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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00293-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00293-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 4 de marzo de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00293-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Gladys Julieta Castro Gómez

Temas: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de la pensión gracia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del
4 de marzo de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, por
medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Gladys
Julieta Castro Gómez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP solicitó que se infirmara la sentencia del 4 de marzo de 2005
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se
ordenó la reliquidación de la pensión gracia de Gladys Julieta Castro Gómez con
la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1 En adelante UGPP
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 68001-23-24-002-2001-01767-00;
actor: Gladys Julieta Castro Gómez, demandado: Cajanal
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la revocatoria de la aludida sentencia
y, en su lugar, que se ordenara la reliquidación con el promedio de los salarios
devengados en el año anterior al que adquirió el estatus de pensionada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. A través de la Resolución 020519 del 28 de octubre de 1997, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE)4 reconoció una pensión gracia a Gladys
Julieta Castro Gómez con el 75% de lo devengado por concepto de asignación
básica, en cuantía de $321.931.63, efectiva a partir del 7 de noviembre de 1996, sin
condicionarla al retiro del servicio.

3.2. Gladys Julieta Castro Gómez solicitó la reliquidación de la pensión por retiro
definitivo del servicio. Mediante la Resolución 015352 del 11 de agosto de 2000, la
aludida caja de previsión determinó la cuantía de la mesada pensional en
$971.633.35, efectiva a partir del 2 de noviembre de 1999. Para ello, tuvo en cuenta
la asignación básica devengada en el último año de servicio.

3.3. El 8 de septiembre del 2000, solicitó a la Subdirección General de
Prestaciones Económicas la revisión de su pensión de conformidad con las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 4ª de 1996 para que se incluyera en la
base de la liquidación la totalidad de los factores devengados. Entidad que guardó
silencio.

3.4. Gladys Julieta Castro Gómez presentó demanda contra Cajanal en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo5, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto ficto producto del silencio administrativo negativo y de la Resolución 002421
del 18 de mayo de 2001 expedida por la Oficina Jurídica de la extinta Cajanal que
resolvió el recurso de apelación contra el citado acto. En consecuencia, solicitó la
reliquidación de su pensión gracia con la totalidad de los factores salariales
devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional, esto es del 7 de
noviembre de 1995 al 7 de noviembre de 1996 y con los devengados en el último
año de servicio, esto es del 1° de noviembre de 1998 al 1° de noviembre de 1999.

3 Cuaderno 1 del principal, folios del 177 al 180
4 En lo que sigue Cajanal
5 En adelante CCA

2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

3.5. El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Santander que
mediante providencia del 4 de marzo de 2005 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para lo cual resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE OFICIOSAMENTE la ocurrencia del fenómeno prescriptivo
en relación con las mesadas causadas con anterioridad al trienio transcurrido entre el 18
de septiembre de 1997 y el 18 de septiembre de 2000, fecha ésta última en la cual dicho
término se interrumpió con la presentación de la petición de reliquidación ante la entidad
accionada.

SEGUNDO: DECLÁRASE LA NULIDAD del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo ocurrido en relación con la petición que con fecha 18 de septiembre de 2000
elevara la accionante a la Subdirección General de Prestaciones Económicas de la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL atendiendo a los planteamientos reseñados en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del ARTICULO SEGUNDO de la Resolución No.
002421 del 18 de mayo de 2001, expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja
Nacional de Previsión Social "CAJANAL", conforme a lo consignado en la parte motiva
de este proveído.

CUARTO: ORDENAR a LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, que proceda a
reliquidar la pensión gracia reconocida a la demandante GLADYS JULIETA CASTRO
DE GOMEZ, tomando como base la totalidad de los factores salariales que constituyen
el salario devengado en el último año de servicio, reajuste que deberá actualizarse con
los incrementos de ley y con la indexación en la forma como se indicó en la parte motiva
de esta providencia, teniendo en cuanta la prescripción trienal.» (sic)

3.6. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 29 de marzo de 2005.

3.7. En cumplimiento de lo resuelto en instancia judicial, Cajanal expidió la
Resolución 6859 de 18 de octubre de 2005 en la que, inicialmente, reliquidó la
pensión de Gladys Julieta Castro Gómez en cuantía de $370.373.65, efectiva a
partir del 7 de noviembre de 1996, pero con efectos fiscales a partir del 18 de
septiembre de 1997 por prescripción trienal; a continuación, ordenó la reliquidación
de la pensión gracia al retiro definitivo del servicio en cuantía de $1.082.839.02,
efectiva a partir del 2 de noviembre de 1999.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 4 de marzo 2005
accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión
gracia de Gladys Julieta Castro Gómez con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

5. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos6:

5.1. Cajanal liquidó la pensión gracia con fundamento en las leyes 33 y 52 de
1985 que fijan las pautas para la liquidación pensional por servicios oficiales y que
excluyen como factor salarial las primas de servicio y costo ante la ausencia de
regulación expresa para el efecto en la Ley 114 de 1913, pero olvidó que este es un
beneficio prestacional que goza de carácter especial y excepcional y, por lo tanto,
no puede regirse conforme con las leyes generales, pues así lo dispuso el parágrafo
1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

5.2. Así pues, este carácter excepcional implica su reconocimiento por Cajanal
sin necesidad de estar afiliado a esta entidad puesto que a ella se le transfirió la
función de pago. Por su parte, el monto prestacional se deduce de lo que devengó
el trabajador en el último año de servicio, es decir, sobre los factores salariales
recibidos de forma habitual y periódica. En igual sentido se pronunció el Consejo de
Estado, Sección Segunda en la sentencia del 2 de diciembre de 19997.

5.3. En consecuencia, Cajanal no tuvo en cuenta la totalidad de los factores que
de manera periódica percibía Gladys Julieta Castro Gómez y que por ende
constituyen salario base para la liquidación de la prestación, dentro de los que se
encuentran el sobresueldo y las primas de navidad, semestral y alimentación.

5.4. En consecuencia, Cajanal debe reliquidar la pensión gracia para lo cual debe
tener en cuenta las mesadas causadas con posterioridad al 18 de septiembre de
1997 [por prescripción de las anteriores a tal fecha], y la totalidad de los factores
que constituyen el salario devengado por la demandante en el último año de servicio
para las mesadas que hasta la fecha se han causado con posterioridad al 2 de
noviembre de 1999 [conforme lo ordenó la Resolución 015352 del 11 de agosto del
2000] y con lo devengado en el año anterior al estatus de pensionada para las
mesadas causadas entre el 18 de septiembre de 1997 y el 1 de noviembre de 1999
[conforme lo dispuso la Resolución 020519 del 28 de octubre de 1997].

1.2. La causal de revisión invocada

6.La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La decisión objeto de revisión excedió la cuantía del derecho debido de

6 Cuaderno 1 del principal, folios del 155 al 168
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 1999,
radicado 1761-99, MP. Alberto Arango Mantilla.
8 índice 3 de Samai

4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

acuerdo con la ley, por cuanto ordenó la reliquidación de la pensión gracia otorgada
a Gladys Julieta Castro Gómez con el 75% de todo lo devengado en el último año
de servicio, desconociendo que tal prestación se liquida con lo devengado en el año
anterior a la adquisición del derecho.

6.2. Aunque inicialmente se estableció que la cuantía de la pensión
correspondería a la mitad del sueldo que hubiere devengado en los dos últimos años
de servicio [artículo 2 de la Ley 114 de 1913], posteriormente, el legislador
determinó que las pensiones de jubilación de los docentes, entre las que se entiende
incluida la pensión gracia, se liquidarían de acuerdo con el promedio de los sueldos
devengados durante el último año de servicio [artículos 4 de la Ley 4ª de 1966 y 5
de la Ley 1743 de 1966]. Ahora bien, comoquiera que [de lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 224 de 1972] se ha entendido que los beneficiarios de esta prestación,
pueden devengar simultáneamente sueldo y pensión, tal prerrogativa implica a su
vez, que la prestación se liquida sobre el valor de los factores devengados en el
último año de servicios anterior al estatus pensional, situación que queda
consolidada en dicho momento, por lo que no es viable la reliquidación con
posterioridad, por nuevos tiempos de servicios.

6.3. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de ese año, excluyó de su
aplicación a las pensiones de regímenes especiales, como es el caso de la pensión
gracia. Tampoco es aplicable la Ley 71 de 1988, que sobre el derecho a la pensión
de servidores públicos que no se hayan retirado del servicio señala que tendrán
derecho a la reliquidación con base en el promedio del último año de salarios y sobre
los cuales haya cotizado al ente de previsión social, condición que no cumple para
esta prestación por cuanto para su reconocimiento no se efectúan aportes. Por
ende, no se pueden aplicar las citadas leyes que regulan situaciones relativas a
pensiones de jubilación ordinarias de servidores públicos, quienes pueden solicitar
el reconocimiento, continuar trabajando y al retiro solicitar la reliquidación y empezar
a percibirla.

6.4. En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en sentencias del
16 de febrero de 20069 y 1° de marzo de 201210.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. La parte accionada guardó silencio11.

9 Radicado 2003-9500-01, M.P. Tarsicio Cáceres Toro
10 Radicado 2006-05528-01, M.P. Gustavo Gómez Aranguren
11 Obra notificación a índice 39 de Samai

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad no se pronunció12.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 19 de abril de 2017 contra la sentencia proferida el 4 de marzo de
2005 por el Tribunal Administrativo de Santander, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 4 de marzo de
2005 por el Tribunal Administrativo de Santander y quedó ejecutoriada el 29 de
marzo de ese año13 y la acción se presentó el 19 de abril de 2017, por lo que, en
principio, habría de considerarse que la acción de revisión se encuentra caducada.
Pese a ello, es preciso tener en cuenta que en la sentencia SU 427 de 2016, la
Corte Constitucional estableció que el término de caducidad no puede contabilizarse
antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que la UGPP asumió la defensa judicial
de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal, razón por la cual la entidad recurrente
podía presentar la solicitud de revisión hasta el 13 de junio de 2018.

13. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 5 de abril de
2017, esto es dentro de los 5 años siguientes luego de que la UGPP asumiera las
funciones a cargo de Cajanal, se impone concluir que la acción se ejerció
oportunamente.

12 Obra notificación a índice 8 de Samai
13 Cuaderno 1 del principal, folio 171

6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

2.3. El problema jurídico

14. Se circunscribe a determinar ¿si la sentencia del 5 de marzo de 2005 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander está incursa en la causal de revisión del
literal b) artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al haberse excedido la cuantía del
derecho reconocido a Gladys Julieta Castro Gómez al reliquidar una pensión gracia
con los factores devengados en el último año de servicio?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

18. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

19. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

20. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

21. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»18.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión gracia

23. La Ley 114 de 191321 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.

24. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 22 señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación». De ahí
que esta prestación por tener carácter especial se reconoce con cargo al erario y
para su reconocimiento no se necesitan aportes por parte del educador.

25. Ahora, en lo que refiere a la liquidación de dicha prestación el artículo 2 ibidem
determinó:

«Artículo 2. La cuantía de la pensión [gracia] será la mitad del sueldo que hubieren
devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado
sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos
sueldos».

26. Para la liquidación de las pensiones que gozaban los servidores públicos el
artículo 4 de la Ley 4ª de 196623, reglamentado por el Decreto 1743 de 196624
estableció:

«A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios,
previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público».

21 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
23 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las

pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
24 «Por el cual se reglamenta la Ley 4ª de 1966».

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Demandante: UGPP

27. Posteriormente, mediante la Ley 33 de 198525, el gobierno nacional conservó el
75% como base para la liquidación del reconocimiento pensional y determinó los
requisitos de tiempo de servicio y edad; sin embargo, exceptuó a los empleados que
por ley se encuentren acogidos por un régimen pensional especial, en los siguientes
términos:

«Artículo 1°. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones
(…)». [se resalta]

28. De lo anterior, se colige que, comoquiera que la Ley 33 de 1985 excluyó la
pensión gracia [régimen especial], la norma aplicable para la liquidación de esta
prestación es la prevista en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de esa anualidad,
es decir, que debe tomarse como base el promedio de los salarios devengados por
el docente en el último año de servicios.

29. Ahora bien, dado el carácter especial que reviste la pensión gracia, los recursos
con los que se paga y el origen de la prestación social, la liquidación no corresponde
al «último año de servicios del retiro definitivo del servicio público docente» previsto en la
Ley 4ª de 1966, y su decreto reglamentario, pues a diferencia de la pensión
ordinaria, esta prestación no requiere aportes, toda vez que es reconocida como
contraprestación a los esfuerzos, capacidad y dedicación al servicio de la actividad
educativa.

30. Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado26 señaló:

«(…) la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario -1743 de 1966- referenciados
inicialmente, ya que no discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las
percibidas por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas
disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es, tomando como base el
promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios; sin embargo
debe precisarse que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios
refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho pues es el
momento a partir del cual empieza efectivamente a devengarse en tanto su carácter
especial admite su compatibilidad con el salario, de manera que para su percepción no

25 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público».
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de julio de 2012, radicado 25000-23-25-

000-2007-01316-01 (1348-11) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Demandante: UGPP

es necesario el retiro definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con
el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador para su
otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base en los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro». [se resalta]

31. Así las cosas, la Sala reitera que, por tratarse de un régimen excepcional, para
la liquidación de la pensión gracia el interregno corresponde al año anterior a la
consolidación del derecho27, es decir que se debe liquidar la prestación con la
totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a
adquirir el estatus de pensionado.

2.5. Caso en concreto

32. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

33. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, de acuerdo con
los argumentos expuestos por la entidad recurrente, la decisión judicial objeto de
revisión ordenó la liquidación de la pensión gracia en consideración a la fecha de
retiro definitivo del servicio, pese a que esta especial prestación solo puede
liquidarse con el promedio del año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Sin embargo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la UGPP, la aludida
providencia no dispuso tal obligación, lo que impide que se considere que con ella
se incurrió en un pago en exceso contrario a lo dispuesto en la ley.

34. En efecto, se encuentra acreditado lo siguiente:

34.1. Gladys Julieta Castro Gómez nació el 7 de noviembre de 194628 y prestó sus
servicios al departamento de Santander como docente desde el 9 de febrero de
196829 hasta el 2 de noviembre de 199930.

27 En línea con lo expuesto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 27 de febrero

de 2013, radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00 (2067-2016), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; del 17 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00 (2255-2016), M.P.
William Hernández Gómez; del 3 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00833-00.
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 25 de noviembre de 2021, radicado 47001-23-33-000-2016-
00307-01 (4287-17). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 26 de junio de 2008, radicado 08001-23-
31-000-2005-03171-01 (0183-2007) M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; del 6 de septiembre de
2001, radicado 25000-23-25-000-1998-00363-01 (0185-01). M.P. Ana Margarita Olaya Forero, y del
11 de octubre de 1994, radicado 7639. M.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora.
28 Según consta en el certificado suscrito por el notario único del círculo de Mogotes (Santander)

visible a folio 48 del cuaderno 1 del principal
29 cuaderno 1 del principal, folio 50
30 cuaderno 1 del principal, folios 64

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Demandante: UGPP

34.2. Entre los años 1995 y 1996 devengó asignación básica, sobresueldo y primas
de navidad, semestral y de alimentación31.

34.3. Por medio de la Resolución 020519 del 28 de octubre de 1997, Cajanal le
reconoció una pensión gracia, en cuantía equivalente a $321.931, efectiva a partir
del 7 de noviembre de 1996, fecha en la que adquirió el estatus de pensionada.
Para la determinación de la mesada se tuvo en cuenta el 75% del salario promedio
devengado durante 12 meses anteriores a adquirir el estatus [esto es, del 7 de
noviembre de 1995 al 7 de noviembre de 1996] con la inclusión de la asignación
básica y el sobresueldo32.

34.4. Mediante la Resolución 8651 del 25 de octubre de 1999, la Gobernación de
Santander le aceptó la renuncia al cargo de maestra a partir del 2 de noviembre de
199933.

34.5. Entre los años 1998 y 1999 devengó asignación básica y primas de navidad,
vacaciones y semestral34.

34.6. Con la Resolución 015352 del 11 de agosto del 2000, Cajanal le reliquidó la
pensión reconocida por nuevos tiempos de servicio, en cuantía equivalente a
$971.633, efectiva a partir del 2 de noviembre de 1999, fecha del retiro definitivo del
servicio. Para la determinación de la mesada se tuvo en cuenta el 75% del salario
promedio devengado durante 12 meses anteriores al retiro [esto es del 1° de
noviembre de 1998 al 1° de noviembre de 1999] con la inclusión de la asignación
básica35.

34.7. El 18 de septiembre del 2000, solicitó la liquidación de la pensión, en los
siguientes términos: i) con la inclusión de todos los factores salariales devengados
y certificados en el año anterior al cumplimiento del estatus de pensionada tales
como asignación básica, sobresueldo y primas de navidad semestral y de
alimentación, efectiva a partir del 7 de noviembre de 1996; y ii) con la inclusión de
todos los factores devengados tales como asignación básica y primas de
vacaciones, semestral y navidad, efectiva a partir del 1° de noviembre de 199936.
Comoquiera que transcurrieron 3 meses sin que Cajanal se pronunciara sobre la
anterior petición, el 20 de diciembre del 2000 presentó recurso de apelación contra

31 cuaderno 1 del principal, folio 51
32 cuaderno 1 del principal, folios 57 y 58
33 cuaderno 1 del principal, folio 66
34 cuaderno 1 del principal, folio 65
35 cuaderno 1 del principal, folios 73 y 74
36 cuaderno 1 del principal, folios 79 y 80

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Demandante: UGPP

el acto producto del silencio administrativo negativo37.

34.8. Con la Resolución 002421 del 18 de mayo de 2001, Cajanal resolvió el
anterior recurso y confirmó el acto ficto presunto producto del silencio administrativo
negativo por cuanto consideró que la liquidación y reliquidación efectuada se ajustó
a derecho, toda vez que, las primas de vacaciones, semestral y de navidad no están
incluidas como factores salariales en las leyes 33 y 62 de 1985, que contiene el
régimen común de los empleados oficiales y que son aplicables al caso porque las
disposiciones que regularon la pensión gracia no determinaron qué factores
constituían salario para su liquidación38.

34.9. El Tribunal Administrativo de Santander mediante la sentencia del 4 de marzo
de 2005 declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de
septiembre de 1997 y la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo, así como la nulidad del ordinal 2 de la Resolución 002421 del 18 de mayo
de 2001 que confirmó la negativa. En consecuencia, ordenó a Cajanal la
reliquidación de la pensión gracia con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

34.10. Por medio de la Resolución 6869 del 18 de octubre de 2005, proferida en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, Cajanal reliquidó la pensión gracia de
Gladys Julieta Castro Gómez con la inclusión de nuevos factores y, por ende, el
monto de la mesada pensional aumentó a $370.375 efectiva a partir del 7 de
noviembre de 1996, pero con efectos fiscales desde el 18 de septiembre de 1997
por prescripción trienal y a $1’082.839, efectiva a partir del 2 de noviembre de 1999.

35. De acuerdo con lo anterior, se tiene que fue a través de la Resolución 015352 del
11 de agosto del 2000 que la entidad reliquidó la prestación con el promedio de lo
devengado durante el último año de servicio anterior al retiro definitivo y que este
acto no fue atacado en sede judicial. En efecto, la decisión cuestionada en la
sentencia revisada en el sub judice es el acto administrativo ficto producto del
silencio administrativo negativo y la Resolución 002421 del 18 de mayo de 2001 por
la cual Cajanal confirmó la negativa de reliquidación pensional con la inclusión de
nuevos factores salariales.

36. Entonces, si bien en cumplimiento de la sentencia proferida el 4 de marzo de
2005 por el Tribunal Administrativo de Santander, la aludida caja de previsión
reliquidó la pensión gracia de Gladys Julieta Castro Gómez aumentó el monto su
mesada pensional, lo cierto es que, en esta oportunidad, el incremento fue

37 cuaderno 1 del principal, folio 83
38 cuaderno 1 del principal, folios del 87 al 90

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

consecuencia de la inclusión de nuevos factores salariales y no por el cálculo con
el último año de servicios anterior al retiro definitivo, como lo alega la recurrente en
esta oportunidad.

37. En efecto, en aquella oportunidad, el objeto del litigio planteado en sede judicial
no era la liquidación con el último año de servicio, pues en esos términos se había
reconocido por parte de la administración en la Resolución 015352 del 11 de agosto
del 2000, por la cual Cajanal reliquidó la prestación con efectividad a partir de la
fecha del retiro definitivo del servicio, pero solo incluyó la inclusión de la asignación
básica. Esta situación motivó a que la demandada acudiera en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho a reclamar los demás factores salariales que echaba
de menos en su liquidación.

38. En virtud de lo anterior, y en consideración al principio de «interés en la pretensión
u oposición, para la sentencia de fondo o mérito», con fundamento en el cual, en materia
laboral, esta Corporación39 ha considerado que a través del ejercicio del medio de
control el demandante busca satisfacer un derecho que le represente una mejora
frente a lo inicialmente reconocido, o dicho en otros términos, obtener un beneficio,
en condiciones normales; de manera que el resultado de su proceso no conlleve
consecuencias que alteren el estado de las cosas a como se encontraban antes de
iniciar la demanda, el juez no puede hacer más gravosa la situación en la que se
encuentre la parte demandante y que la motivó a acudir a la jurisdicción con el fin
de acceder a un derecho del cual se considera es acreedor. Por lo tanto, en atención
a que el periodo a incluir en la liquidación no había sido objeto del litigio, ese aspecto
no fue ni podría ser dilucidado en la sentencia objeto de revisión.

39. Con todo, en aquella oportunidad, el tribunal acudió a un antecedente
jurisprudencial vigente para la época que, en torno a la liquidación de la pensión
gracia, sostenía lo siguiente40:

«Lo primero que se concluye es que la pensión gracia no se reconoce atendiendo los
aportes efectuados a la entidad de previsión, sino que es una prestación con cargo al
tesoro público, pues se trata como se dijo en el texto legal de una pensión nacional, lo
que resulta reafirmado por el Decreto 81 de 1976 mediante el cual se transfirió a la Caja
Nacional de Previsión el pago de esta prestación, determinando que ésta entidad
asumiría las funciones de la Sección de Pensiones de la Dirección General del
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otras, la del pago de las
pensiones del personal que adquirió o adquiriera el derecho estando al servicio del
magisterio de primaria.

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2013-01223-00, M.P. César Palomino Cortés
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 1999,

radicado 1761-99, MP. Alberto Arango Mantilla.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

Lo anterior resulta aún más claro si se atiende lo prescrito por la Ley 91 de 1989 artículo
15 numeral 2o., que determinó:

“...Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiesen
desarrollado o modificado, tuviesen o llegasen a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación...”

La Caja Nacional de Previsión, entonces, no reconoce la pensión por los aportes a ella
sufragados, sino que hace las veces de pagadora de la prestación, pero nada más, pues
simplemente se le transfirió la función.

De otra parte, esta pensión no se rige por las Leyes 33 y 62 de 1985, sencillamente
porque la “gracia”, no es una pensión ordinaria, sino especial y fue excluida de esta
reglamentación por determinación específica del legislador al tenor del artículo 1o. inciso
2o. de la ley 33 de 1985.

Es cierto que las pensiones especiales deben regularse por las normas aplicables a
ellas, y en el caso de la pensión gracia, al tenor de la Ley 114 de 1913 artículo 2o., se
liquidaba atendiendo la mitad del sueldo que hubiere devengado el docente durante los
dos últimos años de servicios y en caso de que ellos hubieran sido distintos, se tenía en
cuenta su promedio. Sin embargo posteriormente la ley 4a. de 1966, sin hacer
excepción alguna a diferencia de lo que sucedió con la Ley 33 de 1985, precisó en su
artículo 4o. que:

“A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que
tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se
liquidarán y se pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.”

Esta ley, que como se dijo no excluyó ninguna pensión de las percibidas por los
servidores oficiales. Fué reglamentada por el Decreto 1743 de 1966 y allí se dijo que
para liquidar la pensión se tomaría como base el 75% del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicios. Es decir que se precisó a cuál
promedio mensual se refería la ley 4a. de 1966.

Como en reiteradas ocasiones se ha sostenido, la ley 65 de 1946 definió el salario o
sueldo no solo como la asignación básica fijada por la ley sino como todas las sumas
que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución por sus servicios.

En consecuencia, cuando se trata de liquidar la pensión gracia debe tenerse en cuenta
todo lo percibido por el peticionario durante el último año de servicios y no aquellos
factores sobre los cuales haya efectuado aportes a la Caja, entre otras cosas, porque,
de ser así no habría lugar a reconocimiento alguno dada la ausencia de ellos.

De otra parte, las entidades nominadoras tienen el deber de practicar a sus empleados
y trabajadores los descuentos parafiscales que habrán de girar luego a las respectivas
cajas de previsión a título de aportes. De suerte que la no aportación a los entes de
previsión de los valores correspondientes, en nada podrá afectar el derecho de los

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

servidores públicos a que la pensión de jubilación se les liquide sobre el promedio
de los factores salariales, en la forma y términos ya expresados. Desde luego que
en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la respectiva caja
de previsión deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar
las mesadas correspondientes. Una tesis contraria a lo aquí expuesto podría conducir
al absurdo de que un funcionario público tuviere que asumir las consecuencias
negativas de los yerros de la administración, cuando quiera que ésta incumpliere
sus deberes frente al pago de los mencionados aportes.

Ahora, el descuento de los aportes por parte de la Caja permite el pago inmediato, a su
favor, de los valores que se le adeuden. Sin embargo, si la entidad lo considera, puede
iniciar las acciones judiciales pertinentes en contra de quienes teniendo la obligación de
efectuar los descuentos, no lo hicieron». [Resaltado y subrayado del texto original].

40. El anterior fue el antecedente que le sirvió de fundamento al Tribunal
Administrativo de Santander para concluir que la prestación debía liquidarse con la
inclusión de todos los factores salariales; nótese que incluso en aquella oportunidad,
esta corporación consideraba que «cuando se trata de liquidar la pensión gracia debe
tenerse en cuenta todo lo percibido por el peticionario durante el último año de servicios»;
de manera que no podría considerarse que la decisión adoptada en esa oportunidad
y que ahora se revisa hubiese sido caprichosa y por el contrario respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado
como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

41. A igual consideración ha llegado esta corporación al resolver asuntos en los que
se debaten la liquidación de las pensiones de quienes son beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pero a quienes se aplicó una tesis
jurisprudencial vigente para la época de su expedición, aun cuando hubiese
pronunciamientos que contrariaban tal consideración.

42. Ahora bien, la Resolución 6869 del 18 de octubre de 2005, proferida en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, por la cual Cajanal reliquidó la pensión
gracia de Gladys Julieta Castro Gómez incluyó los siguientes factores41: sueldo, y
primas semestral, de navidad y de vacaciones, los cuales fueron percibidos por ella,
tal y como lo certificó la coordinadora de nómina de la Secretaría de Educación de
la Gobernación de Santander42.

43. Si bien estos factores no son iguales a aquellos percibidos con anterioridad a la
adquisición del estatus de pensionada, pues en esa oportunidad no recibió la

41 En el acto de reconocimiento se indicó que, en cumplimiento del fallo se liquidaría «de conformidad

con el certificado de factores salariales visto a folio 23 del cuaderno administrativo», el cual coincide
con los descritos.
42 Folio 65.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

prima de vacaciones, pero sí percibió el sobresueldo y la prima de alimentación,
tal situación resulta intrascendente, luego de advertir que la posición
jurisprudencial para la época consistía en señalar que la liquidación correspondía
a los salarios percibidos en el año anterior al retiro43.

44. Así las cosas, la reliquidación de la pensión gracia por el retiro del servicio, no
fue consecuencia de la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que ahora
se revisa, por cuanto en aquel proceso no existió debate sobre el reconocimiento
pensional efectuado, sino que su discusión se circunscribió a los factores salariales
para liquidar la prestación, lo cual permite inferir que el criterio aplicado por el
fallador fue razonable y ajustado a la pretensión procesal y su resistencia, de
manera que no puede considerarse caprichoso, ni arbitrario, por las siguientes
razones:

44.1. La decisión objeto de revisión se sustentó en el artículo 4 de la Ley 4ª de
1996, según la cual para la liquidación de las pensiones de los servidores públicos
se tomará como base el 75% del promedio mensual de los salarios devengados
durante el último año de servicios. La Ley 65 de 1946 definió el sueldo no solo como
la asignación básica si no como todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución de su trabajo. Y el parágrafo 1 de la Ley 33 de
1985 excluyó de su aplicación a aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones, como es el caso de la pensión gracia que goza de carácter
especial y excepcional.

44.2. Esta decisión obedeció, en primer lugar, a que en esa instancia judicial solo
se discutió la legalidad del acto administrativo ficto producto del silencio
administrativo negativo y la Resolución 002421 del 18 de mayo de 2001 porque no
se incluyeron unos factores salariales.

44.3. La Resolución 015352 del 11 de agosto del 2000, por la cual Cajanal accedió
a la reliquidación de la pensión gracia por retiro definitivo del servicio docente, no
fue impugnada en sede judicial.

45. Dicho de otro modo, no se advierte que el Tribunal Administrativo de Santander,
hubiese desacertado al determinar los factores salariales para la reliquidación de la
prestación reconocida, pues como bien lo señaló «la litis gravita en tomo a la legalidad
del artículo 2° de la Resolución No 002421 del 18 de mayo de 2001 (folios 16 a 22), a través

43 En igual sentido se pueden consultar las sentencias del 1° de enero de 2000, radicado 15001-23-

31-000-2000-02970-01 (1943-04), y del 19 de mayo de 2005, radicado 15001-23-31-000-2000-
02970-01(1943-04) MP. Alberto Arango Mantilla. El ponente cambió de posición jurisprudencial con
la sentencia del 24 de mayo de 2005 (con posterioridad a la que es objeto de revisión) radicado
25000-23-25-000-1999-06442-01(2600-04).

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Demandante: UGPP

del cual se confirmó el acto ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo,
expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica; de la Caja Nacional de Previsión Social» (sic)
por lo que concluyó que «[…] al determinar la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
el monto del valor de la pensión Inicialmente reconocida a la demandante GLADYS
JULIETA CASTRO DE GOMEZ, no tuvo en cuenta la totalidad de los factores que
percibidos de manera periódica y que por ende constituyen salario base para la liquidación
de la prestación adquirida, dentro de los que se encuentran un sobresueldo y las primas de
navidad, semestral y alimentación, lo cual amerita la prosperidad de las pretensiones
anulatorias formuladas en la demanda» (sic); de manera que la discusión que ahora
plantea la UGPP no fue objeto de análisis en la sentencia revisada, lo que impide
considerar que deba ser infirmada por ordenar liquidar una prestación que exceda
lo dispuesto en la ley.

46. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, máximo
órgano de lo contencioso - administrativo, luego de considerar la obligatoriedad del
precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos allí contenidos que
se acompasaban en mayor medida a los principios de igualdad material, primacía
de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y favorabilidad en
materia de derechos laborales. Por tanto, no se advierte una actuación caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho; al contrario, está razonablemente sustentada y
fundamentada.

47. Por último, en este punto se reitera que la acción de revisión no puede ser usada
como una tercera instancia que admita reabrir el debate o instancias pretermitidas,
pues en garantía del principio de seguridad jurídica con este recurso únicamente se
pretende revisar aquellos reconocimientos que pudieron adquirirse con vulneración
del debido proceso, o por un valor superior, razón por la cual comoquiera que la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso
del derecho o fraude a la ley, no hay lugar a declarar fundada la acción de revisión
por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

48. La Sala concluye que la sentencia del 4 de marzo de 2005 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en la causal de revisión prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por la UGPP.

2.6. Costas

49. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00293-00 (1446-2017)
Demandante: UGPP

3. Conclusión

50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró la causal
invocada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se
declarará infundada la acción especial de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, del 4 de marzo de 2005, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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