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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00052-00

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00052-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 ! Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UTCH Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2021-00052-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de abril de 2022

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00052-00
Demandantes: YANIER EDUARDO ASPRILLA MOSQUERA y otros
Demandado: ROSA ELENA MOSQUERA PALACIOS, representante de los
estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH)
Tema: Autonomía Universitaria – Elección miembros del CSU

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia para resolver las pretensiones de la demanda
presentada por Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros1 contra la elección de la
señora Rosa Elena Mosquera Palacios, representante de los estudiantes ante el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH),
contenida en la Resolución 0006 de 1 de septiembre de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su fundamento fáctico

1. El 10 de septiembre de 20212, la parte actora presentó demanda de nulidad
electoral3, con las siguientes pretensiones:

“1. Declarar la Nulidad del acto de elección o nombramiento de ROSA ELENA
MOSQUERA PALACIOS, como representante del estamento estudiantil ante el
Consejo Superior Universitario de la Utch, conforme al cronograma de elecciones
contenido en el Acuerdo Nro. 0011 de 12 de julio modificado por el 0013 del 27 ibidem.

Conminar al Consejo Superior Universitario, Comité Electoral y demás autoridades de
la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, a darle cumplimiento a los
principios y valores consignados en la Constitución; la ley además de sus propias
normas internas, esto en aras de garantizar el debido proceso en los futuros procesos
electorales”.

1
Keiner Palacios Berrio y Jhonatán Espinosa Mena.
2
Índice 3 de la plataforma Samai.
3
Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
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2. Los actores expusieron que de conformidad con la Ley 30 de 1992, artículo 64, y
los Acuerdos 0001, 004 ambos de 2017 y 0021 de 2011 de la Universidad
Tecnológica del Chocó (UTCH), su Consejo Superior Universitario se integra por 9
miembros.

3. En dicho colegiado debe haber un representante de los estudiantes y que en los
términos del numeral 6 del artículo 26 del Acuerdo 001 de 2017 (Estatutos de la
UTCH) será elegido mediante votación universal, directa y secreta por la comunidad
estudiantil.

4. Explicaron que en el 2021 se eligieron a los representantes de los exrectores, de
las directivas académicas y del sector productivo, con el trámite previsto en el
Acuerdo 001 de 2017, luego de que mediante el Acuerdo 0013 del 28 de agosto del
mismo año “sus integrantes decidieron prorrogarse” el periodo que se les venció en
diciembre de 2020.

5. Posteriormente, mediante Acuerdo 0011 de 12 de julio, modificado por el 0013
de 27 de julio, ambos de 2021, se convocó para elegir a los representantes de los
docentes, de los estudiantes y de los egresados.

6. Afirmaron que estos procesos eleccionarios se rigieron por el Acuerdo 0010 de 2
de julio de 2021 que adoptó el voto electrónico o en línea y “…con solo 10 días de su
entrada en vigor se aplicó este método de votación, lo que generó un descontento en gran
parte de la comunidad universitaria (…) pues no veíamos garantías frente al proceso que
se avecinaba”, lo que denunciaron ante la Oficina de Inspección y Vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, y la Personería de Quibdó.

7. Indicaron que el 13 de agosto de 2021, día de las elecciones, algunos estudiantes
durante la jornada electoral manifestaron que la plataforma Academusoft diseñada
por la universidad para llevarse a cabo el proceso eleccionario, no lograron ejercer
su derecho al voto porque les figuraba que ya habían sufragado. Situación que
denunciaron ante el comité electoral y frente a lo cual les “…informaron que esos
asuntos eran hechos aislados y que se les salía de las manos ya que ellos solo respondían
por lo que sucedía en la sala de sistemas mas no lo externo”.

8. Concluida la jornada electoral se informó que de los 11.680 estudiantes aptos
para votar, 10.506 sufragaron, es decir, una participación del 82.091%, lo que
consideran “cifra histórica” porque para el periodo 2018-2020 solo lo hicieron 1.980
de los 9.097 que estaban habilitados “…lo que nos generan muchas dudas, sobre todo
si se tiene en cuenta la nueva metodología (voto en línea), que por el tiempo de su
implementación fue poco conocida por los estudiantes y máxime cuando los mismos se
encuentran ubicados en zonas rurales y riberas de los ríos donde no hay señal de internet

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e incluso falta de fluido eléctrico, luego surge un interrogante. ¿De dónde surgieron tantos
votos?”.

9. Expusieron que el Jefe de la Oficina de Sistema y Soporte Técnico de la UTCH,
quien a su vez era el coordinador del proceso electoral, informó que “…una vez
cerrada la plataforma, en 15 minutos se arrojarían automáticamente por parte del Software
instalado, y según su frase, esto se haría con tan solo oprimir un clic, empero, transcurrieron
más de 30 minutos sin conocer el resultado”.

10. Los resultados de la jornada electoral se informaron “…desde un correo electrónico
y no desde el Software como se había estipulado”, en los siguientes términos:

11. Señalaron que al revisar la cantidad de votos advirtieron que “…quien obtuvo la
segunda votación fue KEINER PALACIOS BERRIO y su barra como lo refleja la gráfica
aparecía por debajo del tercero en votos, en este caso YANIER EDUARDO ASPRILLA
MOSQUERA, por lo que de inmediato fue puesto en conocimiento de los miembros del
comité electoral y veedores del proceso, pero a la hora de emitir el boletín final sin ninguna
explicación dicha irregularidad fue subsanada”, así:

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12. Ante lo anterior, expusieron su queja ante el comité electoral y solicitaron la
intervención de la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional pero, además, “…que se nos permitiera hacer a nuestra costa una verificación
del Software con acompañamiento claro está (sic) de la universidad , y en respuesta a
nuestra solicitud dicha oficina nos informó que debíamos hacer tal solicitud ante el comité
electoral lo que en efecto se hizo, sin embargo, este cuerpo colegiado se negó a permitir el
acceso para la verificación de la información de la votación, con un personal externo
cualificado y calificado, que por demás iba a ser pago por nosotros, argumentando que un
particular no podía manejar una página institucional, y el informe que nos fue suministrado
según expertos en la materia no reúne los requisitos mínimos para tomarse como informe,
ya que no se dijo nada acerca de las irregularidades presentadas el día de las
votaciones…”, lo que afirman les impidió presentar en debida forma las
reclamaciones e impugnaciones a las que había lugar.

1.2. Normas vulneradas y concepto de la violación

13. Para los demandantes se vulneraron los artículos 11, 29, 40 y 69 de la
Constitución Política; Ley 1712 de 2014; 28 y 29 de la Ley 30 de 1992; 3, 4 y 5
(literales a y b); 7, 11 (num. 1, 5, 8, 11, 19, 28 y 29), 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo
0001 de 20174; 1 y 2 Acuerdo 004 de 20175 y 1 (num. 1, 2, 3, 6); 11 (literales a y c)
y 30 del Acuerdo 0021 de 2021.

14. Explicaron que el acto demandado incurre en expedición irregular, falsa
motivación e infracción de norma en que debía fundarse porque, en los términos
explicados, cuando se expidió el Acuerdo 0010 de 20216 los representantes de los
exrectores, de las directivas académicas, del sector productivo, de los estudiantes
y de los egresados, en su criterio, tenían que manifestar su impedimento “…debido

4
“Por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba”
5
“Por el cual se modifican los artículos 26, 27, 29, 34, 35, 42, 50, 58, 72, 76, 112, 119 y 120 del Estatuto General de
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Acuerdo No. 0001 del 09 de agosto de 2017”
6
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y derogan unos artículos”
y el Acuerdo 021 de 2011 “Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”.

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a que su participación e intervención en este proceso, vició el proceso eleccionario para
elegir a los tres miembros restantes (Docentes, Estudiantes y Egresados) ya que a luces
se observa que su único interés fue sacar el mayor provecho de la situación, dado a que
poseían información privilegiada como fue el caso de los tiempos y la forma como se iban
a adelantar las elecciones, cuando los otros aspirantes nos encontrábamos ajenos a esa
nueva realidad metodológica, pues estábamos adelantando nuestro proselitismo político
para unas elecciones dentro del marco jurídico contenido en el acuerdo 0021 del 11 de
septiembre de 2011, resultó ser que este fue modificado sin tener en cuenta el resto de la
comunidad universitaria como lo manda el propio estatuto general y lo más grave fue que
al acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021 no se le dio los debates que exige el reglamento”.

15. Al respecto, informaron que el Acuerdo 0010 de 2021 fue demandado y el
proceso correspondió al Consejo de Estado, Sección Primera7 y advirtieron que, si
bien, dicho acto “…no debe ser materia de debate dentro del presente proceso, es
menester traerlo a colación dado a que el mismo sí impacto de manera directa dentro del
actual proceso eleccionario para designar a las autoridades del consejo superior restantes
(Docente, Estudiante y Egresado)”, porque cambió la forma de votación.

16. Consideran que “…no se pueden crear normas que alteran la actuación
administrativa, cuando se está en pleno ejercicio de la actuación, pues como se plantea en
el presente caso el Consejo Superior de la Utch, con su actuar además de alterar la
prevalencia de la ley sustancial, inaplicó el principio de la NO RETROACTIVIDAD DE LA
LEY, dado a que creó una norma que debió aplicarse a futuro, y no dentro de un
procedimiento administrativo eleccionario que como ya lo indicamos en su momento se
inició el 30 de abril del presente año con la elección de 2 miembros”.

17. Sumado a lo anterior, manifestaron que se vulneró el contenido de la Ley 1712
de 20148, pues no se autorizó realizar la auditoría externa al software que sirvió de
herramienta a la plataforma de Academusoft a fin de determinar las fallas o
irregularidades que no permitieron ejercer el voto a algunos de los estudiantes y
respecto de las inconsistencias en los resultados informados. Situación que derivó
en que no pudieran presentar en debida forma las respectivas reclamaciones.

1.3. Admisión de la demanda

18. Por auto de 4 de noviembre de 2021, la demanda fue admitida, se ordenaron
las respectivas notificaciones a la demandada, al presidente del Consejo Superior
Universitario de la UTCH y al representante legal de la institución educativa, al
Ministerio Público, a los actores y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se denegó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto

7
Rad. 11001032400020210034900, M.P. Oswaldo Giraldo López.
8
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones

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acusado, en síntesis, al concluir que las pruebas allegadas resultaban insuficientes
para analizar y decretar la medida cautelar solicitada.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Ministerio de Educación Nacional

19. El apoderado de dicha cartera se opuso a las pretensiones de la demanda.

20. Formuló las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva
porque, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, al interior del
Consejo Superior Universitario de la UTCH, esta cartera participa con un solo voto
en dicho órgano de dirección y, en consecuencia, “…no se encuentra en posición de
dar una respuesta a título de mutuo (sic) propio, dado que la entidad NO esta (sic) llamada
a responder como entidad o de manera personal, sino como parte integrante del Consejo
Superior Universitario, por lo que alguna decisión sobre el presente asunto, debe darse de
manera consultada y consensuada por parte del máximo órgano colegiado de
administración de la Universidad Tecnológica del Choco (sic)”;

21. ii) Presunción de legalidad de los actos administrativos, manifestó que “[n]o se
observa en el caso bajo análisis, la existencia de hechos o fundamentos de derechos que
desvirtúen esta presunción de legal (sic) de las cual (sic) gozan los actos administrativos
expedidos”.

22. Precisó que en virtud de la autonomía universitaria las decisiones que adopta el
consejo superior universitario son el resultado del consenso de las mayorías de los
sectores allí representados, por tanto “(…) cualquier decisión que sobre el particular
adopte el Ministerio de Educación Nacional, no afecta en nada las resultas de la presente
acción electoral, pues como ya se ha manifestado en líneas anteriores, la elección de
representantes en el seno de la Institución de Educación Superior, es la forma en que se
materializa el principio de autonomía universitaria (…)”.

23. Por último, solicitó declarar probadas las excepciones propuestas, se le
absuelva de las súplicas de la demanda y se condene en costas, agencias en
derecho y demás gastos procesales a los accionantes.

1.4.2. Rosa Elena Mosquera Palacios – Demandada -

24. Solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que la UTCH fue
transparente en el procedimiento electoral que culminó con su designación como
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, y no se
incurrió en violación de normas constitucionales, legales ni estatutarias que se
alegaron.

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25. Se refirió al cargo de violación a los artículos 29 y 69 de la Constitución Política,
28 y 29 de la Ley 30 de 1992 y 137 de CPACA para concluir que carece de
fundamento legal y jurisprudencial, además, resaltó que su elección es el reflejo de
la manifestación de la voluntad estudiantil expresada mediante voto universal y
secreto.

26. Destacó que el Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021, precisa en su artículo final
que rige a partir de su publicación, razón por la cual no existe la alegada violación
al principio de legalidad, debido proceso y tampoco se desbordan las potestades
conferidas por la autonomía universitaria.

27. Adujo que con ocasión a la pandemia originada por el Covid-19, se estableció
un proceso electoral diferente para la elección de cada estamento del CSU. En tal
sentido, “(…) los accionantes no pueden pretender que el acuerdo que reglamentó y
convocó a las elecciones del sector productivo, es el mismo que convoca y reglamenta las
elecciones de estudiantes, docentes y egresados.”.

28. Precisó que el Acuerdo 0021 de 2011 “Estatuto Electoral” no ha sido derogado,
fue modificado cumpliendo los requisitos contemplados en las normas superiores y
respetando las ritualidades del debido proceso y principio de legalidad, producto de
la pandemia, obligando a la institución a “(…) reinventarse y es así como aprovechando
las bondades que nos ha traído las Tics, se procedió a reglamentar el voto remoto y en
línea, modalidad que no desvirtúa en ningún momento la voluntad del elector y menos del
ciudadano que pretende poner su nombre en consideración para ser elegido en un cargo
de elección dentro de nuestra alma mater.”.

29. Por otra parte, indicó que los accionantes no señalaron cuáles son las normas
superiores presuntamente violadas con la expedición del acto administrativo que
implementó el voto electrónico ni el que decretó su elección y se limitó a realizar
apreciaciones respecto de lo que consideran debió hacer el Consejo Superior
Universitario.

30. En tal sentido, los cargos de nulidad fueron sustentados en “…suposiciones,
apreciaciones subjetivas de los actores, sin poderse considerar ciertas y menos aún,
poderse establecer que, satisfacen los requisitos jurídicos y jurisprudenciales para
decretarla (sic) nulidad de dichos actos”.

31. Frente a la presunta violación de la Ley 1712 de 2014, por no permitir el acceso
a la información trascendental, afirmó que se trata de un cargo que carece de
fundamento legal y jurisprudencial y que no cumple con las exigencias establecidas
en el CPACA, para su formulación.

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32. Advirtió que lo pretendido por los accionantes, referente a que se permitiera la
revisión de un experto al software mediante el cual se realizó la votación, no se
encuentra contemplado en la norma legal de transparencia anteriormente citada. En
consecuencia, ese tipo de accesos al software solo pueden ser obtenidos a través
de una orden judicial de la autoridad competente.

33. Frente al hecho de que a algunos estudiantes el software les informara que ya
habían votado, indicó que solo se podía ejercer el derecho al voto por una sola vez;
así pues, el cuidado y custodia del usuario y su contraseña era responsabilidad del
titular y no de la autoridad que adelantó el procedimiento electoral, además sostuvo
que se trata de un hecho que no puede ser tenido como justificación o argumento
para alegar la violación de la Ley 1712 de 2014.

34. Formuló las excepciones de “inepta demanda” y “falta de fundamento en el concepto
de violación” al considerar que los accionantes no sustentaron el concepto de la
violación acorde con las normas presuntamente violadas y la expedición de los
actos administrativos cuestionados.

1.5. Traslado de las excepciones

35. Keiner Palacios Berrio, demandante en el proceso de la referencia, allegó
escrito9 en el que solicitó negar las excepciones propuestas.

36. En cuanto al Ministerio de Educación Nacional explicó que sí está legitimado en
la causa por pasiva, por cuanto dicha cartera con fundamento en la Ley 30 de 1992
y el Estatuto General de la UTCH (Acuerdo 1 de 9 de agosto de 2017), hace parte
del Consejo Superior de la universidad y, además, lo preside.

37. Respecto a la excepción de ineptitud de la demanda, sostuvo que no está
llamada a prosperar porque cumplió con todos y cada uno de los requisitos exigidos
en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, ya que el concepto de la violación se
sustentó en las normas que se desconocieron al proferir el acto electoral
demandado.

1.6. Actuaciones procesales

38. Mediante auto de 24 de enero de 202210, el magistrado ponente negó la
prosperidad de las excepciones previas propuestas, para lo cual indicó frente a la
falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Ministerio de
Educación que fue notificado por ser el presidente del Consejo Superior

9
Índice 39 Samai.
10
Índice 41 Samai.

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Universitario, de conformidad con el artículo 26 del Estatuto General de la UTCH
(Acuerdo 1º de 2017), el cual reguló su conformación y le otorgó dicha calidad. En
tal sentido, se trata de la autoridad que profirió el acto acusado.

39. En cuanto a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda concluyó que
los demandantes cumplieron con su deber de indicar las normas violadas y dar
cuenta de las razones por las cuales fueron infringidas por el acto que se acusa.

40. El 25 de enero de 2022 se celebró audiencia inicial11, en la cual se saneó el
proceso, se incorporaron y decretaron las pruebas, y se fijó el litigió así:

“i)¿Si hay lugar a estudiar de fondo el cargo según el cual en la aprobación del
Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021 -que implementó el voto electrónico- debían
declararse impedidos algunos miembros del consejo superior universitario y si se
consultó a la comunidad universitaria? Y de ser positiva la respuesta a este
interrogante si tiene incidencia en el acto de elección de la demandada.

ii) La presunta indebida aplicación del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 202112, que
adoptó el voto electrónico, físico o remoto, porque la actuación administrativa
eleccionaria que se juzga ya estaba en curso.

iii) Durante la jornada electoral se presentaron los siguientes yerros: i) algunos
estudiantes no pudieron ejercer su voto porque al acceder a la plataforma
Academusoft, diseñada por la universidad para llevarse a cabo el proceso
eleccionario, se registraba que ya había sufragado, ii) el desconocimiento de los
votantes de la metodología del voto en línea, iii) el incremento anormal de los
votantes, iv) la tardanza en la entrega de los resultados al finalizar la jornada; v) la
presunta irregularidad que se presentó al informar los porcentajes obtenidos por los
candidatos (la segunda votación fue Keiner Palacios Berrio y aparecía por debajo del
tercero en votos), que fue corregida en el boletín final, sin fundamento alguno y; vi)
que no se permitiera realizar una auditoria (sic) externa al sofware (sic) de votación,
para fundamentar las reclamaciones e impugnaciones en debida forma.”

41. En la misma providencia, se negó la inspección judicial a la plataforma
Academusoft, a través de la cual se realizó el proceso electoral, al considerar que
los accionantes no cumplieron con las exigencias establecidas en el artículo 237 del
CGP, de precisar con claridad los hechos que pretendía probar con su práctica.

42. Con auto de 10 de marzo de 2022 se corrió traslado para alegar de conclusión
a las partes, y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente;
en tal sentido, se prescindió de la audiencia de pruebas, alegaciones y juzgamiento
en aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 181 del CPACA.

11
Índice 52 Samai.
12
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y se derogan unos
artículos”

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1.7. Alegatos de conclusión

1.7.1. Universidad Tecnológica del Choco – UTCH-

43. Manifestó que los accionantes argumentaron erróneamente el concepto de
violación, toda vez que las afirmaciones hechas por estos, frente a la modificación
en el proceso electoral con la inclusión del voto electrónico mediante el artículo 1
del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021, aduciendo que el proceso electoral ya había
iniciado, junto con el proceso de los “exrectores y autoridades académicas”, no es
cierta.

44. Precisó que para elegir a los miembros del Consejo Superior Universitario, no
se realiza un proceso unificado, más aún cuando el Acuerdo 0021 de 2011 (Estatuto
Electoral) no lo contempló. En tal sentido, dicho estatuto le da la “…libertad al máximo
órgano de dirección y gobierno de convocar y reglamentar cada uno de dichos procesos
de manera separada o conjunta sin entrar a cometer algún vicio en el procedimiento”.

45. Por tanto, al revisar el Estatuto Electoral se logra evidenciar que la elección del
sector estudiantil, del representante profesoral y el de exrectores, se encuentran
reglamentados de manera separada, lo cual denota “que son estamentos diferentes y
cada proceso electoral es diferente, no son procesos electorales unificados (…)”.

46. Indicó que de conformidad con los artículos 29 de la Constitución y, 11 y 12 del
Código Civil, es claro desde cuando comienza a surtir efectos jurídicos una norma
luego de su promulgación, esto es “el día que ella misma se designa”, en otras
palabras desde “el día en el que ella misma manifiesta que entra a regir. A su vez,
consagra que, «y en todo caso después de su promulgación”.

47. Al respecto, adujo que el Acuerdo 0010 de 2021 mediante el cual se autorizó y
reglamentó el voto electrónico, se expidió el 2 de julio de 2021. Sin embargo, el
artículo 4 estableció que iniciaba a regir “a partir de su expedición”. De acuerdo a lo
anterior “…al haber cumplido con el requisito de eficacia, ósea (sic), su promulgación, es
claro y evidente que, debía ser aplicado a los procesos electorales que se convocaran
después de su expedición.”.

48. Frente al argumento de que los consejeros que participaron en la aprobación
de los acuerdos modificatorios del proceso electoral, debieron declararse
impedidos, argumentó que no está de acuerdo, toda vez que, es parte del ejercicio
de su cargo, por tanto, lo pretendido fue fijar las reglas frente a la participación
electoral, para que quienes cumplieran los requisitos para inscribirse como
candidatos, pudieran participar y tomar la decisión de quiénes los representarían
mediante el voto, sin que esto los beneficiara o perjudicara.

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49. Sostuvo que la mejor evidencia del acierto en la inclusión del voto electrónico,
es la concurrencia a las elecciones de aproximadamente el 85% de los estudiantes
matriculados.

50. Indicó que la universidad no podía dar acceso al software a un tercero para que
fuese manipulado, “…el cual gozaba de unas prerrogativas de seguridad establecidas
previas al proceso y se clarifica cual es la carga de la institución.”. En tal sentido, sin
previa orden judicial no podían entregarlo sin que se hubiera cometido irregularidad
alguna, o que dicha circunstancia configure un vicio de legalidad que afecte la
elección que se juzga.

51. Por último manifestó que se adelantaron campañas de sensibilización con la
finalidad de que los estudiantes supieran como ejercer su derecho al voto y que
estuvieran informados respecto de la inconveniencia de compartir su usuario y
contraseña, por tanto, era responsabilidad de cada alumno el debido cuidado de
dicha información requerida para el ejercicio del procedimiento electoral,
responsabilidad que no puede ser atribuida a la institución.

1.7.2. La señora Rosa Elena Mosquera Palacios –demandada-

52. Insistió en la legalidad de los Acuerdos 0010 y 001 de 2021, que se cumplieron
con las medidas de seguridad requeridas para llevar a cabo el procedimiento
eleccionario, incluso se realizó una auditoría externa y que no existe vulneración
alguna al derecho a la igualdad como lo afirman los demandantes.

1.7.3. El Ministerio de Educación Nacional

53. Su apoderado judicial se refirió al concepto de autonomía universitaria en
desarrollo del cual, entre otras, permite adelantar y regular los procedimientos
destinados a elegir a sus autoridades o integrantes de sus cuerpos colegiados.

54. Destacó que el informe final de las elecciones que data del 15 de agosto de
2021, puso de presente que los ataques cibernéticos que se presentaron no
impidieron que la jornada electoral “transcurriera de manera exitosa”.

55. En razón de lo expuesto solicitó que las pretensiones fueran denegadas.

1.7.4. La parte actora no se pronunció en esta oportunidad.

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1.7.5. Ministerio Público

56. Luego de hacer un recuento de los hechos y actuaciones procesales relevantes,
la procuradora delegada rindió su concepto de acuerdo con la fijación del litigio, en
los siguientes términos:

57. Frente a “la aprobación del Acuerdo que implementó el voto electrónico
debían declararse impedidos algunos miembros del CSU e inexistencia de
consulta a la comunidad universitaria”, manifestó que en este proceso el objeto
es analizar la legalidad de la elección de la demandada y no realizar el estudio de
yerros en que se pudo haber incurrido en actos que no son preparatorios de la
elección que se juzga.

58. En cuanto a la “indebida aplicación del Acuerdo que adoptó el voto
electrónico, en virtud de que la actuación administrativa eleccionaria estaba
en curso”, indicó que mediante Acuerdo 0010 de 202113, se implementó el voto
electrónico en la UTCH y al momento de su expedición aún no se había convocado
a las personas interesadas en participar en el proceso electoral tendiente a elegir a
los representantes de los estudiantes, docentes y egresados ante el consejo
superior universitario, en consecuencia, era lo procedente que sus efectos rigieran
a futuro y tuvieran plena aplicación en el debate en el cual participó la demandada.

59. Agregó que mediante Acuerdo 007 de 2021 se reglamentó y convocó la elección
de los representantes de las directivas académicas y de los exrectores ante el CSU
de la UTCH pero en ese momento no se había dictado el Acuerdo 0010 de 2021 y
tampoco la convocatoria para elegir a los representantes de los estudiantes,
docentes y egresados ante el mismo colegiado, lo que demuestra que se trata de
procesos eleccionarios diferentes.

60. En lo que respecta a los presuntos “yerros presentados durante la jornada
electoral”, comenzó por relacionar las pruebas allegadas al expediente14 y
manifestó que de las pruebas documentales aportadas no se logra establecer las
inconsistencias alegadas.

61. Frente a los videos aportados precisó que no fueron tachados de falsos pero
que valorados de manera conjunta, con el resto de elementos probatorios,
solamente se logra establecer que refieren a un presunto “hackeo” del software
mediante el cual se llevó a cabo el proceso de votación, pero no es posible

13
El cual adicionó el Acuerdo 021 de 2011, Estatuto Electoral de la UTCH.
14
Acuerdos 0009, 0010, 0011 0013 de 2021, 0013 de 2020, Estatuto General y Estatuto Electoral de la UTCH, informe de
auditoría, video aportado por la demandada.

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evidenciar alguna irregularidad que pueda afectar sustancialmente el acto de
elección de la demandada.

62. En lo que concierne al “informe/concepto de auditoría” argumentó que éste no
puede ser tenido como prueba pericial, al no cumplir los requisitos establecidos en
el artículo 277 del CGP, porque no se pudo establecer que haya sido proferido por
una institución o profesional especializado. Sin embargo, si fuese considerado como
prueba pericial, advirtió que dicho documento no da cuenta de la existencia de
irregularidad alguna en el proceso electoral, limitándose a indicar que la auditoría
contratada no cumplía con unas determinadas condiciones.

63. Expuso que no existen pruebas que demuestren que algunos estudiantes no
pudieron votar, como tampoco del desconocimiento de los alumnos respecto de la
metodología del voto electrónico, del incremento anormal del censo electoral de los
sufragantes y tampoco de la tardanza en la entrega de los resultados electorales.

64. En torno a la irregularidad que se presentó al informar el porcentaje obtenido
por los candidatos porque quien obtuvo la segunda votación aparecía por debajo
del tercero, advirtiendo que fue corregido en el boletín final, afirmó que no encontró
yerro alguno ya que si se revisa la “imagen presunto fraude” se debe concluir que el
porcentaje de Yanier Asprilla Mosquera es de 16.66 % (1.750 votos) y el de Keyner
Palacios correspondió a 17.70 % (1.869 votos); por tanto, no es cierto que Asprilla
obtuviese mayor porcentaje que Palacios.

65. Sumado a lo anterior, señaló que en todo caso se trata de una situación
intrascendente porque la demandada obtuvo el 56.75 % del total de la votación, la
cual no se vería afectada por el presunto yerro al que aluden los actores.

66. Finalmente indicó que la negativa de realizar una auditoría externa al software,
vulnera el contenido del literal h) del artículo 2º del Acuerdo 0011 de 2021, pero no
tiene la incidencia porque “…la transgresión del precitado acto no determina ni modifica
el resultado de las votaciones, máxime si los actores no lograron demostrar, dentro del
plenario, que el informe de auditoría contratado por la institución universitaria era contrario
a la realidad…”, y reiterando que el informe allegado con la demanda no demuestra
que el contratado por la UTCH “…era contrario a la realidad ni mucho menos, la
existencia de una precisa irregularidad”.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

67. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar, en única
instancia, la demanda que persigue la anulación del acto de elección de la señora
ROSA ELENA MOSQUERA PALACIOS como representante de los estudiantes
ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó
(UTCH), contenido en la Resolución 0006 del 1º de septiembre de 2021, de
conformidad con los artículos 149.3 del CPACA15 y 13 del Acuerdo 80 de 201916.

2.2. Del acto acusado

68. Se discute la legalidad del acto de elección de la señora Rosa Elena Mosquera
Palacios como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH, contenido en la Resolución 0006 del 1º de septiembre de
2021 “Por medio de la cual se hace la declaración de elegido del representante de
los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Tenológica del Chocó y
se dictan otras disposiciones.”.

2.4. Problema jurídico

69. A partir de la fijación del litigio el asunto a decidirse consiste en establecer:

“i)¿Si hay lugar a estudiar de fondo el cargo según el cual en la aprobación del
Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021 -que implementó el voto electrónico- debían
declararse impedidos algunos miembros del consejo superior universitario y si se
consultó a la comunidad universitaria? Y de ser positiva la respuesta a este
interrogante si tiene incidencia en el acto de elección de la demandada.

ii) La presunta indebida aplicación del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 202117, que
adoptó el voto electrónico, físico o remoto, porque la actuación administrativa
eleccionaria que se juzga ya estaba en curso.

15
“ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia
de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los
representantes a la cámara, de los representantes al Parlamento Andino, del Alcande Mayor de Bogotá, de los miembros de
la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional
y de las comisiones de regulación.”
16
“Reglamento interno del Consejo de Estado”. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus Secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo así: (…) Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales
relacionados con elecciones o nombramientos”.
17
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y se derogan unos
artículos”

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iii) Durante la jornada electoral se presentaron los siguientes yerros: i) algunos
estudiantes no pudieron ejercer su voto porque al acceder a la plataforma
Academusoft, diseñada por la universidad para llevarse a cabo el proceso
eleccionario, se registraba que ya había sufragado, ii)el desconocimiento de los
votantes de la metodología del voto en línea, iii) el incremento anormal de los
votantes, iv) la tardanza en la entrega de los resultados al finalizar la jornada; v) la
presunta irregularidad que se presentó al informar los porcentajes obtenidos por los
candidatos (la segunda votación fue Keiner Palacios Berrio y aparecía por debajo del
tercero en votos), que fue corregida en el boletín final, sin fundamento alguno y; vi)
que no se permitiera realizar una auditoria (sic) externa al sofware (sic) de votación,
para fundamentar las reclamaciones e impugnaciones en debida forma.”

70. Con el propósito de absolver los citados cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes aspectos: i) autonomía universitaria; ii) mecanismo y procedimiento en
la elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH y; iii) el caso concreto.

2.4.1 Autonomía universitaria18

71. La Asamblea Nacional Constituyente convocada para 1991 reconoció la
preponderancia que para el desarrollo social tienen las universidades estatales, por
ser allí donde se forman las personas que en el mañana regirán los destinos del
Estado y de la comunidad desde diferentes escenarios. El constituyente consideró
que ese importante papel no se podía cumplir de forma cabal si las universidades
oficiales quedaban sujetas o subordinadas a los gobiernos de turno, ya que el
manejo de la política no siempre va por el mismo camino del pensamiento
académico inspirado en la libertad, y por ello tomó la decisión de dotarlas de un
régimen especial de autonomía, concebido en la Constitución Política de 1991,
así:

“Artículo 69.- Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.” (Subrayado de la Sala)

72. El constituyente empleó los términos correctamente para dar a entender que las
universidades oficiales no solamente serían autónomas, como muchos otros

18
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de septiembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad.: 13001-23-
33-000-2014-00343-01; 27 de octubre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.: 11001-03-28-000-2020-00047-00; 2020-
00023, 00033, 00040, 00041 y 00048.

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órganos y entidades citados en la Constitución de 1991, tales como la Comisión
Nacional de Televisión19, la Organización Electoral, la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación, las Corporaciones Autónomas
Regionales, etc., sino que además tendrían un régimen especial de autogobierno
y autorregulación, sin menoscabo de las facultades propias del legislador. Así, la
nueva visión de las universidades estatales fue definida por el Tribunal
Constitucional en estos términos:

“El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta
Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido
por esta Corporación “como un principio de autodeterminación derivado de la
Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar
su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines
académicos que se plantea”20.”21

73. El legislador, con el ánimo de desarrollar el régimen especial de autonomía de
las universidades públicas, profirió la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 “Por la
cual se organiza el servicio público de la educación superior.”, que estableció que
el grado de autonomía se vería reflejado en aspectos tales como: (i) darse y
modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y administrativas;
(iii) crear, organizar y desarrollar programas académicos; (iv) definir y organizar
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; (v) conferir los
títulos a sus egresados; (vi) seleccionar los profesores; (vii) admitir a los alumnos y
adoptar sus regímenes; y, (viii) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional (Artículos 28 y 29).

74. En efecto, el régimen de autonomía le permite a las universidades oficiales
libertad en materia normativa, pues dentro de sus atribuciones puede expedir
los estatutos que rigen su actividad. En ese sentido fija el gobierno de la
universidad sin injerencias externas, pero ello no implica el aislamiento del Estado
ya que la formación educativa de la sociedad, por tener un marcado interés general,
involucra el desarrollo de las políticas públicas que se trazan desde el gobierno
nacional o seccional, según el caso. Y, quizás lo más importante, esa autonomía se
refleja en el terreno académico y filosófico, pues apunta a que el pensamiento
universitario se desarrolle sin las ataduras que pueden desprenderse de las
inclinaciones ideológicas de los gobiernos correspondientes.

19
Esta entidad desapareció a raíz de la expedición del Acto Legislativo 02 de 21 de junio de 2011 “Por el cual se deroga el
artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.”. La Ley 1507 de 10 de enero de 2012 “Por la
cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras
disposiciones.”, creó en lugar de la Comisión Nacional de Televisión la Autoridad Nacional de Televisión.
20
Sentencia T-703 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
21
Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 14 de febrero de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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75. En todo caso, la realización del régimen de autonomía de las universidades
estatales debe surtirse, en cualquiera de los planos aludidos, “de acuerdo con la
ley.”. Esta expresión debe tomarse en sentido material y teleológico. Es decir, que
los estatutos, actuaciones y decisiones que adopten los centros de educación deben
observar la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos o acogidos
por el Estado Colombiano en temas de derechos fundamentales y de educación, y
la ley.

76. Entonces, este régimen de autonomía de las universidades oficiales se
desarrolla dentro de los límites generales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico,
pues ello no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el
desconocimiento del carácter unitario del Estado colombiano que se propugna en el
artículo 1º de la Constitución Política de 1991.

2.4.2. Mecanismo y procedimiento en la elección del representante de los
estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UTCH

77. Tal y como se expuso en el apartado anterior, las universidades públicas gozan
de una autonomía robusta con el fin de que ciertos procedimientos sean definidos
al interior de sus directivas sin la intervención del Estado frente a sus decisiones.

78. En tal sentido, y con el propósito de definir el procedimiento de elección de los
miembros del Consejo Superior Universitario, la UTCH profirió el Acuerdo No. 0021
de 21 de septiembre de 201122, el cual en su artículo 1º estableció:

“Artículo 1. El objeto de este estatuto es perfeccionar el proceso y organización
electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea
y autentica de la comunidad universitaria y que los escrutinios sean el reflejo exacto
de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. (…)”.

79. No obstante, resulta importante resaltar que mediante dicho estatuto también se
creó el Comité Electoral Universitario como encargado de la inspección, control y
vigilancia de los procesos electorales que se desarrollen en la institución, dando
claridad en cuanto a sus miembros y funciones.

22
“Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”

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80. Ahora bien, con el fin de dotar de transparencia al proceso electoral los artículos
2023, 2124 y 2225 definieron el censo electoral, el cual establece quienes podrán
participar en la votación y el mecanismo previsto para solicitar correcciones o
enmiendas.

81. Con respecto al resultado del proceso de votación el artículo 2726 indicó que
este será publicado por el Comité Electoral en la página web de la institución y solo
en caso de empate entre dos o más candidatos, se realizará una nueva elección.

82. El Comité Electoral de la Universidad debe determinar el cronograma de la
elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que representarán los
siguientes estamentos:

• Docentes
• Estudiantes
• Directivas académicas
• Egresados
• Exrectores
• Sector productivo

83. Valga precisar que el mismo estatuto en su artículo 31 dispuso:

“Artículo 31. Las elecciones para escoger Representante Estudiantil ante el Consejo
Superior Universitario, serán convocados mediante Acuerdo por este organismo.

Las elecciones para escoger representantes estudiantiles ante los Organismos
Colegiados distintos del Consejo Superior Universitario, serán convocadas por el
Rector, mediante Resolución.
23
“Artículo 20. Censo electoral. Todos los actores de los estamentos y sectores universitarios podrán votar siempre que se
encuentren en el listado oficial del censo electoral que para el efecto genere el Jefe de Talento Humano y la Oficina de
Admisiones, Regristro y Control Académico. En el evento que alguna persona no aparezca en el listado oficial, podrá solicitar
verificación ante el Consejo Electoral, 3 días hábiles antes de la elección. El Secretario General de la Universidad proveerá
los listados de votantes aptos para cada mesa, conforme a la distribución que se realice de las mismas.
Parágrafo primero. El Consejo Electoral ordenará la exposición pública del censo electoral durante el plazo establecido en
el calendario electoral, en la página web y en las carteleras de la universidad.
Parágrafo segundo. El censo electoral hará constar para cada elector, la calidad que ostenta y el número del documento
nacional de identidad, los apellidos y el nombre, y lugar en que le corresponde ejercer su derecho al voto; en nungún caso un
elector podrá fijar en el censo electoral más de una circunscripción.
Parágrafo tercero. En el caso que un miembro de la comunidad universitaria, tenga más de una calidad, el Consejo Electoral
podría asignarlo al censo de una sola circunscripción, teniendo en cuenta el estamento o sector que se seleccione como
alternativa en las inscripciones de electores, previas al proceso electoral conforme a las reglas propuestas por dicho Consejo.
Parágrafo cuarto. No hacen parte del censo electoral los docentes hora cátedra.”
24
“Artículo 21. Según los lugares y mesas de votación, el Comité Electoral Universitario indicará los sitios privados para
marcar la tarjeta electoral.”
25
“Artículo 22. Con tres días de anticipación al día de las elecciones y en lugares visibles, en las sedes de la Universidad, el
Comité Electoral publicará las listas de sufragantes que serán usadas en la jornada electoral para efectos de verificación de
los votantes que se consideren en capacidad de votar y quienes en caso de no figurar, procederán según establezca el
Consejo Electoral Universitario.”
26
“Artículo 27. Se destinará una mesa para la votación de cada estamento o sector.
Parágrafo primero. Entiéndase por estamentos y sectores, los definidos expresamente en el Estatuto General.
Parágrafo segundo. El resultado obtenido por cada candidato o representante de los estamentos y sectores, será publicado
por el Comité Electoral en la página web de la institución. En caso de empate entre dos o más candidatos, se realizará una
nueva elección.”

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Parágrafo 1. El acto administrativo por el cual se convoque a elecciones estudiantiles,
deberá especificar el organismo al cual se llevará la representación, las calidades
requeridas para el cargo, el lugar y plazo de inscripciones, la fecha y sede de la
jornada electoral, la composición del potencial electoral y las condiciones de validez
y reconocimiento de las elecciones.

Parágrafo 2. El período establecido para las inscripciones no debe ser menor a tres
(3) días hábiles, ni mayor a cinco (5) días hábiles.

Parágrafo 3. El acto administrativo por el cual se realice la convocatoria a elecciones
estudiantiles, deberá ser ampliamente difundido en las sedes de la Universidad en
donde exista potencial electoral pertinente a la elección.” (Subraya fuera del texto
original).

84. En consecuencia, para el caso que nos ocupa, las calidades requeridas y los
componentes para participar como candidato harán parte del acuerdo establecido
para tal fin. Sin embargo, el Acuerdo No. 0021 de 2011 presentó algunas
modificaciones realizadas por el Consejo Superior Universitario mediante el
Acuerdo No. 0010 de 2 de julio de 2021.

85. En dicho acto modificatorio, el CSU en consideración a la pandemia por Covid-
19 y las diferentes directrices sanitarias dictadas por parte del gobierno nacional,
decidió garantizar la participación democrática para la elección de los diferentes
estamentos mediante el voto electrónico como mecanismo electoral, previendo el
procedimiento para su implementación, las garantías electorales, prohibiciones y
obligaciones durante la jornada electoral.

86. En consecuencia, y dando aplicación al parágrafo 1º del artículo 31 profirió el
Acuerdo No. 0011 de 12 de julio de 2021 “Por medio del cual se Autoriza,
Reglamenta y convoca la elección del Representante de los Estudiantes, Docentes
y Egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó y
se dictan otras disposiciones.”, mediante el cual, como su nombre lo indica convocó
y estipuló el procedimiento y requisitos para el ejercicio de la contienda electoral de
los estamentos previamente descritos.

87. Para el ejercicio del sufragio, fijó en el parágrafo 1º del artículo 1º “el voto remoto
o en línea” el cual corresponde al “sufragio directo y secreto que se realiza a través
de cualquier dispositivo tecnológico conectado a internet.”.

88. De igual forma precisó el periodo de los representantes (3 años contados a partir
de su posesión), y las calidades y requisitos para inscribirse como candidatos, los
cuales quedaron contenidos en el artículo 4º27 de dicho acuerdo.

27
“Artículo 4º: Calidades y requisitos para la inscripción. Los diferentes candidatos que pretendan ser elegidos como
representantes de los Estudiantes, Docentes y Egresados deberán inscribirse en las fechas y horas indicadas en el

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89. En cuanto al censo electoral indicó que podrá votar quien se encuentre en el
listado oficial, el cual deberá ser publicado con tres (3) días de antelación a las
votaciones en la página web de la Universidad. No obstante, quienes no se hayan
incluido en el censo electoral podrán presentar solicitud de inclusión (la cual, de
acuerdo con el calendario electoral establecido en el artículo 11, debió ser
presentada entre el 4 y 5 de agosto de 2021), para lo cual en caso de ser procedente
se notificará al interesado (6 de agosto de 2021) y se le incluirá en el censo
respectivo.

90. Dispuso de qué manera se realizaría el escrutinio, el cual deberá ser certificado
por el jefe de la Oficina de Sistemas, quien deberá dar constancia de los resultados
de la votación para ser entregados de manera oficial al Comité Electoral y a la
Secretaría General, con el fin de poner en conocimiento el candidato elegido para
el estamento en disputa.

91. Así pues, en el artículo 16 se dispuso el mecanismo para dar a conocer el
resultado electoral a la comunidad así:

“El Comité Electoral emitirá boletín de los resultados parciales de las elecciones con
fundamento en la información que reciba, debidamente respaldada por los Jurados
de Votación. El resultado de la votación de cada estamento, deberá ser comunicado
a las instancias respectivas y publicado en la página web de la Institución.”

2.5. Caso concreto

cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario. Igualmente, deberán inscribirse en forma personal con dos (2)
testigos ante la Secretaría General. Quien dará traslado al Comité Electoral, dentro de los plazos estipulados para tal fin, para
lo de su competencia.
En el momento de la inscripción, quien aspire a ser elegido como representante de los Estudiantes, Docentes y Egresados,
además de acreditar los requisitos señalados en el Estatuto General y demás normas internas de la Universidad deberá
acreditar los siguientes requisitos y documentos:
1. Hoja de vida.
2. Ser colombiano de nacimiento.
3. Acreditar la calidad del estamento o sector al que decide representar.
4. Dos fotografías recientes fondo blanco.
5. Propuesta que garantice un efectivo aporte a los objetivos misionales de la Universidad.
6. No haber sido condenado penalmente por la comisión de delitos dolosos, excepto por delitos político o culposos.
7. No encontrarse inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos por haber sido sancionado disciplinariamente con
destitución.
Para la inscripción, cada candidato deberá presentar, en original y copia debidamente foliados, los documentos anotados
anteriormente.
Parágrafo primero. De la inscripción de los postulantes a representantes de los estudiantes, docentes y egresados ante el
Consejo Superior, la Secretaría General dejará constancia mediante acta individual de inscripción suscrita por el aspirante,
sus dos testigos y el Secretario General. Los candidatos en el momento de la inscripción adjuntarán hoja de vida, acreditando
los requisitos establecidos para tal efecto. En dicha acta, el candidato declarará bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses, acto que se considerará surtido con la
firma del aspirante en el acta de inscripción.
Parágrafo segundo. El aspirante que al momento de la inscripción no reúna los requisitos deberá abstenerse de inscribirse.
Parágrafo tercero. Acta de cierre de inscripción. Corresponde a la Secretaría General y al comité del Electoral hacer la
evaluación de requisitos mínimos que debe cumplir el aspirante, así como dejar constancia en el acta de cierre de inscripción
de los candidatos inscritos, indicando la fecha y hora del cierre y los documentos aportados por cada postulante.”

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

92. Los accionantes consideran que se debe anular el acto de elección de la señora
ROSA ELENA MOSQUERA PALACIOS como representante de los estudiantes
ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó
(UTCH), contenida en la Resolución 0006 de 1 de septiembre de 2021 al incurrir en
falsa motivación, expedición irregular e infracción de los 11, 29, 40 y 69 de la
Constitución Política; 28 y 29 de la Ley 30 de 1992; 3, 4 y 5 (literales a y b); 7, 11
(num. 1, 5, 8, 11, 19, 28 y 29), 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo 0001 de 201728; 1 y 2
Acuerdo 004 de 201729 y 1 (num. 1, 2, 3, 6); 11 (literales a y c) y 30 del Acuerdo
0021 de 2021.

93. Así pues, se resolverá cada uno de los puntos establecidos en la fijación del
litigio así:

i) ¿Si hay lugar a estudiar de fondo el cargo según el cual en la aprobación del
Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021 -que implementó el voto electrónico- debían
declararse impedidos algunos miembros del consejo superior universitario y si
se consultó a la comunidad universitaria? Y de ser positiva la respuesta a este
interrogante si tiene incidencia en el acto de elección de la demandada.

94. Los accionantes adujeron que 5 de los miembros del CSU, se encontraban
aspirando a ser reelegidos en sus respectivos estamentos, por lo cual consideran
que debieron haberse declarados impedidos en la creación del Acuerdo No. 0010
de 2 de julio de 2021, toda vez que a su juicio, “se pretendió fue (sic) cambiar el
marco jurídico en materia eleccionaria al interior de la universidad, incorporó una
metodología de votación distinta, desconociendo con ello sus propias preceptivas
sobre este tipo de procedimientos”, por tanto, indicaron que en aras de darle
prevalencia a principios como el de transparencia y moralidad, estos debieron
apartarse en la intervención y participación en el proceso de expedición del acuerdo
anteriormente descrito.

95. En consecuencia, tal circunstancia, para los accionantes, vició el proceso para
la elección de los miembros restantes (docentes, estudiantes y egresados),
denotando su interés en sacar provecho al poseer información privilegiada,
refiriéndose al tiempo y la forma en que se iba a adelantar las elecciones. De igual
forma, manifestaron que para la aprobación del acuerdo no se dieron los debates
que exige el reglamento, y por lo mismo el acto actualmente se encuentra
demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa ante la Sección Primera
del Consejo de Estado bajo el radicado No. 11001032400020210034900.

28
“Por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba”
29
“Por el cual se modifican los artículos 26, 27, 29, 34, 35, 42, 50, 58, 72, 76, 112, 119 y 120 del Estatuto General de
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Acuerdo No. 0001 del 09 de agosto de 2017”

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

96. Al respecto esta Sala de Decisión considera improcedente pronunciarse
respecto de la legalidad, toda vez que el medio de control adecuado para demandar
el Acuerdo No. 0010 de 2021, es el de nulidad el cual cursa ante la Sección Primera
de esta Corporación, tal y como fue puesto en conocimiento por parte de los
accionantes, dado que no es el acto demandado en este proceso electoral; por
tanto, lo que corresponde a esta Sección es establecer si el mismo resulta
inaplicable para este preciso caso, por vulnerar norma constitucional o legal.

97. Al efecto el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la
Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

98. Bajo la anterior precisión, se tiene que los demandantes afirman que los
miembros del CSU que participaron en la aprobación y discusión del Acuerdo No.
0010 de 2021 debieron declararse impedidos, en razón a que pretendían reelegirse
en el cargo. Sin embargo, dentro del expediente no obra prueba que demuestre que
ese trámite no se surtió en debida forma, de manera que no hay lugar a inaplicarlo,
puesto que las afirmaciones realizadas por la parte demandante carecen de
respaldo probatorio.

99. De igual forma tampoco se demostró cuál era el presunto interés o causal de
impedimento para decidir el asunto hoy objeto de controversia y tampoco cómo la
adopción del Acuerdo No. 0010 de 2021 mediante el cual se modificó el Acuerdo
No. 0021 de 2011 favorecía a los miembros del CSU, ni a cuáles de ellos, por el
contrario, se advierte del artículo 2930 del Acuerdo No. 0001 de 201731, que estaban
en cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, las meras afirmaciones hechas por
el extremo actor no resultan suficientes para determinar la inaplicación y que afecte
la legalidad del acto demandado, el cual fue proferido en vigencia de medidas
excepcionales por la pandemia, y mucho menos la presunta incidencia en la
elección de sus representantes, ya que en como quedó demostrado en el aparte
2.4.2 de esta providencia, son los estudiantes, mediante voto universal y directo, los
que deciden quién ocupará dicho lugar.

30
“Artículo 29. Funciones del Consejo Superior. Son funciones del Consejo Superior, además de las contempladas en el
artículo 65º de la Ley 30 de 1992, las siguiente:
(…)
22. Darse su propio reglamento con arreglo a las normas a las que deben estar sujetos. (…)”
31
“Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.”

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

100. De acuerdo con lo anterior, esta Sala no encuentra razones para inaplicar el
Acuerdo No. 0010 de 2021 y por tanto, este cargo no está llamado a prosperar. En
ese mismo sentido la Sala se pronunció en fallo de 7 de abril de 202232.

ii) La presunta indebida aplicación del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 202133, que
adoptó el voto electrónico, físico o remoto, porque la actuación administrativa
eleccionaria que se juzga ya estaba en curso.

101. Para los demandantes el Acuerdo No. 0010 de 2021 no podía ser aplicado
porque consideran que “…no se pueden crear normas que alteran la actuación
administrativa, cuando se está en pleno ejercicio de la actuación, pues como se plantea en
el presente caso el Consejo Superior de la Utch, con su actuar además de alterar la
prevalencia de la ley sustancial, inaplicó el principio de la NO RETROACTIVIDAD DE LA
LEY, dado a que creó una norma que debió aplicarse a futuro, y no dentro de un
procedimiento administrativo eleccionario que como ya lo indicamos en su momento se
inició el 30 de abril del presente año con la elección de 2 miembros”.

102. Con relación a este cargo resulta necesario reiterar la postura que estableció
la Sala en decisión adoptada el 7 de abril de 202234, a través de la cual concluyó
que no está llamado a prosperar en virtud de: i) la autonomía universitaria con la
que cuentan las instituciones de educación superior y; ii) la inclusión del voto
electrónico previo a la convocatoria y reglamentación en la elección de los
representantes de los estudiantes, docentes y egresados en el CSU.

103. Sobre el primer punto descrito, en dicha oportunidad se concluyó que dada la
autonomía que reviste a la UTCH, como institución de educación superior, ésta
puede “darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos, siempre que
los mismos se encuentren conforme a la ley”.

104. En tal sentido, inicialmente mediante el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre
de 2011 el Consejo Superior de la UTCH profirió el Estatuto Electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó, el cual, como se manifestó en el párrafo 68 de
la presente decisión, buscó perfeccionar el proceso electoral con el fin de que los
votantes pudieran ejercer su derecho traducido en una “expresión libre, espontánea
y auténtica de la comunidad universitaria y que los escrutinios sean el reflejo exacto
de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas”.

105. No obstante, de conformidad con el literal a) del artículo 11 del referido acuerdo
se estableció que la máxima instancia electoral es el Consejo Superior y conforme

32
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 11001-03-28-000-2021-
00053-00.
33
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y se derogan unos
artículos”
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 11001-03-28-000-2021-
00053-00.

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

al artículo 30, y corresponde al Comité Electoral de la Universidad fijar el
cronograma de la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que
representan los sectores y estamentos básicos, dentro de los cuales se encuentra
el correspondiente a los estudiantes.

106. Mediante el Acuerdo No. 0010 del 2 de julio de 2021, el Consejo Superior
como máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, adicionó el Acuerdo
No. 0021 del 21 de septiembre de 2011 e implementó el sistema de votación
electrónica con un marco de garantías electorales que se deben aplicar desde la
convocatoria hasta el cierre del proceso electoral.

107. Así pues, tal y como fue precisado en el aparte 2.4.2 de la presente
providencia, con el fin de autorizar, reglamentar y convocar la elección de los
representantes de los estudiantes el CSU profirió el Acuerdo No. 0011 del 12 de
julio de 2021 fijando el voto remoto o en línea como el mecanismo previsto para
llevar a cabo el proceso electoral. En consecuencia, dado que la convocatoria para
la elección de los representantes de los estudiantes se llevó a cabo en la fecha
anteriormente descrita, y la implementación del voto electrónico se estableció el 2
de julio de la misma anualidad -Acuerdo No. 0010 de 2021-, para esta Sección no
se vulneró el principio de irretroactividad de la ley porque el voto electrónico se
implementó el 2 de julio de 2021 y la convocatoria para la elección de los
representantes de los estudiantes data de 12 de julio de 2021. Entonces, es
evidente que esta forma de votación ya estaba vigente y podía ser aplicada en el
procedimiento que se juzga, más aún cuando el mismo parágrafo primero del
artículo 1A del Acuerdo No. 0010 indicó que:

“El acuerdo que convoque a elecciones, deberá determinar la modalidad de voto a
utilizar. En el caso que se determine la votación electrónica, la Universidad deberá
contar con los medios técnicos y tecnológicos necesarios para garantizar a todos los
miembros de la comunidad universitaria el derecho a elegir y ser elegido. De igual
manera, el acuerdo que convoque deberá reglamentar las elecciones mediante el voto
electrónico con el fin de asegurar que estas sean la expresión espontánea, libre y
auténtica de los estamentos y sectores universitarios convocados.”

108. En consecuencia, si bien el extremo accionante asimila el proceso de elección
del representante de los estudiantes, con el de los representantes de los exrectores,
directivas académicas y sector productivo, éste último fue convocado y
reglamentado mediante acuerdos distintos, fijando parámetros diferentes frente al
método de votación.

iii) Durante la jornada electoral se presentaron los siguientes yerros: i) algunos
estudiantes no pudieron ejercer su voto porque al acceder a la plataforma
Academusoft, diseñada por la universidad para llevarse a cabo el proceso
eleccionario, se registraba que ya había sufragado, ii)el desconocimiento de los
votantes de la metodología del voto en línea, iii) el incremento anormal de los

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
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votantes, iv) la tardanza en la entrega de los resultados al finalizar la jornada; v)
la presunta irregularidad que se presentó al informar los porcentajes obtenidos
por los candidatos (la segunda votación fue Keiner Palacios Berrio y aparecía
por debajo del tercero en votos), que fue corregida en el boletín final, sin
fundamento alguno y; vi) que no se permitiera realizar una auditoria (sic)
externa al sofware (sic) de votación, para fundamentar las reclamaciones e
impugnaciones en debida forma.

109. Dado que en este punto se establecieron varios tópicos, se desarrollará cada
uno de ellos de forma independiente.

i) Algunos estudiantes no pudieron ejercer su voto porque al acceder a la plataforma
Academusoft, diseñada por la universidad para llevarse a cabo el proceso
eleccionario, se registraba que ya había sufragado

110. Los accionantes adujeron que este tipo de irregularidades fueron informadas
al Comité Electoral, el cual indicó que “esos asuntos eran hechos aislados y que se
les salía de las manos ya que ellos solo respondían por lo que sucedía en la sala
de sistemas mas no lo externo”, en tal sentido, allegaron capturas de pantalla de
conversaciones entre personas no identificadas (tampoco lo precisó la demanda) al
interior de varios grupos en la plataforma de mensajería instantánea “whatsapp”35 y
publicaciones de la red social Facebook36 en las que manifiestan su descontento
por tales hechos, adicionalmente, incluyeron una foto (imagen adjunta al finalizar el
presente párrafo) en el cual se logra observar un cuadro de diálogo en la plataforma
utilizada para el ejercicio electoral, en la que se informa al usuario la terminación en
su proceso de votación, toda vez que ya había ejercido el sufragio.

35
En dichas imágenes se logra evidenciar en algunos casos, el número telefónico como identificación del emisor de cada uno
de los mensajes, y en otros un nombre parcial o seudónimo, lo que impide la clara individualización de quien es el creador
del mensaje. En cuanto al grupo la denominación no deja apreciar si este corresponde a un grupo institucional o privado
creado por las personas que intervienen en este.
36
Publicaciones en las páginas de medios de comunicación locales, Yeudith Palacios Robledo, Darwin Lozano en los que
ponen de presente el descontento de la comunidad estudiantil frente al resultado de las votaciones, de igual forma se allegó
imágenes de los comentarios realizados por algunos internautas en dichas publicaciones. Por otra parte también se allegó
publicación del perfil de Bladimir Mosquera Córdoba quien aduce el importante incremento en las votaciones.

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111. No obstante, de la información allegada previamente descrita, no podría
concluirse que esta tiene la calidad de prueba electrónica, la cual de conformidad a
la doctrina sobre el tema se define como “toda aquella prueba que incluye cualquier
información, documento, archivo o dato, almacenado en un soporte electrónico y
susceptible de poder ser tratado e identificado digitalmente para su posterior
aportación en un proceso judicial”37.

112. Al respecto esta Sala en diferentes pronunciamientos ha concluido que “los
mensajes de datos son admisibles como medios de prueba en toda actuación administrativa
y judicial y que para su valoración se deben aplicar las reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos por la ley para la apreciación. (…) se debe cumplir para la
conservación de este tipo de documentos es que la información sea accesible para su
posterior consulta.”38.

113. De la lectura de dicho concepto, para el presente caso nos encontramos ante
una captura de pantalla al interior de un documento en Microsoft Office Word, por lo
tanto, debido a su presentación debe analizarse como prueba documental y aplicar
las reglas del artículo 244 del CGP el cual dispone:

“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando
exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos
para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

37
ROJAS ROSCO, Raúl. La prueba digital en el ámbito laboral ¿son válidos los “pantallazos”? p. 92. En: Ricardo OLIVA &
Sonsoles VALERO, coords., La prueba electrónica. Validez y eficacia procesal. Colección: Desafíos Legales, #RetoJCF
Juristas con Futuro, septiembre 2016.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, 21 de octubre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 47001-23-33-000-
2020-00075-01. En cuanto a los requisitos establecidos para la conservación de mensajes de datos y documentos, consultar:
Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00.

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Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones.”

114. En consecuencia, si bien de tales documentos no se logra establecer con
certeza la persona que lo ha suscrito o a la que se le atribuya el documento, también
es cierto que ninguna de las partes los tachó de falsos en el proceso, por lo tanto,
se presumirán auténticos para efectos probatorios.

115. Ahora bien, de una lectura detenida del cargo planteado por los accionantes,
junto con las pruebas documentales aportadas, lo pretendido por estos es demostrar
una falencia o falla en el sistema de votación en el cual no se permitió el acceso de
algunos estudiantes al ejercicio electoral, impidiendo el ejercicio de su voto debido
a que ya lo habían ejercido de conformidad con la información que arrojaba el
sistema de votación.

116. Al respecto, para esta Sala de Decisión no resulta posible llegar a dichas
conclusiones con las pruebas aportadas, toda vez que el hecho de que se hayan
sostenido diferentes conversaciones con personas no identificadas manifestando su
descontento frente a la presunta situación ocasionada, no permite concluir con la
foto la falla aducida al sistema dispuesto para votar. Tampoco determinar el estado
previo a la votación del elector para poder afirmar que hubo un despliegue irregular
de su posibilidad de sufragar.

117. De igual forma, la imagen adjunta en la que se indica que ya había ejercido su
voto, no permite establecer que efectivamente ejerció de manera positiva y concreta
su voto, o que por el contrario fue ejercido por alguien más; pues solo se advierte
de su contenido que ya había sufragado, pues no hay claridad de si ingresó una
sola vez o si lo hizo simultáneas veces.

118. También se allegaron con la demanda cinco archivos de video39, los cuales
contienen la charla de personas, no identificadas, en donde informan40:

a) Video 1: “los dejamos con la imagen para que ustedes puedan observar
aquí…”41.
b) Video 2: “Posibles ataques de negación de servicio y aquí están las
diferentes direcciones IP. Cuando ya el ingeniero de seguridad me mande la
información y si él dice que sí hubo un ataque, esta información como lo
habíamos dicho en la socialización, ya se le tiene que mandar directamente

39
Índice 3 SAMAI.
40
Transcripción literal del video (sic a todas las citas).
41
En el video se observa los porcentajes de votación de los participantes, donde se evidencia un error en la representación
de las barras porcentuales.

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a la fiscalía. Ellos allá son los que se encargarán de analizar si esto viene de
movistar de donde sea de donde vino, eso si ya es competencia de ellos.”42.
c) Video 3: “Bueno, aquí estoy intentando votar, y me dice que no se encuentra
activo ningún proceso de elección. Entonces no me deja.”43
d) Video 4: “Pero sé que esto es un ataque, digo, el posible ataque. Entonces
yo que hago: le voy a mandar esta información al comité como lo dice el
mismo artículo 23. Entonces, esto que está aquí lo voy a enviar para que
tengan la evidencia y ya el experto en seguridad me dirá: cada una de estas
cositas que están aquí, cuantos ataques fueron los que recibió el servidor,
entonces que estoy haciendo…”44
e) Video 5: “Por favor que cada tres horas le estuviera enviando la información,
estos son los dos archivos que se envían del servidor. Abro los dos archivos,
y esto que está aquí es un módulo que dice es «vanear» es que hubo unas
IP tratan de ingresar masivamente que no es un humano. Que sea una sala
de informática listo… pero nunca van a ingresar por ejemplo doscientas
veces al mismo. Entonces una aquí se da cuenta y muestra la IP…”45

119. Según la jurisprudencia de la corporación “…de conformidad con lo establecido
en el artículo 243 del Código General del Proceso aplicable al caso por remisión de los
artículos 296 y 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las videograbaciones como las que ahora son objeto de controversia son
documentos y, por tanto, son susceptibles de ser valorados dentro de los procesos
judiciales. (…) [E]l primer requisito que se debe cumplir para la conservación de este tipo
de documentos es que la información sea accesible para su posterior consulta, en este
caso, aunque existe un video que fue aportado al expediente en un disco compacto, lo cierto
es que, el principal motivo de controversia es que la fuente original del mismo ya no puede
ser consultada por cuanto la página de Facebook donde estaba alojado, fue hurtada.
Además, el video tampoco se conservó en el lugar en que se generó originalmente toda vez
que fue grabado en vivo y conservado en una página de Facebook y el video que obra en
el expediente fue descargado en un disco compacto cuya integridad y autenticidad pone en
duda el demandado. Adicionalmente, no se conservó la información que permitiera
determinar el origen, destino y fecha y hora del mensaje. Es decir, contrario a lo afirmado
por el apoderado del recurrente y tal y como lo señaló el perito que rindió el dictamen pericial
aportado por el demandado, el video en cuestión no reúne los requisitos exigidos por la Ley
527 de 1999 para su debida conservación, razón por la cual no puede ser tenido como
plena prueba dentro del proceso. (…). [E]s claro que no pudo despejarse el manto de duda
que se sembró sobre su autenticidad e integralidad y por ende, no puede afirmarse que

42
Se encuentra una persona no identificada dando explicación sobre los “posibles ataques” en un computador, en lo que al
parecer es una sala de sistemas, sin embargo no es legible la información a la que hace referencia en la pantalla que señala.
43
El interlocutor, quien al parecer es el quien graba el video filmó la pantalla de un computador con el fin de comprobar que
no pudo ingresar al sistema de votación.
44
La misma persona del video 2 informa el procedimiento a seguir frente a los posibles ataques al servidor.
45
La misma persona del video 2 y 4 informa la entrada irregular masiva.

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dicho video, ofrezca grado de certeza, como lo ha exigido clásicamente la jurisprudencia de
esta Sección (…).”46.

120. De igual forma, se debe precisar que las videograbaciones se encuentran
previstas, de conformidad con el artículo 243 del Código General del Proceso, como
un documento con valor probatorio, por tanto, este debe ser analizado como tal.

121. En consecuencia, el artículo 244 de dicha disposición normativa estableció,
como ya fue expuesto por esta Sala en los párrafos 111 y siguientes, que como
requisitos para que los documentos generen los efectos probatorios para los que
fueron puestos en conocimiento por las partes, es necesario lograr evidenciar de los
mismos quién los elaboró, para precisar la persona a quién se le atribuya el
documento.

122. Así pues, dado que los videos, hoy parte de la controversia, fueron puestos en
conocimiento de las partes procesales, y que estas no realizaron manifestación
alguna frente a la autenticidad o certeza de la información contenida en ellos, estos
se presumirán auténticos y serán considerados para la toma de la presente decisión.

123. Sin embargo, aunque los videos contenidos en la demanda actualmente se
consideran documentos auténticos, de estos, no se logra establecer la identidad de
la persona que da la información allí contenida, los clips o videos cortos que fueron
adjuntados solo dan cuenta respecto del procedimiento previsto en los acuerdos del
proceso de selección (sin precisar cuáles), frente a qué debe realizarse en caso de
identificarse un hallazgo y la procedente remisión a la entidad encargada, siendo el
“experto en seguridad”, la Fiscalía y el “comité”, los allí descritos.

124. Por otra parte, si bien el interlocutor del video señala la pantalla de un
computador y habla de la entrada irregular de distintas direcciones IP, de la imagen
no es imposible identificar y tener certeza de lo que hace referencia por lo ilegible
de esta. De igual forma, dicho video no permite a esta Sala determinar si dichas
fallas, son o no un posible ataque o falla que afectara las votaciones llevadas a
cabo, y que su ocurrencia tenga en el resultado final de la elección.

125. En conclusión, el presente cargo no tiene vocación de prosperidad dado que
no se logra establecer de los documentos aportados alguna irregularidad que
pudiese afectar el resultado electoral lejos de cualquier asomo de duda.

126. Ahora bien, la Sala estudiará en conjunto los siguientes cargos en virtud de
que guardan relación entre ellos.

46
Consejo de Estado, Sección Quinta, 21 de octubre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 47001-23-33-000-
2020-00075-01.

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29

!
Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

ii) El desconocimiento de los votantes de la metodología del voto en línea, iii) el
incremento anormal de los votantes

127. Los accionantes argumentaron que con relación a años anteriores las
votaciones obtuvieron una participación “nunca vista”, ya que de acuerdo con las
cifras definitivas hubo un aumento del 530% de votantes, el cual, a su juicio, genera
muchas dudas. De igual forma sostuvieron que no hubo una adecuada difusión
frente a la metodología del voto en línea, sumado a que, en algunos casos, debido
a las posiciones geográficas de los estudiantes, “ubicados en zonas rurales y riberas
de los ríos donde no hay señal de internet e incluso falta de fluido eléctrico, luego
surge un interrogante. ¿De dónde surgieron tantos votos?”

128. Allegaron documento de 29 de julio de 2021 mediante el cual presentaron lo
que titularon “reproche a la socialización al sistema de votación en línea a los
candidatos 29/07/2021” 47, donde expresaron ante el Comité Electoral de la UTCH
su inconformidad con la socialización, la cual sostuvieron “constituyó un acto formal
y no material, pues no se cumplió con los objetivos”, para lo cual precisaron que
hubo un corte del fluido eléctrico por más de 30 minutos, dificultad por parte del jefe
de la Oficina de Sistemas para ingresar a la plataforma de votación intentando
acceder “por más de tres veces el usuario y la contraseña creadas para la prueba”,
y la impericia de éste último “en resolver las inquietudes y dudas generada (sic) por
su explicación presentada, mostrando una actitud defensiva e invitando a otras
instancias, e inclusive a demandar.”.

129. Para estudiar el presente cargo, en cuanto a la inclusión del voto en línea, tal
y como fue estudiado en el numeral “2.4.2. Mecanismo y procedimiento en la
elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH” de la presente providencia, el Acuerdo No. 0010 de
2021 dispuso lo siguiente:

1. La inclusión del voto electrónico como mecanismo de participación electoral,
debido a la pandemia por Covid-19.
2. Estableció que este se podría hacer de manera remota con el fin de que los
sufragantes pudieran ejercerlo simplemente teniendo acceso a internet.
3. Precisó que mediante la convocatoria el CSU definirá el método a utilizar en la
votación, garantizando que sea una expresión espontánea, libre y auténtica.
4. El sistema de votación deberá contar con estándares altos de calidad y
seguridad respecto de la veracidad en el proceso electoral.

47
Índice 3 SAMAI.

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!
Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

130. Así pues, con el fin de definir las reglas del proceso, mediante el Acuerdo No.
0011 de 2021 se autorizó, reglamentó y convocó a la elección de los representantes
de los estudiantes, docentes y egresados ante el CSU de la UTCH, para lo cual de
conformidad con el artículo 1º estableció “el voto remoto o en línea” correspondiente
al “sufragio directo y secreto que se realiza a través de cualquier dispositivo
tecnológico conectado a internet.”.

131. El mismo acuerdo en el artículo 2º definió los principios que deben regir en el
proceso electoral, entre los cuales se destaca el literal i):

“i) Información: Garantizar que el electorado cuente con suficiente información que
le permita participar del proceso electoral a través del voto en línea”.

132. Sumado a lo anterior, dentro del calendario electoral, se estableció que luego
de la publicación de los candidatos inscritos, la etapa siguiente sería la de
“socialización del sistema de votación en línea a candidatos y comunidad
universitaria”, la cual debería realizarse entre el 26 de julio y el 26 de agosto de
2021, como se dispuso en el Acuerdo 013 de 27 de julio de 2021 -modificatorio del
Acuerdo 011 del mismo año-, sin precisar las actividades que al respecto debería
adelantarse.

133. Así las cosas, debe advertir la Sala de entrada que el reproche de los actores
recae en la presunta inadecuada difusión de la metodología del voto en línea, pero
no a su inexistencia, frente a lo cual se limita a manifestar, mas no a probar, que
supuestamente en algunos casos las posiciones geográficas de los estudiantes,
“zonas rurales y riberas de los ríos donde no hay señal de internet e incluso falta de
fluido eléctrico, conllevan a preguntarse ¿De dónde surgieron tantos votos?”

134. Sumado a lo anterior allegaron documento de 29 de julio de 2021, titulado
“reproche a la socialización al sistema de votación en línea a los candidatos
29/07/2021”, según el cual ese mismo día se adelantó la jornada de socialización
del sistema de votación en línea a los candidatos y su descontento frente a la misma

135. En este orden de ideas, para esta Sala es importante precisar que ninguna
disposición estatutaria o los acuerdos mediante los cuales se adoptó el voto
electrónico o en línea, o los dictados para reglamentar la convocatoria dictada para
la elección de los representantes de los estudiantes ante el CSU, tiene establecido
la forma en que se debe capacitar a los electores o candidatos respecto del método
de votación en línea implementado; es decir, no existe una disposición que prevea
las diferentes actividades que se deben adelantar a fin de socializar este método de
votación.

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Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
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Universitario de la UTCH
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136. No desconoce la Sala la inclusión del principio de información en el acuerdo
que estableció “el voto remoto o en línea”, el cual procura porque los electores
cuenten con información sobre la existencia de dicho mecanismo de votación y la
forma de ejercerlo, sin embargo, debe señalarse que con la demanda no se formuló
como cargo la vulneración de dicho principio sino de la presunta indebida
socialización de la metodología del voto en línea, la cual resulta desvirtuada con la
masiva participación en la jornada electoral que superó los diez mil votantes y de la
cual es posible inferir que el electorado sí fue informado, en debida forma, de la
implementación y de la forma en la cual debían ejercer de manera virtual su derecho
al voto.

137. Así las cosas, no es posible concluir que existió un desconocimiento de la
normativa interna de la UTCH, como tampoco del acuerdo eleccionario que
implementó “el voto remoto o en línea”, como lo sostiene la parte actora pues, se
insiste, no existe un procedimiento establecido para adelantar el proceso de
socialización del voto en línea que haya resultado desatendido o desobedecido.

138. Sumado a lo anterior, respecto de los reproches endilgados a la jornada de
socialización adelantada el 29 de julio de 2021, según los cuales no se cumplieron
los objetivos porque se omitió brindar una explicación razonada, que la falta de
energía generó la suspensión de la sesión por treinta minutos y la supuesta falta de
“pericia” del jefe de la oficina de sistemas que la dirigió, debe precisarse que estaba
dirigida a los candidatos y no a los votantes; por tanto, más allá de dar cuenta de su
insatisfacción con la capacitación realizada, no tienen la entidad suficiente para
demostrar que viciaron el proceso electoral que finalizó con la elección que se
acusa, en los términos expuestos en la demanda, según los cuales existió una
inadecuada difusión de la metodología del voto en línea y mucho menos para
acreditar que las mismas afectaron el resultado de la jornada electoral, a lo cual
debe agregarse que las dificultades alegadas frente a los estudiantes contaron con
algún respaldo probatorio, por el contrario lo que sí se demostró es que la jornada
electoral contó con la participación de más de diez mil votantes, lo que podría indicar
que, por el contrario, el método de votación en línea fue conocido, entendido y
ampliamente utilizado por los electores.

139. Ahora bien, en cuanto al censo electoral el artículo 10 del Acuerdo No. 0011
de 2021 indica que podrá votar quien se encuentre en el listado oficial, que deberá
ser publicado con tres (3) días de antelación a las votaciones en la página web de
la Universidad. Censo electoral que obra en el expediente y que da cuenta de un
total de 13.219 votantes posibles, de los cuales participaron 10.506 electores. Se
debe precisar que dentro del plenario no reposa oposición al censo presentada por
los accionantes, lo cual permite concluir que se encontraban de acuerdo con el
listado oficial generado por el jefe de Talento Humano y la Oficina de Admisiones.

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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
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140. Asimismo, algunos estudiantes presentaron reclamaciones al censo electoral
con el fin de poder acceder al sistema de votación, las que fueron resueltas
mediante el Comunicado No. 04 de 12 de agosto de 202148 suscrito por el
presidente y el secretario del Comité Electoral, en el cual se explicó que quienes
reclamaron y regularon su situación académica para estar matriculados fueron
incluidos al censo electoral.

141. Así las cosas, la inconformidad aducida por los accionantes respecto al censo
electoral no se encuentra demostrada en el plenario, y esta Sala no cuenta con
evidencia que demuestre el presunto aumento desmedido o desproporcionado que
se alegó, más allá de las afirmaciones realizadas en la demanda, las cuales solo se
sustentan en suposiciones y especulaciones frente a los hechos que pudieron
presentarse, inclusive no se aportó el censo de las elecciones pasadas para poder
compararlo con el actual, como tampoco se probó que el censo se hubiera
conformado de manera irregular.

142. En conclusión, la parte actora no logró demostrar la presunta indebida
socialización de la metodología del voto en línea viciara el acto electoral que se pide
anular y que la misma deviniera en impedimento para que los electores ejercieran
su derecho al voto, por el contrario, se probó la notoria participación de los electores
en la jornada electoral, como tampoco el alegado aumento desmedido o
desproporcionado de los votantes, por lo que debe concluirse que estos reparos
serán denegados

iv) la tardanza en la entrega de los resultados al finalizar la jornada; v) la
presunta irregularidad que se presentó al informar los porcentajes obtenidos
por los candidatos (la segunda votación fue Keiner Palacios Berrio y aparecía
por debajo del tercero en votos), que fue corregida en el boletín final, sin
fundamento alguno

143. En el escrito de demanda se indicó que el jefe de la Oficina de Sistemas y
Soporte Técnico de la UTCH manifestó que el resultado de las elecciones se
informaría, una vez cerrada la jornada electoral, a más tardar en 15 minutos, el cual
sería de forma automática en la plataforma dispuesta para la votación; sin embargo,
según lo informado por los actores, el resultado fue puesto en conocimiento luego
de transcurridos más de 30 minutos posteriores al cierre de la jornada, “desde un
correo electrónico y no desde el Software como se había estipulado”.

48
Índice 36 SAMAI.

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144. Al respecto, los acuerdos y estatutos que rigen el proceso electoral definieron
la forma en que se daría a conocer el resultado de las elecciones, para lo cual de
conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo No. 0011 de 2021 se indicó:

“Artículo 15: Previa propuesta del Comité Electoral, el Rector de la Universidad
designará máximo tres personas como escrutadoras, una de ellas será el Jefe de la
Oficina de Sistemas, encargadas de dar constancia que los resultados arrojados por
la plataforma corresponden a los registrados en el acta de cierre del proceso electoral,
lo cual deberá ser encriptado o el uso de una función criptográfica mediante algún
mecanismo confiable que garantice su autenticidad y enviarse por correo institucional
y/o guardarse en un dispositivo electrónico que se deberá entregar de manera oficial
al Comité Electoral y a la Secretaría General. De este procedimiento igualmente, debe
quedar constancia en acta.

Artículo 16. Boletines electorales y publicación de resultados. El Comité Electoral
emitirá boletín de los resultados parciales de las elecciones con fundamento en la
información que reciba, debidamente respaldada por los Jurados de Votación. El
resultado de la votación de cada estamento, deberá ser comunicado a las instancias
respectivas y publicado en la página web de la institución.”

145. De igual forma lo dispuso el parágrafo segundo del artículo 27 del Acuerdo No.
0021 de 2011:

“Artículo 27. Se destinará una mesa para la votación de cada estamento o sector.
Parágrafo primero. Entiéndase por estamentos y sectores, los definidos
expresamente en el Estatuto General.
Parágrafo segundo. El resultado obtenido por cada candidato o representante de los
estamentos y sectores, será publicado por el Comité Electoral en la página web de la
institución. En caso de empate entre dos o más candidatos, se realizará una nueva
elección.”

146. En consecuencia, de la lectura de los artículos transcritos, no se logra
establecer que para la publicación de los resultados se haya definido que estos
serían puestos en conocimiento a través de la plataforma o software y tampoco en
qué término, como lo indicaron los accionantes, por el contrario, resulta evidente
que la única exigencia es que debió realizarse mediante publicación cargada en la
página web de la institución, situación que no fue alegada como incumplida por los
demandantes. Así las cosas, no puede concluirse que la forma de comunicación
utilizada y el tiempo transcurrido para informar el resultado de la jornada electoral
configure en una irregularidad que desconozca la regulación del proceso
eleccionario y mucho menos la incidencia que su presunta ocurrencia tiene en la
elección que se cuestiona.

147. Por otra parte, frente a la presunta irregularidad en las gráficas que reflejaban
el porcentaje final de la votación, los actores allegaron la siguiente imagen:

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148. En tal sentido, los actores adujeron que el señor Keiner Palacios Berrio obtuvo
la segunda votación en el porcentaje de conformidad con el número obtenido en el
escrutinio final, sin embargo, la gráfica no concordaba con la realidad electoral,
hecho que a su juicio denota las inconsistencias en el proceso de votación.

149. Ahora bien, para la Sala luego de analizar la imagen adjunta, se logra constatar
que la barra que refleja el porcentaje de votación del señor Keiner Palacios (17.79%)
es menor a la correspondiente al candidato Yanier Eduardo Asprilla Mosquera
(16.66%), por lo tanto, se puede concluir que hubo un error en la gráfica de la barra
que representaba dichos porcentajes, pero no respecto del número porcentual
contenido en la imagen, pues, es claro que los dígitos están correctos, razón por la
cual se debe dar relevancia a lo dicho en números.

150. Además, tal circunstancia carece de preponderancia en el resultado electoral,
primero porque la diferencia alegada se presentó respecto de dos personas
diferentes a la que resultó elegida y, segundo, porque como fue expresado por los
accionantes, dicho error fue subsanado en el boletín final del escrutinio, el cual
indicó de acuerdo con la información recibida por los jurados y los escrutadores del
proceso a las 8:30 pm del 13 de agosto de 2021, el resultado de las elecciones de
la representante de los estudiantes ante el CSU de la UTCH. Por lo tanto, resulta
irrelevante para el proceso concluir que por ese motivo hubiese una vulneración en
el proceso electoral y por ello se vio afectado el desenlace en las votaciones.

151. En consecuencia, el extremo accionante no logró demostrar sumariamente los
presuntos yerros en el proceso electoral y mucho menos algún vicio que afectara el
resultado y manifestación de la voluntad de los electores.

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152. Resulta importante aclarar que en suma el porcentaje de votos obtenidos por
los señores Palacios y Asprilla es de 34.45%, y el de la demandada es de 56.75%.
Por tanto, se trata de una circunstancia que ni siquiera tendría la posibilidad de
cambiar el resultado electoral.

vi) que no se permitiera realizar una auditoria (sic) externa al sofware (sic) de
votación, para fundamentar las reclamaciones e impugnaciones en debida
forma.

153. Los actores manifestaron que se vulneró el contenido de la Ley 1712 de 201449,
pues no se autorizó realizar la auditoría externa al software que sirvió de
herramienta a la plataforma de Academusoft a fin de determinar las fallas o
irregularidades que no permitieron ejercer el voto a algunos de los estudiantes y las
inconsistencias en los resultados informados. Situación que derivó en que no
pudieran presentar en debida forma las respectivas reclamaciones.

154. No obstante, fue allegado con la demanda documento suscrito el 23 de agosto
de 2021 por Keyner Palacio Berrio, dirigido a la Secretaría General del Comité
Electoral de la UTCH, mediante el cual realizó “Reclamaciones e impugnación el
(sic) proceso de elecciones del representante estudiantil ante el Consejo Superior
de la UTCH ” y solicitó la aplicación de una auditoría externa, junto con la
participación de la empresa auditora inicial y que se realizara una nueva votación
dado que, a su juicio, tenía certeza frente a la manipulación del sistema electoral.

155. Dicha petición fue resuelta por el Comité Electoral mediante oficio enviado el
24 de agosto de 202150, en la que se le precisó al petente que fue radicada de
manera extemporánea51, razón por la cual no se dio trámite de fondo a la solicitud.
En consecuencia, la presentación indebida de las reclamaciones no obedeció a la
inexistencia de una auditoría externa que permitiera su realización, si no la
presentación tardía por parte del señor Palacio Berrio (constituido hoy como
accionante).

156. De igual forma se allegó lo que se denominó “concepto técnico” rendido por el
ingeniero Cristian Serna, sobre el informe final de la auditoría, en el cual se afirma
que no se usó ninguno de los estándares de calidad para la realización de dicho

49
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones
50
Índice 36 SAMAI. (Antecedentes administrativos).
51
“El Acuerdo No. 0011 del 12 de julio de 2021, es la norma que contiene la ruta de los procesos
electorales en él convocados. En este sentido, el artículo 11° de este Acuerdo, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo No. 0013 del 27 de julio de 2021, establece en el cronograma, que el término
para presentar las impugnaciones es del 17 al 23 de agosto del 2021 en un horario de 8:00 am a
5:00 pm.”

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informe. Adujo que la auditoría realizada por la UTCH, demostró la falta de
“conocimientos técnicos y la experiencia en las cuales (sic) son necesarias para la
elaboración de las etapas de un Informe de auditoría.”.

157. Sin embargo, aunque dicha prueba fue denominada prueba pericial ésta no
cumple con los requisitos fijados por la norma para tenerse como tal. Así pues, de
conformidad con el artículo 21852 del CPACA este deberá ceñirse por lo establecido
en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, el cual
estableció en su artículo 226:

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes
declaraciones e informaciones:
1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos
que faciliten la localización del perito.
3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y
de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que
lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen
la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito
haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya
participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años.
Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de
las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el
dictamen.
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el
mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.
7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo
pertinente.
8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados
son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores
procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente,
deberá explicar la justificación de la variación.
9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados
son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión
u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración
del dictamen.

158. Del denominado “concepto técnico” allegado y los requisitos fijados en la
norma, el suscriptor del documento se identificó como “DIEGO FERNANDO
DIAGAMA CRUZ adscrito a la empresa Ing & Sol S.A.S”, sin embargo, no allegó

52
“ARTÍCULO 218. PRUEBA PERICIAL. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en lo no
previsto por las normas del Código General del Proceso.
Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades establecidas en este
código.
El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.
Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por las normas del
Código General del Proceso.”

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“La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que
faciliten la localización del perito” como lo establece el numeral segundo del artículo
226 del CGP.

159. Éste también indicó que es “Ingeniero Informático y desarrollador de Software,
especialista en aplicaciones móviles & ciberseguridad” pero no anexó “los documentos
idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que
certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística” tal y como lo
precisa el numeral 3 ibídem.

160. De igual forma, incumplió con lo ordenado por el resto de los numerales
(cuatro al nueve ibídem), relativo a la acreditación de la lista de publicaciones
realizadas en la materia de los últimos 10 años, su participación en otros
procesos como perito de los últimos 4 años, si alguna vez ha participado otro
proceso en que la parte o el apoderado hayan sido parte, la incursión en alguna
de las causales establecidas en el artículo 50 del CGP, si el método utilizado para
el peritazgo es diferente al utilizado en otros procesos similares y porqué, y si es
diferente al utilizado en el ejercicio de su profesión, y por último, los documentos
e información utilizados para la elaboración del dictamen.

161. Además de no cumplir con lo establecido en la legislación para ser catalogado
como prueba pericial, de este documento solo es posible concluir que la UTCH falló
en el informe de auditoría rendido en los estándares de calidad para la elaboración
del mismo, pero no demostró o estableció que se haya originado algún vicio o falla
en el proceso electoral que pudiese afectar el resultado de la votación.

162. Al respecto sobre este punto, esta Sala de Decisión en sentencia proferida el
7 de abril de 202253, mediante la cual se resolvió una controversia suscitada en la
elección del representante de los profesores ante el CSU de la UTCH, concluyó lo
siguiente:

“En cuanto a la petición de que se realizara otra auditoría diferente a la contratada por
la universidad, debe decirse en primer lugar que la universidad no está obligada a
ello, y además la parte actora no concretó o especificó las irregularidades que se
presentaron en el proceso eleccionario, así como tampoco mencionó alguna en el
informe que presentó la auditoría contratada para concluir que era necesaria otra,
para poder determinar si la jornada electoral fue o no exitosa. Por el contrario, en el
expediente obran pruebas que demuestran que la misma se llevó a cabo sin
contratiempos.

Ahora bien, frente a este punto, en la demanda también se indicó que por las
irregularidades presentadas, la subdirectora de la Oficina de Inspección y Vigilancia
del Ministerio de Educación conminó al Consejo Superior que se abstuviera de
continuar con el proceso eleccionario.

53
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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

(…)

Finalmente, en cuanto a la supuesta violación al principio de transparencia frente a
las peticiones de información de registro a la entrada y página del servidor, IP de
ingreso, y registro de votantes, de las pruebas antes mencionadas se tiene que la
Universidad indicó que la misma tenía carácter reservado según lo contemplado en
la Ley 1712 de 2014, 1755 de 2015, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377
de 2013 y el Acuerdo 0035 de la 2018 de la UTCH, al contener datos personales de
todos los votantes.

Al respecto, esta Sala advierte que dicha respuesta fue entregada en términos
generales, de manera que no se concretó cuál información tenía carácter reservado
y cuál no, puesto que se hicieron 3 requerimientos: (i) registro a la página de entrada
y del servidor donde se encuentra alojado el aplicativo o plataforma (ii) IP de ingreso,
y (iii) registro de votantes de la jornada electoral. A su vez, no se detalló qué tipo de
información personal podía tener cada una de esas solicitudes, y por el contrario se
advierte que lo que el peticionario quería conocer era qué personas se registraron
para votar y cuáles efectivamente ejercieron ese derecho, información que no se
advierte reservada, más cuando el censo electoral se hizo público.

Así las cosas, es claro que al no haberse dado una respuesta clara de las razones
del contenido de la información personal de los votantes, así como al no haberse
indicado si todas las solicitudes o alguna de ellas implicaba esa reserva, y por tanto
se entregara aquella que no gozara de reserva, se advierte que se vulneró el principio
de transparencia.

No obstante lo anterior, y a pesar de esa irregularidad, esta Sala no encuentra que la
misma tenga la entidad de incidir en los resultados de la elección, puesto que de todas
las pruebas que obran en el expediente no se encuentra demostrado que el proceso
electoral hubiera tenido fallas, sino que, por el contrario, de los informes y boletines
parciales y final se evidencia que la jornada electoral fue llevada a cabo de manera
exitosa, con una votación de más del 94% de las personas registradas en el censo
electoral.”

163. En conclusión, esta Sala de decisión no encontró demostrado en el proceso
los supuestos de hecho frente a las presuntas irregularidades originadas en la
jornada electoral que pudiesen afectar el resultado de las votaciones. Por lo tanto,
se negarán todas las pretensiones de la demanda.

164. Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

FALLA:

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandantes: Yanier Eduardo Asprilla Mosquera y otros
Demandada: Rosa Elena Mosquera Palacios,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00052-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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