Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2021-00349-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2021-00349-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-24-000-2021-00349-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de febrero de 2023
Demandante: Dhorton Pino Serna
Demandado: Universidad Tecnológica del Chocó
Rad: 11001-03-24-000-2021-00349-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-24-000-2021-00349-00
Demandante: DHORTON PINO SERNA
Demandada: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS
CÓRDOBA
Temas: Autonomía universitaria, conflicto de intereses, regla de
mayorías para la votación y aprobación de modificaciones -
adiciones al Estatuto Electoral Universitario
SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA
La Sala se pronunciará sobre la demanda de nulidad, presentada por Dhorton
Pino Serna contra el Acuerdo No. 010 del 2 de julio de 2021 “por medio del cual
se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011 1, se adicionan y
derogan unos artículos”, proferido por el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el
artículo 137 del CPACA, solicitó2:
“1. Declarar la nulidad del acuerdo 0010 del 2 de Julio de 2021, proferido por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego
1 “Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego
Luis Córdoba”.
2 La demanda fue presentada el 13 de julio de 2021, ante la Sección Primera de esta Corporación,
de donde fue remitida por competencia y se recibió en esta Sección el 9 de junio del año 2022.
1
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Luis Córdoba”, toda vez que el mismo no fue aprobado conforme lo indica el
artículo 34 del acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017.
2. Conminar al seno del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba”, actuar en estricto apego a lo que establece el estatuto
general en relación a la aprobación de sus propias normas”.
2. Hechos
La parte actora fundamenta su demanda en los hechos que se sintetizan a
continuación:
Sostiene que en la votación del Acuerdo 0010 participaron (3) miembros del
Consejo Superior Universitario (representantes de los docentes, estudiantes y
egresados) que debieron declararse impedidos por tener interés directo e
indirecto en el mismo, comoquiera que se encontraba pendiente la elección de
esos tres cargos, “su decisión tuvo incidencia en la creación del acuerdo 0010 de 2021,
esto por cuanto estas autoridades estamentarias aún no se encuentran electas o mejor,
la elección de estos tres miembros aún no se ha llevado a cabo conforme lo indica la
norma interna de la Universidad articulo (sic) 26 estatuto general”.
Adujo que también participaron en la votación del acto demandado los
representantes de los ex rectores y de las directivas académicas; sin embargo,
los actos de “posesión” o “nombramiento” no habían sido publicados en la página
web de la universidad, lo que hace que sean inoponibles para el resto de la
comunidad académica.
Indicó que, de los 9 miembros del Consejo Superior Universitario, 5 no podían3
ejercer el derecho al voto para aprobar el Acuerdo 0010 de 2021, en
consecuencia, los 4 restantes (representante del presidente, la delegada de la
Ministra de Educación, el gobernador y el representante del sector productivo)
por expresa disposición estatutaria no reunían el quórum necesario.
3. Normas violadas y concepto de la violación
A juicio de la parte actora, la situación descrita en precedencia da cuenta de la
ilegalidad del acto demandado, comoquiera que se incurrió en las causales
3 Tres que se debieron declarar impedidos por tener interés directo (representantes de los
docentes, estudiantes y egresados) y dos cuya elección no se había publicado (representantes
de los ex rectores y de las directivas académicas).
2
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genéricas de anulación correspondientes a la infracción de las normas en que
debería fundarse y la expedición en forma irregular, al desconocerse los artículos
29, 69 y 182 de la Constitución Política, 28, 29, 64, 65 y 67 de la Ley 30 de 1992
y 29 y 34 del Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó, ya que al
no poder participar en la votación del Acuerdo 0010 de 2021, 5 de los 9 miembros
del Consejo Superior Universitario, se desconoció el quórum necesario para su
aprobación, pues se requería de la votación de 5 de estos, pero, según se explicó
en los hechos, solo 4 podían participar válidamente en ella, razón por la cual se
debe acceder a las pretensiones.
4. Admisión4 de la demanda
El despacho ponente mediante auto admitió y ordenó notificar la demanda, así
mismo corrió traslado para que los sujetos procesales se pronunciaran sobre la
solicitud de medida cautelar.
5. Contestación de la demanda5
En término la parte accionada manifestó que, en el acta de sesión del CSU de la
UTCH 012 del día 02 de julio de 2021, se contempló en el numeral 5º del orden
del día la “Socialización y aprobación del proyecto de Acuerdo, por medio del cual se
modifica el Acuerdo 0021 del 21 de septiembre de 2011”, en la que de los 6 votos de
aprobación, “se deja constancia impedimentos para votar los consejeros Rosa Elena
Mosquera Palacios6 Y (sic) Edwar Mena Romaña7 por ser candidatos en las próximas
elecciones al Consejo Superior en sus respectivos estamentos”
En lo que tiene que ver con la participación del señor Rafael Bechara Palacios8,
la accionada manifestó que, en el acta de cierre de inscripciones de los
candidatos a ocupar las dignidades ante el consejo superior no aparece su
nombre como candidato, por lo cual, al momento de la aprobación del Acuerdo
0010 del 02 de julio de 2021, no se generó ningún conflicto de intereses, pues no
tenía causal alguna para declararse impedido.
Indicó respecto de la no publicación del acta de posesión de los representantes
de los estamentos de exrectores y autoridades académicas que, la jurisprudencia
4 Índice SAMAI anotación 14.
5 Índice SAMAI anotación 37.
6 Representante de los estudiantes.
7 Representante de los egresados.
8 Representante de los profesores.
3
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no le da el valor legal para anular el acto demandado debido a que, si bien se
afecta la eficacia del nombramiento, no ocurre lo mismo con su legalidad. En
línea con ello argumentó que el acto enjuiciado fue expedido por el Consejo
Superior Universitario, no vulneró el ordenamiento jurídico vigente, asi como
tampoco fue expedido irregularmente o se observen motivos y fines distintos a
los generales.
Finalmente aseveró que el acto enjuiciado está dentro de los límites que la
autonomía universitaria otorga a la institución educativa sin que se haya
demostrado una causal de anulación en el proceso.
6. Suspensión provisional
Según lo expuesto en el concepto de la violación de la demanda y en la medida
cautelar9, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto
acusado.
Mediante auto10 la Sala no accedió a la solicitud de suspensión provisional del
acto demandado en consideración a que,
(i) frente al presunto conflicto de intereses11 de 3 miembros12 del Consejo
Superior Universitario en la aprobación del Acuerdo 0010 de 2021, se determinó
que, no existía prima facie un provecho personal para quienes integraban la
citada instancia administrativa por cuanto, en las consideraciones del acto
enjuiciado hubo circunstancias derivadas de la pandemia que obligaban a
establecer nuevos mecanismos democráticos, ya que, los períodos de la mayoría
de miembros se encontraban vencidos, así mismo, la adopción del voto
electrónico en la modalidad física o remota, no implicaba per se un beneficio
particular, así como tampoco, estuvo por fuera de los límites de la autonomía
universitaria, (ii) respecto de la presunta falta de quórum para la aprobación del
acto demandado, debido a que 2 de los miembros13 del consejo no podían
participar en las votaciones del acto cuestionado, en tanto sus actas de
9 La cual se encuentra en el mismo cuerpo de la demanda.
10 Auto 25 de agosto de 2022.
11 La Sala refirió las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 19 de
septiembre de 2019, expediente 11001-03-28-000-2012-00055-00, M. P. Alberto Yepes Barreiro
y Sección Quinta, providencia del 3 de septiembre de 2020, expediente 11001-03-28-000-2020-
00031-00, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
12 Representantes de los docentes, estudiantes y egresados.
13 Representantes de los exrectores y de las directivas académicas.
4
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“posesión” o “nombramiento” no fueron publicadas en la página web de la
universidad, se negó por cuanto en apoyo de la jurisprudencia14, y del contenido
del artículo 122 superior, dicha formalidad adolece de un contenido decisorio o
definitivo, motivo por el cual, no constituyen un acto administrativo, el evento de
no publicarlo afecta su validez mas no su legalidad, no está contemplado en el
estatuto general de la universidad.
7. Audiencia inicial y de pruebas
El magistrado ponente convocó a las partes para el 23 de noviembre de 2022 a
fin de adelantar las etapas contempladas en el artículo 180 del CPACA, en punto
al numeral 10 de la norma, tuvo como medios de prueba los documentos
allegados con la demanda y su contestación, adicional a ello, se ofició a la
Universidad Tecnológica del Chocó para que en el término de cinco (5) días,
remitiera documentales15.
Cumplido lo anterior, para el 7 de diciembre de 2022 el magistrado sustanciador
en acatamiento del articulo 181 del CPACA incorporó las pruebas decretadas.
Alegatos de conclusión
7.1 Ministerio de Educación Nacional16
Manifestó que, de los antecedentes del acto enjuiciado se puede establecer, la
correcta finalidad para implementar un mecanismo de participación ciudadana
como lo era el voto electrónico, ante el vencimiento de los periodos de los
integrantes de cuerpos colegiados al interior de la universidad y la imposibilidad
de realizar actos masivos al público debido a la emergencia sanitaria decretada
por el gobierno nacional.
14 Sentencias Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de noviembre de 2017,
expediente: 76001-23-33-000-2017-00053-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de
Estado, Sección Quinta, providencia del 16 de febrero de 2021, expediente: 11001-03-25-000-
2019-00504-00, M.P.: Luis Alberto Álvarez Parra.
15 i) Certificación acerca de quienes integraban el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó y el estamento que representaban, para el momento en el que se aprobó
el Acuerdo 010 de 2021. ii) Allegar el orden del día y la comunicación a participar en la sesión
del Consejo Superior, donde se incluyó el punto de la aprobación del Acuerdo 010 del 2 de julio
de 2021. iii) Allegar copia del acta de la sesión virtual en la que se discutió y aprobó el Acuerdo
010 del 2 de julio del año 2021, así como la grabación magnetofónica de dicha sesión, si la
hubiere.
16 Índice SAMAI 64.
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Así mismo, una vez se realizó la votación respectiva, el acta detalla como 2
consejeros manifestaron su impedimento, debido a que eran postulantes a las
próximas elecciones. Frente a 1 miembro indico, que no estaba inscrito al
momento de votación como candidato, luego no tenía porque declarase
impedido.
De igual modo, para el ministerio sí existen las actas de posesión de 2 de los
miembros del consejo superior del 28 de mayo de 2021 que desdicen lo afirmado
por el demandante, lo cual les permitía participar en la sesión del 2 de julio que
modificó el estatuto electoral. Finalmente resaltó con base en la ley, la
jurisprudencia constitucional y contenciosa que, la modificación al estatuto
electoral está dentro del marco de la autonomía universitaria.
7.2 La Universidad Tecnológica del Chocó17
Refirió que el Consejo Superior Universitario en acatamiento de la autonomía
universitaria podía modificar el Estatuto Electoral, ello de conformidad, con las
disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.
Así mismo, con las pruebas obrantes del proceso, el presunto conflicto de
intereses no se materializó, ya que, los consejeros que votaron la aprobación de
dicho acuerdo no participaron como candidatos a los diferentes estamentos
electorales de las elecciones siguientes y, los dos que, sí participaron como
candidatos y fueron reelegidos como consejeros, se abstuvieron de votar
justificando su impedimento.
8. Concepto del Ministerio Público18
Recordó con base en jurisprudencia constitucional19 y la Ley 30 de 1992 que, la
autonomía universitaria permite que el Consejo Superior Universitario actúe
como máximo órgano decisorio del establecimiento educativo.
En idéntico sentido, el presunto conflicto de intereses no existió, ya que, de la
revisión de la parte considerativa del acto acusado se señaló, la búsqueda y
17 Índice SAMAI 66.
18 Índice SAMAI 65.
19 Sentencias C 337 de 1996 Magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, T 187 de 187 de
1993 Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, T 1010 de 2010 Magistrada ponente
María Victoria Calle, C 137 de 2018 Magistrado ponente Alejandro Martínez Cantillo, entre otras.
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garantía de participación democrática de todos los estamentos y sectores
universitarios, a través del voto electrónico para proteger la vida, salud e
integridad personal de la comunidad universitaria, no siendo este medio,
excluyente del sufragio físico pues el acuerdo demandado no lo previo así.
Para la vista fiscal, la presunta falta de publicación de los actos de posesión
conforme a la decisión dada por el auto que negó la medida cautelar en el
subjudice y, las previsiones del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, no vician la
decisión demandada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 24 de la Ley 2080 de 2011, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 – Reglamento interno de la corporación.
2. Problema Jurídico
Conforme con lo acontecido en audiencia inicial20 el asunto deberá resolver si el
Acuerdo 0010 del 2 de julio de 2021, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó, está o no incurso en la causal de nulidad de
infracción de norma superior al haberse desconocido los artículos 29, 69 y 182
de la Constitución Política; 28, 29, 64, 65 y 67 de la Ley 30 de 1992; y 29 y 34 del
Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó.
Para esto debe establecerse:
i) Si los representantes de los docentes, de los estudiantes y de los egresados
ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó incurrieron en
conflicto de intereses al participar en la aprobación del Acuerdo 0010 de 2021.
ii) Si los representantes de los exrectores y de los exdirectivos académicos ante
el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, podían o no
participar en la votación de aprobación del Acuerdo 0010 de 2021, por no haberse
20 Fue fijado en audiencia del 23 de noviembre de 2022
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publicado las respectivas “actas de posesión o nombramiento” para el momento
de las votaciones.
iii) Determinados los puntos anteriores, se deberá constatar si se afectó el
quórum decisorio para la aprobación del Acuerdo 0010 de 2021.
Para tal efecto la Sala razonará previamente sobre el principio de autonomía
universitaria, resolverá los 3 aspectos referidos, e indicará la conclusión del
subjudice.
2.1 Principio de Autonomía Universitaria
La Sección ha indicado que, en la Asamblea Nacional Constituyente se reconoció
la preponderancia que, para el desarrollo social tienen las universidades
estatales por ser allí donde se forman las personas que en el mañana regirán los
destinos del Estado y de la comunidad desde diferentes escenarios21.
El constituyente consideró que ese importante papel no se podía cumplir de forma
cabal si las universidades oficiales quedaban sujetas o subordinadas a los
gobiernos de turno, ya que el manejo de la política no siempre va por el mismo
camino del pensamiento académico inspirado en la libertad, y por ello tomó la
decisión de dotarlas de un régimen especial de autonomía.
El legislador, con el ánimo de desarrollar el régimen especial de autonomía de
las universidades públicas, profirió la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por la
cual se organiza el servicio público de la educación superior.” y estableció que,
el grado de autonomía se vería reflejado en variados aspectos22: (i) darse y
modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y
administrativas y, (iii) aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y la función institucional.
Para la Sala, el régimen de autonomía les permite a las universidades oficiales
libertad en materia normativa, ya que, dentro de sus atribuciones puede expedir
los estatutos que rigen su actividad, en ese sentido, el gobierno de la universidad
fija sin injerencias externas sus derroteros, pero no implica con ello, el aislamiento
21 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta radicado 13001-23-
33-000-2014-00343-01Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, (7) de
septiembre de dos mil quince (2015).
22 Ley 30 de 1992, artículos 28 y 29.
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del Estado, pues se está sujeto a las normas superiores al momento de expedir
sus disposiciones de autorregulación23.
Dicha norma superior reconoce que, si bien los estatutos de la universidad
pueden fijar los requisitos que deben cumplir las personas que se desempeñen
como integrantes del Consejo Superior Universitario24, estas se encuentran
sometidas a la normativa general fijada por el constituyente y el legislador, es
entonces que, este régimen de autonomía de las universidades oficiales se
desarrolla dentro de los límites que ha dispuesto el ordenamiento jurídico, pues
ello, no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el
desconocimiento del carácter unitario del Estado Colombiano que se propugna
en el artículo 1º de la Constitución Política de 1991.
Como bien lo ha puesto de presente la jurisprudencia de esta Sección 25, en razón
al régimen de autonomía que tienen las universidades oficiales, no cabe duda
que, dentro de cualquier proceso de elección de directivos, es, en principio, el
estatuto general de la universidad, el derrotero a seguir y, por consiguiente, es la
disposición a cumplir por todos los involucrados, el cual es secundado por el acto
de convocatoria y las diferentes resoluciones o decisiones que sobre el particular
dicte la respectiva universidad.
En el caso concreto, se tiene que la Universidad Tecnológica del Chocó en el
marco de su autonomía se dio sus propios estatutos26, facultad que contempla
también la de adicionarlos, dado que el acto que se cuestiona modificó el Acuerdo
0021 por el cual se expidió el Estatuto Electoral, con el fin de emplear la
herramienta del voto electrónico, lo que por demás se ejerció en el marco de las
competencias asignadas al CSU, según lo contemplado en el literal d) del artículo
65 de la Ley 30 de 199227.
23 Ley 30 de 1992, artículo 67.
24 Ley 30 de 1992, artículo 64.
25 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta radicado 54001-23-
31-000-2012-00214-01Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia, (24) de octubre de dos mil
trece (2013).
26 “Dentro de las manifestaciones que se derivan de la autonomía, el artículo 69 de la Carta
Política de 1991 prescribe que las universidades podrán darse sus propios estatutos,
concediendo un amplio margen de maniobra que lleva a reconocer en esta cláusula una
prerrogativa de autogobierno (…)”. Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente
11001032800020210003800, providencia del 11 de noviembre de 2021. M.P. Rocío Araújo
Oñate.
27 Artículo 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario:
(…)
d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.
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2.2 Determinación del presunto conflicto de intereses
Para la Sala, los representantes de los docentes, de los estudiantes y de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó no
incurrieron en conflicto de intereses al participar en la aprobación del Acuerdo
0010 de 2021, lo anterior de acuerdo al siguiente razonamiento:
En primera medida se tiene que, el CPACA en su artículo 11 trae un catálogo de
causales, en las cuales, el interés general de la función pública puede entrar en
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, lo cual, contrastado
con lo argumentado por el accionante, no lleva a entender que, los citados
representantes con la implementación del voto electrónico, obtuvieran un interés
particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto,
enmarcado en la causal número 1 de la citada norma.
De la motivación del acto enjuiciado puede observarse que, el fin último fue
garantizar el derecho a la participación política, protegido en su rol
constitucional28 y convencional29. También proteger la salud, vida e integridad de
toda la comunidad académica, pues se itera, el contexto social y de salubridad
pública derivado de la pandemia del COVID 19, tenía variadas restricciones30 por
parte del Ministerio de Salud que le eran aplicables a la institución educativa.
28 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido, 2. Tomar parte
en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática. (…)
29 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 23 Derechos Políticos 1. Todos los
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,
y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
30 Entre esas destáquese la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, por medio de la cual se
definieron los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y
del Estado, entre esas las educativas, y se adoptaron los protocolos de bioseguridad para su
desarrollo.
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Cabe destacar como lo ha hecho esta Sección31 de tiempo atrás que, lo
importante, sin duda, es que se garantice el derecho fundamental a elegir y a ser
elegido, los cuales, de ninguna manera se restringen o afectan si se trata de una
votación por papeleta o electrónica, pues lo relevante para el votante y para el
candidato es que se garantice la oportunidad de, libremente, expresar su
decisión.
Esto sin duda fortalece aún más el peso argumentativo que tuvo la universidad
para optar ante los desafíos de esta calamidad32, por el voto electrónico sin
perder de vista el presencial, lo cual va en armonía con lo dicho por la Corte
Constitucional33 sobre la participación, al respecto dijo;
“Ahora bien, sobre el alcance específico de dicho derecho a la participación en lo
referente a la elección de las directivas de los entes universitarios resulta
pertinente precisar que el derecho de participación debe manifestarse en dicha
elección independientemente de la forma que adopte.
En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad
educativa superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el
artículo 28 señala el ámbito de autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63
y 66, se establece el procedimiento general de organización y elección de tales
directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones parten
de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los
órganos de dirección.
De todo lo anterior se concluye que existe el derecho a la participación de la
comunidad universitaria para la elección de todas o algunas de sus directivas,
bien sea directamente, o a través de sus representantes ante los órganos de
dirección, o por parte de uno sólo o algunos de sus estamentos; y que la
correspondiente elección se realiza de acuerdo con los Estatutos de la
universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y
la ley.”
31 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente:
Susana Buitrago Valencia, dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) radicación número:
25000-23-24-000-2010-00628-02.
32 Sentencia C 242 de 2020 definió el concepto de calamidad como: “una desgracia o infortunio
que afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella”, alude entonces, a
un evento o episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente
el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente.
33 Corte Constitucional sentencia T-525 de 2001.
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Como segundo parámetro el artículo 37 del Acuerdo 0001 del 9 de agosto de
2017, por medio del cual se expidió el Estatuto General de la Universidad
Tecnológica del Chocó, dispuso lo siguiente:
“IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. Los consejeros
superiores, (…) estarán sujetos al régimen de impedimentos, inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la Constitución y la ley.”
El estatuto defirió en la Ley 1437 de 2011 artículo 11 y concordantes lo relativo a
tales prohibiciones, lo que implica conocer a fondo las censuras promovidas por
el actor en su escrito:
“(…) se denomina un conflicto de interés, esto por cuanto si se toma en cuenta el
contenido del acuerdo 0010 del 2 de julio de 202134, se observa que la finalidad
del mismo no es más que incorporar a la legislación interna de la
Universidad un sinnúmero de normas de carácter electoral, ya que su
alcance así lo refleja, pues se implementa una figura nueva como lo es el voto
electrónico y además se establecen unas garantías electorales.
(…)
“esto debido a que en la actualidad la institución de educación superior se
encuentra en pleno desarrollo de un proceso eleccionario donde está renovando
a sus seis autoridades que deberán ser elegidas mediante una votación universal,
directa y secreta, (…) restando por elegir el de los Docentes, Estudiantes y
Egresados, cuya fecha de elección se encuentra prevista para los próximos días,
luego los miembros del actual Consejo Superior que representan estos tres
estamentos (Docentes, Estudiantes y Egresados) conforme lo señala el
artículo 26 del estatuto general norma anteriormente citada, debieron declararse
impedidos para votar el acuerdo hoy acusado de nulidad” (Resaltado por la
Sala)
Quiso decir el accionante que, antes de aprobado el estatuto que adicionó el voto
electrónico para facilitar la participación política de la comunidad académica, para
su validez, debían declararse impedidos, no haciéndolo, aquellos consejeros que
se iban a postular nuevamente para esos estamentos, con lo cual el conflicto de
intereses vició el acto general.
34 Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan
y derogan unos artículos
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De las pruebas aportadas al plenario35 se observa, contrario a lo dicho por el
accionante: (i) el acta de sesión del Consejo Superior Universitario 012 del 02 de
julio de 2021 que permitió introducir el voto electrónico en forma directa y secreta
a través de dispositivo con conexión a internet, se justificaba por la protección de
la vida y salud públicas, sin sacrificar el derecho a la participación, no como lo
propuso el demandante, en la búsqueda del beneficio directo y particular de los
consejeros, (ii) el secretario general socializó y sometió a aprobación el numeral
5 del orden del día relativo al proyecto de acuerdo que modificó el Acuerdo 0021
del 21 de septiembre de 2011, el cual fue respaldado por 6 votos de los cuales
no hicieron parte los consejeros Rosa Elena Mosquera Palacios36 y Edwar Mena
Romaña37, desvirtuándose así lo dicho por el accionante, (iii) el punto número 8,
(relativo a las elecciones pendientes de los representantes de los estamentos
docentes, egresados y estudiantes y la solicitud del cronograma al Comité
Electoral), concordante con el 5 del orden del día, es posible concluir que tuvo
las mayorías requeridas para su aprobación. Lo anterior se infiere en la medida
que, frente al punto 5 existen 6 votos otorgados por los consejeros asistentes38,
excluyendo a los dos impedidos y frente al punto 8, el cual tuvo 7 sufragios, se
parte de los mismos participes, pero frente al voto de más, no se puede
individualizar debido a que ni del acta se extrae quien lo realizó, ni tampoco el
actor demostró que dentro de ellos hubiese estado el voto de alguno de los que
él cree, estaba en conflicto de intereses, (iv) la citada acta la suscribió la
presidenta y el secretario del Consejo Superior Universitario otorgando fe de su
contenido, y (v) las pruebas documentales no fueron controvertidas frente a su
contenido, tampoco desconocidas ni tachadas de falsas por la parte actora en
ninguna de las etapas procesales surtidas.
De lo dicho anteriormente, para la Sala es claro conforme al material probatorio
que, los citados representantes de los estudiantes y los egresados no
participaron en la votación del acuerdo demandado, lo cual desdice el argumento
presentado por la parte actora.
Por otra parte, en lo referente específicamente a cuál fue la conducta desplegada
por el representante de los docentes, consejero presuntamente impedido,
35 Acta de sesión técnica y posesiones aportadas en la contestación de la demanda como
representantes de los estudiantes y egresados.
36 Representante de los estudiantes.
37 Representante de los egresados.
38 Delegada de la Ministra de Educación, Designado del presidente de la república, Representante
de los exrectores, de las directivas académicas, de los profesores, del sector productivo.
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encuentra con base en los elementos probatorios aportados39, contrario a lo
referido por el actor: (i) el señor Rafael Bechara Palacios40, no estuvo inscrito
como candidato a dicho estamento, (ii) 4 de los 5 suscribientes del acta de cierre
de inscripciones dan fe de lo acontecido en torno a la recepción de postulaciones
para los estamentos vacantes, (iii) estas pruebas no fueron controvertidas con
otros medios que demostraran que, entre el 2 de julio de 2021 y el 23 de julio de
ese mismo año, el consejero hubiese estado inscrito y participado.
La Sala destaca en línea con la decisión que negó la solicitud de medida cautelar,
“el régimen de conflicto de interés constituye un instrumento valioso que busca
evitar que el servidor, prevalido de su cargo, se ubique en una posición de ventaja
o provecho personal, para sí o para un tercero, a costa de la salvaguarda del
interés general. Se trata de una garantía de rectitud e imparcialidad en el ejercicio
de la Administración pública como regla legitimadora del poder del Estado41”.
Así las cosas, observa la Sección que los medios de prueba que obran en el
plenario no configuran tales elementos estructurales del conflicto de intereses de
los 3 censurados consejeros en los términos planteados por la parte demandante
en este cargo de nulidad, pues se itera, no participaron en los puntos debatidos.
Dicho lo anterior, el cargo no prospera.
2.3 Participación de consejeros cuyo acto de posesión y nombramiento no
fueron publicados en la votación del acto censurado
El accionante42 afirmó en sus propias palabras:
“Por otra parte, teniendo en cuenta el cronograma de elecciones contenido en
el acuerdo 0007 del 30 de abril de 2021, emanado del mismo Consejo Superior,
tenemos que según dicho cronograma, fueron elegidos dos de sus miembros
en este caso el de los ex rectores y directivas académicas, cargos estos que
recayeron en las personas de FIDEL QUINTO MOSQUERA y ANA SILVIA
RENTERIA (sic) MORENO (Ver Boletín Nro. 1 sin fecha), quienes a partir del
39 Acta de cierre de inscripciones de los candidatos a ocupar dignidades ante el Consejo Superior
Universitario en representación de dichos estamentos, incluyendo el profesoral.
40 Representante de los profesores.
41 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejero Ponente:
Luis Alberto Álvarez Parra, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) radicación número:
11001-03-28-000-2019-00061-00 (2019-00062-00 y 2019-00089-00).
42 Representantes de los exrectores y de las directivas académicas.
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28 de mayo del presente año debieron tomar posesión de sus cargos y en
consecuencia incorporarse al pleno del Consejo Superior, sin embargo,
después de verificar la página web de la Universidad Tecnológica del Chocó,
lugar este donde debía publicarse el acta de posesión o nombramiento de los
recién electos, nos encontramos que dichos nombramientos aún no han sido
publicados (…)
Bajo ese mismo esquema, (…) encontramos que sus nombramientos aún no
han sido publicados conforme lo señala el artículo 65 parágrafo de la ley 1437
de 2011 modificado por la ley 2080 de 2021 (…) por tanto al no estar publicado
dichos nombramientos, mal podrían estos dos integrantes votar el proyecto de
acuerdo aquí acusado de nulidad (…)” (Subrayado por la Sala)
Para la Sección, este reproche no permite declarar la nulidad del acto enjuiciado
por los siguientes razonamientos; (i) el acto de posesión43 es una formalidad
posterior al acto de nombramiento o elección del empleado público, el cual carece
de contenido decisorio, (ii) la jurisprudencia contenciosa administrativa44 de
tiempo atrás ha considerado que el acto de posesión es un simple acto formal
que demuestra la promesa de cumplir con los deberes que imponen la ley, (iii)
conforme a las documentales45 aportadas, el presidente y secretario del Comité
Electoral el 28 de mayo de 2021 otorgaron credencial a la representante de las
directivas académicas, así mismo existe acta de posesión de esa fecha del
representante de los exrectores, (iv) El artículo 65 del CPACA frente al deber de
publicación del acto de posesión no obliga a realizar la publicación de los actos
de posesión, pues se insiste, el reproche se centra sobre su eficacia mas no en
la legalidad, (v) en el mismo sentido el presunto desconocimiento del deber de
publicación del acto de nombramiento, tampoco invalida el acto enjuiciado, ya
que, la eficacia se refiere a los efectos que produce el acto administrativo a sus
43 Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.5.1.8 señala que quien haya sido nombrado o encargado
en un empleo público prestará juramento de cumplir y defender la Constitución y las leyes y
desempeñar los deberes que le incumben, de lo cual se dejará constancia en un acta firmada por
la autoridad que posesiona y el posesionado.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 1980,
Consejo de Estado Sección Segunda radicación 70001-23-31-000-1998-0686-686-01, sentencia
del (14) de julio de 2005, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de noviembre de
2017, expediente: 76001-23-33-000-2017-00053-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 16 de febrero de 2021, expediente: 11001-
03-25-000-2019-00504-00, M.P.: Luis Alberto Álvarez Parra.
45 Prueba aportada en la contestación de la demanda de la Universidad Tecnológica del Chocó.
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destinatarios y las consecuencias jurídicas de los mismos, situación distinta a su
validez la cual se analiza en punto de sus aspectos internos o subjetivo del acto46.
Bajo este panorama y en línea con la decisión tomada en la medida cautelar, el
actor no demostró fáctica, jurídica y probatoriamente que, la falta de publicación
del acto de posesión y nombramiento de (2) miembros del consejo superior,
viciaran de ilegalidad el acto enjuiciado.
Por lo anterior, el cargo no prospera.
2.4. Presunta afectación del quórum aprobatorio del Acuerdo 0010 de 2021
Para la Sala este cargo pende ineludiblemente de los dos análisis que anteceden,
puesto que, de haberse demostrado un conflicto de intereses y que la falta de
publicación del acto de posesión como del nombramiento, el quórum hubiese sido
alterado.
Sobre esto, se parte de la existencia de un numero plural e impar de miembros
que, conforme al estatuto de la universidad eran (9) de los cuales, conforme a las
probanzas documentales, en específico, el acta de sesión del 2 julio de 2021, en
los puntos 5 y 8 del orden del día, tuvieron la votación requerida, en el primer
evento con seis votos, en el segundo punto con siete sufragios, cumpliendo así
con el mínimo de votos requeridos para su aprobación.
Frente a estos dos ítems de la decisión se refirió lo siguiente:
46 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Universidad
Externado de Colombia, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá octubre de
2.007, pág. 319.
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De esta manera, conforme al Acuerdo 00001 del 9 de agosto de 2017- Estatuto
General de la Universidad Tecnológica del Chocó -, el consejo superior sí cumplió
con la normativa interna que lo regulaba, ya que: (i) al artículo 29 numeral 447, sí
se podía modificar - adicionar, los reglamentos de la institución, (ii) en
cumplimiento de la disposición 3348, se dejó sentada en acta del 12 de julio de
2021 la decisión de adicionar el voto electrónico como forma de votación, (iii) en
acatamiento del apartado 3449 sí se cumplió con las mayorías respectivas, ya
47 Funciones del Consejo Superior. Son funciones del Consejo Superior, además de las
contempladas en el articulo 65 de la Ley 30 de 1992, las siguientes: (…) 4. Expedir o modificar
los estatutos y reglamentos de la institución
48 Actos del Consejo Superior. Los actos que expida el Consejo Superior, de carácter particular
se denominaran Acuerdos, los cuales llevaran numeración consecutiva en cada año; dichos actos
serán suscritos por el presidente y secretario del Consejo Superior. PARAGRAFO. ACTAS. De
las sesiones del Consejo Superior se levantarán actas numeradas y foliadas, las que serán
firmadas por el presidente y por el Secretario General, una vez aprobadas por el Consejo.
49 DEL QUÓRUM Y MAYORÍA. Constituye quórum para deliberar con la presencia de la mitad
más uno de los miembros con derecho a voto, es decir cinco (5) votos de nueve (9) miembros.
Salvo las excepciones consagradas en el presente estatuto, las decisiones se toman con el voto
favorable de cinco (5) de los miembros presentes en la sesión. PARÁGRAFO. Para la reforma
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que, se trató del estatuto electoral de la Universidad en cuyo caso bastaba con
el voto favorable de 5 miembros, cumpliéndose a cabalidad el mínimo de votos
requeridos de acuerdo al acta allegada al plenario.
De esta forma el cargo tampoco prospera.
3. Conclusión
Para la Corporación, si bien la parte actora adujo como vulnerados varios
artículos de la Constitución Política, entre esos el 2950 y 18251, estos reproches
no fueron suficientemente argumentados, respecto de los demás puntos en qué
centro su reproche jurídico, se demostró lo contrario a lo afirmado por la parte
actora, es decir no hubo vulneración del quorum porque no se incurrió en conflicto
de intereses y porque los representantes de los exrectores y de las directivas sí
podían participar en la votación del acuerdo que se demanda
En mérito de lo expuesto, la Sala
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del Acuerdo 0010 del 2 de julio de 2021, por medio
del cual se modificó el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se
adicionaron y derogaron unos artículos proferido por el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba
del presente estatuto se requerirá del voto favorable de la mayoría calificada, entendiéndose por
tal, seis (6) votos. En todo caso el proceso de reforma debe surtirse en dos (2) debates en sus
respectivas secciones ordinarias, previa socialización con los estamentos, de lo cual deberá
quedar constancia. (Subrayado por la sala)
50 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
51 Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de
carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos
a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las
recusaciones.
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SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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