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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00948-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00948-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 30 de septiembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Ausente con excusa JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00948-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Rosa Paulina Mejía de Ballesteros

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía
reconocida excede lo debido. Pensión gracia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de La Guajira 2,
por medio de la cual se modificó la decisión del 13 de marzo de 2019, emitida por
el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, y se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Rosa Paulina Mejía
de Ballesteros.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia del 30 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se ordenó
la reliquidación de la pensión gracia de Rosa Paulina Mejía de Ballesteros con la

1 En adelante Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 44001-33-40-001-2005-00508-01;
actor: Rosa Paulina Mejía de Ballesteros, demandado: Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior
al retiro definitivo del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) la exclusión de las primas de
alimentación, clima, escalafón y navidad de la liquidación pensional; y ii) la
declaratoria de que Rosa Paulina Mejía de Ballesteros no es acreedora de un
derecho adquirido y por tanto, no le asiste derecho a que su pensión gracia sea
reliquidada con la inclusión de todos los factores devengados en el año anterior al
retiro definitivo del servicio.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1 Rosa Paulina Mejía de Ballesteros nació el 9 de abril de 1945 y entre el 8 de
febrero de 1968 y el 6 de marzo de 1995, prestó sus servicios como docente
territorial, sin interrupción, en el municipio de Fonseca.

3.2 A través de la Resolución 16200 del 10 de diciembre de 1996, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social3 le reconoció una pensión gracia con el 75% de lo
devengado durante el año anterior al retiro del servicio, en cuantía de $191.448.60,
efectiva a partir del 9 de abril de 1995.

3.3 Con el fin de incluir todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio, la pensionada solicitó la reliquidación de su prestación. Dicha
petición fue resuelta desfavorablemente por la aludida caja de previsión mediante
la Resolución 54180 del 18 de octubre de 2006.

3.4 Inconforme con la anterior decisión, presentó demanda contra Cajanal en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo4, con el fin de que se declarara
su nulidad y se ordenara la reliquidación de su pensión gracia con la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio. Este asunto
correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha, que en
sentencia del 13 de marzo de 2019 ordenó reliquidar la pensión de Rosa Paulina
Mejía de Ballesteros con la inclusión de las primas de alimentación, clima, escalafón
y navidad certificados por el Fondo Educativo Regional de La Guajira.

3.5 Contra la anterior decisión la Ugpp interpuso el recurso de apelación, que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la sentencia del 30 de
septiembre de 2019, por medio de la cual modificó la sentencia de primera instancia,
en el sentido de precisar que al efectuar la reliquidación la entidad «deberá tener en
cuenta si dichos factores fueron percibidos mensualmente deberá tomarse en su valor neto,

3 En adelante Cajanal
4 En adelante CCA

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

o si lo fue periódicamente se tomaran las doceavas partes» (sic).

3.6. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 27 de enero de 2020.

3.7. En cumplimiento de lo resuelto en instancia judicial, la Ugpp expidió la
Resolución RDP5530 del 27 de enero de 2020 en la que reliquidó la pensión de
Rosa Paulina Mejía de Ballesteros en cuantía de $214.895, efectiva a partir del 9 de
abril de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 24 de marzo de 2001 por
prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 30 de septiembre de
2019, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp y modificó la decisión
del 13 de marzo de 2019 emitida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de
Riohacha, por cuanto, si bien el a quo ordenó incluir en la liquidación de la pensión
gracia de la demandante además de la asignación mensual y el sobresueldo, las
primas de alimentación, clima, escalafón y navidad, lo cierto es que omitió precisar
que sobre dichos factores la entidad debería tener en cuenta la periodicidad en que
estos fueron percibidos, pues «si fueron percibidos mensualmente deberá tomarse su
valor neto, o si lo fue periódicamente se tomaran las doceavas partes»5.

1.2. Las causales de revisión invocadas

5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la
reliquidación de la pensión gracia de Rosa Paulina Mejía de Ballesteros en los
términos ordenados no le corresponde, puesto que lo correcto era que se tuvieran
en cuenta las disposiciones contenidas en las leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.

7. Las autoridades judiciales desconocieron el pronunciamiento del Consejo de
Estado7, que dispuso que no es viable la reliquidación de la pensión gracia con la
inclusión de todos los factores devengados en el año inmediatamente anterior al
retiro del servicio porque dicha prestación tiene un tratamiento especial según el
cual «la pensión gracia queda consolidada definitivamente en la fecha de su causación»,
diferente a la pensión ordinaria de jubilación de la cual solo puede comenzar a
disfrutarse una vez se produce el retiro definitivo del servicio.

8. Las normas relativas a la pensión gracia no admiten la reliquidación de la
prestación por retiro definitivo del servicio, en tanto el educador puede seguir en

5 Samai, índice 39, Onedrive 2005-00508, 2005-00508 C. SEGUNDA INSTANCIA, folios 54 al 70.
6 Samai, índice 2, ED-2-02DEMANDA ROSA PAULINA MEJÍA.pdf(.pdf) NroActua 2, folios 1 al 32.
7 Sentencia S1286 del 13 de octubre de 2005. M.P. Jesús María Lemus Bustamante

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

ejercicio de sus labores y continuar cotizando para el posterior reconocimiento de la
pensión de jubilación.

9. La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró, porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión gracia en contravía
de lo dispuesto en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

10. La parte accionada guardó silencio8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

11. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA9.

13. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

14. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

8 Pese a que la secretaría notificó personalmente el auto admisorio de la demanda a Paulina Mejía

de Ballesteros el 25 de octubre de 2022, al correo electrónico aimerballesteros@hotmail.com, que
fue aportado por la Ugpp, ella no contestó la demanda. Notificación visible en Samai, índice 21.
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Demandante: UGPP

15. En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira el 30 de septiembre de 2019 quedó ejecutoriada el 29
de enero de 202011, y la acción de revisión se presentó el 21 de septiembre de 2020,
lo que permite concluir que fue interpuesta en la oportunidad señalada por los
incisos 3 y 4 del artículo 251 del CPACA.

2.3. Los problemas jurídicos

16. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira se profirió con vulneración del debido proceso y, en
consecuencia, está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido a Rosa Paulina Mejía
de Ballesteros excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación la pensión gracia con los factores devengados en el último año de
servicio y, por tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

11 Samai, índice 39, Onedrive 2005-00508, 2005-00508 C. SEGUNDA INSTANCIA, folio 71.
12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

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Demandante: UGPP

18. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

19. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

20. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

21. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

22. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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Demandante: UGPP

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

23. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»16.

24. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación17 han admitido
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

25. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión gracia

26. La Ley 114 de 191319 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera
otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.

27. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación20 señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación». De ahí
que esta prestación por tener carácter especial se reconoce con cargo al erario y
para su reconocimiento no se necesitan aportes por parte del educador.

28. Ahora, en lo que refiere a la liquidación de dicha prestación el artículo 2 ibidem
determinó:

«Artículo 2. La cuantía de la pensión [gracia] será la mitad del sueldo que hubieren
devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado
sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos
sueldos».

29. Para la liquidación de las pensiones que gozaban los servidores públicos el
artículo 4 de la Ley 4ª de 196621, reglamentado por el Decreto 1743 de 196622
estableció:

«A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicio,
previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público».

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
19 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las

pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
22 «Por el cual se reglamenta la Ley 4ª de 1966».

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Demandante: UGPP

30. De lo anterior, se colige que, comoquiera que la Ley 33 de 1985 excluyó la
pensión gracia [régimen especial], la norma aplicable para la liquidación de esta
prestación es la prevista en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de esa anualidad,
es decir, que debe tomarse como base el promedio de los salarios devengados por
el docente en el último año de servicio.

31. Ahora bien, dado el carácter especial que reviste la pensión gracia, los recursos
con los que se paga y el origen de la prestación social, la liquidación no corresponde
al «último año de servicios del retiro definitivo del servicio público docente» previsto en la
Ley 4ª de 1966, y su decreto reglamentario, pues a diferencia de la pensión
ordinaria, esta prestación no requiere aportes, toda vez que es reconocida como
contraprestación a los esfuerzos, capacidad y dedicación al servicio de la actividad
educativa.

32. Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado23 señaló:

«(…) la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario -1743 de 1966- referenciados
inicialmente, ya que no discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las
percibidas por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas
disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es, tomando como base el
promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios; sin embargo
debe precisarse que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios
refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho pues es el
momento a partir del cual empieza efectivamente a devengarse en tanto su carácter
especial admite su compatibilidad con el salario, de manera que para su percepción no
es necesario el retiro definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con
el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador para su
otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base en los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro». [se resalta]

33. Así las cosas, la Sala reitera que, por tratarse de un régimen excepcional, para
la liquidación de la pensión gracia el interregno corresponde al año anterior a la
consolidación del derecho24, es decir que se debe liquidar la prestación con la
totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a
adquirir el estatus de pensionado.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de julio de 2012, radicado 25000-23-25-

000-2007-01316-01 (1348-11) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
24 En línea con lo expuesto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 27 de febrero

de 2013, radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00 (2067-2016), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; del 17 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00 (2255-2016), M.P.
William Hernández Gómez; del 3 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00833-00.
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 25 de noviembre de 2021, radicado 47001-23-33-000-2016-
00307-01 (4287-17). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 26 de junio de 2008, radicado 08001-23-
31-000-2005-03171-01 (0183-2007) M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; del 6 de septiembre de
2001, radicado 25000-23-25-000-1998-00363-01 (0185-01). M.P. Ana Margarita Olaya Forero, y del
11 de octubre de 1994, radicado 7639. M.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

2.5. Caso concreto

34. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

35. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

36. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión25 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».

37. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar la cuantía del derecho reconocido y el periodo que se tuvo en cuenta al
momento de liquidar la prestación reconocida a favor de Rosa Paulina Mejía de
Ballesteros, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los
elementos que componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo tanto,
el examen del recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

38. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, de acuerdo con
los argumentos expuestos por la entidad recurrente, la decisión judicial objeto de
revisión ordenó la liquidación de la pensión gracia en consideración a la fecha de
retiro definitivo del servicio, pese a que esta especial prestación solo puede
liquidarse con el promedio del año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Sin embargo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la UGPP, la aludida
providencia no dispuso tal obligación, pues si bien se ordenó dicha reliquidación,
también es cierto que, para el caso concreto, el retiro definitivo del servicio coincidió
con la adquisición de estatus, lo que impide que se considere que con ella se
incurrió en un pago en exceso contrario a lo dispuesto en la ley.

25 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

39. En efecto, se encuentra acreditado lo siguiente.

34.1. Rosa Paulina Mejía de Ballesteros nació el 9 de abril de 1945 26 y prestó sus
servicios al municipio de Fonseca como docente desde el 8 de febrero de 1968
hasta el 9 de abril de 199527, es decir, hasta cuando cumplió los 50 años de edad,
fecha en la cual, además, había prestado sus servicios como docente territorial por
más de 20 años.

34.2. Entre los años 1994 y 1995 devengó asignación básica, sobresueldo y las
primas de alimentación, de clima, de escalafón y de navidad28.

34.3. Por medio de la Resolución 16200 del 10 de diciembre de 1996, Cajanal le
reconoció una pensión gracia, en cuantía equivalente a $191.448,60, efectiva a
partir del 9 de abril de 1995, fecha en la que adquirió el estatus de pensionada. Para
la determinación de la mesada se tuvo en cuenta el 75% del salario promedio
devengado durante 12 meses anteriores a adquirir el estatus con la inclusión de la
asignación básica y el sobresueldo29.

34.4. El 24 de marzo de 2004, la pensionada solicitó la reliquidación de su pensión
gracia con la inclusión de todos los factores devengados y certificados en el año
anterior «al cumplimiento del estatus pensional o último de servicios»30. Dicha petición
fue resuelta desfavorablemente a través de la Resolución 54180 del 18 de octubre
de 200631.

34.5. Contra el anterior acto administrativo el 12 de diciembre de 2006 32 presentó
recurso de reposición; sin embargo, la entidad guardó silencio.

34.6. En sentencia del 13 de marzo de 2019, el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Riohacha declaró la nulidad del acto administrativo ficto y a
título de restablecimiento del derecho ordenó a la Ugpp reliquidar y pagar la pensión
gracia de Rosa Paulina Mejía de Ballesteros con la inclusión de las primas de
alimentación, clima, escalafón y navidad. Además, declaró probada la excepción de
prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 24 de marzo de 2001. Dicha
providencia fue recurrida por la entidad demandada.

26 Según consta en el registro civil de nacimiento, suscrito por el notario del circuito de Fonseca (La

Guajira), visible samai, índice 2, ED-2-02DEMANDA ROSA PAULINA MEJÍA.pdf(.pdf) NroActua 2,
folio 56.
27 Según el certificado expedido el 7 de julio de 1995, por el jefe de división de educación municipal,

visible en ibidem, folios 58 y 59.
28 Certificación, expedida el 19 de julio de 1995 por la jefe Kardex y archivos FER de La Guajira,

visible samai, índice 2, ED-2-02DEMANDA ROSA PAULINA MEJÍA.pdf(.pdf) NroActua 2, folio 123.
29 Samai, índice 39, Onedrive 2005-00508 2005-00508 EXPEDIENTE PRINCIPAL, folios 54 al 70,

folios 14 al 16.
30 Ibidem, folios 19 y 20.
31 Ibidem, folios 95 y 98
32 Ibidem, folios 158 al 160.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

34.7. El Tribunal Administrativo de La Guajira en la sentencia del 30 de septiembre
de 201933 confirmó la decisión de primera instancia, pero adicionó en el sentido de
señalar que «al efectuar su reliquidación tenga en cuenta que si dichos factores fueron
percibidos mensualmente deberá tomarse en su valor neto, o si lo fue periódicamente se
tomarán las doceavas» (sic).

35. Entonces, si bien en cumplimiento de la sentencia proferida el 30 de septiembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Ugpp reliquidó la pensión
gracia de Rosa Paulina Mejía de Ballesteros aumentó el monto su mesada
pensional, lo cierto es que, en esta oportunidad, el incremento fue consecuencia de
la inclusión de factores salariales que no fueron tenidos en cuenta al momento del
reconocimiento pensional y no por el cálculo con el último año de servicio anterior
al retiro definitivo, como lo alega la recurrente en esta oportunidad.

36. Así las cosas, la decisión objeto de revisión se sustentó en el artículo 4 de la Ley
4ª de 1996, según la cual para la liquidación de las pensiones de los servidores
públicos se tomará como base el 75% del promedio mensual de los salarios
devengados durante el último año de servicio. La Ley 65 de 1946 definió el sueldo
no solo como la asignación básica si no como todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución de su trabajo. Y el parágrafo 1
de la Ley 33 de 1985 excluyó de su aplicación a aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones, como es el caso de la pensión gracia que goza
de carácter especial y excepcional.

37. Esta decisión obedeció, en primer lugar, a que en esa instancia judicial solo se
discutió la legalidad del acto administrativo ficto producto del silencio administrativo
negativo porque no se incluyeron unos factores salariales devengados por la
docente en el año anterior a adquirir el estatus de pensionada.

38. Dicho de otro modo, no se advierte que el Tribunal Administrativo de La Guajira,
hubiese desacertado al determinar los factores salariales para la reliquidación de la
prestación reconocida, pues como bien lo señaló en el periodo comprendido entre
«el 1° de enero a 31 de diciembre de 1994 a 1 de enero a 30 de junio de 1995- los siguientes
factores salariales: asignación mensual, prima de alimentación, prima de clima, prima de
escalafón, sobresueldo y prima de navidad, de los cuales solo asignación mensual y
sobresueldo fueron incluidos en la liquidación de la pensión gracia » (sic).

39. Aunado a lo expuesto, igualmente se advierte que el Tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en las sentencias del 24 de enero de 201334 y 21 de junio de
201835, que en lo particular dispusieron:

33 Ibidem, folios 54 al 70.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2013, radicado: 05001-23-

31-000-2004-06407-01 (2435-11), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-14), M.P. Carmelo Perdomo Cúeter.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

«Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los que
vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a precisar la base
líquida para obtener el 75%, que corresponde al monto final de la pensión.

La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador
como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral; comprende entonces, los
sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o
indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1º) prevé que
salario es «todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa
o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas,
sobresueldos y bonificaciones».

Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter
privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de una consagración de derechos
mínimos, pues prescribe que constituye salario «[...] todo lo que recibe el trabajador en
dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma
o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales,
valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor».

40. Lo cual permite inferir que el criterio aplicado por el fallador fue razonable y
ajustado a la pretensión procesal y su resistencia, de manera que no puede
considerarse caprichoso, ni arbitrario, pues tal y como se ha venido señalando por
tratarse de un régimen excepcional, para la liquidación de la pensión gracia se debe
liquidar con la totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el
año anterior a adquirir el estatus de pensionado, el cual, se reitera, coincidió con el
del retiro definitivo del servicio.

40. Por último, en este punto se reitera que la acción de revisión no puede ser usada
como una tercera instancia que admita reabrir el debate o instancias pretermitidas,
pues en garantía del principio de seguridad jurídica con este recurso únicamente se
pretende revisar aquellos reconocimientos que pudieron adquirirse con vulneración
del debido proceso, o por un valor superior, razón por la cual comoquiera que la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso
del derecho o fraude a la ley, no hay lugar a declarar fundada la acción de revisión
por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

41. La Sala concluye que la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira no incurrió en la causal de revisión prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por la UGPP

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00948-00 (2833-2020)
Demandante: UGPP

2.5. Costas

42. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, el 30 de septiembre de 2019, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT

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