Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00255-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00255-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2020-00255-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Demandada: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Tercero interesado: CARLOS OSWALDO MORA GÓMEZ
Coadyuvante: ÁLVARO JOSÉ MEJÍA ARIAS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la
Universidad del Cauca en contra del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de
21 de mayo de 20181, del Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y del
Diploma núm. 905-18 de 15 de junio de 2018.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1.La Universidad del Cauca presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad2, con el propósito de obtener las siguientes declaratorias y condenas:
“[…] 4.1.- Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo Sin Nro. De fecha
24 de abril de 2018, con el cual el Consejo de la Facultad de derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo académico a la
parte demandada señor (a) MORA GÓMEZ CARLOS OSWALDO, por haber cursado
y aprobado todas la (sic) asignaturas y requisitos que integran el Plan de Estudios
del Programa de Derecho.
4.2.- Declárase la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. R 437 de
fecha 21 de mayo de 2018 (parcial) (sic), en concreto del aparte que confiere al (a)
señor (a) MORA GÓMEZ CARLOS OSWALDO, identificado con la cédula de
ciudadanía […], el título de Abogado (a).
4.3.- Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 29 de fecha 15 de junio de 2018 y
Diploma No. 905-18 de fecha 15 de junio de 2018, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de la Resolución No. R 437 de fecha 21 de mayo de 2018 y otorga el título
1
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
2
Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
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Demandante: Universidad del Cauca
de Abogado (a) al (a) señor (a) MORA GÓMEZ CARLOS OSWALDO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. […].
4.4.- Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado (a) del
(a) señor (a) MORA GÓMEZ CARLOS OSWALDO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía […], si ya se hubiese iniciado el trámite respectivo o ya hubiere obtenido
la tarjeta profesional de Abogado (a). […]”.
I.1.1. Los hechos
2. Como fundamento fáctico, la Universidad del Cauca informó que el señor Carlos
Oswaldo Mora Gómez se matriculó al programa de Derecho en el primer periodo
académico del año 2012. Para esa época, el plan de estudios estableció como
requisitos de grado la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia en
idioma extranjero (PSI) y de los exámenes preparatorios3, para obtener el título de
abogado.
3. El señor Carlos Oswaldo Mora Gómez obtuvo ese título en la ceremonia de grado
colectiva realizada el 15 de junio de 2018.
4. Los días 19 de mayo de 2019 y 11 de julio de 2019, el ente universitario conoció
denuncias por presuntas irregularidades en el registro de los exámenes
preparatorios. La primera fue anónima y la segunda interpuesta por el profesor
Milton Javier López.
5. Mediante Resolución R-695 de 30 de julio de 2019, se conformó un equipo de
seguimiento que tenía a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de los
requisitos de grado de los estudiantes desde el año 2015.
6. De la comparación realizada por el mencionado equipo entre el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico – SIMCA, y los soportes físicos que
reposan en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados del
programa de Derecho, se encontró que el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez no
cuenta con soporte físico de aprobación de los exámenes preparatorios de derecho
penal, derecho administrativo, derecho de familia y derecho procesal.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7.La parte actora sostuvo que los actos acusados se encuentran falsamente
motivados y vulneran los artículos 6.º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política, la Ley 30 de 19924, los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437
de 2011 y el Acuerdo Académico 002 de 17 de febrero de 20115.
3
A saber, exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral, derecho
de familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.
4
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
5
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales […]”.
3
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8. Indicó que las universidades tienen derecho, en virtud de la autonomía
universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de
28 de diciembre de 19926, a desarrollar sus programas académicos. Por ello, la
presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios constituye
un requisito obligatorio para adquirir el título de abogado7, según lo dispuesto en el
Acuerdo Académico 002 de 2011.
9. Precisó que “[…] los actos administrativos demandados causan un daño grave,
daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las irregularidades
anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los requisitos para
otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo una profesión (lo
cual implica un riesgo social) […]”.
10. Refirió que la universidad desconoce el medio o mecanismo utilizado por el señor
Carlos Oswaldo Mora Gómez para obtener el registro de notas aprobatorias, sin
haber superado la totalidad de los exámenes preparatorios, situación que ya fue
puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Lo cual, en su criterio, “[…]
se traduce, en el menor de los casos, en el aprovechamiento de error administrativo
[…]”.
I.2. Trámite del proceso
11. Mediante auto de 1.° de septiembre de 20208, se admitió la demanda de nulidad
interpuesta contra la Resolución R-437 de 21 de mayo de 2018, el Acta de grado
núm. 29 de 15 de junio de 2018 y el Diploma núm. 905-18 de 15 de junio de 2018.
Además, se precisó que el documento de paz y salvo académico de 24 de abril de
2018 no era un acto enjuiciable ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Finalmente, reconoció al señor Carlos Oswaldo Mora Gómez como tercero con
interés directo en el resultado del proceso.
12. A través de providencia de 25 de noviembre de 20209, se reconoció al señor
Álvaro José Mejía Arias como coadyuvante.
13. Por auto de 8 de marzo de 202110, se denegó la solicitud de nulidad procesal
planteada por el tercero interesado, debido a que no se configuraba una indebida
notificación de la admisión de la demanda.
14. Mediante proveído de 14 de mayo de 202111, se decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados.
6
"[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]".
7
Cfr. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy Cabra.
8
Cfr. Índice 3 expediente digital, documento denominado “56_ED_CUADERNOPRINCIPALP(.PDF) NroActua 3”, folio 123.
9
Cfr. índice 15 expediente digital, documento denominado “16_AUTO QUE ADMITE LA COAYUDANCIA(.DOC) NroActua
15”.
10
Cfr. Índice 23 expediente digital, documento denominado “21AUTOQUERESUELVE(.DOC) NroActua 23”.
11
Cfr. Índice 35 expediente digital, documento denominado “38AUTOQUEDECIDESOBREMEDIDASCAUTELARES(.DOC)
NroActua 35”.
4
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15. En la audiencia de 25 de febrero de 202212, se fijó el litigio, se decretaron
pruebas, y se declaró no probada la excepción de indebida escogencia del medio
de control judicial, al considerar que los actos subjetivos demandados “[…] refieren
a la habilitación para que ciertas personas ejerzan la profesión de abogado,
entendida esta como el ejercicio profesional de un asunto de interés relevante para
la comunidad en general […]”. En consecuencia, su legalidad se puede estudiar a
través de la acción de nulidad, “[…] por afectar de manera grave y evidente el orden
público, social o económico o cuando se encuentre de por medio un interés
colectivo o comunitario con incidencia trascendental e incuestionable proyección
sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de personas
[…]”.
16. Dichas pruebas fueron recaudadas y, por ello, mediante proveído de 28 de
noviembre de 202213, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran
sus escritos de alegatos de conclusión.
17. Mediante auto de 20 de febrero de 202314, se resolvió dejar sin efectos la
providencia de 28 de noviembre de 2022, por medio de la cual se corrió traslado
para alegar, con miras a decretar unas pruebas de oficio y garantizar el derecho a
la contradicción y defensa de los sujetos procesales.
18. La Sala resolvió en providencia de 9 de mayo de 202415, el recurso de súplica
del tercero interesado, presentado contra el auto que decretó la medida cautelar,
en el sentido de confirmar la decisión.
I.3. La contestación de la demanda16
19. El apoderado judicial de Carlos Oswaldo Mora Gómez mediante escrito de 21
de abril de 2021, adujo que el tercero interesado se matriculó al programa de
derecho, a través del convenio suscrito entre la Universidad del Cauca y la Policía
Nacional, en cuyo marco aprobó todos los exámenes preparatorios exigibles.
20. Sostuvo que la Universidad del Cauca cuenta con la carga probatoria de
demostrar la infracción del ordenamiento superior, y “[…] la normatividad, vigente y
aplicable al momento de ingreso y egreso como graduado […]”, pues los
estudiantes no intervienen en ninguna etapa de la calificación y registro de notas.
21. Insistió que “[…] no participó en la elaboración de las actas que le confirieron el
título académico por parte de los funcionarios de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, y
además cuando la misma decana del programa de Derecho y los docentes que
realizan dichos exámenes manifiestan que en ningún caso pueden confirmar o
desvirtuar la presentación o no de dichos exámenes […]”.
12
Cfr. Índice 62 expediente digital, documento denominado “ACTA AUDIENCIA INICIAL(.pdf) NroActua 62”.
13
Cfr. Índice 91 expediente digital, documento denominado “118_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.pdf)”.
14
Cfr. Índice 101 expediente digital, documento denominado “127_AUTOQUEDEJASINEFECTOPROVIDENCIA(.pdf)”.
15
Cfr. Índice 115 expediente digital, documento denominado “135Auto que resuel_202000255SuplicaUnic(.pdf)”.
16
Cfr. Índice 33 expediente digital, documento denominado “02 CONTESTACION DEMANDA(.PDF) NroActua 33”.
5
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22. Manifestó que “[…] no se puede afirmar que existió un error administrativo y
mucho menos que este fue aprovechado por mi representado […]” pues lo que
presuntamente ocurrió fue “[…] una serie de irregularidades administrativas en lo
atinente a los mecanismos y protocolos que deben ceñirse a la hora de realizar las
evaluaciones en esa clase de exámenes y así mismo al momento de efectuar la
calificación y sistematización de la referida evaluación […]”.
23. A su juicio, se quebrantó el principio de buena fe porque a los estudiantes “[…]
se les ha creado una situación particular y concreta que hoy a través de
mecanismos controvertidos y contrarios al ordenamiento jurídico se pretenden (sic)
desconocer […]”.
24. Alegó que “[…] los actos meramente académicos no constituyen actuaciones que
puedan ser sometidas al control judicial […]” y que el medio de control debió
tramitarse como nulidad y restablecimiento.
25. Adujo que la Universidad del Cauca no cuenta con un sistema de gestión
documental que respete la Ley 594 de 14 de julio de 200017, como lo demuestra la
investigación disciplinaria PD-019 de 2019 de la Procuraduría Regional del Cauca,
el informe 009 de junio de 2011 de la auditoría de la Contraloría General de la
República y el mapa de riesgos elaborado por Control Interno en el año 2016.
Además, solo hasta el 10 de diciembre de 2020, la universidad expidió el Acuerdo
Superior 074 de 2020, “[…] Por el cual se adopta la Política de Gestión Documental
de la Universidad del Cauca […]”.
26. Cuestionó la competencia e imparcialidad del “Equipo de Seguimiento y apoyo”,
la falta de participación de los estudiantes en la elaboración del informe, y la
imposibilidad fáctica de controvertir las pruebas. Señaló que solo el Consejo de
Facultad y la Rectoría pueden imponer sanciones y verificar los requisitos de grado.
Además, no existe “[…] sanción penal, disciplinaria o administrativa […]” impuesta
al tercero interesado, y el ente universitario debió surtir el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
I.4. La coadyuvancia
27. El coadyuvante Álvaro José Mejía Arias, mediante escrito de 8 de septiembre
de 202018, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Aseguró
que, en la Universidad del Cauca, conforme a sus estatutos, “[…] solo existen dos
requisitos de grado vigentes: a) terminación del plan de estudios y b) trabajo de
grado […]”. Indicó que los exámenes preparatorios no se podían exigir como
requisito de grado, en tanto el Acuerdo núm. 027 de 25 de julio de 201219 permitía,
a los estudiantes, escoger otras modalidades.
17
“[…] Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones […]”.
18
Cfr. Índice 7 de expediente digital, documento denominado “RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO-1-
Intervención ciudadana demanda de nulidad actos de grado. 8 de septiembre 2020.docx(.docx) NroActua 7”
19
“[…] Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado de la Universidad del Cauca […]”.
6
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28. Expresó que el Consejo Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011. Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad del Cauca
no ratificó ese acto, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 del Acuerdo
núm. 105 de 18 de diciembre de 199320, razón por la cual “[…] el requisito de grado
de exámenes preparatorios debe inaplicarse y por lo tanto no exigirse ni verificarse
para efectos de estudiarse la legalidad de los tres actos administrativos mediante
los cuales se otorgó el título de abogado […]”.
29. Agregó que: (i) el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico SIMCA
no tiene establecidos protocolos de seguridad; (ii) el manejo y conservación de los
archivos académicos es responsabilidad de la universidad; y (iii) el desorden
administrativo al interior del claustro “[…] podría ser la causa de los problemas
denunciados y no la acción de los estudiantes, que, entre otras cosas, son los
únicos que no tienen acceso al sistema para poder modificarlo […]”.
I.5. Los alegatos de conclusión21
30. El apoderado judicial de la Universidad del Cauca, mediante escrito de 30 de
julio de 202422, insistió en la estrategia de defensa propuesta en la demanda.
31. Preciso que del trámite adelantado se pudo establecer la configuración de las
causales de nulidad de los actos demandados, ante “[…] la inexistencia de los
soportes que acrediten la presentación y aprobación de la totalidad de los
exámenes preparatorios y PSI, requeridos para obtener el título de abogado […]”.
32. El apoderado judicial del tercero interesado, mediante memorial de 1.º de agosto
de 202423, reiteró los argumentos de oposición planteados en el escrito de
contestación de la demanda. Agregó que la Fiscalía General de la Nación en la
investigación penal con radicación núm. SPOA 410016000583201700079 no
vinculó al tercero interesado.
33. Solicitó la aplicación de la excepción de ilegalidad o inoponibilidad del Acuerdo
002 de 3 de febrero de 198824, de los artículos 38, 53 y 61 del Acuerdo 055 de
199125 y del Acuerdo 002 de 17 de febrero de 2011. También señaló que operó la
pérdida de fuerza de ejecutoria de esos actos administrativos porque el artículo 1.°
de la Ley 552 de 30 de diciembre de 199926 derogó el artículo 149 de la Ley 446 de
20
“[…] Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Cauca […]”.
21
Mediante auto de 12 de julio de 2024, esta autoridad judicial prescindió de la realización de la audiencia de pruebas de que
trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, así como de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, prevista en el artículo
182, y ordenó correr traslado a las partes para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio
Público para que, de considerarlo pertinente, rinda concepto. Índice 124 expediente digital
22
Cfr. Índice 129, documento denominado “ALEGATOS DE CONCLUSION(.pdf) NroActua 129”.
23
Cfr. Índice 130, documento denominado “150_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi(.pdf) NroActua 130”.
24
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca […]”.
25
"[…] Por el cual se modifica el Capítulo V del Acuerdo 002 de 1988 sobre Matrícula […] ".
26
“[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998 […]”.
7
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7 de julio de 199827 que, en su momento, estableció el requisito legal de la
presentación de los exámenes preparatorios para efectos de obtener el título de
abogado.
34. Sostuvo que “[…] el informe presentado como prueba documental elaborado por
la misma Universidad del Cauca no permite determinar cuáles son las
características de los aplicativos, programas, y plataformas de los cuales hace uso
la Universidad del Cauca, se desconoce si los mismos están adecuados a la
regulación de los estándares internacionales ISO o similares, por ende se reitera
es a la Universidad del Cauca a quien corresponde determinar que dichas
plataformas, sistemas y programas SIMCA, DARCA y PSI no han presentado falla
alguna desde su creación hasta la fecha […]”. (Negrilla del original).
35. Indicó que el informe no es objetivo, imparcial y técnico porque: (i) “[…] fue
suscrito por dos personas que no tienen el título profesional de ingenieros de
sistemas o telecomunicaciones como lo son las doctoras MARTHA LUCIA
CHAVES ZUÑIGA y CLAUDIA NOHEMY GARCIA MEJIA (sic), quienes son
profesionales del derecho […]”; (ii) “[…] Se desconoce la profesión de la señora
LUCIA AMPARO GUZMÁN VALENCIA jefe de Control Interno, y FRANCISCO
PINO CORREA […]”; y (iii) “[…] la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, según
la información registrada en el portal de la Universidad del Cauca, fue la
coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, SIMCA; y
directora encargada de la División de Admisiones, Registro y Control Académico,
DARCA, aplicativos que al parecer presentaron irregularidades […]”. (Negrilla del
original).
36. Planteó que nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio al evidenciarse
que “[…] la Contraloría General de la Nación a través de los informes emitidos
desde el año 2010 señalan que los aplicativos en cuestión presentaron una serie
de falencias, fallas y errores atribuibles a la misma Universidad del Cauca […]”.
37. El coadyuvante guardó silencio.
I.6. El concepto del Ministerio Público
38. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, no allegó concepto en el
trámite de referencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
39. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados;
(iii) el planteamiento del problema jurídico; y (iv) el análisis del caso concreto.
27
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
8
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II.1. Competencia
40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201928, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.
II.2. Los actos administrativos demandados
41. La demanda va dirigida a cuestionar el artículo 1°(parcial) de la Resolución R
437 de 21 de mayo de 201829, el Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 201830,
y el Diploma núm. 905-18 de 15 de junio de 201831, que confiere el título de abogado
al señor Carlos Oswaldo Mora Gómez.
II.3. El planteamiento del problema jurídico
42. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 25 de febrero de
2022, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados
transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.°32
del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título
profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…]
esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o
28
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
29
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”. El aparte del artículo
acusado del acto acusado señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos cumplieron con los requisitos de Ley y los
reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
[…] FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS (sic) Y SOCIALES […]
ABOGADA (O) […]
CARLOS OSWALDO MORA GÓMEZ CC. […] de Puerto Caicedo […]”.
30
El acto en cita señala: “[…] En Popayán, capital del departamento del Cauca, República de Colombia, a las 2:00 pm del día
viernes 15 de junio de 2018 y en cumplimiento de la Resolución R437 del 21 de mayo de 2018, expedida por la rectoría del
alma mater, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas para la entrega de títulos
conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría general una vez instalada la ceremonia, de la resolución afirmando
que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos
legales y reglamentarios. el Rector le toma el juramento y le otorga título de abogado a Carlos Oswaldo Mora Gómez CC […]
de Puerto Caicedo.
El diploma acredita su idoneidad ejercer la profesión de abogado.
Se registra en el libro de Diplomas N 082, folio 905, Diploma. 905-18. […]
Para constancia se expide la presente acta de grado […]”.
El citado documento fue suscrito el 15 de junio de 2018 por Laura Ismenia Castellano Vivas, en su calidad de Secretaria
General de la Universidad del Cauca.
31
El acto en cita señala: “[…] La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio educación nacional, en la atención a que Carlos Oswaldo Mora Gómez (…) cumplió con todos los requisitos legales
y estatutarios le otorga el título de abogado con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el ejercicio
profesional. Popayán 15 de junio de 2018. Registrado en el libro de Diplomas N 082, folio 905, Diploma. 905-18 […]”.
El citado documento fue suscrito por Diago Franco (rector de la Universidad del Cauca), Gabriela Ramírez Zuluaga (decano
de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales) y Laura Ismenia (Secretaria General).
32
Es importante aclarar que la Universidad del Cauca, junto con el escrito de la demanda, allegó una copia del Acuerdo 02
que no era la versión definitiva. Ese documento señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en sus artículos
6 y 8. Cabe precisar que, en la versión definitiva del Acuerdo 02 modificó el orden de los artículos por lo que los preceptos 6
y 8, pasaron a ser los artículos 5 y 7. En ese orden, en el marco del principio iura novit curia, la Sala entenderá que cuando
la universidad se refirió a la transgresión de los artículos 6° y 8° del Acuerdo Académico 02 de 2011, se trataba materialmente
de los artículos 5° y 7°, como se deduce de la transcripción literal que hizo de las normas en el libelo de la demanda. Consejo
de Estado, Sección Primera, Sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020210044400.
9
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los
reglamentos internos de dicho ente universitario […]”.
II.4. Análisis del caso concreto
43. Para resolver el problema jurídico, la Sala verificará primero si el tercero
interesado cumplió o no con los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado. Posteriormente, estudiará la procedencia de los argumentos
adicionales presentados en la etapa de alegatos de conclusión. Por último, analizará
si los reparos de oposición propuestos por el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez y
por el coadyuvante cuentan con vocación de prosperidad.
II.4.1. El cumplimiento de los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado en el caso concreto
44. La Universidad del Cauca afirmó que el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez no
cumplió los requisitos previstos en el reglamento universitario para obtener por el
título de abogado, porque no aprobó los exámenes preparatorios de derecho penal,
derecho administrativo, derecho de familia y derecho procesal.
45. Frente a dicho reparo, el coadyuvante cuestionó la aplicabilidad del Acuerdo
Académico 002 de 2011 y el tercero interesado señaló que la Universidad del Cauca
no demostró que el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez modificara las notas de los
exámenes preparatorios de derecho penal, derecho administrativo, derecho de
familia y derecho procesal publicadas en SIMCA, para obtener el registro aprobado.
46. A efectos de dirimir los planteamientos, se estudiará: (i) los requisitos de grado
exigibles al tercero interesado; y (ii) lo acreditado en el plenario sobre el particular.
i) Los requisitos de grado exigibles al tercero interesado
47. De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política y los artículos 24,
28 y 29 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 199233, las universidades públicas están
facultadas, en virtud del principio de autonomía universitaria, para adoptar sus
propios estatutos, decidir sobre la creación y desarrollo de programas académicos,
organizar las labores académicas, y conferir títulos a sus egresados34.
48. En desarrollo de tales facultades, la Corte Constitucional determinó, en las
sentencias C-105 de 4 de octubre de 200135 y SU-783 de 11 de septiembre de
200336, que dichas entidades pueden prever requisitos académicos más exigentes
que los previstos por el legislador para el ejercicio de la abogacía37. Concretamente,
tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios, entre otras
33
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
34
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
35
Magistrado Álvaro Tafur Galvis
36
Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra
37
El artículo 1.° de la Ley 552 de 30 de diciembre de 1999, “[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley
446 de 1998 […]”, eliminó la aprobación de los exámenes preparatorios como requisito legal.
10
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
pruebas, si con ello aseguran la calidad de la formación de sus egresados, y en la
medida en que esos reglamentos universitarios son vinculantes para toda la
comunidad educativa.
49. Frentea los componentes del currículo del programa de derecho de la
Universidad del Cauca, esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 202338, explicó
que el Acuerdo Académico 002 de 201139 reguló el pensum de los estudiantes
matriculados por primera vez o que reingresaron al programa de derecho a partir
del segundo período académico de 2011.
50. Los artículos 5.°, 6.° y 7.° ibidem indicaron que para obtener el título de abogado
es necesario aprobar los exámenes preparatorios, veamos:
“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa de
Derecho:
[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO
[…]
ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo
rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo período académico de 2011.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar
las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (Negrilla fuera del texto).
51. La Sección Primera también precisó que “[…] en desarrollo de estas
disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, a
efectos de reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del requisito de
grado objeto de debate […]”.
52. El Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señaló lo siguiente:
“[…] ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y
profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
38
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
39
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias
políticas y Sociales […]”.
11
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.
ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las
siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho
de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial.
6. DERECHO PUBLICO I: Teoría del Estado; Teoría de la Constitución y Derecho
Constitucional; Principios, estructura del Estado y Reforma Constitucional y Derechos
constitucionales.
7. DERECHO PUBLICO II: Derecho Administrativo General, Estructura de la
Administración Pública, Contratación Estatal y Procedimiento Administrativo […]”.
53. Como puede observarse, el Acuerdo Académico 002 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011, la cual exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo académico.
54. ElAcuerdo Académico 002 goza de presunción de legalidad, en tanto su
contenido y procedimiento de expedición no se discute en este proceso. Aun así, es
importante señalar que la Sala desestimó el reparo del coadyuvante sobre la
ausencia de ratificación de ese acto administrativo por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca, en sentencia de 31 de julio de 2023.
55. En esa providencia, la Sección analizó los artículos 8.º, 41, 42, 43 y 44 del
Estatuto Académico de la Universidad del Cauca (Acuerdo 036 de 2011),
relacionados con el proceso de formulación y aprobación de los programas
académicos y de sus reformas. Explicó que las autoridades competentes a la hora
de crear o autorizar un programa, son distintas a las encargadas de su reforma. En
el primer evento, la creación implica la intervención del Consejo de Facultad y del
Consejo Superior. En materia de modificaciones el Consejo de Facultad promueve
los cambios, y el Consejo Académico los aprueba. En todo caso, una vez el
programa es aprobado, este será administrado por las Facultades, con apoyo de la
Coordinación de Programa y del Comité de Programa.
12
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Demandante: Universidad del Cauca
56. A partir de lo anterior, se concluyó que el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de diciembre de 2010 y 8 de
febrero de 2011, avaló una actualización (reforma) de los componentes del currículo
del programa de derecho impartido por la Universidad del Cauca, la cual fue
aprobada por el Consejo Académico, mediante Acuerdo 002 de 2011.
57. Esto significa que el Consejo de Facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo
4.º del Acuerdo 027 de 2012 y en los artículos 43 y 44 del Acuerdo 036 de 2011, no
solo definió la modalidad de trabajo de grado para ese programa, de acuerdo a sus
características y particularidades, sino que estableció las condiciones, requisitos,
procedimientos y términos que reglamentan dicha modalidad.
58. Finalmente, se debe tener en cuenta que el programa de derecho de la
Universidad del Cauca obtuvo su registro calificado mediante Resolución 10682 del
22 de noviembre de 201140. Dicho registro y pensum regula tanto a los estudiantes
de convocatoria ordinaria, como a aquellos vinculados a través de convenios
especiales, como el caso del tercero interesado, quien se benefició del convenio
celebrado con la Policía Nacional41.
ii) Lo acreditado en el plenario sobre el particular
59. El apoderado judicial del señor Carlos Oswaldo Mora Gómez consideró que la
parte demandante no demostró la configuración de una causal de nulidad. A su
juicio, solamente aconteció una irregularidad administrativa en la sistematización
de los resultados de los exámenes preparatorios.
60. En el proceso de la referencia, se acreditó que la Universidad del Cauca, a través
de la Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la
mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de
exámenes preparatorios del programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la tarea
de verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones desde el año 2015.
61. Los objetivos de ese equipo de trabajo, conforme lo señala el artículo 2° de la
Resolución R-695 fueron, entre otros, los siguientes:
“[…] Verificar a través de las distintas fuentes de información las fases de
inscripción calificación y registro exámenes preparatorios e identificar las
situaciones irregulares presentadas.
Obtener la información confiable que conduzca la determinación de
responsabilidades en la ejecución de presuntas actuaciones anómalas.
Conceptuar sobre las consecuencias que acarrean las situaciones encontradas y
recomendar ante las instancias universitarias el impulso de acciones que
40
La certificación - paz y salvo, expedida a solicitud del alumno el 8 de febrero de 2018, acredita que el tercero con interés
estaba matriculado en el programa de Derecho (regular) con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución 10682 del 22 de noviembre de 2011.
41
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
13
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correspondan a ellos en los ámbitos académico administrativo disciplinario y penal.
(…)
Preparar los informes que soliciten o deban enviarse a los organismos de
inspección vigilancia y control. […]” (Negrilla fuera del texto).
62. Respecto del proceso de verificación de requisitos de grado del tercero
interesado, el documento denominado “[…] informe sobre la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado (preparatorios) […]” de 21 de abril de 2020,
señala para el caso concreto que:
“[…] I. Fuentes de información
Para efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos de grado preparatorios
fueron consultados:
a) Archivo plano contentivo de los registros de calificación de preparatorios en
SIMCA 2.0 (Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico)
b) Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por la división de
gestión financiera, sistema de recaudos SQUID
c) Documentos que conforman la historia académica de la estudiante administrada
por DARCA División de Admisiones Registro y Control Académico.
d) Archivo de gestión de DARCA.
e) documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación Seccional del Cauca,
cuya fuente originaria corresponde a los archivos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y sociales de la Universidad del Cauca.
f) Documentos remitidos por la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y sociales
a través de la decana Ad Hoc.
II. Método de verificación aplicado
PRIMERA ETAPA
Parte de confrontar la información registrada sobre los preparatorios y los resultados
de sus evaluaciones en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico
SIMCA 2.0, con los documentos derivados de todas las fuentes de información
consultadas.
Se construyó una tabla con los datos de:
Período, nota, programa, código, identificación, apellidos nombres, tipo nota, materia,
modalidad, fecha de presentación, calificación, sin soporte hoja física, acta, OIDE
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materia, estado, nota, fecha nota, usuario (que realiza el registro), observaciones,
OID estudiante, proceso, entre otros.
SEGUNDA ETAPA
Con fundamento en el acuerdo 002 de 1994 y reglamentos internos que establecen
el pago de derechos pecuniarios, se obtuvo el reporte de la división de gestión
financiera como administradora del sistema de recaudos SQUID, lo que permitió
establecer una línea de tiempo para determinar la probabilidad de presentación de
cada uno de los exámenes preparatorios.
Con ello se asoció cada pago a las actas de los preparatorios que se registran en la
historia académica como perdidos, aprobados o no presentados. en los casos de
pago sin relacionar, se procedió a la búsqueda de documentos del archivo de gestión
de la división de admisiones, registro y control DARCA, y los que reposan en la
Fiscalía y la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y sociales.
El cruce de información arroja el resultado final de la verificación de los requisitos de
grado preparatorios.
[…] Para el caso en concreto el informe se rinde respecto de la situación del señor
MORA GOMEZ CARLOS OSWALDO, cédula de ciudadanía No.xxx.
IV. Conclusiones
1. El señor MORA GOMEZ CARLOS OSWALDO, cédula de ciudadanía No xxx y
código estudiantil xxx, presenta siete (07) registros de preparatorios con nota
aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que
tres (03) ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contrato
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Laboral
2. Los Preparatorios Derecho Administrativo y Procesal Civil, registrados el 30
de mayo de 2017, en estado de aprobados en el periodo académico 2016.1 y Los
Preparatorios Derecho Penal y de Familia, registrados el 30 de mayo de 2017, en
estado de aprobados en el periodo académico 2017.1, carecen de evidencia
física o documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante,
esta última condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en
hoja física”. Hecho del que se deriva la imposibilidad de registrar información
relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma de presentación del
preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al
día, mes y año de presentación del examen preparatorio; “calificación” que detalla
la nota cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen
preparatorio.
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3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el
estudiante MORA GÓMEZ CARLOS OSWALDO efectuó doce (12) pagos por
concepto de preparatorios, tres (03) asociados a preparatorios aprobados,
siete (07) a preparatorios perdidos, uno (1) a preparatorio no presentado y
un (1) pago que no asociado a un acta o registro de presentación de
preparatorio. Nota: se encontró un acta de preparatorio no presentado (sin
pago asociado) por concepto de Derecho Constitucional.
4. Conforme a lo anterior:
4.1. El preparatorio Derecho Administrativo, aparece registrado como aprobado
en 2016.1; sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en una
(01) oportunidad así:
Entre esta fecha de presentación del preparatorio Derecho Administrativo y la fecha
de registro de aprobación inconsistente en SIMCA (30 de mayo de 2017), se encontró
un pago de referencia (ID FACTURA) 25930985 de fecha 9/05/2017, el cual se logró
asociar a un acta en estado “no presentó” de fecha 19 de mayo de 2017. No se
encontró soporte documental que acredite la nota aprobatoria.
4.2. El preparatorio Derecho Penal, aparece registrado como aprobado en 2017.1
(con fecha de registro el 30 de mayo de 2017); el reporte SQUID, que da cuenta de
los pagos realizados a la Universidad entre el primer periodo académico de 2011 y
el primer periodo académico de 2019, no reporta un (01) pago por este concepto (ID
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FACTURA 25904249 de fecha 28/04/2017), sin embargo no existe soporte
documental de presentación del mismo.
4.3. El preparatorio Procesal Civil, aparece registrado como aprobado en 2016.1;
sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en una (01) oportunidad
así: • 4 de mayo de 2017, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado. Entre esta
fecha de presentación del preparatorio Procesal Civil y la fecha de registro de
aprobación inconsistente en SIMCA (30 de mayo de 2017), no se encontraron
pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota aprobatoria.
4.4. El preparatorio de Familia, aparece registrado como aprobado en 2017.1; sin
embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en cuatro (04) oportunidades
así:
• 19 de octubre de 2016, calificación dos punto seis (2.6) no aprobado;
• 29 de noviembre de 2016, calificación uno punto tres (1.3) no aprobado;
• 18 de noviembre de 2016, calificación dos punto dos (2.2) no aprobado;
• 8 de marzo de 2017, calificación dos punto dos (2.2) no aprobado.
Entre la última fecha de presentación del preparatorio de Familia y la fecha de
registro de aprobación inconsistente en SIMCA (30 de mayo de 2017) no se
encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota
aprobatoria. […]” (Negrilla fuera del texto).
63. Como se puede apreciar, el equipo de seguimiento valoró las constancias que
reposan en distintos medios físicos y tecnológicos en relación con el procedimiento
de archivo de los resultados académicos de esas evaluaciones. Al revisar el
Acuerdo 001 de 2014, el Reglamento Estudiantil y el Manual de Gestión Documental
PA-GA-2.1.1-MN-1 de 4 de septiembre de 201942, se observa que la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales estipuló una serie de procedimientos a seguir
para la presentación de los exámenes preparatorios.
64. Según el Acuerdo 001 de 2014, la Coordinación de ese programa y la Secretaría
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales efectúan una convocatoria
virtual y física. Adicionalmente, la referida facultad define los salones en los que la
prueba se celebra y, una vez los estudiantes se inscriben, tienen que cancelar los
derechos respectivos. Por su parte, el profesor debe entregar en físico las notas a
la Secretaría Académica para que las calificaciones posteriormente sean
publicadas.
65. Todo ello significa que el sistema de registro de notas SIMCA no era el único
mecanismo existente en la Universidad del Cauca para identificar la comisión de un
error o alguna irregularidad en la calificación de los exámenes preparatorios de los
estudiantes del programa de Derecho. Tanto el archivo físico académico como el
archivo contable servían de soporte de la información publicada.
42
Señala que cada historia documental debe estar organizada en un legajo plastificado, no exceder doscientos documentos
y contener un formato especial con datos identificativos: nombre de la oficina, fecha de inicio y fin, resumen del asunto, número
de documentos y código de clasificación. Es recomendable integrar cada documento desde el primer momento y evitar extraer
originales, utilizando fotocopias cuando sea necesario. Si se requiere extraer un original, debe dejarse un testigo con
información de la persona responsable y la fecha. Los documentos pueden incluir tanto los producidos por la oficina como los
recibidos, conservando los originales de estos últimos y copias de los otros. Ejemplos incluyen expedientes de estudiantes,
ayudas y becas, proyectos de investigación, títulos, tesis, recursos administrativos, personal, compras y reuniones.
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66. En otras palabras, el argumento del tercero interesado, conforme al cual solo
hasta la expedición del Acuerdo Superior 074 de 10 de diciembre de 2020, la
universidad contó con un procedimiento de gestión documental, no cuenta con
vocación de prosperidad.
67. Independientemente de la problemática en torno al cumplimiento de la Ley 594
de 2000, como ya lo ha advertido esta Sección43, a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de pagos por
concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión Financiera y de la
historia académica, se logró comprobar que el tercero con interés directo en el
resultado del proceso no cumplió los requisitos para optar al título de abogado.
68. El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca, en su numeral 54, señaló
que: “[…] para optar al título el estudiante debe llenar los requisitos legales
estatutarios exigidos y haber aprobado, según lo dispuesto en el presente
Reglamento, todas las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios
vigente […]”. Se debe recordar que: “[…] los estatutos se acogen voluntariamente
por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez
aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento
concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de
educación superior […]”44.
69. En suma, se demostró que el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez solo aprobó
tres (3) de los siete (7) preparatorios que debía superar. Concretamente, no aprobó
los exámenes de derecho penal, derecho de familia, derecho procesal civil y
derecho administrativo. En consecuencia, el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
R 437 de 21 de mayo de 2018, el Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y
el Diploma núm. 905-18 de 15 de junio de 2018, transgreden los artículos 5.° y 7.°
del Acuerdo 002 de 2011.
II.4.2. Los nuevos planteamientos propuestos en la oportunidad para alegar
de conclusión
70. La Sala pone de presente que el tercero interesado y el coadyuvante, en la etapa
de alegaciones, presentaron argumentos adicionales a los expuestos en el escrito
de contestación de la demanda y en la solicitud de coadyuvancia.
71. De conformidad con el artículo 175 de la Ley 1437, la contestación de la
demanda es el instrumento previsto por el legislador, en el que se exponen las
razones de hecho o de derecho de oposición a las pretensiones y argumentos del
demandante. Según el principio de congruencia, toda sentencia debe ser coherente
con el debate judicial propuesto por las partes en la demanda y en el escrito de
contestación45.
43
Cfr. Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2023, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.
44
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 2019.
45
Artículo 281 del Código General del Proceso.
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72. La jurisprudencia de esta corporación judicial46 ha señalado que la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos
nuevos que no fueron planteados en la contestación de la demanda, so pena de
afectar garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción
de los sujetos procesales. Por ende, no se analizarán los argumentos adicionales
mencionados en los escritos de alegatos.
II.4.3. Las razones de oposición del tercero interesado
73. El apoderado judicial del tercero interesado señaló que: (i) al Consejo de Estado
no le compete estudiar la legalidad de los actos meramente académicos
demandados; (ii) el "equipo de seguimiento”, conformado mediante Resolución R-
695 de 2019, no es el organismo encargado de adelantar investigaciones
administrativas, disciplinarias o sancionatorias por los hechos ocurridos; (iii) debe
resolverse el caso con fundamento en el principio de buena fe; (iv) no existe ningún
proceso disciplinario o penal contra el señor Carlos Oswaldo Mora Gómez; (v) no
se garantizó el derecho a la defensa y contradicción durante la elaboración del
informe de 21 de abril de 2020; y (vi) la Universidad del Cauca tenía que agotar el
trámite de revocatoria directa, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.
74. Frente al reparo sobre la naturaleza de los actos demandados, valga mencionar
que la jurisprudencia de esta Sección ha diferenciado los "actos académicos" de los
"actos meramente académicos", a efectos de definir cuáles actos administrativos
pueden ser objeto de control judicial47.
75. Los primeros se relacionan con el cumplimiento de la función pública educativa,
y son susceptibles de análisis judicial. Los segundos, que aluden al funcionamiento
interno de las instituciones, no pueden ser estudiados por la jurisdicción
contencioso-administrativa, debido al principio de autonomía universitaria.
76. A partir de esta distinción, esta Sección concluyó que los actos que habilitan el
ejercicio de una profesión son actos académicos que desarrollan la función
administrativa educativa y, por lo tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa
puede evaluar su legalidad48. Ello con fundamento en el artículo 26 de la
Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30 que encomendaron a las
universidades la competencia de conferir títulos de idoneidad para ciertas
profesiones que representan riesgos sociales, como es el caso de la abogacía.
77. En segundo lugar, en lo atinente al cuestionamiento que hizo el tercero a las
facultades encomendadas al "equipo de seguimiento”, conformado mediante
Resolución R-695 de 2019, se pone de presente que ese acto administrativo goza
46
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
47
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, radicación núm. 2009-01120-01, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; sentencia de 16 de julio de 2015, radicación núm. 2010-00564-01, C.P. María Elizabeth García
González; sentencia de 21 de abril de 2016, radicación núm. 2014-00355-01, C.P. María Elizabeth García González
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00475-01;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00483-01.
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de presunción de legalidad. Esa resolución es de obligatorio cumplimiento mientras
no se suspendan sus efectos jurídicos o se declare su nulidad, materia que no es
analizada en este medio de control. Adicionalmente, en virtud del principio de
autonomía universitaria, la entidad demandante está facultada para organizar su
estructura institucional conforme a los objetivos y necesidades identificadas.
78. En tercer lugar, respecto de la presunción de buena fe de la actuación del
egresado, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, dicha presunción no significa que las actuaciones de los
ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos
indispensables para su ejecución. Por el contrario, este obrar implica “[…] que se
haya realizado la actuación con la diligencia debida […]”49.
79. Con fundamento en lo anterior, esta Sección ha sostenido en casos similares al
ahora estudiado, que la buena fe requiere de la debida diligencia del particular en la
ejecución de la actuación ante la administración, pues no es factible derivar de una
actuación negligente una aplicación favorable, a quien no ha cumplido con su
deber50.
80. Además, se precisa que, en nuestro sistema jurídico, nadie puede beneficiarse
de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)51. Por lo tanto, el
comportamiento exigible al tercero interesado, una vez accedió al sistema de
registro académico de la universidad para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos.
81. En cuarto lugar, el argumento asociado a que la demanda no debe prosperar
porque no existe ningún proceso disciplinario o penal contra el señor Carlos
Oswaldo Mora Gómez no prospera. Se reitera que el objeto del presente medio de
control era verificar si los actos demandados transgredieron el ordenamiento
superior, y no evaluar la comisión de sanciones disciplinarias o penales.
82. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó el inicio o
culminación de algún procedimiento disciplinario contra el señor Carlos Oswaldo
Mora Gómez, o de los demás estudiantes con modificaciones en sus registros
académicos, debido a que el tercero perdió la calidad de estudiante al momento del
grado, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 002 de 1988, solo se puede sancionar
a los estudiantes que incumplan sus deberes.
49
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-
00120-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00243-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
51
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de 2021, Rad.
11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.
20
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
83. Frente al quinto argumento sobre la vulneración del derecho a la defensa y
contradicción durante la elaboración del informe de 21 de abril de 2020, la Sala ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:
“[…] tal informe no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas para el efecto,
en este proceso, esto es, en el traslado de la medida cautelar, oportunidad en la que
no se cuestionó la veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin. […]”52.
84. Finalmente, en sexto lugar, es pertinente prohijar lo indicado por la Sala en casos
similares al resolver el argumento sobre el deber de la Universidad del Cauca de
agotar el trámite de revocatoria directa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.
85. En la sentencia de 2 de noviembre de 2023, esta Sección consideró que “[…] el
ejercicio del medio de control de nulidad frente a los actos administrativos de
contenido particular, -que generan consecuencias jurídicas atentatorias del orden
público y social-, no requiere del consentimiento del titular, razón por la que las
entidades del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la nulidad
de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el ordenamiento jurídico, sin que
deban previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA,
por lo que el argumento de la falta de autorización del interesado para revocar los
actos acusados no está llamado a prosperar […]”53.
86. Nótese que la pretensión de nulidad es pública y, en consecuencia, las
entidades del Estado pueden activar también el aparato judicial de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo con el fin de demandar sus propios actos, cuando
resulten lesivos para el ordenamiento jurídico en abstracto, sin que deban
previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA.
II.5. Conclusiones
87. La Sala considera que el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de 21 de
mayo de 2018, el Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y del Diploma núm.
905-18 de 15 de junio de 2018, transgreden los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002
de 2011, motivo por el cual debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, se declarará su nulidad.
88. Adicionalmente, conforme lo ha considerado esta Sección54 en asuntos
similares, debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del
Cauca presentó deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 2000, se instará a la institución
52
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00264-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
53
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 1001-03-24-000-2020-00256-
00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
54
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.
11001-03-24-000-2020-00240-00.
21
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Carlos Oswaldo Mora Gómez estaría en condiciones de culminar el proceso de
graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el
título de abogado.
89. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación
comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.
90. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437
de 21 de mayo de 2018, respecto de Carlos Oswaldo Mora Gómez; del Acta de
Grado núm. 29 de 15 de junio de 2018; y del Diploma núm. 905-18 de 15 de junio
de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Carlos Oswaldo Mora Gómez
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de
los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia, por
las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
anotaciones de rigor.
22
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00255-00
Demandante: Universidad del Cauca
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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