Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2018-01725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01725-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018)
Acumulado:
11001-03-25-000-2018-01602-00 (5261-2018)
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y Pablo Julio Cáceres
Corrales
Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
Tema: Naturaleza del cargo de director seccional de administración
judicial: libre nombramiento y remoción.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
La Sala decide las demandas de nulidad interpuestas contra el Acuerdo PCSJA18-
11118 del 4 de octubre de 2018, «[p]or el cual se realiza una convocatoria pública
para conformar ternas para los cargos de directores seccionales de administración
judicial» emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.
I. ANTECEDENTES
Demandas1
1. La parte actora afirmó que el acuerdo cuestionado se expidió con
desconocimiento de las normas en que debía fundarse y con falta de competencia,
pues ninguna de las disposiciones invocadas en la convocatoria, en particular los
artículos 256 y 257 de la Constitución Política, ni el numeral 5 del artículo 99 de la
Ley 270 de 1996, autorizaban al Consejo Superior de la Judicatura para adelantar
concursos de méritos orientados a conformar ternas para la provisión de los cargos
de directores seccionales de administración judicial.
2. Se añadió que, aunque el acto acusado no invocó el artículo 85 de la Ley
270 de 1996, ninguno de sus numerales confiere a dicha corporación la facultad de
realizar esa convocatoria ni de reglamentar el procedimiento para integrar las
ternas. En consecuencia, consideró que, en virtud del principio de legalidad, el
1 En este acápite la Sala unificará los argumentos interpuestos en ambas demandas acumuladas y
se referirá conjuntamente a ellos.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
Consejo Superior de la Judicatura solo podía ejercer esa atribución si contaba con
habilitación constitucional o legal expresa.
3. Sostuvo además que el acto acusado desconoció el artículo 125 de la
Constitución Política, al incorporar una causal de retiro no prevista en el
ordenamiento jurídico para quienes ejercían en «propiedad» los cargos de
directores seccionales de administración judicial. En su criterio, dichos empleos
tienen una naturaleza sui generis que impide asimilarlos a los de libre
nombramiento y remoción, de modo que el retiro de sus titulares solo podía
fundarse en causales objetivas consagradas en la Constitución o en la ley.
4. Señaló que el acuerdo enjuiciado también vulneró el derecho a la igualdad
previsto en el artículo 13 de la Constitución Política debido a que sometió a los
directores seccionales de administración judicial a una situación de inestabilidad
que no se predica de los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
pese a que el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 les reconoce la misma categoría,
prerrogativas y remuneración.
5. Asimismo, la parte actora alegó la expedición irregular del acto acusado.
Para sustentar este cargo, indicó que la conformación de ternas destinadas al
nombramiento de directores seccionales de administración judicial constituye una
competencia reglada cuyo ejercicio está supeditado a la existencia de una vacante
concreta, presupuesto que no concurría al momento de proferirse el acuerdo
acusado.
6. En consecuencia, a su juicio, resultaba irregular adelantar una convocatoria
de alcance general respecto de la totalidad de los cargos de directores seccionales,
incluidos aquellos que se encontraban ocupados en propiedad, pues el numeral 5
del artículo 99 de la Ley 270 de 1996 no confirió una facultad discrecional sino
condicionada a la necesidad efectiva de proveer el empleo.
7. Por otro lado, invocó el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
al considerar que el acuerdo acusado operaba como una revocatoria general de los
nombramientos de quienes ejercían en propiedad los cargos de directores
seccionales de administración judicial sin que mediara evaluación previa de
desempeño, decisión particular debidamente motivada ni procedimiento
administrativo alguno.
8. En su criterio, esa omisión resulta contraria al artículo 29 de la Constitución
Política, pues quienes desempeñaban el citado cargo quedaban privados de la
oportunidad de rendir cuentas sobre su gestión, controvertir las razones que
pudieran sustentar su retiro, aportar explicaciones y ejercer los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico antes de que se produjera la pérdida del empleo.
9. Igualmente, expresó que el Acuerdo PCSJA 18-11118 de 4 de octubre de
2018 se encuentra viciado de falsa motivación porque los motivos invocados por el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
Consejo Superior de la Judicatura «no eran ciertos ni se ajustaban a la realidad».
En particular, expuso que, aunque se invocó como finalidad promover el mérito y el
buen funcionamiento de la administración de justicia, ello no justificaba una
convocatoria dirigida a proveer cargos que no se encontraban vacantes.
10. Además, manifestó que el acto acusado carece de motivación suficiente,
en la medida en que «la revocatoria» de los nombramientos de quienes ejercían en
propiedad los cargos de directores seccionales de administración judicial no se
sustentó en «cargos concretos».
11. Finalmente, la parte actora aseguró que el acuerdo demandado se expidió
con desviación de poder, pues en su criterio «está claro que el Consejo Superior
de la Judicatura no expidió el acto administrativo con un fin constitucionalmente
legítimo, sino para alcanzar un objetivo distinto al señalado en la ley».
12. Adicionó que, aunque el acuerdo se presentó formalmente como una
convocatoria orientada por el mérito, su finalidad real habría sido retirar de manera
general a los directores seccionales que ejercían sus cargos en propiedad, sin que
existiera una causal constitucional o legal que lo permitiera.
Contestación de la demanda
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a la prosperidad
de las pretensiones argumentando que el Acuerdo PCSJA 18-11118 de 4 de
octubre de 2018 fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura, en particular las conferidas
por los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 99
de la Ley 270 de 1996.
14. Para sustentar ese planteamiento, destacó que la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han reconocido que el Consejo Superior de la Judicatura goza
de una potestad reglamentaria de origen directo en la Carta Política, circunscrita a
las materias propias de la administración de justicia y a los aspectos no previstos
por el legislador, de manera que podía expedir los reglamentos necesarios para su
eficaz funcionamiento.
15. En ese orden, sostuvo que la Ley 270 de 1996 no establece un
procedimiento para la elaboración de ternas destinadas a la provisión de los cargos
de directores seccionales de administración judicial, razón por la cual la
convocatoria pública constituía el mecanismo idóneo para suplir ese vacío
normativo y garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad,
transparencia, celeridad y publicidad.
16. En cuanto a la naturaleza del cargo, explicó que el director seccional de
administración judicial es de libre nombramiento y remoción, conforme al inciso 4
del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, por lo que no pertenece al régimen de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
carrera administrativa ni está amparado por la estabilidad propia de ese sistema. A
partir de ello, señaló que el acuerdo acusado no creó una nueva causal de retiro ni
desconoció el artículo 125 de la Constitución Política, sino que reguló un
procedimiento previo para conformar las ternas que serían remitidas al Director
Ejecutivo de Administración Judicial, quien conserva la facultad nominadora
prevista en el numeral 5 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996.
17. También descartó la vulneración del derecho a la igualdad frente a los
magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, al estimar que la
equivalencia prevista en el parágrafo del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 se
refiere a categoría, prerrogativas y remuneración salarial, pero no otorga a los
directores seccionales un régimen de estabilidad idéntico. Además, precisó que
nada impedía adelantar una convocatoria pública orientada por el mérito, pues ese
mecanismo fortalecía la transparencia, garantizaba la igualdad de quienes
cumplieran los requisitos mínimos y permitía valorar las capacidades, competencias
y perfiles de los aspirantes.
18. En relación con la expedición irregular alegada, mencionó que el acuerdo
no estaba condicionado a la existencia previa de vacantes, pues su finalidad era
conformar ternas para que el Director Ejecutivo de Administración Judicial efectuara
los nombramientos cuando resultara procedente.
19. Por último, frente a la falsa motivación y la falta de motivación, sostuvo que
el acto acusado expuso los fundamentos jurídicos y las razones que justificaban su
expedición, relacionadas con la potestad reglamentaria del Consejo Superior de la
Judicatura, la necesidad de suplir un vacío normativo y la aplicación de los
principios que rigen la función administrativa. De igual forma, negó la desviación de
poder, al considerar que la convocatoria no perseguía una finalidad ajena al
ordenamiento jurídico sino garantizar un procedimiento público y transparente para
conformar las ternas correspondientes.
Trámite en única instancia
20. Mediante providencia del 26 de marzo de 2020 el despacho ordenó
acumular el proceso núm. 11001-03-25-000-2018-01602-01 (5261-2018) al
expediente núm. 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018), al evidenciar que
en ambos se pretende la nulidad del Acuerdo PCSJA 18-11118 de 4 de octubre de
2018 y en ninguno se había programado la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA.
21. En auto del 27 de abril de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de
pruebas; se decidió sobre las pruebas aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.
Alegatos de conclusión
22. El Ministerio Público y el demandante Rodríguez Novoa guardaron
silencio.
23. El actor Cáceres Corrales solicitó acceder a las pretensiones de la
demanda. En sustento, afirmó que el artículo 125 de la Constitución Política reserva
al legislador la determinación de qué empleos son de libre nombramiento y
remoción, atribución que el congreso de la República no ha ejercido respecto de
los cargos de directores seccionales de administración judicial, de suerte que esa
clasificación constituye una creación unilateral del Consejo Superior de la
Judicatura sin respaldo normativo.
24. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Problemas jurídicos
26. La Sala deberá determinar, en primer lugar, si el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para expedir el Acuerdo PCSJA 18-11118 de 4
de octubre de 2018 y realizar una convocatoria pública orientada a conformar ternas
para la provisión de los cargos de directores seccionales de administración judicial.
27. A continuación, se estudiará si el acto demandado desconoció los artículos
13, 29 y 125 de la Constitución Política, al haber previsto una causal de retiro no
establecida en el ordenamiento jurídico para quienes ejercían en propiedad los
cargos de directores seccionales de administración judicial.
28. A su vez, la Sala deberá examinar si el acuerdo cuestionado fue expedido
de manera irregular al promover una convocatoria pública con el fin de proveer
cargos de directores seccionales de administración judicial que no se encontraban
vacantes.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
29. También se determinará si el acto acusado desconoció el derecho de
audiencia y defensa de quienes ejercían en propiedad los cargos de directores
seccionales de administración judicial, al no prever un procedimiento previo que les
permitiera rendir cuentas sobre su gestión, controvertir las razones que pudieran
sustentar su retiro y ejercer los recursos correspondientes.
30. Luego, se establecerá si el acuerdo demandado incurrió en falsa motivación
al invocar razones que no correspondían a la realidad ni justificaban la convocatoria
cuestionada. Asimismo, se determinará si carece de motivación suficiente, por no
exponer cargos concretos que sustentaran la supuesta revocatoria de los
nombramientos de quienes ejercían en propiedad dichos cargos.
31. Finalmente, la Sala deberá resolver si el acuerdo demandado fue expedido
con desviación de poder, al perseguir una finalidad distinta a la prevista en el
ordenamiento jurídico, consistente en retirar de manera general a quienes ejercían
en propiedad los cargos de directores seccionales de administración judicial.
Análisis de los problemas jurídicos
32. La Sala negará las pretensiones de la demanda. En efecto, el cargo de
director seccional de administración judicial es de libre nombramiento y remoción,
en atención al contenido funcional que le atribuye el artículo 103 de la Ley 270 de
1996 y a los criterios previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004. Esta precisión
desvirtúa la premisa central de la demanda, según la cual dicho empleo
pertenecería al régimen de carrera y, por ende, sus titulares gozarían de
estabilidad, solo podrían ser retirados por causales objetivas y tendrían derecho a
un procedimiento previo de evaluación, contradicción y defensa.
Naturaleza del cargo de director seccional de administración judicial
33. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. No obstante, la
misma disposición exceptúa de ese régimen los cargos de elección popular, los de
libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Además, prevé que los funcionarios cuyo sistema de
nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán
nombrados por «concurso público».
34. En el ámbito de la Rama Judicial, la Ley 270 de 1996 regula la estructura
orgánica y funcional de la administración de justicia. En particular, el artículo 130
[original]2 clasificaba los empleos de la Rama Judicial en tres categorías: de período
individual, de libre nombramiento y remoción, y de carrera.
2 Es importante resaltar que en esta providencia se hará referencia al contenido de las disposiciones
de la Ley 270 de 1996 al momento de expedición del acto demandado porque ese era el marco de
referencia que se debía tener en cuenta para efectos de no incurrir en la causal de nulidad de
desconocimiento de las normas superiores. Por ende, no se analizará el actual contenido de esas
normas y los cambios introducidos por la Ley 2430 de 2024.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
35. En cuanto a los empleos de libre nombramiento y remoción, el inciso cuarto
del artículo 130 disponía:
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado
Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados enunciados
en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas
Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los
Despachos de los Magistrados de los Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la
Nación, Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y
Seccionales, los empleados del Despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la
Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Estos cargos no requieren confirmación.
36. Si bien la norma menciona, entre otros, a los «Directores Regionales y
Seccionales», una lectura sistemática de la disposición permite advertir que dichos
cargos corresponden a la estructura de la Fiscalía General de la Nación y, por tanto,
no pueden asimilarse al empleo de director seccional de administración judicial. En
consecuencia, este último no quedó expresamente clasificado de libre
nombramiento y remoción por la Ley 270 de 1996.
37. Ante la falta de una clasificación expresa del cargo de director seccional de
administración judicial en el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, resulta pertinente
acudir a los criterios previstos en la Ley 909 de 2004, aplicables de manera
supletoria a los sistemas especiales de carrera en caso de vacíos normativos.
38. En efecto, el artículo 3 de dicha ley dispone que sus normas se aplican con
«carácter supletorio» a los servidores públicos de las entidades regidas por
sistemas especiales de carrera, entre ellos el de la Rama Judicial, cuando la
normativa que los regula presente vacíos. A su vez, el artículo 5 ibidem establece
los criterios para identificar los empleos de libre nombramiento y remoción, a saber:
(i) que cumplan funciones de dirección, conducción y orientación institucionales; (ii)
que su desempeño implique especial confianza; y (iii) que su ejercicio suponga la
administración y manejo directos de bienes, dineros y/o valores del Estado.
39. Esta remisión no implica que se cree una nueva categoría de empleo, sino
que permite identificar la naturaleza jurídica de un cargo respecto del cual el
régimen especial guardó silencio, a partir de los parámetros definidos por el propio
legislador para el empleo público.
40. Bajo esos criterios, corresponde examinar las funciones asignadas al
director seccional de administración judicial en el artículo 103 de la Ley 270 de
1996, el cual establece que corresponde al director seccional de la Rama Judicial
ejercer, en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y
orientaciones del director ejecutivo nacional de la administración judicial, las
siguientes funciones:
1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura los actos y
contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que
expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Seccional de la Judicatura, excepto
los que sean de libre nombramiento y remoción de cada Magistrado y aquéllos cuyo
nombramiento corresponda a una Sala.
5. Elaborar y presentar al Consejo Seccional los balances y estados financieros que
correspondan.
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
7. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá
constituir apoderados especiales.
8. Conceder o negar las licencias solicitadas por el personal administrativo en el área
de su competencia.
9. Solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para
la protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
10. Enviar al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar en el mes de diciembre
de cada año, los informes, cómputos y cálculos necesarios para la elaboración del
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial del año siguiente. Así mismo emitir los
informes que en cualquier tiempo requiera dicha Sala; y,
11. Las demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura.
41. Aplicados los criterios del artículo 5 de la Ley 909 de 2004 a esas
atribuciones, se advierte que el cargo de director seccional de administración
judicial comporta funciones de dirección, conducción y orientación institucional, en
tanto le corresponde ejecutar el Plan Sectorial y las políticas definidas para la Rama
Judicial, actuar como ordenador del gasto y representarla judicialmente.
42. En esa misma línea, el ejercicio del cargo comprende la administración y el
manejo directo de bienes y dineros del Estado, pues el director seccional tiene a su
cargo los recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial y la
suscripción de actos y contratos en nombre de la Nación.
43. Tales atribuciones evidencian que el empleo exige una especial confianza
en quien lo desempeña, no solo por su ubicación directiva dentro de la estructura
de la administración judicial, sino también por la responsabilidad que supone la
ejecución de políticas institucionales, el manejo de recursos públicos, la ordenación
del gasto, la representación judicial y la gestión administrativa en el ámbito
seccional. Por tanto, el cargo reúne los criterios que permiten identificarlo como de
libre nombramiento y remoción.
44. A esta misma conclusión llegó esta Corporación en pronunciamientos
anteriores. En sentencia del 20 de mayo de 2021, la Sección Segunda precisó que
las funciones asignadas al director seccional de administración judicial permiten
advertir que dicho funcionario «cumple actividades de dirección, conducción y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
orientación institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices,
que requieren un alto grado de confianza cualificada, debido a que le compete la
administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado, toda
vez que se trata de un empleo del nivel jerárquico en la estructura orgánica de la
institución», por lo que atendiendo a los parámetros del artículo 5 de la Ley 909 de
2004, el cargo corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción3.
45. En igual sentido, en sentencia del 14 de septiembre de 2023 se sostuvo
que las funciones asignadas a dicho cargo «no sólo son de dirección, conducción
y orientación institucional, sino que comprenden la administración y manejo de
bienes y dineros del Estado, por lo que implica especial confianza en su ejercicio,
cumpliendo con los criterios establecidos en la ley para identificar el cargo como de
libre nombramiento y remoción»4.
46. Así las cosas, la Sala concluye que el cargo de director seccional de
administración judicial no pertenece al régimen de carrera judicial, sino que
corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción.
47. Precisada la naturaleza del pluricitado cargo, la Sala abordará los
reproches de nulidad formulados contra el Acuerdo PCSJA 18-11118 de 4 de
octubre de 2018.
Falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura
48. La parte actora sostuvo que el acuerdo demandado fue expedido sin
competencia y con infracción de las normas en que debía fundarse porque, a su
juicio, no existe disposición constitucional ni legal que faculte al Consejo Superior
de la Judicatura para realizar una convocatoria pública orientada a conformar ternas
para la provisión de los cargos de directores seccionales de administración judicial.
49. Para resolver este reproche, conviene partir de que, como quedó
establecido en el acápite anterior, el cargo de director seccional de administración
judicial es de libre nombramiento y remoción, de modo que su provisión no está
sometida a un concurso de carrera. En ese marco, el numeral 5 del artículo 99 de
la Ley 270 de 1996 disponía que correspondía al director ejecutivo de
administración judicial nombrar y remover a dichos servidores de ternas preparadas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
50. De esa disposición se desprende que la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia asignó expresamente al Consejo Superior de la Judicatura la función de
preparar las ternas a partir de las cuales el director ejecutivo de administración
judicial ejerce la facultad nominadora. En consecuencia, el acuerdo acusado no
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado 47001-23-31-000-2012-00382-01 (1152-2015).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 14 de septiembre de 2023, radicado 73001-23-33-000-2019-00510-01 (1888-2022).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
carece de fundamento normativo, ni puede afirmarse que el Consejo Superior de la
Judicatura hubiera asumido una competencia ajena al ordenamiento jurídico.
51. La Ley 270 de 1996 no reguló de manera detallada el procedimiento para
la elaboración de esas ternas; sin embargo, ello no impedía que el Consejo Superior
de la Judicatura definiera un mecanismo orientado a identificar aspirantes idóneos
para el desempeño del cargo, pues al tener legalmente atribuida la función de
prepararlas, podía establecer reglas generales para su conformación.
52. En ese contexto, la incorporación de elementos dirigidos a garantizar el
mérito, la publicidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades no excedía la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Tales criterios resultan
compatibles con la función de conformar ternas para un empleo de libre
nombramiento y remoción, pues permiten seleccionar candidatos con condiciones
objetivas de idoneidad, sin que ello convierta el procedimiento en un concurso de
carrera ni genere derechos de estabilidad.
53. Así las cosas, el Acuerdo PCSJA18-11118 de 4 de octubre de 2018 se
limitó a reglamentar el procedimiento para el ejercicio de una atribución conferida
por la ley al Consejo Superior de la Judicatura, esto es, preparar las ternas para la
provisión de los cargos de directores seccionales de administración judicial. En
consecuencia, no se configura la alegada falta de competencia.
Desconocimiento de los artículos 13 y 125 de la Constitución Política
54. Los demandantes afirmaron que el acto acusado vulneró el derecho a la
igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, al someter a los
directores seccionales de administración judicial a una situación de inestabilidad
que no se predica de los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura,
pese a que el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 les reconoce la misma categoría,
prerrogativas y remuneración.
55. Sobre el particular, la Sala advierte que el parágrafo original del artículo 103
de la Ley 270 de 1996 disponía lo siguiente:
PARÁGRAFO. El Director Seccional de Administración Judicial deberá tener título
profesional en ciencias jurídicas, económicas, financieras o administrativas, y
experiencia no inferior a cinco (5) años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas
y remuneración serán las mismas de los magistrados de los Consejos Seccionales de
la Judicatura.
56. Aunque de la disposición transcrita se desprende la equivalencia entre
categoría, prerrogativas y remuneración entre los directores seccionales de
administración judicial y los magistrados de los consejos seccionales de la
judicatura, ello no significa que ambos empleos compartan el mismo régimen de
vinculación, permanencia y retiro.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
57. La expresión «categoría» debe entenderse referida a aspectos de orden
remunerativo, pero no comporta la asimilación del director seccional de
administración judicial al estatus jurídico de los magistrados de los consejos
seccionales de la judicatura5.
58. En efecto, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura
pertenecen al régimen de carrera judicial, de conformidad con el artículo 158 de la
Ley 270 de 1996, razón por la cual gozan de la estabilidad propia de ese sistema.
En cambio, como se determinó con anterioridad, el cargo de director seccional de
administración judicial corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción.
59. Así, no existe vulneración del derecho a la igualdad, pues la comparación
propuesta por los accionantes parte de cargos sometidos a regímenes jurídicos
distintos. La circunstancia de que el legislador estatutario hubiera previsto una
equivalencia en categoría, prerrogativas y remuneración no elimina la diferencia
entre un empleo de carrera judicial y uno de libre nombramiento y remoción, ni
extiende a este último la estabilidad propia del primero.
60. Por otro lado, manifestaron que el acuerdo cuestionado desconoció el
artículo 125 superior porque incorporó una causal de retiro no prevista en el
ordenamiento jurídico para quienes ejercían en «propiedad» los cargos de
directores seccionales de administración judicial. En su criterio, dichos empleos
tienen una naturaleza sui generis que impide asimilarlos a los de libre
nombramiento y remoción, por lo que el retiro de sus titulares solo podía fundarse
en causales objetivas previstas en la Constitución o en la ley.
61. Como se explicó con anterioridad, el artículo 125 de la Constitución Política
establece como regla general que los empleos en los órganos y entidades del
Estado son de carrera y prevé que el retiro de quienes pertenecen a ese sistema
se produce por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, violación
del régimen disciplinario y las demás causales previstas en la Constitución o en la
ley.
62. Sin embargo, esa regla no puede extenderse automáticamente a los cargos
de libre nombramiento y remoción, toda vez que en estos empleos el nominador
puede ejercer la facultad discrecional de remoción, bajo la presunción de que la
decisión se adopta por razones del servicio6.
63. En este caso, como quedó establecido, el cargo de director seccional de
administración judicial corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción.
Por tanto, sus titulares no gozan de la estabilidad propia de la carrera judicial ni su
retiro está sujeto a las causales previstas para los empleos de carrera.
5 Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 14 de septiembre de 2023, radicado 73001-23-33-000-2019-00510-01 (1888-2022).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
64. Además, el acuerdo demandado no creó una causal autónoma de retiro.
Aunque la convocatoria pública podía conducir a la conformación de ternas y,
posteriormente, a la designación de nuevos directores seccionales de
administración judicial, esa eventual consecuencia se derivaba de la naturaleza de
libre nombramiento y remoción del empleo y de la facultad nominadora prevista en
la Ley 270 de 1996, no de la creación de una causal de retiro distinta a las previstas
en el ordenamiento jurídico.
65. Por lo expuesto, no se advierte desconocimiento del artículo 125 de la
Constitución Política, pues el acto acusado no modificó el régimen de retiro de los
directores seccionales de administración judicial ni incorporó una causal autónoma
de desvinculación. La provisión del empleo, a partir de ternas preparadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, responde al régimen propio de los cargos de
libre nombramiento y remoción.
Expedición irregular del acuerdo demandado
66. La parte actora alegó que el Acuerdo PCSJA18-11118 de 4 de octubre de
2018 fue expedido de manera irregular porque la conformación de ternas
destinadas al nombramiento de directores seccionales de administración judicial
estaría supeditada a la existencia de una vacante concreta. En ese sentido, sostuvo
que resultaba irregular adelantar una convocatoria de alcance general respecto de
cargos que se encontraban ocupados en «propiedad».
67. El numeral 5 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996 atribuye al director
ejecutivo de administración judicial la facultad de nombrar y remover a los directores
seccionales de administración judicial de ternas preparadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esta disposición regula la
forma de provisión de dichos cargos, pero no condiciona la elaboración de las
ternas a la existencia previa de una vacante individual y determinada.
68. A lo anterior se suma que, dado que el cargo de director seccional de
administración judicial es de libre nombramiento y remoción, quienes lo ejercían no
gozaban de estabilidad de carrera ni de un fuero que impidiera al Consejo Superior
de la Judicatura adelantar la convocatoria. La circunstancia de que algunos cargos
estuvieran ocupados en el momento de expedirse el acuerdo no constituía
obstáculo para conformar las ternas con anticipación.
69. En consecuencia, no se configura la alegada expedición irregular del
acuerdo demandado.
Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
70. La parte demandante mencionó que el acuerdo acusado desconoció el
derecho de audiencia y defensa, porque habría operado como una revocatoria
general de los nombramientos de quienes ejercían en propiedad los cargos de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
directores seccionales de administración judicial, sin evaluación previa de
desempeño, decisión particular debidamente motivada ni procedimiento
administrativo alguno.
71. A su juicio, ello vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, pues dichos
servidores quedaron privados de rendir cuentas sobre su gestión, controvertir las
razones que pudieran sustentar su retiro, aportar explicaciones y ejercer los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
72. El reproche parte de la premisa de que quienes ejercían los cargos de
directores seccionales de administración judicial gozaban de la estabilidad propia
del régimen de carrera y que, por tanto, su retiro estaba condicionado al
agotamiento de un procedimiento previo con garantías de defensa y contradicción.
Sin embargo, como quedó establecido, dicho cargo es de libre nombramiento y
remoción.
73. En esa medida, la declaratoria de insubsistencia de un empleo de libre
nombramiento y remoción corresponde al ejercicio de una facultad discrecional del
nominador, bajo la presunción de que se adopta por razones del servicio. Por ello,
no exige el trámite previo de un procedimiento administrativo de evaluación,
contradicción o rendición de cuentas, propio de un escenario de retiro de empleos
amparados por estabilidad de carrera.
74. Por consiguiente, no se configura la vulneración del derecho de audiencia
y defensa alegada por la parte actora.
Falsa motivación del acto demandado
75. La parte actora adujo que el Acuerdo PCSJA18-11118 de 4 de octubre de
2018 está viciado de falsa motivación porque las razones invocadas por el Consejo
Superior de la Judicatura «no eran ciertas ni se ajustaban a la realidad». En
particular, sostuvo que la finalidad de promover el mérito y el buen funcionamiento
de la administración de justicia no correspondía a la realidad que regulaba el acto,
pues la convocatoria estaba dirigida a proveer cargos que no se encontraban
vacantes.
76. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo7.
7Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
77. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]»8.
78. En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora no demostró que
los motivos invocados en el acuerdo acusado fueran falsos o que difirieran de la
realidad fáctica o jurídica. El reproche se funda en considerar que no era posible
adelantar una convocatoria respecto de cargos ocupados en «propiedad»; sin
embargo, como se explicó, esa circunstancia no impedía conformar ternas para
empleos de libre nombramiento y remoción.
79. La finalidad de promover el mérito, la publicidad, la transparencia y el buen
funcionamiento de la administración de justicia resulta compatible con la atribución
conferida al Consejo Superior de la Judicatura para preparar ternas destinadas a la
provisión de los cargos de directores seccionales de administración judicial.
80. En ese orden, las razones invocadas en el acuerdo demandado no
desvirtúan su presunción de legalidad, sino que guardan correspondencia con la
atribución de conformar ternas y con el cumplimiento del principio constitucional del
mérito. Por lo tanto, no se configura el vicio de falsa motivación alegado.
Motivación insuficiente del Acuerdo PCSJA18-11118 de 4 de octubre de 2018
81. En cuanto a la alegada insuficiencia de motivación, la parte actora sustentó
ese reproche en que la convocatoria no se apoyó en cargos concretos contra los
titulares de los empleos. No obstante, este planteamiento traslada al cargo de
director seccional de administración judicial exigencias propias del régimen de
carrera que no resultan aplicables a los empleos de libre nombramiento y remoción.
82. En los empleos de carrera, la vacante constituye presupuesto para
adelantar el concurso de méritos, pues el proceso de selección está orientado a
proveer un cargo específico y genera, para quien lo supera, los derechos derivados
de dicho régimen. En cambio, en los de libre nombramiento y remoción, el ingreso
y el retiro responden al ejercicio de la facultad discrecional del nominador, sin que
sea necesario acreditar una causal objetiva de retiro.
83. En consecuencia, este reparo tampoco tiene vocación de prosperidad.
Desviación de poder
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
84. Finalmente, los demandantes aseguraron que el acuerdo cuestionado se
expidió con desviación de poder, pues en su criterio, «está claro que el Consejo
Superior de la Judicatura no expidió el acto administrativo con un fin
constitucionalmente legítimo, sino para alcanzar un objetivo distinto al señalado en
la ley».
85. La Sala observa que, contrario a lo expuesto por los actores, el acuerdo
acusado no perseguía una finalidad ajena al ordenamiento jurídico. Si bien el cargo
de director seccional de administración judicial es de libre nombramiento y
remoción, y en principio el Consejo Superior de la Judicatura podía seleccionar la
terna discrecionalmente, ello no le impedía acudir a una convocatoria pública
orientada por criterios de mérito, idoneidad, publicidad y transparencia para su
conformación.
86. Por el contrario, esa decisión buscaba garantizar que los aspirantes
reunieran condiciones objetivas para el desempeño del empleo, sin alterar su
naturaleza ni convertir el procedimiento en un concurso de carrera.
87. Además, la desviación de poder exige demostrar que el acto persiguió una
finalidad distinta a la que le es propia, carga que recae sobre la parte actora. En el
presente asunto, los demandantes no aportaron elemento probatorio alguno que
acredite que el Consejo Superior de la Judicatura actuó con una finalidad oculta o
contraria al ordenamiento jurídico. La simple afirmación de que el acto no tuvo un
fin constitucionalmente legítimo no es suficiente para configurar este vicio.
88. En consecuencia, este cargo no está llamado a prosperar.
Condena en costas
89. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
90. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01725-00 (6313-2018) y acumulado
Demandantes: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y otro
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
91. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados en la sentencia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.