Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00339-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso extraordinario de revisión: causales. Marco normativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00339-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00339-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
14 de febrero de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causales. Marco normativo / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Concepto / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Finalidad
El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación. […] [L]a interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Requisitos
Los requisitos del recurso están previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.; v) poder para su interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.
QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO – Marco normativo / QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO – Objeto
El quorum deliberatorio y decisorio para proferir las sentencias es el conformado por la mayoría de los miembros de las salas, secciones o subsecciones, en este caso de los tribunales administrativos que estarán integrados por no menos de tres magistrados. En el caso en que los magistrados deban separarse del conocimiento del asunto por impedimento o recusación o por cualquier causa legal y el citado quorum se disminuya a la pluralidad mínima se acudirá a la designación de conjueces para aprobar válidamente la sentencia con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, en caso contrario, se configura la causal de nulidad.
PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DEL JUEZ – Concepto / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL JUEZ – Concepto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e indicó que hace parte de las garantías del debido proceso, entre otros, los principios de independencia e imparcialidad del juez o funcionario quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. […] [E]l principio de independencia se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus decisiones no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. […] [A] la presunción de imparcialidad solo se llega en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial procede y juzga con absoluta rectitud; esto es, apartado de designios anticipados o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una de las partes.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal quinta. Nulidad originada en la sentencia / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Quorum para deliberación y toma de decisiones / QUORUM PARA DELIBERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES – Al descontar el voto del magistrado impedido, la decisión queda con dos votos restantes cumpliendo con el requisito de la mayoría absoluta / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Improcedencia pues los demás magistrados fundamentaron su decisión en la normatividad aplicable y pruebas respetando el derecho al debido proceso
En los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que, la causal de revisión no está llamada a prosperar, toda vez que si bien la sentencia recurrida fue suscrita por un magistrado que se encontraba impedido, este solo hecho, per se, no tiene la virtualidad de viciarla de nulidad, por las siguientes razones […] [D]escontando el voto del magistrado impedido, la decisión fue aprobada y suscrita con el voto favorable de los restantes dos magistrados integrantes de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cumpliendo así con el requisito de mayoría absoluta necesario para la deliberación y toma de decisiones jurisdiccionales. Si bien se cuestiona la imparcialidad e independencia del magistrado impedido, dicha situación no se predica de los demás integrantes de la Subsección, toda vez que la sentencia recurrida: i) analizó los argumentos expuestos en los recursos de apelación; ii) se pronunció sobre cada una de las pretensiones de la demanda y iii) confirmó la decisión proferida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá que declaró la nulidad parcial de los actos demandados que habían sido expedidos, entre otros, por el magistrado impedido cuando se desempeñaba como Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República. […] [E]s claro que los demás integrantes de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentaron su decisión con base en la normativa aplicable al caso sub examine y las pruebas aportadas, solicitadas y decretadas dentro del proceso ordinario, respetando de esta manera los derechos al debido proceso sin que se encuentre probado que los magistrados que profirieron la sentencia actuaron con designios anticipados, prevenciones, presiones o influencias ilícitas. Lo considerado supra pone de manifiesto que el recurso extraordinario de revisión interpuesto no tiene vocación de prosperidad y, en esa medida, se declarará su improcedencia.
CONDENA EN COSTAS - Improcedente por no aparecer acreditada su causación
[L]a Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la señora Teresita de Jesús Isaza Dávila, en la medida que si bien se declarará improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.
NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Secciones Primera y Cuarta, de 7 de febrero de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2016-02753-00, C.P. Rocío Araújo Oñate; 7 de junio de 2016, Radicación 11001-03-15-000-2002-00251-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 12 de agosto de 2014, Radicación 11001-03-15-000-2013-02110-00, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; 2 de marzo de 2010, Radicación 11001-03-15-000-2001-00091-01, C.P. Mauricio Torres Cuervo; 3 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-15-000-2009-00494-00, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 14 de agosto de 2018, Radicación 11001-03-15-000-2015-03100-00, C.P. Guillermo Sánchez Luque; 6 de marzo de 2009, Radicación 13001-23-31-000-2007-00803-01, M.P. Mauricio Torres Cuervo; 15 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-0000-2015-00367-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 7 de diciembre de 2018, Radicación 11001-03-14-000-2018-00051-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y 12 de diciembre de 2018, Radicación 25000-23-37-000-2014-01115-01, C.P. Milton Chaves García; Corte Constitucional, C-418 de 1994, M.P. Jorge Arango mejía; C-247 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-341 DE 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; C-600 DE 2011, M.P. María Victoria Calle Correa; y C-157 DE 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 312 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 249 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 251 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 252 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / ACUERDO 55 DE 1999 – ARTÍCULO 13 / LEY 1437 DE 2011 – 308 / LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 40 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 5 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 40 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 54 / CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 8 NUMERAL 1 / PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – ARTÍCULO 14 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00339-00(REV)
Actor: TERESITA DE JESÚS ISAZA DÁVILA
Demandado: NACIÓN - AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión –Ley 1437 de 2011-
Referencia Se decide el recurso de extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de julio de 2012.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la señora Teresita de Jesús Isaza Dávila contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección C en descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de julio de 2012, que confirmó la sentencia proferida el 23 de mayo de 2011 por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Recurso extraordinario de revisión; iii) Consideraciones de la Sala y iv) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La parte demandante, mediante apoderado especial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación- Auditoría General de la República, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Fallo de 29 de septiembre de 2005, expedido por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República, por el cual la declaró responsable fiscalmente por la suma de $ 38. 973.747, en su calidad de Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República.
1.2. Auto de 12 de diciembre de 2005, expedido por el mismo funcionario por el cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión.
1.3. Auto de 26 de enero de 2006 expedido por el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, por el cual se decidió el recurso de apelación, confirmando el fallo de 29 septiembre de 2005.
2. A título de restablecimiento solicitó condenar a la Nación -Auditoría General de la República al pago de la indemnización por los perjuicios materiales y morales causados.
Presupuestos fácticos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
3. La demandante señaló que se desempeñaba como Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República.
4. Indicó que el Contralor General de la República autorizó el pago de horas extras y vacancias correspondientes a algunos funcionarios del nivel operativo, previa a la verificación y ordenación efectuada de manera excepcional por la Gerencia Administrativa y Financiera de dicha entidad, por la imposibilidad de reconocer compensatorios en tiempo o en jornadas de descanso.
5. Manifestó que una vez obtenida la autorización, en su calidad de Gerente de Talento Humano, procedió a incluir el pago ordenado en el sistema de nómina en los meses de abril y mayo de 2000.
6. Indicó que la Auditoría General de la República rindió un informe que originó una investigación por parte de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República, la cual, archivó las diligencias.
7. Adujo que por estos mismos hechos, la Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República declaró abierto el proceso de responsabilidad fiscal en su contra, toda vez que “[…] la Contraloría General de la República canceló 22.162 horas extras, festivos y vacancias por valor de $ 77.545.410, las cuales fueron laboradas sobrepasando lo autorizado en el Decreto 65 de 1999 y la Resolución 5129 de 2000 de la Contraloría General de la República […]”, imputándole responsabilidad fiscal por presunto daño patrimonial al Estado.
8. Indicó que mediante fallo de 13 de abril de 2004, la citada funcionaria la declaró fiscalmente responsable por daño patrimonial al Estado, decisión que fue revocada mediante fallo de 3 de septiembre de 2004, expedido por la Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal al resolver el recurso de apelación, en la cual ordenó la devolución del expediente a la Dirección de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República para el decreto y práctica de unas pruebas de oficio, con el fin de esclarecer el número de horas extras canceladas en exceso, descontando los límites legales. En la parte resolutiva indicó:
“[…] PRIMERO: Revocar el Fallo con Responsabilidad Fiscal expedido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República de fecha 13 de abril de 2004, con el objeto de que se proceda de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente auto.
SEGUNDO: Notificar personalmente la presente providencia según lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, informando que contra esta no procede recurso alguno.
TERCERO: Devolver a la Dirección de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República el expediente N.º RF-212-042-03, para lo de su cargo […]”.
9. Para el efecto, señaló:
“[…] TERCERO: Teniendo en cuenta la lectura e interpretación anterior, se hace necesario realizar un nuevo análisis de las pruebas recaudadas y decretar de oficio otras que permitan establecer los funcionarios que desempeñaron los cargos de secretaria, conductor, escolta, personal de aseo y cafetería y de vigilancia y seguridad con el objeto de confrontar, para cada caso, las horas extras pagadas con los límites establecidos en las normas respectivas y con base en ellas determinar el presunto daño patrimonial.
CUARTO: Practicar las pruebas que conduzcan a establecer, si hay lugar a ello, el presunto(s) responsable(s) fiscal(s) y el monto del posible detrimento patrimonial en los meses de enero y febrero de 2000 […]”.
10. Indicó que, mediante el fallo expedido el 29 de septiembre de 2005 el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República la declaró nuevamente responsable fiscalmente sin haber realizado nuevas imputaciones ni abrir un nuevo proceso, decisión que fue confirmada mediante el auto expedido el 12 de diciembre de 2005 al resolver el recurso de reposición y en el fallo, en segunda instancia de 26 de enero de 2006 expedido por el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal. En su parte resolutiva, señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el fallo de responsabilidad fiscal expedido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de esta Auditoría de fecha 29 septiembre de 2005, contra la doctora TERESITA ISAZA DÁVILA […] en su calidad de ex gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República en cuantía de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL STECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
11. Para sustentar su decisión, señaló:
“[…] Por tal motivo, y de acuerdo con el acervo probatorio recaudado, esta Delegada es del criterio de imputar responsabilidad fiscal a la doctora TERESA ISAZA DÁVILA por su conducta doloso a gravemente culposa al ocasionar un daño patrimonial público de la CGR por valor de $ 38.973.747 al lograr probarse que su conducta en el desconocimiento de los asuntos a su cargo, al reconocer y pagar horas extras, vacancias y festivos en exceso por fuera de los límites permitidos en la ley y reglamentos orgánicos de la CGR, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones de manera omisiva y por demás negligente, inexcusable para una experta jurista conocedora de las normas que rigen la gestión fiscal en asuntos laborales de su competencia, para incurrir de manera deliberada en conducta gravemente culposa sin que pueda alegar excusa de su parte por el desconocimiento de tales reglamentos y normas a las que estaba plenamente obligada.
En el caso sub examine, el daño al patrimonio económico del Estado, se configura en cuanto que, la doctora ISAZA DÁVILA era conocedora de régimen legal y reglamentario de la gestión fiscal sobre el pago en exceso de horas extras, vacancias y festivos correspondientes a empleados de la Contraloría General de la República, quien en ejercicio de su cargo no ejerció la debida vigilancia y control en el cumplimiento de tales normas al ordenar pago en exceso, que de acuerdo con el manual de Funciones de la CGR –Resolución Orgánica 05044 de 2000 –era de su competencia como Gerente de Talento Humano, quien de manera directa e inexcusable omite dar aplicación como de los principios fundamentales consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los artículos 3 y siguientes de la Ley 610 de 2000 en lo referente a su legalidad, economía, imparcialidad, moralidad y trasparencia en los asuntos de su competencia.
Entonces, haciendo un recuento de los elementos constitutivos del proceso de responsabilidad fiscal, como son: una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al imputado, el daño económico al patrimonio del Estado y el nexo causal entre los dos elementos anteriores, tal relación de causalidad se cumple a cabalidad en este caso, cuando se considera que la conducta culposa imputada a la ex Gerente de Talento Humano de la CGR, se configura plenamente bajo los presupuestos de los artículos 5, 6 y 53 de la Ley 610 de 2000, en cuanto al daño patrimonial al erario, existe, como su nexo de causalidad y a su vez, se encuentra cuantificado e indexado como manda el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 610/2000 […]”.
Normas violadas y concepto de violación en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
12. La parte demandante citó como normas violadas las siguientes
Artículos 4.º, 6.º y 29 de la Constitución Política.
Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 22, 23, 24, 36, 40, 41, 48, 53 de la Ley 610 de 15 de agosto de 2000.
13. Expresó que los fallos de responsabilidad fiscal fueron expedidos con falsa motivación y desviación de poder, en la medida que no se produjo un daño al patrimonio del Estado, toda vez que generado el derecho del funcionario a percibir un pago por las horas extras, vacancias y festivos que laboró, la Contraloría General de la República estaba obligada a realizar el pago sin que estuviera prohibido realizarlo en una sola mensualidad.
14. En esa medida, indicó que no existe un pago en exceso por fuera del límite legal, sino el pago de lo legalmente causado y acumulado, toda vez que, era jurídicamente viable reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se hubieren causado siempre y cuando existiera la autorización y la disponibilidad presupuestal del ordenador del gasto.
15. Finalmente, indicó que se presentó un agravio injustificado por cuanto no solo se le atribuyó una conducta dolosa, desconociéndose las garantías propias del debido proceso tales como: i) incongruencia entre los hechos por los cuales fue investigada y la conducta por la cual fue sancionada y ii) porque dentro de la actuación administrativas le fueron negadas injustificadamente pruebas que demostraban que no se presentó el exceso atribuido en el pago de las referidas horas extras.
Sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, el 23 de mayo de 2011
16. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, mediante la sentencia proferida, en primera instancia, el 23 de mayo de 2011, dispuso:
“[…] PRIMERO: Negar la excepción de caducidad de la acción.
SEGUNDO: Declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por incumplimiento del requisito prevenido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, respecto del segundo y tercer cargo denominados, respectivamente como “no existe pago por fuera de los límites legales y “agravio injustificado”.
TERCERO: Declarar la nulidad PARCIAL de los siguientes actos administrativos:
Fallo del 29 de diciembre de 2005 mediante el cual la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República declaró responsable fiscal a Teresita Isaza Dávila por la suma de $ 38. 973.747.24 (Folios 195 a 220, C4).
Auto de 12 de diciembre de 2015 por el cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo (Folios 231 a 240, C4).
Auto del 26 de enero de 2006 mediante el cual se resolvió el recurso de apelación contra el fallo antes aludido. (Folios 266 a 291, C4).
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, la Auditoría General de la República deberá descontar de la suma de $ 38.973.747.24, el monto que corresponda a lo imputado a la señora Teresita Isaza Dávila, por el pago de horas extras en el mes de mayo de 2000 a los conductores
17. En cuanto a la excepción de caducidad del medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consideró:
“[…] En este orden de ideas, se tiene que el auto de fecha 26 de enero de 2006 mediante el cual se resolvió el recurso de apelación que se interpuso en el proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra de la demandante quedó ejecutoriado, según constancia expedida por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el 10 de enero de 2006. (Folio 296). De ahí que conforme la norma en precedencia trascrita el término para demandar las aludidas resoluciones vencía el 11 de junio de 2006. Así las cosas, para el día 6 de junio de 2006 fecha en que se presentó la demanda, la accionante se encontraba en término […]”.
18. Asimismo, declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda frente a los cargos denominados “[…] no existe pago por fuera de los límites legales y “agravio injustificado […]”, en la medida que la demandante se limitó a expresar que no había realizado el pago de horas extras por fuera de los límites legales sin indicar los preceptos normativos que, a su juicio, la entidad demandada habría desatendido.
19. Finalmente, del fondo del asunto consideró:
[…] Así las cosas al analizar la conducta desplegada por la accionante debe distinguirse tres gestiones distintas; la primera, el pago en exceso de horas extras a cuatro celadores en el mes de julio de 2000; la segunda, el pago de horas extras a once mensajeros; la tercera, el pago de vacancias y días festivos y vacancias; y la cuarta, la cancelación de horas extras por fuera del límite legal a once conductores.
Concerniente a las dos primeras situaciones, esto es, la cancelación por fuera del límite legal -80 horas mensuales- a cuatro celadores y a once mensajeros, debe anotarse que sí procedía la declaratoria de responsabilidad fiscal contra la demandante.
[…]
La doctora Teresita de Jesús Isaza Dávila en su condición de Directora de Talento Humano de la Contraloría General de la República a partir de marzo de 2000 reconoció el pago de horas extras a cuatro celadores y once mensajeros, sin tener en cuenta que para los primeros no podía sobrepasarse el pago de 80 horas extras mensuales y que para los mensajeros existía prohibición legal de laborar horas extras según el artículo 4º de la resolución 4520 del 15 de septiembre de 1998.
Del mismo modo, es claro que se causó un detrimento patrimonial al Estado derivado de una gestión antieconómica por parte de la accionante en términos del artículo 6 de la aludida ley, comoquiera que existe norma legal que determina que el exceso de horas extras debe compensarse a razón de un día hábil por cada ocho horas de trabajo según el literal e) del Decreto 1042 de 1978.
[…]
No puede afirmarse lo mismo respecto del pago de horas extras a los once conductores antes citados puesto que no se halla configurado el daño al Estado.
[…]
Por tanto, es evidente que la anterior declaración ratifica lo expuesto por la Directora de gestión del Talento Humano de la Contraloría General de la República en el oficio antes referido en el sentido de que el exceso de horas extras liquidadas en el mes de mayo correspondía a acumulados de los meses de marzo y abril de 2000.
En este orden de ideas, es claro que la administración vulneró el derecho al debido proceso a la accionante por cuanto declaró la responsabilidad fiscal sin tener en cuenta que no se hallaba cumplido el requisito del daño, comoquiera que lo pagado por tal concepto no se constituye en una gestión antieconómica, pues no se canceló ningún valor en exceso, dado que los valores liquidados en la nómina de mayo correspondías realmente a horas extras que once conductores al servicio de la Contraloría habían acumulado durante los meses de marzo y abril de 2000.
Además en tal aspecto, los actos enjuiciados adolecen de falsa motivación, puesto que no están en consonancia con lo efectivamente probado durante las diligencias que culminaron con la declaratoria de responsabilidad fiscal de la accionante […]”.
Recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida, en primera instancia
Parte demandante
20. La parte demandante, solicitó que se declare la nulidad total de los actos administrativos acusados. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda, en especial, que su conducta no estuvo rodeada de dolo o culpa grave, por el contrario, fue ceñida estrictamente a la normativa y procedimientos señalados en la Ley 610, sin que se demostraran los elementos de la responsabilidad fiscal que le fueron atribuidos.
Auditoría General de la República
21. Su apoderado interpuso recurso de apelación de forma parcial contra la sentencia proferida, en primera instancia, porque, a su juicio, no se presentó la vulneración del derecho al debido proceso y la falsa motivación al expedir los actos acusados respecto de la responsabilidad fiscal atribuida a la demandante por el pago de horas extras a once conductores. Frente a este punto, textualmente señaló:
“[…] En suma, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se establece con la certeza necesaria para decidir que la Auditoría General de la República actuó en el marco de los principios constitucionales y de conformidad con la normativa aplicable, que promovió el debido proceso, entre otras porque fueron atendidos los recursos interpuestos por la demandante, las pruebas valoradas en su conjunto y con base en dicho material probatorio se profirió el fallo con responsabilidad fiscal, es decir, existió certeza sobre la ocurrencia del daño, una conducta gravemente culposa toda vez que el reconocimiento de la Ley, aún más en razón del cargo desempeñado en momento alguno justifica su inobservancia y la existencia del nexo causal entre los anteriores, fueron los que llevaron a las decisiones hoy objeto de la demanda […]”.
Impedimento manifestado para conocer del proceso en segunda instancia
22. El Magistrado de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Álvaro Ayala Pérez manifestó su impedimento para conocer del proceso en los siguientes términos:
“[…] Debo manifestar que en el año 2003 se abrió la investigación No. RF-212-04203 que terminó con fallo de responsabilidad fiscal de 29 de septiembre de 2005 decisión en la que intervine en mi condición de Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República, así como en auto de 12 de diciembre del mismo año que resolvió el recurso de reposición interpuesto.
En esas condiciones, manifiesto que me declaro impedido para intervenir en la decisión de fondo que deba tomarse dentro del presente asunto […]”.
23. El impedimento fue declarado fundado por los demás integrantes de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1 de junio de 2012, separándolo del conocimiento del mismo.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, en sentencia proferida, en segunda instancia, el 3 de julio de 2012, decidió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas.
SEGUNDO: ABSTIENESE de condenar en costas en esta instancia […]”
25. Para el efecto, consideró:
“[…] Ahora bien la Sala advierte, en cuanto a la actuación de la accionante, en su condición de Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República, que frente a la cancelación de las horas extras efectuadas a los 11 conductores mencionados en los actos acusados, no se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal, toda vez que de las pruebas allegadas al expediente logró demostrarse que lo pagado de más a los 11 empleados respectivos, en el mes de mayo del año 2000, esto es, que superaba el tope del pago máximo de 80 horas extras mensuales, conforme lo consagrado en la ley, correspondía a períodos acumulados de los meses de marzo y abril de la misma anualidad.
Con sujeción a lo expuesto, para la Sala es claro que no se atendió el debido proceso en la actuación administrativa adelantada por el ente impugnado, en el sentido de habérsele considerado responsable fiscal al superar el pago en el mes de mayo del 2000, del límite de horas extras a 11 conductores permitido por la ley, cuando su conducta estaba enmarcada dentro de los parámetros legales y no existió detrimento del patrimonio público, pues la gestión fiscal de la parte actora, en el aspecto descrito, no puede tildarse de antieconómica, ineficaz, ineficiente o inoportuna.
[…]
Así las cosas, siendo en concepto de la Sala, que fueron inobservados por parte de la administración las pruebas documentales arrimadas al expediente, las cuales demostraban la ilegalidad de la conducta de la investigada respecto al pago de las horas extras de los 11 conductores de la Contraloría General de la República y la falta de lesión de los recursos públicos, a todas luces los actos acusados fueron proferidos con falsa motivación al no armonizar con la realidad probatoria, de suerte que deben ser anulados parcialmente, como lo indicó el juez de primera instancia en la sentencia recurrida.
[…]
Finalmente, frente al alegato del apelante referente a que no se debió considerar daño patrimonial el pago de acreencias laborales […], la Sala estima que no tiene razón la parte actora porque el artículo 36, literal e) del Decreto 1042 de 1978, aplicable al asunto sub examine, establece que si el tiempo laborado fuera de la jornada laboral ordinaria, es decir, horas extras, supera 8 horas extras de trabajo, se procederá a reconocer al empleado un día hábil o tiempo compensatorio, no obstante, la investigada optó por cancelar las horas extras excediendo los límites establecidos en el artículo 4 de la Resolución 4520 de 1998, el artículo 11 del Decreto 065 de 1999, el artículo 10 de la Resolución 4530 de 1998, modificada por la Resolución 4648 de 1999 y la Resolución 5129 de 2000, conducta que se le reprocha, de manera que este razonamiento no tiene vocación de prosperidad […]”.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La solicitud
26. La parte demandante, por conducto de apoderado especial presentó, el 10 de octubre de 2012, recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, el 3 de julio de 2012 e invocó la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala:
“[…] Artículo 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5.- Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”.
27. Para sustentar la causal, argumentó que el Magistrado Álvaro Ayala Pérez suscribió la sentencia recurrida, a pesar de que declaró fundado el impedimento presentado y se le separó del conocimiento del asunto, con lo cual, a su juicio, se configura la causal invocada al ser aprobada por un número mayor de los magistrados que debieron hacerlo, vulnerándose de esta manera el derecho al debido proceso al no existir objetividad e imparcialidad al momento de proferir la sentencia. Textualmente, señaló:
“[…] De esta forma, tal sentencia se constituye en un pronunciamiento viciado de fondo, debido a que la motivación de la decisión y consecuente firma de la misma por el citado Juez, se erige en una flagrante violación al derecho constitucional fundamental del debido proceso, derivado de la ausencia de imparcialidad y objetividad de esta providencia […]”.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
28. La Auditoría General de la República por intermedio de apoderado especial, solicitó denegar el recurso extraordinario de revisión, toda vez que, la parte demandante no probó los supuestos de hecho que configuran la procedencia de la causal invocada. Textualmente, señaló:
“[…]
En el caso que nos ocupa, si bien es cierto uno de los magistrados del Tribunal se encontraba impedido, no es menos cierto que se trata de una decisión colegiada y que en la mencionada sentencia no hubo salvamento de voto, luego al ser tres los magistrados, con el voto de dos de ellos la decisión tomada es válida y no da lugar a que se decrete la nulidad pretendida, pues la decisión sigue siendo la misma
[…]”
Concepto del Ministerio Público
29. Durante el presente trámite, el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
30. Vistos: i) el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 13 del Acuerdo 55 de 15 de septiembre de 1999 modificado por el Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, sobre distribución de negocios ante las Secciones, esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, el 3 de julio de 2012.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
31. Visto el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre régimen de transición y vigencia se observa que dicho estatuto comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012. La disposición en cita, establece:
“[…]
Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”.
32. Es decir, que los procedimientos, actuaciones, procesos y demandas que se promuevan con posterioridad al 2 de julio de 2012, se tramitarán conforme las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
33. No obstante, visto el artículo 40 de la Ley 153 de 1887en lo que respecta al término aplicable ante el tránsito legislativo, dispone:
“[…]
Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
[…]”.
34. Para dilucidar cuál es el término aplicable para interponer el recurso extraordinario de revisión, esta Corporación señaló:
“[…]
corresponde acudir a lo normado por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, como se indicó en el auto objeto de súplica, según el cual los términos que hubieren comenzado a correr se regirán por las leyes vigentes cuando aquellos empezaron su conteo.
En aplicación de esta regla, si el término de dos años que preveía el artículo 187 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 57, para interponer el recurso extraordinario de revisión comenzó a correr en vigencia del C.C.A. y, en el entretanto, se expidió la Ley 1437 de 2011, lo procedente en razón del tránsito normativo, es contar la caducidad con fundamento en la norma vigente cuando operó la ejecutoria de aquella, es decir, los dos años del C.C.A.
Por el contrario, si la providencia quedó ejecutoriada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el término de oportunidad para interponer el recurso es el consagrado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
[…]”
35. Considerando que la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso, el término para su formulación se determina por la ley vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia recurrida.
36. Por tanto, en el caso sub examine, si bien el proceso en el cual se profirió la sentencia recurrida se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo lo cierto es que su ejecutoria se produjo en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa con la cual se debe determinar su procedencia, como pasará a determinarse.
37. Ahora vistos los artículos 248 y 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso el recurso extraordinario de revisión es procedente atendiendo a que la sentencia recurrida fue proferida el 3 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 2 de agosto de 2012, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 10 de octubre de 2012, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, término legal señalado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Problemas jurídicos
38. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si se configura o no la causal de revisión señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por: i) haberse suscrito la sentencia recurrida por un magistrado al que se le había declarado fundado un impedimento dentro del proceso ordinario; ii) por la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por la presunta falta de independencia e imparcialidad de los magistrados que conformaban la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinando de esta manera si se declara improcedente o no el recurso extraordinario de revisión.
39. Para resolver los problemas jurídicos planteados esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo, desarrollos jurisprudenciales y generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) generalidades de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iii) generalidades de la irregularidad sustancial del procedimiento denominada por la jurisprudencia “[…] cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho […]”; iv) generalidades de la causal de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en especial, por la falta de independencia e imparcialidad del juez y v) análisis del caso en concreto.
Marco normativo, desarrollos jurisprudenciales y generalidades del recurso extraordinario de revisión
40. Vistos los artículos 248, 249, 250, 251 y 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que contienen el marco normativo del recurso extraordinario de revisión, que se desarrollarán infra.
41. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
42. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación.
43. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual, se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más.
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada. […]
44. En efecto, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Textualmente, señala como causales:
“[…] Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. […]”.
45. Los requisitos del recurso están previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.; v) poder para su interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.
46. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Generalidades de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
47. Visto el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se refiere a la nulidad originada en sentencia se exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la decisión de fondo, “[…] por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación […]”.
48. En este sentido, no resulta procedente alegar como causal del recurso extraordinario nulidades procesales ocurridas en una etapa previa de la decisión de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la formulación de las mismas se encontraban sometidas a las reglas de oportunidad y legitimación señaladas en este caso específico en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia, normas aplicables al caso que nos ocupa en la medida que se encontraban vigentes al momento en que se profirió la sentencia recurrida.
49. En relación con las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que son las siguientes:
49.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
49.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido.
49.3. Cuando se dicta sentencia, como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
49.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
49.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se pretermite íntegramente la instancia.
49.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida.
49.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia.
49.8. Cuando la providencia carece de motivación.
49.9 Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley.
50. Considerando lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado la jurisprudencia para que proceda esta causal es necesario que al proferir la sentencia se incurra en una irregularidad estructurante de la nulidad de estricto orden procesal. No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en refutar la valoración de las pruebas contenida en la providencia que se busca infirmar, en alegar que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, toda vez que todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.
Generalidades de la irregularidad sustancial del procedimiento denominada por la jurisprudencia “[…] cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho […]”
51. El Consejo de Estado ha señalado que esta irregularidad hace referencia al incumplimiento de las reglas sobre el quorum deliberatorio y decisorio para la aprobación y suscripción de las sentencias por parte de las corporaciones judiciales colegiadas.
52. Respecto a los Tribunales Administrativos, el artículo 40 de la Ley 270, establece que estarán integrados por no menos de tres magistrados y que las salas de decisión deben ser plurales e impares.
53. Ahora, visto el artículo 54 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, sobre el quorum deliberatorio y decisorio, señala que las decisiones de las corporaciones judiciales deben ser adoptadas con el voto de la mayoría de sus miembros. La norma dispone:
“[…] ARTÍCULO 54. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección.
Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.
El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.
[…]
Inciso 4º Cuando quiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por la causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces […]”.
54. Asimismo, visto el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, sobre las irregularidades en la firma de las providencias y su forma de saneamiento, señala:
“[…] Artículo 312. Irregularidades en la firma de las providencia Cuando la Sala de Casación Civil de la Corte o la de decisión de un tribunal, profiera una providencia que no haya sido suscrita por todos los magistrados que la integran, la respectiva sala, mientras conserve el expediente, deberá subsanar la irregularidad de oficio o a petición de parte.
Remitido el expediente al despacho judicial respectivo, la irregularidad quedará subsanada, siempre que la sentencia esté firmada por la mayoría que la probó. De lo contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que la pronunció, para que subsane el defecto o la profiera nuevamente […]”.
55. De lo anterior se colige que:
55.1. El quorum deliberatorio y decisorio para proferir las sentencias es el conformado por la mayoría de los miembros de las salas, secciones o subsecciones, en este caso de los tribunales administrativos que estarán integrados por no menos de tres magistrados.
55.2 En el caso en que los magistrados deban separarse del conocimiento del asunto por impedimento o recusación o por cualquier causa legal y el citado quorum se disminuya a la pluralidad mínima se acudirá a la designación de conjueces para aprobar válidamente la sentencia con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, en caso contrario, se configura la causal de nulidad.
55.3 Frente a las irregularidades presentadas en las firmas de las providencias quedarán subsanada, entre otras, siempre que la sentencia esté firmada por la mayoría que la aprobó.
56. Finalmente, esta Sección señaló que en el evento en que la sentencia sea suscrita por un magistrado que le fue declarado fundado su impedimento, la misma será nula siempre que sea aprobada sin el voto favorable de la mayoría de sus miembros, esto es, por haberse adoptado por un número inferior de magistrados al previsto en la ley.
Generalidades de la causal de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en especial, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso por la falta de independencia e imparcialidad del juez
57. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros motivos no señalados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento.
58. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
59. En la citada sentencia, se indicó que hace parte de las garantías del debido proceso, entre otros, los principios de independencia e imparcialidad del juez o funcionario quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.
60. A su vez, esta Sección ha señalado que para hacer efectivo este derecho, la ley estableció mecanismos jurídicos (impedimentos y recusaciones) que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de independencia e imparcialidad.
61. La Corte Constitucional ha considerado que el principio de independencia se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus decisiones no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
62. Respecto al principio de imparcialidad, la citada sentencia señaló que a la presunción de imparcialidad solo se llega en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial procede y juzga con absoluta rectitud; esto es, apartado de designios anticipados o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una de las partes.
63. Por tanto, para garantizar el derecho al debido proceso de las partes se torna imperativo separar a aquellos jueces o magistrados que se encuentren en alguna de las causales de impedimento o recusación señaladas en la ley, en aras de garantizar los principios de imparcialidad e independencia de la administración de justicia, señalados en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996 en armonía con el numeral 1.º del artículo 8.º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
64. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis de la causal invocada, para posteriormente en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Análisis de la causal de revisión
65. La parte demandante, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, en la medida que, a su juicio, se presentó una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, al estimar que fue proferida por un número mayor de los magistrados que debieron haberlo hecho, en la medida que a pesar de que al Magistrado Álvaro Ayala Pérez se le declaró fundado el impedimento dentro del proceso ordinario, suscribió la sentencia recurrida, vulnerándose, a su juicio, el derecho al debido proceso por la falta de independencia e imparcialidad de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
66. En el expediente se encuentra el siguiente material probatorio:
66.1. Sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, el 23 de mayo de 2011.
66.2. Acuerdo núm. PSAA11-8365 de 29 de julio de 2011, el cual en su artículo 1.º, indicó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Crear transitoriamente, a partir del 2 de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2011 en la Sección primera del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, una (1) subsección integrada por (3) despachos de Magistrado de descongestión, cada uno con un (1) cargo de auxiliar judicial grado 1 y un (1) abogado asesor grado 23 […]”.
66.3 Manifestación de impedimento del Magistrado Álvaro Ayala Pérez, en la medida que expidió uno de los actos acusados cuando se desempeñaba como Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República.
66.4 El impedimento fue declarado fundado por los demás integrantes de la Subsección C, el 1 de junio de 2012, separándolo del conocimiento del mismo.
66.5. Sentencia proferida el 3 de julio de 2012 por la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, fue suscrita por el Magistrado Álvaro Ayala Pérez.
Análisis del caso en concreto
67. La Sala pasa a considerar si, en el presente caso, se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado mediante los criterios jurisprudenciales citados supra, para la configuración de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se señalará infra:
68. En los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que, la causal de revisión no está llamada a prosperar, toda vez que si bien la sentencia recurrida fue suscrita por un magistrado que se encontraba impedido, este solo hecho, per se, no tiene la virtualidad de viciarla de nulidad, por las siguientes razones:
69. Conforme lo señalado supra, descontando el voto del magistrado impedido, la decisión fue aprobada y suscrita con el voto favorable de los restantes dos magistrados integrantes de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cumpliendo así con el requisito de mayoría absoluta necesario para la deliberación y toma de decisiones jurisdiccionales.
70. Si bien se cuestiona la imparcialidad e independencia del magistrado impedido, dicha situación no se predica de los demás integrantes de la Subsección, toda vez que la sentencia recurrida: i) analizó los argumentos expuestos en los recursos de apelación; ii) se pronunció sobre cada una de las pretensiones de la demanda y iii) confirmó la decisión proferida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá que declaró la nulidad parcial de los actos demandados que habían sido expedidos, entre otros, por el magistrado impedido cuando se desempeñaba como Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República.
71. Sobre este último aspecto, el Tribunal motivó la decisión de la siguiente manera:
“[…] Así las cosas, siendo en concepto de la Sala, que fueron inobservados por parte de la administración las pruebas documentales arrimadas al expediente, las cuales demostraban la legalidad de la conducta de la investigada respecto al pago de las horas extras de los 11 conductores de la Contraloría General de la República y la falta de lesión de los recursos públicos, a todas luces los actos acusados fueron proferidos con falsa motivación al no armonizar con la realidad probatoria, de suerte que deben ser anulados parcialmente, como lo indicó el juez de primera instancia en la sentencia recurrida.
[…]
Finalmente, frente al alegato del apelante referente a que no se debió considerar daño patrimonial el pago de acreencias laborales […], la Sala estima que no tiene razón la parte actora porque el artículo 36, literal e) del Decreto 1042 de 1978, aplicable al asunto sub examine, establece que si el tiempo laborado fuera de la jornada laboral ordinaria, es decir, horas extras, supera 8 horas extras de trabajo, se procederá a reconocer al empleado un día hábil o tiempo compensatorio, no obstante, la investigada optó por cancelar las horas extras excediendo los límites establecidos en el artículo 4 de la Resolución 4520 de 1998, el artículo 11 del Decreto 065 de 1999, el artículo 10 de la Resolución 4530 de 1998, modificada por la Resolución 4648 de 1999 y la Resolución 5129 de 2000, conducta que se le reprocha, de manera que este razonamiento no tiene vocación de prosperidad […]”.
72. En las anteriores condiciones es claro que los demás integrantes de la Sección Primera, Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentaron su decisión con base en la normativa aplicable al caso sub examine y las pruebas aportadas, solicitadas y decretadas dentro del proceso ordinario, respetando de esta manera los derechos al debido proceso sin que se encuentre probado que los magistrados que profirieron la sentencia actuaron con designios anticipados, prevenciones, presiones o influencias ilícitas.
73. Lo considerado supra pone de manifiesto que el recurso extraordinario de revisión interpuesto no tiene vocación de prosperidad y, en esa medida, se declarará su improcedencia, como se dispondrá en la parte resolutiva de la providencia.
Condena en costas
74. Vistos los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, en especial, su numeral 8.º, sobre condena en costas.
75. Atendiendo a que esta Corporación ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica: i) objetivo porque que no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto y ii) valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el Código General del Proceso, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.
76. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la señora Teresita de Jesús Isaza Dávila, en la medida que si bien se declarará improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.
Conclusiones de la Sala
77. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que, en el presente asunto no se configuró la causal de revisión señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto que, no se probó la vulneración del derecho al debido proceso por falta de imparcialidad e independencia de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión al proferir la sentencia recurrida.
78. En suma, la Sala declarará improcedente el recurso extraordinario de revisión como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, señalando que no procede la condena en costas por cuanto no se acreditó probatoriamente su causación, ello, conforme los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365, numeral 8.º del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la señora Teresita de Jesús Isaza Dávila contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección C en descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de julio de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
El recurso fue interpuesto el 16 de octubre de 2012. En vigencia del Código Contencioso Administrativo
Liliana Mercedes Sandoval de Quiroz. Folios 106 a 122 del cuaderno núm. 2 del expediente. Álvaro Ayala Pérez
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías
Folios 362 a 391 del cuaderno 2 del expediente. Folios 394 a 397 del cuaderno núm. 2 del expediente. Folios 398 a 406 del cuaderno núm. 2 del expediente. Folios 33 y 34 del cuaderno principal del expediente. Folio 195 del cuaderno principal del expediente. Folios 219 y 220 del cuaderno principal del expediente. Reglamento del Consejo de Estado. Por el cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 18, providencia de 7 de febrero de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 11001 03 15 000 2016 02753 00. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones e la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos. El citado artículo señala: El recurso deberá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]. A folio 47 del cuaderno 2, la Sala observa que el edicto fue fijado entre el 26 y el 30 de julio de 2012. Folio 195 del cuaderno principal del expediente. El citado artículo señala: El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Son causales de revisión [….]. El citado artículo señala: El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: 1. La designación de las partes y sus representantes. 2. Nombre y domicilio del recurrente. 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento. 4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada. Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer. Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión sentencia de 7 de junio de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2002 00251 01
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, sentencia de 2 de marzo de 2010. C.P. Mauricio Torres Cuervo, número único de radicación 2001 – 00091. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2002 00251 00
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de 2015. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, número único de radicación 2009 – 00494. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 Especial de Decisión, sentencia de 14 de agosto de 2018, C.P. Guillermo Sánchez Luque, número único de radicación 11001 03 15 000 2015 03100 00 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2009, C.P. Mauricio Torres Cuervo, número único de radicación 13001 23 31 000 2007 00803 01. Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres. Estatutaria de la Administración de Justicia
Inciso que se encontraba vigente al momento en que se profirió la sentencia recurrida, no obstante la Sala advierte que fue derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, a partir del 1 de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627. Aplicable al caso concreto, en la medida que se encontraba vigente al momento de proferirse la sentencia recurrida. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 15 de marzo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 24 000 2015 00367 00
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 7 de diciembre de 2018 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032800020180005100
Corte Constitucional, sentencia C-600 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa
Ver pie de página anterior
Estatutaria de la Administración de Justicia. Aprobada por la Ley 16 de 1972
Aprobado mediante la Ley 74 de 1968
Folios 362 a 391 del cuaderno 2 del expediente. Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El citado artículo señala: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso)
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P.
Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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