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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00067-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00067-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: EXHORTAR al Comité Electoral de la UTCH realice una depuración del censo para las próximas elecciones de los representantes del CSU, para lo cual deberá retirar del censo las personas fallecidas y no identificadas, y actualizar la información de dirección del correo electrónico de todos los estamentos a elegir, con el fin de garantizar la mayor participación posible. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Yeudith Palacios Robledo Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los egresados ante el CSU de la UTCH Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00 TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2021-00067-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de mayo de 2022

Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00067-00
Demandante: YEUDITH PALACIOS ROBLEDO
Demandado: EDWAR MENA ROMAÑA, representante de los egresados
ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica del Chocó (UTCH)
Temas: Autonomía Universitaria – Elección miembros del CSU

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia para resolver las pretensiones de la demanda
presentada por Yeudith Palacios Robledo contra la elección del señor Edwar Mena
Romaña, como representante de los egresados ante el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), contenida en la
Resolución 0008 de 10 de septiembre de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su fundamento fáctico

1. El 16 de noviembre de 20211, la parte actora presentó demanda de nulidad
electoral2, con las siguientes pretensiones:

“1. Declarar la Nulidad del acto de elección o nombramiento del Profesor EDWAR
MENA ROMAÑA, como representante del sector de los egresados ante el Consejo
Superior Universitario de la UTCH, conforme al cronograma de elecciones contenido
en el Acuerdo Nro. 0011 modificado por el 0013 del 12 y 27 de julio respectivamente.

2. Conminar al Consejo Superior Universitario, Comité Electoral y demás autoridades
de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, a darle cumplimiento
a los principios y valores consignados en la Constitución; La Ley, además de sus
propias normas internas, esto en aras de garantizar el debido proceso en los futuros
procesos electorales”.

1
Índice 3 de la plataforma Samai.
2
Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

2. La accionante expuso que de conformidad con la Ley 30 de 1992, artículo 64, y
los Acuerdos 0001, 004 ambos de 2017 y 0021 de 2011 de la Universidad
Tecnológica del Chocó (UTCH), su consejo superior universitario se integra con 9
miembros.

3. En dicho colegiado debe haber un representante de los egresados y en los
términos del numeral 7 del artículo 26 del Acuerdo 001 de 2017 (Estatuto de la
UTCH) será elegido mediante votación universal, directa y secreta por quienes
integran dicho sector.

4. Explicó que en el 2021 se eligieron a los representantes de los exrectores, de las
directivas académicas y del sector productivo, con el trámite previsto en el Acuerdo
001 de 2017, luego de que mediante el Acuerdo 0013 del 28 de agosto del mismo
año “sus integrantes decidieron prorrogarse” el periodo que se les venció en diciembre
de 2020, permaneciendo en el cargo hasta tanto no desaparezcan las causales que
lo originaron (imposibilidad de convocar a votaciones por la pandemia de covid-19).

5. Informó que luego de iniciado el proceso eleccionario, procuró por “…obtener el
mayor número de adeptos posibles, esto teniendo en cuenta que dentro del universo
poblacional que conforma el Censo Electoral de los egresados, su número era el más
numeroso entre los tres estamentos restantes ya que sobrepasa los 29.000 electores”.

6. Manifestó que en visita realizada el 8 de julio de 2021, a la oficina de egresados
de la UTCH, encontró funcionarios de dicha dependencia “…ejerciendo proselitismo
político a favor del actual representante por los egresados profesor EDWAR MENA
ROMAÑA”, y afirmó que estaban consolidando la base de datos de los miembros de
dicho estamento (correos electrónicos), situación que puso en conocimiento de las
autoridades electorales de la universidad como también a los entes de control y
vigilancia (no precisó cuáles).

7. Adujo que a pesar de lo anterior, el CSU de la UTCH mediante Acuerdo 0011 de
12 de julio, modificado por el 0013 de 27 de julio, ambos de 2021, convocó para
elegir a los representantes de los docentes, de los estudiantes y de los egresados.

8. Afirmó que estos procesos eleccionarios se rigieron por el Acuerdo 0010 de 2 de
julio de 2021 que adoptó voto electrónico o en línea, a pesar de que había
transcurrido “…solo 10 días de su entrada en vigor se aplicó este método de votación, lo
que generó un descontento en gran parte de la comunidad universitaria (…) pues no
veíamos garantías frente al proceso que se avecinaba”, situación que denunciaron ante
la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, y la
Personería de Quibdó.

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Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
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9. Manifestó que la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional, mediante oficio de 19 de agosto de 2021 rad.: 2021-EE-299434, dictó
medida conminatoria para la elección de los representantes de los docentes y
egresados que se llevaría a cabo los días 20 y 27 de agosto del mismo año
respectivamente, hasta que “…se remitiera a esa subdirección todos los informes de
auditoría y se verificara la ocurrencia o no de las presuntas irregularidades, sin embargo,
sin tener en cuenta la posición del máximo órgano de vigilancia y control del MEN conforme
a la Ley 1740 de 2014, el Consejo Superior decidió continuar con el proceso eleccionario
para elegir no solo al representante por parte de los docentes sino también el de los
egresados, lo cual fue un desafío a la máxima instancia de vigilancia y control educativa
como lo es la Oficina de Inspección y Vigilancia del MEN”.

10. Precisó que el 24 de agosto de 2021 fue publicado el censo electoral de los
egresados, sin embargo, de su contenido se identificaron personas fallecidas y
diferentes inconsistencias en torno al envío de usuarios y contraseñas de las aptas
para votar evidenciando, en su criterio, la fragilidad del proceso eleccionario.

11. Adujo que el 27 de agosto de 2021, día de las elecciones, algunos egresados
durante la jornada electoral manifestaron que en la plataforma Academusoft
diseñada por la universidad para llevarse a cabo el proceso eleccionario, no lograron
ejercer su derecho al voto porque les figuraba que ya habían sufragado.

12. Expuso que al cierre de la jornada electoral, es decir a las 8:00 pm, el funcionario
encargado de la Oficina de Sistemas y Soporte Técnico de la UTCH, fue grabado
en video por un testigo electoral incurriendo en fraude electoral, que se configuró
“…cuando el ingeniero encargado de manipular los equipos electrónicos de la votación en
línea, desconecta de forma maliciosa los cables del sistema que reflejaría la votación y en
ese cambio de cables que dura menos de 2 minutos, se enciende nuevamente la pantalla
y de inmediato se reflejan los resultados que ya todo mundo esperaba, pues para nadie era
un secreto que estas elecciones virtuales fueron una gran estafa a la comunidad
universitaria”.

13. Afirmó que impugnó los resultados consolidados en el boletín final y solicitó “…un
informe de auditoría serio realizado por un experto externo e independiente que nos diera
credibilidad conforme lo había fijado el propio consejo superior en el acuerdo 0011 de 2021
en su artículo 2 literal h)”, sin embargo, el comité electoral indicó que no era posible
acceder a dicha petición ya que los equipos no podían ser manipulados por un
tercero.

14. Por último, informó que presentó denuncia penal ante la fiscalía bajo el radicado
No. NUC 273616001091202150550.

1.2. Normas vulneradas y concepto de la violación

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15. Para la demandante se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 40 y 69 de la
Constitución Política; 28 y 29 de la Ley 30 de 1992; 3, 4 y 5 (literales a y b) de la
Ley 1712 de 2014; 3 (num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11) de la Ley 1437 de 2011; 7, 11
(num. 1, 5, 8, 11, 19, 28 y 29), 25, 26 y 2 del Acuerdo 0001 de 20173; 1 (num. 1, 2,
3, 6); 11 (literales a y c) y 30 del Acuerdo 0021 de 2021.

16. Explicó que el acto demandado incurre en expedición irregular, falsa
motivación e infracción de norma en que debía fundarse porque, en los términos
explicados, cuando se expidió el Acuerdo 0010 de 20214 los representantes de los
exrectores, de las directivas académicas, del sector productivo, de los estudiantes
y de los egresados (tres de los cuales habían sido reelegidos), participaron en su
creación, lo cual “…no solo transgredió las propias disposiciones de la Institución de
Educación Superior, sino que violó el artículo 29 constitucional, ya que su entrada en vigor
no se ajustó a lo que se determina en el debido proceso, esto por cuanto si se hace lectura
del artículo 4 del acuerdo 0010 se señala que sus efectos rigen a partir de la fecha de su
expedición, pero lo que no tuvieron en cuenta sus creadores fue el hecho que frente al
proceso eleccionario para designar a sus tres miembros faltantes ver tabla Nro. 6 ut infra,
el proceso eleccionario al interior de la universidad ya se había iniciado tal y como se reflejó
en la tabla Nro. 2 sumado a ello como un hecho grave quienes participaron de su creación
5 de ellos conforme a la tabla Nro. 5 ut supra pretendían reelegirse incluso tres de ellos ya
habían sido electos ver tabla Nro. 2 y dos que aspiraban por reelegirse, luego lo correcto
hubiese sido que la vigencia o entrada en vigor del acuerdo 0010 se cumplieran después
de la finalización de este proceso eleccionario que como ya lo hemos dicho hasta la
saciedad, este se inició con los acuerdos de convocatoria contenidos en los acuerdos 0007
y 0009 de 30 de abril y 11 de junio de 2021.”

17. Al respecto, informó que el Acuerdo 0010 de 2021 fue demandado y el proceso
correspondió al Consejo de Estado, Sección Primera5.

18. Consideró que “…el artículo 29 Constitucional, recoge una serie de principios, siendo
uno de ellos el de la PREEXISTENCIA DE LA LEY6, quiere ello decir, que las normas deben
estar vigentes y presentes al inicio de una determinada actuación, lo que implica que no se
pueden crear normas que alteren el procedimiento administrativo, cuando este se haya
iniciado o también cuando se está en pleno ejercicio de la misma actuación, pues como se
plantea en el presente caso el Consejo Superior de la UTCH, con su actuar además de
alterar la preexistencia de la ley sustancial, no aplico (sic) el principio de la
IRRETROACTIDAD DE LA LEY7, dado a que creo una norma que debió aplicarse a futuro,
y no dentro de un procedimiento administrativo eleccionario que como ya lo indicamos en
su momento se inició el 30 de abril del presente año con la elección de 2 miembros de la

3
“Por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba”
4
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y derogan unos artículos”
y el Acuerdo 021 de 2011 “Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
5
Rad. 11001032400020210034900, M.P. Oswaldo Giraldo López.
6
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente Art.
29 Constitución Política.
7
El principio de irretroactividad es el fenómeno que produce que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo. De
esta manera se asegura que dichos efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar el
ordenamiento jurídico de seguridad Sentencia C-619/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

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corporación Exrectores y Directivas Académicas, esto con la norma que sirvió de motivación
o regulación, es decir, el acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011 (Estatuto Electoral).”.

19. Sumado a lo anterior, manifestó que hubo una irregular conformación del censo
electoral ya que de conformidad con el artículo 6 literal e) del Estatuto Electoral, le
corresponde al Comité Electoral, “…avalar los listados de sufragantes habilitados para
cada elección”, sin embargo, éste nunca constituyó el censo definitivo; si bien la jefa
de la Oficina de Registro y Control de la UTCH remitió una base de datos con los
nombres de los egresados, no tuvo en cuenta que muchos de los miembros allí
incorporados habían fallecido, pero hacen parte del censo y, además, el voto
respectivo fue registrado.

20. Precisó que no se realizó la publicación del censo electoral definitivo, como lo
ordena el artículo 20 del Estatuto Electoral, ya que en el transcurso de la jornada
electoral “…aún se continuaban asignando usuario y contraseñas a votantes para votar,
incluso en ocasiones a un mismo votante se le asignaron 2 y 3 contraseñas por lo que un
elector podía votar varias veces por el mismo sector, lo que refleja una transgresión al
artículo 40 constitucional, el cual debe ser remediado de forma inmediata por parte de las
autoridades electorales de la UTCH, ya que son las únicas responsables de todo el
procedimiento eleccionario en su interior”.

21. Indicó que la oficina de sistemas tenía la responsabilidad de enviar el usuario y
contraseña a cada egresado para poder ejercer su voto pero, precisó que a más del
80 % electorado no le llegó dicha información, negligencia que a su juicio recae
sobre el Comité Electoral de conformidad con el artículo 20 del Estatuto Electoral.

22. Manifestó que hubo una baja participación en la jornada electoral, ya que de los
29.432 egresados habilitados para votar, solo concurrieron 4.873, esto es un
16.55% del total de electores, resultado que obedeció a circunstancias ajenas a los
electores.

23. En consecuencia, solicitó ante el Comité Electoral de la UTCH que, de
conformidad con el artículo 68 del Estatuto Electoral según el cual “[c]uando en
cualquier circunstancia de fuerza mayor se dejen de realizar las elecciones en un potencial
electoral superior al 50%, se anulará la totalidad de las elecciones”, petición sostuvo no
ha sido resuelta, lo que vulnera el artículo 23 de la Constitución Política.

24. Argumentó que se vulneró el contenido de la Ley 1712 de 20148, pues no se
autorizó realizar la auditoría externa al software que sirvió de herramienta a la
plataforma de Academusoft a fin de determinar las fallas o irregularidades que no

8
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones

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permitieron ejercer el voto a algunos de los egresados y respecto de las
inconsistencias en los resultados informados.

1.3. Admisión de la demanda

25. Por auto de 23 de noviembre de 2021, la demanda fue admitida, se ordenaron
las respectivas notificaciones al demandado, al presidente del Consejo Superior
Universitario de la UTCH y al representante legal de la institución educativa, al
Ministerio Público, a la accionante y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Ministerio de Educación Nacional

26. El apoderado de dicha cartera se opuso a las pretensiones de la demanda.

27. Formuló la excepción de presunción de legalidad de los actos administrativos,
manifestó que “[n]o se observa en el caso bajo análisis, la existencia de hechos o
fundamentos de derechos que desvirtúen esta presunción de legal (sic) de las cual (sic)
gozan los actos administrativos expedidos”.

28. Precisó que en virtud de la autonomía universitaria las decisiones que adopta el
Consejo Superior Universitario son el resultado del consenso de las mayorías de los
sectores allí representadas, por tanto “(…) cualquier decisión que sobre el particular
adopte el Ministerio de Educación Nacional, no afecta en nada las resultas de la presente
acción electoral, pues como ya se ha manifestado en líneas anteriores, la elección de
representantes en el seno de las Institución (sic) de Educación Superior, es la forma en que
se materializa el principio de autonomía universitaria (…)”.

29. Por último, solicitó declarar probada la excepción propuesta, se le absuelva de
las súplicas de la demanda y se condene en costas, agencias en derecho y demás
gastos procesales a la accionante.

1.4.2. Edwar Mena Romaña –Demandado-

30. Solicitó declarar la legalidad del acto de elección como representante de los
egresados ante el CSU, y se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que la UTCH fue transparente en el procedimiento electoral que culminó
con su designación como representante ante el consejo superior universitario, y no
se incurrió en violación de normas constitucionales, legales ni estatutarias.

31. Formuló las siguientes excepciones:

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32. “Inepta demanda por ausencia de proposición jurídica para definir la pretensión
de la demanda”: A su juicio, la demanda carece de requisitos formales y no existe
una proposición jurídica completa, realizando interpretaciones subjetivas
infundadas e incongruentes.

33. Indicó que “…los actos materia de reproche son por sí solos ineficaces, toda vez que
responden al fenómeno del acto administrativo complejo, entendiendo que se desprenden
de un acto inicial y originario, como lo son los Acuerdos 0007 del 30 de abril, 0009 del 11
de junio, 0010 del 2 de julio 0011 del 12 de junio, 0015 del 9 agosto, 0011 y 0013 de 2021
y la resolución 0008 del 10 de septiembre de 2021 sin los cuales hubiera sido imposible
desatarlos, debido a que estas resoluciones sustentan el desarrollo del proceso eleccionario
al interior del Consejo Superior de la UTCH, donde se da la elección atacada.” Razón por
la cual el accionante tiene la carga de precisar el acto que contenga la ilegalidad
que busca corregir con el ejercicio dl medio de control.

34. Manifestó que no se realizó una debida individualización de las pretensiones, ya
que el extremo accionante no tiene claro el concepto de justicia rogada que se aplica
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

35. Precisó que hubo “Caducidad por presentación extemporánea del medio de
control” ya que de conformidad con el literal a), numeral 2º del artículo 164 del
CPACA, el accionante tiene un término de 30 días para allegar la demanda, así
pues, indicó que “en el presente proceso encontramos que la elección y escrutinio para
elegir al representante de los egresados ante el consejo superior de la UTCH, se llevó a
cabo en día 27 de agosto de 2021, una vez culminado el proceso de escrutinio, es decir a
eso de las 8:01 pm, se dio como ganador de la contienda electoral a mi representado con
una votación de 3.864 es decir un porcentaje del 78.36% del total de los votos contra 1.009
votos equivalentes al 20.46%.(…) La parte demandante radicó la demanda objetivo de este
pronunciamiento el 17 de noviembre de 2021, cuando el plazo limite (sic) para presentar la
demanda de nulidad era hasta el 8 de octubre de la misma anualidad, es decir, 25 días
hábiles puesta de la fecha limite (sic) establecida por el legislador para tal fin, situación que
trae como consecuencia la caducidad de la acción de conformidad lo preceptuado tanto por
la Corte Constitucional como por esta sala en distintos pronunciamientos”.

36. Argumentó que el proceso no tiene vocación de prosperidad ya que la actora
omitió solicitar la nulidad de todos los actos administrativos mediante los cuales la
UTCH decidió convocar a las elecciones, la reglamentó y resolvió las reclamaciones
presentadas, en consideración al inciso segundo del artículo 139 del CPACA.

37. Por último indicó que los actos administrativos se presumen legales mientras no
hayan sido anulados por la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad
con el artículo 88 del CPACA.

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1.4.3. Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH

38. Su apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y respecto de los cargos afirmó que:

A) NULIDAD POR LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ERRONEA DEL
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA LO QUE ORIGINÓ LA
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO
ELECCIONARIO AL INTERIOR DE LA UTCH

39. El Consejo Superior Universitario, legal y estatutariamente, es el máximo órgano
de dirección y gobierno de la UTCH y el competente para modificar sus estatutos.

40. Sostuvo que la afirmación según la cual la modificación de los estatutos debe
estar precedida de socialización con los estamentos y organizaciones sindicales y
de tres (3) debates en sesiones ordinarias, proviene de la errada interpretación del
artículo 4 del Acuerdo 0004 de 2017 porque realmente recae en la reforma “ …del
Estatuto General de la Universidad, más no a los demás Acuerdo (sic) o Estatutos internos”.
Así las cosas, considera demostrado que no hay “desborde” de la aplicación del
principio de autonomía universitaria.

B) NULIDAD POR LA CONFORMACIÓN IRREGULAR DEL CENSO ELECTORAL
DEL SECTOR DE LOS EGRESADOS LO QUE CONLLEVÓ A LA VULNERACIÓN
DEL DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE A UN REPRESENTANTE ANTE EL
SENO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UTCH:

41. Al respecto, manifestó que históricamente la elección de los egresados ante el
consejo superior universitario ha contado con una participación de 4.800 a 6.000
votantes.

42. Advirtió que la parte actora no logró probar su afirmación según la cual varias
personas votaron en repetidas ocasiones, resaltó que la implementación del voto
electrónico “fue todo un éxito” y que el censo electoral fue aprobado y publicado de
acuerdo con las normas internas de la universidad.

C) NULIDAD POR LA CONSECUENTE Y EQUIVOCADA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA LO QUE DERIVÓ EN EL
QUEBRANTAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ARTÍCULO 29
CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY 1712 DE 2014, AL NO PERMITIR EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN TRASCENDENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS EGRESADOS DE LA UTCH:

43. Reiteró que la demandante interpreta de manera equivocada el artículo 4º del
Acuerdo 0004 de 2017 y respecto a la auditoría externa a los procesos electorales

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precisó que fue ordenada por el artículo 19 del Acuerdo 011 de 2021, y la cual se
realizó en debida forma, como da cuenta los informes que de ella derivaron.

1.5. Traslado de las excepciones

44. Yeudith Palacios Robledo, demandante en el proceso de la referencia, allegó
escrito9 en el que solicitó negar las excepciones propuestas.

45. En cuanto al Ministerio de Educación Nacional explicó que este debió precisar
si con la manifestación de “presunción de legalidad de los actos administrativos” hacía
referencia a una excepción previa, mixta o de fondo, no obstante, concluyó que lo
pretendido con la demanda no es cuestionar “la presunción de legalidad del acto aquí
demandado, pues con el medio de control que fue presentado el cual se encuentra en el
presente tramite (sic), lo que persigo es precisamente romper con dicha presunción, es
decir, que de mis argumentos expuesto en los hechos y fundamentos de derecho, lo que
busco es la anulación de dicho acto de nombramiento o posesión, porque considero que el
mismo estuvo revestido de serias irregularidades las cuales vician per sé el acto aquí
cuestionado.”

46. Ahora bien, con relación a las excepciones propuestas por el demandado señaló
que la demanda si cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley para ser
debatida, toda vez que el legislador le dio un carácter de público al medio de control
presentado, por lo cual cualquier persona puede presentarlo y no se pueden
establecer tecnicismos para su adecuado análisis.

47. Adujo que la demanda fue presentada en término y consideró que prueba de
ello es el auto admisorio de la misma, en el cual se detalló el procedimiento para su
radicación.

48. Manifestó que concuerda con el demandado en que “se debieron demandar junto
con el acto aquí enjuiciado, todos los demás actos de elección, es decir, las elecciones de
Exrectores, Directivas Académicas e incluso la del Sector Productivo”, sin embargo, dicho
argumento no es óbice para establecer la falta de vocación de prosperidad de las
pretensiones, ya que cada uno de dichos actos eleccionarios gozan de
particularidades que distan de los vicios e irregularidades expuestos en el escrito
genitor.

1.6. Actuaciones procesales

49. Mediante auto de 4 de febrero de 202210, el magistrado ponente negó la
prosperidad de las excepciones previas y mixtas propuestas, para lo cual indicó

9
Índice 19 Samai.
10
Índice 25 Samai.

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

frente a la caducidad que dicha situación ya había sido resuelta mediante el auto
admisorio de la demanda de 23 de noviembre de 2021 como lo advirtió la parte
accionante. En aquella ocasión se explicó que la demandante solicitó el 30 de
septiembre de 2021 que se anulara la Resolución 8 del 10 de septiembre del mismo
año, por lo tanto resulta evidente que se cumplió con el lapso de 30 días que prevé
el artículo 164 numeral 2, literal a) del CPACA, razón por el cual, la excepción mixta
propuesta no prosperó.

50. Frente a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda manifestó que de
la lectura del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solo se exige demandar el acto
de elección, destacando que la Sala especializada en lo electoral podrá estudiar los
actos de trámite y determinar si afectan la legalidad de la elección, de acuerdo con
los cargos de la demanda. Por lo tanto, basta solo con atacar la legalidad del acto
de elección.

51. De igual forma consideró que la parte demandante cumplió con su deber de
indicar las normas violadas y dar las razones por las cuáles consideró fueron
infringidas por el acto que se ataca.

52. Con auto de 7 de marzo de 2022 se dispuso que se dictaría sentencia anticipada
porque se advirtió que no había la necesidad de practicar pruebas de conformidad
con el literal b) del artículo 182A del CPACA, se fijó el litigio y respecto de las
pruebas se dispuso incorporar las documentales aportadas por la demandante y
ordenó por Secretaría de la Sección, oficiar a la oficina del Registrador Especial de
Quibdó, Chocó, con el fin de que informara, según el listado allegado por la
demandante, si los egresados allí relacionados, que afirmó se encontraban en el
censo o habían fallecido.

53. Respecto de la inspección judicial a la plataforma Academusoft – software de la
votación, fue denegada al considerar que el extremo actor no expresó con claridad
los hechos que pretende probar con ésta, de conformidad con el artículo 237 del
CGP.

54. En dicha oportunidad también negó decretar el testimonio de Yunner Eduard
Moreno Córdoba – jefe de la Oficina de Sistema y Soporte Técnico de la UTCH-, de
conformidad con el artículo 212 del CGP, ya que no precisó el domicilio, la
residencia o el lugar donde pueden ser citados los testigos, ni los hechos objeto de
prueba.

55. De igual forma, ordenó a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que una vez reciba respuesta del requerimiento dirigido a la oficina del

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registrador Especial de Quibdó11, de la misma y de las pruebas incorporadas, correr
traslado a las partes por el término de 3 días12, oportunidad en la cual omitieron
pronunciarse.

56. Finalmente, se corrió traslado para alegar13 de conformidad con el numeral 2
del artículo 182A del CPACA14 y al Ministerio Público para que presentara el
respectivo concepto.

1.7. Alegatos de conclusión

1.7.1. Universidad Tecnológica del Chocó –UTCH-

57. Manifestó que la accionante argumentó erróneamente el concepto de la
violación expuesto en la demanda frente a la modificación al proceso electoral con
la inclusión del voto electrónico, mediante el artículo 1 del Acuerdo 0010 de 2 de
julio de 2021, aduciendo que el procedimiento ya había iniciado, junto con el
adelantado para la elección de los “…exrectores y autoridades académicas”, lo cual
no es cierto.

58. Precisó que el censo electoral de los egresados se adecuó a los estatutos
internos de la universidad, y al acuerdo que reglamentó y convocó a dichas
elecciones, ya que fue publicado de conformidad al parágrafo primero del artículo
20 del Acuerdo 0021 de 201115.

59. Adujo que no hay evidencia que permita establecer que alguna persona haya
ejercido su derecho al voto en más de una oportunidad, ya que hay certeza que los
códigos de seguridad y que la rigurosidad de la plataforma impiden que un usuario
con el mismo número de documento pudiese votar en varias ocasiones.

60. Indicó que no existió irregularidad en el informe de los resultados finales, ya que
todo el proceso estuvo revestido de transparencia, seguridad e imparcialidad,
contando con la participación del Ministerio Publico16, la Oficina de Inspección y
Vigilancia del Ministerio de Educación, sumada a la participación de “…una empresa
e alta idoneidad que realizó antes, durante y después los procesos de auditoria (sic) que

11
De conformidad con el índice 36 de Samai, el Registrador Especial de Quibdó dio respuesta el 24 de marzo de 2022.
12
Según informe secretarial obrante en el índice 37 de Samai, el término de traslado corrió desde el 25 de marzo de 2022 a
las ocho de la mañana hasta el 29 de marzo de 2022 a las cinco de la tarde.
13
Según informe secretarial obrante en el índice 38 de Samai, el término de traslado para alegar corrió durante diez días
contados desde el 30 de marzo de 2022 a las ocho de la mañana hasta el 19 de abril de 2022 a las cinco de la tarde.
14
Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
15
“CENSO ELECTORAL. Todos los actores de los estamentos y sectores universitarios podrán votar siempre que se
encuentren en el listado oficial del censo electoral que para el efecto genere el jefe de Talento Humano y la oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico. En el evento que alguna persona no aparezca en el listado oficial, podrá solicitar
verificación ante el Comité Electoral, 3 días hábiles antes de la elección. El Secretario General de la Universidad proveerá los
listados de votantes aptos para cada mesa, conforme a la distribución que se realice de las mismas.
PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Electoral ordenará la exposición pública del censo electoral durante el plazo establecido
en el calendario electoral, en la página web y en las carteleras de la universidad.”
16
“Procuraduría, defensoría del Pueblo y Personería.”

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permitieran garantizar la transparencia y objetividad en el resultado electoral, donde
resultaron ganadores los candidatos que los miembros de cada estamentos consideraron
que los deben representar ante el CSU”.

61. Informó que la universidad no incurrió en violación de ninguna norma superior
al impedir a los candidatos la realización de una auditoría externa al sistema de
votación, lo anterior debido a que el artículo 19 del Acuerdo 0011 de 2021
contempló la obligación de que la universidad antes y después de las elecciones
debía realizar una auditoría externa por parte de una empresa de reconocida
idoneidad para garantizar la transparencia del proceso electoral, sin embargo, en
ningún momento contempló que debía entregarla a los candidatos para que ellos la
realizaran, por lo tanto no existe violación alguna.

62. En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.7.2. El señor Edwar Mena Romaña –demandado-

63. Manifestó que los Acuerdos 0010 y 0011 de 2021, “…buscan asegurar que las
votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y autentica (sic) de la comunidad
universitaria y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del
elector expresado en las urnas y se rige por los principios rectores de imparcialidad, secreto
del voto y publicidad del escrutinio, eficacia del voto, capacidad electoral y
proporcionalidad, por lo que la inclusión de la modalidad del voto electrónico para elegir
representante de los estudiantes, docentes y egresados ante el CSU de la UTCH, no
contraviene en ningún momento la finalidad buscada.”, razón por la cual consideró que
no se violaron principios tales como el de legalidad, al debido proceso y de
irretroactividad de la ley.

64. Precisó que en el censo electoral no existió irregularidad alguna y que no se
allegó prueba que demostrara el fallecimiento de personas que hayan participado
en la votación, además, expuso que “…la universidad no está facultada para excluir a
ninguna persona del censo electoral de (sic) estamento egresados, salvo que la persona
no cumpla con esta única condición (ser egresado) pues quien tiene la potestad de llevar
este registro es directamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, a tal punto que
varias personas que la parte demandante reporta como fallecidas en la base de datos de
la Registraduría figuran como vivas o activas, situación que a todas luces no es del resorte
de la Universidad”.

65. Adujo que las medidas establecidas en el Acuerdo 0011 de 2021, que
comprendían la realización de una auditoría externa, fueron cumplidas a cabalidad
por la institución, tal y como se desprende de la Orden de Servicios No. 0024 de
2021 mediante la cual se contrató a GNTEC SAS para que los usuarios
autenticados tengan una asociación con sus sesiones robusta y criptográficamente
seguras.

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1.7.3. El Ministerio de Educación Nacional

66. Su apoderado judicial se refirió al concepto de autonomía universitaria en
desarrollo del cual, entre otras, permite adelantar y regular los procedimientos
destinados a elegir a sus autoridades o integrantes de sus cuerpos colegiados.

67. Destacó que el informe final de las elecciones que data del 15 de agosto de
2021, puso de presente que los ataques cibernéticos que se presentaron no
impidieron que la jornada electoral “transcurriera de manera exitosa”.

68. En razón de lo expuesto solicitó que las pretensiones fueran denegadas.

1.7.4. La parte actora no se pronunció en esta oportunidad.

1.7.5. Ministerio Público

69. Luego de hacer un recuento de los hechos y actuaciones procesales relevantes,
la procuradora delegada rindió su concepto de acuerdo con la fijación del litigio, en
los siguientes términos:

70. Argumentó que los Acuerdos 0010 y 0011 de 2021 tienen la finalidad de
“…asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de la
comunidad universitaria y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la
voluntad del elector expresado en las urnas”, los cuales adicionalmente se rigen por
principios como el de imparcialidad, voto secreto, publicidad del escrutinio, eficacia
del voto, capacidad electoral y proporcionalidad, razón por la cual la inclusión de la
modalidad del voto electrónico en el proceso eleccionario estudiado, no contraviene
el Estatuto Electoral de la UTCH (Acuerdo 0021 de 2011), mientras se adopten
todas las medidas de seguridad informática dispuestas en los acuerdos
mencionados.

71. De igual forma precisó, que aunque no existe en el expediente prueba que
permita concluir las medidas de seguridad informática para el proceso eleccionario,
indicó que dicho punto fue analizado por esta Sala a través de sentencia de 7 de
abril de 2022 en la que se estudió la nulidad del acto de elección del representante
de los docentes ante el CSU de la UTCH, regido por las mismas normas en que se
manifestó la inconformidad de la presente demanda, y en la cual se estableció que
para dichos procesos de votación, “…la UTCH contrató efectivamente mediante orden
de servicios No. 0028 de 2021 una firma para realizar auditoría externa a los mismos”, para
lo cual manifestó:

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“Sobre la realización de la auditoría, en el acervo probatorio obra respuesta del
Comité Electoral de la universidad a la impugnación presentada por la parte actora
frente al boletín final de la elección del representante de los docentes, en la cual se
precisó el cumplimiento de estas medidas en tanto se contrató mediante la orden de
servicios No. 0028 de 2021 una firma para realizar auditoría externa con la finalidad
de proteger la información de la “Suite Academusoft de la UTCH” y a la empresa
GNTEC S.A.S. mediante orden de servicios No. 0024 de 2021 como desarrollador del
software para que los usuarios autenticados contaran con una sesión robusta y
criptográficamente segura.”

72. En tal sentido, concluyó que la UTCH cumplió con los principios de
transparencia y seguridad al contratar la firma que realizó la auditoría externa al
proceso de elección de los representantes de los estudiantes, egresados y
docentes.

73. Indicó que mediante Acuerdo 0010 de 202117, se implementó el voto electrónico
en la UTCH y al momento su expedición aún no se había convocado a las personas
interesadas en participar en el proceso electoral tendiente a elegir a los
representantes de los estudiantes, docentes y egresados ante el consejo superior
universitario y, en consecuencia, era lo procedente que sus efectos rigieran a futuro
y tuvieran plena aplicación en el proceso en el cual participó el demandado.

74. Agregó que de acuerdo a lo expresado por la accionante, la conformación
irregular del censo electoral, y la posible existencia de algunas personas fallecidas
que, aparentemente, votaron en la jornada cuestionada, los posibles fallos e
irregularidades en el momento de dar los resultados de la votación, y las pruebas
obrantes en el expediente, “..conviene precisar que el artículo 167 del Código General
del Proceso, establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo tanto, le correspondía a la
accionante demostrar los hechos jurídicos que argumenta, tornando “…inadmisible
tener por ciertos los hechos meramente enunciados”, razón por la cual consideró que
los reproches frente a dichas irregularidades es infundado.

75. Por consiguiente, solicitó negar la nulidad del acto de elección objeto de
controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

76. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar, en única
instancia, la demanda que persigue la anulación del acto de elección del señor
EDWAR MENA ROMAÑA como representante de los egresados ante el Consejo

17
El cual adicionó el Acuerdo 021 de 2011, Estatuto Electoral de la UTCH.

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Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), contenido
en la Resolución 0008 del 10 de septiembre de 2021, de conformidad con los
artículos 149.3 del CPACA18 y 13 del Acuerdo 80 de 201919.20

2.2. Del acto acusado

77. Se discute la legalidad del acto de elección del señor Edwar Mena Romaña
representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario de la UTCH,
contenido en la Resolución 0008 del 10 de septiembre de 2021 “Por medio de la cual
se hace la declaración de elegido del representante de los Egresados ante el Consejo
Superior de la Universidad Tenológica del Chocó y se dictan otras disposiciones”.

2.4. Problema jurídico

78. A partir de la fijación del litigio el asunto a decidirse consiste en:

“Determinar si el acto de elección del señor Edwar Mena Romaña, contenido en
la Resolución 0008 de 10 de septiembre de 2021 del Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó incurre en infracción de norma superior,
expedición irregular y falsa motivación.

66. Teniendo en cuenta los hechos descritos, así como lo concerniente a los demás
extremos de la litis, el proceso se concentrará en determinar:

i) ¿Se presentó indebida aplicación del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 202121,
que adoptó el voto electrónico, físico o remoto, porque la actuación
administrativa eleccionaria que se juzga ya estaba en curso?
ii) ¿El censo electoral se conformó y se publicó en atención de las normas que
lo regulan?
iii) ¿El proceso de asignación de usuarios y claves a los votantes generó que
una misma persona pudiera votar en repetidas ocasiones o que algunas no
pudieran sufragar?
iv) ¿Existió alguna irregularidad al informar los resultados finales de la jornada
electoral?
v) ¿No permitir una auditoría externa al software de votación deviene en
desconocimiento de norma superior?”

18
“ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia
de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los
representantes a la cámara, de los representantes al Parlamento Andino, del Alcande Mayor de Bogotá, de los miembros de
la junta directiva o consejodirectivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional
y de las comisiones de regulación.”
19
“Reglamento interno del Consejo de Estado”. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus Secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo así: (…) Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales
relacionados con elecciones o nombramientos”.
20
Resulta necesario precisar que la demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2021, razón por la cual aún no se
encontraba vigente la Ley 2080 de la misma anualidad que cambió las reglas de competencia. En tal sentido, el conocimiento
de esta corresponde al Consejo de Estado en única instancia.
21
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y derogan unos artículos”.

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79. Con el propósito de absolver los citados cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes aspectos: i) autonomía universitaria; ii) mecanismo y procedimiento en
la elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior
Universitario de la UTCH y; iii) el caso concreto.

2.4.1 Autonomía universitaria22

80. La Asamblea Nacional Constituyente convocada para 1991 reconoció la
preponderancia que para el desarrollo social tienen las universidades estatales, por
ser allí donde se forman las personas que en el mañana regirán los destinos del
Estado y de la comunidad desde diferentes escenarios. El constituyente consideró
que ese importante papel no se podía cumplir de forma cabal si las universidades
oficiales quedaban sujetas o subordinadas a los gobiernos de turno, ya que el
manejo de la política no siempre va por el mismo camino del pensamiento
académico inspirado en la libertad, y por ello tomó la decisión de dotarlas de un
régimen especial de autonomía, concebido en la Constitución Política de 1991,
así:

“Artículo 69.- Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.” (Subrayado de la Sala)

81. El constituyente empleó los términos correctamente para dar a entender que las
universidades oficiales no solamente serían autónomas, como muchos otros
órganos y entidades citados en la Constitución de 1991, tales como la Comisión
Nacional de Televisión23, la Organización Electoral, la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación, las Corporaciones Autónomas
Regionales, etc., sino que además tendrían un régimen especial de autogobierno
y autorregulación, sin menoscabo de las facultades propias del legislador. Así, la
nueva visión de las universidades estatales fue definida por el Tribunal
Constitucional en estos términos:

“El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta
Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus

22
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de septiembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad.: 13001-23-
33-000-2014-00343-01; 27 de octubre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.: 11001-03-28-000-2020-00047-00; 2020-
00023, 00033, 00040, 00041 y 00048.
23
Esta entidad desapareció a raíz de la expedición del Acto Legislativo 02 de 21 de junio de 2011 “Por el cual se deroga el
artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.”. La Ley 1507 de 10 de enero de 2012 “Por la
cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras
disposiciones.”, creó en lugar de la Comisión Nacional de Televisión la Autoridad Nacional de Televisión.

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directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido
por esta Corporación “como un principio de autodeterminación derivado de la
Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar
su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines
académicos que se plantea”24.”25

82. El legislador, con el ánimo de desarrollar el régimen especial de autonomía de
las universidades públicas, profirió la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 “Por la cual
se organiza el servicio público de la educación superior”, que estableció que el grado de
autonomía se vería reflejado en aspectos tales como: (i) darse y modificar sus
estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y administrativas; (iii) crear,
organizar y desarrollar programas académicos; (iv) definir y organizar labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; (v) conferir los títulos a
sus egresados; (vi) seleccionar los profesores; (vii) admitir a los alumnos y adoptar
sus regímenes; y, (viii) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional (Artículos 28 y 29).

83. En efecto, el régimen de autonomía le permite a las universidades oficiales
libertad en materia normativa, pues dentro de sus atribuciones puede expedir
los estatutos que rigen su actividad. En ese sentido fija el gobierno de la
institución sin injerencias externas, pero ello no implica el aislamiento del Estado ya
que la formación educativa de la sociedad, por tener un marcado interés general,
involucra el desarrollo de las políticas públicas que se trazan desde el gobierno
nacional o seccional, según el caso. Y, quizás lo más importante, esa autonomía se
refleja en el terreno académico y filosófico, pues apunta a que el pensamiento
universitario se desarrolle sin las ataduras que pueden desprenderse de las
inclinaciones ideológicas de los gobiernos correspondientes.

84. En todo caso, la realización del régimen de autonomía de las universidades
estatales debe surtirse, en cualquiera de los planos aludidos, “…de acuerdo con la
ley”. Esta expresión debe tomarse en sentido material y teleológico. Es decir, que
los estatutos, actuaciones y decisiones que adopten los centros de educación deben
observar la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos o acogidos
por el Estado Colombiano en temas de derechos fundamentales y de educación, y
la ley.

85. Entonces, este régimen de autonomía de las universidades oficiales se
desarrolla dentro de los límites generales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico,
pues ello no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el
desconocimiento del carácter unitario del Estado Colombiano que se propugna en
el artículo 1º de la Constitución Política de 1991.

24
Sentencia T-703 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
25
Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 14 de febrero de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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2.4.2. Mecanismo y procedimiento en la elección del representante de los
egresados ante el Consejo Superior Universitario de la UTCH

86. Tal y como se expuso en el apartado anterior, las universidades públicas gozan
de una autonomía robusta con el fin de que ciertos procedimientos sean definidos
al interior de sus directivas sin la intervención del Estado frente a sus decisiones.

87. En tal sentido, y con el propósito de definir el procedimiento de elección de los
miembros del Consejo Superior Universitario, la UTCH profirió el Acuerdo No. 0021
de 21 de septiembre de 201126, el cual en su artículo 1º estableció:

“Artículo 1. El objeto de este estatuto es perfeccionar el proceso y organización
electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea
y autentica (sic) de la comunidad universitaria y que los escrutinios sean el reflejo
exacto de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. (…)”.

88. No obstante, resulta importante resaltar que mediante dicho estatuto también se
creó el Comité Electoral Universitario como encargado de la inspección, control y
vigilancia de los procesos electorales que se desarrollen en la institución, dando
claridad en cuanto a sus miembros y funciones.

89. Ahora bien, con el fin de dotar de transparencia al proceso electoral los artículos
2027, 2128 y 2229 definieron el censo electoral, el cual establece quienes podrán
participar en la votación y el mecanismo previsto para solicitar correcciones o
enmiendas.

90. Con respecto al resultado del proceso de votación el artículo 27 30 indicó que
este será publicado por el Comité Electoral en la página web de la institución y solo
en caso de empate entre dos o más candidatos, se realizará una nueva elección.

26
“Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”
27
“Artículo 20. Censo electoral. Todos los actores de los estamentos y sectores universitarios podrán votar siempre que se
encuentren en el listado oficial del censo electoral que para el efecto genere el Jefe de Talento Humano y la Oficina de
Admisiones, Regristro y Control Académico. En el evento que alguna persona no aparezca en el listado oficial, podrá solicitar
verificación ante el Consejo Electoral, 3 días hábiles antes de la elección. El Secretario General de la Universidad proveerá
los listados de votantes aptos para cada mesa, conforme a la distribución que se realice de las mismas.
Parágrafo primero. El Consejo Electoral ordenará la exposición pública del censo electoral durante el plazo establecido en
el calendario electoral, en la página web y en las carteleras de la universidad.
Parágrafo segundo. El censo electoral hará constar para cada elector, la calidad que ostenta y el número del documento
nacional de identidad, los apellidos y el nombre, y lugar en que le corresponde ejercer su derecho al voto; en nungún caso un
elector podrá fijar en el censo electoral más de una circunscripción.
Parágrafo tercero. En el caso que un miembro de la comunidad universitaria, tenga más de una calidad, el Consejo Electoral
podría asignarlo al censo de una sola circunscripción, teniendo en cuenta el estamento o sector que se seleccione como
alternativa en las inscripciones de electores, previas al proceso electoral conforme a las reglas propuestas por dicho Consejo.
Parágrafo cuarto. No hacen parte del censo electoral los docentes hora cátedra.”
28
“Artículo 21. Según los lugares y mesas de votación, el Comité Electoral Universitario indicará los sitios privados para
marcar la tarjeta electoral.”
29
“Artículo 22. Con tres días de anticipación al día de las elecciones y en lugares visibles, en las sedes de la Universidad, el
Comité Electoral publicará las listas de sufragantes que serán usadas en la jornada electoral para efectos de verificación de
los votantes que se consideren en capacidad de votar y quienes en caso de no figurar, procederán según establezca el
Consejo Electoral Universitario.”
30
“Artículo 27. Se destinará una mesa para la votación de cada estamento o sector.

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

91. El Comité Electoral de la Universidad debe determinar el cronograma de la
elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que representarán los
siguientes estamentos:

 Docentes
 Estudiantes
 Directivas académicas
 Egresados
 Exrectores
 Sector productivo

92. En consecuencia, para el caso que nos ocupa, las calidades requeridas y los
componentes para participar como candidato se hará mediante un acuerdo
establecido para tal fin. Sin embargo, el Acuerdo No. 0021 de 2011 presentó
algunas modificaciones realizadas por el Consejo Superior Universitario mediante
el Acuerdo No. 0010 de 2 de julio de 2021.

93. En dicho acto modificatorio, el CSU en consideración a la pandemia por Covid-
19 y las diferentes directrices sanitarias dictadas por parte del gobierno nacional,
decidió garantizar la participación democrática para la elección de los diferentes
estamentos mediante el voto electrónico como mecanismo electoral, previendo el
procedimiento para su implementación, las garantías electorales, prohibiciones y
obligaciones durante la jornada electoral.

94. Dando aplicación al parágrafo 1º del artículo 31 profirió el Acuerdo No. 0011 de
12 de julio de 2021 “Por medio del cual se Autoriza, Reglamenta y convoca la elección
del Representante de los Estudiantes, Docentes y Egresados ante el Consejo Superior de
la Universidad Tecnológica del Chocó y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual,
como su nombre lo indica convocó y estipuló el procedimiento y requisitos para el
ejercicio de la contienda electoral de los estamentos previamente descritos.

95. Para el ejercicio del sufragio, fijó en el parágrafo 1º del artículo 1º “…el voto
remoto o en línea” el cual corresponde al “…sufragio directo y secreto que se realiza a
través de cualquier dispositivo tecnológico conectado a internet”.

Parágrafo primero. Entiéndase por estamentos y sectores, los definidos expresamente en el Estatuto General.
Parágrafo segundo. El resultado obtenido por cada candidato o representante de los estamentos y sectores, será publicado
por el Comité Electoral en la página web de la institución. En caso de empate entre dos o más candidatos, se realizará una
nueva elección.”

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

96. De igual forma precisó el periodo de los representantes (3 años contados a partir
de su posesión), y las calidades y requisitos para inscribirse como candidatos, los
cuales quedaron contenidos en el artículo 4º31 de dicho acuerdo.

97. En cuanto al censo electoral indicó que podrá votar quien se encuentre en el
listado oficial, el cual deberá ser publicado con tres (3) días de antelación a las
votaciones en la página web de la Universidad. No obstante, quienes no se hayan
incluido en el censo electoral podrán presentar solicitud de inclusión (de acuerdo
con el calendario electoral establecido en el artículo 11, debió ser presentada entre
el 24 y 26 de agosto de 2021), para que en caso de ser procedente se notificará al
interesado (26 de agosto de 2021) y se le incorporará en el censo respectivo.

98. Dispuso de qué manera se realizaría el escrutinio, el cual deberá ser certificado
por el jefe de la Oficina de Sistemas, quien deberá dar constancia de los resultados
de la votación para ser entregados de manera oficial al Comité Electoral y a la
Secretaría General, con el fin de poner en conocimiento el candidato elegido para
el estamento en disputa.

99. Así pues, en el artículo 16 se dispuso el mecanismo para dar a conocer el
resultado electoral a la comunidad así:

“El Comité Electoral emitirá boletín de los resultados parciales de las elecciones con
fundamento en la información que reciba, debidamente respaldada por los Jurados
de Votación. El resultado de la votación de cada estamento, deberá ser comunicado
a las instancias respectivas y publicado en la página web de la Institución.”

2.5. Caso concreto

31
“Artículo 4º: Calidades y requisitos para la inscripción. Los diferentes candidatos que pretendan ser elegidos como
representantes de los Estudiantes, Docentes y Egresados deberán inscribirse en las fechas y horas indicadas en el
cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario. Igualmente, deberán inscribirse en forma personal con dos (2)
testigos ante la Secretaría General. Quien dará traslado al Comité Electoral, dentro de los plazos estipulados para tal fin, para
lo de su competencia.
En el momento de la inscripción, quien aspire a ser elegido como representante de los Estudiantes, Docentes y Egresados,
además de acreditar los requisitos señalados en el Estatuto General y demás normas internas de la Universidad deberá
acreditar los siguientes requisitos y documentos:
1. Hoja de vida.
2. Ser colombiano de nacimiento.
3. Acreditar la calidad del estamento o sector al que decide representar.
4. Dos fotografías recientes fondo blanco.
5. Propuesta que garantice un efectivo aporte a los objetivos misionales de la Universidad.
6. No haber sido condenado penalmente por la comisión de delitos dolosos, excepto por delitos político o culposos.
7. No encontrarse inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos por haber sido sancionado disciplinariamente con
destitución.
Para la inscripción, cada candidato deberá presentar, en original y copia debidamente foliados, los documentos anotados
anteriormente.
Parágrafo primero. De la inscripción de los postulantes a representantes de los estudiantes, docentes y egresados ante el
Consejo Superior, la Secretaría General dejará constancia mediante acta individual de inscripción suscrita por el aspirante,
sus dos testigos y el Secretario General. Los candidatos en el momento de la inscripción adjuntarán hoja de vida, acreditando
los requisitos establecidos para tal efecto. En dicha acta, el candidato declarará bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses, acto que se considerará surtido con la
firma del aspirante en el acta de inscripción.
Parágrafo segundo. El aspirante que al momento de la inscripción no reúna los requisitos deberá abstenerse de inscribirse.
Parágrafo tercero. Acta de cierre de inscripción. Corresponde a la Secretaría General y al comité del Electoral hacer la
evaluación de requisitos mínimos que debe cumplir el aspirante, así como dejar constancia en el acta de cierre de inscripción
de los candidatos inscritos, indicando la fecha y hora del cierre y los documentos aportados por cada postulante.”

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

100. La accionante considera que se debe anular el acto de elección del señor
Edwar Mena Romaña como representante de los egresados ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), contenida
en la Resolución 0008 de 10 de septiembre de 2021 al incurrir en expedición
irregular, falsa motivación e infracción de norma superior en que debía
fundarse y de los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 40 y 69 de la Constitución Política; 28 y
29 de la Ley 30 de 1992; 3, 4 y 5 (literales a y b) de 2 de 2014; 3 (numerales 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11) de la Ley 1437 de 2011; 7, 11 (num. 1, 5, 8, 11, 19, 28 y 29),
25, 26 y 2 del Acuerdo 0001 de 201732; 1 (num. 1, 2, 3, 6); 11 (literales a y c) y 30
del Acuerdo 0021 de 2021.

101. Así pues, se resolverá cada uno de los puntos establecidos en la fijación del
litigio así:

i) ¿Se presentó indebida aplicación del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 202133,
que adoptó el voto electrónico, físico o remoto, porque la actuación
administrativa eleccionaria que se juzga ya estaba en curso?

102. Para la demandante el Acuerdo No. 0010 de 2021 no podía ser aplicado
porque considera que “…el artículo 29 Constitucional, recoge una serie de principios,
siendo uno de ellos el de la PREEXISTENCIA DE LA LEY34, quiere ello decir, que las
normas deben estar vigentes y presentes al inicio de una determinada actuación, lo que
implica que no se pueden crear normas que alteren el procedimiento administrativo, cuando
este se haya iniciado o también cuando se está en pleno ejercicio de la misma actuación,
pues como se plantea en el presente caso el Consejo Superior de la UTCH, con su actuar
además de alterar la preexistencia de la ley sustancial, no aplico el principio de la
IRRETROACTIDAD DE LA LEY35, dado a que creo una norma que debió aplicarse a futuro,
y no dentro de un procedimiento administrativo eleccionario que como ya lo indicamos en
su momento se inició el 30 de abril del presente año con la elección de 2 miembros de la
corporación Exrectores y Directivas Académicas, esto con la norma que sirvió de motivación
o regulación, es decir, el acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011 (Estatuto Electoral)”.

103. Con relación a este cargo resulta necesario reiterar la postura que estableció
la Sala en decisión adoptada el 7 de abril de 202236 y reafirmada en sentencia de
28 de abril de 202237, a través de la cual concluyó que no está llamado a prosperar
en virtud de: i) la autonomía universitaria con la que cuentan las instituciones de
educación superior y; ii) la inclusión del voto electrónico previo a la convocatoria y

32
“Por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba”
33
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adicionan y derogan unos artículos”.
34
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente Art.
29 Constitución Política.
35
El principio de irretroactividad es el fenómeno que produce que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo. De
esta manera se asegura que dichos efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar el
ordenamiento jurídico de seguridad Sentencia C-619/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 11001-03-28-000-2021-
00053-00.
37
Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00052-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
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reglamentación en la elección de los representantes de los estudiantes, docentes y
egresados en el CSU.

104. Sobre el primer punto descrito, en dicha oportunidad se concluyó que dada la
autonomía que reviste a la UTCH, como institución de educación superior, ésta
puede “…darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos, siempre
que los mismos se encuentren conforme a la ley”.

105. En tal sentido, inicialmente mediante el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre
de 2011 el Consejo Superior de la UTCH profirió el Estatuto Electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó, el cual, como se manifestó en el párrafo 89 de
la presente decisión, buscó perfeccionar el proceso electoral con el fin de que los
votantes pudieran ejercer su derecho traducido en una “…expresión libre, espontánea
y auténtica de la comunidad universitaria y que los escrutinios sean el reflejo exacto de los
resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas”.

106. No obstante, de conformidad con el literal a) del artículo 11 del referido acuerdo
se estableció que la máxima instancia electoral es el Consejo Superior y conforme
al artículo 30, y corresponde al Comité Electoral de la Universidad fijar el
cronograma de la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que
representan los sectores y estamentos básicos, dentro de los cuales se encuentra
el correspondiente a los egresados.

107. Mediante el Acuerdo No. 0010 del 2 de julio de 2021, el Consejo Superior
como máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, adicionó el Acuerdo
No. 0021 del 21 de septiembre de 2011 e implementó el sistema de votación
electrónica con un marco de garantías electorales que se deben aplicar desde la
convocatoria hasta el cierre del proceso electoral.

108. Así pues, tal y como fue precisado en el aparte 2.4.2 de la presente
providencia, con el fin de autorizar, reglamentar y convocar la elección de los
representantes de los egresados el CSU profirió el Acuerdo No. 0011 del 12 de julio
de 2021 fijando el voto remoto o en línea como el mecanismo previsto para llevar a
cabo el proceso electoral. En consecuencia, dado que la convocatoria para la
elección de los representantes de los egresados se llevó a cabo en la fecha
anteriormente descrita, y la implementación del voto electrónico se estableció el 2
de julio de la misma anualidad -Acuerdo No. 0010 de 2021-, para esta Sección no
se vulneró el principio de irretroactividad de los efectos del acto administrativo
porque dicha modalidad de votación se implementó el 2 de julio de 2021 y la
convocatoria para la elección de los representantes de los egresados data de 12 de
julio de 2021. Entonces, es evidente que esta forma de votación ya estaba vigente
y podía ser aplicada en el procedimiento que se juzga, más aún cuando el mismo
parágrafo primero del artículo 1A del Acuerdo No. 0010 indicó que:

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“El acuerdo que convoque a elecciones, deberá determinar la modalidad de voto a
utilizar. En el caso que se determine la votación electrónica, la Universidad deberá
contar con los medios técnicos y tecnológicos necesarios para garantizar a todos los
miembros de la comunidad universitaria el derecho a elegir y ser elegido. De igual
manera, el acuerdo que convoque deberá reglamentar las elecciones mediante el voto
electrónico con el fin de asegurar que estas sean la expresión espontánea, libre y
auténtica de los estamentos y sectores universitarios convocados.”

109. En consecuencia, si bien el extremo accionante asimila el proceso de elección
del representante de los egresados, con el de los exrectores, directivas académicas
y sector productivo, aquel fue convocado y reglamentado mediante acuerdos
distintos, fijando parámetros diferentes frente al método de votación.

ii) ¿El censo electoral se conformó y se publicó en atención de las normas que
lo regulan?

110. La demandante afirmó que el 24 de agosto de 2021 fue publicado el censo
electoral de los egresados, sin embargo, identificó personas fallecidas e
inconsistencias en torno al envío de usuario y contraseñas de las personas aptas
para votar (más de una credencial de ingreso a un mismo elector), evidenciando la
fragilidad del proceso eleccionario.

111. En tal sentido, adujo que hubo una conformación irregular del censo electoral
ya que de conformidad con el artículo 6 literal e) del Estatuto Electoral, le
corresponde al Comité Electoral, “…avalar los listados de sufragantes habilitados para
cada elección”, sin embargo, este nunca definió lo que constituyó el censo definitivo;
si bien la jefa de la Oficina de Registro y Control de la UTCH remitió una base de
datos con los nombres de los egresados, el Comité no tuvo en cuenta que muchos
de los miembros allí incorporados habían fallecido, manteniendo su participación al
punto de registrar su voto.

112. Indicó que no fue puesto en conocimiento el listado definitivo tal y como lo
ordena el artículo 20 del Estatuto Electoral, ya que en el transcurso de la jornada
electoral, “…aún se continuaban asignando usuario y contraseñas a votantes para votar,
incluso en ocasiones a un mismo votante se le asignaron 2 y 3 contraseñas por lo que un
elector podía votar varias veces por el mismo sector, lo que refleja una transgresión al
artículo 40 constitucional, el cual debe ser remediado de forma inmediata por parte de las
autoridades electorales de la UTCH, ya que son las únicas responsables de todo el
procedimiento eleccionario en su interior.”.

113. Finalmente, frente a este cargo, manifestó que hubo una baja participación en
la jornada electoral, ya que de los 29.432 egresados habilitados para votar, solo
concurrieron 4.873, esto es un 16.55% de participación, resultado que obedeció a
circunstancias ajenas a los egresados.

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114. Agregó que solicitó ante el Comité Electoral que la elección debía ser
declarada nula, tal y como lo dispone el artículo 68 del Estatuto Electoral según el
cual “[c]uando en cualquier circunstancia de fuerza mayor se dejen de realizar las
elecciones en un potencial electoral superior al 50%, se anulará la totalidad de las
elecciones”, petición que no ha sido resuelta y por esta omisión se vulnera el artículo
23 de la Constitución Política.

115. Para resolver los anteriores reparos, la Sala pone de presente que respecto a
la conformación irregular del censo electoral y la omisión del Comité Electoral de
avalar el listado de sufragantes, resulta necesario estudiar la norma que fijó tal
exigencia:

“Artículo 6: El Comité Electoral tiene las siguientes funciones:

(…)

e. Avalar los listados de sufragantes habilitados para cada elección. (…)”.

116. Al respecto, en providencia de 3 de febrero de 202238, mediante la cual se
resolvió un caso con similares circunstancias fácticas, esta Sala Concluyó:

“(…) debe agregarse, que según el artículo 6°, literal e) del referido Estatuto, al Comité
Electoral le corresponde “avalar los listados de sufragantes habilitados para cada
elección”. De allí que de manera concordante el mismo cuerpo normativo indique que
es el encargado de publicar el censo, y por ende, que tiene un papel relevante en el
certamen democrático, lo que por cierto desvirtúa la afirmación que hizo dentro de la
presente actuación el presidente del anterior órgano colegiado el 2 de diciembre de
2021, consistente en que a éste “no le compete hacer revisión, validación, evaluación
o alguna interpretación del censo electoral certificado, puesto que el Estatuto en
comento, ya atribuyó la facultad en ese caso a la oficina de Talento Humano para que
lo expida; una vez expedido, la única opción que genera nuevas validaciones y
demás, al censo electoral certificado por la dependencia competente, es la
impugnación del mismo”.

131. En efecto, de manera inequívoca el Estatuto Electoral (art. 6°) le otorga al citado
Comité la responsabilidad de avalar “los listados de sufragantes habilitados para cada
elección”; esto es, de validar que las personas que fueron incluidas en aquellos por
parte del “Jefe de Talento Humano y la oficina de Admisiones, Registro y Control
Académico” (art. 20 del Estatuto Electoral), son las legitimadas para participar en la
jornada democrática, las llamadas a elegir uno de sus representantes, lo que a su vez
implica una verificación de los requisitos exigidos por las normas internas para tal
efecto, responsabilidad que resulta coherente con las funciones de resolver consultas,
quejas e impugnaciones acerca del desarrollo de los procesos, denunciar en forma
sustentada ante el Consejo Superior Universitario a los infractores de dicho estatuto

38
Consejo de Estado, Sección Quinta, 3 de febrero de 2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.: 11001-03-28-000-2021-00033-
00

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(literales i y j, artículo 6°39 del Acuerdo 0021 del 21 de septiembre de 201140) y ser la
autoridad ante la cual se puede recurrir, cuando alguna persona no aparezca en el
censo (arts. 20 y 22 del Estatuto Electoral).”

(…)En suma, no se evidencian razones para considerar que la omisión de la
publicación del listado de sufragantes por la autoridad que le competía tal
responsabilidad, en concreto haya significado el desconocimiento de los derechos de
los votantes o una afectación a la delimitación y sentido de la voluntad del electoral.
(…)

135. Estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el principio de la
eficacia del voto, según el cual como lo ha destacado esta Sección, “en los procesos
de índole objetiva, es decir aquéllos en los cuales de discute la ocurrencia de
irregularidades en la votación o en los escrutinios, el acto electoral solamente puede
ser anulado si se demuestra que dichas irregularidades tienen la incidencia de
modificar el resultado de la contienda electoral. De lo contrario, debe preservarse la
voluntad legítima mayoritaria de los electores”41.

117. Por su parte, el Acuerdo 0013 de 27 de julio de 2021 dispuso en su artículo 1º
modificar el artículo 11º del Acuerdo 0011 de 12 de julio de 202142, a través del cual
se fijó el calendario electoral así:

39
“ARTÍCULO 6. El Comité Electoral tiene las siguientes funciones: (...)
e. Avalar los listados de sufragantes habilitados para cada elección. f. Solicitar a la Rectoría todos los recursos logísticos para
el desarrollo de elecciones. (...)
i. Resolver consultas, quejas e impugnaciones acerca del desarrollo de los procesos electorales y de los candidatos electos
que sean de su competencia, o tramitar ante el Consejo Superior Universitario aquellas que por principio de autoridad no le
competen.
j. Denunciar en forma sustentada y por escrito ante el Consejo Superior Universitario a los infractores del presente acuerdo.
(...)”.
40
“Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 54001-23-
33-000-2016-00002-01.
42
“Por medio del cual se Autoriza, Reglamenta y Convoca la elección del Representante de los Estudiantes, Docentes y
Egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó y se dictan otras disposiciones”

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118. Por consiguiente, del calendario anteriormente transcrito se logra evidenciar
que la publicación del censo electoral para la votación del representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH, debía realizarse el 24 de agosto de 2021 (lo
cual ocurrió en dicha fecha de conformidad con lo expuesto en la demanda), y que
el periodo para hacer las reclamaciones respectivas a dicho censo fue del 24 al 26
del mismo mes y año. Así pues, es dable concluir que el censo sí se publicó en la
fecha prevista para tal fin, sumado a que se realizó con tres días de antelación a la
jornada electoral para que se pusieran en conocimiento las eventuales
irregularidades y poder adoptar las correctivos respectivos.

119. De la lectura de los artículos y el precedente transcrito, resulta indiscutible que
el comité electoral debe avalar el listado de sufragantes, más allá del deber de
publicación contenido en el art. 10 del Acuerdo 11 de 2021 y según el cual se deberá
publicar “con tres (3) días de antelación a las votaciones, haciendo difusión del
mismo en la página web de la Universidad”, la inconformidad frente a la
conformación del censo invocada fue analizada a la luz de la causal de nulidad de

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expedición irregular, es decir, como errores que antecedieron la formación del acto
de elección y que afectan su legalidad, de allí que por la naturaleza especial de la
decisión controvertida y el principio de eficacia al voto, como antes se explicó, deba
valorarse la incidencia de los yerros, so pena de sacrificar desproporcionadamente
la voluntad mayoritaria y la consecución de los intereses generales que se persigue
con las designaciones en la administración pública.

120. Ahora bien, luego de revisado expediente, fue posible establecer que no se
presentaron reclamaciones o solicitudes atinentes a la corrección del censo
electoral, circunstancia que permite concluir que la comunidad de egresados estuvo
de acuerdo con el censo publicado.

121. No sobra precisar que el censo electoral entendido como el registro de las
personas que tienen el derecho a ejercer su voto, conforme lo dispuesto en el
artículo 20 del estatuto electoral de la institución académica, según el cual “(…)
todos los actores de los estamentos y sectores universitarios podrán votar siempre
que se encuentren en el listado oficial del censo electoral (…) ”, debe ser
depurado por la autoridad electoral, por ser esta es una función que tiene asignada,
antes de la celebración de la correspondiente jornada electoral, con la finalidad de
excluir a las personas que por las circunstancias que sean demostradas en su
oportunidad (fallecimiento, múltiple registro, cédula no vigente, por ejemplo) no
deben ni pueden integrar dicha base de datos y, en consecuencia, tampoco podrán
hacer parte del debate electoral.

122. Ahora bien, realizada la mentada depuración y cumplida la exigencia del
parágrafo primero ejusdem, que impone la exposición pública del censo en la página
web de la universidad, se materializa la garantía constitucional del derecho al voto
dentro del estamento y surge correlativamente el deber electoral del egresado,
consistente en que suministre los datos personales que se requieren para el idóneo
ejercicio de su garantía al voto, lo que no exime ni traslada la responsabilidad que
recae en la entidad, en este caso, en la institución universitaria de verificar la
vigencia de las direcciones email de sus egresados.

123. Así las cosas, la Sala concluye que si bien la universidad le corresponde
atender sus obligaciones respecto al censo electoral también deberá el elector
suministrar la información necesaria para que pueda ser informado del proceso
electoral y de la forma de ejercer su derecho al voto.

124. De igual forma, debe ponerse de presente que al expediente se allegó copia
del oficio remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC - el 24 de
marzo de 202243, mediante el cual dio respuesta a la petición que se realizó de

43
Índice 36 Samai.

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acuerdo con la prueba decretada en procura de determinar si de conformidad al
listado de personas allegado por la parte actora con la demanda, éstas habían
fallecido, del cual se concluye que:

125. De las 46 personas consultadas por la RNEC:

I. No aparece información de 18 de ellas.44
II. 25 personas se reportan como fallecidas.
III. 1 persona tiene cédula vigente.
IV. 1 persona tiene multiplicidad de homónimos.

126. Valga precisar que durante el traslado de dicha prueba no hubo
pronunciamiento alguno de las partes.

127. Por lo tanto, analizado el oficio remitido por la RNEC, si bien es cierto,
actualmente se tiene certeza que 25 de las personas allí relacionadas han fallecido
y que, en efecto, hacen parte del censo electoral fijado para la elección del
representante de los egresados, como lo comprobó la Sala al hacer el respectivo
cruce de información (censo – respuesta de la RNEC), por lo cual, se debe
manifestar que del expediente no es posible determinar si ellos hubiesen votado,
toda vez que, tal y como fue expuesto por la accionante en la demanda, de los
29.432 egresados habilitados para votar, solo concurrieron 4.873, esto es un
16.55% de participación, razón por la cual no se puede establecer con certeza que
los 25 fallecidos, si hayan sufragado el día de las elecciones, ya que no reposa en
el expediente registro de quienes votaron ese día.

128. No obstante, aun cuando hubiese una prueba que permitiera determinar que
ellos sí votaron, debe advertirse que la diferencia de votos entre la demandante45 y
el señor Edwar Mena Romaña46 es de 2.855 votos, por tanto, los 25 votos en
controversia no tendrían la entidad suficiente para cambiar el resultado de las
elecciones ya que fueron los únicos que participaron en la contienda, es decir que
así se incurra en dicho yerro, el mismo, por sí solo, no implicaría la nulidad de la
elección que se dice ilegal.

129. Por otra parte, tampoco fue probado en el proceso, que durante la jornada
electoral se siguiesen asignando usuarios y contraseñas para votar, tal y como lo
afirma la accionante, por lo tanto, esta Sala no encuentra sustento que dé certeza
a tal afirmación, motivo por el cual no puede determinar la ocurrencia de esta
irregularidad.

44
La información suministrada por la accionante se limita a precisar los nombres, imposibilitando la búsqueda con más
información, como el número de identificación.
45
1.009 votos obtenidos.
46
3.864 votos obtenidos.

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Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

130. En conclusión, las irregularidades que tuvieron lugar frente al censo electoral,
en el trámite de la designación enjuiciada, relacionadas con la inclusión de personas
fallecidas no tuvieron la incidencia necesaria para predicar que aquélla debe ser
excluida del ordenamiento jurídico.

131. Adicionalmente manifestó que hubo una baja participación en la jornada
electoral, ya que de los 29.432 egresados habilitados para votar, solo concurrieron
4.873, esto es un 16.55 % de los habilitados, resultado que obedeció a
circunstancias ajenas a los egresados.

132. En este sentido, indicó que de conformidad con el artículo 68 del Estatuto
Electoral dicha elección debió declarase nula, ya que “Cuando en cualquier
circunstancia de fuerza mayor se dejen de realizar las elecciones en un potencial electoral
superior al 50%, se anulará la totalidad de las elecciones”, petición que la demandante
elevó ante el Comité Electoral el 3 de septiembre de 2021, aludiendo “…muchos de
los egresados no pudieron ejercer su derecho al voto inclusive realizando nuevamente la
solicitud de usuario y contraseña” y que “… no cumplen con las mínimas exigencias que
se establecieron en los acuerdos expedidos por la universidad tecnológica del chocó. Una
violación más a sus propias normas” afirmando que la solicitud se encuentra sin
resolver.

133. Sin embargo, revisados los antecedentes administrativos47 del acto
demandado allegado al plenario, se corroboró que mediante oficio dirigido a la
demandante el 6 de septiembre de 2021 a su correo electrónico, el presidente y el
secretario del Comité Electoral dieron respuesta a dicha petición, en los siguientes
términos:

I. Del censo electoral de los egresados, únicamente se encuentra registrado el
correo electrónico de 17.736 personas.
II. Frente a las solicitudes de credenciales de acceso presentadas el día del
proceso electoral, la universidad además de dar respuesta a estas, realizó
un reenvío masivo de credenciales a más de 16.000 egresados, junto con el
link público donde podían visualizar el resultado de las votaciones.
III. La universidad cumplió con su deber de informar el mecanismo de votación
y el proceso a realizar, contactando a cada uno de los egresados que
contaban con correo electrónico actualizado en la base de datos de la
institución. Sin embargo, en muchos casos los correos ya estaban en desuso,
o simplemente la comunicación llegaba a la bandeja de spam/ no deseados/
otros.
IV. Frente a la petición de nulidad establecida en el artículo 68 del Estatuto
Electoral, la norma establece únicamente como causal de nulidad la fuerza
mayor, por lo tanto de acuerdo a los criterios de “…imprevisibilidad,

47
Índice 22 de Samai.

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imposibilidad, hechos de terceros y sucesos producto de la naturaleza (…), no
puede, en ninguna manera, considerarse como tal, un hecho que nunca ocurrió,
como es «inconvenientes tecnológicos» y tampoco, el «el (sic) porcentaje de
votantes por debajo del 50%, atribuible, según usted, a la falta de usuarios y
contraseñas; toda vez, que las credenciales no son un hecho imprevisible, y el
actuar de la administración frente a la generación de los mismos lo explica per se».”.
Por lo tanto, concluyó que no puede considerarse tales hechos como
circunstancias de fuerza mayor como lo exige el estatuto para la prosperidad
de esta petición anulatoria.

134. Así pues, contrario a lo expresado por la accionante, el Comité Electoral sí dio
respuesta a su petición y le explicó con suficiencia los criterios necesarios para
poder decretar la nulidad del proceso eleccionario en aplicación del artículo 68 del
Acuerdo 0021 de 2011, esto es, ante la ocurrencia de una circunstancia de fuerza
mayor que no se encontró configurada.

135. En tal sentido, para la aplicación de dicha disposición es necesaria la
ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor, razón por la cual, resulta
necesario definir dicho concepto.

136. Esta Sala ha definido la fuerza mayor así:

“En lo que respecta a la fuerza mayor, es del caso precisar que el artículo 64
del Código Civil Colombiano establece que «se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.».

A su turno, esta Corporación ha indicado que la fuerza mayor es causa extraña y
externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e
imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño.”48

137. Teniendo en cuenta la definición anterior, para la configuración de la causal de
nulidad contenida en el artículo 68 del Acuerdo 0021 de 2011, no solo era necesario
invocarla, sino además poder establecer la ocurrencia del “hecho conocido, irresistible
e imprevisible”, y que este haya afectado en más del 50% el potencial electoral,
circunstancia que no fue posible establecer de los argumentos y pruebas allegados
por la demandante.

138. Así las cosas, reiterando que la petición de nulidad presentada en sede
administrativa se limitó a exponer reparos relacionados con los usuarios y las
contraseñas de los votantes y la presunta ocurrencia de fallas técnicas durante la
jornada electoral, es lo procedente concluir que de conformidad con las definiciones

48
Consejo de Estado, Sección Quinta, 25 de septiembre de 2019, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.: 23001-23-33-000-
2019-00010-01, acumulado 23001-23-33-000-2019-00006-01.

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antes relacionadas del concepto de fuerza mayor, ninguna de ellas permiten su
configuración, lo que conllevó a que la negativa de la UTCH en este sentido resulte
debidamente proferida y debe agregarse que incluso en sede judicial, la
demandante no dio cuenta de alguna situación que configurara la afectación
superior del 50% del potencial electoral, por estas razones, en los términos del
artículo 68 del Acuerdo 0021 de 2011 (Estatuto Electoral).

139. En conclusión, si bien no fue demostrado en el proceso haberse desarrollado
la función de avalar el censo, por parte del comité electoral, lo cierto es que de las
pruebas aportadas, junto con el oficio remitido por la RNEC, solo fue posible
establecer que el yerro frente a la indebida conformación del censo radica en la
existencia de 25 personas fallecidas y 18 adicionales de las cuales no se tiene
información, razón por la cual aun existiendo tal inconsistencia, la misma no tiene el
potencial suficiente para modificar el resultado de la votación, toda vez que los votos
obtenidos por la accionante fueron 1.009 contra 3.864 obtenidos por el demandado.

140. Sin perjuicio de todo lo anteriormente considerado y en atención a la
responsabilidad del ente universitario de mantener actualizado el censo, como se
indicó en precedencia (véanse apartados 120 y 121), esta Sala encuentra necesario
exhortar al Comité Electoral de la UTCH realizar una depuración del censo para las
próximas elecciones de los representantes del CSU, para lo cual deberá retirar del
censo las personas fallecidas y no identificadas, y actualizar la información de
dirección del correo electrónico de todos los estamentos a elegir con el fin de que
no se vuelvan a presentar circunstancias como las acaecidas en el caso sub
examine.

iii) ¿El proceso de asignación de usuarios y claves a los votantes generó que
una misma persona pudiera votar en repetidas ocasiones o que algunas no
pudieran sufragar?

141. La señora Palacios Robledo indicó que “…en cuanto a la publicación definitiva del
censo electoral como lo ordena el artículo 20 del estatuto electoral, debemos señalar que
nunca existió una publicación definitiva del censo electoral, dado a que en el transcurso de
la jornada electoral, es decir, el día de las elecciones aún se continuaban asignando usuario
y contraseñas a votantes para votar, incluso en ocasiones a un mismo votante se le
asignaron 2 y 3 contraseñas por lo que un elector podía votar varias veces por el mismo
sector, lo que refleja una transgresión al artículo 40 constitucional, el cual debe ser
remediado de forma inmediata por parte de las autoridades electorales de la UTCH, ya que
son las únicas responsables de todo el procedimiento eleccionario en su interior”.

142. Sobre tal afirmación, esta Sala no encontró argumentos ni pruebas que
permitan establecer que efectivamente ocurrieron tales hechos. Si bien la
accionante manifestó el acontecimiento de tal circunstancia, resulta imposible dar
por cierto una mera afirmación, la cual no cuenta con respaldo probatorio o indicio

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que posibilite establecer la veracidad de la misma. Razón por la cual, se despachará
negativamente el cargo. Por el contrario, como ya se demostró en esta misma
providencia el censo electoral definitivo sí fue publicado el 24 de agosto de 2021,
tal y como lo ordena el Acuerdo 0011 y 0013 de 2021, sin determinar que se haya
permitido el voto múltiple a un mismo elector.

iv) ¿Existió alguna irregularidad al informar los resultados finales de la jornada
electoral?

143. Sobre el particular indicó que al momento del cierre de la jornada electoral, es
decir a las 8:00 pm, el funcionario encargado de la Oficina de Sistemas y Soporte
Técnico de la UTCH, fue grabado en video por un testigo electoral, haciendo lo que
a juicio de la accionante, corresponde al fraude electoral, esto es “cuando el ingeniero
encargado de manipular los equipos electrónicos de la votación en línea, desconecta de
forma maliciosa los cables del sistema que reflejaría la votación y en ese cambio de cables
que dura menos de 2 minutos, se enciende nuevamente la pantalla y de inmediato se
reflejan los resultados que ya todo mundo esperaba, pues para nadie era un secreto que
estas elecciones virtuales fueron una gran estafa a la comunidad universitaria.”.

144. También se allegó con la demanda dos archivos de video 49, los cuales
contienen la charla de personas, no identificadas, en donde informan 50:

a) Video 1: “(…) unos pequeños impases, si son un pequeño impase pero eso no
afecta en nada el resultado, pero sí tenemos que decir hoy, que la universidad
cumplió, y cumplió porque aquí estamos… aquí estamos esperando el resultado
final. Hay un pequeño impase en la pantalla, esperemos que el resultado… Ya la
pantalla se está activando de nuevo. Donde podríamos decir que el resultado final
es de 16,7 votos válidos y 82,3 son los votos faltantes. Entonces profesora
Yeudith, es la democracia y no sabemos si la ganadora haya sido usted o haya
sido el profesor Edwar. De todas maneras, pensemos en la universidad profesora
Yeudith. Usted que fue mi alumna”.

Voz femenina de fondo-VFF51-: “y de las buenas”

Continúa el interlocutor inicial-II-: “Le pido muy respetuosamente, cual sea el
resultado, muy respetuosamente aceptémoslo. Que gane el mejor, el que haya hecho
su trabajo. Aquí no es de ir… ¡¡A bueno!! Ahí está el resultado”.

VFF: “O sea, ¿ya terminó el conteo?, mamacita”.

II: “Mire, el resultado: Yeudith Palacios Robledo 20,46%. El profesor Edwar 78,46%.
Para un total de 3.834 votos para el profesor Eduard”.

49
Índice 3 SAMAI.
50
Transcripción literal del video (sic a todas las citas).
51
Aparentemente es la señora Yeudith Palacios Robledo. Aunque no se ve en el video, se deduce por la charla sostenida.

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VFF: “Todo estuvo en oscuras y presentaron el resultado final, nadie vio el cargue.
Yo no lo vi y espero que la procuraduría tome vista que estuvo apagado y no hubo
cargue. Gracias. No hubo cargue, no hubo cargue…”52.

b) Video 2: “2021-2024, el conteo regresivo: faltan 3 minutos y 1 segundos para que
sean las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche estaremos dando el cierre oficial
por parte del Comité Electoral del proceso de elecciones en línea de la UTCH hoy 27
de agosto. El conteo regresivo, 2 minutos y 43 segundos. A partir de las 8 se hará
oficial el cierre de las elecciones y luego de unos minutos estaremos dando a conocer
los resultados oficiales por parte también del Comité Electoral, para el caso de los
candidatos: tarjetón número 1 para la doctora Yudith Palacios Robledo. Tarjetón
número 3 para el doctor Edwar Mena Romaña. A esa hora pues, estaremos
conociendo cada uno que porcentaje de votación sacó en este proceso eleccionario
que escoge a uno de los dos como el representante de los egresados ante el CSU…
(ruidos inaudibles), faltan minuto y cincuenta segundos para que le den la oportunidad
a uno de los integrantes del Comité Electoral (ruidos inaudibles)… para que
oficialmente de la orden de cierre del proceso electoral que se llevó a cabo hoy en las
instalaciones de la ciudadela universitaria, concretamente en la biblioteca de la UTCH.
Conteo regresivo, falta minuto veinte segundos para dar cierre a este proceso de
elecciones que entregó unos porcentajes que ya están allí en la plataforma, como se
puede observar. Y ustedes estarán conociendo y mirando a través de nuestras
páginas comunicacionales de Facebook Live, conociendo los resultados oficiales y
mirando lo que arroja la plataforma en cuanto a los dos candidatos que aspiran pues,
a este escaño en el CSU de la UTCH. Conocemos el porcentaje de votación y
entonces vamos a darle pues, el cierre oficial los resultados para cada aspirante. Ya
faltan treinta segundos, vamos a dar paso exactamente cuando sean las 8 en punto
a uno de los integrantes del Comité Electoral para el cierre oficial de este proceso de
elecciones en línea, voto electrónico que implementó la UTCH para escoger el
representante de los estudiantes, docentes y el representante de los egresados ante
el CS. TRES… DOS… UNO …. CERO… Entonces damos paso, la oportunidad al
fiscal del Comité Electoral William Romaña Mena. Don William, cuéntenos…”.

William Romaña Mena (Fiscal del Comité Electoral)- WRM53: “Sí, ya se cerró
el proceso. Primero que todo aprovecho esta oportunidad para darle gracias al todo
poderoso por permitirnos estar aquí. También darle gracias a la UTCH que se arriesgó
en tomar la decisión de hacer unas elecciones virtuales que a pesar de que todos
sabíamos que no iba a ser fácil, fue un proceso que yo diría que si lo evaluamos de 1
a 10: 8. Porque no podemos olvidar que la universidad ha jugado un papel protagónico
en el desarrollo del Chocó. Y sucede que no (palabra inaudible) lo bueno que ha
hecho la universidad, sino que nos dedicamos a criticar. Y nosotros, yo lo digo porque
soy egresado de la UTCH y gracias a la UTCH he avanzado y hoy me atrevo a decir
que tanto la profesora Yeudith como el profesor Edwar, ambos tuvieron todas las

52
En el video se observa una pantalla con una cuenta regresiva para dar el resultado de la votación, y una persona de la cual
no se conoce la identidad, utilizando un computador. Posteriormente se enfoca la pantalla con el resultado final sin que se
pueda dilucidar con precisión la información allí contenida por el movimiento de la cámara.
53
Se logra identificar que es él ya que responde al llamado del interlocutor inicial luego de que lo presenta para que intervenga
indicando el resultado final de las elecciones.

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garantías. Y estoy contento porque la profesora Yeudith hoy estuvo en todo, desde
que inicio la votación hasta que terminó. Ella podrá decir que vio de bueno y que vio
de mal. Aquí todo salió como se programó. Se presentaron unos pequeños impases,
si son un pequeño impase pero eso no afecta en nada el resultado…”.

Voz femenina de fondo-VFF54-: “en este momento, no ha empezado el conteo y
la pantalla se apagó. Error del método, hay un pequeño error”.

WRM: “Ya la pantalla se está activando de nuevo. Donde podríamos decir que el
resultado final es de 16,7 votos válidos y 82,3 son los votos faltantes. Entonces
profesora Yeudith, es la democracia y no sabemos si la ganadora haya sido usted o
haya sido el profesor Edwar. De todas maneras, pensemos en la universidad
profesora Yeudith. Usted que fue mi alumna”.

Voz femenina de fondo-VFF55-: “y de las buenas”

WRM-: “Le pido muy respetuosamente, cual sea el resultado, muy respetuosamente
aceptémoslo. Que gane el mejor, el que haya hecho su trabajo. Aquí no es de ir… ¡¡A
bueno!! Ahí está el resultado”.

VFF: “O sea, ¿ya terminó el conteo?, mamacita.”

WRM: “Mire, el resultado: Yeudith Palacios Robledo 20,46%. El profesor Edwar
78,46%. Para un total de 3.834 votos para el profesor Eduard”.

VFF: “Todo estuvo en oscuras y presentaron el resultado final, nadie vio el cargue.
Yo no lo vi y espero que la procuraduría tome vista que estuvo apagado y no hubo
cargue. Gracias. No hubo cargue, no hubo cargue… Gracias a los entes de control
que hayan hecho el video…. Ahí no hubo cargue…”56.

145. Según la jurisprudencia de la corporación “…de conformidad con lo establecido
en el artículo 243 del Código General del Proceso aplicable al caso por remisión de los
artículos 296 y 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las videograbaciones como las que ahora son objeto de controversia son
documentos y, por tanto, son susceptibles de ser valorados dentro de los procesos
judiciales. (…) [E]l primer requisito que se debe cumplir para la conservación de este tipo
de documentos es que la información sea accesible para su posterior consulta, en este
caso, aunque existe un video que fue aportado al expediente en un disco compacto, lo cierto
es que, el principal motivo de controversia es que la fuente original del mismo ya no puede

54
Aparentemente es la señora Yeudith Palacios Robledo. Sin embargo, no se puede ver en el video, se deduce por la charla
sostenida.
55
Aparentemente es la señora Yeudith Palacios Robledo. Sin embargo, no se puede ver en el video, se deduce por la charla
sostenida.
56
En el video se observa una pantalla con una cuenta regresiva para dar el resultado de la votación, y una persona de la cual
no se conoce la identidad, utilizando un computador. Posteriormente se enfoca la pantalla con el resultado final sin que se
pueda dilucidar con precisión la información allí contenida por el movimiento de la cámara.

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ser consultada por cuanto la página de Facebook donde estaba alojado, fue hurtada.
Además, el video tampoco se conservó en el lugar en que se generó originalmente toda vez
que fue grabado en vivo y conservado en una página de Facebook y el video que obra en
el expediente fue descargado en un disco compacto cuya integridad y autenticidad pone en
duda el demandado. Adicionalmente, no se conservó la información que permitiera
determinar el origen, destino y fecha y hora del mensaje. Es decir, contrario a lo afirmado
por el apoderado del recurrente y tal y como lo señaló el perito que rindió el dictamen pericial
aportado por el demandado, el video en cuestión no reúne los requisitos exigidos por la Ley
527 de 1999 para su debida conservación, razón por la cual no puede ser tenido como
plena prueba dentro del proceso. (…). [E]s claro que no pudo despejarse el manto de duda
que se sembró sobre su autenticidad e integralidad y por ende, no puede afirmarse que
dicho video, ofrezca grado de certeza, como lo ha exigido clásicamente la jurisprudencia de
esta Sección (…).”57.

146. De igual forma, se debe precisar que las videograbaciones se encuentran
previstas, de conformidad con el artículo 243 del Código General del Proceso, como
un documento con valor probatorio, por tanto, este debe ser analizado como tal.

147. En consecuencia, el artículo 244 de dicha disposición normativa estableció,
que como requisitos para que los documentos generen los efectos probatorios para
los que fueron puestos en conocimiento por las partes, es necesario lograr
evidenciar de los mismos quién los elaboró, para precisar la persona a quién se le
atribuya el documento.

148. Así pues, dado que los videos, hoy parte de la controversia, fueron puestos en
conocimiento de las partes procesales, y que estas no realizaron manifestación
alguna frente a la autenticidad o certeza de la información contenida en ellos, estos
se presumirán auténticos y serán considerados para la toma de la presente decisión.

149. Sin embargo, aunque los videos contenidos en la demanda actualmente se
consideran documentos auténticos, revisado su contenido, se debe concluir que no
es posible establecer el presunto fraude electoral aducido por la accionante.

150. En efecto, de acuerdo con lo antes transcrito se concluye que hubo un espacio
de tiempo durante el cual la pantalla en la que se transmitían los resultados presentó
alguna falla, no obstante, la misma se solucionó y en todo caso de dicha falta técnica
de proyección no es procedente concluir que se incurrió en fraude electoral, incluso
valga precisar que la información que finalmente se suministró coincide con la
registrada en el boletín final No. 5 de 27 de agosto de 2021, con el que concluyó el
proceso de escrutinio.

57
Consejo de Estado, Sección Quinta, 21 de octubre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 47001-23-33-000-
2020-00075-01.

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151. Si bien la accionante puso en conocimiento del Comité Electoral los hechos
sucedidos al momento de emitir el resultado de la votación, los cuales no fueron
más allá de la falta de energía en la pantalla donde se transmitieron los resultados,
tal circunstancia fue resuelta en sede administrativa mediante el oficio de 6 de
septiembre de 2021, suscrito por el presidente y el secretario del comité electoral,
por parte de dicho ente de control, en el sentido de no acceder a la nulidad de la
elección requerida.

152. En conclusión, el presente cargo no tiene vocación de prosperidad dado que
no se logra establecer de los documentos aportados alguna irregularidad que
pudiese afectar el resultado electoral y tampoco que vicie el acto que se pide anular.

v) ¿No permitir una auditoría externa al software de votación deviene en
desconocimiento de norma superior?

153. Por último, argumentó se alega que se vulneró el contenido de la Ley 1712 de
201458, porque no se autorizó realizar la auditoría externa al software que sirvió de
herramienta a la plataforma de Academusoft a fin de determinar las fallas o
irregularidades que no permitieron ejercer el voto a algunos de los egresados y
respecto de las inconsistencias en los resultados informados.

154. Al respecto sobre este punto, esta Sala de Decisión en sentencia proferida el
7 de abril de 202259, la cual se reiteró el fallo de 28 de abril de 202260, mediante la
cual se resolvió una controversia suscitada en la elección del representante de los
profesores ante el CSU de la UTCH, concluyó lo siguiente:

“En cuanto a la petición de que se realizara otra auditoría diferente a la contratada por
la universidad, debe decirse en primer lugar que la universidad no está obligada a
ello, y además la parte actora no concretó o especificó las irregularidades que se
presentaron en el proceso eleccionario, así como tampoco mencionó alguna en el
informe que presentó la auditoría contratada para concluir que era necesaria otra,
para poder determinar si la jornada electoral fue o no exitosa. Por el contrario, en el
expediente obran pruebas que demuestran que la misma se llevó a cabo sin
contratiempos.

Ahora bien, frente a este punto, en la demanda también se indicó que por las
irregularidades presentadas, la subdirectora de la Oficina de Inspección y Vigilancia
del Ministerio de Educación conminó al Consejo Superior que se abstuviera de
continuar con el proceso eleccionario.

(…)

58
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, 7 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.: 11001-03-28-000-2021-
00053-00.
60
Consejo de Estado, Sección Quinta, 28 de abril de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad.: 11001-03-28-000-2021-
00052-00.

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Finalmente, en cuanto a la supuesta violación al principio de transparencia frente a
las peticiones de información de registro a la entrada y página del servidor, IP de
ingreso, y registro de votantes, de las pruebas antes mencionadas se tiene que la
Universidad indicó que la misma tenía carácter reservado según lo contemplado en
la Ley 1712 de 2014, 1755 de 2015, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377
de 2013 y el Acuerdo 0035 de la 2018 de la UTCH, al contener datos personales de
todos los votantes.

Al respecto, esta Sala advierte que dicha respuesta fue entregada en términos
generales, de manera que no se concretó cuál información tenía carácter reservado
y cuál no, puesto que se hicieron 3 requerimientos: (i) registro a la página de entrada
y del servidor donde se encuentra alojado el aplicativo o plataforma (ii) IP de ingreso,
y (iii) registro de votantes de la jornada electoral. A su vez, no se detalló qué tipo de
información personal podía tener cada una de esas solicitudes, y por el contrario se
advierte que lo que el peticionario quería conocer era qué personas se registraron
para votar y cuáles efectivamente ejercieron ese derecho, información que no se
advierte reservada, más cuando el censo electoral se hizo público.

Así las cosas, es claro que al no haberse dado una respuesta clara de las razones
del contenido de la información personal de los votantes, así como al no haberse
indicado si todas las solicitudes o alguna de ellas implicaba esa reserva, y por tanto
se entregara aquella que no gozara de reserva, se advierte que se vulneró el principio
de transparencia.

No obstante lo anterior, y a pesar de esa irregularidad, esta Sala no encuentra que la
misma tenga la entidad de incidir en los resultados de la elección, puesto que de todas
las pruebas que obran en el expediente no se encuentra demostrado que el proceso
electoral hubiera tenido fallas, sino que, por el contrario, de los informes y boletines
parciales y final se evidencia que la jornada electoral fue llevada a cabo de manera
exitosa, con una votación de más del 94% de las personas registradas en el censo
electoral.”

155. En conclusión, esta Sala de decisión no encontró demostrado en el proceso
los supuestos de hecho frente a las presuntas irregularidades originadas en la
jornada electoral que pudiesen afectar el resultado de las votaciones. Por lo tanto,
se negarán todas las pretensiones de la demanda.

156. Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

FALLA:

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: EXHORTAR al Comité Electoral de la UTCH realice una depuración
del censo para las próximas elecciones de los representantes del CSU, para lo cual
deberá retirar del censo las personas fallecidas y no identificadas, y actualizar la
información de dirección del correo electrónico de todos los estamentos a elegir,
con el fin de garantizar la mayor participación posible.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yeudith Palacios Robledo
Demandado: Edwar Mena Romaña, representante de los
egresados ante el CSU de la UTCH
Rad: 11001-03-28-000-2021-00067-00

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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