Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00630-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00630-00 (1767-2020)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-
Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, el Treinta y Uno (31)
de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), en el marco
de las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP-, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019)2, mediante la cual, se revocó la providencia dictada el
Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Riohacha, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Álvaro Alfonso
Vega Barros, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en la que, se
negaron las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispuso, declarar la
nulidad de los actos acusados y ordenó tanto el reconocimiento como el pago
de la pensión de retiro por vejez.
1 Expediente físico.
2 Expediente físico - folios 181-191
2
Número Interno: 1767-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de revisión.
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, presentó acción de revisión, al
amparo de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito que, se revoque la sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de julio
de Dos Mil Diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de La Guajira,
mediante la cual, revocó la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Riohacha y en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor Álvaro Alfonso Vega Barros.
2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita:
“PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de la Guajira del 31 de julio de 2019 que revocó la proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de la Guajira del 25 de
septiembre de 2018, dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho instaurado por el señor Álvaro Alfonso
Vega Barros contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
SEGUNDA: Declarar que el señor Álvaro Alfonso Vega Barros, no le
asiste el derecho a una pensión de retiro por vejez, por cuanto la extinta
CAJANAL le reconoció y pagó una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez al contar tan solo con 14 años, 7 meses y 1 día, de
tiempos de servicio, resultando las dos prestaciones son incompatibles.
TERCERA: Ordénese al señor Álvaro Alfonso Vega Barros, a restituirle a
la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la totalidad de los dineros
percibidos y recibidos en exceso por el reconocimiento de la pensión de
vejez con la correspondiente indexación, como consecuencia de las
órdenes impartidas en las sentencias objeto de revisión y en adelante.
CUARTA: Ordénese al señor Álvaro Alfonso Vega Barros, que el pago
que efectúe a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo haga de
forma actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del
C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en el artículo
192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto de la indebida
reliquidación de la pensión de vejez y en adelante.”
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Número Interno: 1767-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
3. Los hechos en que se fundamentan las anteriores pretensiones son los
siguientes3.
4. El señor Álvaro Alfonso Vega Barros, nació el Dieciséis (16) de junio de
Mil Novecientos Trenta y Cinco (1935), prestó los siguientes tiempos de
servicio, conforme a los certificados que obran en el expediente administrativo:
i) INVIAS, desde el Quince (15) de junio de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco
(1955) hasta el Treinta (30) de septiembre de Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco (1955), y ii) Gobernación de La Guajira, desde el Primero (1) de febrero
de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) hasta el Treinta (30) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y desde el Primero (1) de junio de
Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Quince (15) de mayo de Dos
Mil Tres (2003), por tanto, completó 14 años, de 7 meses, 1 día, de tiempos
de servicios y, el último cargo desempeñado fue conductor en Riohacha –
Guajira.
5. Mediante Resolución No. 012291 del Quince (15) de mayo de Dos Mil
Uno (2001), la extinta CAJANAL, negó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez por retiro forzoso a favor del señor Vega Barros Alvaro
Alfonso, al indicar que no cumplía con el requisito de los 20 años de servicio
para la fecha de solicitud.
6. A través de la Resolución No. 27590 del Catorce (14) de diciembre de
Dos Mil Uno (2001), la extinta CAJANAL, resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución No. 012291 del Quince (15) de mayo
de Dos Mil Uno (2001), confirmándola en todas sus partes.
7. Por medio de la Resolución No. 004084 del Veintiuno (21) de julio de
dos Mil Veintitrés (2003), la liquidada CAJANAL, resolvió el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 012291 del Quince (15)
de mayo de Dos Mil Uno (2001), confirmándola en todas sus partes.
8. Mediante Resolución No. 53061 del nueve (9) de octubre de Dos Mil Seis
(2006), la extinta CAJANAL, reconoció una indemnización sustitutiva de la
3 Expediente físico - folios 1 reverso - 2
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
pensión de vejez a favor del señor Álvaro Alfonso Vega Barros, en una cuantía
de $11.177.612,05 m/cte, de conformidad con lo establecido en el artículo 37
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001.
9. Por Resolución RDP 041250 del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil
Dieciséis (2016), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el
reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el señor Álvaro Alfonso
Vega Barros, al indicar que, no allegó la documentación necesaria para decidir
de fondo.
10. A través de la Resolución No. RDP 002070 del Veinticuatro (24) de enero
de Dos Mil Diecisiete (2017), la UGPP resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución RDP 041250 del Treinta (31) de octubre
de Dos Mil Dieciséis (2016), confirmándola en todas sus partes.
11. Mediante Resolución RDP 006402 del Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017), la UGPP resolvió el recurso de apelación, confirmando la
Resolución RDP 041250 del Treinta (31) de octubre de Dos Mil Dieciséis
(2016).
12. Inconforme con anterior la decisión, el señor Álvaro Alfonso Vega Barros,
inició medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Riohacha, el que, mediante fallo del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil
Ocho (2018), resolvió negar las súplicas de la demanda.
13. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio
de la sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Nueve (2009),
decidió revocar el fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Riohacha y, en su lugar, reconoció la pensión por vejez a favor del señor Álvaro
Alfonso Vega Barros.
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Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
1.2 Sentencia objeto de revisión.
14. A través de la sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con Rad. Núm. 44-001-
33-40-002-2017-00110-01, revocó la sentencia del Veinticinco (25) de
septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018)4, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, mediante la cual, se negaron
las pretensiones de la demanda promovida por el señor Álvaro Alfonso Vega
Barros, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
15. Al respecto, el Tribunal resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida en audiencia inicial del veinticinco (25)
de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Riohacha. Lo anterior, conforme a lo razonado en la parte
motiva del presente fallo.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 12294 de 15 de mayo
de 2001, 27590 de 2001 y 4084 de 21 de julio de 2003, proferidas por la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, así como las Resoluciones 41250 del 31 de octubre de
2016, RDP 002070 de 24 de enero de 2017 y 006402 de 21 de febrero de 2017 y
006402 de 21 de febrero de 2017, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, por
las cuales en lo sustancial, se negó y confirmó denegación de reconocimiento y pago
de pensión de retiro por vejez al señor Álvaro Alfonso Vega Barros. Lo anterior, con
sujeción a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, a que a título de
restablecimiento del derecho, con estricta sujeción a lo señalado en la parte
considerativa de esta sentencia: i) reconozca si aún no lo hubiere hecho, el derecho
del señor Álvaro Alfonso Vega Barros, identificado con c.c. 1.764.376, a la pensión de
retiro por vejez, según lo señalado en la parte motiva de este fallo y ii) pague al
mencionado señor, las mesadas pensionales causadas desde el 30 de junio de 2013,
aplicando a las sumas a pagar, las deducciones y compensaciones a que legalmente
hubiere lugar. Las sumas líquidas a pagar deberán reajustarse conforme a la regla y
fórmula prevista en la parte motiva. PARÁGRAFO. Si el monto de la pensión resultara
inferior al salario mínimo legal, se ajustará en su valor hasta alcanzarlo.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP, en el sentido de tener por extinguido el derecho del actor a
que se le paguen las mesadas causadas con anterioridad al 30 de junio de 2013,
según ha quedado razonado.
QUINTO: Esta sentencia se cumplirá conforme a lo dispuesto en los artículos 189 a
195 del CPACA, debiendo la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
4 Expediente físico 181-191
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Número Interno: 1767-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP emitir el acto
administrativo para su ejecución, contentivo de las sumas líquidas derivadas de la
condena aquí impuesta y remitir copia del mismo, dentro de los diez (10) días
siguientes a su expedición para efectos de lo ordenado en el artículo 298 CPACA.
SEXTO: Sin condena en costas a la parte demandada.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de
origen para lo de su cargo previa anotación del número de cuadernos y folios que se
remite y verificación de que todas las actuaciones estén registradas en Justicia Siglo
XXI - Tyba.»
16. Lo anterior, al considerar que, el señor Álvaro Alfonso Vega Barros, es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
en cuánto cumplía uno de los requisitos exigidos en dicho artículo esto es,
tenía 40 o más años de edad, por lo que, en principio le sería aplicable el
régimen del sector público anterior a la Ley 100.
17. Señaló que, no le asistía razón al juez de primer grado, por cuanto, indicó
que, el actor no era beneficiario de dicho régimen en la medida en que, es
evidente, tal como se ha entendido pacíficamente, que, la "o" contenida en el
tenor literal del inciso segundo del citado artículo 36 tiene un carácter
disyuntivo y no conjuntivo, como al parecer lo interpretó el A-quo.
18. Advirtió que, el demandante laboró en el sector público un total de tiempo
de servicios de 14 años, 6 meses y 29 días, razón por la cual, no cumplió con
el tiempo mínimo de servicios de 20 años establecidos en la Ley 33 de 1985,
régimen que sería aplicable a su situación pensional.
19. Resaltó que, la discusión se centra en determinar si la pensión de retiro
por vejez, estipulada en los artículos 29 del Decreto 3135 de 1968 y 31 del
Decreto 2400 de 1968, es aplicable a la situación del señor Álvaro Alfonso
Vega Barros, al estar aún vigente para ese tipo de situaciones, o si debe
entenderse derogada por la Ley 100 de 1993.
20. A tono con lo anterior, precisó que, el asunto aborda un tema que atañe
con el derecho fundamental a la seguridad social, por ello, estimó que tal
interpretación demandaría la aplicación de los principios pro homine e in dubio
pro operario, toda vez que, el actor es un adulto mayor al contar con -83 años-
y existiendo dudas sobre la vigencia de la pensión de retiro por vejez
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Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
estipulada en los artículos 29 del Decreto 3135 de 1968 y 31 del Decreto 2400
de 1968, que incluso ha llevado a que algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional considere su vigencia, concluyó que, debía privilegiar la
interpretación que propende por la vigencia de la pensión de retiro por vejez,
en concordancia con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional en las sentencias T-174 de 2012, T-294
de 2013 y T-376 de 2016 entre otras.
21. Así, expuso que, el actor al ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100, el régimen aplicable a prima facie, sería el contenido en la Ley 33 de
1985, que derogó expresamente los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de
1968 y las disposiciones que le fueron contrarias, sin que, en dicha derogatoria
incluyera el artículo 29, por ello, acorde con lo expresado por el Consejo de
Estado, al estar, el actor cobijado por el régimen de transición, su situación
estaba regida por la Ley 33 de 1985, la cual, no estatuyó disposiciones en
contra de la pensión de retiro por vejez ni la derogó expresamente, por lo que,
debe entenderse que, le es aplicable a lo relativo a dicha prestación.
22. En atención al precedente del Consejo de Estado5 , el A-quo valoró que el
actor en su última vinculación ocupó el cargo de conductor en el hospital San
Rafael de San Juan del César, desde el Primero (1) de febrero de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989) hasta el Quince (15) de mayo del Dos
Mil Tres (2003), que cumplió la edad de retiro forzoso el Diecinueve (19) de
junio del Dos Mil (2000), aunado a su edad de 84 años era evidente que, no
tenía la oportunidad de vender su fuerza laboral, concluyó que, le asistía el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de retiro por vejez
contemplada en el artículo 29 del Decreto 3135 1968.
1.3 Causales de revisión invocadas.
23. La entidad accionante, invocó las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión, reconoció de forma equivocada una pensión de retiro por vejez,
5 Sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente No. 25000-23-25-000-2005-01947-01
(0831-07).
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de conformidad con el Decreto 3135 de 1968, pues, dicha norma, no se
encuentra vigente dentro del ordenamiento jurídico, a la luz de lo establecido
en el artículo 25 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 289 de la Ley 100 de 1993,
que derogó todas las disposiciones que, sean contrarias al régimen general de
pensiones, de tal manera que, la pensión de retiro por vejez fue derogada por
las normas anteriormente señaladas.
24. Lo anterior, lesiona gravemente el sistema pensional, toda vez que, se
impuso a la Nación una condena que, debe ser cubierta con recursos
indispensables para la financiación del sistema general de seguridad social en
pensiones. Lo que, además vulnera la Declaración de los Derechos Humanos
de 1948, artículo 2, debido a que, se compromete el derecho a la seguridad
social que tiene toda persona como miembro de la sociedad desarrollados en
los convenios 102 y 128 de la Organización internacional del Trabajo -OIT-.
25. Por lo anterior, considera que, en el presente caso, se configuran las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la ley 797 del 2003,
estas son: i) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso y ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.
26. Las anteriores causales, aduce se encuentra acreditadas en el sub
examine, en razón a que, el Tribunal se apartó del material probatorio que,
daba cuenta que, la extinta Cajanal, le había reconocido al señor Álvaro
Alfonso Vega Barros una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y
procedió a ordenar el reconocimiento de una pensión de retiro por vejez,
generando así una incompatibilidad entre dichas prestaciones.
27. Lo anterior, conllevó a que, la Nación asumiera un doble pago al tener que,
reconocer y pagar una mesada pensional utilizando recursos de naturaleza
pública que, son indispensables para la financiación del sistema general de
seguridad social en pensiones.
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28. Aduce que, el juzgador aplicó sin fundamento legal, el Decreto 3135 de
1968, norma que, no se encuentra vigente, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 25 la Ley 33 de 1985 y 89 de la Ley 100 de 1993, luego entonces, el
señor Álvaro Alfonso de Navarro al retirarse el servicio a partir del primero (1)
de abril del Dos Mil Tres (2003), es decir, en vigencia la Ley 100 de 1993, fecha
en la que tenía 67 años de edad y completó un total de 14 años, 7 meses, y
un (1) día de tiempo de servicio, le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985.
29. Señala que el señor Vega Barros, no completó los 20 años de servicio,
como tiempo exigido por la norma en comento para acceder al reconocimiento
de la pensión de vejez, por tanto, no era viable que el Tribunal de instancia
ordenara el reconocimiento de una prestación pensional.
30. Por ello, el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez reconocida por
vía judicial, no se puede mantener, comoquiera que, además de contradecir
principios constitucionales emitidos sobre el tema implica la destinación de
recursos públicos para financiar una pensión en términos no acorde a derecho,
derivan una doble asignación prestacional que no se encuentra justificada
dada la incompatibilidad de las prestaciones.
1.4 Contestación de la demanda de revisión.
31. Mediante el auto del Diez (10) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)6,
el despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión y, en
aplicación del artículo 6º, inciso 6º, de la Ley 2213 de 2022, ordenó las
notificaciones de rigor. La providencia fue notificada el Dieciséis (16) de
diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7; sin embargo, dentro del término de
traslado, no se advierte que la parte demandada presentara escrito de
contestación frente a la demanda.
1.5 Concepto del Ministerio Público.
32. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
6 Índice No. 00053 de Samai.
7 Índice No. 00057 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
33. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797
de 20039, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)10.
2.2 Oportunidad.
34. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la
sentencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Treinta
y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019) y la acción especial de
revisión fue presentada el Trece (13) de marzo de Dos Mil Veinte (2020)11,
esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.
2.3 Problema jurídico.
35. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
36. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el
Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), está incursa en las
causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional reconocido al señor Álvaro
Alfonso Vega Barros, fue obtenido con violación del debido proceso y/o si la
cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley?
8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado
según la materia. […]»
9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias»
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Sistema Samai – índice 36
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37. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
38. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
39. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 13.
40. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024;
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.
41. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco, permite convertir esta vía en una tercera instancia,
pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos
extraordinarios14.
42. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 15 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de
febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
15 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con
trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la
legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso
extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de
control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014
[Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas
Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-
2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00
(REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción
especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las
formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-
835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En
esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción
especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los
actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en
las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el
CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa
norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
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particularidades que le otorgan una entidad propia 17», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción18.
2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.
43. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos,
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su
competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.
44. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado19:
«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente
tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
17 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le
otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y
su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-
2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta
Nubia Velásquez Rico.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de
Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00;
consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
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inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»
45. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión,
esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los
cuales estructura su petición»21.
46. La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida
con violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo
esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del
debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar
suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así podría quebrarse
la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la
justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.
2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
47. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un
monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.
48. De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la
Sala advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas
que menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para
20 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024;
expediente: 11001-03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique
Bedoya Escobar.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024;
expediente:
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accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito
a cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación
periódica cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando
restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los
principios de solidaridad y equilibrio financiero22.
2.5 Caso concreto23.
49. Descendiendo al sub lite, se tiene que la la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-, pretende se revoque la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019)24, dictada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con Rad. Núm. 44-001-33-40-002-2017-00110-
01, y, en su lugar, se declare que al señor Álvaro Alfonso Vega Barros, no le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de retiro por vejez.
2.5.1. Sobre la primera causal invocada, esto es, la presunta violación al
debido proceso:
50. El literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispuso como causal de
revisión «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso». En ese sentido, las decisiones judiciales que hayan ordenado u
ordenen el reconocimiento de prestaciones que generen para el tesoro público
o para fondos de carácter estatal la obligación de pagar sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier tipo, podrán ser objeto de revisión por parte
de esta Corporación, dentro de los asuntos de su competencia, cuando dicho
reconocimiento se haya obtenido con desconocimiento del debido proceso.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de abril de 2024,
radicado 11001-03-25-000-2016-00-299 00 (1716-2016), C.P Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
23 El caso concreto se resolverá bajo el precedente de la Sala proferido en caso de contornos
fácticos y jurídicos similares al sub examine. Crf: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
expediente 11001032500020170050600 (2371-2017).
24 Expediente físico - folios 181-191
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51. La Sala recuerda que, desde que se profirió la sentencia del Cinco (5) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No. 22,
esta Corporación ha sostenido que la configuración de esta causal se genera
cuando se vulnera alguno de los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el
derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento o, iii) las garantías de
audiencia y defensa, lo cual incluye el derecho a presentar y contradecir
pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el
derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem.
52. En ese sentido, está demostrado que por medio de la sentencia del Treinta
y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de
La Guajira revocó la sentencia de primer grado, disponiéndose el
reconocimiento y pago de la pensión de retiro por vejez a favor del señor Álvaro
Alfonso Vega Barros, debidamente indexada desde cuando cumplió los 65
años de edad; no obstante, el pago de la prestación se ordenó a partir del
Treinta (30) de Junio de Dos Mil Trece (2013) por prescripción; como cuantía
se dijo que no podría ser inferior al salario mínimo legal vigente.
53. Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal, expuso que, el señor
Vega Barros, tiene derecho a que, se le reconozca la pensión de retiro por
vejez, establecida en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968, toda vez que,
es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues, para el
momento en que, entró en vigencia contaba con más de 40 años de edad, lo
que, haría que, en principio, se le aplicara las disposiciones de la Ley 33 de
1985 y, en consecuencia, la pensión se podría reconocer con el cumplimiento
de los dos requisitos, 55 años de edad y 20 años de servicios; sin embargo, el
demandado solo acreditó el requisito de edad, comoquiera que, cumplió los 65
años de edad el Dieciséis (16) de junio de Dos Mil (2000), empero, solo logró
demostrar que prestó el servicio por catorce (14) años, seis (6) meses y
veintinueve (29) días al Estado; por lo que, no cumplió con el tiempo mínimo
de servicios de 20 años establecido en la Ley 33 de 1985, régimen que -prima
facie-, sería aplicable a su situación pensional.
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54. A tono con lo anterior, sostuvo que, el punto neurálgico del asunto en
discusión se centraba en determinar si la pensión de retiro por vejez estipulada
en los artículos 29 del Decreto 3135 de 1968 y 31 del Decreto 2400 de 1968,
es aplicable a la situación del señor Álvaro Alfonso Vega Barros, al estar aún
vigente para este tipo de situaciones o si debe entenderse derogada por la Ley
100 de 1993.
55. Así, a la luz de la jurisprudencia de esta sección y de la Corte
Constitucional, concluyó que, las normas en mención resultaban aplicables a
la situación del señor Vega Barros. Adicionalmente, aclaró que, no era
necesario exigir al demandado la prueba de falta de medios de subsistencia,
pues, a su edad -81 años- era evidente que, no tenía la oportunidad de vender
su fuerza laboral, lo que, le permitió en aplicación de los principios pro homine
e in dubio pro operario, concluir que, le asiste el derecho a su reconocimiento
pensional.
56. Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida
providencia del Tribunal afirmando que, las normas aplicadas para acceder al
reconocimiento pensional no están vigentes, y resulta incompatible con la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida al señor Álvaro
Alfonso Vega Barros.
57. Para la Sala, estos argumentos están dirigidos a cuestionar el
reconocimiento de la prestación, los cuales, no se adecuan a la causal
establecida en el literal a) de la Ley 797 de 2003; comoquiera que, por medio
de ella solo es posible analizar, como ya se ha expuesto, violación al debido
proceso; sin embargo, no puede ser usada para debatir aspectos sustanciales
que, tuvo en cuenta el juez para reconocer el derecho pensional. Así las cosas,
este motivo de inconformidad no será valorado dado que, no corresponde a la
causal invocada.
58. Así las cosas, no se advierte la vulneración al debido proceso que, alega
la parte actora, pues además se precisa que, el mismo legislador ha facultado
al operador judicial para que, al momento de fallar pueda revisar todo el
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ordenamiento jurídico y resolver el caso con base en el que, regula el asunto;
así se desprende de lo consagrado en el artículo 187 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, norma según
la cual, para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas.
59. Además, debe precisarse que, la sentencia del Tribunal fue el resultado de
la aplicación de una norma que resulta aplicable al caso, en ella se hizo una
evaluación integral de las pruebas; cuestiones que fueron debatidas en el
proceso ordinario, por tanto, no le asiste razón jurídica al recurrente acerca de
la vulneración al debido proceso.
60. En sintonía con lo expuesto, se insiste en que, no se evidencia la alegada
vulneración del derecho al debido proceso, pues, la entidad accionante
durante el proceso ordinario que finalizó con la sentencia recurrida tuvo la
oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción; sumado a que
se respetó el proceso y se otorgaron todas las garantías procesales, razón por
la cual, se concluye no se encuentra fundada esta causal.
2.5.2. Sobre la segunda causal invocada, esto es, cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables:
61. La Sala destaca que, los argumentos de doble asignación del tesoro
público, ante el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez y la
pensión de retiro por vejez, a favor del señor Álvaro Alfonso Vega Barros, no
tienen la entidad suficiente de configurar la presente causal.
62. Si bien es cierto, que a la luz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto
1730 de 200125, existe incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez reconocida al señor Álvaro Alfonso Vega Barros por la
25 ARTICULO 6º-Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de
1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las
pensiones de vejez y de invalidez.
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extinta Cajanal, a través de la Resolución LMAC No. 53061 del Nueve de
octubre de Dos Mil Seis (2006), lo cierto es, que el Tribunal por medio de la
sentencia objeto de revisión, ordenó aplicar a las sumas a pagar, las
deducciones y compensaciones a que legalmente hubiere lugar, luego
entonces, el valor reconocido por la indemnización que, aduce el actor, se
entiende debió ser deducido o compensando con las mesadas pensionales a
reconocer, descartándose con ello, tanto, la prohibición constitucional de doble
erogación del tesoro público como la incompatibilidad alegada.
63. Frente al tema de la compensación para evitar que se sacrifique el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional ante la posibilidad de un
pago doble, la jurisprudencia ha tenido la oportunidad de señalar lo siguiente:
«Por esa razón, y para evitar que se sacrifique el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional ante la
reclamación y surgimiento del derecho en cabeza de nuevos
beneficiarios de la prestación económica, y se llegue a considerar un
pago doble o sin causa alguna, el legislador permitió a la entidad
que asume el reconocimiento de la pensión, compensar las
sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes
inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales, o en su
defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados
sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo
hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento
respaldaban su solicitud.»26 (Resalto fuera del texto).
64. Así, colige la Sala que, la pensión que, se otorgó al demandado no
constituye detrimento de los recursos estatales, como tampoco, genera un
desequilibrio a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; toda vez que, no
es, una pensión excesiva ni desproporcionada, pues, aquella se basó en una
norma que regula la materia; el Tribunal en cuanto al monto del reconocimiento
pensional solo hizo mención a que, no fuera inferior al salario mínimo, lo cual,
está acorde con el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, y conforme se explicó en
precedencia no se alcanzaría a tratarse de doble erogación del tesoro público
que dé lugar a infirmar y revocar la sentencia objeto de revisión, dada la
compensación que se ordenó a la UGPP realizar entre los valores reconocidos
a que, legalmente hubiere lugar.
26 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 2714 de 2022
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65. Vistas, así las cosas, se concluye que, no se configuraron en este asunto
las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003; por tanto, se declarará infundada la presente acción.
66. Finalmente, es dable precisar que, en concordancia con los argumentos
bajo los cuales, la parte demandante, sustentó las causales de la acción
especial de revisión, para pretender que se revoque la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de la Guajira del Treinta y Uno (31) de julio de Dos
Mil Diecinueve (2019), por reconocer el derecho pensional al señor Álvaro
Alfonso Vega Barros, a su sentir, sin el lleno de los requisitos, esto es, sin tener
aptitud legal para ello, debieron ser encausados bajo los postulados del
recurso extraordinario de revisión a tono con la causal No. 7, y no bajo las
causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 .
2.6. Condena en costas.
67. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios
intereses, razón por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena
en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la
sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual, revocó la
sentencia del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018)27,
27 Expediente físico 181-191
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Demandado: Álvaro Alfonso Vega Barros
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con Rad. Núm. 44-001-33-40-002-2017-00110-01, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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