

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Accionante: Luz María Muñoz de Arce
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

1214 de 1990. Asimismo, declaró la nulidad del Oficio núm. 0122025762302 del 19 de
mayo de 2022, mediante el cual la entidad demandada negó la solicitud de
reconocimiento, reliquidación y pago de la prestación pensional.

Inconforme con esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27 de marzo de 2026,
la confirmó.

La accionante relató que el citado tribunal consignó equivocadamente su nombre en la
sentencia, comoquiera que en el encabezado y en la parte motiva se consignó el nombre
de “Luz Marina” y su nombre es Luz María.

Por esa razón, el 7 de mayo de 2026, solicitó la corrección de la sentencia con
fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso argumentando que se
trataba de un error de digitación susceptible de ser corregido en cualquier tiempo, de
oficio o a petición de parte.

Señaló que, mediante auto del 22 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó la anterior solicitud. Al respecto, indicó que, si bien reconoció que en la
parte motiva se incurrió en un error respecto del nombre de la demandante, consideró
que la equivocación no aparecía en la parte resolutiva y que, por tanto, no impedía el
cumplimiento de la orden judicial.

La accionante sostuvo que esa decisión vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, afirmó que la
equivocación en la identificación de la beneficiaria podría dificultar la ejecución de la
sentencia.

Finalmente, reprochó que la autoridad judicial hubiera aplicado restrictivamente las
normas sobre corrección de providencias, sin atender a la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 10 de julio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 14 de julio de 20263 admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 76001 33 33 014 2023 00141 00/01, el cual fue remitido5.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05312 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05312 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de julio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05312 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05312 00.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pese a haber allegado el expediente
solicitado, no se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la acción de tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 6 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:

4.2.1. La señora Luz María Muñoz de Arce, por conducto de apoderada judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Dirección General de Sanidad Militar, con el propósito de obtener la
reliquidación de su pensión de jubilación.

4.2.2. El proceso correspondió al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali,
autoridad que, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27 de
marzo de 2026, la confirmó.

4.2.4. El 7 de mayo de 2026, la parte demandante solicitó la corrección de su nombre en
la sentencia de segunda instancia.

4.2.5. Por auto del 22 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la anterior solicitud, al considerar que el error únicamente aparecía en la parte
motiva y no impedía el cumplimiento de la decisión.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
7 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
8 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
9 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10 Lo que se desprende del expediente del proceso con el radicado núm. 76001 33 33 014 2023 00141

00/01. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 05312 00.
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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades11:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 12. De manera

11 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
12 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.

En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como:

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[…] el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a
los particulares”13 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho
que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro
derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo
cual se le quita su esencia fundamental […]14.

Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la accionante
invocó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
información pública, con ocasión de la providencia del 22 de mayo de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001 33 33 014 2023
00141 00/01, mediante la cual se negó la solicitud de corrección de la sentencia de
segunda instancia dictada en el citado proceso.

En ese sentido, la Sala advierte que, en los términos en que se presentó la acción de
tutela, la actora no cumplió con la exigencia de explicar los motivos por los cuales la
providencia acusada vulnera la faceta constitucional de los derechos fundamentales
invocados como trasgredidos, puesto que no identificó cuál de las garantías que
componen el núcleo esencial de cada derecho resulta amenazada por la providencia que
controvierte, ni de lo expuesto se advierte prima facie que, en este caso, el auto
reprochado comprometa o involucre el contenido de estos derechos fundamentales, por
lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.

Por lo anterior, la Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no
se cumple frente a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia.

4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)15. (Se
destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado

13 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate relacionado con la corrección de la sentencia del 27 de marzo de 2026 proferida
por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca e insistir en que el error cometido en el
nombre de la demandante puede afectar la ejecución de la sentencia y que, por tanto,
debía ser corregido con fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso;
sin embargo, esta cuestión ya fue analizada y decidida por el tribunal accionado mediante
auto del 22 de mayo de 2026.

Al respecto, la autoridad judicial accionada expuso lo siguiente:

De conformidad a lo expuesto en el presente asunto, se aprecia que la parte actora
presentó solicitud de corrección de sentencia, por error en el nombre de la
demandante, en la parte motiva de la sentencia y en la parte inicial de la sentencia.

En este sentido, se tiene que efectivamente el nombre correcto de la demandante
es Luz María Muñoz de Arce, información corroborada con la cédula de ciudadanía
allegada al plenario.

En efecto se avizora que en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia
se precisó que el nombre de la parte demandante era Luz Marina Muñoz de Arce,
no obstante, se tiene que el error en el nombre, no se encuentra contenido en la
parte resolutiva de la sentencia, pues en ella se dispuso:

“Primero: Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2025, proferida
por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali. (…)”

Y si bien, se encuentra contenida en la parte motiva de la sentencia dicho error no
influye en lo contenido en la parte resolutiva de la misma, pues como ya se dispuso
en la sentencia se dispuso confirmar el proveído de primera instancia.

Por lo anterior, se tiene que, si bien se incurrió en un error en el nombre de la parte
actora, este no se encuentra consignado en la parte resolutiva de la sentencia, y
tampoco se avizora que exista una contradicción que imposibilite el cumplimiento
de la orden judicial, por haberse dispuesto en la parte motiva un error en el
nombre.

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De conformidad a ello, en aplicación del artículo 286 del CGP, se negará la
solicitud de corrección presentada por la apoderada de la parte demandante
respecto a corregir el nombre de la parte actora consignado en la parte motiva de
la sentencia.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela pretende reabrir el debate
relacionado con la solicitud de corrección de la sentencia del 27 de marzo de 2026, pues
la inconformidad de la parte actora se dirige a cuestionar la interpretación efectuada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto del artículo 286 del Código
General del Proceso.

En efecto, la accionante insiste en que el error consignado en su nombre podría afectar
el cumplimiento de la providencia y que, por tanto, debía ser corregido, pese a que la
equivocación únicamente aparecía en la parte motiva de la sentencia.

Sin embargo, dicha cuestión fue analizada por la autoridad judicial accionada en el auto
acusado en el cual se reconoció que, si bien el nombre correcto de la demandante era
Luz María Muñoz de Arce, el error se presentó en la parte motiva de la sentencia, y no
en la resolutiva, en la que se dispuso confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2025,
proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali, por lo que no se
generaba contradicción alguna que imposibilitara el cumplimiento de la orden judicial.

Así las cosas, la solicitud de amparo no evidencia una controversia de relevancia
constitucional, sino una discrepancia frente a la interpretación adoptada por el juez
natural sobre la del artículo 286 del Código General del Proceso y la procedencia de la
corrección solicitada. Por lo tanto, no le corresponde al juez de tutela sustituir dicha
valoración ni convertir la acción constitucional en una instancia adicional.

Por lo anterior, sin que sea necesario descender a otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Luz María Muñoz de Arce, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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