Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05882-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05882-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05882-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 05882 00
Accionante: Piedad Mercedes Beltrán Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Piedad Mercedes Beltrán
Vargas, en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ocasión de la
sentencia proferida por dicha autoridad judicial el 15 de abril de 2026, en el proceso
disciplinario identificado con el radicado núm. 41001 11 02 000 2020 00292 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Piedad Mercedes Beltrán Vargas, actuando a través de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo
en condiciones dignas y justas, a la estabilidad laboral reforzada derivada del fuero
de protección por acoso laboral, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, de la señora PIEDAD MERCEDES BELTRÁN VARGAS, presuntamente
vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión de la
sentencia proferida el 15 de abril de 2026, dentro del proceso disciplinario radicado
bajo el número 410011102000 2020 00292 01.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 15 de abril de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en cuanto confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia y
desestimó la vulneración del fuero de protección consagrado en el artículo 11 de
la Ley 1010 de 2006.
TERCERA: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro
del término que el señor Juez estime pertinente, profiera una nueva sentencia de
segunda instancia dentro del proceso disciplinario de la referencia, en la cual
tenga por probado el acoso laboral, y para ello: (i) valore de manera integral el
acervo probatorio relacionado con la notificación efectiva de la Resolución No. 010
del 14 de abril de 2020 y los canales de comunicación alternativos existentes con
la accionante; (ii) valore de manera integral el trato comparativo dispensado a la
accionante frente a sus demás compañeros de trabajo; (iii) aplique de manera
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05882 00.
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consistente el estándar de distribución de la carga probatoria en materia de fuero
de protección por acoso laboral fijado por la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y (iv) se pronuncie expresamente sobre
el precedente contenido en la sentencia T-149 de 2013 de la Corte Constitucional,
invocado en el recurso de apelación oportunamente sustentado.
CUARTA (subsidiaria): En caso de no acceder a las pretensiones anteriores, se
solicita al señor Juez adoptar las medidas que, en su criterio, resulten idóneas y
necesarias para la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados
en la presente acción.
QUINTA: ORDENAR las notificaciones correspondientes conforme a lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes. (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que se desempeñó como citadora del Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Altamira, Huila, cuya titular era la juez Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez.
Manifestó que el 13 de enero de 2020 inició una licencia no remunerada, circunstancia
que ocasionó la inactivación de su usuario en el aplicativo Justicia XXI.
Posteriormente, el 25 de marzo de 2020, mientras se encontraba en México y ante el
cierre de fronteras derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, solicitó la
terminación de la licencia no remunerada con el propósito de reintegrarse a sus labores
de manera remota.
Una vez aceptada dicha solicitud, el 13 de abril de 2020 requirió a la titular del despacho
instrucciones, claves de acceso y las demás herramientas necesarias para cumplir sus
funciones.
Relató que, al día siguiente, esto es el 14 de abril de 2020, mediante la Resolución núm.
010 del 14 de abril de 2020, la jueza Giraldo Rodríguez asignó las funciones que debían
desarrollar los empleados del juzgado durante el trabajo remoto.
Sostuvo que dicha resolución fue remitida a una cuenta de correo electrónico que
previamente había informado que se encontraba bloqueada, pese a que el despacho
contaba con otros canales de comunicación funcionales y conocidos, entre ellos su
número de teléfono y de WhatsApp.
Asimismo, señaló que, entre abril y agosto de 2020, remitió varias comunicaciones a la
titular y a la secretaria del juzgado, con el fin de obtener acceso a la plataforma Tyba, a
los correos institucionales y recibir instrucciones claras sobre las funciones que debía
desarrollar.
Indicó que el 10 de agosto de 2020, la jueza Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez dispuso
la apertura de una indagación preliminar en su contra por el presunto incumplimiento de
sus funciones durante el período comprendido entre el 13 de abril y el 29 de mayo de
2020.
Posteriormente, el 21 de agosto de 2020, la accionante presentó una queja por acoso
laboral contra la titular del despacho ante el Comité de Convivencia Laboral de Neiva.
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Mediante la Resolución núm. 018 del 15 de octubre de 2020, la jueza Giraldo Rodríguez
declaró insubsistente el nombramiento de la señora Beltrán Vargas en el cargo de
citadora, decisión que, según aseveró, fue adoptada dentro de los seis meses siguientes
a la presentación de la queja por acoso laboral y que, en su motivación, se hizo una
referencia considerable a dicha reclamación, por encima de los presuntos
incumplimientos funcionales que habrían servido de fundamento para su desvinculación.
Anotó que el Comité de Convivencia Laboral de Neiva remitió la queja presentada a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, actuación que dio origen al proceso
disciplinario adelantado contra la jueza Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez.
En desarrollo de dicho trámite, mediante auto del 29 de febrero de 2024 se formularon
cargos contra la funcionaria judicial por la presunta comisión de la falta gravísima prevista
en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos
2 y 7 de la Ley 1010 de 2006 y con la garantía prevista en el artículo 11 de esa normativa.
Expuso que, mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Huila absolvió a la jueza Giraldo Rodríguez de los cargos
formulados. La decisión fue notificada al apoderado de la accionante mediante correo
electrónico del 17 de junio de 2025.
Inconforme con esa determinación, el 4 de julio de 2025 el apoderado de la señora Beltrán
Vargas interpuso recurso de apelación. En dicho escrito cuestionó la interpretación de la
normativa relacionada con el acoso laboral y el fuero de protección, así como la
valoración probatoria efectuada respecto de la comunicación de las funciones asignadas
a la accionante.
También controvirtió el análisis realizado frente a las condiciones en las que la señora
Beltrán Vargas debía desarrollar sus labores durante la emergencia sanitaria, la
valoración de las pruebas testimoniales y documentales, el presunto trato diferenciado
frente a los demás empleados del juzgado y la falta de aplicación, a su juicio, de los
principios pro persona y de perspectiva de género.
El 18 de julio de 2025, el apoderado remitió un escrito adicional con el propósito de
ampliar los argumentos de la impugnación, el cual fue radicado ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial el 21 de julio siguiente.
Mediante sentencia del 15 de abril de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
declaró extemporáneo dicho escrito ampliatorio y confirmó la decisión absolutoria de
primera instancia.
Para adoptar esa determinación, consideró que las conductas atribuidas a la jueza
Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez no tenían la entidad suficiente para configurar la falta
disciplinaria imputada y que tampoco se encontraba acreditada la vulneración de la
garantía prevista en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.
La accionante señaló que esta última providencia le fue notificada el 14 de julio de 2026
y sostuvo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia.
Como fundamento de la solicitud de amparo, alegó que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial incurrió en defecto sustantivo, porque interpretó de manera restrictiva
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el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 al condicionar la garantía frente a eventuales
represalias derivadas de una queja por acoso laboral a la previa demostración de la
ocurrencia del acoso.
En ese sentido, sostuvo que la autoridad accionada habría invertido la carga probatoria
que, en su criterio, corresponde al nominador o empleador para demostrar que la
desvinculación obedeció a causas objetivas y ajenas a la queja presentada.
También afirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se pronunció sobre la
sentencia T-149 de 2013 de la Corte Constitucional, invocada expresamente en el
recurso de apelación, ni valoró como indicio el contenido de la Resolución núm. 018 del
15 de octubre de 2020, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento.
De igual forma, alegó la configuración de un defecto fáctico, pues consideró que la
autoridad accionada tuvo por acreditado que conoció las funciones asignadas mediante
la Resolución núm. 010 del 14 de abril de 2020, pese a que dicho acto fue remitido a una
cuenta de correo electrónico que, según afirmó, se encontraba bloqueada.
Agregó que no se valoraron integralmente otros medios de comunicación que utilizaba el
despacho, en particular el contacto telefónico y de WhatsApp que mantenía con la
secretaria del juzgado.
Asimismo, reprochó que no se hubiera efectuado un análisis comparativo del trato
recibido por ella frente a los demás empleados del despacho, especialmente respecto de
la forma en que se efectuaban las comunicaciones y del nivel de exigencia relacionado
con el cumplimiento de las funciones asignadas.
En cuanto a la relevancia constitucional, la accionante sostuvo que la controversia no se
circunscribe a una discusión de mera legalidad disciplinaria, pues involucra la presunta
afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones
dignas y justas, a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad.
Respecto de la subsidiariedad, manifestó que la sentencia cuestionada fue proferida en
segunda instancia por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que contra dicha
providencia no procede otro medio de impugnación.
Precisó que, aunque promovió un proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para controvertir la legalidad del acto mediante el cual fue declarada
insubsistente, dicho mecanismo no resulta idóneo para examinar los defectos
constitucionales que atribuye a la sentencia disciplinaria.
Finalmente, frente al requisito de inmediatez, señaló que la sentencia del 15 de abril de
2026 le fue notificada el 14 de julio siguiente y que la acción de tutela fue presentada el
22 de julio de 2026, esto es, ocho días después.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 27 de julio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 30 de julio de 20263 la admitió y ordenó notificar4 a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial como parte accionada; así como vincular a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila y a la señora Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso disciplinario identificado con el radicado núm. 41001 11 02
000 2020 00292 00/01, el cual fue remitido5.
3.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rindió informe6 y solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente, que se negaran las pretensiones,
al considerar que la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
alegados ni vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Sostuvo que los
cuestionamientos formulados pretendían reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto
en el proceso disciplinario y convertir la tutela en una instancia adicional.
Explicó que la providencia del 15 de abril de 2026 identificó los distintos ejes de
inconformidad planteados en el recurso de apelación y agrupó aquellos que compartían
un mismo núcleo problemático, sin que ello implicara una omisión de pronunciamiento.
Agregó que la decisión examinó el contexto excepcional derivado de la pandemia por
COVID-19, las restricciones de movilidad, el trabajo remoto, las dificultades tecnológicas,
las comunicaciones sostenidas entre las partes y las gestiones adelantadas para habilitar
el acceso de la señora Piedad Mercedes Beltrán Vargas a los sistemas institucionales.
Frente al defecto fáctico, afirmó que la comunicación de la Resolución núm. 010 del 14
de abril de 2020 no se tuvo por acreditada exclusivamente por su remisión a una cuenta
de correo electrónico, sino a partir de la valoración conjunta de las comunicaciones, las
instrucciones impartidas por la secretaria del despacho, los requerimientos posteriores,
las solicitudes formuladas por la accionante y las actuaciones relacionadas con el
restablecimiento de sus accesos. Indicó que también fueron valorados el testimonio del
funcionario de soporte tecnológico y los documentos relacionados con las solicitudes de
claves, instrucciones y herramientas para desarrollar las labores de manera remota.
Asimismo, señaló que la sentencia sí examinó los actos que la accionante calificó como
hostiles, discriminatorios y desproporcionados, así como las diferencias en el trato
recibido frente a los demás empleados del juzgado. Sin embargo, concluyó que las
dificultades acreditadas obedecieron a la coyuntura excepcional de la emergencia
sanitaria y a problemas de coordinación interna del despacho, sin que se demostrara un
comportamiento persistente dirigido a hostigar, perseguir o discriminar a la servidora.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05882 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05882 00.
4 Esta orden se cumplió el 4 de agosto de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05882 00.
5 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 05312 00.
6 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05882 00.
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En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la Comisión Nacional sí estudió el alcance del
artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 y concluyó que la garantía allí prevista no opera
automáticamente por la sola presentación de una queja por acoso laboral, sino que exige
verificar si existe un vínculo causal entre esta y la medida de desvinculación. Añadió que
la Resolución núm. 018 de 2020 fue valorada dentro del conjunto probatorio y que la
referencia que dicho acto hizo a la queja por acoso laboral no permitía inferir, por sí
misma, que la declaratoria de insubsistencia hubiera constituido una retaliación.
De igual forma, sostuvo que la falta de mención expresa de la sentencia T-149 de 2013
no configuraba desconocimiento del precedente, pues la obligación de motivación no
exige citar individualmente todas las providencias invocadas por las partes, sino resolver
el problema jurídico con fundamento en las reglas aplicables. También afirmó que sí
abordó el principio pro persona y la perspectiva de género, pero concluyó que no existían
elementos objetivos que permitieran inferir que las actuaciones atribuidas a la
disciplinada obedecieran a estereotipos, prejuicios o discriminación basada en género.
Finalmente, manifestó que la accionante no acreditó una actuación arbitraria o caprichosa
ni una afectación de relevancia constitucional, sino su desacuerdo con la interpretación
jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el juez natural.
3.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial presentó escrito7 en el que señaló que
adelantó el proceso disciplinario contra la jueza Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez con
ocasión de la queja presentada por la señora Piedad Mercedes Beltrán Vargas por
presuntos actos de acoso laboral.
Indicó que, surtidas las etapas de indagación, investigación y juzgamiento, mediante
sentencia del 29 de mayo de 2025 absolvió a la funcionaria judicial de los cargos
formulados. Agregó que dicha decisión fue apelada por la quejosa y confirmada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 15 de abril de 2026.
Sostuvo que durante el trámite se garantizaron el debido proceso, el derecho de defensa,
la contradicción y la doble instancia, pues se practicaron pruebas, se resolvieron las
solicitudes formuladas por las partes y se permitió su intervención en las distintas etapas
del proceso.
Finalmente, consideró que la accionante pretende utilizar la tutela como una nueva
instancia para controvertir una decisión desfavorable a sus intereses, por lo que solicitó
negar el amparo.
3.4. La juez Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05882 00.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:
4.2.1. La señora Piedad Mercedes Beltrán Vargas presentó queja por acoso laboral
contra la juez Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez, titular del Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Altamira, Huila, actuación que dio origen al proceso disciplinario identificado
con el radicado núm. 41001 11 02 000 2020 00292 00/01.
4.2.2. El asunto fue conocido en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Huila, autoridad judicial que, luego de surtir las etapas correspondientes y
formular pliego de cargos mediante auto del 29 de febrero de 2024, profirió sentencia del
29 de mayo de 2025, en la que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: ABSOLVER a la doctora Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez, (…) en
su condición de Juez Única Promiscua Municipal de Altamira, Huila, por la falta
GRAVISIMA imputada a título de DOLO, por el cargo único, con ocasión de la
trasgresión al deber previsto en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de
1996, en concordancia con la Ley 1010 de 2006, artículo 2° en relación a las
modalidades de los literales 1° y 4° de persecución laboral y entorpecimiento
laboral, respectivamente; de igual manera, lo dispuesto en el artículo 7°, literales
i) y j) de la misma norma, agravada según lo previsto en el artículo 4, literales b) y
f) de la norma citada falta, vulnerándose de esa manera la garantía prevista en el
artículo 11, numeral 1° de dicha normatividad.
4.2.3. Contra la anterior decisión, el apoderado de la señora Piedad Mercedes Beltrán
Vargas interpuso recurso de apelación, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
mediante sentencia del 15 de abril de 2026, la confirmó en los siguientes términos:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, a través de la cual se absolvió
de responsabilidad disciplinaria a la doctora Beatriz Yolanda Giraldo Rodríguez de
los cargos formulados en auto del 29 de febrero de 2024, por el presunto
incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley
270 de 1996, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 1010 de 2006, en
relación con las modalidades previstas en los literales 1° y 4° (persecución laboral
y entorpecimiento laboral), así como lo dispuesto en el artículo 7°, literales i) y j)
de la misma normativa, agravada según lo previsto en el artículo 4°, literales b) y
f) ibidem, y por la presunta vulneración de la garantía contemplada en el numeral
1° del artículo 11 de dicha ley, falta calificada provisionalmente como gravísima a
título de dolo.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12 Lo que se desprende del expediente del proceso disciplinario identificado con radicado núm. 41001 11
02 000 2020 00292 00/01.
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4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)15. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
En el presente asunto, se observa que, mediante la solicitud de amparo, la accionante
pretende reabrir el debate adelantado en el proceso disciplinario, pues cuestiona la
interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial al confirmar la absolución de la juez Beatriz Yolanda Giraldo
Rodríguez.
En concreto, alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar que la
autoridad accionada interpretó de manera restrictiva el artículo 11 de la Ley 1010 de
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Piedad Mercedes Beltrán Vargas
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
2006, pues condicionó la aplicación del fuero de protección a la previa acreditación del
acoso laboral. Asimismo, reprochó la falta de pronunciamiento expreso sobre la
sentencia T-149 de 2013 y la valoración de la Resolución núm. 018 del 15 de octubre de
2020, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento.
También planteó un defecto fáctico, relacionado con la valoración de las pruebas sobre
la comunicación de la Resolución núm. 010 del 14 de abril de 2020, las dificultades para
acceder a las herramientas tecnológicas, las condiciones en las que desarrolló sus
funciones durante la emergencia sanitaria y el presunto trato diferenciado frente a los
demás servidores del juzgado.
Al respecto, la Sala advierte que dichos cuestionamientos fueron planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria del 29 de mayo de 2025
y resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la providencia cuestionada.
En efecto, frente al aspecto probatorio, la autoridad accionada examinó las
comunicaciones relacionadas con el reintegro de la señora Piedad Mercedes Beltrán
Vargas, la Resolución núm. 010 del 14 de abril de 2020, las solicitudes de acceso a los
sistemas institucionales, las actuaciones de la secretaria del despacho y del área de
soporte tecnológico, los informes de actividades y las declaraciones recaudadas.
A partir de esos elementos, concluyó que la juez investigada impartió instrucciones y
adelantó gestiones para facilitar el cumplimiento de las funciones de la citadora.
En cuanto a la configuración del acoso laboral, la Comisión Nacional estimó que las
circunstancias acreditadas no reunían las características de reiteración, sistematicidad e
intención hostigadora exigidas por la Ley 1010 de 2006, sino que correspondían a
dificultades de coordinación y adaptación derivadas de la prestación del servicio durante
la pandemia.
Respecto de la garantía prevista en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, reconoció que
la declaratoria de insubsistencia ocurrió dentro de los seis meses siguientes a la
presentación de la queja por acoso laboral. Sin embargo, consideró que dicha protección
no operaba automáticamente, dado que también resultaba necesaria la verificación de
la ocurrencia de las conductas denunciadas, presupuesto que no encontró acreditado.
Además, señaló que la Resolución núm. 018 del 15 de octubre de 2020 estaba
sustentada en actuaciones relacionadas con el seguimiento del cumplimiento de las
funciones de la accionante que eran anteriores a la presentación de la queja por acoso
laboral. Posteriormente, descartó la aplicación de un enfoque diferencial de género, al
no encontrar elementos objetivos que permitieran establecer que las actuaciones
atribuidas a la disciplinada obedecieran a estereotipos, prejuicios o discriminación por
razón del género.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que en el presente asunto no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento
que lo integra, esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir decisiones judiciales. Lo anterior, por cuanto la
controversia planteada está dirigida a obtener una nueva interpretación del artículo 11
de la Ley 1010 de 2006 y una valoración diferente de los elementos de convicción
examinados por la autoridad disciplinaria, asuntos que fueron expresamente abordados
al resolver el recurso de apelación.
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Así las cosas, la inconformidad de la accionante refleja un desacuerdo con el criterio
jurídico y probatorio adoptado por el juez natural, mas no evidencia una actuación
arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable que habilite la intervención excepcional
del juez constitucional.
En ese sentido, no corresponde al juez de tutela efectuar nuevamente el análisis dirigido
a establecer si las conductas atribuidas a la juez configuraron acoso laboral ni sustituir
la valoración efectuada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por aquella
propuesta por la parte actora, pues ello implicaría convertir este mecanismo excepcional
en una instancia adicional.
En consecuencia, sin que resulte necesario descender a otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Piedad Mercedes Beltrán Vargas, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 20 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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