Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00833-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00833-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00833-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Trámite : Recurso extraordinario de revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003)
Expediente : 11001-03-25-000-2017-00833-00 (4459-2017)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada : María Antonia Zorro Amézquita
Tema : Reliquidación de pensión gracia por retiro definitivo del
servicio
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 25 de mayo
de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual
revocó la de 21 de junio de 2016 del Juzgado Segundo (2º) Administrativo de
Sogamoso, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda1, para,
en su lugar, negarlas.
I. ANTECEDENTES DEL MEDIO DE CONTROL
1.1 Medio de control (ff. 1 a 8 del expediente ordinario2). La UGPP, por
intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
señora María Antonia Zorro Amézquita, con el propósito de obtener la
anulación de la Resolución 9625 de 26 de mayo de 2003, por la que la
entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reliquidó la pensión
gracia de la accionada «[…] teniendo en cuenta los factores devengados en el
último año de servicio».
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara reintegrar los dineros sufragados por concepto de dicho reajuste y
pagar costas procesales.
1
Expediente 15238-33-33-752-2015-00157-01.
2
Obrante en los índices 23 y 24 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión
judicial denominada Samai.
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
María
UGPPIrene
contra
NietoMaría
Cárdenas
Antonia
contra
Zorro
la UGPP
Amézquita
1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató la
accionante que la liquidada Cajanal, a través de Resolución 11900 de 7 de
mayo de 1998, reconoció a la demandada pensión gracia desde el 24 de mayo
de 1997, fecha de adquisición del estatus pensional; reliquidada con la
Resolución 9625 de 26 de mayo de 2003, «[…] efectiva a partir del 08 de
julio de 2002 […] teniendo en cuenta los factores devengados [en] el último
año de servicios […] al retiro definitivo, más no teniendo en cuenta la
liquidación de los factores devengados en el último año de servicios a la
adquisición del status pensional, es decir, haber cumplido 50 años de edad y
[…] 20 […] al servicio docente en entidades del orden territorial» (sic).
Que, con fallo de tutela de 28 de abril de 2004, el Juzgado Primero (1º) Penal
del Circuito de Bogotá ordenó a esa entidad reajustar la aludida prestación,
«[…] tomando todos los factores salariales con la respectiva indexación y
retroactividad […]», a lo que dio cumplimiento con Resolución 26606 de 6 de
septiembre de 2005.
II. PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de 25 de mayo de 2017
(ff. 190 a 200 vuelto), revocó el fallo de 21 de junio de 2016 del Juzgado
Segundo (2º) Administrativo de Sogamoso (ff. 163 vuelto a 170 vuelto), que
accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, para, en su lugar,
negarlas, al considerar:
En estas condiciones es claro que concurren los supuestos conforme a los
cuales su derecho fue adquirido antes de la vigencia del precedente y
que fue reconocido al amparo del criterio vigente hasta mediados del año
2005, lo cual hace legítimo el derecho reconocido y legal el acto
demandado e impone negar la pretensión de nulidad, so pena de vulnerar
principio y derechos de rango constitucional.
Además es importante resaltar que la demandada accedió a dicha
reliquidación por las vías legales utilizando mecanismos previstos en la
Constitución y la ley, sin realizar maniobras fraudulentas, y conforme a
una interpretación vigente en el órgano de cierre de la jurisdicción para
la época de la expedición de la Resolución No. 9625 de 26 de mayo de
2003, de manera que el precedente invocado por la demandante, que es
posterior, […] no puede ser aplicado con retroactividad. Por el contrario
el criterio vigente podía y debía ser aplicado por la administración, como
en efecto sucedió.
Adicionalmente no puede perderse de vista que con fundamento en la
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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
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restablecimiento
extraordinario
del de
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revisión
María
UGPPIrene
contra
NietoMaría
Cárdenas
Antonia
contra
Zorro
la UGPP
Amézquita
tesis jurisprudencial conforme a la cual era viable la reliquidación
de la pensión gracia atendiendo como factores lo devengado en el
año anterior al retiro, fueron proferidas sentencias y actos
administrativos que reconocieron el derecho; entonces, no existe razón
suficiente para declarar su nulidad, pues ello desconocería el derecho a la
igualdad entre iguales.
Así las cosas, es decir, en tanto han sido de recibo los planteamientos
constitucionales de la demandada, se sigue que las razones de apelación
de la demandante no son de recibo […] (sic para toda la cita).
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La UGPP, por conducto de apoderada, interpuso recurso extraordinario de
revisión (ff. 246 a 275), el 23 de octubre de 2017 (f. 275 vuelto), contra la
anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en la letra b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», al estimar que «[…] no son de
recibo los argumentos [allí] expuestos […] conforme a los cuales coexisten
líneas jurisprudenciales sobre la forma en que debía ser reliquidada la
pensión de gracia, existiendo algunas decisiones del H. Consejo de Estado
que para el momento de expedirse el acto administrativo cuestionado,
indicaban que podía dicha prestación liquidarse con los factores devengados
al retiro definitivo del servicio, de los que cabe señalar, no constituyen
precedente vinculante al caso, por no corresponder a sentencias de
unificación» (sic).
En consecuencia, pide revocar la decisión de 25 de mayo de 2017 dictada por
el Tribunal Administrativo de Boyacá y declarar que a la accionada no le
asiste derecho al reajuste de la pensión gracia «[…] con la inclusión del
promedio de todos los factores salariales devengados […] en el año anterior
a su retiro definitivo, siendo que la prestación reconocida impone que la
mesada se calcula con el promedio de los salarios devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionada» (sic).
IV. TRÁMITE PROCESAL
4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de 6 de noviembre de 2019 (ff. 278
a 280), se admitió el recurso y se ordenó la notificación a la demandada y al
señor procurador delegado ante esta Corporación, oportunidad aprovechada
por la primera.
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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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contra
NietoMaría
Cárdenas
Antonia
contra
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la UGPP
Amézquita
La señora María Antonia Zorro Amézquita (ff. 299 a 310), por medio de
apoderado, pide despachar desfavorablemente las súplicas, puesto que, además
de que el reajuste pensional fue calculado de acuerdo con la posición
jurisprudencial vigente, no es dable ahora desmejorar sus condiciones
económicas de manera «brusca e intempestiva», por quebrantar los derechos y
principios superiores de favorabilidad en materia laboral, confianza legítima,
buena fe y seguridad jurídica.
4.2 Período probatorio. A través de proveído de 2 de diciembre de 2021 (ff.
318 y 318 vuelto), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
UGPP con la demanda.
V. CONSIDERACIONES
5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configura la
causal de revisión invocada, resulta necesario precisar el régimen jurídico
aplicable, toda vez que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el
23 de octubre de 2017 (f. 275 vuelto) contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 25 de mayo de la misma anualidad (ff. 190 a 200 vuelto),
ejecutoriada el 1º de junio del mismo año3.
Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de
lo contencioso-administrativo de esta Corporación 4 que no comporta una
tercera instancia, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación
diferente, cual es una sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en
virtud de la cosa juzgada y que por la vía del Recurso Extraordinario de
Revisión busca ser invalidada», es decir, un proceso nuevo, autónomo,
independiente con trámite propio (etapas procesales) y fallo que define sobre
la legalidad de una providencia ejecutoriada, como medio excepcional de
impugnación.
Al respecto, el CPACA se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia»5 (2 de julio de 2012).
3
Verificado el expediente ordinario, se encuentra que el fallo de segunda instancia de 25 de mayo de 2017,
objeto de revisión, fue notificado el 26 siguiente, a través de mensaje a los buzones electrónicos para
notificaciones judiciales (ff. 255 y 256 del expediente ordinario, obrante en los índices 23 y 24 del expediente
digital), de lo que se colige que adquirió firmeza el 1º de junio del mismo año, tal como lo prevén los artículos
203 del CPACA y 289, 291 y 302 del Código General del Proceso (CGP).
4
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2013-02110-00.
5
Artículo 308 del CPACA.
4
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
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restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
María
UGPPIrene
contra
NietoMaría
Cárdenas
Antonia
contra
Zorro
la UGPP
Amézquita
Así las cosas, comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no
comporta una tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o
mecanismo de control, este se rige bajo la norma que esté en vigor al
momento de su presentación.
Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 23 de
octubre de 2017, el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA,
en armonía con el artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según el cual
«La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código […]».
5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para
conocer del recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, este dispone que «Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias […]» (inciso 1°)6.
Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión[7].
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo proferido por un tribunal
administrativo, corresponde a las secciones y subsecciones de esta
Corporación, según la materia.
Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de las anteriores
disposiciones, se observa que la decisión objeto del recurso extraordinario de
6
Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de la
Corte Constitucional.
7
El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
5
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
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extraordinario
del de
derecho
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María
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NietoMaría
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Zorro
la UGPP
Amézquita
revisión fue dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el 25 de mayo de 2017, y el tema abordado fue la reliquidación de
una pensión gracia.
Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del
presente recurso es de esta sección, no solo por cuanto cuestiona una
providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque su
materia es de carácter laboral.
Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la UGPP contra la aludida sentencia de 25 de mayo de
2017.
5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo
primero decir que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prescribe:
Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo
código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables[8].
El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley
8
Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-835
de 23 de septiembre de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
6
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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Zorro
la UGPP
Amézquita
797 de 2003, es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al
prever la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o
de fondos de naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo
cual implica que las facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de
los planteamientos aducidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a
configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo examen.
5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA,
«En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de
la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio».
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia objeto del presente
recurso extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 1º de junio de 2017,
el término de cinco (5) años para presentarlo vencía los mismos día y mes de
2022, y en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 23 de octubre de
2017, se tendrá como oportunamente interpuesto.
5.5 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si la sentencia de 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual revocó la de 21 de junio de 2016
del Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Sogamoso, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, para en su lugar, negarlas, se
encuentra inmersa en los supuestos fácticos previstos en la letra b del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocada por la UGPP; y,
en consecuencia, si a la señora María Antonia Zorro Amézquita le asistía el
derecho al reajuste de su pensión gracia con ocasión de su retiro definitivo del
servicio o, por el contrario, se debe liquidar con base en lo devengado durante
el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
5.6 Caso concreto. En el asunto sub judice, la actora invocó la causal
contenida en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al estimar
que la desaparecida Cajanal incurrió en error al reliquidar la pensión gracia
concedida a la accionada con base en lo recibido durante la anualidad previa a
la desvinculación definitiva, toda vez que, conforme a la normativa y
jurisprudencia aplicables, corresponde tener en cuenta la fecha del estatus
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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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Zorro
la UGPP
Amézquita
pensional.
Sobre dicha causal de revisión, esta Corporación ha indicado que constituye
«[…] una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la
moralidad administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan
el Sistema General de Pensiones»9.
Entonces, para dilucidar si el citado reproche tiene vocación de prosperidad, se
abordará el marco jurídico que gobierna el cálculo de la aludida prestación10
para, seguidamente, establecer si había lugar a negar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento que aquí nos ocupa.
En lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo
reglado en el artículo 2º de la Ley 114 de 1913, según el cual «[l]a cuantía de
la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos
años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos,
para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos».
Luego, el artículo 1º. de la Ley 24 de 1947, «por la cual se adiciona el
artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter
social», dispone:
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades
de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en
relación con la jubilación y el monto de la pensión correspondiente se
distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración
devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o
remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales con aporte a
varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más
favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al
mismo fondo especial.
[…]
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de servidores del ramo docente,
las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año [destaca la Sala].
Cabe advertir que si bien la anterior norma determinó que las pensiones de
9
Providencia de 7 de noviembre de 2019, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
segunda, subsección A, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, expediente 11001-03-25-000-2016-
00681-00 (2861-16)
10
Se advierte que no hay lugar a analizar el marco legal que regula esa prestación, dado que el derecho de la
accionada a devengarla no es objeto de la presente controversia.
8
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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Amézquita
jubilación de los docentes se liquidarían con base en el promedio de lo
devengado en el último año, lo cierto es que el legislador omitió precisar si esa
anualidad era la precedente al retiro del servicio o si, por el contrario, era
menester tener en cuenta la fecha de adquisición del estatus pensional.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4ª de 196611 preceptúa:
A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades
de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios.
La precitada Ley no discriminó ninguna pensión de las recibidas por los
servidores oficiales y su Decreto reglamentario 1743 de 1966 estableció en su
artículo 5º:
A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o
más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicios, previa la
demostración de su retiro definitivo del servicio público.
De lo anterior se colige que la base de liquidación de las pensiones de que
gozaban los servidores públicos estaba constituida por el 75% del salario
recibido por el empleado en último año de servicios.
El Decreto 224 de 1972, «por el cual se dictan normas relacionadas con el
ramo docente», prescribe:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental
y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro
forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.
La norma mencionada permitió la compatibilidad entre la prestación del
servicio docente y el disfrute de la pensión de jubilación, incluida la gracia,
hasta cuando el maestro cumpliera la edad de 65 años, cuando se le retiraría
forzosamente de sus labores.
11
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las
pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
9
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
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María
UGPPIrene
contra
NietoMaría
Cárdenas
Antonia
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Zorro
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Amézquita
A su vez, las Leyes 3312 y 6213 de 1985 determinaron los requisitos de tiempo
de servicio, edad y monto de la pensión de jubilación de los servidores
públicos, así:
ARTÍCULO 1º: El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
Sin embargo, el inciso 2º del referido artículo 1º de la Ley 33 de 1985 señaló
que «No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones» (se destaca), razón por la cual no resultan
aplicables a la pensión gracia los aspectos previstos en el régimen general de
pensiones, al comportar esta una prestación especial que cuenta con una
normativa específica respecto de su liquidación.
Empero, a pesar de lo expuesto en precedencia, con ocasión de la entrada en
vigor de las aludidas Leyes 33 y 62 de 1985, hubo posiciones encontradas
frente a su interpretación y, por ende, respecto de la procedencia de liquidar la
pensión gracia con los factores devengados en el año anterior a la
desvinculación; no obstante, la sala plena de la sección segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de 11 de octubre de 199414, zanjó esa discusión, al
discurrir:
De conformidad con lo anterior este tipo de pensión especial como es la
"Pensión Gracia", se liquida con fundamento en la "remuneración" que
es todo lo que recibe el empleado directa o indirectamente, con ocasión
de su relación laboral (Ley 65 de 1946), y no con base en los aportes,
porque no se ha expedido una norma especial que así lo disponga.
Sin embargo como la entidad plantea que el actor cumplió los veinte
años de servicios el 27 de noviembre de 1987, cumpliendo la edad
cronológica el 18 de enero de 1988 (fl. 8) lo que significa que la
consolidación del derecho se realizó con posterioridad al 18 de enero de
1988, es decir después de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, que fue
la que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión por parte
12
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público».
13
«Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985».
14
Expediente 7639, C. P. Carlos Orjuela Góngora
10
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
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de la accionada; debe examinarse si esta norma le es aplicable al actor en
el entendido de que la pensión concedida es de carácter especial.
[…]
Si bien es cierto que la Ley 33 / 85 limitó el valor de liquidación de las
mesadas pensionales al 75% del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, nótese cómo esta
normatividad exceptuó expresamente a aquellos empleados que por
Ley disfruten de un régimen especial de pensiones, como es el caso
del demandante, por ser beneficiario de la "Pensión Gracia" que se
otorga a los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales con veinte años de
servicios y cincuenta de edad.
Por esta razón la pensión del actor no puede liquidarse con base en
el valor de los aportes durante el último año de servicios, porque esta
pensión es a cargo exclusivo del Tesoro Nacional, y por ser de
carácter excepcional no se requiere afiliación a la Caja de Previsión
Nacional, ni hacer aportes, porque como ya se dijo, no se ha expedido
una norma especial que así lo establezca.
Es de relevar además que con la expedición de la Ley 62 de 1985 quedó
incólume el artículo 1o. de la Ley 33 del mismo año, porque la primera
de las citadas lo único que hizo fue modificar el artículo 3o. relacionado
con los aportes que deben cancelar todos los empleados oficiales de una
entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión [se destaca].
Dicho criterio ha permanecido vigente e incólume desde entonces, como se ha
anotado, entre otros fallos, en el de 12 de julio de 2012 de esta Colegiatura15,
así:
Ahora, en el año de 1985, con la expedición de la Ley 33 se
conservó el quantum del valor pensional en el 75%, se modificó la
edad para otorgar las pensiones generales y los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación, ya que se dispuso que el
monto del 75% de la asignación se calcularía sobre el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios16.
Sin embargo, esta normatividad exceptuó de su aplicación expresamente
en su artículo 1º, a aquellos empleados que por Ley disfrutaran de un
régimen especial de pensiones.
[…]
La norma es suficientemente clara al respecto, y lógico es deducir, que
pensiones de régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser
15
Expediente 25000-23-25-000-2007-01316-01 (1348-11).
16
Artículos 1º. y 3º.
11
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liquidadas al abrigo del ordenamiento invocado, pues el mismo
Legislador las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar
expresamente tal excepción, como se infiere del aparte transcrito; así,
tampoco puede atenderse a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985 pues ésta
tan solo modificó el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se
mantuvo incólume lo dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de
excepción en su aplicación.
Ahora, si se tiene en cuenta que la pensión gracia, no obstante estar a
cargo del Tesoro Nacional se causa sin que se requieran aportes a
ésta, mal podría liquidarse con base en el valor de los aportes
realizados durante el último año de servicios, en tanto estos resultan
inexistentes frente a dicha prestación.
En este sentido, el aspecto neurálgico que ha generado mayor
controversia entre los beneficiarios de la pensión gracia, corresponde
precisamente a la forma como se debe liquidar por parte de la Caja
Nacional de Previsión, en virtud a que dicha Entidad ha adoptado para tal
efecto las normas anteriormente mencionadas -Ley 33 y 62 de 1985- sin
consultar su adecuada aplicación, procedimiento con el cual quedan
excluidos de la liquidación de esta prestación especial, una serie de
factores salariales que sin duda alguna afectan los intereses económicos y
patrimoniales de los pensionados, quienes en forma injusta ven
menguada su prestación, debido a una errónea interpretación y aplicación
de la Ley.
Al respecto, resulta claro que la excepción analizada anteriormente,
consagrada en la Ley 33 de 1985, impide la aplicación de las
disposiciones generales allí contenidas frente a la liquidación pensional
de la pensión aludida, por lo que se habilita la observancia de lo
dispuesto en éste sentido en el régimen anterior contenido en la Ley 4ª
de 1966 y en su Decreto Reglamentario -1743 de 1966- referenciados
inicialmente, ya que no discriminó ni excluyó de su aplicación pensión
alguna de las percibidas por los servidores oficiales. Así, la pensión
gracia al tenor de estas disposiciones debe liquidarse en la forma allí
señalada, esto es, tomando como base el promedio mensual de los
salarios obtenidos en el último año de servicios; sin embargo debe
precisarse que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último
año de servicios refiere el año anterior a la adquisición o
consolidación del derecho pues es el momento a partir del cual
empieza efectivamente a devengarse en tanto su carácter especial
admite su compatibilidad con el salario, de manera que para su
percepción no es necesario el retiro definitivo del servicio, es decir,
que el derecho se perfecciona con el cumplimiento de la totalidad de
requisitos establecidos por el Legislador para su otorgamiento, lo que
hace improcedente su reliquidación con base en los factores salariales
devengados en el año anterior al retiro [negrilla de la Sala].
De acuerdo con la jurisprudencia trascrita, la pensión gracia debe ser liquidada
12
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con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el docente
en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de conformidad con la
Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año, por cuanto expresamente el
artículo 1º (inciso 2º) de la Ley 33 de 1985 excluyó las pensiones especiales
del régimen ordinario allí previsto.
Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son
los que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a
precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la
pensión.
La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o
trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral;
comprende, entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón
del trabajo o empleo sin ninguna excepción.
En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1º),
prevé que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro
título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y
permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones
[…]».
Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127
del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral
individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de
una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario
«[…] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».
En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor.
Ahora bien, en el asunto que ahora nos ocupa, la Sala observa que, mediante
Resolución 11900 de 7 de mayo de 1998, la entonces Cajanal, al encontrar
satisfechos los requerimientos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933, le reconoció a la accionada pensión gracia a partir del 21 de
13
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mayo de 1997 (fecha de adquisición del estatus pensional), con el 75% del
salario promedio devengado durante los doce (12) meses que anteceden a ese
día.
Esta prestación fue reliquidada el 26 de mayo de 2003, con Resolución 9625,
en el sentido de incluir en el respectivo cálculo la asignación básica y el
quinquenio, emolumentos que le fueron sufragados a la pensionada en el
último año laborado, lo que incrementó el monto de su mesada en
$804.560,44 (pasó de $468.297,46 a $1.272.857,90), pagada desde el 8 de
julio de 2002, cuando se acreditó su desvinculación del servicio oficial.
Luego, por medio de Resolución 26606 de 6 de septiembre de 2005, dicha
entidad efectuó un nuevo reajuste, desde el 21 de mayo de 1997, en virtud de
lo ordenado en un fallo de tutela de 28 de abril de 2004 del Juzgado Primero
(1º) Penal del Circuito de Bogotá, con el 75% de todos los factores recibidos
durante la anualidad previa a la adquisición del estatus pensional (fijada en
$514.481,41); sin embargo, en atención a lo informado por la accionante en el
recurso extraordinario de revisión y en «auto» ADP 4117 de 6 de junio de
2017, este último acto administrativo no ha sido reportado al respectivo
sistema de nómina, «[…] por cuanto en virtud del principio de favorabilidad,
dicho pago periódico [el otorgado por Resolución 9625 de 2003] le es más
beneficioso a la pensionada, y al ser esta la que actualmente está incluida
[…], debe continuarse pagando hasta que deje de producir efectos jurídicos
con decisión judicial que retire el acto irregular del ordenamiento» (sic; f.
251).
Del anterior recuento normativo, jurisprudencial y fáctico, la subsección
concluye que, como lo asevera la actora, resulta improcedente la reliquidación
de la pensión gracia con base en los factores salariales devengados en el año
previo al retiro del servicio, pues, si bien al entrar en vigor la Ley 33 de 1985
pudieron existir criterios encontrados en cuanto a si era ese el período a incluir
para el respectivo cálculo o la fecha de adquisición del estatus, desde 1994 (es
decir, incluso desde antes de que la demandada consolidara su derecho) fue
decantado por esta Corporación ese aspecto, de lo que se colige que partir de
esa anualidad se consolidó un criterio uniforme y pacífico, sin que sea dable,
como lo sugiere la accionada en el escrito de contestación, alegar
desconocimiento de la confianza legítima y un derecho adquirido que le asiste,
puesto que su aplicación depende, entre otras exigencias, de que la
prerrogativa reclamada esté fundada en el marco legal, «[…] lo cual quiere
decir que debe existir un justo título por lo que «solo pueden tener la entidad
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suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el
ordenamiento jurídico»»17, lo cual no acontece en el sub lite18.
Acerca de este tema, esta Sala de decisión19 ha precisado:
La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sido reiterativa en afirmar
que la pensión gracia, por tratarse de un régimen especial, se debe
liquidar con el equivalente del 75% del promedio de todos los factores
devengados durante el año de servicio anterior a la fecha de adquisición
del estatus pensional […]20
Igualmente, la jurisprudencia de la misma corporación ha considerado
que es razonable la improcedencia de la reliquidación con base en los
factores salariales devengados en el año anterior al retiro, pues el derecho
a la pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de todos los
requisitos que estableció el legislador y constituye un derecho que
disfruta el docente aún encontrándose en actividad, se encuentra sujeta a
los ajustes anuales de ley y por las mismas razones, ha fijado el criterio
en el sentido de la procedencia de la reliquidación con todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho
pensional.21
Así las cosas, entonces, una vez se adquiere el estatus pensional en el
caso de la pensión gracia, esta se empieza a devengar, se ajusta
anualmente conforme a los reajustes de ley y se percibe simultáneamente
con los salarios, si el docente permanece en actividad. En cambio, la
pensión ordinaria de jubilación sólo empieza a disfrutarse una vez se
produce el retiro del servicio. Esta diferencia explica que sobre la
pensión ordinaria sí proceda la reliquidación a la fecha del retiro del
trabajador incluyendo los factores percibidos en el año anterior al retiro
del servicio, no así la pensión gracia.
[…]
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-00499-01 (3558-17).
18
En similares términos discurrió esta subsección, en providencia de 15 de mayo de 2020 (radicación 15001-
23-33-000-2015-00234-01 [3415-2017], C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, así: «[…] no es dable pregonar
(como lo hace el accionado) que «[…] tenía un derecho legalmente adquirido a su favor, […], pues «Según
dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los derechos adquiridos, implica que su
obtención se dio “con arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos que se obtienen irregularmente no pueden
aspirar a la misma protección e inmutabilidad de la que gozan los derechos obtenidos con apego a la Ley»,
amén de la facultad y deber de «Las administradoras de pensiones o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas[, de] verificar de oficio, el cumplimiento de los requisitos
para la adquisición de un derecho prestacional» .
19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 19
de octubre de 2017, radicación 25000-23-42-000-2014-00890-01 (4284-15), C. P. César Palomino Cortés.
20
Radicación número: 25000-23-25-000-2003-04682-01(5408-05). Providencia del 19 de enero de 2006.
66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14) sentencia de 14 de abril de 2016.
21
Rad. No.: 66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14) sentencia de 14 de abril de 2016. M.p. William
Hernández Gómez.
15
Expediente:
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En las condiciones descritas no resulta de recibo […] la aplicación en
este caso del principio de favorabilidad, pues no existe duda en la
aplicación, ni interpretación de las fuentes formales de derecho y la
condición más beneficiosa reconocido en el artículo 53 de Constitución
Política, no se puede aplicar caprichosamente. Adicionalmente, la
prestación en los términos de la referida resolución por contravenir las
normas especiales que consagran la pensión gracia en la jurisprudencia
consolidada, no puede crear un derecho adquirido.
Sin perjuicio de lo anotado, cabe advertir que el Tribunal Administrativo de
Boyacá erró al invocar, para negar las pretensiones, la providencia de 23 de
marzo de 201722 de esta Corporación, dado que estaba orientada a determinar
si el allí accionante, en su condición de beneficiario del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le asistía el derecho al
reajuste de su pensión de jubilación ordinaria con la inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios o, en su
defecto, conforme a las reglas previstas en los artículos 21 o 36 ibidem, en
armonía con las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional, es decir, no tiene ninguna analogía con la presente
controversia.
Por su parte, la demandada fundó su defensa (en el caso sub examine y en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15238-33-33-752-2015-
00157-01) en el fallo de 2 de septiembre de 200423 del Consejo de Estado, en
el que si bien se expuso «[…] que durante un tiempo esta Jurisdicción admitió
que la pensión de jubilación gracia se reliquidara por los factores
devengados por el docente al momento de su desvinculación del servicio»,
también recordó que desde 199424 (es decir, 9 años antes de que se expidiera
el acto administrativo enjuiciado) la misma Colegiatura determinó que «La
pensión de jubilación gracia (especial) debe regirse por sus propias normas y
ella se liquida es sobre los factores devengados en el año precedente a la
adquisición del status pensional y, desde su consagración […]. Por ello, dicha
pensión de adquiere desde el cumplimiento de sus requisitos especiales y se
consolida; así, no es factible que se tengan en cuenta posteriormente otros
factores para su liquidación» (se subraya), tesis que, en últimas, desvirtúa su
aserto.
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta, C. P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, fallo de 23 de marzo de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-03366-01 (AC).
23
Expediente 4581-03; reiterado en sentencia de 19 de enero de 2006, sección segunda, subsección B, C. P.
Tarsicio Cáceres Toro, radicación 25000-23-25-000-2003-00425-01 (3765-05).
24
Sentencia de 11 de octubre de 1994, expediente 7639, C. P. Carlos Orjuela Góngora
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En este orden de ideas, es claro que en el asunto sub judice se configura la
causal prevista en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que,
al dejar incólume el acto administrativo que reliquidó la pensión gracia de la
demandada (acusado), se le autorizó un pago que sobrepasa al que tenía
derecho, circunstancia que sin duda perjudica injustificadamente el erario 25,
por lo que debe ser enmendado26.
Por tanto, la Sala declarará fundado el recurso interpuesto por la entidad
accionante, al encontrar probada la causal invocada, por lo que se infirmará el
fallo de 25 de mayo de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, para proceder a dictar el de reemplazo.
VI. SENTENCIA DE REEMPLAZO
6.1 Antecedentes:
6.1.1 Medio de control (ff. 1 a 8 del expediente ordinario27). La UGPP, por
conducto de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a instaurar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del CPACA, contra la señora María Antonia
Zorro Amézquita, con el propósito de obtener la anulación de la Resolución
9625 de 26 de mayo de 2003, por medio de la cual la extinguida Cajanal
reliquidó la pensión gracia de la accionada, por retiro definitivo del servicio.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reintegrar los dineros sufragados por concepto del
reajuste de la referida pensión y condenarla en costas.
6.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que la entonces Cajanal, a
través de Resolución 11900 de 7 de mayo de 1998, reconoció a la accionada
pensión gracia desde el 24 de mayo de 1997, fecha de adquisición del estatus
pensional; reajustada con la 9625 de 26 de mayo de 2003, «[…] efectiva a
25
En efecto, verificadas las pruebas adosadas se observa que mientras que en la Resolución 26606 de 6 de
septiembre de 2005, por la que la desaparecida Cajanal reliquidó la pensión gracia con los factores
devengados por la accionada en el año anterior a la adquisición del estatus pensional (que, valga decir, no ha
sido materializada), la mesada ascendió a la suma de $514.481,41, en el acto acusado alcanzó $1.272.857,90
(diferencia de $758.376,49), lo que denota que «[…] la cuantía del derecho reconocido exced[e] lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», presupuesto establecido
en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
26
En igual sentido, ver fallos de (i) 17 de abril de 2020, expediente 11001-03-25-000-2013-00779-00 (1557-
2013); y (ii) 7 de octubre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2016-01027-00 (4655-2016), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
27
Obrante en los índices 23 y 24 del expediente digital contenido en SAMAI.
17
Expediente:
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partir del 08 de julio de 2002 […] teniendo en cuenta los factores devengados
[en] el último año de servicios anterior […] al retiro definitivo, más no
teniendo en cuenta la liquidación de los factores devengados en el último año
de servicios a la adquisición del status pensional, es decir, haber cumplido 50
años de edad y […] 20 […] al servicio docente en entidades del orden
territorial» (sic).
Que, mediante fallo de tutela de 28 de abril de 2004, el Juzgado Primero (1º)
Penal del Circuito de Bogotá ordenó a dicha entidad reajustar la aludida
pensión, «[…] tomando todos los factores salariales con la respectiva
indexación y retroactividad […]», a lo que dio cumplimiento con Resolución
26606 de 6 de septiembre de 2005.
6.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo censurado el CPACA y la Ley 114
de 1913.
Aduce que la decisión cuestionada desconoce la normativa que regula la
mencionada prestación, habida cuenta de que solo es dable calcularla «[…]
respecto de factores devengados al momento de la consolidación de status
pensional y no de la época de retiro, como si ocurre en las pensiones
ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y, por ende, aportes que llevan a la
mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación» (sic).
6.1.4 Contestación de la demanda 28 . La accionada, por intermedio de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio de control;
se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
parcialmente y los demás deben probarse. Asimismo, propuso las excepciones
denominadas cobro de lo no debido, presunción de legalidad y falta de
capacidad para demandar.
Asevera que «[…] si la entidad demandante pretende basarse jurídicamente
en el cambio de jurisprudencia respecto a la reliquidación de la pensión
gracia por retiro definitivo del servicio, ello no [le] es aplicable […], por
cuanto el derecho fue adquirido antes del cambio de la posición jurídica,
constituyéndose entonces, en un derecho adquirido para la época en que se
profirió la Resolución, de la cual, la demandante está pretendiendo la
nulidad» (sic).
28
Ibidem.
18
Expediente:
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6.1.5 Providencia impugnada (ff. 170 a 177 del expediente ordinario29). El
Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Sogamoso, en sentencia de 21 de
junio de 2016, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena
en costas), al considerar que, a partir de la expedición de la Ley 33 de 1985,
que, por demás «[…] exceptuó de su aplicación expresamente en su artículo
1º a aquellos empleados que por ley disfrutaran de un régimen especial de
pensiones», quedó claro que «[…] a diferencia de las pensiones ordinarias,
ese último año de servicio refiere al año anterior a la adquisición o
consolidación del derecho pues es el momento a partir del cual empieza a
devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad con el
salario incluso con la pensión ordinaria de jubilación, de manera que, para
devengarla no es necesario el retiro del servicio como el caso de quienes
devengan pensión de jubilación ordinaria, es decir, que el derecho a la
pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de la totalidad de
requisitos establecidos por el legislador para su otorgamiento y por ello es
improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados
en el año anterior del retiro» (sic).
Por otro lado, niega «[…] la devolución de lo pagado como consecuencia de
la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado […]», dado que no
se acreditó que la demandada haya actuado de mala fe, como lo exige la letra c
del numeral 1 del artículo 164 del CPACA.
6.1.6 Los recursos de apelación.
6.1.6.1 Accionada (ff. 188 a 202 del expediente ordinario30). Inconforme con
el fallo de primera instancia, interpuso recurso de apelación, al estimar que en
controversias como la que ahora nos convoca, deben privilegiarse los derechos
y principios de favorabilidad, confianza legítima, igualdad y debido proceso,
pues no deviene justo reducir su mesada o afectar su calidad de vida, previa
anulación de una determinación de la desaparecida Cajanal que goza de
legalidad y se encuentra vigente.
6.1.6.2 Parte demandante (ff. 185 a 187 del expediente ordinario 31). Formula
alzada contra la decisión de primera instancia (parcial), con el propósito de
que se acceda al restablecimiento del derecho reclamado, en la medida en que
no es dable pregonar la buena fe de la pensionada en el sub lite, habida cuenta
29
Idem.
30
Ib.
31
Ibidem.
19
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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de que «[…] los dineros recibidos […] son el resultado de su proceder
temerario al solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación gracia,
teniendo pleno conocimiento de que […] no era procedente, por ser contraria
a la normatividad especial que [la] regula […]» (sic).
6.1.7 Alegatos de conclusión. Admitidos los recursos, se continuó con el
trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 27 de enero de 2017 (f. 225 del expediente
ordinario 32 ), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara,
oportunidad aprovechada por la entidad accionante y el último33.
6.1.7.1 Parte demandante (ff. 235 a 237 del expediente ordinario34). Reitera
cada uno de los argumentos consignados en el escrito de apelación.
6.1.7.2 Ministerio Público (ff. 238 a 242 vuelto del expediente ordinario35).
El señor procurador 46 delegado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá,
quien funge como representante del Ministerio Público dentro del presente
proceso, es del criterio que la decisión impugnada debe ser confirmada, por
cuanto (i) «[…] la pensión gracia se adquiere a partir de la fecha del
cumplimiento de los requisitos señalados en las normas especiales, momento
a partir del cual entra al haber de la persona y, por ende, el derecho queda
consolidado desde ese instante, lo que hace imposible tener en cuenta factores
devengados posteriormente […]»; y (ii) no se comprobó el actuar malicioso o
doloso de la accionada que imponga la devolución de los dineros pagados en
exceso por el reajuste cuestionado.
6.2 Consideraciones de la Sala:
6.2.1 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala
determinar si a la demandada le asistía derecho al reajuste de su pensión gracia
con ocasión del retiro definitivo del servicio o, por el contrario, dicha
prestación se debe liquidar con base en lo devengado durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
6.2.2 Análisis del caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar
32
Idem.
33
Cabe advertir que el escrito de alegaciones finales allegado por quien aduce actuar como apoderada de la
accionada (ff. 232 a 234 del expediente ordinario obrante en expediente digital contenido en Samai), no se
tendrá en cuenta, puesto que no obra poder que acredite dicha condición.
34
Obrante en los índices 23 y 24 del expediente digital contenido en Samai.
35
Ibidem.
20
Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo
que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio
traído al plenario, se destaca:
a) Certificación de tiempo de servicios expedida por la secretaría de educación
de Boyacá, en la que figura que la accionada prestó sus servicios como
maestra nacionalizada entre el 1º de marzo de 1967 y el 7 de julio de 2002 (f.
62).
b) Constancias originarias de la aludida dependencia, en las que se informa
que durante los años anterior a la configuración del estatus pensional y al
retiro definitivo del servicio, la demandada devengó, en su orden, (i)
asignación básica, quinquenio, sobresueldos del 15%, 20% y 30% y primas de
grado, alimentación y navidad; y (ii) asignación básica, quinquenio y primas
de grado, alimentación, navidad y vacaciones (ff. 51 y 62 vuelto a 63 vuelto).
c) Resolución 11900 de 7 de mayo de 1998, por la que la desaparecida Cajanal
le reconoció pensión gracia a la accionada desde el 21 de mayo de 1997 (fecha
de adquisición del estatus pensional), con el 75% del salario promedio
recibido (asignación básica, quinquenio y sobresueldos del 15%, 20% y 30%)
durante los doce (12) meses previos a ese día, en atención a lo establecido en
las Leyes 37 de 1933 y 33 y 62 de 1985, en la suma de $468.297,46 (ff. 56 a
58).
d) Resolución 9625 de 26 de mayo de 2003, por medio de la cual la citada
entidad reajustó esa prestación con inclusión de la asignación básica y el
quinquenio sufragados a la interesada en la última anualidad laborada, de
acuerdo con las Leyes 114 de 1913 y 33 y 62 de 1985, efectiva a partir del 8
de julio de 2002 (fecha de desvinculación), por $1.272.857,90 (ff. 67 y 68).
e) Resolución 26606 de 6 de septiembre de 2005, por cuyo conducto la
extinguida Cajanal, en cumplimiento de la orden de tutela impuesta por el
Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de Bogotá el 28 de abril de 2004,
reliquidó la pensión gracia, a partir del 21 de mayo de 1997, con el 75% de
todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, esto es, asignación básica, quinquenio, sobresueldos del 15%, 20%
y 30% y las primas de grado, alimentación y navidad, calculada en un valor de
$514.481,41 (ff. 84 vuelto a 86 vuelto).
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Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
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f) «Auto» ADP 4117 de 6 de junio de 2017, mediante el cual la accionante,
con el propósito de acatar el fallo de 25 de mayo de 2017 proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá (objeto de revisión), indica que «[…]
revisado el expediente pensional se establece que la señora […] ZORRO
AMEZQUITA […] se encuentra activa en nómina con la resolución 9625 del
26 de mayo de 2003, teniendo en cuenta [que la] 26606 del 06 de septiembre
de 2005, no fue incluida en nómina» (ff. 118 vuelto a 119 vuelto).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandada
trabajó como profesora nacionalizada del 1º de marzo de 1967 al 7 de julio de
2002; y por satisfacer los requisitos legales, la entonces Cajanal le otorgó
pensión gracia, con Resolución 11900 de 7 de mayo de 1998, a partir del 21
de mayo de 1997 (fecha de adquisición del estatus pensional), con el 75% del
salario promedio devengado (asignación básica, quinquenio y sobresueldos
del 15%, 20% y 30%) durante los doce (12) meses que anteceden a ese día.
Luego, la mencionada entidad emitió (i) las Resoluciones 9625 de 26 de mayo
de 2003 (acto administrativo acusado), a través de la cual reajustó la referida
pensión gracia por retiro definitivo del servicio (asignación básica y
quinquenio), en aplicación de las Leyes 114 de 1913 y 33 y 62 de 1985; y (ii)
26606 de 6 de septiembre de 2005, que en cumplimiento de un fallo de tutela
de 28 de abril de 2004 del Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de Bogotá,
efectuó una nueva reliquidación, a partir del 21 de mayo de 1997, con el 75%
de todos los factores devengados durante la anualidad previa a la adquisición
del estatus pensional (asignación básica, quinquenio, sobresueldos del 15%,
20% y 30% y primas de grado, alimentación y navidad; $514.481,41), y (iii) el
«auto» ADP 4117 de 6 de junio de 2017, por el que la accionante informa que
la mesada sufragada a la demandada es aquella liquidada en la Resolución
26606.
Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que ciertamente
la entonces Cajanal, con Resolución 9625 de 26 de mayo de 2003, reajustó la
pensión gracia de la accionada con los emolumentos devengados durante el
último año de servicios, sin tener en cuenta que al tratarse de una pensión
especial su liquidación estaba sujeta a disposiciones de igual naturaleza (Ley
4.ª de 1966 y Decreto 1743 de ese año).
Por otra parte, en lo referente a que se condene a la demandada a devolver las
sumas de dinero pagadas con ocasión del acto administrativo acusado, cabe
precisar que al tenor del artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se
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Expediente:
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presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas, por ende, en lo que se refiere al reintegro de los valores
recibidos por ella, la Sala lo negará, habida cuenta de que en el proceso no se
encuentra acreditada la mala fe con que actuó para obtener el reajuste de la
pluricitada prestación, toda vez que no existe prueba orientada a demostrar
fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr ese beneficio.
En ese orden de ideas, debe darse aplicación a la letra c del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA, toda vez que al estar ante un caso de prestaciones
periódicas, «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y
apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más
disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 25 de mayo
de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la misma
entidad contra la señora María Antonia Zorro Amézquita, que revocó la de 21
de junio de 2016 del Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Sogamoso, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, para en su lugar, negarlas;
en consecuencia, infírmase dicha providencia, conforme a la parte motiva.
2º. Confírmase el fallo de 21 de junio de 2016 dictado por el Juzgado Segundo
(2º) Administrativo de Sogamoso, que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda en el proceso instaurado por la UGPP contra la señora María
Antonia Zorro Amézquita, por las razones expuestas en la parte motiva.
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Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2017-00833-00(4355-2016)
(4459-2017)
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3º. Ejecutoriada esta providencia, archívense las presentes diligencias, previas
las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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