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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00800-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00800-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19 Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016) Demandante: UGPP Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, del 30 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11 001 33 31 029 2012 00183 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00800-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Germán Jiménez Gómez
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en Descongestión, del 30 de octubre de 2014, a través de
la cual se confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá, el 22 de julio de 2013, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en Descongestión del 30 de octubre de 2014, a través de
la cual se confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

Descongestión del Circuito de Bogotá, el 22 de julio de 2013, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Germán
Jiménez Gómez, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 11 001 33 31 029 2012 00183 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar parcialmente la sentencia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
en Descongestión, el 30 de octubre de 2014, en tanto ordenó la inclusión de la prima
de riesgo; y ii) declarar que en la reliquidación de la pensión de jubilación del señor
Germán Jiménez Gómez debe excluirse el valor de la referida prima porque no
constituye factor salarial.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El señor Germán Jiménez Gómez prestó sus servicios en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el último cargo que ocupó fue el de inspector,
código 5170, grado 13.

ii) El 30 de noviembre de 2004, el señor Jiménez Gómez adquirió el estatus jurídico
de pensionado.
iii) El 20 de marzo de 2007, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la
Resolución 6801, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al hoy
demandado en cuantía de $ 768.430.67, efectiva a partir del 30 de agosto de 2005,
condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la autoridad pensional
tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en los últimos
10 años de servicio, esto es, desde el 1.° de septiembre de 1995 hasta el 30 de
agosto de 2005, de conformidad con la Ley 32 de 1986 y el Decreto 1158 de 1994.

iv) El 26 de marzo de 2012, a través de la Resolución UGM 039880 CAJANAL EICE
reliquidó la pensión de jubilación previamente reconocida, por retiro definitivo del
servicio, en cuantía de $ 1.072.233,44, efectiva a partir del 1.º de abril de 2006.

2

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

v) El 22 de julio de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de
Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Germán
Jiménez Gómez contra CAJANAL, hoy UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo
siguiente:1

PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución UGM 039880 del 26
de marzo de 2012, proferida por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E.
EN LIQUIDACIÓN, mediante la cual se reliquidó la pensión del señor GERMÁN
JIMÉNEZ GÓMEZ, en cuanto no tuvo en cuenta la totalidad de factores devengados en
el último año de servicio.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ordenase a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP-, a reliquidar y pagar al
señor GERMÁN JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. No. 79.153.232, su pensión
de jubilación, de tal manera que dicha prestación económica sea equivalente al 75 % del
promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio, esto es, del 1.° de abril
de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010, incluyendo para su liquidación la asignación
básica, el sobresueldo, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y una
doceava parte (1/12) de las siguientes primas de servicios, de vacaciones, y de navidad,
efectiva a partir del 1 de abril de 2010, junto con los reajustes legales anuales
correspondientes, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[…] SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original
del texto).

vi) El 30 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en Descongestión, emitió sentencia de segunda instancia,
mediante la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá, en los siguientes términos:2

CONFIRMASE la sentencia del Veintidós (22) de Julio de dos mil trece (2013), proferida
por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que
accedió a las pretensiones de la demanda, impetrada por el señor GERMÁN JIMÉNEZ
GÓMEZ […] en contra la Caja Nacional de Previsión Social Liquidada hoy, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Y MODIFÍCASE el numeral 2° el cual quedará así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, ordenase a la Caja Nacional de Previsión Social Liquidada hoy, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 Folios 211 al 218 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
2 Folios 220 al 233 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

3

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

Protección Social, a reliquidar y pagar al señor GERMÁN JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.153.232 de Usaquén, la pensión mensual vitalicia de
jubilación tomando como base el 75 % del promedio de las asignaciones devengadas
durante el último año de servicios, esto es, entre el 01 de abril de 2009 al 31 de marzo
de 2010, incluyendo en la misma además de los factores salariales ya reconocidos:
Asignación básica y bonificación por servicios prestados. Los de: Prima de riesgo,
subsidio de alimentación, auxilio de transporte, sobresueldo, 1/12 prima de vacaciones,
1/12 prima de navidad, 1/12 prima de servicios, efectiva a partir del 01 de abril de 2010,
junto con los reajustes legales anuales correspondientes, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. (Subrayado y Resaltado originales del texto).

vii) El 1.° de diciembre de 2014, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
Descongestión.

viii) El 29 de julio de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 031218 mediante la
cual dio cumplimiento a la providencia referida. De esta manera, resolvió reliquidar
la pensión de jubilación del señor Jiménez Gómez, en cuantía de $1.596.164,
efectiva a partir del 1.° de abril de 2010.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
Descongestión, mediante sentencia del 30 de octubre de 2014,3 confirmó
parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 22
de julio de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Germán Jiménez Gómez contra CAJANAL, hoy UGPP, con
sustento en las siguientes consideraciones:

i) El régimen pensional que cobija la situación fáctica del señor Germán Jiménez
Gómez es el especial, contenido en la Ley 32 de 1986 y en el Decreto 407 de 1994,
porque prestó sus servicios en el Ministerio de Justicia, en el cargo de guardián,
desde el 31 de octubre de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1991, y en el INPEC
desde el 1.° de enero de 1992 hasta el 31 de marzo de 2010.

3 Folios 220 al 233 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

4

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

ii) En ese orden de ideas, le asistía el derecho al actor de que su pensión fuera
reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales que habitual y
periódicamente haya percibido en el último año de servicio, pues aunque la Ley 32
de 1986 no contempló expresamente los factores a tener en cuenta para la
liquidación de la pensión, el artículo 114 remite al régimen general vigente para los
empleados públicos del orden nacional, como lo ha sostenido el Consejo de Estado
en sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado 50001 23 31 000 2008 00239 01
(0889-13). En función de lo anterior, la pensión de jubilación reconocida al
demandante, debe ser reliquidada con arreglo a la Ley 4 de 1966 y al Decreto 1045
de 1978.

iii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo
de Estado, respecto de los factores salariales que deben tenerse en cuenta para
efectos de liquidación de las pensiones del régimen de transición, se dio unidad al
criterio y se indicó que debían incluirse todos aquellos devengados en el último año
de servicio. En este sentido, precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente
los factores de salario, debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que
de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del
servicio.

iv) En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirmará parcialmente la
providencia de primera instancia, pues está demostrado que el actor tiene derecho
a la reliquidación la prestación, en el equivalente al 75 % del promedio mensual
percibido en el último año de servicio comprendido entre el 1.° de abril de 2009 y el
31 de marzo de 2010.

No obstante, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva, en el sentido
de ordenar a la entidad demandada incluir, además de los factores reconocidos por
el a quo que fueron los de la asignación básica, bonificación por servicios, subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, sobresueldo y las doceavas partes de las
primas de vacaciones, de navidad y de servicios; la prima de riesgo. Lo anterior, en

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación

N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).

5

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

consideración a lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 7 de
abril de 2011, N.I. 0953-10, a través de la cual en un caso particular de un
funcionario del DAS, ordenó tener en cuenta el referido factor.

Así, por virtud del principio de favorabilidad, se acoge aquel criterio comoquiera que
los detectives del DAS y los empleados del INPEC ejercen labores en los que se ven
expuestos al peligro, aunado a lo consagrado por el Decreto 1848 de 1969, a partir
del cual las pensiones de jubilación deben liquidarse con el promedio de los salarios
y primas de toda especie.

v) Finalmente, se excluyen, por un lado, la prima de seguridad y el subsidio de
unidad familiar por no constituir factor salarial; y por el otro, la bonificación por
recreación y el sueldo de vacaciones, porque no existe un precedente
jurisprudencial que señale la viabilidad de su inclusión.

1.2. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:

i) Sea lo primero indicar que no se discute la reliquidación de la pensión de jubilación
del demandado, porque lo que se reprocha es la inclusión de la prima de riesgo. En
ese sentido, el régimen especial aplicable es el contemplado en la Ley 32 de 1986,
de manera que la prestación debía ser liquidada en el equivalente al 75 % del
promedio de los salarios percibidos en el último año de servicio.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994
no señalaron la forma de liquidación de la pensión ni los factores salariales que se
deben incluir, es preciso acudir al Decreto 1045 de 1978, el cual no enlistó la prima
de riesgo. Adicionalmente, el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 expresamente
consagra que no constituye factor salarial, lo cual fue reiterado por el Consejo de
Estado en la sentencia del 27 de enero de 2011, N.I. 1260-08.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

ii) El tribunal fundamentó su decisión en un precedente que no tiene los mismos
supuestos de hecho al sub lite, porque es aplicable a los funcionarios del DAS.

iii) En consecuencia, la sentencia cuya revisión se solicita aquella incurre en la
causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Germán Jiménez Gómez, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:5

i) Está acreditada la excepción de caducidad porque de conformidad con el artículo
251 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión debe presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso; sin embargo, en
el sub lite la entidad recurrente lo radicó el 26 de agosto de 2016, sin considerar que
la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar cobró ejecutoria el «01 de
diciembre de 2015» (sic).

ii) El Consejo de Estado a través de la sentencia del 7 de noviembre de 2013, N.I.
0527-2013, señaló que las pensiones de jubilación reconocidas a la luz de la Ley 32
de 1986 y del Decreto 407 de 1994, en concordancia con los artículos 4 de la Ley 4
de 1966 y 45 del Decreto 1045 de 1978, deben liquidarse con la inclusión de la
prima de riesgo causada de forma habitual y periódica como contraprestación del
servicio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Así mismo, atendiendo

5 Folios 299 al 302 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.7

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».8

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está
legitimada para la interposición de esta demanda, teniendo en cuenta que se le
asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad

La Sala observa que si bien el CPACA no prevé la posibilidad de proponer
excepciones en el trámite del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la
parte demandada, en la contestación de la demanda, expuso que se presenta la
excepción de caducidad.

Al respecto, se advierte que el inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también

reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

8

Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

ejecutoria el 1.° de diciembre de 20149 y el recurso de revisión se interpuso el 24
de agosto de 2016,10 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del
término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, del 30 de octubre de 2014, se
encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»; al haber
ordenado la inclusión de la prima de riesgo en la liquidación de la pensión de
jubilación de un beneficiario del régimen especial del INPEC.

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

9 Folio 210 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.
10 Folio 274 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

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Demandante: UGPP

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».15

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).

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Demandante: UGPP

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.5. El régimen especial del INPEC

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que las
normas que se refieren a los regímenes pensionales generales en nuestro país, esto
es, tanto la Ley 33 de 1985, como la Ley 100 de 1993, consagraron excepciones a
su aplicación.

Específicamente, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció en cabeza
del Gobierno nacional la obligación de expedir el régimen especial de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, motivo por el cual es evidente
que sus disposiciones no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa
clasificación.

Con base en esa excepción, en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis
meses, para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo.

En ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto 2090 de 2003, en el cual se
incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como destinatario de las normas sobre
actividades de alto riesgo.

Debe tenerse en cuenta que en el artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005, como
ya se había señalado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, se estableció que
a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional

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Demandante: UGPP

que ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003,
se les aplica el régimen establecido por la Ley 32 de 1986 de manera integral.

En ese orden, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se señaló que los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, tienen derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte años de servicio, sin tener en cuenta su edad.

Respecto de los trabajadores que forman parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
Decreto 407 de 1994 señaló que «[el] Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

Pese a que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC tienen
derecho a obtener una pensión de jubilación al cumplir con el tiempo de servicio en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación
con la forma de liquidarla, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ejusdem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplicarían las
normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el
artículo 184 del Decreto 407 de 1994.

Siendo así las cosas, con fundamento en el desarrollo legislativo realizado en líneas
precedentes, se tiene que: i) la Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial
frente al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores
oficiales; ii) la especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la
función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias
nacionales, y por lo mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años
de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa función; iii) el régimen de
personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC, adoptado por el Decreto Ley
407 de 1994, conservó la pensión especial en comento, expresamente para los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al
artículo 96 de la Ley 32 hizo el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita; y iv) en
cuanto a los parámetros para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986
no estableció qué factores constituían salario para la liquidación de la pensión de
jubilación, sin que se pudiera acudir al régimen prestacional de los funcionarios

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Demandante: UGPP

públicos consagrado en la Ley 33 de 1985, en razón de lo preceptuado en el artículo
1º ejusdem, que excluye del régimen general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional – INPEC; por lo tanto, ante la ausencia de norma
expresa, esta Corporación señaló que se debía acudir, para el efecto, al Decreto
1045 de 1978.16

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, la Sala advierte que la inconformidad de la entidad recurrente
consiste en que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en Descongestión, del 30 de octubre de 2014, habría
incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en tanto modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de
Bogotá el 22 de julio de 2013; y en ese sentido ordenó la inclusión de la prima de
riesgo en la reliquidación de la pensión de jubilación del hoy demandado.

Esta última, había ordenado la reliquidación de la prestación, teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, de
conformidad con la Ley 32 de 1986, el Decreto Ley 407 de 1994 y el Decreto 1045
de 1978, es decir, la asignación básica, el sobresueldo, el subsidio de alimentación,
el auxilio de transporte y las doceavas partes de las primas de servicios, de
vacaciones y de navidad.

No obstante, el tribunal señaló que el a quo no consideró que igualmente debía
tenerse en cuenta la prima de riesgo percibida por el señor Jiménez Gómez en el
último año de servicio. Por lo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia con fundamento en que si bien compartía la posición ahí contenida, era
procedente incluir aquel emolumento en la reliquidación de la prestación.

16 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia de 20 de mayo de 2021, radicado N.° 11001-03-25-000-2018-01559-00 (5111-18).
Igualmente, véase, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de 27 de abril de 2006, radicado
interno 2849-04 y de 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09; Sección Segunda, Subsección
A, sentencias de 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146- 05, de 22 de febrero de 2007,
radicado interno 4193-04 y de 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

En concepto de la entidad recurrente, teniendo en cuenta que la Ley 32 de 1986 y
el Decreto 407 de 1994 no señalaron la forma de liquidación de la pensión ni los
factores salariales que se deben incluir, es preciso acudir al Decreto 1045 de 1978,
el cual no enlistó la prima de riesgo. Adicionalmente, el artículo 11 del Decreto 446
de 1994 expresamente consagra que no constituye factor salarial, lo cual fue
reiterado por el Consejo de Estado en sentencia del 27 de enero de 2011, N.I. 1260-
08.

Pues bien, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
concluyó que el régimen aplicable al entonces demandante, era el contenido en la
Ley 32 de 1986, y si bien era cierto que esa norma no contemplaba los factores a
tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, también
lo era que el artículo 114 remitía expresamente, y así lo confirma el artículo 184 del
Decreto 407 de 1994, al régimen general vigente para los empleados públicos del
orden nacional, esto es, la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.

Esta Subsección encuentra que para el momento en que se produjo la providencia
(30 de octubre de 2014), el tribunal tomó como sustento de su decisión la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en particular, las
sentencias del 4 de agosto de 2010,17 y del 12 de mayo de 2014, radicado 50001
23 31 000 2008 00239 01 (0889-13), según las cuales por un lado, el ingreso base
de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, se rige por las normas anteriores a dicha ley y debe incluir
todas las sumas que habitual y periódicamente el servidor recibía como
contraprestación de sus servicios; y por el otro, dado que la Ley 32 de 1986 y el
Decreto 407 de 1994 no señalaban los factores salariales que se debían incluir en
la liquidación de la prestación, debía acudirse al artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

Ahora, pese a que la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, se enmarcó
en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985, era la

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.

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Demandante: UGPP

interpretación mayoritaria de esta Corporación, la cual afianzó que en adelante, se
profirieran, entre otras, la sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado 50001 23 31
000 2008 00239 01 (0889-13), en el marco de otros regímenes especiales de
pensión, como el de los empleados del INPEC. En ese sentido, de acuerdo con aquel
criterio, la determinación de los factores a incluir en la liquidación de las pensiones
debía observar la definición amplia de salario, por lo que era dable computarse
todos los emolumentos que devengara el trabajador como retribución por su
servicio, de manera habitual y periódica, con lo que se distanciaba de un
entendimiento taxativo de las normas que enlistaban dichos conceptos.

Es preciso reiterar que la UGPP en la acción de revisión, circunscribió su argumento
a discutir que, para calcular el IBL del pensionado, debía excluirse el factor de prima
de riesgo, razón por la cual esta Subsección restringirá su análisis a ello. Así, la
prima de riesgo que el tribunal ordenó incluir en la reliquidación de la prestación fue
debidamente devengada por el hoy demandado, tal como lo certificó el coordinador
del Grupo de Tesorería del INPEC,18 en el año anterior a su retiro, esto es, el
comprendido entre el 1.° de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010.19

En esta línea argumentativa, como el tribunal en la sentencia objeto de censura
ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor Jiménez Gómez, teniendo en
cuenta, además de los factores reconocidos por el a quo que fueron los de la
asignación básica, bonificación por servicios, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, sobresueldo y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de
navidad y de servicios; la prima de riesgo, la Sala observa que este criterio
interpretativo se encuentra ajustado a la normativa y jurisprudencia entonces
vigente, esto es, a las sentencias expedidas por esta Corporación del 4 de agosto

18 Conforme consta en la certificación emitida el 22 de octubre de 2010, por el coordinador del Grupo

de Tesorería del INPEC. Folios 122 reverso y 123 del cuaderno 1 de la acción de revisión.
19 Teniendo en cuenta que a través de la Resolución 03939 del 31 de marzo de 2010, el director

general del INPEC aceptó, a partir del 1.° de abril de 2010, la renuncia presentada por el señor Germán
Jiménez Gómez, al cargo de inspector, código 4137, grado 13 del Establecimiento penitenciario de
alta y mediana seguridad y carcelario de alta seguridad de Bogotá, folio 124 del cuaderno 1 de la
acción de revisión.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

de 2010,20 y del 12 de mayo de 2014, radicado 50001 23 31 000 2008 00239 01
(0889-13); que expresamente trajo a colación.

Lo anterior, aunado al hecho de que en razón a la omisión relativa a los factores a
tener en cuenta en la liquidación de la prestación, para la fecha de expedición de la
sentencia recurrida, estos eran los contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, pues así lo señalaba la jurisprudencia de la época.

Finalmente, como se esbozó líneas atrás, la sentencia objeto de revisión acogió el
criterio sentado por esta corporación en las sentencias arriba referidas, de manera
que la UGPP se equivoca al señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
fundamentó su decisión, únicamente, en un precedente que no tiene los mismos
supuestos de hecho al sub lite, porque estudiaba el caso de los funcionarios del DAS.

Por consiguiente, a juicio de esta Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
armonía con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser
una situación consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.21
Así las cosas, en el sub lite la Sala no comparte el argumento de la UGPP que
considera la sentencia en revisión como desproporcionada por reconocer una
cuantía que excede lo debido, pues la pensión de jubilación percibida por el
demandado, lejos de ser abusiva o lesiva del erario, fue reliquidada, se insiste, con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes al momento en que aquella fue

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
21 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

objeto de pronunciamiento; de manera que no solo se obtuvo sin abuso del derecho,
sino que se encuentra revestida de los principios de la buena fe y de la confianza
legítima.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues Pensiones de Antioquia busca controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de la
causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Radicación: 11001-0325-000-2016-00800-00 (3671-2016)
Demandante: UGPP

Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, del 30 de octubre de 2014, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11 001 33 31 029 2012 00183 01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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