Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de junio de 2022
Radicado: 110010325000201600495 00 (2255-2016)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201600495 00 (2255-2016)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: LUZ MARÍA GÓMEZ DE BERNAL
Temas: Causal de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Pensión gracia, período de liquidación.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-034-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en audiencia celebrada el 30 de octubre de 2013, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Luz María
Gómez de Bernal contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
La señora Luz María Gómez de Bernal, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad de
los siguientes actos administrativos:
• Resolución UGM 23221 del 29 de diciembre de 2011, por medio de la cual la
Caja Nacional de Previsión Social, EICE, en Liquidación, negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
• Resolución UGM 036715 del 5 de marzo de 2012, mediante la cual la Caja
Nacional de Previsión Social, EICE, en Liquidación, confirmó la decisión
adoptada en el acto administrativo descrito en el ítem anterior.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a CAJANAL, EICE,
en Liquidación a: i) reconocer y pagar pensión gracia de jubilación, a partir del 13 de
junio de 2010, en un monto equivalente al 75% de todo lo percibido durante el año
1
Folios 42 a 52 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
inmediatamente anterior a que adquirió el estatus pensional, particularmente, la
asignación básica, la prima especial, la prima de vacaciones y la prima de navidad,
sumas debidamente indexadas; ii) pagar los reajustes de que tratan las Leyes 4.ª de
1976 y 71 de 1988; iii) cancelar entre 1 y 100 SMLMV por concepto de daño moral;
iv) pagar las diferencias causadas desde la expedición de los actos acusados hasta la
fecha en que se incluya a la demandante en la nómina de pensionados; v) pagar los
intereses moratorios y las costas en los términos previstos en los artículos 171, 176 y
177 del CCA 2 y vi) cumplir la sentencia de conformidad con los artículos 176 y 178
ibidem.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. La señora Luz María Gómez de Bernal nació el 20 de marzo de 1949 y prestó
sus servicios como docente, así:
Entidad Período Tiempo
Departamento de Cundinamarca
3/03/1970 al 3/04/1975 5 años y 1 mes
Departamento del Guainía 3/04/1975 al 30/04/1976 1 año y 27 días
Departamento del Vichada 26/01/1977 al 3/04/1978 1 año, 3 meses y 7 días
Municipio de Supatá No indica 64 días
Secretaría de Educación del
21/01/1998 al 30/09/2010 12 años, 8 meses y 9 días
Distrito
2. La Caja Nacional de Previsión Social EICE, en Liquidación mediante Resolución
UGM 023221 del 29 de diciembre de 2011, negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, bajo el argumento de que la docente no acreditó los veinte años de
servicio en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizada. Explicó que, si bien aportó las certificaciones que dan cuenta del tiempo
laborado en la Secretaría de Educación de Bogotá, lo cierto es que, no demostró bajo
qué vinculación ejerció su labor como docente. Destacó que, en todo caso, revisada la
base de datos del FOMAG, aparece que aquella es del orden nacional.
3. Mediante Resolución UGM 036715 del 5 de marzo de 2012, la entidad
pensional, confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en el
numeral que precede.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 2, 6, 23, 25, 29, 58 y 128 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 1 a
5 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 4 de la Ley 4.ª de 1966; 5 del Decreto
1743 de 1966; Decreto 378 de 1970; Decreto 224 de 1972; Decreto 088 de 1976;
Decreto 2277 de 1979; artículo 178 del Decreto 01 de 1984; Decreto 428 de 1986; 5
de la Ley 57 de 1987; artículos 1 y 15 de la Ley 91 de 1989 y 19 de la Ley 4ª de 1992.
2
Así lo señala expresamente.
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Demandante: UGPP
Afirmó que los actos demandados adolecen de nulidad por infringir las disposiciones
constitucionales y legales en que debieron fundarse. Aseveró que, contrario a lo
señalado por la entidad, la demandante cumple con todos los requisitos para que se
reconozca y pague la pensión gracia de jubilación, en especial los 20 años de servicio
como docente nacionalizada.
Explicó que, tal como se demuestra con las pruebas obrantes en el dossier, la
demandante prestó sus servicios como docente para la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá desde 1998 hasta el 2010, con una vinculación de carácter
«NACIONALIZADA», motivo por el cual este período resulta útil para contabilizar los
20 años de labor que exige la ley. Seguidamente, destacó que también cumple con los
demás requisitos legales para acceder al reconocimiento pensional, esto es, la
vinculación anterior a 1980 y haber ejercido sus labores con honradez.
A continuación, citó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 13 de septiembre de 2007, dentro
de la cual se resolvió favorablemente un asunto de similares circunstancias al sub lite.
Igualmente, se refirió al contenido de la providencia S-699 del 27 de agosto de 1997
proferida por el Consejo de Estado, comoquiera que en ella se precisó quienes serán
beneficiarios de la pensión gracia.
Finalmente, señaló que, teniendo en cuenta que adquirió el estatus de pensionada el
13 de junio de 2010, la prestación deberá reconocerse y pagarse a partir de esta fecha
con inclusión de los factores devengados entre el 14 de junio de 2009 y el 13 de junio
de 2010, a saber, la asignación básica, la prima especial, la prima de navidad y la
prima de vacaciones.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE) no contestó la demanda, tal y
como consta en el auto del 15 de octubre de 2013 emitido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 3.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, profirió
sentencia en audiencia celebrada el 30 de octubre de 2013, mediante la cual declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la entidad pensional
reconocer y pagar la pensión gracia en favor de la señora Luz María Gómez de Bernal,
a partir de septiembre de 2010, fecha en la que adquirió el estatus pensional, con el
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, específicamente, «entre
septiembre de 2009 y septiembre de 2012»5.
3
Folio 89 del cuad. ppal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4
Folios 203 a 223 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, obrante en la capeta
denominada «proceso Rosalba final», contenida en el CD a folio 313 del cuad. ppal. parte 2. .
5
Así lo señala expresamente en el minuto 8:13 de la audiencia contenida en el CD obrante en el folio
89 A del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
Expuso brevemente que analizadas las disposiciones contenidas en la Ley 114 de
1913 y demás normas concordantes, en armonía con las probanzas allegadas al
expediente, era razonable colegir que la señora Luz María Gómez de Bernal cumplió
con los requisitos para acceder a la pensión gracia de jubilación, a saber, se
desempeñó con honradez y consagración, se vinculó a la docencia con anterioridad a
1980, cumplió 50 años de edad y 20 años de servicio como docente territorial.
Particularmente, en cuanto al tiempo de servicios, señaló que la demandante ejerció
sus labores como docente de la siguiente manera:
Entidad Período Tiempo
Departamento de
3/03/1970 a -/04/1975 5 años y un mes
Cundinamarca
Departamento del Guainía 1/02/1975 a 30/04/1976 1 año y 3 meses
Departamento del Vichada 26/01/1977 a 13/04/1978 1 año, 2 meses y 7 días
Municipio de Supatá No indica 64 días
Secretaría de Educación
21/01/1998 a 30/09/2010 12 años, 8 meses y 9 días
Distrital
Luego, precisó que, contrario a lo expuesto por la entidad pensional, el tiempo de
servicio que se acreditó en la Secretaría de Educación Distrital sí resulta útil para
contabilizar los 20 años de labor que exige la ley, pues según certificación obrante en
el folio 32 del proceso, durante ese lapso la vinculación de la demandante fue
nacionalizada.
Más adelante, por solicitud del apoderado de la parte demandante, el despacho judicial
aclaró los siguientes aspectos:
• Que la Resolución UGM 023221 fue proferida el 29 de diciembre de 2011, y no
en el 2012, como erróneamente se indicó.
• Que el IBL corresponde a todos los factores percibidos durante el año de
servicio inmediatamente anterior a la fecha en que la docente adquirió el estatus
pensional, esto es, desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2010.
ACCIÓN DE REVISIÓN6
La UGPP presentó acción de revisión con fundamento en el artículo 20, literales a.) y
b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 30 de octubre de 2013, dentro del
proceso ordinario instaurado por Luz Marina Gómez de Bernal contra la extinta
CAJANAL EICE bajo el radicado: 250002342000201300605.
6
Folios 443 a 453 del cuad. ppal.
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2. Declarar que a la señora Luz Marina Gómez de Bernal no le asiste el derecho
a que se reconozca y pague la pensión gracia a partir del 30 de septiembre de 2010,
sino desde el 11 de julio del mismo año.
3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 026489 del 29 de agosto de 2014,
mediante la cual la UGPP dio cumplimiento a la decisión emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 30 de octubre
de 2013.
4. Condenar a la señora Luz María Gómez de Bernal a reintegrar a la UGPP los
valores cancelados por concepto del reconocimiento pensional efectuado en su favor,
debidamente indexados.
5. Condenar en costas a la parte demandada.
A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 13, 30, 48, 53, 83, 95, 128 y 228 de la Constitución Política; 1, 3
y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 2 de
la Ley 43 de 1975 y 1 y 2 de la Ley 91 de 1989.
Expuso que no existe discusión sobre el reconocimiento de la pensión gracia en favor
de la señora Luz María Gómez de Bernal, ya que esta acreditó los requisitos legales
para el disfrute de la prestación. Precisó que el debate se circunscribe al período que
se ordenó tener en cuenta para la liquidación pensional. Explicó que no es viable que
esta se efectúe con el promedio de lo devengado durante el último año de servicio,
pues esto aplica para la pensión ordinaria de jubilación y no la de gracia, ya que dada
su naturaleza especial debe liquidarse con el promedio de lo recibido durante el año
inmediatamente anterior a que la docente adquirió el estatus pensional. En ese
sentido, aseveró que disponer lo contrario genera un detrimento en el erario.
Más adelante, consideró que, en aplicación de la sentencia T-488 de 2014 de la Corte
Constitucional, una decisión judicial puede no acatarse « cuando se está frente a una
orden judicial abiertamente ilegal que contraríe manifiesta y abruptamente el ordenamiento
jurídico» y siempre que se cumplan las condiciones que para tal efecto determinó la
Corte, esto es, notoriedad, gran amenaza, facultad legal, oportunidad y contradicción.
Argumentó que aquellos presupuestos se cumplen en el sub examine para no
materializar la sentencia objeto de revisión, así:
• Notoriedad: Aseveró que la entidad no puede cumplir el fallo porque desconoce
las sentencias C-479 de 1998, C-489 del 2000 y C-954 del 2000 emitidas por la
Corte Constitucional.
• Grave amenaza: En su criterio la orden judicial atenta contra los principios de
igualdad y un orden justo, habida cuenta de que los recursos públicos deben
ser destinados a la ampliación de la cobertura del sistema para la protección de
la población vulnerable y no a financiar las pensiones más altas.
• Facultad legal: Señaló que la UGPP es la entidad competente de analizar la
legalidad del fallo en la medida en que es la llamada a cumplirlo.
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• Oportunidad: Indicó que se encuentra dentro del término para manifestar la
objeción de legalidad en contra del fallo adoptado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y, con base en ello, promovió la presente demanda.
• Contradicción: Advirtió que en sede administrativa la pensionada tiene a su
alcance los recursos de ley para que ejerza debidamente su defensa.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN7
La señora Luz María Gómez de Bernal, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó denegarlas. Aseguró que dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se respetaron todas las formalidades propias
del trámite y, se garantizaron los derechos de defensa y contradicción de las partes.
Luego, indicó que, contrario a lo señalado por el recurrente, el reconocimiento
pensional se efectuó a partir de la fecha en que se adquirió el estatus jurídico de
pensionada.
Para terminar, consideró que los argumentos de la entidad no tienen fundamento legal
ni jurisprudencial.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos extraordinarios de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 8.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]»
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
7
Índice 40 del sistema informático SAMAI.
8
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
Legitimación de la acción de revisión
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU -
427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión 9, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está
habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección10.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la legitimación en la
causa por activa a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la demanda fue interpuesta oportunamente, se debe tener en
cuenta que la sentencia del 30 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quedó
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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ejecutoriada el 9 de diciembre de 2013 11. Así pues, teniendo en cuenta que la acción
de revisión se presentó con fundamento en las causales previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 y, que, respecto de ellas, el artículo 251 del CPACA prevé un
término de cinco años para su interposición, al haberse radicado la demanda el 27 de
mayo de 2016 12, se concluye que aquella se encuentra en tiempo.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 13 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»14
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación 15.
11
Tal como se observa en la constancia secretarial suscrita por el oficial mayor del Tribunal
Administrativo, obrante a folio 133 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
12
Folio 453 vuelto del cuad. ppal.
13
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
14
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
15
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Demandante: UGPP
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones 16.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira 17.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 18.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
1. Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 30 de octubre de 2013, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
qué:
1.1. ¿Se tuvo como fecha de adquisición del derecho septiembre de 2010?
1.2. ¿Liquidó la pensión gracia con el promedio de lo devengado durante el
último año deservicio?
Para efectos de resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes temas: i)
liquidación de la pensión gracia; ii) la causal de revisión prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y iv) caso concreto.
16
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Radicado: 110010325000201600495 00 (2255-2016)
Demandante: UGPP
Liquidación de la pensión gracia
Inicialmente, la Ley 114 de 1913, en el artículo 2.º, señaló que la pensión gracia se
liquida con la mitad del sueldo que hubiere devengado el docente durante los dos
últimos años de servicios y en caso de que hubiese variado, se tenía en cuenta su
promedio.
Por su parte, la Ley 4.ª de 1966 en el artículo 4.° determinó que las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
Entidades de Derecho Público, se liquidarían y pagarían tomando como base el 75%
del promedio mensual de salarios obtenidos durante el último año de servicios, sin
discriminar alguna de las pensiones otorgadas a los servidores oficiales.
A su turno, el Decreto 1743 de 1966, en el artículo 5.º señaló:
«[…] A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados
durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del
servicio público. […]»
Más adelante, se expidió la Ley 33 de 1985, que conservó la cuantía del valor pensional
en un 75%, modificó la edad y dispuso que el monto sería calculado sobre el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. No
obstante, el parágrafo 1 del artículo 1 ibidem, exceptuó a los empleados que por ley
disfruten de un régimen especial de pensiones, como es el caso de la pensión gracia de
jubilación.
Así las cosas, teniendo en consideración que la Ley 4.ª de 1966 y su decreto
reglamentario no excluyeron de su aplicación a la pensión gracia, el Consejo de Estado
consideró que la prestación debe liquidarse tomando como base el promedio mensual
de los salarios obtenidos en el último año de servicios. Sin embargo, debe precisarse
que, a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios se refiere
al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, tal y como lo ha
sostenido esta corporación 19, pues es el momento a partir del cual empieza
efectivamente a devengarse, en tanto su carácter especial admite su compatibilidad
con el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro definitivo
del servicio. Dicho de otro modo, el derecho se perfecciona con el cumplimiento de la
totalidad de requisitos previstos en la ley para su otorgamiento, lo que hace
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2005-05943-01 (0149-09), actor: Juan Francisco Ramírez Sandoval, demandado:
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2010, radicación:
1500100-23-31-000-2001-01878-01 (0683-09), actor: Pablo Antonio González, demandado: Caja
Nacional de Previsión Nacional.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicación:
05001-23-31-000-2004-06435-01 (1227-09), actor: Santiago Jiménez Jiménez, demandado: Caja
Nacional de Previsión Social, CAJANAL
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011. radicación:
05001-23-31-000-2003-04414-02 (2029-10), actor: Luis Norberto Quintero Holguín, demandado: Caja
Nacional de Previsión Social, CAJANAL.
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improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el
año anterior al retiro.
La causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede « Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso ».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia20. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 21:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»
Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
20
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
21
Sentencia C-341 de 2014
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tutela contra providencias judiciales22, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 23 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»24. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Subsección estima que el caso objeto de estudio se enmarca
en tales parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión gracia de jubilación a
que tiene derecho la señora Luz María Gómez de Bernal debe liquidarse con el
promedio de lo percibido durante el año inmediatamente anterior a que aquella adquirió
el estatus pensional, o, con el último año de servicio, como se ordenó en la decisión
objeto de revisión.
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en el período que se tuvo en cuenta
para liquidar la pensión gracia que se reconoció en favor de la señora Luz María
Gómez de Bernal. En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera
lo debido de acuerdo con la ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se
configura la hipótesis contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al
literal b), causal que pasa a estudiarse.
22
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
23
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
24
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003
De acuerdo con los argumentos expuestos y revisado el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se advierte lo siguiente:
• La señora Luz María Gómez de Bernal nació el 20 de marzo de 1949 25 y prestó
sus servicios como docente, así:
Entidad Período Tiempo
(Departamento de Cundinamarca) 3/03/1970 al 2/02/197526 4 años y 11
Escuela Rural Los Negros Supatá meses
Departamento de Guainía 1/02/1975 al 30/04/197627 1 año y 3 meses
(Departamento del Vichada) 1 año, 2 meses y
26/01/1977 al 03/04/197828
Secretaría de Educación de Vichada 8 días
(Distrito Capital de Bogotá) 12 años, 9 meses
21/01/1998 al 4/11/201029
Centro Educ. Distrital Antonio Ricardo y 14 días
Total:
20 años, 1 meses
y 22 días
A través de la Resolución UGM 023221 del 29 de diciembre de 2011 la Caja Nacional
de Previsión Social, CAJANAL EICE, en Liquidación, negó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia en favor de la señora Luz María Gómez de Bernal, bajo el
argumento de que la docente no acreditó los veinte años de servicio en la docencia
oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizada. Explicó que, si
bien aportó las certificaciones que dan cuenta del tiempo laborado en la Secretaría de
Educación de Bogotá, lo cierto es que, no demostró bajo qué vinculación ejerció su
labor como docente. Destacó que, en todo caso, revisada la base de datos del
FOMAG, aparece que aquella es del orden nacional.
Mediante Resolución UGM 036715 del 5 de marzo de 2012, la entidad pensional,
confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en precedencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección A, en
audiencia celebrada el 30 de octubre de 2013, luego de analizar la normativa que rige
la pensión gracia, la posición jurisprudencial que sobre el particular ha desarrollado el
25
Folio 2 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
26
Folio 11 del cuad, ppal y folio 20 del cuad. de antecedentes administrativos del proceso de nulidad y
restablecimiento. Es de aclarar que tal como consta en los folios referidos, la docente disfrutó de una
licencia no remunerada desde el 3 de febrero de 1975 hasta el 6 de abril de 1975.
27
Folios 5 a 6, 16 del cuad. ppal. y folio 11 del cuad. de antecedentes administrativos del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
28
Folio 7 ejusdem.
29
Folios 4 y 32 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Consejo de Estado y las pruebas aportadas por la demandante con el escrito
introductorio, accedió a las pretensiones de la demanda, así30:
«[…] se declara la nulidad de los actos administrativos demandados,
Resoluciones(sic) número 23221 de 29 de diciembre de 2012 (sic) y la Resolución
036715 del 5 de marzo de la misma anualidad expedida por la ahora entidad
demandada CAJANAL en Liquidación, a través de las cuales denegó el
reconocimiento de la pensión gracia pretendida por la demandante.
Como consecuencia, en segundo lugar, se resuelve ordenar el reconocimiento de
la pensión gracia a la señora Luz María Gómez de Bernal. Reconocimiento que
debe hacer la Caja Nacional de Previsión en Liquidación o quien le suceda en esa
función, teniendo en cuenta que la demandante adquirió su estatus pensional
gracia, en septiembre de 2010 y el cómputo de la prestación deberá hacerse con
fundamento en el último año de servicio, esto es, de septiembre de 2009
septiembre de 2012 (sic). Y el reconocimiento y pago se hará precisamente, a partir
de la fecha del reconocimiento, septiembre de 2010; haciendo, obviamente, los
ajustes por indexación a que haya lugar de esa prestación mes a mes conforme
los índices de precios que para ese período certifique el Departamento
Administrativo de Estadística, DANE […]» (minuto 6:53 a 9:35)
Más adelante, por solicitud del apoderado de la parte demandante, el despacho judicial
aclaró la anterior decisión, en el sentido de indicar que la Resolución 23221 de 29 de
diciembre es del 2011 y no del 2012, y, que la liquidación pensional deberá efectuarse
con el promedio de los factores recibidos durante el año inmediatamente anterior al
estatus pensional, a saber, de septiembre de 2009 a septiembre de 2010.
Análisis de la Subsección
Para comenzar, se observa que, si bien, en principio, el juez de instancia ordenó
reconocer la prestación con el promedio de lo devengado entre el 2009 y 2012, lo cierto
es que, posteriormente, en la misma audiencia de fallo, aclaró que el IBL debía
calcularse con el promedio de los factores percibidos durante el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus pensional, que para el caso particular y concreto
va desde septiembre de 2009 a septiembre de 2010.
Sobre el punto, se advierte que la UGPP considera que la fecha que se debe tener
como referente para determinar el período para la liquidación de la pensión gracia es
el 11 de julio de 2010. Es decir, que, en su criterio, el derecho se consolidó en esa
fecha y no en septiembre del mismo año, como lo entendió el juez de instancia. Al
respecto, observa la Subsección que, de ser así, la prestación debería hacerse efectiva
antes del momento en que lo ordenó el Tribunal.
Revisada la demanda promovida por la UGPP, se precisa que no existe debate sobre
el reconocimiento pensional efectuado en favor de la señora Luz María Gómez de
Bernal, sino que su discusión se circunscribe al período que se ordenó tener en cuenta
para efectos de la liquidación de la prestación. En su concepto, el Tribunal debió
ordenar la liquidación pensional a partir del 11 de julio de 2010, con el promedio de lo
devengado durante el año inmediatamente anterior a la citada fecha, y no con el último
30
CD obrante en el folio 89 A del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho El resuelve de la
audiencia se encuentra del minuto 6:53 a 9:35.
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año de servicio. Los siguientes son los tiempos que la demandante indica en el escrito
inicial:
Entidad Tipo de Desde Hasta
vinculación
Secretaría de Educación del Departamento de Nacionalizado 03/03/1970 03/04/1975
Cundinamarca
Secretaría de Educación del Departamento del Nacionalizado 01/02/1975 30/04/1976
Guainía
Secretaría de Educación del Departamento del Departamental 26/01/1977 03/04/1978
Vichada
Secretaría de Educación de Bogotá Nacionalizado 21/08/1998 04/11/2010
Sobre los periodos acreditados anteriormente anotados es importante aclarar los
siguientes aspectos:
• En cuando a las vinculaciones que tuvieron lugar entre 1970 y 1976, con los
departamentos de Cundinamarca y Guainía se observa que, aparentemente, existe
concomitancia entre el 1 de febrero y el 3 de abril de 1975. Sin embargo, de acuerdo
con el certificado de Historia Laboral emitido el 11 de diciembre de 2009 31, durante
dicho lapso la docente disfrutó de una licencia no remunerada, lo que le permitió
prestar sus servicios en el departamento del Guainía. En otras palabras, el tiempo
de «64 días» al que hizo alusión el Tribunal para efectos de contabilizar el tiempo
de servicios y que, a su vez, es sumado por la entidad recurrente, corresponde a
una licencia no remunerada, por lo que no se podía tomar como tiempo de servicio
efectivamente prestado.
• El tiempo servido con la Secretaría de Educación de Bogotá no fue desde el 21 de
agosto de 1998, sino desde el 21 de enero de esa anualidad, según las
certificaciones que reposan en los folios 4 y 32 del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho.
• La certificación expedida el 4 de noviembre de 2010 indicó que para ese momento
la señora Luz María Gómez de Bernal «Actualmente ejerce el cargo de DOCENTE XIV
en IED ANTONIO RICAURTE» y no se aportó elemento de juicio alguno que
demuestre que su retiro del servicio ocurrió en esa fecha.
• En la demanda, la UGPP sostiene que entre el 21 de agosto de 1998 y el 11 de julio
de 2010, transcurrieron «12 años, 5 meses y 21 días »32, No obstante, la Sala advierte,
en primer lugar, que la fecha inicial no corresponde al 21 de agosto, sino al 21 de
enero; en segundo lugar, que dicho lapso en realidad arroja un total de 11 años, 10
meses y 21 días.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que, contrario a lo expuesto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la docente no se retiró del servicio el 30 de
septiembre de 2010, sino que continuaba activa para ese momento.
31
Folios 10 y 11 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
32
Folio 452 del cuaderno principal de la acción de revisión.
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Asimismo, que no le asiste razón a la entidad demandante cuando asegura que la aquí
demandada adquirió el derecho pensional el 11 de julio de 2010, pues como se vio,
para la contabilización del tiempo de servicio, tuvo en cuenta elementos que no
corresponden con lo probado en el dossier, a saber: i) sumó el tiempo durante el cual
la docente disfrutó de una licencia no remunerada; ii) para determinar el tiempo de
servicio en el Distrito de Bogotá partió de una fecha errónea, esto es, de agosto de
1998, pese a que las certificaciones evidencian que su labor allí inicio en enero del
mismo año y iii) consideró que entre el 21 de agosto de 1998 y el 11 de julio de 2010
habían transcurrido «12 años, 5 meses y 21 días ». Las circunstancias descritas no se
acompasan con lo probado en el proceso y, por ende, no pueden ser tenidas en cuenta
para efectos de definir la fecha de consolidación del estatus pensional de la docente.
En estos términos, una vez sumados los tiempos de servicio debidamente acreditados
en el proceso ordinario, es plausible colegir que la docente consolidó su estatus
pensional en septiembre de 2010, como se concluyó en la decisión objeto de revisión.
Ciertamente para este mes, la señora Luz María Gómez de Bernal acreditó 50 años
de edad, los cuales cumplió el 20 de marzo de 1999, habida cuenta de que nació el 20
de marzo de 1949, y 20 años de labor como docente de carácter territorial o
nacionalizada, comoquiera que trabajó, bajo la referida condición, en los
departamentos de Cundinamarca, Guainía y Vichada, así como en el Distrito Capital,
en su orden, del 3 de marzo de 1970 al 2 de febrero de 1975; del 1 de febrero de 1975
al 30 de abril de 1976, del 26 de enero de 1977 al 3 de abril de 1978 y del 21 de enero
de 1998 hasta el 12 de septiembre de 2010, para un total de 20 años de servicio.
Sobre este último punto, si bien se deduce razonablemente que los 20 años de labor,
al servicio de la docencia territorial o nacionalizada se cumplieron el 12 de septiembre
de 2010 y no el 30 de los mismos mes y año, como lo consideró el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que la UGPP no demostró cómo esta
diferencia conlleva un detrimento para el erario, pues omitió hacer razonamiento
alguno en este sentido y, en todo caso, el ingreso base de liquidación se calcula con
base en lo devengado entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.
Dicho de otro modo, no se advierte que el juez de instancia hubiera desacertado al
considerar que el derecho pensional de la docente se consolidó en septiembre de
2010, pues como quedó visto en párrafos precedentes, en aquel mes se cumplieron
los requisitos de edad y tiempo de labor, y no en el mes de julio, como lo afirma el
recurrente en el escrito introductorio. De ahí que se ordenó liquidar la prestación de la
señora Luz María Gómez de Bernal con el promedio de lo recibido entre septiembre
de 2009 y septiembre de 2010; período que, como se señaló en líneas anteriores,
corresponde al año anterior al estatus pensional.
En razón a ello habrá de declararse infundada la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que el derecho pensional se consolidó
en septiembre de 2010 y la liquidación de la prestación se ordenó conforme lo prevé
la ley, esto es, con lo devengado en el año inmediatamente anterior, que en el caso
particular tuvo lugar entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.
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En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conclusión: No se configuran las causales contenidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habida cuenta de que, tal como lo concluyó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, la docente
consolidó el estatus pensional en septiembre de 2010, motivo por el cual, se ordenó
liquidar la prestación con lo devengado durante el año inmediatamente anterior, a
saber, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 30 de octubre de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dictada en audiencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de radicado 250002342000201300605.
Reconocimiento de personería
Se reconocerá personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada
legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina33, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía 75.096.530 de Manizales, y la tarjeta profesional 131.246 del C.S. de la J.
en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP34.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación 35 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala no condenará en costas en el caso analizado.
33
Según consulta en la página de la Rama Judicial, Comisión Nacional de Disciplina, el abogado no
reporta antecedentes disciplinarios. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/
34
Índice 51 del sistema informático SAMAI.
35
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, salas especiales de decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 110010325000201600495 00 (2255-2016)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP, con
fundamento en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
señora Luz María Gómez de Bernal, mediante la cual solicitó infirmar la sentencia del
30 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, dictada en audiencia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado 250002342000201300605, de acuerdo con
la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
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