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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00506-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00506-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Escritural; a través de la cual, se revocó la sentencia del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 70001333100720110047101, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00506-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020170050600 (2371-2017)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 29 de mayo de
2014, por el Tribunal Administrativo de Sucre. Causal
regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Tema: Reconocimiento pensión de vejez
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Catorce
(2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
Escritural; a través de la cual se revocó la sentencia del Veintisiete (27) de noviembre de
Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Descongestión
del Circuito de Sincelejo que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, dispuso
el reconocimiento pensional pretendido.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Veintinueve (29) de mayo de
Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
de Decisión Escritural; a través de la cual revocó la sentencia del Veintisiete (27) de
noviembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de

1
Expediente híbrido.
2
Expediente físico, folios 156 a 190.

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

Descongestión del Circuito de Sincelejo; dictadas dentro del proceso con radicado No.
70001-33-31-007-2011-00471-01 y, en su lugar, se declare que el señor Eddy Enrique
Cárdenas Palmett, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
retiro por vejez, por no cumplir con los requisitos legales para acceder a dicha petición y,
como petición subsidiaria, solicitó declarar que el pago de la pensión otorgada
judicialmente en cabeza del demandado se encuentra a cargo del municipio de Toluviejo
– Sucre y no en cabeza de la extinta Cajanal, hoy asunto de la UGPP.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, el señor Eddy Enrique Cárdenas
Palmett solicitó ante la extinta Cajanal el reconocimiento de una pensión de jubilación
conforme a lo establecido en las Leyes 6 de 1945 y 33 de 1985, acreditando 14 años y
26 días de servicio en la gobernación de Sucre y la alcaldía municipal de Toluviejo;
petición que no fue resuelta, surgiendo en consecuencia el acto ficto negativo.

El aquí demandado interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de Cajanal con el fin de obtener la pensión, demanda que le correspondió al Juzgado
Quinto (5) Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo, quien profirió
sentencia el Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013)3 negando las
pretensiones, al considerar que el demandado solo cumplió con el requisito de los 55
años de edad; sin embargo, no acreditó haber cotizado 20 años requeridos para poder
gozar de la pensión de jubilación.

Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación por el actor, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Escritural;
mediante sentencia del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Catorce (2014)4, donde se
dispuso revocar la sentencia de primer grado; en consecuencia, declaró la nulidad del
acto ficto o presunto generado por la no respuesta al derecho de petición del Doce (12)
de julio de Dos Mil Ocho (2008), a través del cual el señor Cárdenas Palmett solicitó el
reconocimiento de la pensión de vejez; así como, ordenó el reconocimiento de la pensión
de retiro por vejez, a partir del Nueve (9) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995), fecha en la cual cumplió los 65 años de edad, en la cuantía, base y forma
establecida en los Decretos 3135 de 1968 y 2400 de 1668.

Finalmente, indicó que el fallo quedó ejecutoriado el Trece (13) de junio de Dos Mil
Catorce (2014); así como, que mediante la Resolución No. 015506 del Doce (12) de abril

3
Expediente físico, folios 101 a 105.
4
Expediente físico, folios 105 vto a 116.

2

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

de Dos Mil Dieciséis (2016) la Ugpp declaró la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento
al fallo por cuanto la orden constituía un abuso del derecho pensional y posible detrimento
patrimonial, de conformidad con lo establecido el Acto legislativo 01 de 2005 y la
sentencia C-258 de 2013. Afirmó que, contra la anterior decisión el accionado interpuso
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos por la entidad
mediante las Resoluciones RDP 021143 de Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016) y 026005 del Catorce (14) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), las cuales
confirmaron en su integridad el acto administrativo acusado.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Escritural; mediante
sentencia del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Catorce (2014)5, revocó la sentencia
de primer grado de la siguiente manera:

“PRIMERO: REVÓCASE la Sentencia de 27 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Descongestión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto ficto o presunto generado por la no respuesta
al derecho de petición de fecha 12 de julio de 2008, a través del cual solicitó el reconocimiento
de la pensión de vejez.

TERCERO: CONDÉNASE a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, reconocer y
pagar al actor, Pensión de Retiro por Vejez, a partir del 9 de febrero de 1995, fecha en la cual
cumplió los 65 años de edad, en la cuantía, base y forma establecida en los Decretos 3135
de 1968 y 2400 de 1668.

CUARTO: DECLÁRASE la excepción de prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 14 de julio de 2005, teniendo en cuenta que la petición del actor fue elevada
ante CAJANAL el día 14 de julio de 2008 en virtud de la prescripción trienal de que trata el
Art. 41 del Decreto 3135 de1968.

QUINTO: ORDÉNASE a la suma a que se contrae esta sentencia será actualizada en la forma
como se indicó en esta providencia.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula para la indexación de las sumas
adeudadas deberá aplicarse separadamente mes a mes por cada mesada pensional,
comenzando desde la fecha de su causación y teniendo en cuenta el índice inicial es el
vigente a ese momento.

SEXTO: ORDÉNASE a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para Fiscales de la
Protección Social UGPP, dar cumplimiento a este fallo dentro del término establecido en el
artículo 176 del C.C.A. y observará lo dispuesto en el inciso final del artículo 177 ibidem y el
artículo 60 de la Ley 446 de 1998 […]”.

Como sustento de la decisión el Tribunal precisó que, el señor Eddy Enrique Cárdenas
Palmett tiene derecho a que se le reconozca la pensión de retiro por vejez establecida en

5
Ibid.

3

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, a pesar de no haberla solicitado formalmente en
la vía administrativa ni en la demanda, en aras de garantizar su derecho fundamental a
la seguridad social y al mínimo vital, comoquiera que se trata de una persona de la tercera
edad.

Señaló que, si bien el aquí demandado es beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, dado que, para el momento en que aquella entró en vigor contaba con
más de 40 años de edad, lo que haría que, en principio, se le aplicara las disposiciones
de la Ley 33 de 1985 y, en consecuencia, la pensión se podría reconocer con el
cumplimiento de los dos requisitos, 55 años de edad y 20 años de servicios, el allí
demandante solo cumplía con la edad referenciada, dado que solo logró acreditar que
prestó los servicios por catorce (14) años, seis (6) meses y diecinueve (19) días al servicio
del Estado; aseverando además, que aquel cumplió los 65 años de edad el Nueve (9) de
febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), esto es, la edad de retiro forzoso.
Esta circunstancia haría pensar que, el señor Cárdenas Palmett tendría tan solo derecho
a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, consagrada en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993

No obstante, insistió en que el demandante tenía derecho a la pensión de retiro por vejez
consagrada en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, precisando que, aunque aquel
no estaba vinculado laboralmente al momento de alcanzar la edad de retiro forzoso, es
decir, los 65 años de edad, esa situación no le impedía reconocer la pensión, conforme
lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Adicionalmente, aclaró que si bien uno de los requisitos para acceder a la pensión de
retiro por vejez es el probar la falta de medios para su subsistencia, en este caso se le
relevó de dicha carga probatoria aduciéndose que la difícil situación económica era
evidente, en el entendido que, desde el año 1992 fue retirado del campo laboral sin contar
con un ingreso que le permita garantizar su mínimo vital, además, ha demostrado su
intereses en que se le reconozca la pensión para poder contar con medios para su
subsistencia; afirmando que, de no conceder la pensión de vejez solicitada se estaría
vulnerando la protección a la tercera edad y desconociendo el principio de favorabilidad
laboral; para sustentar su decisión citó sentencia del Consejo de Estado del Dieciocho
(18) de febrero de Dos Mil Diez (2010).

En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de retiro por vejez a favor del demandante,

4

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

debidamente indexada desde cuando cumplió los 65 años de edad; no obstante, el pago
de la prestación se ordenó a partir del Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008) por
prescripción; como cuantía se dijo que no podría ser inferior al salario mínimo legal
vigente.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797 de
2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Señaló que, reconocer una pensión de retiro por vejez a partir del Nueve (9) de febrero
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), fecha en que cumplió la edad de retiro
forzoso, sin tener en cuenta para ese momento no fungía como servidor del Estado;
además que había sido objeto de solicitud ni en sede administrativa ni judicial, constituye
una decisión irregular que debe ser despojada de efectos jurídicos, ya que implica un
abuso del derecho pensional, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en su
sentencia C-258 de 2013.

Sostuvo que, al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la norma
aplicable a la situación pensional del señor Eddy Enrique Cárdenas Palmett era la Ley 33
de 1985; no obstante, no reunió los requisitos para el reconocimiento pensional solicitado
exigidos por dicha disposición comoquiera que no acreditó el haber prestado sus servicios
al Estado por 20 años, habiendo tan solo laborado 14 años y 26 días.

Adicionalmente, se dijo que, el demandado no había cumplido con los requisitos
necesarios para ser beneficiario de una pensión de retiro por vejez consagrada en el
artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, toda vez que, para ello era indispensable que
estuviera en servicio activo al cumplir la edad de retiro forzoso; sin embargo, la pensión
fue otorgada a partir del año 1995, cuando el señor Cárdenas Palmett no tenía vínculo
laboral con el Estado, estando inactivo desde el año 1992, aunado a que no acreditó la
falta de medios para su subsistencia, requisito también exigido por la ley.

Insistió en que, la pensión de retiro por vejez no fue solicitada ni en la demanda ni durante
la actuación administrativa, lo cual impidió a la entidad ejercer adecuadamente su

5

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

derecho de defensa. En ese sentido, precisó que en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo opera el principio de justicia rogada, según el cual el juez solo puede
decidir sobre las pretensiones expresamente formuladas en la demanda, el cual fue
desconocido por el Tribunal y con ello se transgredió el derecho fundamental al debido
proceso.

Por último, alegó que el reconocimiento pensional representa abuso del derecho, al
haberse otorgado una pensión que no había solicitado, aplicando la ley de forma
desproporcionada y contraria a la realidad laboral del beneficiario, vulnerando con ello
los principios que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Finalmente, expuso que la entidad carece de competencia para asumir el pago de dicha
prestación, dado que el demandado no estaba afiliado a esa entidad al momento del
retiro; por tanto, es responsabilidad del municipio de Toluviejo el pago de la pensión
otorgada, entidad que no fue vinculada al proceso, lo cual también genera una
vulneración al debido proceso.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023) se
admitió el recurso extraordinario de revisión6.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario7, la parte pasiva dentro del término
otorgado guardó silencio.

1.6 Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

6
Expediente físico, folios 201 a 202.
7
Samai, índice 32. Así como, auto de decreto de pruebas, donde se tuvo por no contestada la demanda.

6

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797 de 20039, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201910.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del
Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Escritural, quedó ejecutoriada el Trece
(13) de junio de Dos Mil Catorce (2014)11; y la demanda fue presentada el Dos (2) de
junio de Dos Mil Diecisiete (2017)12, esto es, dentro del término establecido en el artículo
251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veintinueve (29) de
mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión Escritural, está incursa en las causales de revisión consagradas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional
del demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o si la cuantía de la
pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier

8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Expediente físico, folio 190 vto.
12
Expediente físico, folio 117.

7

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios15.

13
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

8

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial19.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -
Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido
proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación,
en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado20:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes

16
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
18
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
19
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 21 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 22.

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante
debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del
debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que
componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de
derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la
invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así
podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento
de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala advierte que
lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que menciona el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para accionar contra una sentencia judicial
ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha

21
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024.

10

Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente
previsto, buscando restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo
los principios de solidaridad y equilibrio financiero.23

2.5 Caso concreto

Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se revoque la sentencia
proferida el Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Escritural; dictada dentro del proceso
con radicado No. 70001333100720110047101 y, en su lugar, se declare que al señor
Eddy Enrique Cárdenas Palmett, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de retiro por vejez.

Sobre la primera causal invocada, esto es, la presunta violación al debido proceso:

El literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispuso como causal de revisión «cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso». En ese sentido, las decisiones

judiciales que hayan ordenado u ordenen el reconocimiento de prestaciones que generen
para el tesoro público o para fondos de carácter estatal la obligación de pagar sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier tipo, podrán ser objeto de revisión por parte
de esta Corporación, dentro de los asuntos de su competencia, cuando dicho
reconocimiento se haya obtenido con desconocimiento del debido proceso.

La Subsección recuerda que, desde que se profirió la sentencia del Cinco (5) de febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No. 22, esta Corporación
ha sostenido que la configuración de esta causal se genera cuando se vulnera alguno de
los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento
o, iii) las garantías de audiencia y defensa, lo cual incluye el derecho a presentar y
contradecir pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el
derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

En ese sentido, está demostrado que por medio de la sentencia del Veintinueve (29) de
mayo de Dos Mil Catorce (2014)24, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 11001-03-25-000-2016-00-299-
00 (1716-2016), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24
Ibid.

11

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Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

Decisión Escritural; revocó la sentencia de primer grado, disponiéndose el
reconocimiento y pago de la pensión de retiro por vejez a favor del demandante,
debidamente indexada desde cuando cumplió los 65 años de edad; no obstante, el pago
de la prestación se ordenó a partir del Catorce (14) de julio de Dos Mil Ocho (2008) por
prescripción; como cuantía se dijo que no podría ser inferior al salario mínimo legal
vigente.

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal expuso que el señor Eddy Enrique
Cárdenas Palmett tiene derecho a que se le reconozca la pensión de retiro por vejez
establecida en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, a pesar de no haberla solicitado
formalmente en la vía administrativa ni en la demanda, en aras de garantizar su derecho
fundamental a la seguridad social y al mínimo vital, comoquiera que se trata de una
persona de la tercera edad.

Señaló que, el aquí demandado es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, dado que, para el momento en que aquella entró en vigor contaba con más de
40 años de edad, lo que haría que, en principio, se le aplicara las disposiciones de la Ley
33 de 1985 y, en consecuencia, la pensión se podría reconocer con el cumplimiento de
los dos requisitos, 55 años de edad y 20 años de servicios; sin embargo, el demandado
solo acreditó el requisito de edad, comoquiera que cumplió los 65 años de edad el Nueve
(9) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), empero solo logró demostrar
que prestó el servicio por catorce (14) años, seis (6) meses y diecinueve (19) días al
Estado; ante ello, se podría pensar que únicamente tendría derecho a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, el Tribunal sostuvo que, el demandante sí tenía derecho a la pensión, pero
la denominada pensión de retiro por vejez consagrada en el artículo 29 del Decreto 3135
de 1968, indicando que la falta de vínculo laboral al cumplir los 65 años no impedía su
reconocimiento, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Adicionalmente,
aclaró que no era necesario exigir al demandado la prueba de falta de medios de
subsistencia, pues. su difícil situación económica era evidente desde su retiro en 1992,
sin contar con ingresos para su mínimo vital y había demostrado interés en obtener la
pensión como medio para garantizar su subsistencia, afirmando que, de no conceder la
pensión de vejez solicitada se estaría vulnerando la protección a la tercera edad y
desconociendo el principio de favorabilidad laboral; para sustentar su decisión citó las
sentencias del Consejo de Estado del Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Seis (2006)
y Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil Diez (2010).

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Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida providencia del
Tribunal afirmando que, el accionante adujo que el señor Cárdenas Palmett no cumplía
los requisitos para acceder a la pensión de retiro por vejez prevista en el artículo 29 del
Decreto 3135 de 1968, ya que no se encontraba en servicio activo al cumplir la edad de
retiro forzoso y tampoco demostró la falta de medios de subsistencia exigida por la norma.

Para la Sala, estos argumentos están dirigidos a cuestionar el reconocimiento de la
prestación, los cuales no se adecuan a la causal establecida en el literal a) de la Ley 797
de 2003; comoquiera que, por medio de ella solo es posible analizar, como ya se ha
expuesto, violación al debido proceso; sin embargo, no puede ser usada para debatir
aspectos sustanciales que tuvo en cuenta el juez para reconocer el derecho pensional.
Así las cosas, este motivo de inconformidad no será valorado dado que no corresponde
a la causal invocada.

No obstante, la UGPP también alega que, la pensión por retiro que fue concedida por el
Tribunal no fue solicitada ni en la demanda ni en sede administrativa, lo que vulneró el
derecho de defensa de la entidad y el principio de justicia rogada, en el entendido que, el
juez solo puede pronunciarse sobre las pretensiones expresamente formuladas en la
demanda.

Sobre el particular, la Subsección ha reiterado que «[…] al hallarse involucradas garantías de
linaje constitucional fundamental (verbi gratia, a la seguridad social), ha de privilegiarse el principio de iura
novit curia25, en virtud del cual al juez le incumbe aplicar el derecho, pese a que este sea diferente al
invocado por las partes, habida cuenta de que es su deber estudiar el asunto de conformidad con los
hechos y la normativa vigente, por lo que el fallador ha de pronunciarse del asunto pensional con la
normativa que realmente resulta aplicable al caso concreto».26

Con relación al régimen pensional a reconocer, esta Sala ha considerado que, «[…] es
deber del juez estudiar el régimen pensional aplicable para que con su conocimiento técnico pueda aplicar
el derecho que corresponde a las circunstancias fácticas que se discuten, ello apoyado en el principio iura
novit curia».

25
«Los jueces dan el derecho. Para algunos autores surgió en forma de advertencia, casi diríamos de exabrupto que un juez, fatigado
por la exposición jurídica de un abogado, le dirigiría: Venite ad factum. Iura novit curia; o lo que es lo mismo: ‘Abogado: pasad a los
hechos; la corte conoce el derecho’…». CISNEROS FARÍAS, Germán. Diccionario de frases y aforismos latinos: Una compilación
sencilla de términos jurídicos. México, primera edición, número 51, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: estudios jurídicos,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 55.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-33-000-2017-
00356-01(1075-2023), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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En ese orden de ideas, a pesar que la pensión concedida no fue solicitada ni en la
demanda ni en sede administrativa, este hecho no vulnera el derecho de defensa de la
entidad, toda vez que, el litigio versó sobre el reconocimiento de una pensión, esto es,
sobre un derecho fundamental como lo es la seguridad social; siendo deber del juez, en
este caso del Tribunal, aplicar al caso la norma que resultaba pertinente para poder
resolver el caso, dando prelación al citado derecho.

Adicionalmente, debe recordarse que, el mismo legislador ha facultado al operador
judicial para que, al momento de fallar pueda revisar todo el ordenamiento jurídico y
resolver el caso con base en la normatividad que regula el asunto; así se desprende de
lo consagrado en el artículo 170 del CCA, norma según la cual para restablecer el
derecho particular, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

Además, debe precisarse que, la sentencia del Tribunal fue el resultado de la aplicación
de una norma que resulta aplicable al caso, en ella se hizo una evaluación integral de las
pruebas; por tanto, no le asiste razón jurídica al recurrente acerca de la vulneración al
debido proceso.

Finalmente, la entidad argumentó que no era competente para asumir el pago de la
pensión dado que, el demandado no estaba afiliado a la extinta Cajanal al momento del
retiro del servicio, siendo el municipio de Toluviejo el responsable de asumir la carga
prestacional, quien no fue vinculado al proceso, configurándose así otra vulneración del
debido proceso; frente a este argumento debe la Sala precisar que:

Obra en el plenario certificación del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004)27,
expedida por la jefe de división de recursos humanos de la Gobernación de Sucre, en la
que se indicó que, los aportes pensionales del demandado fueron realizados a la Caja
Nacional de Previsión Cajanal, ante ello, se infiere que era a dicha entidad donde estaba
afiliado el accionado; además de ello, la entidad demandada dentro del proceso ordinario
no alegó esta circunstancia ni en la contestación de la demanda28 ni en ninguna otra
etapa procesal; la oposición durante aquel se centró en que el allí demandante no
contaba con las semanas exigidas para gozar del derecho pensional; por tanto, no puede

27
Samai, índice 14, archivo «36RECIBEMEMORIAL_70001333100720110047(.zip) NroActua 1», documento «03.2011-00471-00
EXPEDIENTE NYR.pdf», página 77.
28
, Samai, índice 14, archivo «36RECIBEMEMORIAL_70001333100720110047(.zip) NroActua 1», documento «01.2011-00471-00
EXPEDIENTE NYR.pdf», páginas 48 a 50.

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Accionante: UGPP
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por esta vía reabrir ese debate, dado que la acción especial de revisión no es una tercera
instancia.

Se insiste en que, no se evidencia la alegada vulneración del derecho al debido proceso,
pues, la entidad accionante durante el proceso ordinario que finalizó con la sentencia
recurrida tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción; sumado
a que se respetó el proceso y se otorgaron todas las garantías procesales, razón por la
cual, se concluye no se encuentra fundada esta causal.

Sobre la segunda causal invocada, esto es, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables:

La Subsección destaca que, los argumentos de la accionante no se adecuan a la causal
de revisión que se invoca porque esta hace referencia al reconocimiento prestacional que
excede lo debido; sin embargo, en el recurso no se expone con claridad como la cuantía
de la pensión que se ordenó puede exceder los límites legales.

La UGPP se limitó a alegar que la pensión había sido otorgada sin el cumplimiento de los
requisitos legales y que ello violó el debido proceso, aseveraciones que ya fueron
analizadas por la Sala en la causal anterior; en ese orden de ideas, se concluye que, la
demandada no desarrolló en debida forma la configuración de la causal b); por lo tanto,
no tiene ánimo de prosperidad el reproche.

No obstante, la Sala resalta que, la pensión que se otorgó al demandado no constituye
detrimento de los recursos estatales, como tampoco genera un desequilibrio a la
sostenibilidad fiscal del sistema pensional; lo anterior dado que, no es una pensión
excesiva ni desproporcionada, pues, aquella se basó en una norma que regula la materia;
el Tribunal en cuanto al monto del reconocimiento pensional solo hizo mención a que
aquella no fuera inferior al salario mínimo, lo cual está acorde con el artículo 35 de la Ley
100 de 1993.

Vistas así las cosas, se concluye que no se configuraron en este asunto las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; por tanto, se
declarará infundada la presente acción.

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Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

2.6 Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil
Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión Escritural; a través de la cual, se revocó la sentencia del Veintisiete (27) de
Noviembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de
Descongestión del Circuito de Sincelejo; dictada dentro del expediente radicado bajo el
No. 70001333100720110047101, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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Número Interno: 2371-2017
Accionante: UGPP
Accionado: Eddy Enrique Cárdenas Palmett

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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