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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00174-00

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00174-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO.- Decla rar no probada s las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el INPEC y de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. SEGUNDO.- Decla rar de oficio la e xcepción ineptitud sustantiva parcial de la demanda, frente a la pretensión de nulidad de la Resolución 03988 de 5 de octubre de 2011, suscrita por el director 56Sentencia esta Subsección, de 10 de octubre de 2018, en el proceso radicado 110010325000201100279 00 (1006-2011), con ponencia del Dr. William Hernández Gómez. www.consejodeestado.gov.co 31 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012) Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez administrativo y f inanciero del Instit uto Nacional Penitenciario y Carcelario -I NPEC- por la que se o rdenó el retiro del servicio activo, entre otros, del demandante por destitución. TERCERO.- Decla rar la ocurrencia del fenómeno jurídico de la sustracción de materia frente a las pretensiones de nulidad formuladas por el señor Iván Darío Martínez Rodríguez contra la Nación, Procuraduría General de la Nación y el INPEC, en consecuencia , esta Sala se abstiene para pronunciarse de fondo sobre la s mismas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda, en atención a lo señalado en la parte considerativa. QUINTO.- Sin condena en costas . SEXTO.- En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2012-00174-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Dere cho
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750 -2012)
Accionante: Iván Darío Martínez Rodríguez
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación -
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC.

Temas: Revocatoria de de cisión sancionatoria -
restablecimiento del derecho - Decret o 01 de 1984

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
procede a dictar sentencia de única instancia, dentro del proceso
de la referencia, promovido por el señor Iván Darío Martínez
Rodríguez contra la Nación – Procuraduría General de la Nación –
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -I NPEC-.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1
2.1.1. Pretensiones

2. El señor Iván Darío Martínez Rodríguez, a través de apoderado,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artícu lo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Nació n - Procuraduría G eneral de la
Nación y el Institu to Nacional Penite nciario y Carcelario -INPEC -,
con el objeto de obtener la nulidad parcial de los siguientes actos
administrativos de carácter discip linario:

1 Ff. 89 y s.s.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012)
Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

(i) La decisión sa ncionatoria de pri mera instancia de 12 de
abril de 2011 , proferida por la Procuraduría Regional de Norte
de Santander, a través de la cual, se declaró
disciplina riamente responsable, entre otros, al demandante,
por la comisión de las faltas gravísimas establecidas en los
literales a) y j) 2 del parágrafo 4.° del artículo 48 de la Ley 734
de 2002 y se le impuso la sanción disciplinaria de destitución
e inhabilidad para ejercer cargos públicos, funciones públicas,
prestar servicios a cargo del Estado o co ntratar con éste por
el término de 10 años.

(ii) La decisión s ancionatoria de s egunda instancia de 11
de agosto de 2011 proferida por la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa, que confirmó la
decisión inicia l.

(iii) La Resol ución 03988 de 5 de octubre de 2011, dictada
por el director administrativo y financiero del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- por la qu e se
ordenó el retiro del servicio activo, entre otros, del
demandante por destitución.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene
a la Nación – Procuraduría General de la Nación y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carce lario -I NPEC-a lo sig uient e:

(i) Reintegrar al demandante al mismo cargo y grado que
ostentaba o a otro de igual o superior categoría, sin solución de
continuidad.

(ii) Reconocerle y pagarle las sumas y prestaciones dejadas de
percibir por concepto de ejecución de las decisiones
disciplina rias que impusieron su destitución, como son los
«sueldos, primas de servicio, p rimas de navidad, primas de orden
público, de antigüedad, etc, que en todo tiempo devengue un

2 «Artículo 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos
que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las
instituciones penitenciarias y carcelarias:

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;
[…]
j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de
vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente,
bloquear el acceso a los establecimie ntos, obstaculizar visitas de abogados o
visitas de otra índole legalmente permitidas;
[…]».
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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

funcionario del INPEC en servicio activo, entre la fecha de su
destitución y aq uella en que se produzca su reintegro o
reincorporación […]».

(iii) Pagarle por concepto de daños extrapatrimoniales, «o
perjuicios morales subjetivados», la suma equivalente a 100
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(iv) Da r cumplimiento a la s entencia en los té rminos de los
artículos 176, 177 y 178 del CCA.

2.1.2. Hechos 3

4. En síntesis, los hechos relevantes son los siguientes:

5. El señor Iván Darío Martínez Rodrígue z ingresó al INPEC como
dragoneante desde el 21 de septiembre de 1988 y durante su
servicio no fue objeto de quejas o llamados de atención.

6. El 9 de noviembre de 2010, en horas de la noche, fue
comisionado por el comando de vigilancia para realizar una
remisión el día siguiente con el fin de trasladar, con otro
compañero, a un interno de alta peligrosidad como es Carlos Andrés
Palencia, alias «Visaje», a la ciudad de Montería.

7. El día del traslado llegaron más temprano de lo habitual para
conocer los detalles del traslado, pero no recibieron instrucciones
por parte de qu ien estaba a cargo, como era el teniente Rafael
Armando Montaña Cely, sino que un compañero de su mismo rango
«Páez Huber» les entregó los papeles, reclamaron el armamento,
la hoja de vida del interno y con el personal que estaba de guardia
que estaba disponible se dispuso una escolta para trasladarse al
aeropuerto Camilo Daza, sin apoyo de la Fuerza Pública u operativo
o por lo menos instrucciones para proceder a la llegada a la ciudad
de Montería.

8. El demandante y su compañero partieron para la ciudad de
Montería haciendo escala en la ciudad de Bogotá, donde estuvieron
por 5 horas, sin contar con apoyo por parte del INPEC sin
armamento.

9. Luego al llegar al aeropuerto de Montería se dirig ieron a un
miembro de la Policía a quien le manifestaron que traían un «vuelo
jurídico» para que les informara que debían hacer; ella les entregó

3 Folios 2 y s.s.
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el armamento y les indicó que esperaran en la sala de espera, ya
que ella no contaba siquiera con un radio.

10. Para llegar allí debían desplazarse por 80 metros en un espacio
abierto, mientras llovía fuertemente; no encontraron apoyo de la
Policía, ni la Dirección del INPEC de esa ciudad que indicó que no
tuvo conocimiento de su llegada, procedimiento que debió coo rdinar
la Dirección de la P enitenciaría de la ciudad de Cúcuta o el teniente
Montaña, responsable de esa clase de operativos en la ciudad.

11. Al verificar que no contaban con algún apoyo decidieron abordar
un taxi pues no podían quedarse en ese aeropue rto con un interno
de esa peligrosidad, pues sabían que no llegarían a recogerlos y
que debían llegar por sus propios medios ya que ello sucedió en
otras oportunidades a otros compañeros y «el INPEC aprobaba esta
conducta pues en alguna oportunidad pagaron el costo de la carrera
de taxi que algunos compañeros gastaron al momento de otras
remisiones».

12. Transcurridos unos minutos luego de abordar el taxi fueron
interceptados por una camioneta de la cual se bajaro n hombres
fuertemente armados quienes «los encañonaron, los amenazaron
de muerte y finalmente rescataron al interno a quien subieron a otro
carro y emprendieron la huida, mientras que al demandante y su
compañero los retuvieron el taxi y dos hombres subieron a este y
obligaron al taxista llevarlos por un camino destapado donde los
tuvieron por más de 4 horas».

13. Por lo anterior, se dio inicio a una investigación disciplinaria,
que dada la peligrosidad del interno, fue de trascendencia nacional,
sin centrarse en la investigación sino en el juzgam iento a efectos
de encontrar responsables, sin examinar a los altos mandos, en
quienes recaía la responsabilidad toda vez que la directora del
Penal fue absuelta y el responsable de la seguridad recibió una
sanción mínima.

14. Se desconoció que la compete ncia recaía en la Regional
Oriente, es decir e n Bucaramanga, pero inexplicablemente Bogotá
tomó el control y envió una funcionaria, jefe de la oficina de control
interno disciplinario, para adelantar un proceso verbal, que se llevó
en aproximadamente 10 dí as.

15. Mediante auto 0062 -10 de 11 de noviembre de 2010 el
demandante fue suspendido del cargo por el término de 3 meses
sin derecho a remuneración.

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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

16. Por auto 0083 de 11 de noviembre de 2010 se abrió la
investigación disciplinaria contra la director a Maryuri Rodríguez
Santander, el comandante de vigilancia, teniente Rafael Armando
Montaña Cely, el dragoneante John Jairo Roa Peñaranda y contra
el demandante. Esto con base en el proceso verbal (Art . 175 de la
Ley 734 de 2002), siendo que debió adelant arse por el
procedimiento ordinario establecido en el artículo 181 del CDU.

17. El 17 de noviembre de 2010, en audiencia pública se dio inicio
al procedimiento verbal, en la cual tanto el apoderado del
demandante y la directora interpusie ron recursos de r e posición y
apelación contra el auto 0083, que decidió dar inicio al
procedimiento verbal al considerarlo violatorio del debid o proceso;
los recursos fueron sustentados en la misma audiencia, pero la
funcionaria disciplinaria se limitó a señalar que no pro cedían sin
explicar su decisión.

18. Ante las irregularidades se solicit ó a la Procuraduría General
de la Nación, en adelante PGN, el ejercicio del poder preferente
pero dicha entidad sólo envió un funcionario que realizó una
inspección al proceso sin asistir a las audiencias que se realizaron
los días 23 a 25 de noviembre de 2010, donde se ordena ron y
practicaron algunas pruebas, quedando algunas sin decretarse .

19. El 2 de diciembre de 2010 los abogados presentaron alegatos
de conclusión y so licita ro n la nulidad del proceso por violación del
derecho a la defensa, por lo que se suspendió la audiencia.

20. Luego, el 7 de diciembre de 2010 esta se reanudó, pero no
resolvió la nulidad sino que indicó que procedía únicamente el
recurso de reposición, que los abogados debieron sustentar y que
fue denegado por la jefe de control interno de la entidad, que
profirió decisión disciplinaria de prim era instancia donde resolvió
sancionar a todos los investigados con destitución e inhabilidad
para ejercer cargo s pú blicos por 10 años.

21. Contra la anterior decisión todos los disciplinados presentaron
recurso de apelación.

22. En atención a las solicitudes pre sentadas a la PGN para que
ejerciera el poder preferente dicha entidad mediante auto de 13 de
diciembre de 2010 ordenó suspender el trámite adelantado por la
Oficina de Contro l Interno Disciplin ario del INPEC pues debía
esperarse la respuesta de ejercer o no el poder preferente. El
director del I NPEC, en cumplimiento de dicha orden , decretó la
suspensión del proceso el 14 de diciembre del mismo año.
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23. La Viceprocuraduría mediante auto de 30 de diciembre de 2010
dispuso acoger el concepto emitido por la Procuraduría Regional de
Santander en el cual advirtió que (i) no se profirió auto de citación
a audiencia pública que no es otro que el pliego de cargos en el
proceso ordinario, (ii) no podía delegarse a un abogado adscrito a
la dependencia de control interno disciplinario para la práctica de
las pruebas ordenadas dado el principio de inmediación y además
las pruebas decretadas oficiosamente se debían practicar en
audiencia pública; (iii) no podía realizarse la misma imputación
disciplina ria a cad a uno de los sujet os procesales pues debía ser
diferente dada la forma en que sucedieron los hechos; (iv) se
ordenó la suspensión provisional en el ejercicio del cargo para
todos los encartados pero se omitió el procedimiento establecido
en el inciso 4.° del artículo 147 de la Ley 734 de 2002, es decir,
que no se remitieron las diligencias al superior y se si guieron
practicando pruebas sin que se hubiera proferido por parte del
superior decisión definitiva frente a la suspensión provisional; (v)
se desconoció el artículo 157 del CDU según el cual una vez
calificado el procedimiento a aplicar, el funcionario c ompetente
debe citar a audiencia al posible responsable para que dentro del
término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita,
por cuanto omitió proferir el auto de citación a audiencia pública,
además de desconocer los elementos que debe n contener una
decisión de cargos tal como lo dispone el artículo 163 ibidem.

24. Por lo anterior la Viceprocuraduría autorizó a la Procuraduría
Regional del Norte de Santander para ejercer el poder preferente y
asumir la instrucción de la actuación proce sal disciplinaria, la cual,
a través de provid encia de 10 de febrero de 2011, decidió declarar
la nulidad de lo actuado solo a partir del fallo de primera instancia
proferido por la O ficina de Control I nterno Disciplinario de 7 de
diciembre de 2010.

25. El 12 de abril de 2011 la Procuraduría Regional de Norte de
Santander emitió decisión disciplinaria de primera insta ncia donde
absolvió de responsabilidad a Maryuri Rodríguez Santander, en su
condición de directora del EPMSC, sancionó disciplinariamente al
teniente Armando Montaña Cely con suspensión del cargo por 12
meses e inhabilidad especial por el mismo lapso para ejercer
cargos y funciones públicas y sancionó disciplinariamente a John
Jairo Roa Peñaranda e Iván Martínez Rodríguez, en su condición
de dragoneantes, con destitución e inhabilidad general para ejercer
cargos y funciones públicas por 10 años.

26. Dicha decisión fue confirmada por la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administ rativa, en la que inclusive se
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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

hace referencia a un informe presentado por el director de la cárcel
de Montería, en el que señaló que no fue informado del traslado del
preso para prestar el apoyo necesario.

27. El demandante e staba cobijado por fuero sindical comoquiera
que era el cuarto suplente de la última Junta Dire ctiva de la
Subdirectiva Seccional de Arauca, inscrita mediante resolución 060
de 1 de agosto de 2006, suscrita por el Inspector del Trabajo y
Seguridad Social d e Arauca y que a la fecha de la presentación de
la demanda el mismo no se había levantado.

2.1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 4.

28. Se invocaron como vulnerados el preámbulo y los a rtículos 13
y 29 de la Constitución Política.

29. El concepto de violación se funda en los siguientes cargos de
anulación:

2.1.3.1. Violación al debido proceso.

30. Según la demanda, en primer lugar, la oficina de control
disciplina rio intern o del INPEC en Bogotá adelantó la investigación
por el procedimiento el verbal en un término de 10 días, cuando
debió realizarse p or el ordinario, co mo lo establece el artículo 181
del CDU.

31. Desde el inicio de la audiencia se presentaron diversas
violaciones al deb ido proceso, tales como que: i) los recurs os
interpuestos contra la decisión de llevar el caso por el
procedimiento verbal y no por el ordinario fueron negados sin
sustento alguno por el invest igador; ii) se solicitó a la PGN que
ejerciera e l poder preferente y, sin embargo, solo realizó una
inspección al proceso pero no acompañó a los peticiona rios; iii) no
se practicaron la totalidad de las pruebas pedidas; iv) el 2 de
diciembre de 2010 se solicitó decla rar la nulidad procesal, lo que
ocasionó la suspensión de la audiencia, que continuó el 7 de
diciembre siguiente sin resolver la n ulidad, porque la «Funcionaria
a cargo solo manif estó que contra la decisión solo proce día recurso
de reposición».

32. Afirma que ante la insistencia a la PGN para que asumiera el
poder preferente, el 30 de diciembre de 2010, la viceprocuradora
general autorizó a la procuradora re gional para que asumiera la

4 Folios 69 y siguientes del Cuaderno 1.
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actuación disciplin aria, y así lo hizo el 31 de enero de 2011 y el 10
de febrero del mismo año, se declaró la nulidad de la in vestigación
disciplina ria pero sólo a p artir de la decisión de primera instancia
de 7 de diciembre de 2010, con lo que se desconocieron todas las
irregularidades que habían sucedido con anterioridad.

33. Igualmente indicó en que se incurrió en violación del derecho al
debido proceso por cuanto se desconocieron las garantías
procesales del investigado en cuanto se negó la práct ica de todas
las pruebas pedidas y el hecho mismo de la nulidad decretada por
la Procuraduría, ya que solo se dio desde la decisión y no desde el
inicio del trámite discip linario, con lo cual se hubiera garantizado el
legítimo derecho a la defensa.

34. Además, la responsabilidad de los hechos no podían recaer en
el demandante por cuanto: i) la Resolución 306 de 31 de marzo de
2010 determina que es función del coordinador de seguridad la
remisión de los presos fuera del centro de reclusión; ii) el apoyo
para el traslado del preso debía ser prestado por el grupo Cores,
hoy llamado GROPES, y no lo hizo; iii) la Resolución 13253 que
ordenó el traslado del interno estableció que debía ser «[…]bajo
rigurosas y extremas medidas de seguridad […]el t rasla do con las
seguridades del caso y la debida vigilancia, lo ef ectuará la
Dirección del Esta blecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carce lario de Cúcuta el (sic) Coo rdinación con la Subdirección
Operativa Regional Oriente y el Apoyo solicitado a la fuerza
pública» (subrayado y negrilla es del texto) y tampoco se dio; iv)
el informe del subdirector de comando de custodia y vigilancia dio
cuenta del incumplimiento del procedimiento PO 30 -019-02,
traslado de internos de especial seguridad, lo mismo que de la falta
de coordinación de parte del comando de vigilancia con el
establecimiento carcelario de Monterí a en cuanto a la necesidad de
apoyo y coordinación con la fuerza pública; y v) en la decisión de
segunda instancia se hace referencia al informe present ado por el
director de la cárce l de Montería, en el que también deja constancia
de que no fue informado del traslado del interno para prestar el
apoyo necesario.

2.1.3.2. Violación del derecho a la igualdad.

Según la demanda, se desconoció que la responsabilidad de la
coordinación de la seguridad del op erativo por la seg uridad del
operativo recaía en la directora del penal de Cúcuta y el
comandante de vigilancia de la misma ciudad, quienes resultaron
con sanciones más benévolas que quienes solo debían cumplir l a

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orden «con los exiguos elementos dados (dos revólveres y unas
esposas)», empero el responsable de coordinar el mismo, omitió
cumplir sus funciones.

2.2. Contestación de la demanda.

2.2.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 5
a través de apoderada señaló que en este caso carece de objeto
continuar con el trámite del proceso comoquiera que mediante
decisión de 27 de julio de 2012 el Procurador General de la Nación
revocó directamente los actos acusados y absolvió de
responsabilidad disciplina ria al demandante; que como
consecuencia de lo anterior el directo r general del I NPEC, a través
de la Resolución 3174 de 4 de septiembre de 2012, revocó la
resolución con la que hizo efectiva la destitución del actor y ordenó
reintegrarlo al cargo y funciones que desempeñaba como
dragoneante del EPMSC de Cúcuta, y el reconocimient o y pago de
los salarios y emolumentos dejados de percibir por el periodo en
que fue suspendido provisionalmente en el art. 157 de la Ley 734
de 2002; por consiguien te, solicitó que se dé por terminado el
proceso.

35. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que el INPEC únicamente se limitó a dar cumplimiento a
las decisiones proferidas por la Procuraduría General de la Nación.

2.2.1. La Procuraduría General de la Nación 6, a través de
apoderado , se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual
indicó que las pretensiones de la demanda se encuentran
satisfechas comoquiera que el Procurador General de la Nación , a
través de prov idencia de 27 de julio de 2012, revocó directamente
los actos acusados y absolvió de re sponsabilidad disciplinaria al
demandante. Asimismo, aquel continuó laborando para la entidad y
gozó de una licencia no remunerada por los meses de febrero y
marzo de 2 012, por solicitud propia.

36. Sin embargo, aclaró que la PGN sí reconoció fallas de tipo
procesal y probatorio que le sirviero n al despacho del Procurador
para efectos de revocar las decisiones sancionatorias producidas
en contra del investigado, como se indica en la providencia de 27
de julio de 2012.

5 Folios 210 y s.s.
6 Folios 232 - 240.
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37. En consecuencia, no puede advertirse la violación de los
derechos al debido proceso y a la igualdad comoquiera que a través
de la decisión disciplinaria de 27 de julio de 2012 se le absolvió de
responsabilidad.

38. Finalmente formuló la excepción de ineptitud formal de la
demanda, según la cual en la demanda se incurrió en im precisiones
pues el señor Martínez Rodríguez no fue desvinculado del INPEC
como se aseguró en el libelo introductorio.

2.3. Alegatos de conclusión

2.3.1. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación 7
señaló que la actuación desplegada en sede disciplinaria se
adelantó con sujeción a las normas aplicables, atendiendo al debido
proceso y al derecho de defensa, y las de cisiones cuestionadas no
se basaron en interpretaciones normativas y probatorias
irracionales, además realizaron una juiciosa valoración probatoria
ajustada a las reglas de la sana crítica y los hechos que se
atribuyeron al accionante realizaron probadas.

2.3.2. La apoderada del INPEC insistió en que en este caso las
pretensiones de la demanda no deben prosperar por cuanto los
actos acusados perdieron fuerza ejecutoria con la decisión de la
PGN y además no se materializó el cumplimiento de los fallos de
primera y segunda instancia, por lo que no se desvinculó del cargo
al demandante.

2.3.3. Parte demandante (ff. 295 a 303). El apoderado del
accionante se refirió a las actuaciones que adelantaron tanto el
INPEC como la PGN y que consideró violatorias del debido
proceso; estimó que en este caso sí deben analizarse de fondo las
pretensiones de la demanda y los actos administrativos
demandados, que se encontraban surtiendo efectos al momento de
la presentación de la demanda, por lo que debe accederse al pago
de los perjuicios in materiales por el d año moral que se le causó al
demandante comoquiera que este fue un caso de trascendencia
nacional donde se puso en tela de juicio su desempeño laboral.

2.3.4. Concepto del Ministerio Públ ico. El procu rador delegado
ante el Consejo de Estado no e mitió concepto.

39. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la
Sala de Subsección a decidir, previas las siguientes,

7 Folios 357 y s.s.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012)
Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

III. CONSIDERACI ONES

3.1. Competencia

40. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 1.° y 13 del
artículo 128 del CCA y lo dispuest o por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010 8 y 18 de mayo
de 2011 9, este último complementario del primero y dada la fecha
de presentación de la demanda 10, esta Subsección de la Sección
Segunda es competente para conocer en única instancia de las
controversias com o la presente, en las que se impugnan sanciones
disciplina rias administrativas que impliquen retiro temporal o
definitivo del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con
o sin cuantía, sie mpre y cuando se trate de decisiones proferidas
por autoridades nacionales.

3.2. Excepciones.

41. Como ya se indicó, el INPEC prop uso la excepción de «falta de
legitimación en la causa por pasiva», para lo cual indicó que dicha
entidad se limitó a dar cumplimiento a las decisiones pro feridas por
la PGN.

42. Al respecto, advierte esta Sala que si bien uno de los actos
administrativos demandados es la Resolución 3988 de 5 de octubre
de 2011, mediante la cual el INPEC ejecutó la sanción de
destitución , acto que se limita a dar cumplimiento a una decisión
administrativa , y que en principio no ser ía pasible de control
judicial, empero, a través de esta acción se analiza también la
integridad de l proceso disciplinario adelantado en contra del
demandante y el consecuente restablecimiento del derecho y pago
de perjuicios que se pueda ocasionar , donde en principio la
investigación disciplinaria fue adelantada por el INPE C, situación
que impone no acceder a la excepción propuesta, sin que ello obste
para declarar la ineptitud sustantiva parcial de la demanda,
comoquiera que se formuló una pretensión de anulación en contra
de un acto de ejecución no susceptible de control judicial.

43. Igualmente no goza de vocación de prosperidad la excepción de

8 Sala plena de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 4 de
agosto de 2010, radicado 2010-00163-00 (1203-10), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
9 Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 18 de

mayo de 2011, radicado 2010-00020-00 (0145-10), M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
10 2 3 d e m a r z o d e 2 0 1 1 . ( f l . 1 1 0 v t o . )

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inepta demanda formulada por la Procuraduría General de la
Nación, comoquiera que de conformidad con los parámetros
normativos de la Ley 1564 de 2012 (CGP) y el CPACA, la excepción
de «ineptitud sustantiva de la demanda» se configura solamente por
(i) la falta de requisitos formales de la demanda 11 o (ii) la indebida
acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas falencias
procesales diferent es de las antes enunciadas encontraran solución
en otros mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios excep tivos
o saneamientos en otras etapas procesales).

44. En este sentido, incurrir en una imprecisión frente a la
desvincula ción del INPEC, como se adujo en la contestación , es
una circunstancia que no atañe a los requisitos formales ni a la
acumulación de p retensiones, por lo que habrá de declararse no
probada la excepción propuesta por la PGN.

3.3.Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿cuáles son
los efectos de la revocatoria directa de los actos administrativos
demandados a través de los cuales la Procuraduría Ge neral de la
Nación declaró disciplinariamente responsable al actor, y le impuso
sanción disciplinaria de destitución e inhabi lidad para el ejercicio
de cargos y funciones públicas por diez (10) años ?; de acuerdo con
la respuesta resultante deberá establecer se si ¿en virtud de la
revocatoria se satisficieron las pretensiones de la demanda o si por
el contrario debe p ronunciarse l a Sala sobre todas o algunas de las
formuladas en el libelo introductorio? .

46. Para resolver los problemas jurídicos propu estos esta
Subsección se referirá a las figuras de la revocatoria directa
ordinaria y disciplinaria, las diferentes posiciones judic iales frente
a los efectos de la revocatoria en materia disciplinaria y e l
procedimiento sancionatorio adelantado ante el INPEC y la PGN.

3.4. Fondo del asunto

3.4.1. Iter administrativo surti do

47. Para responder el anterior interrogante, advierte la Sala como
necesario realiza r previamente un breve recuento del iter
administrativo surtido.

11 A r t í c u l o s 162, 163, 166 y 167 del CPACA.
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• Mediante auto 008 3 de 11 de novie mbre de 2010 12 suscrita
por la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplina rio de
Bogotá se dio inició a la investigación disciplinaria contra la
directora del establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad de Cúcuta, el comandante de vigilancia y
los dragoneantes Iván Darío Martínez Rodríguez y John Roa
Peñaranda, por omisión en las funciones de cada uno de ellos,
con ocasión de la fuga del interno Carlos Andrés Pa lencia
González o «Ciprian Valencia González», ocurrida el 10 de
noviembre de 2010, cu ando era trasladado de Cúcuta a
Montería para asistir a una audiencia pública por orden de la
Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

Frente al demandante se indicó que posiblemente habría
incurrido en la transgresión del artículo 48 parágraf o 4.°,
literales a) y j) 13 de la Ley 734 de 2002.

Allí se indicó que el procedimiento a adelantar sería el ve rbal,
ordenó citar a audiencia pública el 17 de noviembre de 2010
a los investigados, a efectos de que rindiera versión ve rbal o
escrita sobre «las circunstancias de su conductas» y ordenó
la práctica de algu nas pruebas; ofició a la Dirección Reg ional
Norte de Santander de la PGN, a efectos de que designe un
representante del Ministerio Público, se comisionó al abogado
Carlos A rturo Pinzón, para el desarrollo de la práct ica de las
pruebas ordenas y las que se desprendan de ellas.

• Por auto 0062 -10 de 11 de noviembre de 2010 14 la jefe de la
Oficina de Control Interno Disciplinaria del INPEC ordenó la
suspensión provisional de los disciplinados en el ejercicio de
sus cargos. Se ordenó oficiar al nominador para su
cumplimiento inmediato y se indicó q ue contra dicha decisión
no procedía ningún recurso.

12 F o l i o s 42 y siguientes del cuaderno segundo de antecedentes
administrativos.
13 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :

[…]
Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos
que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las
instituciones penitenciarias y carcelarias:

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;
[…]
j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de
vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente,
bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o
visitas de otra índole legalmente permitidas;
[…]».

14 F o l i o 49 y s.s. segundo cuaderno de expediente administrativo.
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• Audiencia de 17 de noviembre de 2010 señalada en el
artículo 177 de la Ley 734 de 2002 . Allí el señor Iván Darío
Martínez Rodríguez rindió su versión de los hechos. En el acta
visible a folios 214 y siguientes no aparece la transcrip ción,
sino un resumen.

En la citada audiencia los apoderados de la directora del
establecimiento penitencia rio de Cúcuta y del demandante
John Jairo Roa P eñaranda y el demandante interpusieron
recursos de reposición y apelación por considerar que ese
despacho no era el competente y , además, porque en su
consideración se debió adelantar el procedimiento ordinari o.
Allí el despacho instructor consideró que estaba aplicando el
procedimiento adecuado 15.

• Por auto 0079 de 30 de noviembre de 2010 16, el director
general (e) del INPEC avocó conocimiento para efectos del
estudio de la consulta de la suspensión provisional de los
disciplinados en el ejercicio de sus cargos y se ordenó corre r
traslado a los disciplinados para que presentaran sus
alegacion es.

• Por auto 089 de 14 de diciembre de 2010 17 el director
general (e) del INPEC confirmó la p rovidencia 062 de 11 de
noviembre de 2010, mediante la cual se suspendió
provisionalmente a los disciplinados.

• Mediante providencia de 7 de dici embre de 2010 18, la jefe
de control interno disciplinario del I NPEC reso lvió de clarar
disciplina riamente responsables a la directo ra del
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana
seguridad de Cúcuta, el comandante de vigilancia y los
dragoneantes Iván Darío Mar tínez Rodríguez y John Roa
Peñaranda, por omisión en las funciones de cada uno de ellos,
con ocasión de la fuga del interno Carlos Andrés Pa lencia
González, lo anterior, con destitución e inhabilidad general de
10 años. Para esto, se estableció que, a títu lo de dolo,
incurrie ron en la transgresión del artículo 48 parágrafo 4.°,

15 F o l i o 217 y ss. Cuaderno 2.° expediente administrativo.
16 F o l i o 232 y s.s. ibidem
17 F o l i o s 2 6 2 y s . s . i b i d e m
18 F o l i o s 1 0 8 y s . s . C u a d e r n o 4 . ° e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .

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literales a) y j) 19 de la Ley 734 de 2002 y del numeral 10 20 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Contra la anterior decisión, todos los apoderados de los
disciplinados interpus ieron recurso de apelación 21.

• Por Oficio de 30 de diciembre de 2010 suscrito por la
viceprocuradora general de la Nación 22 se autorizó al
procurador regional de Santander para que ejerciera el poder
preferente y asumiera la instrucción de la actuación procesal
disciplina ria número 1569 -10, adelantada por la jefe de oficina
de control interno disciplina rio del INPEC en atención a que
dicha Regional de la PGN indicó que el caso objeto de
investigación reve stía importancia y se habían quebrantado
los principios de transparencia, imparcialidad y e l de bido
proceso en el desarrollo de la investigación disciplinaria que
se tramitó mediante proceso verbal.

• Mediante proveído de 31 de enero de 2011 23, la Procuraría
Regional de Norte de Santander decidió avocar
conocimiento de las actuaciones mencionadas.

• A través de providencia de 10 de febrero de 2011 la
Procuraría Regional de Norte de Santander declaró la
nulidad de la inve stigación discipli naria a partir del fa llo de
7 de diciembre de 2010 proferido por la jefe de la Oficina de
Control Interno Disciplinario del I NPEC. Entre una de las
causales explicó que :

19 « A r t í c u l o
48.Faltas gravísimas . Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos
que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia so bre las
instituciones penitenciarias y carcelarias:

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;
[…]
j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de
vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente,
bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o
visitas de otra índole lega lmente permitidas;
[…]».

20 « 10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder
por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución
de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exen to
de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus
subordinados.»
21 F o l i o s 1 6 5 y s . s . d e l c u a d e r n o 4 d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .
22 F o l i o s 4 4 y s . s . d e l c u a d e r n o 5 d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .
23 F o l i o s 1 2 0 i b i d e m

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« [ …] t om ando com o m ar co de r ef er encia j ur í dica de la acusación
discip li nar ia, el con t enido del aut o de noviem br e 11 de 2010,
cit at or io a aud ienc ia públ ica, el r epr och e disci pl inar io que s e les
hace a los invest i gados ver sa sobr e una posib le om is i ón de
f unciones que gen er ó com o r esult ado de la f uga de un int er n o del
EPM SC de est a c iudad. en t ant o q ue en el r ef er ido f allo
sancionat or io ese r e pr oche disci pl ina r io se edif ica sob r e la
apar ent e conduct a de haber sido par t í cipes dir ect os de ese hecho.
[ …] necesar iam ent e exist ir congr uencia ent r e la im put ación
discip li nar ia f or m ula da los acusados e n el cit at or io a aud i encia
públ ica, y las r azones ex puest as en el f allo par a sust e nt ar la
sanción disc ip linar i a. par t iendo del supuest o que el únic o bien
j ur í dico que pr ot ege el der echo disc ipl ina r io es el deber f uncional,
edif icar la r espons abil idad disc ipl inar i a de los acusados sobr e
ot r os supuest os f áct i cos supone t r asla dar la a esf er as que son
pr opias de ot r o der echo sancionador com o lo es el der echo
penal. [ …] ». Allí y t am bién se d ispuso a pr or r ogar la susp ensión
pr ovision al de l ej er cicio de l car go par a los discip lin ados.
• Por Resolución 0 0519 de 11 de febrero de 2011 24, suscrita
por el director general del INPEC , se prorrogó la suspensión
provisional por t res meses más, en virtud de la decisión
anterior.
• Mediante decisión disciplinaria de 1 2 de abril de 2011 25, el
procurador regional de Norte de San tander sancionó
disciplina riamente al demandante con destitución e
inhabilidad general para ejercer ca rg os y funciones públicas
por 10 años, por la comisión de la falta señalada en el artículo
48 parágrafo 4.°, literales a) y j) 26 de la Ley 734 de 2002, e sto
referente a sus deberes funcionales previstos en los
protocolos de seguridad y custodia que debía observar
durante el traslado de un recluso de Cúcuta a Montería (como
que el interno debía permanecer durante el desplazamiento
con las esposas p uestas, debía evitar que tuviera con tacto
con los amigos o familiares vía telefónica, y al llegar al
destino debían buscar el apoyo de la policía), lo cual, según
la providencia, permitió la fuga del interno.

24 F o l i o 199 y s.s. del cuaderno 7 del expediente administrativo.
25 F o l i o s 215 y siguientes del cuaderno 5 del expediente administrativo.
26 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :

[…]
Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los serv idores públicos
que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las
instituciones penitenciarias y carcelarias:

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;
[…]
j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de
vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente,
bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o
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• Contra dicha decisión los d iscip lin ados Rafael Armando
Montaña Cely, Jo hn Jairo Peñaranda Roa e Iván Darío
Martínez Rodríguez interpusieron recurso de apelación 27.

• La sanción fue confirmada con decisión disciplinaria de 12
de agosto de 20 11 por la Procura duría Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativ a (ff. 278 y s.s.).

• En el caso del demandante el INPEC no hizo efectiva la
destitución comoquiera sólo a través d e sentencias proferidas
dentro del proceso 28 14510, por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Cúcuta de 15 de febrero de 2012,
confirmada mediante sentencia de 4 de julio de 2012 por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Norte de
Santander – Sala Laboral 29, se autorizó el levantamiento del
fuero sindical que amparaba al demandante.

• El Procurador Ge neral de la Nación, de oficio, mediante
decisión de 27 de julio de 2012 30, revocó directamente la
sanción impuesta a los disciplinados , absolverlos de toda
responsabilidad disciplinaria y cancelar el registro de la
sanción. Lo anterior con base en las siguientes causas:
i) Se presentaron irregularidades e n el auto de citación a
audiencia por inadecuada justificación del procedimiento a
aplicar, lo que demostró falta de técnica jurídica y por tanto
afectación del debido proceso, por cuanto sí era posible
aplicar el procedimiento verbal, pero no por la norma que se
indicó, esto es, por el inciso 2.° del artículo 175 de la Ley 734
de 2002, sino por el últ imo inciso q ue se refiere a cu ando
están dados todos los requisitos su stanciales para proferir
pliego de cargos.
ii) No se relacionaron en forma concreta las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las cuales el encartado cometió cada
uno de los tip os disciplinarios endilga dos, ni el concepto de la
violación, pues solamente se refirió a algunos documentos.

iii) No se distinguieron las calidades y funciones de cada uno
de los investigados, sino que todos recibieron la misma
imputación jurídica, situa ción imposible de ocurrir por las
condiciones como acontecieron los hechos y porque todos los
implicados no tenían las mismas calidades y funciones.

27 F o l i o s 245 y siguientes del cuaderno 5 del expediente administrativo.
28 P r o c e s o especial de fuero sindical.
29 F o l i o s 2 5 1 y s . s . d e l c u a d e r n o N o . 8 d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .
30 F o l i o s 1 8 1 y s . s . d e l c u a d e r n o p r i n c i p a l .

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iv) El juicio de valor subjetivo se realizó de las pru ebas
aportadas hasta ese momento al plenario, pero s in hacer e l
más mínimo análisis de cómo afectaron la psiquis o conciencia
de los inculpados, ni en qué forma incurrieron en desatención
de las órdenes impartidas; tampoco se entiende emitido tal
«juicio de valor subjetivo», ya que no existe un acápite dond e
se haya analizado la forma de culpabilidad y el título de la
imputación.

v) No se identificaron plenamente a los inculpados, ni se hizo
referencia a las certificaciones laborales que acreditaran las
funciones que realizaban para la época de los hechos.

Con fundamento en los anteriores a spectos se indicó en la
citada decisión:
«[ …]
Habid a consider ac ió n que el aut o de cit ación se equipar a a l
aut o de car gos, inst r um ent o a t r avés del cual se hace la
im put ación f áct ica y j ur í dica a los im pl ica dos par a que er ij an
su def ensa, ést e ( sic) debe contar con t odas las
f or m alidades y aj ust ar se en f or m a r igur osa a las ex igenc ias
lega les, ya que de allí sur ge la posi bil idad par a que e l
incul pado pueda ej er cer de m aner a efect iva una def ensa
m at er ial , cont r ovir t iendo la t ipic idad de la conduct a, la
il icit ud sust anc ial de r ivada de aque lla y l a culpab il idad en su
com por t am ient o, t odo lo cual se echó de m enos en la
r ef er ida act uación com o consecuencia de los yer r os con los
que sur gió a la vi d a j ur í dica e l m al de nom inado «aut o de
cit ación a audi encia », que por cor r esponder en r eali dad a u n
aut o de aper t ur a de invest igac ión no r e uní a los r equis it os
exigi dos por el leg is lador en Códi go Dis cipl inar io Ú nico .
[ …] no m ilit a en el inst r uct ivo pr ueba alguna que dem uest r e
que los cust odios dl int er no Cipr ian M anual Palencia
G onzález al ias V isa j e hubier an desest i m ado o desat endid o
la col abor ació n que les debí an pr est ar en el aer op uer t o de
or igen y ello es así po r que no se encont r aba per sonal del
I NPEC, Pol icí a o Ej é r cit o, dispuest o a hacer el
acom pañam ient o del int er no hacia el cent r o penit enciar io de
dest ino, r azón por l a cual es per f ect am ent e ent endib le que
en esas cir cunst anci as hubier an des at en dido lo s pr ot ocolos,
pues vale r ecor dar que los m ism os t am bién pr esup onen una
coor dinac ión pr evia de las dist int as aut or idades par a llevar
a f eliz t ér m ino la l abor que debí an r ealiz ar y no podí a
hacer se un j uicio de exigib il idad a qui en es t an solo podí an
r esponder por la cust odia del int er no hast a donde las
dist int as cir cu nst an cias l o per m it í an, l as que par a e l cas o
r esult ar on adver sas en consider ación a que no t uvier on
apoyo por par t e d e aut or idad a lguna en la c iudad de
M ont er í a.
En ef ect o, el Subdir ect or Com ando Cust odia y Vig ilanc ia de l
I NPEC suscr ibió el m em or ando 7300S CCV00172 2 del 11 de
noviem br e de 2010, en el que le inf or m ó al D ir ect or Técnico
I NPEC, sobr e la f uga del int er no [ …] se puede evidenci a r

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que se om it ió por par t e de la Dir ección y Com ando de
Vig ilanc ia de l E RO N Cúcut a, r eal izar las coor di nacio nes
per t inent es con el est ablecim ient o d e M ont er í a, par a el
apoyo y coor dinac i ón con la Fuer za P úblic a, t endient es a
ext r em ar las m edias ( sic) de segur idad, t eniendo en cuent a
el alt o per f il de lincu encia l y j ur í dico del int er no.
[ …]
Así ent onces debem os af ir m ar que el t ipo discipli nar io a
ellos endi lgad o devi ene at í pico por cua nt o no se dem ost r ó
que hubi er an pr ocur ado o f aci lit ado la f uga del int er no, ni
que hubier an i nt er r um pido los ser vici os de vigi lanc ia [ …] »

• Con base en la anterior decisión, el directo r general del
INPEC profirió la Resolución 3174 de 4 de septiembre de
2012 31 a través de las cuales ordenó:

«A RT Í CULO 1º . Revocar la Resoluc ión 0 03988 del 05 de oct ubr e
de 2011, m ediant e la cual se hizo ef e ct iva la sanción de [ …]
dest it ución de l Dr a goneant e JO HN JA I RO RO A PEÑARA NDA
Códig o 4114, Códig o 11.
A RT Í CULO 2º. Com o consecuencia d e lo ant er ior or den ar el
r eint egr o al car go y f unciones que vení a desem peñan do el
Dr agoneant e JO HN JAI RO RO A PEÑARAN DA, al EPM S C de
Cúcut a así com o el r econocim ie nt o y pag o de lo dej ado de p e r cibir
desde la f echa en qu e se hizo ef ect iva la dest it ución hast a la f echa
de r eint egr o.
[ …]
A RT Í CULO 4º . O r denar el r econocim ie nt o y pago de t odos los
em olum ent os dej ados de per cibir dur ant e el t iem po de suspensión
pr ovision al a los señor es [ …] I VÁ N DA RÍ O MA RTÍ NEZ
RO DRÍ G UEZ [ …] .

A RT Í CULO 5º. Disponer que el señ or [ …] cont inúe pr est ando sus
ser vicios en la… y los señor es [ …] e I VÁ N DA RÍ O MA RTÍNEZ
RO DRÍ G UEZ en el Est ablecim i ent o P enit enciar io de M e diana
Segur idad y Car cela r io de Cúcut a a l cual se encuent r an adsc r it os.
[ …] ».
3.4.2. De la revocatoria directa de los actos administrativos
48. En el sistema normativo actual, la revocatoria directa, se trata
de una prerrogativa de la administra ción sobre sus actos que le
permite volver a re solver sobre asuntos ya decididos en procura de
corregir en forma directa o a petición de parte, las actuaciones
lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de derechos
fundamentales 32. Procede frente a los actos administrativos de
carácter general y a los de carácte r particular, de acue rdo con el

31 F o l i o s
207 y s.s.
32 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n
Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), Radicación
número: 11001-03-25-000-2005-0011-00(4983-05), Actor: HENRY RAMÍREZ
DAZA.

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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

artículo 71 33 del Decreto 01 de 1984 y los artículos 93 34 y siguientes
de la Ley 1437 de 2011.

33 «[…] las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de
contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular y
concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o
no se haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso
administrativos (…) deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro
de los tres (3) meses siguientes a su presentación.”
34 « A r t í c u l o 9 3 . C a u s a l e s d e r e v o c a c i ó n . L o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e b e r á n s e r

revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de
parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos
a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo
anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos
actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la
caducidad para su control judicial.
Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos
podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio
de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad
competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la
solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede
recurso.
Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que
se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del
interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán
formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa
aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se
propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados
con los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará
ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta
en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se
dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se
especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a
partir de su ejecutoria.
Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que
sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación
del silencio administrativo.
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea
expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentim iento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación
y solicitará al juez su suspensión provisional.
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49. En relación con la revocat oria directa de los actos
administrativos de carácter general, al igual que ocurre c on los
particulares, la Ley 1437 de 2011, artículo 93, establece, en forma
precisa las causales que imponen a la Administración dicha
revocatoria, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes :
• Que se evidencie una manifiesta oposició n entre el acto
respectivo y la Con stitución o la ley, e sto es, que la oposición
sea grosera, de bulto, es decir, cualitativamente similar a la
que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
• Que haya inconformidad con el interés público o social, esto
es que el acto administrativo en cuest ión no consulte, o mejor,
contraríe esos intereses generales, causal respecto de la cual
se ha sostenido que comporta el retiro de un acto legalmente
válido por la propia administración que lo había expedido,
debido a la inoportunidad o inconveniencia de aquél 35,
vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo.
• Que a través del acto correspondiente se cause un agravio
injustificado a una persona.
50. Respecto de la revocación de los actos de carácter particular y
concreto, en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables 36-, est rechamente
relacionado con la presunción de legalidad, la segu ridad jurídica, la
confianza legítima y la protección de los derechos adquiridos, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico colombiano 37 la regla
general contenida en el artículo 73, inciso 1.° del Decreto 01 de
1984, hoy artículo 97 del CPACA, según e l cual:

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos
de audiencia y defensa.»
35 C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , S a l a C o n s t i t u c i o n a l , S e n t e n c i a d e m a y o 5 d e

1.981.
36 E n t r e l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s f a v o r a b l e s e s t a r í a n a q u e l l o s q u e a m p l í a n l a

esfera o el patrimonio jurídico del destinatari o, esto es, “crean o reconocen un
derecho o una ventaja jurídica”, como los nombramientos, las autorizaciones,
las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la Administración
responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio d el derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro
público, reconocimiento de una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone
a los de gravamen en los cuales se incluyen aquellos que inciden
negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de
sanciones, la revocación de actos favorables y, en general, las respuestas
negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Expediente 11001 -03-26-000-1994-10227-01(10227).
37 E l a r t í c u l o 2 4 d e l D e c r e t o 2 7 3 3 d e 1 . 9 5 9 y a e s t a b l e c í a : “ C u a n d o e l a c t o

administrativo haya creado una situación jurídica individual, o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular”.
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« S a l v o l a s e x c e p cio n e s e s ta b l e c id a s e n l a l e y , c u a n d o u n a c to
a d mi n i s tra ti v o , b i e n s e a e x p re s o o fi c to , h a y a c re a d o o m o d i fi ca d o u n a
s i tu a c i ó n j u ríd i c a d e c a rá c te r p a r ti c u l a r y c o n c re to o re c o n o c i d o u n
d e re c h o d e i g u al c a te g o ría , n o p o d rá s e r re v o c a d o s i n e l
c o n s e n tim i e n to p re v io , e x p re s o y e s c ri to d e l re s p e c ti v o ti tu l a r.

S i e l ti tu l a r n i e g a s u c o n s e n ti mi e n to y l a a u to ri d a d c o n s i d e ra q u e e l
a c to e s c o n tra ri o a la C o n s ti tu c i ón o a l a l e y , d e b e rá d em a n da rl o a n te
l a J u ri s d i c ci ó n d e l o C o n te n c i os o A dm i ni stra ti v o .

S i l a A dm i ni s tra c i ó n c o n s i d e ra q u e e l a c t o o c u rri ó p o r m e d i o s i l e g a l e s
o fra u d u l e n to s l o d e m a n da rá s i n a c u d i r a l p ro c e d im i en to p re v i o d e
c o n c i li a c i ón y s o l i c i tará a l j u e z s u s u s p e n s i ó n p ro v i s i on a l .» .

51. Como se aprecia, los a ctos administrativos de carácter
particular y concret o no podrán ser revocados sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respect ivo titular, pues dichos actos
implican la creació n, modificación o reconocimiento de derechos de
naturaleza individua l y determinada.

52. Respecto a la figura de la revocat oria directa, esta Corporación
en reiterada jurisprudencia ha sostenido 38:

« [… ]
F i n a lme n te , e l a rtíc u l o 9 7 d e l a L e y 1 4 3 7 d e 2 0 1 1 , e n p u n to d e l a
re v o c a to ri a d e u n a c to a d m i n i s tra ti v o p a rti c u l a r a c l a ra , e n p ri m e r
l u g a r, q u e l a d e n omin a c i ó n a c to a dm i ni s tra ti v o c o m p re n d e no s ó l o
l o s a c to s e x p re s o s s i n o ta m b i én a l o s fi c to s , c a te g o ría e s ta ú l ti ma
q u e n o s e a d ve rtía d e m a ne ra e x p re s a e n e l a rtíc u l o 7 3 d e l D ec re to
01 de 1984.

E n e s te m i s m o s e n tid o , s e m a n ti e n e l a p ro h i b i c ió n d e re v o c a r a c to s
a d mi n i s tra ti v o s q u e : “h a y a n c re a d o o mo d i fi c a d o u n a s i tu a c i ón
j u ríd i c a d e c a rá c te r p a rti c u l a r y c o n c re to o re c o n o c i d o u n d e re c h o d e
i g u a l c a te g o ría ” s a l vo q u e d e ma n e ra p rev i a , e x p re s a y e s c ri ta m e di e
e l c o n s e n tim i e n to d e l ti tu l a r d e l re s p e c ti v o d e re c h o .
A d v i e rte l a S a l a q u e, e n l o q u e re s p e c ta a l a p o s i b i li d a d c o n q u e
c o n ta b a l a a dm in i s tra c i ó n p a ra re v o c a r a c to s a d m in i s tra ti v o s d e
c a rá c te r p a rti c u l a r, e n l o s e v e n to s e n l o s q u e c o n c u rría a l g u n a d e l a s
c a u s a l e s d e re v o c a to ri a y a c i ta d a s , p a ra e l c a s o d e l o s a c to s fi c to s
p o s i ti v o s , o s i fu e re e v i d e n te l a i l e g a li d a d e n s u e x p e d i c i ó n , l a m i sma
d e s a p a re c e d e l n u evo e s ta tu to d e P ro c e d i m i en to A dm i n is tra ti v o y d e
l o C o n te n c io s o A dm in i s tra ti v o .

E n e fe c to , l o s d o s i n c i s o s fi n a l e s d el a rtíc u l o 9 7 d e l a L e y 1 43 7 d e
2 0 1 1 p re c e p tú a n q u e e n l o s c a s o s e n q u e l a a d m i ni s tra c i ó n c o ns i d e re
l a i n c on s ti tu c i o n al i d ad o i l e ga l id a d d e un a c to a d mi n i s tra ti v o , o q u e
s u e x p e d i ci ó n tu v o l ug a r p o r m e d i o s i l e g ale s o fra u d u l e n to s , d e b e rá
a c u d i r a n te e s ta j u ri s d i c ci ó n , p a ra d e ma n d a rl o s , s i em p re qu e n o
c u e n te c o n e l c o n s e nti m i en to , p re v i o , e x p re s o y e s c ri to d e l ti tu la r d e
l o s d e re c h o s re c o n o ci d o s e n e l re s p e c ti v o a c to a d m i n i s tra ti v o . [… ]» .

38Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente:
760012331000200403824 02. Referenc ia: 0376-2007.
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53. Conforme con las normas y jurisprudencia en cita, la
administración solo podrá revocar un acto administrativo de
carácter particula r, en los eventos en que cuente con el
consentimiento del administrado. En caso contrario, deberá
cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo
medio de control.
3.4.3. De la revocatoria directa en materia disciplinaria 39.
54. Sobre esta institución procesal en materia disciplin aria, esta
Corporación, Subsección B, en sentencia de 23 de febrero de 2011,
con ponencia del Consejero Dr. Gerardo Arenas Monsalve, dentro
del proceso radicado con el No. 11001032500020050011400(4983 -
05), tuvo oportunidad de indicar:
«[ . . .] const it uye una excepción a la est abil idad de la decis i ón
ej ecut or iada que p one f in al pr oces o discip li nar io, y su
exist encia se j ust if ica por la im por t ancia de los valor es que
busca pr ot eger r elac ionados c on la leg al i d ad, la l iber t ad de lo s
adm inist r ados y la j ust icia .
[ …]
Est a consagr ació n nor m at iva busca gar ant izar el d e bido
pr oceso del discip l i nado y pr eviene el abuso de la pot est ad
sancionat or ia d el Es t ado, sobr e la base de que los der echos al
non bis i n í dem y la cosa j uzgada no so n absolut os y pued e n
ser lim it ados cua ndo las cir cunst ancias especia les del caso lo
r equier an. »

55. La revocatoria directa en materia disciplinaria se encuentra
reglada en la Ley 734 de 2002, 40 modificada por la Ley 1474 de 12
de julio de 2011 41, que dispone lo siguiente:
« A rtíc u lo 1 2 2 . P ro c e d e n c ia . ( Mo d i fi c a do p o r e l a rtíc u l o 4 7 de l a L e y
1 4 7 4 d e 2 0 1 1 ). L o s fa l l o s s a n c i o n a to ri o s p o d rá n s e r re v o c a d o s d e
o fi c i o o a p e ti c i ó n de l s a n c i o na d o , p o r e l P ro c u ra d o r Ge n e ra l d e l a
N a c i ón o p o r q u i e n l o s p ro fi ri ó .» 42

« A rtíc u lo 1 2 3 . C o mp e te n c ia . (Mo d i fi c a d o p o r e l a rt íc u l o 4 8 d e l a L e y
1 4 7 4 d e 2 0 1 1 ). L o s f a l l o s s a n ci o n a to ri o s p o d rá n s e r re v o c a d o s p o r e l
fu n c i o n a ri o q u e l o s hu b i e re p ro fe ri d o o p o r s u s u p e ri o r fu n c i o n a l .

P a rá g ra fo . E l P ro c u ra d o r Ge n e ra l d e l a N a c i ó n p o d rá re v o c a r d e o fi c i o
l o s fa l l o s s a n c i o na to ri o s e x p e d i d o s p o r c u a l q u ie r fu n c i o n a ri o d e l a

39 A n á l i s i s
realizado en sentencia de 2 de agosto de 2013 dentro del proceso
11001-03-25-000-2011-00536-00 (2077-11), accionante: Alejandro Munarriz
Salcedo, con ponencia del consejero dr. Gustavo Gómez Aranguren

40 L e yderogada, a partir del 1.º de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley
1952 de 2019.
41 P u b l i c a d a e n e l D i a r i o O f i c i a l 4 8 1 2 8 d e j u l i o 1 2 d e 2 0 1 1 .
42 T e x t o Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-014 de 2004, en el entendido que cuando se trata de
faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, procede la
revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación.
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P ro c u ra d u ría , o a s u mi r d i re c ta m e n te e l con o c im i e n to d e l a p e tic i ó n d e
re v o c a to ri a , c u a n d o lo c o n s i d e re n e c es a rio , c a s o e n e l c u a l p ro fe ri rá
e l fa l l o s u s ti tu ti v o c o rre s p o n d i e n te » 43.
56. Como se aprecia, la Ley 734 confiere a la misma autoridad que
emitió la providencia sancionatoria, su superior funcional o al
procurador general de la Nación, la f acultad de revocatoria directa
ya sea a petición de parte o de oficio, ante la configuración de
causales como la infracción manifiesta del ordenamiento jurídico
(Constitución, ley o reglamento) o, la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales, en los términos del artículo 124 ibidem:
« A rtíc u lo 1 2 4 . Causal de re v o c a c ió n de lo s fa llo s
s a n c io n a to rio s . (Mo d i fi c a d o p o r e l a r tíc u l o 4 9 d e l a L e y 1 4 7 4 d e
2 0 1 1 ).L o s fa l l o s s a n c i o n a to ri o s s o n rev o c a b l e s s ól o c u a nd o
i n fri n j a n m a n i fi es ta me n te l a s n o rm a s c o ns ti tu c i o n a l e s , l e g al e s o
re g l am e n ta ri a s e n qu e d e b e n fu n d a rs e . Ig u a l me n te c u a n d o co n
e l l o s s e vu l n e re n o a m e na c e n m a ni fi e sta m e n te l o s de re c ho s
fu n d a m e n tal e s .» 44
57. Ahora bien, la revocatoria directa a petición de parte se
encuentra establecida en el artículo 125 ibidem 45 según la cual
puede formularse aun cuando el sancionado haya acudido a la
jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se
hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido,
podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a
la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
58. Sobre el tema, la Corte Constitucional, en la sentencia C - 206
de 2012, expuso:

« [… ]
4 .2 .2 E n m a te ri a d i s c i p l in a ri a , l a re v o c a to ri a d i re c ta c o n s ti tu y e u n a
e x c e p c i ó n a l a e s ta b il i d a d d e l a d e c i si ó n ej e c u to ri a d a q u e p o n e fi n a l
p ro c e s o , y s e j u s ti fi c a p o r l a i mp o rta n c i a d e l o s v a l o re s q u e b u s c a
p ro te g e r. N o s e tra ta d e u n a i n s ta n c i a p a ra c o n tro v e rti r d e fo n d o l a s

43 Texto Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-014 de 2004.
44 I b i d e m .
45 « A r t í c u l o 1 2 5 . R e v o c a t o r i a a s o l i c i t u d d e l s a n c i o n a d o . E l s a n c i o n a d o

podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y
cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios
previstos en este código.
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio e s procedente aun cuando
el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa,
siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere
proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a
la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro
de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser
recusado, caso en el cual la actuación se remitirá in mediatamente al superior
funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría
General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el
término improrrogable de un mes designando a quien deba reemplazarlo.
Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá el
Viceprocurador.»
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p ro v i d e n c ia s , n i u n re c u rs o d e l a v ía g u b e rn a ti v a : e s u n m e c an i sm o
d e q u e d i s p o n e l a a d m i ni s tra c i ó n p a ra e l c o n tro l y l a re c ti fi c a c i ó n d e
s u s p ro p i o s a c to s , s i n q u e s e a p re c is o p a ra e l l o a c u di r a l a
j u ri s d i c ci ó n c o n te n cio s o a d mi n i s tra ti v a . [… ]. D a d a s l a s c a u s a l e s
p re v i s ta s e n l a l e y , d e o fi c i o o a p e ti c i ó n d e p a rte , l a a d m i n i s tra c i ó n
e s tá fa c u l ta d a p a ra h a c e rl o e n c u a l q u i e r m om e n to , i n c l u s o c ua n d o e l
a c to a d m i ni s tra ti v o y a h a s i d o d em a n d a do a n te l a j u ri s d i c ci ó n d e l o
c o n te n c i o s o a dm i ni s tra ti v o . [… ]. A l g a ra n ti z a r ta n to e l i m p e ri o d e l a
C o n s ti tu c i ó n c omo lo s d e re c h o s fu n d ame n ta l e s , s i n d u d a qu e l a
re v o c a to ri a , c o m o f i g u ra d e n tro d e n u e s tro o rd e n a m i e n to , e s tá
a s o c i a d a a l a s u p rema c ía d e l a C o n s ti tu c i ó n .» (s e re s a l ta ) .

59. A partir de lo anterior, podemos concluir que en materia
disciplina ria, según la Ley 734 de 2002, las decisiones
sancionatorias pueden ser revocadas por el funcionario que las
profirió o por su superior funcional cuando infrinjan
manifiestamente las normas constitucionales, legales o
reglamentarias en que deban fundarse y cuando con ellas se
vulneren o amenacen los derechos fundamentales, así mismo es
procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción
contencioso admin istrativa, siempre que no se hubiere proferido
sentencia definitiva.
60. Asimismo, es posible realiza r la revocación de actos
sancionatorios porque, como lo ha sostenido la jurisprudencia, n i el
principio de seguridad jurídica, ni el principio de justicia material
tienen valor absolu to, tal como lo señ aló la Co rte Constitucional en
sentencia C- 014 de 2004 cuando indicó que «[…] La tensión entre,
por una parte, el principio de segurid ad juríd ica y su manifestación
a través del non bis in ídem y del principio de ejecutoriedad, y, por
otra, el mandato de promoción de un orden justo y de realización
de la justicia material, fue resuelta, en el ámbito del derecho
disciplina rio, permitiendo la revo catoria directa de los fallos
sancionatorios […]».
61. Ahora bien, frente a la posibilidad de pronunciarse en sede
judicial sobre la le galidad de las decisiones discip linarias que han
sido revocadas, encuentra la Sala tres posiciones jurisp rudenciales
que se han presentado al interior de esta Corporación, en casos
similares.
62. En primer lugar, encontramos una tesis restrictiva , tal como
fue planteada en sentencia de 26 de octubre de 2017 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
proferida en el proceso radicado 11001-03-25-000-2012-00173-
00(0749-12), siendo accionante John Jairo Roa Peñaranda,
compañero del INPEC del acá demandante, sentencia en la cual la
Subsección B, luego de analizar la figura de la revocat oria directa
de las decisiones sancionatorias estimó lo siguiente:

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012)
Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

«Con l a r evocació n de los act os acus ados quedó s in su st r at o
j ur í dico y m a t er ial la dem anda, r azón por la cual se t or na
im pr ocedent e r ealiz ar exam en de legali d ad sobr e ellos, por cuant o
f uer on excluidos de l m undo jur í dico en el cur so de la pr esent e
act uación j udic ial.

Est a Cor por ación 46 ha expr esado que «…cuando un act o
adm inist r at ivo il egal desapar ece del m undo jur í dico por vir t ud de
la r evocat or ia dir ect a o bien com o consecuencia de la pr osper idad
de los r ecur sos int er puest os en su contr a, deja de exist ir com o
objet o de acción jur i sdiccio nal de nu lida d [ …] ».
63. En segundo lugar encontramos un tesis intermedia , plasmada
en sentencia de esta Subsección, de 9 de marzo de 2020 dentro
del proceso 11001-03-25-000-2011-00655-00(2546-11) 47 donde se
señaló que para determinar el momento desde el cual se producen
los efectos de la decisión de revocatoria frente a los actos
sancionatorios, es necesario identificar las razones que sirvieron
de sustento para que el ente de control haya decidido retirarlos del
ordenamiento jurídico, comoquiera que si se t rató de situ aciones de
hecho o de derecho que existían al momento en que se produjeron
los fallos sancionatorios, los efectos s on ex tunc, es decir, que rigen
hacia atrás, de manera que a través de una ficción jurídica, se
retrotrae la situación y los hace desaparecer del mun do jurídico
como si no hubieran existido; mientras que si se trata de
circunstancias de hecho o de derecho sobrevinientes al acto
revocado, se predican efectos -ex nunc- es decir, poste riores a la
revocatoria.
64. De acuerdo con ese criterio, p ara ese ca so, la Subsección
estimó:
«[ …] com oquier a que la r azón que ll evó a la adm in ist r ación a
r evocar los act os discipl inar ios sanc ion at or ios consist ió en que las
nor m as que sir vier o n de sust ent o a la sanción no er an a pl icabl es
par a r esolver el caso concr et o, es f or zoso concluir q ue las
cir cunst ancias de hecho y de der echo que dier on or igen a la
r evocat or ia exist í an al m om ent o de expedir los act os r evoc ados y,
baj o t al cir cunst anc ia, se puede concl uir que los ef ect os de t al
r evocat or ia deben ser ex t unc , de m aner a que se r et r ot raiga l a
sit uación a l est ado en que est aba al m om ent o de expedir las
decisi ones disc ipl in ar ias. Lo ant eri or conl l eva l a necesi dad,
ent onces, de rest ab l ecer el derecho a f avor de qui enes se vi eron
af ect ados, durant e el t i empo en que est uvi eron vi gent es l os
act os revoca dos, e n l a f orma en que se det al l ará en el acápi t e
si gui ent e . » ( Negr ill a de la Sala) .

65. Como se advierte esta tesis parte de los efectos de la
revocatoria, ex tunc o ex nunc , para con ello determinar si las

46 S e n t e n c i a
de 24 de agosto de 1998, sección tercera, C.P. Daniel Suárez
Hernández, expediente 13685.
47 C o n p o n e n c i a d e l c o n s e j e r o D r . R a f a e l F r a n c i s c o S u á r e z V a r g a s .

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Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012)
Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

pretensiones de restablecimiento del derecho q uedaron satisfechas
con la revocatoria, o si debe efectuarse el análisis de las demás
peticiones formuladas en la demanda.
66. Finalmente, debe destacarse una tercera posición favorable a
efectuar el control de legalidad de los actos sancionatorios que han
sido revocados, como se advierte en la sentencia de la Subsección
B de 13 de noviembre de 2020, dentro del proceso radicado 23001-
23-33-000-2015-00094-01(4866-19) 48 en la cual se indicó que la
jurisdicción contenciosa administrativa tiene competencia para
pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos revocados
directamente y el medio de control que se ha de ejercitar a fin de
evaluar su legalidad durante el tiempo que estuvier on vigentes, es
la nulidad y restablecimiento del derecho. Con base ello determinó:
«[ …]
Par a la Sa la, no es de r ecibo lo al egado por la ent ida d r ecur r ent e,
r espect o de que no es pr ocedent e el cont r ol j ur isdiccional d e los
act os sancionat or i os por haber s ido r evocados y haber
desapar ecido del m undo j ur í dico, lo cual es cont r ar io a la posició n
j ur í dica de est a Cor por ación, pues ést a ha sido r eit er at iva al
señalar que, la pr esunción de lega lid ad no acaba con r evocat or ia
dir ect a de un act o adm inist r at ivo sea de cont enido par t ic ular o
gener al, sino que és t a t er m ina con el pr onunciam ie nt o que ha ga el
j uez adm inist r at ivo al declar ar lo nulo, y ello obedece a que hast a
t ant o no se pr oduzca dicha decis ión los act os dem andados
conser van la pr esunción de lega lid ad de que gozan, habiendo
podido pr oduc ir ef ect os o per j uicios dur ant e t odo el t iem po que
est uvier on vigent es, lo que t or na necesa r io el pr onunc iam ien t o del
j uez adm inist r at ivo sobr e su legal idad, y a su vez, se det er m ine en
sede j ur isdiccio nal e l t ipo y el m ont o de los per j uicios a r esar cir .
[ …] ».

3.4.5. Caso concreto.

67. Para resolver la controversia planteada advierte la Sala , en
primer lugar, que en este caso las circunstancias de hecho y de
derecho que dieron origen a la revocatoria existían al momento de
expedir los actos revocados .

68. En efecto una vez examinad as las razones por las cuales el
procurador general de la Nación decidió revocar de forma directa
las decisiones sancionatorias demandadas , se advierte que éstas
surgieron desde el mismo auto de citación a audiencia , donde como
lo indicó la PGN « […] el auto de citación se equipara al auto de
cargos, instrumento a través del cual se hace la imputación fáctica
y jurídica a los implicados para que erijan su defensa, éste (sic)
debe contar con todas las formalidades y ajustarse en forma
rigurosa a las exigencias legales, ya que de allí surge la posibilidad

48 C o n ponencia de la Consejera Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00174 00 (0750-2012)
Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

para que el inculpado pueda ejercer de manera efectiva una defensa
material, controvirtiendo la tipicidad de la co nducta, la ilicitud
sustancial deriva da de aquella y la culpabilidad en su
comportamiento, todo lo cual se echó de menos en la referida
actuación como consecuencia de los yerros con los que surgió a la
vida jurídica e l mal denominado «auto de citación a au diencia», que
por corresponder en realidad a un auto de apertura de investigación
no reunía los requisitos exigidos por el legislador en Código
Disciplinario Único ».

69. En este sentido, dado que los cargos de la demanda 49 coinciden
con los puntos analizados en la decisión de revocatoria , se tiene
que sus efectos son ex tunc, hacia el pasado, y precisamente en
virtud de esto, el p rocurador general de la Nación absolvió de toda
responsabilidad a los disciplinados, entre ello s a l demandante, para
lo cual ordenó cancelar el registro de la sanción anteriormente
impuesta.

70. De acuerdo con lo anterior, podría indicarse que en este caso
existe sustracción de materia frente a los cargos de nulidad, en
atención a que sobre los mis mos puntos esgrimidos en el concepto
de violación ya hubo un pronunciamiento por parte de la PGN en
virtud del cual se revocaron los actos demandados , por lo que no
tendría sentido volver a analizar los puntos que fueron objeto de
examen por parte del procurador general de la Nación cuya
valoración le mereció revocar las decisiones disciplinarias y
absolver de toda responsabilidad al accionante, dadas las
irregularidades cometidas y la falta de pruebas en su contra.

71. Situación diferente ocurre cuando en la demanda se formula

49 El demandante señaló expresamente que la investigación disciplinaria se
surtió por el procedimiento el verbal en un término de 10 días, cuando debió
realizarse por el ordinario, como lo establece el artículo 181 del CDU y que
contra dicha decisión los apoderados de los disciplinados formul aron recursos
de reposición y apelación, que fueron denegados sin sustentación alguna; que
no se decretaron todas las pruebas que solicitó y además, que no se realizó
una debida valoración probatoria toda vez que de las pruebas recaudadas no
se podía concluir que el demandante ocasionó la fuga del interno e incurrió en
las faltas endilgadas por cuanto no fue el responsable de organizar el
operativo de traslado de un interno de alta peligrosidad, y al contrario solo se
le envió con un compañero, con dos revólveres y esposas, sin ningún otro tipo
de dotación. Igualmente, se indicó que la nulidad decretada por la
Procuraduría, solo se dio desde la decisión de primera instancia y no desde el
inicio del trámite disciplinario, con lo cual se hubiera garantizad o el legítimo
derecho a la defensa; asimismo la imputación jurídica se formuló en los
mismos términos para todos los disciplinados, las condiciones en que
ocurrieron los hechos, sin examinar cada uno de los cargos, el grado de
responsabilidad de cada servi dor.

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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

otro cargo que no fue resuelto en la revocatoria, con lo cual será
menester abordar su análisis a efectos de garantizar un
pronunciamie nto de fondo y con ello , garantizar el derecho de
acceso a la administración de justicia .

72. Sin embargo , como ya se indicó, en este caso se revocaron las
decisiones sancionatorias mediante las cuales se sancionó al
accionante y donde la PGN advirtió que en el curso del proceso
disciplina rio se incurrió en irregularid ades que afectaron de fondo
el derecho al debido proceso y a la de fensa, por lo que no existían
razones jurídicas para mantener las sanciones allí impuestas;
además una vez verificados los fundamentos de esa decisión se
advierte que coinciden con los aspectos de los cargos de violación
esgrimidos en el concepto de violación del libelo introductorio.

73. Ahora, en este punto del debate debe recordarse que la
revocatoria no implica el resta blecimiento automático del derecho,
tal como lo señaló esta Corporación en sentencia de 17 de
noviembre de 2016 50, cuando indicó «[…] que la revocato ria directa
es una figura que le permite a la administración excluir del mundo
jurídico los efecto s de una decisión que nació a través de medios
contrarios al ordenamiento jurídico. Lo anterior, única mente con
efectos ex nunc, esto es hacía el futuro , de mane ra que la
revocatoria de un acto administrati vo per se no trae consigo el
resarcimiento de perjuicios a favor de quien se ha visto
afectado en un derecho durante el tiempo que el acto
permaneció vigente .» (Negrilla de la Sala)

74. En virtud de lo anterior, debe pronunciase esta Subsección
sobre las demás pretensiones formuladas en la demanda , como son
el reintegro del demandante , el reconocimiento y pago de las sumas
dejadas de percibir tales como «sueldos, primas de servicio, primas
de navidad, primas de orden público, de antigüedad, etc, que en
todo tiempo devengue un funcionario del INPEC en servicio activo,
entre la fecha de su destitución y aquella en que se produzca su
reintegro o reinco rporaci ón […]»; el reconocimiento y pago de
daños extrapatrimoniales, «o perjuicios morales subjetivados» en
suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

75. De acuerdo con lo establecido en iter administrativo, frente al
accionante no pu do ejecutarse la decisión de destitución,
comoquiera que se encontraba cobijado por el fuero sindical por lo

50 C o n s e j o
de Estado, sección segunda, subsección B, CP César Palomino
Cortés, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15)
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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

que debió solicitarse el levantamiento del fuero ante la jurisdicción
ordinaria, lo cual se logró a través de sentencias proferidas dentro
del proceso 14510, por el Juzgado Te rcero Laboral del Circu ito de
Cúcuta el 15 de f ebrero de 2012 y por el Tribunal S uperior de
Distrito Judicial de Norte de Santander – Sala Laboral 51 de 4 de julio
de 2012.

76. Seguidamente e l Procurador General de la Nación, de oficio,
mediante decisión de 27 de julio de 2012 52, revocó direct amente la
sanción impuesta a los disciplinados, lo que lleva a colegir que no
hay lugar al reintegro solicitado por el demandante dado que no se
produjo su desvinculación del servicio en virtud de la destitución.

77. De otra parte, se aprecia que el señor Martínez Rodríguez sí
fue suspendido provisionalmente el ejercicio del cargo por 6 meses,
en virtud del auto 0062 -10 de 11 de noviembre de 2010 53 dictado
por la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del INPEC
y de la Resolución 00519 de 11 de febrero de 2011 54, suscrita por
el director general de l INPEC.

78. Empero, en virtud de la revocatoria, el director general del
INPEC profirió la Resolución 3174 de 4 de septiembre de 2012 55 a
través de la cual se ordenó en sus artículos 4.° y 5.°: «[…] el
r econocim ient o y pago de t odos los em olum ent os dej ados de per cibir
dur ant e el t iem po de suspensión pr ovis iona l a los señor es [ …] I VÁ N
DA RÍ O M A RT Í NEZ RO DRÍ G UEZ [ …] . Y [ …] Disponer que el señor [ …]
cont inúe pr est ando sus ser vicios en la… y los señor es [ … ] e IVÁ N DA RÍ O
M A RT Í NEZ RO DRÍ GUEZ en el Est ablec i m ient o Penit enciar io de M ediana
Segur idad y Car ce la r io de Cúcut a al cual se encuent r an adscr it os. [ …] ».

79. En virtud de lo anterior, se colige que la citada pretensión de
pago de los salarios y prestacione s dejados de percibir también se
encuentra satisfecha.

80. Finalmente, advierte la Sala que no es posible acceder a la
pretensión de pa go de perjuicios in materiales en la modalidad de
daño moral toda vez que en este caso se incumplió con la carga de
la prueba, establecida en el inciso primero del artículo 167 del CGP
según el cual «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».

51 F o l i o s 251 y s.s. del cuaderno No. 8 del expediente administrativo.
52 F o l i o s 181 y s.s. del cuaderno principal.
53 F o l i o 4 9 y s . s . s e g u n d o c u a d e r n o d e e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .
54 F o l i o 1 9 9 y s . s . d e l c u a d e r n o 7 d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .
55 F o l i o s 2 0 7 y s . s .

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81. En efecto, en materia probatoria, el contenido de la carga
impone a su destinatario la necesidad de acreditar las afirmaciones
con base en las cuales sus intereses, como parte procesal, estarían
llamados a prosperar. Lo anterior, se proyecta de tres formas: la
primera de ellas, conlleva a que la parte demand ante deba ofrecer
prueba de los hechos en que funda sus pretensiones; la segunda,
a que la parte demandada deba acreditar los hechos en que basa
los medios exceptivos que propone y, por último, a que, si el
demandante no acredita los elementos fácticos que soportan su
petitum, la parte demandada debe ser absuelta 56.

82. En este caso no se allegó ninguna prueba que diera cuenta del
grado de afectación del demandante ocasionado por el proceso
disciplina rio adelantado en su contra , es decir, no existe prueba
alguna que acredite su existencia y tampoco es dable colegir lo
afirmado por el abogado quien señala que tal daño se puede deducir
de la trascendencia nacional que tuvo la noticia d e la fuga del
interno que era objeto de traslado. En efecto, no es admisible
alguna presunción al respecto que permita suplir la ausencia de
actividad probatoria del demandante en esta materia. Así las cosas,
no se accederá a la pretensión indemnizatoria del daño moral .

3.5. Condena en costas

83. En el presente caso no se condenará en costas, al tenor del
artículo 171 del CCA comoquiera que no se advierte, abuso en la
actuación, o mala fe por parte de los apoderados de las entidades
accionadas,

84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO.- Decla rar no probada s las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el INPEC y de
ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la Procuraduría
General de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO.- Decla rar de oficio la e xcepción ineptitud sustantiva
parcial de la demanda, frente a la pretensión de nulidad de la
Resolución 03988 de 5 de octubre de 2011, suscrita por el director

56Sentencia esta Subsección, de 10 de octubre de 2018, en el proceso
radicado 110010325000201100279 00 (1006-2011), con ponencia del Dr.
William Hernández Gómez.
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Demandante: Iván Darío Martínez Rodríguez

administrativo y f inanciero del Instit uto Nacional Penitenciario y
Carcelario -I NPEC- por la que se o rdenó el retiro del servicio activo,
entre otros, del demandante por destitución.

TERCERO.- Decla rar la ocurrencia del fenómeno jurídico de la
sustracción de materia frente a las pretensiones de nulidad
formuladas por el señor Iván Darío Martínez Rodríguez contra la
Nación, Procuraduría General de la Nación y el INPEC, en
consecuencia , esta Sala se abstiene para pronunciarse de fondo
sobre la s mismas, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda, en
atención a lo señalado en la parte considerativa.

QUINTO.- Sin condena en costas .

SEXTO.- En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil ve intidós
(2022).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
FI RM ADO ELECTRÓ NI CAM ENTE

CO N I M PEDI M ENT O A CEPT A DO
RAFAE L FRANCIS CO SUÁREZ V ARGAS

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