Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00004-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00004-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2014-00004-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001032400020140000400 (5276-2019)
Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD.
Radicado: 11001032400020140000400 (5276-2019)
Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) e Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
Temas: Objeto del medio de control de nulidad. Causal de nulidad
por violación de las normas en que debía fundarse el acto
administrativo. Aproximación a la carrera docente.
Regulación de la metodología de evaluación y de la
publicación de resultados de las pruebas de aptitudes y
competencias básicas, y psicotécnicas en los concursos de
méritos de la carrera docente.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-2-2022
I. ASUNTO
La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple de que
trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido a través de apoderada por el
señor Marino Rafael Mosquera Girón, en contra de la CNSC y el ICFES.
II. DEMANDA1
1. Pretensiones
1.1. Que se declare la nulidad de las siguientes disposiciones del Acuerdo
189 del 2 de octubre de 2012 «[p]or el cual se convoca a concurso abierto
de méritos para proveer los empleos vacantes de Directivos Docentes y
1 Folios 146-162 y 166-178 del cuaderno físico principal del proceso.
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Radicado: 11001032400020140000400 (5276-2019)
Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
Docentes de preescolar, básica, media y orientadores, en establecimientos
educativos oficiales que prestan su servicio a población mayoritaria, ubicados
en la entidad territorial certificada en educación Distrito Capital de Bogotá-
Convocatoria n.° 145 de 2012»:
(i) Artículo 20 sobre el carácter y ponderación de las pruebas,
concretamente en la fila descrita como aptitudes y competencias
básicas y su interpretación oficial en la Guía de Orientación para las
pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas de
ingreso a la carrera docente para directivos docentes y docentes de
población mayoritaria. (ii) Artículo 21. (iii) Artículo 22 respecto de la
publicación de resultados de las pruebas, y particularmente la
interpretación y alcance de la expresión «cada una de las cuales se
expresará en una sola calificación numérica en escala de cero (0) a cien (100)
puntos». (iv) Artículo 23. (v) Artículo 24. (vi) Artículo 25 acerca de la
entrega de resultados finales de la prueba, frente a la expresión
«entregará oficialmente a la Comisión Nacional del Servicio Civil los
resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas» y la
interpretación de este por parte de la CNSC. (iv) Todo el Capítulo IV
sobre las pruebas.
1.2. Que se declare la nulidad de los apartes uno, seis, siete, ocho y
subsiguientes de las consideraciones del Acuerdo 314 del 22 de abril
de 2013, emitido por la CNSC, que modificó el anterior acto
administrativo.
1.3. Además de lo anterior, la parte demandante pide que se anule la
«reiteración» de la interpretación de las anteriores disposiciones,
contenida en las respuestas a la acción de tutela que interpuso el señor
Marino Rafael Mosquera Girón, cuya radicación es 2013-06572-00, y
de la cual conoció la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
1.4. Del mismo modo, que se anulen las pruebas del componente
pedagógico «(91 a la 120)» y competencias básicas «(121 a la 160)», del
concurso docente reglamentado por los actos administrativos
demandados.
Por otro lado, la parte demandante pidió que se decretara la medida cautelar de
suspensión de la actuación administrativa reglamentada por los actos acusados,
pero esta fue negada mediante auto del 19 de diciembre de 20182.
Los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones se resumen a
continuación:
2 Folios 46-59 del cuaderno físico de medidas cautelares.
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Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
2. Hechos
La apoderada del señor Marino Rafael Mosquera Girón indicó que este se
inscribió como aspirante a rector en el concurso para docentes y directivos
docentes del Distrito Capital, que fue reglamentado mediante los Acuerdos 189
de 2012 y 314 de 2013 de la CNSC. En esa ilación, señaló que, en desarrollo del
certamen, el demandante presentó el examen escrito y obtuvo una puntuación
de 68.25 en la prueba de aptitudes y competencias básicas, que era eliminatoria
y clasificatoria, y de 84.12 en la prueba psicotécnica, que era de naturaleza
clasificatoria.
De esa manera, expuso que el señor Mosquera Girón fue eliminado del concurso,
dado que para los aspirantes a cargos de directivos docentes la puntuación
mínima para superar la prueba de aptitudes y competencias básicas era de 70.00.
Por ello, el demandante presentó peticiones ante la CNSC, el ICFES, el Ministerio
de Educación y la Procuraduría, en las que solicitó lo siguiente:
(i) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los literales e. y f. del artículo 9.° del
Decreto Ley 1278 de 2002, en concordancia con el literal d. del artículo 3.° del
Decreto 3982 de 2006, discriminaran los resultados de sus exámenes frente a
cada una de las pruebas (aptitud numérica, verbal, psicotécnica, componente
pedagógico y de competencias básicas).
(ii) La revisión y reconsideración de las treinta preguntas y la puntuación del
componente pedagógico (91 a la 120) y las cuarenta de las competencias básicas
(121 a la 160), en razón a que fueron formuladas bajo una perspectiva casuística,
sin obedecer a referentes científicos o pedagógicos y, por lo tanto, violando los
principios de objetividad, confiabilidad, transparencia y validez de los
instrumentos de selección, según lo consagran los artículos 2.° del Decreto 3982
de 2006 y 4.° y 6.° del Decreto Ley 1278 de 2002.
(iii) Que, con base en lo precedente, recalcularan la puntuación de las pruebas
eliminatorias del componente pedagógico y de competencias básicas
permitiéndole al demandante aprobar y continuar en el concurso.
Frente a lo anterior, la abogada sostuvo que el 10 de diciembre de 2013, la CNSC
respondió estas solicitudes de manera extemporánea y únicamente se pronunció
sobre la discriminación de los resultados de las distintas pruebas3, trasladando
las demás peticiones al ICFES, quien no accedió a ellas. En ese orden, aseguró
que lo respondido por la Comisión varía sustancialmente del modelo de análisis
3 Los resultados fueron discriminados de la siguiente manera:
PROMEDIO PUNTAJE APTITUD VERBAL APTITUD NUMÉRICA PEDAGÓGICA PSICOTÉCNICA PRUEBA ESPECÍFICA
68,23 68,25 70,35 59,37 73 84,12 69,32
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Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
Rasch4 en el que la puntuación total del señor Marino Rafael Mosquera Girón
debió ser de 68,27.
3. Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante alega la violación de las siguientes normas:
• Decreto Ley 1278 de 2002: artículos 8.° y 9.° (literales e. y f.).
• Decreto 3982 de 2006: artículos 2.°, 3.° (literal d.), 10, 13 y 14.
Como concepto de violación, aduce que las disposiciones acusadas transgreden
las anteriores normas que les son superiores, debido a que estas permitieron
que, en el desarrollo del concurso, los resultados de las pruebas de aptitudes y
competencias básicas se publicaran conjuntamente como uno solo, utilizando la
Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), bajo el modelo de análisis Rasch.
En ese sentido, dicha situación contradice el mandato legal de que estas sean
publicadas por pruebas individuales de tres tipos: (i) aptitudes, (ii) competencias
básicas y (iii) psicotécnicas; desagregadas en «aptitud numérica, aptitud verbal,
psicotécnicas, componente pedagógico y competencias básicas», y no como lo hizo la
CNSC que indicó que son de «aptitudes y competencias por un lado, y psicotécnicas
por el otro»; lo que tuvo una incidencia notable en la puntuación final, e impidió
que los aspirantes pudieran presentar sus reclamaciones a partir de criterios
objetivos, con lo que se vulneró el principio de confianza legítima.
Del mismo modo, porque la formulación de las preguntas de la prueba escrita fue
eminentemente casuística y descontextualizada de referentes teóricos o
pedagógicos y se fundamentó en la pretensión errónea de que existiera
coincidencia entre el pensamiento de quien diseña y formula la pregunta y la
respuesta del concursante, sin tener en cuenta los conocimientos profesionales
disciplinares básicos, el saber pedagógico en el contexto y las concepciones de
los aspirantes frente a sus funciones.
Además, en la medida en que la CNSC, a través del ICFES, no fue transparente
con la información del concurso, pues no se dieron a conocer los procedimientos
para la revisión de las preguntas reportadas como inconsistentes o dudosas por
quienes presentaron el examen, que no tuvieron la colaboración de los delegados
4 Según la parte demandante, el modelo de análisis de resultados Rasch [Georg William Rasch
fue su creador] «se construye de forma particular por cada ítem o pregunta en una prueba, con
base en los datos que arroje la población que presentó la prueba; es decir, el modelo determina
el grado de dificultad por preguntas y su valor con base en los rendimientos de cada aspirante o
concursante que contestó cada pregunta y cada prueba del concurso de mérito docente y directivo
docente. O sea, no será igual el resultado determinado o construido mediante un modelo basado
en una sola prueba, que el calculado con base en cuatro pruebas, es decir, la comparación de
las pruebas de aptitud numérica, aptitud verbal, componente pedagógico y competencias
básicas».
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de salón para el diligenciamiento de los formularios dispuestos para tal fin, dado
que estos últimos no tenían conocimiento sobre la manera de usarlos
correctamente.
III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. CNSC5
La CNSC, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, pidió que se decrete cualquier excepción que se logre probar y
sostuvo que los actos administrativos acusados son legales, toda vez que, de las
normas invocadas como violadas, no se extrae ni expresa ni tácitamente que la
calificación y publicación de los resultados de las pruebas deba realizarse como
lo sostiene la parte demandante y, por el contrario, los artículos 20, 21 y 25 del
Acuerdo 189 de 2012 guardan armonía con estas.
De esa manera, resaltó que los aspirantes del concurso tuvieron pleno
conocimiento del carácter de las pruebas, de su ponderación y su tipo, por lo cual
no le asiste razón al demandante en sus alegaciones sobre la falta de publicidad
y las irregularidades en la aplicación del examen de aptitudes y competencias
básicas, ya que toda la información se podía consultar en las páginas web del
ICFES (www.icfes.gov.co) y de la CNSC (www.cnsc.gov.co), y la Guía de
Orientación para la prueba de docentes de población mayoritaria estaba
disponible en el siguiente enlace:
http://www.cnsc.gov.co/docs/GuíaOrientaciónPruebasDocentesMayoritariosXX.
pdf6.
Conforme con lo anterior, a los aspirantes se les informó que la prueba de
aptitudes y competencias básicas tenía los componentes de aptitud verbal,
aptitud numérica, pedagógico y dominio sobre los conocimientos profesionales
disciplinares básicos, este último aplicado de manera específica a cada uno de
los cargos ofertados. De acuerdo con la apoderada, estos distintos ítems
conforman un todo y, por lo tanto, al ponderar sus resultados se obtiene una sola
puntuación que es entregada a los participantes y así les fue informado
oportunamente a estos.
En ese orden, precisó que el ICFES sigue procedimientos internacionalmente
validados para la calificación de las pruebas, como el modelo de análisis Rasch,
que permite estimar, partiendo de la matriz de respuestas de la totalidad de los
5 Folios 230-240 del cuaderno físico principal del proceso.
6 En consulta de dicho enlace, realizada el 19 de noviembre de 2021, se evidenció que allí no
reposa la Guía de Orientación para la prueba de docentes de población mayoritaria, y solo
aparece la frase «página no encontrada». No obstante, de una búsqueda en internet de dicho
documento, este fue ubicado en el siguiente enlace:
https://es.calameo.com/read/004906445c760eb983236
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evaluados, tanto el nivel de habilidad de cada persona como la dificultad de las
preguntas de los exámenes. Asimismo, aclaró que la aplicación de este tipo de
modelos no comporta un simple conteo de contestaciones correctas, sino que,
partiendo de esquemas matemáticos y estadísticos robustos, se logra asignar
numéricamente un nivel de habilidad de acuerdo con el desempeño de cada
individuo en la prueba y la dificultad relativa que represente cada pregunta para
los evaluados.
Adicionalmente, como apoyo de lo previamente indicado, transcribió algunos
apartes de la sentencia SU-617 de 2013 de la Corte Constitucional, en la que esa
Corporación estudió otras convocatorias adelantadas por la CNSC y el ICFES
para docentes y directivos docentes y afirmó que el procedimiento llevado a cabo
por esta última entidad ha resultado efectivo para medir la idoneidad profesional
de estos y no vulneró sus derechos fundamentales.
Finalmente, la abogada expuso que la Convocatoria n.° 145 de 2012,
reglamentada por los actos acusados, ya se surtió en su totalidad, con la
conformación de las listas de elegibles y con la respectiva consolidación de
derechos adquiridos para quienes hacen parte de ellas.
2. ICFES7
El ICFES, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
En ese sentido, señaló que la parte demandante confunde los criterios para
evaluar, con la forma en la que se dan a conocer los resultados de las pruebas,
siendo estos dos temas diferentes. Además, aseguró que las normas invocadas
como violadas en la demanda no establecen una metodología de evaluación
específica que deba ser seguida por esa entidad y la CNSC en los concursos de
méritos para los cargos de docentes y directivos docentes.
IV. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES Y DECISIÓN
DE LAS PREVIAS
La parte demandante no se pronunció frente a las excepciones. Por su parte,
mediante auto del 14 de abril de 20218, el despacho sustanciador declaró no
probadas las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva
y de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, que fueron
propuestas por el ICFES.
7 El ICFES fue vinculado a este proceso mediante auto del 27 de febrero de 2019: ver folio 285
del cuaderno físico principal. La contestación de la demanda se encuentra en los folios 294-297
ibidem.
8 Índice 52 del expediente digital del proceso que puede ser consultado en el sistema Samai del
Consejo de Estado.
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V. DETERMINACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA
Mediante auto del 14 de julio de 20209, el consejero sustanciador determinó darle
aplicación a lo previsto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio
de ese mismo año que dispone que, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el juez puede emitir sentencia anticipada antes de que se celebre
la audiencia inicial cuando se trate de asuntos de pleno derecho en los que no
haga falta practicar pruebas.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1. CNSC10
Además de reiterar los argumentos de la contestación de la demanda, la
apoderada de la CNSC adujo que la parte demandante no explicó las razones
jurídicas que fundamentan la violación de las normas que se alegan como
transgredidas y se limitó a atacar la legalidad de los actos administrativos
acusados a partir de argumentos de carácter subjetivo.
En ese orden de ideas, recordó las consideraciones del auto que negó la medida
cautelar solicitada por el demandante, en el que se dijo que no hay contradicción
entre las normas que se estiman violadas y las disposiciones demandadas, toda
vez que, en el Acuerdo 189 de 2012, se previó una sola prueba para medir las
aptitudes y competencias básicas y, por ello, los resultados que fueron publicados
corresponden a ese único examen, sin que se hubiera evidenciado ninguna
ilegalidad en dicha situación. Además, que las cuestiones relativas a la
formulación de preguntas y a los problemas que se presentaron en la aplicación
de las pruebas y su calificación, se encuentran por fuera del alcance del medio
de control de nulidad, porque no están reguladas en los actos acusados.
2. ICFES11
El abogado del ICFES reiteró los argumentos presentados en la contestación de
la demanda.
3. Demandante
No presentó alegatos de conclusión.
9 Índice 41 ibidem.
10 Índice 42 ibidem.
11 Índice 43 ibidem.
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VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público no emitió concepto en este proceso.
VIII. CONSIDERACIONES
CUESTIÓN PREVIA SOBRE LA EXCLUSIÓN DE ALGUNAS PRETENSIONES
DEL ANÁLISIS PROPIO DE ESTE MEDIO DE CONTROL
Antes de resolver los problemas jurídicos de esta sentencia, la Sala estima
necesario excluir de su objeto a las pretensiones de la demanda que versan, por
un lado, sobre actuaciones o enunciados que no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica objetiva, impersonal o abstracta, esto es, que no son actos
administrativos generales12. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo con el artículo
137 del CPACA13, el medio de control de nulidad procede, principalmente, frente
a estos últimos actos.
En ese sentido, esta Subsección se abstendrá de analizar lo relativo a la
pretensión de que se declare la nulidad de algunas de las preguntas de las
pruebas del componente pedagógico y competencias básicas del concurso de
méritos, en la medida en que estas constituyen típicos actos preparatorios o de
trámite que impulsan la actuación administrativa y, por regla general, no son
objeto directo de control judicial14. En todo caso se aclara que, tratándose del
acto de calificación que elimina a un aspirante y de la conformación de la lista de
elegibles, como actos administrativos definitivos y particulares que son, pueden
ser susceptibles de enjuiciamiento a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho15, en el cual, como lo ha resaltado esta Subsección,
es viable estudiar, por ejemplo, lo relativo la ambigüedad y pertinencia de las
preguntas de los exámenes, como elementos relevantes para la legalidad de
dichos actos particulares16.
Bajo el anterior argumento, tampoco le corresponde a la Sala analizar en este
medio de control de simple nulidad, lo alegado por la parte demandante sobre la
incorrecta formulación de las preguntas de la prueba escrita y la falta de
colaboración de los delegados de salón en el desarrollo del examen, toda vez
12 Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 144.
13 CPACA, art. 137: «Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general […]».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, auto del 15 de octubre de 2019, rad. 25000-23-42-000-2017-01441-01(1846-19).
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15); y
Subsección B, autos del 3 de marzo de 2020, rad. 25000-23-42-000-2017-01317-01(5130-19) y
del 10 de octubre de 2019, rad. 66001-23-33-000-2016-00794-01(2162-18).
16 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
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que se trata de situaciones que se relacionan directamente con el acto
administrativo particular de calificación y que, lógicamente, no existían en el
momento de la expedición de los actos generales acusados, por lo que no pueden
comprometer su validez.
Por otro lado, tampoco corresponde estudiar en su integridad la legalidad del
Capítulo IV del Acuerdo 189 de 2012 de la CNSC (artículos 20 a 42), que contiene
las normas sobre la totalidad de las pruebas del concurso, ni de las
consideraciones del Acuerdo 314 de 2013, que modificó el primer acto
administrativo mencionado en aspectos no relacionados con las pruebas17,
porque los argumentos del concepto de violación de la demanda están dirigidos,
únicamente, a cuestionar las disposiciones del Acuerdo 189 que posibilitaron que
los resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas se publicaran
conjuntamente como uno solo (artículos 20, 21, 22 y 25, que adelante se
transcribirán, excluyendo los artículos 2318 y 2419), además de la interpretación
oficial de estas por parte de las entidades demandadas.
Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el artículo 88 del CPACA20, los actos
administrativos se presumen legales y una de las consecuencias de dicha
17 El Acuerdo 314 de 2013 solo modificó los artículos 7.°, 8.°, 14, 16, 17 y 18, relativos a la
financiación de la convocatoria, los empleos convocados, el procedimiento de inscripción y los
requisitos mínimos para los empleos de directivo docente, docente de aula y docente orientador.
18 A. 189/2012, art. 23: «RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los
resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica sólo serán
recibidas y atendidas por el ICFES, siempre que se radiquen a través de la página
www.icfes.gov.co y únicamente por el aplicativo dispuesto para este fin. El término para radicar
las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
los resultados.
El ICFES será responsable de tomar la decisión que resuelve la reclamación y comunicará al
peticionario la respuesta exclusivamente a través de la página web www.icfes.gov.co y utilizando
el aplicativo que disponga para este fin.
Para atender estas reclamaciones, el ICFES puede utilizar una respuesta conjunta, única y
masiva de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 de la Corte Constitucional. Contra la
decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno».
19 A. 189/2012, art. 24: «ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. El ICFES, por delegación que le
hace la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco del contrato interadministrativo para la
aplicación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica, podrá adelantar
actuaciones administrativas por posibles fraudes por copia o intento de copia, sustracción de
materiales de pruebas o intento de sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento
de suplantación, entre otros casos ocurridos e identificados antes, durante o después de la
aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuesta o en
desarrollo del procesamiento de resultados.
El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de
los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado
de cada actuación se adoptará mediante acto administrativo, frente al cual el único recurso
procedente es el de reposición.
PARÁGRAFO: Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba el fraude,
éste será excluido del concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de
la lista de elegibles».
20 CPACA, art. 88: «Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
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Demandante: Marino Rafael Mosquera Girón
presunción consiste en la necesidad de que, quien pretende que se declare su
anulación, indique las normas violadas por el acto y explique el concepto de su
violación. En ese sentido, el numeral 4.° del artículo 162 de la misma codificación
prevé que la demanda deberá contener «[l]os fundamentos de derecho de las
pretensiones [y] [c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación».
Respecto de lo último, en la sentencia C-197 de 1999 de la Corte Constitucional,
dicha Corporación efectuó un análisis de constitucionalidad del numeral 4.° del
artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1884) 21, que
contenía el mismo precepto del numeral 4.° del artículo 162 del CPACA, y advirtió
lo siguiente:
«Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa
motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez
administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos
administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en
extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto,
no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya
impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la
racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el
contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la
delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la
determinación de las normas violadas y el concepto de la violación.
Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador
desarrolló el deber previsto en el art. 95-7 de la Constitución22 para que quienes
demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia. […]».
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar».
21 CCA, art. 137, n.° 4: «Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al
tribunal competente y contendrá: […]
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación. […]».
22 CP, art. 95, n.° 7: «La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano: […]
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; […]».
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En todo caso, es menester precisar que, tal y como lo determinó la Corte
Constitucional en la misma sentencia, al declarar la exequibilidad condicionada
del numeral 4.° del artículo 137 del CCA, «si el juez administrativo advierte la
violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá
proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con
el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente,
cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución». Así pues, salvo que se
presenten los eventos que se acaban de mencionar, si la parte demandante
incumple con dicha carga, la presunción de legalidad del acto en los aspectos
sobre los cuales no se indicaron las normas violadas y tampoco se explicó el
concepto de violación, ha de mantenerse incólume.
Por lo tanto, toda vez que en el presente asunto no se evidencia, prima facie, la
violación de derechos fundamentales o normas constitucionales en los temas no
incluidos en la explicación del concepto de violación de la demanda, el juicio de
legalidad que realizará la Sala se limitará a los artículos 20, 21, 22 y 25 del
Acuerdo 189 de 2012 proferido por la CNSC, además de la interpretación oficial
de esas disposiciones por parte de las entidades demandadas23.
PROBLEMA JURÍDICO
Los artículos 20, 21, 22 y 25 del Acuerdo 189 de 2012 proferido por la CNSC, así
como la interpretación oficial que de ellos han realizado las entidades
demandadas ¿se encuentran viciados por la violación de los artículos 8.° y 9.°
(literales e. y f.) del Decreto Ley 1278 de 2002 y de los artículos 2.°, 3.° (literal
d.), 10, 13 y 14 del Decreto 3982 de 2006, al permitir la publicación conjunta de
los resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la
psicotécnica, en la Convocatoria n.° 145 de 2012 para docentes y directivos
docentes del Distrito Capital de Bogotá?
Tesis de la Sala: Los artículos 20, 21, 22, y 25 del Acuerdo 189 de 2012 proferido
por la CNSC, así como la interpretación oficial que de ellos han realizado las
entidades demandadas, no se encuentran viciados por la violación de los
artículos 8.° y 9.° (literales e. y f.) del Decreto Ley 1278 de 2002 y de los artículos
2.°, 3.° (literal d.), 10, 13 y 14 del Decreto 3982 de 2006, en la medida en que la
publicación de los resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas
en la Convocatoria n.° 145 de 2012 para docentes y directivos docentes del
Distrito Capital de Bogotá se realizó de conformidad con dichas normas.
Para resolver este problema jurídico se abordarán los siguientes temas: (1) La
causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el acto
23 Sobre la posibilidad de controlar judicialmente, en abstracto, la interpretación oficial de
disposiciones jurídicas ver, entre otras, las sentencias C-1436 de 2000 y C-557 de 2001 de la
Corte Constitucional.
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administrativo. (2) Aproximación a la carrera docente. (3) Regulación de las
pruebas de aptitudes y competencias básicas, y psicotécnica, y publicación de
sus resultados en los concursos de méritos de ingreso a la carrera docente. (4)
Caso concreto.
1. La causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía
fundarse el acto administrativo
Esta causal ha sido vista por parte de la doctrina como «genérica»24, en la medida
en que las demás causales específicas pueden comprenderse dentro de la
violación de las normas superiores en las que debería fundarse el acto
administrativo, ya que aspectos como la competencia, el procedimiento, los
motivos y las finalidades del acto, están señalados en preceptos de mayor
jerarquía, que deben ser observados en su expedición25.
No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la
tradición doctrinaria y jurisprudencial26, además de la necesidad de darle una
lectura racional y eficaz de la norma27, esta causal debe diferenciarse de las
demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que podrá
invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta28.
En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por la
jurisprudencia de esta Corporación29 como la contravención legal directa de la
norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre cuando se
presenta una de las siguientes situaciones: (a) Falta de aplicación, (b) aplicación
indebida o (c) interpretación errónea.
(a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza
o valora, no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando se acepta
una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez que esta no
tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la
24 Consuelo Sarria Olcos, Comentario al artículo 137 del CPACA, en: Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y concordado,
2.ª ed., Jose Luis Benavides (editor), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-
374.
25 De hecho, el artículo 52 de la Ley 130 de 1913, «Sobre la jurisdicción de lo contencioso
administrativo», inicialmente preceptuó que la anulación de los actos administrativos procedía por
una causal genérica referida a la violación de la Constitución y la ley. Luego, con la sucesiva
expedición de las leyes y códigos en materia de lo contencioso administrativo, esa causal derivó
en las seis que se aplican en la actualidad.
26 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho procesal administrativo, 8.ª ed., Medellín, Señal Editora,
2013, p. 290.
27 Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 548.
28 Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, Anulación de los actos de la administración pública, 2.ª ed.,
Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15
de marzo de 2012, rad. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660).
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autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la
aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de
violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación errónea, debido
a que la norma, por no haber sido aplicada, no trascendió al caso decidido.
(b) Por su parte, la aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones
jurídicas se emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto
que es objeto de decisión. Este error puede originarse por dos circunstancias: (i)
En los casos en los que la autoridad administrativa se equivoca al escoger la
norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra
y, (ii) cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
(c) Finalmente, se incurre en este vicio de manera directa al dársele una
interpretación errónea a los preceptos aplicados. Esto sucede cuando las
disposiciones son las que regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad
las entiende equivocadamente y así las aplica. Es decir, ocurre cuando la
autoridad administrativa le asigna a la norma un sentido o alcance que no le
corresponde30.
2. Aproximación a la carrera docente
Según el artículo 130 de la Constitución de 199131, en Colombia existe, por un
lado, el sistema general de carrera administrativa, que se aplica a las entidades
que pertenecen a la Rama Ejecutiva en los niveles nacional y territorial, central y
descentralizado32. Por el otro, se encuentran los sistemas especiales de origen
constitucional33, que de acuerdo con la Carta Política corresponden a los de las
universidades estatales34, las Fuerzas Militares35, la Policía Nacional36, la Fiscalía
General de la Nación37, la Rama Judicial38, la Registraduría Nacional del Estado
Civil39, la Contraloría General de la República40, las contralorías territoriales41 y
la Procuraduría General de la Nación42.
30 Ibidem.
31 CP, art. 130: «Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter
especial».
32 L. 909/2004, art. 3.
33 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2015.
34 CP, art. 69.
35 CP, art. 217.
36 CP, art. 218.
37 CP, art. 253.
38 CP, art. 256, n.° 1.
39 CP, art. 266.
40 CP, art. 268, n.° 10.
41 CP, art. 268 (parágrafo transitorio introducido por el Acto Legislativo 04 de 2019).
42 CP, art. 279.
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Además de estas dos categorías, que encuentran fundamento expreso en el texto
constitucional, existe una tercera, conformada por los sistemas especiales o
específicos de carrera creados por el legislador43, los cuales tienen su base en la
potestad del Congreso para expedir las leyes que regulen el ejercicio de las
funciones públicas44 y responden a la singularidad y especialidad de las tareas
encomendadas a las entidades en las cuales se aplican45.
Entre estos últimos sistemas se encuentra la carrera docente, que es
administrada y vigilada por la CNSC46 y que, de acuerdo con el artículo 16 del
Decreto Ley 1278 de 200247, «ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector
estatal. Se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad
en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos
para el efecto; y considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón». Así pues, a
través de este sistema de carrera, se busca garantizar «que la docencia sea ejercida
por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia,
desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente
43 El numeral 2 del artículo 4 de la Ley 909 de 2004 (adicionado por el artículo 51 de la Ley 1575
de 2012) indica cuales son los denominados sistemas específicos de carrera a saber: «(i) El que
rige para el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS). (ii) El que rige para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec). (iii) El que regula el personal de la Unidad Administrativa
Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (iv) El que regula el personal científico y
tecnológico de las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología. (v) El que rige para el personal que presta sus servicios en las Superintendencias.
(vi) El que regula el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República. (vii) El que regula el personal que presta sus servicios en la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. (viii) El que regula el personal que presta sus
servicios a los cuerpos oficiales de bomberos».
Por otra parte, existen otros sistemas especiales creados por el legislador que no están enlistados
en la disposición que se acaba de transcribir, los cuales son: (i) La carrera docente (DL.
1278/2002, art. 16). (ii) El que rige para empleados públicos no uniformados al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional (L. 1033/2006, art. 1). (iii) Empleos del Congreso de la
República (L. 5/1992, art. 384, par.). Y (iv) La carrera diplomática y consular (DL. 274/2000, art.
13).
44 CP, art. 150, n.° 23. Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1230 de 2005:
«Sobre dichos sistemas específicos, ha precisado la jurisprudencia que éstos pueden existir, es
decir, que son en principio constitucionalmente admisibles, toda vez que su configuración e
implementación hace parte de la competencia asignada al legislador para regular todo lo atinente
a la función pública y, particularmente, a la carrera administrativa».
45 L. 909/2004, art. 4, n.°1.
46 Cfr. L. 909/2004, art. 3.°, n.° 2 y sentencias C-1230 de 2005 y C-175 de 2006 de la Corte
Constitucional.
47 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente». En la actualidad, el sistema
especial en comento se rige por dos estatutos docentes a saber: los Decretos Leyes 2277 de
1979 y 1278 de 2002. El primero se aplica a los educadores que fueron designados para un cargo
docente estatal en propiedad y tomaron posesión antes del 19 de junio de 2002, fecha de entrada
en vigor del Decreto 1278, y que además no han decidido asimilarse a este último de manera
voluntaria. Y el segundo, que fue proferido en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas
por el Congreso al Gobierno mediante la Ley 715 de 2001 (art. 111.2.), se aplica a la generalidad
del personal docente a partir de su vigencia.
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al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente»48, con lo que además
se persigue «una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de
los docentes»49.
Los profesionales que se acaban de mencionar son quienes ejercen la función
docente, que es aquella que «implica la realización directa de los procesos
sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades
educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos
educativos […]»50. Estos, a su vez, se clasifican en dos categorías: los docentes y
los directivos docentes. Los primeros, según el artículo 5.° ibidem51, son quienes
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los
establecimientos educativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, e
igualmente llevan a cabo actividades curriculares no lectivas, complementarias
del trabajo en el aula de clase. Por su parte, los segundos, de acuerdo con el
artículo 6.° ejusdem52, desempeñan las actividades de dirección, planeación,
coordinación, administración, orientación y programación de las instituciones
educativas y son responsables del funcionamiento de la organización escolar,
pudiendo ser, según corresponda, directores rurales de preescolar y básica
primaria; rectores de instituciones educativas en educación preescolar y básica
completa o educación media; y coordinadores.
48 DL 1278/2002, art. 1.
49 Ibidem.
50 DL 1278/2002, art. 4.
51 DL 1278/2002, art. 5: «Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y
personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza
aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades
curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como
administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de
asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos,
reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas,
atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades
vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la
educación».
52 DL 1278/2002, art. 6: «Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección,
planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones
educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la
organización escolar.
Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria;
rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media;
y coordinador.
El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y
administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de carácter
profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente
a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la
educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia, y
que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo,
administrativo y respecto de los alumnos.
El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las
funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas».
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Así pues, por tratarse de un sistema basado primordialmente en el mérito, el
ingreso a este se realiza mediante concurso53, y la permanencia de los
educadores en la carrera especial está ligada a su evaluación constante, para
verificar que, en el desempeño de sus funciones, los servidores docentes y
directivos docentes mantienen niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que
justifican la continuidad en el cargo, los ascensos en el escalafón54 y las
reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado55. Esto, según la
Corte Constitucional, busca asegurar que los profesionales que ocupan los
cargos docentes sean las personas que han acreditado las más altas calidades
para desempeñarlos, teniendo en cuenta que «[d]icho objetivo, que se predica en
términos generales de la provisión de cargos de toda la Administración, adquiere
especial importancia en el caso de la docencia, debido a su definitiva influencia en la
formación de ciudadanos, razón suficiente para avanzar en el propósito cardinal del
estatuto consistente en la profesionalización de la comunidad educativa»56.
3. Regulación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas, y
psicotécnica, y publicación de sus resultados en los concursos de
méritos de ingreso a la carrera docente
3.1. Regulación legal y reglamentaria
De acuerdo con el artículo 8.° del Decreto Ley 1278 de 2002, con el concurso
para el ingreso a la carrera docente se evalúan «las aptitudes, experiencia,
competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los
aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado
de elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad
permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o
área de conocimiento dentro del sector educativo estatal». Este certamen, según lo
previsto en el artículo 9.° ibidem, se compone de las siguientes etapas:
53 DL1278/2002, art. 8.
54 DL 1278/2002, art. 19: «Escalafón Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de
clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación
académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos
grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la
permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y
permitiendo asignar el correspondiente salario profesional.
La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento
y valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente».
55 DL 1278/2002, art. 26: «Evaluación. El ejercicio de la carrera docente estará ligado a la
evaluación permanente. Los profesionales de la educación son personalmente responsables de
su desempeño en la labor correspondiente, y en tal virtud deberán someterse a los procesos de
evaluación de su labor.
La evaluación verificará que en el desempeño de sus funciones, los servidores docentes y
directivos mantienen niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en
el cargo, los ascensos en el Escalafón y las reubicaciones en los niveles salariales dentro del
mismo grado.
Los superiores inmediatos y los superiores jerárquicos prestarán el apoyo que se requiera para
estos efectos y suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los
docentes y directivos que deban ser evaluados. […]».
56 Corte Constitucional, sentencias T-588 de 2008 y SU 617 de 2013.
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«[…]
a) Convocatoria;
b) Inscripciones y presentación de la documentación;
c) Verificación de requisitos y publicación de los admitidos a las pruebas;
d) Selección mediante prueba de aptitudes y competencias básicas.
Tiene por objeto la escogencia de los aspirantes más idóneos que harán parte del
correspondiente listado de elegibles;
e) Publicación de resultados de selección por prueba de aptitud y competencias
básicas;
f) Aplicación de la prueba psicotécnica, la entrevista y valoración de antecedentes;
g) Clasificación. Tiene por objeto establecer el orden en el listado de elegibles,
según el mérito de cada concursante elegible, asignando a cada uno un lugar dentro
del listado para cada clase de cargo, nivel y área del conocimiento o de formación,
para lo cual se tendrán en cuenta los resultados de la prueba de aptitudes y
competencias básicas; la prueba psicotécnica; la entrevista y la valoración de
antecedentes. Para los directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados
con las funciones del cargo y la experiencia adicional;
h) Publicación de resultados;
i) Listado de elegibles por nivel educativo y área de conocimiento, en orden
descendente de puntaje para cada uno de ellos. […]».
Además, la disposición en comento establece que le corresponde al Gobierno
Nacional reglamentar lo atinente a las etapas del concurso, la elaboración de las
pruebas de selección y los puntajes correspondientes para la selección y
clasificación.
En virtud de lo anterior, fue expedido el Decreto 3982 de 200657, que en su
artículo 2.° consagra los principios a los que deben sujetarse los concursos de
selección de docentes y directivos docentes a saber: «mérito, igualdad de
oportunidades, publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y
validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia». Asimismo, con fundamento en el
artículo 9.° del Decreto Ley 1278 de 2002 antes transcrito, el artículo 3.° de la
norma reglamentaria precisó la estructura del concurso como se expone a
continuación:
«[…]
57 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto ley 1278 de 2002 y se establece el
procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios
para su aplicación». Este decreto fue compilado posteriormente en el Decreto 1075 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Educación, y subrogado por el Decreto 915 de 2016. No obstante,
este tránsito normativo se dio después de la expedición del acuerdo que aquí se analiza (2 de
octubre de 2012).
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a) Convocatoria;
b) Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas;
c) Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas;
d) Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas
psicotécnicas;
e) Recepción de documentos, verificación de requisitos y citación a entrevista;
f) Valoración de antecedentes y entrevista;
g) Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista;
h) Conformación y publicación de lista de elegibles;
i) Nombramiento en período de prueba;
j) Periodo de prueba».
Por su parte, en lo relativo a las pruebas de aptitudes y competencias básicas, y
psicotécnica, el artículo 5.° ibidem preceptúa que estas las «diseñará, adoptará y
aplicará el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.13 del artículo 3.° del Decreto 2232 de
2003» (este último acto administrativo fue derogado por el Decreto 5014 de 2009,
que contiene en sus artículos 2758 y 2859, el contenido sustancial lo que preveía
el numeral 3.13 de la norma derogada). Y el artículo 10 ejusdem señaló lo
siguiente:
«Artículo 10. La prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto
establecer niveles de dominio sobre los saberes profesionales básicos, como
también las concepciones del aspirante frente al conocimiento disciplinar y frente a
58 D. 5014/2009, art. 27, n.° 1: «Subdirección de Producción de Instrumentos. Son funciones de
la Subdirección de Producción de Instrumentos, las siguientes:
1. Ejecutar y controlar el plan de construcción y diagramación de los ítems y su validación,
atendiendo a las especificaciones técnicas definidas en el diseño de los instrumentos de
evaluación. […]».
59 D. 5014/2009, art. 28: «Subdirección de Aplicación de Instrumentos. Son funciones de la
Subdirección de Aplicación de Instrumentos:
1. Diseñar, implementar y controlar los procesos y procedimientos de calidad para el recaudo de
las tarifas, aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación, incluyendo la inscripción y
citación de los evaluados, el aseguramiento de los recursos físicos, humanos y de infraestructura
requeridos para realizar las aplicaciones, hasta el procesamiento y publicación de resultados.
2. Planear, organizar y controlar la ejecución de la aplicación de los instrumentos.
3. Desarrollar e implementar modelos para el procesamiento de los instrumentos de evaluación
aplicados.
4. Coordinar con las autoridades e instituciones educativas, su participación para la aplicación de
los instrumentos.
5. Realizar el procesamiento y publicación de resultados.
6. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados
con los procesos que se desarrollan en la dependencia.
7. Las demás que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia».
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sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.°, 5.° y 6.° del Decreto
ley 1278 de 2002.
La prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses
profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos
pedagógicos o de gestión institucional.
Los aspirantes presentarán las pruebas de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas en una misma oportunidad. Conjuntamente con la prueba, y con fines
estadísticos, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, podrá solicitar información complementaria a los aspirantes, según
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, en cuestionarios
especialmente diseñados para ello».
En esa ilación, la Guía de Orientación para las pruebas de aptitudes y
competencias básicas y psicotécnica de ingreso a la carrera docente para
directivos docentes y docentes de población mayoritaria, elaborado por el
ICFES60, indica en su página 5, que la primera prueba mencionada:
«[E]stá conformada por los siguientes componentes: Aptitud verbal, Aptitud
numérica, Pedagógico y Dominio sobre los conocimientos profesionales
disciplinares básicos. Esta última, es específica para el cargo al cual se esté
aspirando.
Esta prueba evalúa las habilidades de los aspirantes para hacer un uso apropiado
del lenguaje y para resolver diversas situaciones presentadas en un contexto
matemático; así como el grado de dominio de los saberes profesionales básicos por
parte de los aspirantes y los saberes pedagógicos básicos para su desempeño
docente».
Y frente a la prueba psicotécnica, la Guía de orientación explica que esta: «Evalúa
las actitudes, motivaciones e intereses que se ponen en juego, cuando se abordan
situaciones propias de los procesos pedagógicos o de la gestión institucional».
Ahora bien, según el artículo 13 del Decreto 3982 de 2006, la valoración de los
resultados de cada una de estas pruebas se debe expresar en una calificación
numérica en escala de cero a cien puntos, incluyendo una parte entera y dos
decimales, y la calificación mínima para que un aspirante pueda superar las
pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas, y así ser admitido
a la valoración de antecedentes y entrevista, es de 60.00 puntos para cargos
docentes y 70.00 puntos para cargos directivos docentes. Además, el precepto
en estudio prevé que el resultado final del concurso obtenido se expresará en
escala de cero a cien puntos, con una parte entera y dos decimales.
Por último, el artículo 14 del Decreto 3982 de 2006 consagra, respecto de la
publicación de los resultados de las pruebas, que la convocatoria señalará los
60 Que se puede consultar en el siguiente enlace:
https://es.calameo.com/read/004906445c760eb983236, verificado el 22 de noviembre.
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medios y términos para tales efectos, así como las vías y tiempos de presentación
de reclamaciones.
3.2. Jurisprudencia sobre la materia
Lo concerniente a las pruebas de aptitudes y competencias básicas y
psicotécnica en los concursos de méritos para ingresar a la carrera docente, ha
sido un tema estudiado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en múltiples oportunidades61,
principalmente, en el marco de las acciones de tutela que algunos participantes
de las distintas convocatorias de este sistema especial, han presentado en contra
de la decisión de excluirlos del certamen por no superar la puntuación mínima
requerida en los exámenes que tienen carácter eliminatorio.
Al respecto, en esta Sección se ha indicado que, de acuerdo con los artículos 9.°
del Decreto Ley 1278 de 2002, 3.° y 10 del Decreto Reglamentario 3982 de 2006
(antes transcritos), es necesario diferenciar la prueba de aptitudes y
competencias básicas de la psicotécnica, ya que estas se dirigen a evaluar
aspectos distintos. La primera «tiene por objeto establecer niveles de dominio sobre
los saberes profesionales básicos, como también las concepciones del aspirante frente
al conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo con lo establecido en los
artículos 4.°, 5.° y 6.° del Decreto ley 1278 de 2002», y la segunda a valorar «las
actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la
realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional»62.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación de
tutela SU-617 de 2013, precisó que, según lo prevé el artículo 10 del Decreto
3982 de 2006, existe una prueba de aptitudes y competencias básicas, «que tiene
por objeto establecer niveles de dominio sobre la idoneidad profesional básica, como
también las concepciones del aspirante frente al conocimiento de la disciplina y las
respectivas funciones»; y una prueba psicotécnica, que «valorará las actitudes,
habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes, en la realización
directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional». Asimismo, que la
disposición reglamentaria en comento «[t]ambién consagró claramente que los
61 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de tutela del 13 de septiembre de 2007, rad. 05001-23-31-000-2007-00885-01(AC);
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 10 de diciembre de 2009, rad. 05001-
23-31-000-2009-01278-01(AC); Sección Segunda (Sala Plena), sentencia de tutela del 17 de
junio de 2010, rad. 05001-23-31-000-2010-00652-01(AC); Sección Segunda (Sala Plena),
sentencia de tutela del 24 de junio de 2010, rad. 15001-23-31-000-2010-00570-01(AC); Sección
Segunda (Sala Plena), sentencia de tutela del 24 de junio de 2010, rad. 15001-23-31-000-2010-
00439-01(AC); Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 3 de febrero de 2011,
rad. 05001-23-31-000-2010-02062-01(AC) y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22
de mayo de 2014, rad. 11001-03-25-000-2009-00084-00(1106-09), entre otras.
62 Cfr. D. 3982/2006, art. 10 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 13 de septiembre de 2007, rad. 05001-23-31-
000-2007-00885-01(AC).
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aspirantes han de presentar las pruebas de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas en una misma oportunidad».
En lo que tiene que ver con la forma de evaluación, en la misma sentencia, la
Corte sostuvo que le corresponde al ICFES «desarrollar la fundamentación teórica,
así como diseñar, aplicar y elaborar instrumentos de evaluación para el ingreso de
docentes y directivos docentes al servicio de educación estatal, de acuerdo con las
orientaciones que para el efecto defina el Gobierno Nacional». En ese sentido, en los
diferentes procesos judiciales en los que se ha abordado el tema, el ICFES ha
explicado que, para tales efectos, hace uso del llamado modelo de Rasch, que
se utiliza también en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA, por sus siglas en inglés: Programme for International Student
Assessment), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)63, el cual evalúa el progreso de las habilidades y
conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales:
lectura, matemáticas y ciencias64.
Este modelo fue descrito por el ICFES ante la Corte Constitucional de la siguiente
manera65:
«Modelo de Rasch
Este modelo establece la probabilidad de respuesta de una persona ante un
estímulo dado en términos de la diferencia entre la medida del rasgo de la persona
(denominada ‘habilidad’ de ahora en adelante) y la medida del estímulo utilizado.
El modelo general considera que la respuesta a un ítem sólo depende de la
interacción entre la habilidad del sujeto y la dificultad del ítem, es decir, de θ y de b.
La Curva Característica del Ítem (CCI) viene dada por la función logística, y el único
parámetro de los ítems que se tiene en cuenta es b, el índice de dificultad. No se
hacen hipótesis globales sobre el patrón de respuestas de un grupo, ni sobre la
adivinación sistemática. Por el contrario, se plantea que la adivinación es un patrón
personal y puede ser detectada en función del ajuste o desajuste de las respuestas
de una persona al modelo. Esta misma hipótesis aplica para los ítems. La medida
de una persona es independiente de la prueba empleada y la calibración del ítem
es independiente de la población que lo aborda. La ecuación 1 expresa el modelo.
donde,
P i (θ) probabilidad de responder correctamente el ítem i para un valor (θ)
63 Ver: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264056251-6-
en.pdf?expires=1637589445&id=id&accname=guest&checksum=56DF842F7E9A0BD73927DE
C754DF0FA0, enlace consultado el 22 de noviembre de 2021.
64 Ver: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-363487.html?_noredirect=1, enlace
consultado el 22 de noviembre de 2021.
65 Corte Constitucional, sentencia SU-617 de 2013.
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(θ) valor de la variable medida o habilidad
b i índice de dificultad del ítem i
e base de logaritmos neperianos
… … …
Este modelo genera calificaciones consistentes con el número de respuestas
correctas y permite conocer la confiabilidad y validez del proceso de evaluación y
de los instrumentos utilizados (pruebas de aptitudes y de competencias
específicas). El modelo de crédito parcial propuesto es coherente con el marco
teórico utilizado.”
Por otro lado, en la mencionada guía de contenido mínimo, se establece el análisis
de ítem, que consiste en la eliminación de la información que “introduzca ruido” a
los valores de análisis, para lo cual se realizará el siguiente procedimiento con cada
una de las pruebas (aptitud verbal, aptitud numérica, competencias específicas y
psicotécnica):
“ANÁLISIS DE ÍTEM
1. El análisis de ítem se realizará utilizando, como criterio principal, el valor de ajuste
(próximo y lejano) y siguiendo los procedimientos regulares del ICFES.
2. Especificación de las etapas para el análisis de ítem.
o Antes de iniciar el procesamiento para el análisis de ítem es necesario eliminar los
ítems identificados como dudosos en el proceso de aplicación, en caso de que sea
necesario y se haya obtenido esta información.
o Procesar cada prueba por separado (aptitud verbal, aptitud numérica, competencias
específicas, psicotécnica, por separado) en, por lo menos, dos ocasiones sucesivas:
la primera para identificar los valores de depuración y la segunda para obtener los
primeros valores para el análisis de ítem. Si es necesario, y luego de un análisis
preliminar, se volverá a procesar la información eliminando los ítems, de cada
prueba, que sea necesario.
o Se eliminan los ítems que sea necesario luego del proceso de análisis de ítem y
reportados por la coordinación del Grupo de Evaluación de Educación.
o Con los ítems que quedan, luego del análisis de ítem se procede a la calificación de
los concursantes».
Del mismo modo, en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, se ha
precisado que66:
«[L]a metodología de calificación que utiliza el ICFES denominada “RASCH”, [es
una] metodología que establece la posibilidad de respuesta de una persona ante un
estímulo dado en términos de la diferencia entre la medida de su habilidad y la
medida del estímulo utilizado. En otras palabras, el modelo general considera que
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (Sala Plena),
sentencia de tutela del 17 de junio de 2010, rad. 05001-23-31-000-2010-00652-01(AC).
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la respuesta a un ítem sólo depende de la interacción entre la habilidad del sujeto y
la dificultad del ítem.
Este método genera calificaciones consistentes con el número de respuestas
correctas y permite conocer la confiabilidad y validez del proceso de evaluación y
de los instrumentos utilizados (pruebas de aptitudes y competencias específicas).
El modelo de crédito parcial propuesto es coherente con el marco teórico utilizado.
Lo anterior, permite concluir que la calificación de las pruebas de aptitudes y
competencias básicas no constituye una fórmula de la que se pueda decir
simplemente que cada pregunta valía 1 punto o 3.33 o 3.57, pues como lo explicó
la entidad [ICFES] dichas pruebas no miden sólo el conocimiento sino también la
habilidad de los concursantes. Además, en el resultado intervienen una serie de
variables por lo que no es posible acceder y sencillamente ordenar la suma de unos
valores que según la actora corresponden a las preguntas eliminadas».
A partir de lo precedente, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como
la del Consejo de Estado, han coincido en señalar que el procedimiento
adelantado por el ICFES para la calificación de las pruebas, siguiendo los
anteriores parámetros, se ajusta a los términos de las normas reguladoras de los
concursos de méritos de la carrera docente y no vulnera ningún derecho
fundamental67.
4. Caso concreto
Para efectos de este juicio de legalidad, la Sala de Subsección considera
pertinente, inicialmente, transcribir los textos de los artículos 20, 21, 22 y 25 del
Acuerdo 189 de 2012 de la CNSC, acusados en este medio de control. En ese
orden, dichas disposiciones prevén lo siguiente:
«Artículo 20.- CARÁCTER Y PONDERACIÓN: Las pruebas que se aplicarán en
este proceso de selección por mérito se regirán por los siguientes parámetros:
Prueba Carácter Calificación Valor en el concurso Responsable
Aprobatoria Para Para de aplicación
Docentes de Directivos y calificación
Aula y Docentes
Orientadores
Aptitudes y Eliminatoria 60/100 para 55% 45% ICFES
Competencias y docentes y
Básicas Clasificatoria 70/100 para
directivos
docentes
Psicotécnica Clasificatoria N/A 10% 10% ICFES
Valoración de Clasificatoria N/A 20% 30% CNSC o
antecedentes delegado
(verificación
del
cumplimiento
67 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-617 de 2013 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda (Sala Plena), sentencia de tutela del 17 de junio
de 2010, rad. 05001-23-31-000-2010-00652-01(AC).
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de requisitos
mínimos para
el empleo* y
valoración de
antecedentes
Entrevista Clasificatoria N/A 15% 15% CNSC o
delegado
N/A: No Aplica
(*) Para la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, previamente se recibirán los
documentos y se verificarán los requisitos para el ejercicio del empleo. La verificación de
requisitos para el ejercicio del empleo no es una prueba, sino una condición para poder
continuar en el concurso público y abierto.
PARÁGRAFO: En atención al carácter general y masivo de este proceso y al
derecho de los otros aspirantes a que el concurso de adelante con celeridad y se
cumplan en condiciones de igualdad y oportunidad las etapas del mismo, por
razones de interés general, no se aceptará la fuerza mayor o el caso fortuito para
reclamar de manera particular la aplicación de ninguna prueba por fuera del
calendario fijado para todos los participantes». (En negrita se resalta el aparte
que el demandante afirma que se encuentra viciado de nulidad).
«Artículo 21.- PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS Y
PSICOTÉCNICA. La prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto
establecer niveles de aptitudes verbales y numéricas, así como el dominio sobre los
conocimientos profesionales disciplinares básicos y el saber pedagógico en el
contexto del servicio educativo, así como también las concepciones del aspirante
frente a sus funciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.°, 5.° y 6.°
del Decreto-Ley 1278 de 2002.
La prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses
profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos
pedagógicos o de gestión institucional.
Estas pruebas serán aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación -ICFES- a los aspirantes inscritos, en una misma oportunidad. El día y
lugar de aplicación se informará en la citación y se publicará en la página web del
ICFES con una antelación no inferior a diez (10) días calendario.
Para conocer el lugar y fecha de presentación de las pruebas, el aspirante debe
acceder y consultar las páginas web www.cnsc.gov.co y www.icfes.gov.co – Link
Convocatoria Docente 2012, ingresando con el PIN o con el Código de Inscripción
dado por el ICFES y su documento de identidad.
PARÁGRAFO: La Comisión Nacional del Servicio Civil, por motivos de logística,
recursos de financiación del concurso, trámites administrativos, interés general o
fuerza mayor, podrá modificar la fecha de presentación de la prueba, evento en el
cual la CNSC señalará nueva fecha mediante Resolución».
«Artículo 22.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. A partir de la
fecha que disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, que será publicada con
una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en las páginas Web
www.cnsc.gov.co y www.icfes.gov.co, el aspirante debe ingresar con el PIN o con
el Código de Inscripción dado por el ICFES y su documento de identidad para
consultar el resultado de las pruebas por él presentadas, cada uno de los cuales
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se expresará en una sola calificación numérica en escala de cero (0) a cien
(100) puntos, compuesta por una parte entera y dos decimales.
Los resultados de las pruebas se publicarán a más tardar cuarenta y cinco (45) días
calendario des pues de la aplicación de las mismas por parte del ICFES». (En
negrita se resalta el aparte que la parte demandante alega como viciado de
nulidad).
[…]
«Artículo 25.- ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DE LAS PRUEBAS. El
ICFES, una vez resueltas las reclamaciones, entregará oficialmente a la
Comisión Nacional del Servicio Civil los resultados de la prueba de aptitudes
y competencias básicas, que tiene carácter eliminatorio y clasificatorio, y la prueba
psicotécnica, que tiene carácter clasificatorio, los cuales se expresarán en una
calificación numérica con una parte entera y dos (2) decimales». (En negrita se
resalta el aparte que la parte demandante alega como viciado de nulidad).
Respecto de estas disposiciones, la parte demandante sostiene, de manera
general para todas, que violan las normas superiores porque la prueba de
aptitudes y competencias básicas no se debía publicar como una sola, sino por
pruebas individuales de, por un lado, aptitudes, y por el otro, de competencias
básicas.
Acerca de lo anterior, la Sala estima que no le asiste razón a quien demanda, en
la medida en que, como se vio, las normas de rango legal que regulan
particularmente esta cuestión, que están contenidas en los literales d. y e. del
artículo 9.° del Decreto Ley 1278 de 2002, consagran que, en el concurso de
méritos de la carrera docente, después de la etapa de verificación de requisitos
mínimos y publicación de los admitidos a las pruebas, lo que sigue es la selección
mediante «prueba de aptitudes y competencias básicas» y después la «publicación
de resultados de selección por prueba de aptitud y competencias básicas»68. En esa
ilación, es posible observar que el legislador extraordinario se refirió de manera
singular a esta clase de prueba y no la dividió, como lo afirma la parte
demandante, en dos distintas categorías.
Esta lectura se acompasa con lo señalado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado que ya se tuvo la oportunidad de reseñar,
en la cual, a partir de lo que consagra el artículo 10 del Decreto Reglamentario
3982 de 2006, se ha dicho que existe, por un lado, una prueba de aptitudes y
competencias básicas, y por el otro, una prueba psicotécnica.
Ahora bien, tal y como se advirtió previamente, la definición de los detalles de la
metodología de evaluación en estos exámenes le corresponde al ICFES y, en
ese sentido, dicha entidad precisó, en la Guía de Orientación de las pruebas, que
la de aptitudes y competencias básicas se integra de los componentes relativos
a las aptitudes verbal, numérica, pedagógica y el dominio sobre los
68 Negrita fuera de texto.
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conocimientos disciplinares básicos para cada cargo docente al que se aspire, lo
cual coincide plenamente con la discriminación de los resultados de las pruebas
que expuso el demandante en el acápite de los hechos del libelo.
Por otro lado, la Subsección resalta que lo relativo a la aplicación del modelo de
análisis Rasch, se constituye como un desarrollo de las facultades otorgadas al
ICFES para diseñar las pruebas y su metodología de evaluación, y en nada
interfiere en lo que prevén las normas invocadas como violadas por el
demandante que, se reitera, desvirtúan su tesis de que la prueba de aptitudes y
competencias básicas debía dividirse en dos tipos de pruebas.
Así pues, se tiene que el artículo 20 del Acuerdo 189 de 2012, relativo al carácter
y ponderación de estas pruebas no contraviene las normas invocadas como
violadas en la demanda y, por el contrario, las observa plenamente, toda vez que
esta disposición mantiene su naturaleza clasificatoria y eliminatoria, expresa los
resultados de la prueba en una escala de cero a cien y respeta la calificación
aprobatoria tanto para docentes como para directivos docentes (D. 3982/2006,
art. 13).
Igualmente, el artículo 21 guarda plena coherencia con lo señalado en el artículo
10 del Decreto 3982 de 2006 que, como se vio, reglamenta lo relacionado con el
objeto de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnica, y
preceptúa que los aspirantes deberán presentar ambas pruebas en una misma
oportunidad.
Por su parte, el artículo 22 tampoco transgrede las normas superiores, porque
responde a lo que consagra el artículo 14 del Decreto 3982 de 2006 en el sentido
de que la convocatoria es la que debe señalar los medios y términos para la
publicación de los resultados de las pruebas, y también observa lo que prevé el
artículo 13 ibidem, frente a la expresión en una sola calificación numérica en
escala de cero a cien puntos de cada una de las pruebas.
Y, finalmente, el artículo 25 del acuerdo acusado no viola el ordenamiento
superior y respeta plenamente las normas que la parte demandante alegó como
violadas, toda vez que a la CNSC le corresponde administrar y vigilar la carrera
especial docente y, en ese sentido, resulta ajustado a derecho que el ICFES le
entregue oficialmente los resultados de las pruebas de aptitudes y competencias
básicas y psicotécnicas a esa entidad, después de que se resuelvan todas las
reclamaciones. Por lo demás, la expresión de la calificación de estos exámenes
acata plenamente lo que establece el artículo 13 del Decreto 3982 de 2006.
De esta manera, la Sala considera que en el presente asunto no se logró
desvirtuar la presunción de legalidad de las disposiciones del Acuerdo 189 de
2012 que fueron acusadas y, por lo tanto, denegará las pretensiones de la
demanda.
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En conclusión: Los artículos 20, 21, 22, y 25 del Acuerdo 189 de 2012 proferido
por la CNSC, así como la interpretación oficial que de ellos han realizado las
entidades demandadas, no se encuentran viciados por la violación de los
artículos 8.° y 9.° (literales e. y f.) del Decreto Ley 1278 de 2002 y de los artículos
2.°, 3.° (literal d.), 10, 13 y 14 del Decreto 3982 de 2006, en la medida en que la
publicación de los resultados de las pruebas de aptitudes y competencias básicas
en la Convocatoria n.° 145 de 2012 para docentes y directivos docentes del
Distrito Capital de Bogotá se realizó de conformidad con dichas normas.
IX. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones se denegarán las pretensiones de la demanda
de nulidad presentada a través de apoderada por el señor Marino Rafael
Mosquera Girón en contra de la CNSC y el ICFES.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad presentada a
través de apoderada por el señor Marino Rafael Mosquera Girón en contra de la
CNSC y el ICFES.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en los programas informáticos respectivos.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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