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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00

Fecha
27 de febrero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundada la acció n de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UG PP) por las causales previstas en los literales a ) y b) del artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003, contra la se ntencia del Tribunal Administrativo de la Guajira, del 30 de enero de 2013 , de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin con dena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

27 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de f ebrero de dos mil veintitrés
(2023).

Referencia: Acción Especial de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00455-00 (2067-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Vilma Marcela Núñ ez Guerra

Tema: Causales a) y b) d el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, Reliquidación pensión gracia , prima de
bonificación del departamento de la Guajira

SENTENCIA DE REVISIÓN

I. ASUNTO

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de la Guajira del 30 de enero de 2013, que confirmó
la del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de
Riohacha del 7 de diciembre de 201 1, que accedió a las
pretensiones de la demanda .

II. ANTECEDENTES

2.1. La acción especial de revisión

Pretensiones

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Acción Especial de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00455-00 (2067-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)

La UGPP solicitó infirmar la sentencia de segunda instancia y, en
su lugar, proferir una nueva decisión en la que se declare lo
siguiente:

2. Declar ar que [ . . . ] no se puede t ener e n cuent a el f act or de pr im a
[ sem est r al] de bonif i cación de l dep ar t am ent o de la G uaj ir a, c r e ada
por la s or denanza s Nos. 40 de 1981 y 25 de 19 83, t oda vez que
las m ism as se encu ent r an declar adas n ulas por el f a llo d e f echa
26 de abr i l de 201 2, pr of er ido por el Ho n or able Con sej o de E st ado.

3. Declar ar la nu li d ad de la Resol ució n RDP 48 414 de l 17 de
oct ubr e de 2013 , m ediant e la cua l la UG PP d io e st r ict o
cum plim ient o a los f allos del Juzgad o Ter cer o Adm inist r at ivo de
Descongest ió n del C ir cuit o de R iohacha , pr ovidenc ias obj et o de la
pr esent e r evisión.

4. De haber lugar a cost as pr ocesales se condene a las m ism as a
la acciona da .

Hechos

La entidad accionante relató que (i) le reconoció a la se ñora Vilma
Mercedes Núñez G uerra una pensión gracia, efectiva a partir del 16
de noviembre de 2013, a través de la Resolución 7161 del 16 de
febrero de 2016 ; (ii) el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Riohacha , por proveído del 7 de diciembre de
2011, ordenó reliquidar la aludida p restación con inclusión de todos
los factores devengados en el año anterior al de consolidación del
estatus pensional, entre ellos, la prima semestral de bonificación ;
(iii) el Tribunal Ad ministrativo de la Guajira, por medio del fallo del
30 de diciembre de 2013 , confirmó la anterior determinación; y (iv )
acató lo dispuesto por la jurisdicció n , mediante Resolución UGM
48414 del 17 de octubre de 2013.

2.2 La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de la Guajira , por medio de sentencia del
30 de enero de 2013 , confirmó el fallo del Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Riohacha del 7 de diciembre
de 2011, que declaró la nulidad de la Resolución 7161 del 16 de
febrero de 2004 y ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión gracia

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con inclusión de todos los factores devengados en el año anterior
al de la adquisición del estatus, con fundamento en lo que sigue:

No se «comparte la liquidación que hace la entidad demandada en
el acto de reconocimiento pensional, por cuanto la liquidación
realizada sólo tuvo en cuenta el su eldo básico y el sobresuel do
devengado por la demandante, dejando de lado la prima de clima,
prima normal, prima de antigüedad, prima [semestral] de
bonificación, prima de vacaciones y prima de navidad,
correspondientes al año anterior al cumplimiento de su estatus
pensional, esto es, cuando adquirió el derecho a la pen sión gracia
(por 50 años de edad y 20 años de servicio), período co mprendido
entre el 17 de mayo de 1977 y el 16 de noviembre de 2004».

Las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar en est e
caso, tal como lo señaló el juzgado, «en la medida en que, como se
observa del mismo cuerpo del acto , la entidad accionada no le
liquidó los factores antes señalados que la actora devengaba al
adquirir el estatus pensional [...], pues al establecer el mo nto de la
pensión se limitó a realizar la liquidación con el 75% del promedio
del salario devengado durante 12 meses, aplicando las Leyes 33 y
62 de 1985 [...], dándose así la violación aludida por la
demandante».

Dentro de la ant erior perspectiva, la entidad accio nada «debe
proceder a reliquidar la pensión [...] gracia, incluyendo el 75% del
promedio mensual de los factores que efectivamente devengaba la
demandante en su último año [...] anterior a la fecha en que adquirió
su status pen sional, 16 de noviembre de 2004, tal como lo dispuso
el a quo».

Conforme a certificación del Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Riohacha lo decidido cobró ejecutoria el día 19
de febrero de 2013.

2.3 La causal de revisión invocada

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Social (UGPP)

La UGPP considera que la providencia del 30 de enero de 2013 está
incursa en la s cau sales de los literal es a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con fundamento en lo que sigue:

Que si bien es cierto que «la señora VILMA MERCEDES NUÑEZ
RUEDA acreditó lo s requisitos exigid os en la Ley 114 de 1913 , no
lo es menos que respecto de los factores salariales que se tuvieron
en cuenta al momento de realizar la liquidación de la prestación
económica, respecto de la prima [semestral] de bonifi cación del
departamento de la Guajira que fue certificada por el ente
nominador, existe una irregularidad como quiera que esta fue
otorgada por ordenanza, en este sentido la Constitución de 1991,
en su artículo 150, numeral 19, literal e), radicó en cabeza del
Congreso de la República la facultad exclusiva de dictar las leyes
marco o normas generales en las que se señalen los objetivos o
criterios a los cuales se deben sujetar el Gobierno Nacional para
señalar el régimen legal y prestac ional de los empleados públicos».

La «fijación del régimen salarial y prestacional constituye una
COMPETENCIA E XCLUSIVA que recae en el Congreso de la
República y en el Gobierno Nacional, por lo cual, no es dable a las
corporaciones públicas territoriales arrogarse dicha facultad y en lo
que se refiere al régimen salarial, el Gobierno señaló el límite
máximo salarial de los servidores púb licos territo riales t eniendo en
cuenta su equivalencia con los del orden nacional».

A la «señora VILMA MERCEDES NUÑEZ RUEDA no se le puede
efectuar la reliquid ación de la prestación con el factor de la prima
de bonificación del departamento de la Guajira, toda vez que fue
creado por una ordenanza que carece de efectos jurídicos, al ser
declarada nula en fallo de fecha 08 de diciembre de 2008 del
Tribunal Administrativo de la Guajira y confirmada por el Consejo
de Estado [...] el 26 de abril de 2012».

La reliquidación ordenada «no puede mantenerse incólume, como
quiera que además de contradecir la normatividad que consagra la

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prestación, implica la destinación de recursos pú blicos para
financiar una pensión en términos no acordes a derecho».

En este acápite, resulta pertinente evidenciar que el ponente
inadmitió este recurso, mediante proveído de l 30 de abril de 2018 1,
para que la UGPP precise y sustente las causales invocadas.

Para acatar lo ante rior 2, la entidad accionante, se refirió a la causal
del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, indicando que
esta procede «cuando el reconocimiento de una pensión se haya
obtenido con desconocimiento del debido proceso» .

Respecto del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 a severó
que «la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo a la ley [...] ».

2.4. Contestación y concepto en la acción de revisión

La señora Minia Vilma Mercedes Núñez Guerra guardó silencio .

El agente del Mi nisterio Público conceptuó que hay lugar a la
«revocatoria de la sentencia confirmatoria por examinar, dado que,
en efecto, es atributo del Gobierno Nacional y del Le gislativo la
facultad general, de carácter exclusivo y exclu yente, de
determinación salarial pública, no siendo de recibo la abrogación
que de tal potestad se haga por las corporaciones administrativas
territoriales, en este caso, por la Asamblea Departamental de la
Guajira, para consagrar disposicione s como la creación de la prima
de bonificación del Departamento de la Guajira, que fue incorporada
en la liquidación de la pensión gracia».

En ese orden, se debe declarar fundado el recurso especial
impetrado por la UGPP.

1 Folios 203 y 204.
2 Folios 208 a 211.
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Social (UGPP)

3. CONSIDERACI ONES

3.1 Competencia

Como la demanda se presentó el 18 de mayo de 2016 , en vigencia
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo ( CPACA), esta C orporación es competente para
conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del
artículo 249 ejusdem 3. De igual forma , atendiendo al criterio de
especialización, p or tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto
del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, seg ún lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019.

Por otro lado , de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la
revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza […] a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministe rio de Hacienda y Crédito Público, del Contra lor General
de la República o del Procurador General de la Nación». 4

3.2 Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada
para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, se gún

3 «Artículo249. Competencia. […]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos
jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
4 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016,

también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión
de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Social (UGPP)

corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar
las decisiones jud iciales en las cua les se haya incurrido en un
abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena de l Consejo de Estad o, a través
de sus Salas Especiales de Decisió n, 5 ha admitido expresamente
que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6
del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, 6 la UGPP tiene competencia
para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

3.3 Oportunidad

Con el fin de an alizar si la acció n de revisión fue interpuesta
oportunamente, se evidencia que el artículo 251 del CPACA dispone
que el término para interponer la acción de revisión, en los casos
referidos en la normativa transcrit a, es dentro de los 5 años
siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

La Corte Constitucional en sentencia SU -427 de 2016 7, precisó que,
en los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, el término de caducidad de cinco años para
interponer la acció n de revisión no po drá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en esta fecha
que la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo la ext inta Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744
00, demandante: UGPP.
6 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las
siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o
modifiquen. […]»
7 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín y otro.
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Con fundamento en lo anterior, se advierte que la sente ncia objeto
de revisión (del 30 de enero de 2013) cobró ejecutoria el 19 de
febrero de 2013. Así las cosas, tenie ndo en cuenta que el artículo
251 del CPACA previó cinco años para promover la acción de
revisión y, que la Corte Constitucional señaló que dic ho periodo no
podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en
la que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía
CAJANAL, es posible concluir que co mo la demanda se presentó el
18 de mayo de 2016, aquella se encuentra en tiempo.

3.4 Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Tribunal Administrativo de la Guajira del 30 de enero de 2013 está
inmersa en las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la revisión cuando (i) el
derecho al reconocimiento pensional se ha obtenido con «violación
al debido proceso» o (ii) la cua ntía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5 La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 8 estableció la posibilidad de
revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o
decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro
Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las
siguientes circunst ancias:

A R T Í C U L O 20. R E V I S I Ó N D E R E C O N O C I M I E N T O D E S U M A S P E R I Ó D I C A S A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
P Ú B L I C A . [ Apar t es
t achados I N E X E Q U I B L E S ] Las pr ovidencias
j udicia les que en cualqu ier t iem po hayan decr et ado o decr et en
r econocim ient o que im pongan al t esoro público o a f ondos de
nat ur aleza públ ica la obl igac ión de cu br ir sum as per iódic as de
diner o o p ensio nes de cualq uier nat ur a l eza podr án ser r evi sadas

8 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los R egímenes
Pensionales exceptuados y especiales.
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Social (UGPP)

por el Consej o de Est ado o la Cor t e Supr em a de Just icia, de
acuer do con sus com pet encias, a solic it ud del G obier no por
conduct o del M ini st er io de Tr abaj o y Segur idad Soc ial, del
M inist er io de Haci en da y Cr édit o Públic o , del Cont r alor G ener al de
la Re púb lic a o del P r ocur ador G ener al de la Nación.

La r evisión t am bié n pr ocede cuando el r econocim ient o sea el
r esult ado de una t r ansacción o conci l iac ión j udici al o ext r aj udicia l.

La r evisión se tr am it ar á por el pr ocedim ient o señalado par a el
r ecur so ext r ao r dinar io de r evis ión por el r espect ivo código y podr á
solic it ar se en cualq uier t iem po por las causales consagr ad as par a
est e en el m ism o código y adem ás:

a) Cuando el r econocim ient o se haya obt enido con violac ión al
debido pr oceso, y
b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s.

Si bien el p recepto jurídico t ranscrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del p rocedimiento señalado para
el recurso extraord inario de revisión, actualmente regulado por los
artículos 248 y siguientes del CPACA, lo cierto es q ue presenta
ciertas particularid ades que han sido advertidas y señaladas tanto
por la jurisp rudencia del Cons ejo de Estado como de la Corte
Constitucional, de la siguiente manera:

➢ Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas,
sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto
el reconocimiento de una prestación, como los autos que
terminan anormalmente el proceso y aquellos actos q ue sean
consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y
conciliación.

➢ Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de l
Ministerio de Hacie nda y Crédito Público, del Contralor G eneral
de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20
de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones.

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➢ Respecto de su alcance, la jurisp rudencia advirtió que no se
extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de
revisar el valo r de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propó sito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su le gal idad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público,
la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

➢ No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate jurídico sobre el derecho a una prestación, pues su
marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho (litera l a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con
vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor
al que corresponde.

➢ Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos
relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas
inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que
rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de
recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y de
seguridad jurídica, por lo que constit uyen una excepción que s olo
debe admitirse frente a un fin legítimo, como lo es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debid o proceso o
si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequ ibilidad del
artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde
reiteró 9 que el recurso extraordinario de revisión procede contra

9 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa
juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción
de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la
decisión judicial revelan que ésta es injust a. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
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sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia m aterial y constitu yendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».

En definitiva, el principio de cosa juzgada admite tanto las
excepciones dispuestas por el legisla dor como las previstas en las
normas que gobiernan el recurso e xtraordinario y, por ende, la
acción especial que en este caso se impetra.

3.6 Las causales de revisión invocada s

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de
revisión las causales previstas en el los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señalan lo siguiente:

A rt í cul o 20 . Revisión de r econocim ien t o de sum as per iódicas a
car go del t esor o público o de f ondos de nat ur aleza públ ica.
[ …]

a) Cuando el r econocim ient o se haya obt enido con violac ión al
debido pr oceso
b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s.

3.7 Caso concreto.

3.7.1. De la causal de revisión del literal a) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003

En sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial
de Decisión 10 precisó que de conformidad con lo previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental
alegado comprende los siguientes tres elementos: «i) el derecho al
juez natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme

sentencia injusta y reabrir un proceso ya fene cido. Su fin último es, entonces, buscar
el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
10 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a 2 2 E s p e c i a l d e D e c i s i ó n , s e n t e n c i a d e 5 d e f e b r e r o d e

2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.
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con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y iii) las garantías de audiencia y defensa,
que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba
de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el
derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

En el presente caso, la UGPP no argumenta ninguna vulneración
sobre las garantías constitucionales antes mencionadas; su
inconformidad se fundamenta en un presunto exceso de la
sentencia recurrida en el derecho reconocido al demandado y, en
razón de ello, d irig e su alegato a cuestionar la reliquidación de la
pensión gracia con la inclusión de la prima semestral de
bonificación del d epartamento de la Guajira. En consecuencia, lo
que procede es el estudio de aquel planteamiento bajo la causal
contenida en el l iteral b) del artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003.

3.7.2 De la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Lo que se ha de dilucidar es si la se ñora Vilma Merced es Núñez
Guerra tiene derecho a la reliquidación de la pensión gracia con
inclusión de la prima semestral de bonificación semestral ,
teniendo en cuenta el origen de esta prerrogativa (Orde nanzas 40
de 1981 y 25 de 1983 , declaradas nulas por esta Corporación ),

3.7.2.1 Breve marco normativo de l a reliquidación de la pensión
gracia

Para empezar, es importante poner de relieve que la pensión gracia
es una prestación especial otorgada a los docentes estatales
territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad,
dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, que compensa los
bajos niveles salariales que estos percibían respecto de las
asignaciones salariales que devengaban en su momento los
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docentes vinculados directamente con la Nación 11.

Esta prestación no se reconoce atendiendo los aportes efectuados
a la entidad de previsión social, sino con cargo al tesoro público, lo
que resulta reafirmado por el Decreto 81 de 1976, que transfirió su
pago a la Caja Nacional de Previsión Social.

Ahora bien, la pensión gracia no se rige por las Leyes 33 y 62 de
1985, porque no se trata de una prestación ordinaria, sin o especial
y fue excluida de esa reglamentación por determinación del
legislador al tenor del artículo 1º - inciso 2 - de la primera
disposición en comento 12.

Las pensiones especiales deben regularse por las normas
aplicables a ellas y, en el caso de la pensión gracia, según las
voces del artículo 2º de la Ley 114 de 1913 se liquidaba atendiendo
la mitad del sueldo que hubiere devengado el docente durante los
dos últimos años de servicio y en evento de que ellos hubieran sido
distintos, se tenía en cuenta su promedio.

El aludido monto y promedio fue modificado por la Ley 4ª de 1966,
normativa que, sin hacer excepción alguna, a diferenc ia de lo que
ocurre con la Ley 33 de 1985, precisó en su artículo 4º lo siguiente:

«A par t ir de la vigen cia de est a ley, las pensi ones de j ubi l aci ón e
i nval i dez a que t engan der echo los t r abaj ador es de una o m ás
ent idades de d er echo públ ico, se l i qui darán y se pa garán
t omando como base el set ent a y cinco por ci ent o ( 75%) del
promedi o mensual obt eni do en el úl timo año de servi ci os ».

La Ley 4ª de 1966, fue reglamen tada por el Decreto 1743 de 1966 13,
cuyo artículo 5º reiteró que las pensiones de jubilación se
liquidarían tomando como base el 75% del promedio mensual de los

11 Ver al efecto sentencia de unificación por importancia jurídica CE- SUJ-SII-11-
2018. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda
• CP. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter – 21 de junio de 2018. Expediente 25000 -23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014), demandante: Gladys Amanda Hernández Triana,
demandado: UGPP.
12
«ARTÍCULO 1º de la Ley 33 de 1985. - […] No quedan sujetos a esta regla general
los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen
la excepción que l a Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley
disfruten de un régimen especial de pensiones».
13 « p o r e l c u a l s e r e g l a m e n t a l a L e y 4 ª d e 1 9 6 6 » .

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salarios devengados 14 durante el último año de servicio.

En este punto resulta pertinente acla rar que «el último año de
servicio» a que aluden las disposiciones atrás referencia das, en el
caso de la pensión gracia, debe entenderse como la anualidad
anterior a la adquisición o consolidación del derecho, pues a partir
de ese momento empieza a devenga rse, por su carácter especial.

Por virtud de lo e xpuesto, es improcedente la liquidación de la
pensión gracia con base en los factores salariales devengados en
el año anterior al retiro, pues esta prerrogativa se causa con el
cumplimiento de los requisitos fijados en la ley y constituye un
derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley.

Así las cosas, la pensión gracia se liquida con todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
derecho y no es posible a justarla por nuevos tiempos de servicios
prestados o factores devengados.

3.7.2.2 Prima semestral de bonifica ción del Departamento de la
Guajira

En este punto, es pertinente señalar que esta Corporación,
mediante sentencia del 26 de abril de 2012 15, confirmó la decisión
del Tribunal Administrativo de la Guajira que declaró nulas las
Ordenanzas 40 del 17 de diciembre de 1981 y 25 de 30 de
noviembre de 1983, por cuanto las autoridades Departamentales
carecen de competencia para crear salarios y presta cio nes, así:

Compet enci a const i t uci onal de l as A sambl eas
Depart ament al es . El ar t í culo 300 de la Car t a dispone en el num er al
7, que cor r esponde a las Asa m bleas Depar t am ent ales:
“ …Det er m inar … l as escal as de remuneraci ón correspondi e nt es a
sus di st i nt as cat egorí as de empl eos ; cr ear los est ablec im ient o s

14 «Devengar es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de
trabajo, servicio u otro título, como lo define el diccionario de la Real Academia,
cuando percibir es recibir, obtener el pago. El primero es un concepto jurídico, el
segundo lo es de hecho».
15 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B , r a d i c a d o 4 4 0 0 1 - 2 3 - 3 1 - 0 0 0 -

2005-01035-01(0355-09), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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públ icos y em pr esas indust r iales o com er ciales del depar t am ent o
y aut or izar la f orm ación de socieda des de econom í a m ixt a. ”
( Negr il las de la Sa la ) .

Del ant er ior t ext o co nst it uciona l se inf ier e q ue la f acu lt ad qu e se le
ot or gó a las Cor por aciones púb licas de los dist int os ent es
t er r it or iales y a su s r epr esent ant es par a f ij ar las escal as de
r em uner ación, ent endidas com o u n or denam ient o nu m ér ico
cont ent ivo de los di f er ent es gr ados de r em uner ación qu e puedan
exist ir , deben ej er cer se dent r o del m ar co de las dispo sicion es
lega les conf or m e a la ley gener al que sobr e la m at er ia expidió e l
Congr eso de la Rep úblic a, est o es, la Ley 4ª de 1992.

En est e sent ido, la f ij ación del r égim en salar ia l y pr est aci ona l
const it uye com pet encia que la Co nst it ución y la ley r ese r vó de
f or m a exclusiva al G obier no Naci onal , con obser vancia de lo s
par ám et r os dados por el Congr eso de la Repúbl ica, en vir t ud de los
cuales es clar o que no es dable a ot r o or ganism o ar r ogar se d icha
f acult ad. Se insist e por la Sal a en la co m pet encia concur r ent e o si
se quier e, com par t ida, ent r e el legisla d or y el ej ecut ivo, en vir t ud
de la cual, el Congr eso det er m ina los p ar ám et r os gener ales a los
que debe suj et ar se el ej ecut ivo p ar a f ij ar el r é gim en sa la r ial y
pr est acional.

En consecuenc ia, com o ya lo ha pr ecisado est a Cor por ació n, 16 la
det er m inación de l r égim en pr est aciona l de los em plead os p úblic os
t er r it or iales es com pet encia del G obier no Nacional, de acuer d o con
los par ám et r os señalados p or el legis lador , y no a las
Cor por aciones Pú bl icas Ter r it or iales, las que adem ás, tiene n
pr ohibi do ar r ogar se est a f acult ad; y en lo que se r ef ier e al r égim en
salar ia l, el G ob ier no señal ó el lí m it e m áxim o salar ia l de lo s
ser vidor es públ icos t er r it or iales t enien do en cuent a su equival enci a
con los del or den na ciona l.

Siendo así son ile gales las nor m as de car áct er local, com o
or denanzas, acuer d os m unicipa les, r esoluci ones o acuer d os de
est ablecim i ent os p úblic os bie n sean naciona les o del or den
depar t am ent al, que regulen la m at er ia. Al r espect o la j ur ispr udenci a
de est a Cor por ación ha dicho:

“ …Baj o la ant igua Const it ución Nac i onal la exped ici ón del
RÉG I M EN PRESTA CI O NAL de los em pleados est at ales er a de
com pet encia del Le gisla dor . Y baj o la Const it ución Po lí t ic a de
1991 y conf or m e a la Ley M ar co el G obier no Nacio nal t iene
com pet encias en d i cha m at er ia par a r egular l as en e l ám bit o

16 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de marzo de
2001, Expediente No. 61 79 (3241-00), Actor VICTOR MANUEL ROJAS GUTIERREZ; y
fallo del 19 de mayo de 2005, Expedientes No. 11001032500020020211 01, No. INTERNO:
4396 – 2002, Actor LUIS EDUARDO CRUZ PORRAS (Acumulados Nos.
11001032500020020209 01 (4333-02), actor AUGUSTO GUTIERR EZ Y OTROS;
11001032500020020213 01 (4406-02), actor ENRIQUE GUARIN ALVAREZ; y
11001032500020020230 01 (4767-02), actor PABLO EMILIO ARIZA MENESES Y OTROS),
Consejero Ponente DR. JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE.
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naciona l y local. La Ley 11 de 1986 ( Estat ut o Básico M unici pal)
det er m inó par ám et ros de com pet encias par a los M UNI CI PI O S,
dent r o de los cu ales que dó cl ar am ent e est ablecida su
com pet encia lim it ad a en M ATERI A SALARI AL y la com pet encia
del Legis lador en M ATERI A PR EST ACI O NAL. Y en el par ágr af o
del ar t . 43 det erm inó: “ Las sit uaci ones j ur í dicas lab or ales
def inidas por dispos icion es m unicipa les no ser án af ect adas por
lo est ablecid o en los ar tí culos 41 y 42 de la pr esent e Ley. “, con
lo cual dej ó a sal vo las SI TUACI O N ES CO NSO LI DADA S Y
DEFI NI DA S al am par o de nor m as m unicipa les. Y sin que est o
signif ique que t a les nor m as ( v. gr. Pr estaciona les) puedan s eguir
vigent es y pr oduc ie ndo ef ect os en nuev os casos. El D. L. 1333
de 1986 ( r ég im en munici pal) dispus o: a. ) Fij ó la com pet encia de
los Concej os M unici pales par a la adopci ón de la nom enclat ur a y
la clasif icac ión de lo s em pleos de las Alcaldí as, Secr et ar í as y de
sus Dependenci as, f ij ando las escalas de r em uner ación de las
dist int as cat egor í as de em pleos ( ar t . 288) ; b. ) Det erm inó que el
r égim en de pr est aciones soc iale s de l os em pleados pú bl i cos
m unicipa les “ ser á el que est ablezc a la L ey” ( Ar t . 291) y, de est a
m aner a, no f acult ó a los Concej os, ni a ot r as aut or idades
m unicipa les par a r eg lar la m at er ia pr est acional, com o t am poco
par a hacer com pilacio nes de nor mas legales en a ct os
adm inist r at ivos loca l es. c. ) Dando aplica ción a la f igur a j ur í dica
del der echo ad quir i do, dispuso que la s sit uaciones j ur í di cas
labor al es def inidas por disposicio nes m unicipales no s er í an
af ect adas por lo est ablecid o en sus ar t í culos ant er ior es.
( Par ágr af o del ar t . 293) . Así , se ha int er pr et ado que el
Legis lador ext r aor di nar io dej ó a sa lvo a quel las sit uac iones que
en m at er ia pr est acional se logr ar on consolid ar y s e r econocier on
a ser vidor es que pr eviam ent e cu m plier on l os r equ isit os
señalados en disp os icion es ext r alega les m unicipa les, lo cua l es
ent endib le par a evit ar per j uicios para quienes a ellas se
som et ier on 17

Ha dicho l a j ur ispr udencia de est a secció n siguie n do los ant e r ior es
par ám et r os norm at ivos y j ur ispr udencial es que e n r elación con los
em pleados púb licos de las ent idades t er r it or iales, com pet e al
G ober nador f ij ar los em olum ent os per o con suj eción a la L ey y a
las O r denanzas ( ar t ículo 305 num er al 7º ) :

“ ( …) Exist e, par a ef ect os de f ij ar salar ios, un r égim en de
com pet encia concu r r ent e ent r e el Congr eso, el G obie r no
Nacion al, las Cor por aciones adm inist r at ivas colegia das del
or den Depar t am ent al y M unicipa l ( Asambleas y Concej os) y el
ej ecut ivo t er r it or ial ( G o ber nador es y Alc aldes) que f ue r at if i cada

17Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B. C.P. Dr. Alejandro Ordoñez
Maldonado. Sentencia del 28 de septiembre de 2006. Rad. No. 73001 -23-31-000-2001-
00841-01(05279-02). Actor: Jorge Rojas Padilla. Demandado: Municipio de Ibagué .
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por la Cor t e Const ituciona l en sent encia C - 510 de 1999 ( 14 de
Julio) M agist r ado Po nent e Dr . Alf r edo Belt r án Sier r a. 18

La com pet encia del G obier no Naciona l p ar a f ij ar el lí m it e m áxim o
salar ia l de la r emuner ación d e los em pleados de los ent es
t er r it or iales no desconoce la com pet encia que la m ism a
Const it ución expr es am ent e ot or gó a la s aut or idades d e di chos
ent es par a f ij ar , por una par t e, las escalas de r em uner ac ión
cor r espondient es a l as dist int as cat egor í as de em p leos dent r o de
su j ur isdicción, ar t í culos 300, num er al 7, y 313, num er al 6, de la
Const it ución, y, por ot r a, par a det erm inar los em olum ent os de los
em pleos de sus dep endencias, ar t í culos 305, num er al 7, y 315,
num er al 7, de la Const it ución ( …) 19

Teniend o clar o ent onces que las autor idades Depar t am ent ales
car ecen de com pet encia par a cr ear s alar ios y pr est aci ones,
pr ocede conf ir m ar la sent encia ape lad a y que decidi ó an ular las
O r denanzas 40 de 1 981 y 025 de 1983 e xpedidas por la Asa m blea
Depar t am ent al de la G uaj ir a, en cuant o, desbor dando el ám b it o de
sus com pet encias cr ear on una pr im a sem est r al par a los educ a dor es
al ser vicio de l depar t am ent o.

3.7.2.3 Análisis del caso concreto

En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-33-
31-001-2006-00492 -01, se acreditó lo siguiente:

➢ CAJANAL, por Re solución 7161 del 16 de febrero de 2006,
reconoció a la se ñora Vilma Merce des Núñez Guerra una
pensión gracia , efectiva a partir del 16 de noviembre de 2004.
La cuantía fue equivalente al 75% de l salario promedio de 12

18 En esa sentencia se señaló: “[...] 4.3. En e stos términos, para la Corte es claro que
existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados
de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única
y exclusivamente para señalar los p rincipios y parámetros generales que ha de tener en
cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen . Segundo, el Gobierno
Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos
servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las
asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar
las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del
empleo de que se trate. Cu arto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones
que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las
ordenanzas y acuerdos corres pondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden
desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional”
19
Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección “B”. C.P. Dr. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Expediente No. Interno. 0417 -09. Sentencia del 15 de abril de 2010.
Demandante. Maria Stella Martínez Cifuentes. Demandado. Departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital San José del Municipio de la
Palma.
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meses, con inclusi ón de la asignación básica y el
sobresueldo 20.

➢ La Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira
certificó, el 15 de diciembre de 2009 , que la señora Vilma
Mercedes Núñez de Guerra en los años 2003 y 2004 devengó
los siguientes factores: asignación mensual, sobre sueldo,
prima de clima, prima n ormal, prima de antigüedad, prima
[semestral] de bonificación , prima de vacaciones y prima de
navidad 21.

En el presente asunto, la UGPP no discute el derecho a la pensión
gracia ni la norma que se aplicó para su liquidación. La controversia
gira únicament e en cuanto a la inclusión de l a prima semestral de
bonificación, por lo que sobre ello se habrá de centrar el análisis.

En la sentencia objetada (del 30 de enero de 2013) , el juez de
instancia ordenó la reliquidación de la pensión gracia con inclusión,
además de la asignación básica y el sobresueldo (Resolución 7161
de 2006), de las primas de clima, normal, de antigüedad, semestral
de boni ficación , de vacaciones y d e navidad , devengadas por la
señora Vilma Mercedes Núñez Guerra en el año ante rior al de
consolidación del estatus pensional.

En primer término, es preciso evidenciar que la Sección Segunda,
mediante auto del 14 de octubre de 2021, enfatizó, en un caso de
contornos similares, la necesidad de unificar jurisprudencia
respecto de si es imperativo o no la verificación ex ante de la
legalidad del pago percibido por concepto de sobresueldos o primas
creados por ord enanzas , toda vez que existen crite rios
jurisprudenciales d ivergentes, lo cual ha conducido a que a algunos
docentes se les niegue la reliquidación de la pensión gracia con la
inclusión de los aludidos emolumento s, pese a que otros, en

20 F o l i o s 2 a 4 cuaderno expediente ordinario.
21 F o l i o s 60 61 cuaderno expediente ordinario.
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condiciones fácticas similares, logran sacar avante esa
pretensión 22.

Lo anterior, pone en evidencia que la Corporación reconoce que,
en estos casos de f actores extra legales , su posición ha variado. Al
respecto, basta evidenciar que para la época en que se profirió la
decisión que se revisa , posibilitó la reliquidación de una pensión
gracia sin la verificación ex ante de ningún factor 23, así:

«es clar o que en la liquidac ión de la pens ión gr acia se deben incluir
t odos los f act or es salar ia les per c ibid os por la dem andant e, dur ant e
el año inm ediat am ent e ant er ior a aquél en que cum plió con los
r equisit os de t iem p o y edad, par a hacer se m er ecedor a a e st e
r econocim ient o pens iona l especi al. En ot r as palabr as, la l iqu i dación
de la pens ión gr acia sól o es posi ble r espect o de f act or es
devengados a l m oment o de la consol ida ción del st at us pensi onal.

[ …] En ese or den, la Sala conf ir m ar á la sent encia del Tr ibu nal que
anuló l as r esoluc iones acusad as, por cuant o en el act o
adm inist r at ivo de r e conocim ient o de la p ensión gr ac ia no se t uvo en
cuent a lo per c ibi do por la act or a por con cept o de pr im a de n avidad,
pr im a de vida car a , pr im a de alim ent ación en e l últ im o añ o de
ser vicio, f act or es que se cer t if icó com o devengados p or la d ocent e
la G ober nación de A nt ioquia en doc um ent o visibl e a f olios 4 a 6.

[ …] Conf or m e a lo ant er ior , la Sala com pa r t e la decisión de l Tr ibuna l
que or denó la i nclu sión de los f act or e s salar ia les en la b ase de
liqu idac ión pens ion al y el incr em ent o a la cuant í a pen siona l
at endiendo el I PC al m om ent o en que la dem andad a adq uir ió e l
est at us pensiona l, en consider ac ión a la per dida ( sic) de l poder
adquis it ivo const an t e de su valor . » ( negr it a de la Sala de
Subsecció n) .

Así las cosas, no se desconoce que la prima semestral de
bonificación es un factor salarial creado por una entidad del orden
territorial y, por e sa razón, l as orde nanzas que la crearon fueron
declarad as nulas por esta Corporación. Con todo, se observa que
la postura del Co nsejo de Estado, en cuanto a la posibilidad de
tener en cuenta factor es como el referenciado para la liquidación

22Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001 -33-33-010-2014-00148-01
(0600-2020), M,P. Gabriel Valbuena Hernández.
23Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 24 de enero
de 2013, radicación: 05001 -23-31-000-2004-06407-01(2435-11), actor: Nubia Rosa
Benjumea Zuluaga,
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de la pensión gracia de jubilació n ha variado, pues se ha
considerado (i) co mputarlos en atención a su n aturaleza salarial y
(ii) excluirlos por haber sido cread os sin competencia para el
efecto.

Un ejemplo claro sobre el particular, es que el Tribunal
Administrativo de Boyacá evidenció la anterior d ive rgencia de
criterios en un caso similar y pidió una unificación, en la medida en
que:

• Una ( t esi s) , consistent e en que en la reliq uidac ión pens io nal es
necesar io ver if icar e x ant e, si el r econoci m ient o del 20% deve ngado
( cr eado por O r denanza 23 de 195 9, dec lar ada nu la ) , se en c ont r aba
sopor t ado en el or denam ient o j ur í dico aplicab le, t oda vez que de no
ser así , no es posible vali dar su inclusión en el ingr eso base de
liqu idac ión. Lo ant er ior , por que:

[ …] si el sobr esueldo del 20%, cr eado mediant e la O r denanz a 23 de
1959, f ue pe r cibido dur ant e el año anter ior a la adquisic i ón del
est at us pensional - en vir t ud de pr oceso ej ecut ivo labor al - y el
docent e t iene la co ndici ón de nac iona li zado, no es pr oced ent e la
inclus ión de l f act or en la r eliqu idaci ón de la pensión gr ac ia, por
cuant o los benef icio s allí cont en idos no pueden ser r econo cidos a
aquel los docent es q ue se hubier en vinc ulado com o naciona l izados,
después de la exped ición de l a Ley 43 de 1975.

En ar m oní a con lo ant er ior , si el docente se encont r aba vinculad o
ant es de la r ef or m a const it uciona l de 19 68, se le cont inúa a p lican do
el r égim en qu e ven í a gozando o e l nu evo si l e es i gual o m ás
f avor able y no pu ed e ser desm ej or ado salar ia lm ent e. No ob st ant e,
si f ue vincula do después de 1968, queda som et ido a las
r egulaci ones que seña le el leg islad or quien es el com pet ente par a
f ij ar salar ios o f act or es salar iales.
[ …]

En sum a a aquell os docent es que se vin cular on después de la Ley
43 de 1975 por m edio de la cual se naci onal izó el ser vicio p úblic o
de educación, no es posible incl uir el sobr esueldo del 20% cr eado
la O r denanza 23 de 1959, en la bas e d e liqu idac ión de la pensión
gr acia, ya que el ben ef icio se dio, sin que el docent e f uese acr eedor
par a ello, por lo t ant o [ no se] puede valid ar su r econocim ient o,
cuando se encuent r a dem ost r ado que su f undam ent o es ilega l e
inconst it uc iona l.

• O t ra ( t esi s) , r elat iva a que se debe inclu ir en la pensión lo
per cibid o por conc ept o de sobr esueld o del 20% cr eado por la

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O r denanza 23 de 1959, sin m ás r equisit o que su per cepción en el
per í odo que sur t e efect os par a det erm inar su base de liquid ación 24.

Así las cosas, en el caso particular, la decisión de ordenar que se
liquidara la pensión gracia con todos los factores salariales
devengados en el año anterior al estatus, sin excluir expresamen te
la prima semestral de bonificación , era razonable, comoquiera
que, para el 30 de enero de 2013 , cuando se produjo la sentencia
de segunda instancia, la jurisprude ncia del Consejo de Estado
posibilitaba admitir su inclusión , sin que exista una posición
unificada sobre el punto. Por esa razón, no puede afirmarse que la
providencia ahora analizada se haya proferido de manera arbitraria
o con un desconocimiento flagrante del precedente aplicable.

Además, la señora Vilma Merced es Núñez Guerra , en su condición
de docente nacionalizad a del Depart amento de la Guajira , devengó
la prima semestral de boni ficación en virtud de las O rdenanzas
40 del 17 de dicie mbre de 1981 y 25 de 30 de noviembre de 1983
(años 2003 y 2004) , actos que fueron declarados nulos hasta el año
2012, por lo que aún gozaban de la presunción de legalidad. Sobre
el particular, es de destacar que, a pesar de que en varias
oportunidades se ha señalado por el Consejo de Esta do que los
efectos de la nulidad de un acto administrativo se retrotraen su
nacimiento, también ha optado por mantener las situaciones
jurídicas consolida das que nacieron bajo su vigencia, conforme al
principio de confianza legítima 25.

24Ver auto del 7 de octubre de 2021, radicado 15001 -33-33-010-2014-00148-01
(0600-2020), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 C o n s e j o de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión No. 9, sentencia del 13 de agosto de 2021, radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández . «Esta consecuencia resarcitoria
implica, en materia contenciosa administrativa, que los efectos de los fallos que
declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el
a c t o i l e g a l s e a r e t i r a d o d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o a p a r t i r d e l a d e c i s i ó n j u d i c i a l , s i no
que es necesario que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia
queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas
a su estado anterior.
47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones
jurídicas particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se
encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial.
48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos
de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc».

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En estos términos, se infiere que el criterio aplicado por el Tribunal
Administrativo de la Guajira en el asunto sub examine es razonable
y no puede considerarse caprichoso ni arbitrario, pues se acompasa
con una de las tesis jurisprudencial es vigentes en ese momento en
el Consejo de Estado.

Así las cosas , comoquiera que la UGPP no argumentó ni logró
demostrar alguna vulneración sobre las garantías constitucionales
que abarca el derecho al debido proceso, no hay lugar a declarar
fundada la acción de revisi ón por la causal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

En el mismo sentido, comoquiera que la posición adoptada por el
Tribunal Administrativo de la Guajira guardó armonía con una
jurisprudencia imp erante para la época , su decisión no excedió lo
dispuesto por la ley y, por lo tanto, constituye una situación
consolidada al amparo de la cosa juzgada cuyos efectos deben
mantenerse incólumes para salvaguardar los principios superiores
de la seguridad jurídica y la confianza legítima; en consecuencia,
tampoco se configura la casual b) de la norma ejusdem.

En conclusión , la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales
contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003

3.8 De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación55 ha considerado que el
ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los
graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento
del Tesoro Público, así como un mecanismo de defensa de los
principios de eficiencia, universalid ad, solidaridad, integralidad ,
unidad y participación que rigen el servicio público esencial de
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seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad fina nciera del sistema pensional. Por lo anterior, la
Sala considera improcedente la condena en costas en el caso
analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar infundada la acció n de revisión promovida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UG PP) por las
causales previstas en los literales a ) y b) del artículo 2 0 de la Ley
797 de 2003, contra la se ntencia del Tribunal Administrativo de la
Guajira, del 30 de enero de 2013 , de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin con dena en costas.

Noti fíquese y cúmplase

La anterior provide ncia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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