Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00689-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00689-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00689-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00689-00 (5332-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Raquel Lucía Franco Betancur
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00689-00 (5332-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandada: Raquel Lucía Franco Betancur
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia del 20 de agosto
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a dictar
sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 presentada por Pensiones de
Antioquia, por intermedio de apoderado judicial, en la cual se invocó las causales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pretende que se infirme la sentencia de
20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, mediante
la cual se ordenó la reliquidación de la prestación pensional de la señora Raquel Lucía
Franco Betancur.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La señora Raquel Lucía Franco Betancur, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el departamento de
Antioquia y Pensiones de Antioquia con la finalidad de declarar la nulidad de los oficios
008812 de 22 de noviembre de 2011, expedido por la Dirección Jurídica de Pensiones
1
Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
2
M.P. Juan Carlos Hermosa Rojas, demandante: Raquel Lucía Franco Betancur, demandada: Pensiones de
Antioquia y Departamento de Antioquia, radicación: 05001-33-31-006-2012-00355-01.
1
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00689-00 (5332-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Raquel Lucía Franco Betancur
de Antioquia, y 201100068522 de 21 de septiembre de 2011, proferido por la
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del Departamento de
Antioquia, por medio de los cuales se negó la reliquidación de su prestación pensional
de su vejez.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios, con el valor de la
asignación más elevada, liquidada con una tasa de reemplazo del 75%, con la
consecuente indexación y el pago de intereses moratorios.
3. La demandante manifestó que: (i) prestó sus servicios del 30 de marzo de 1981 al
27 de noviembre de 2006; (ii) que para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en
vigencia la Ley 100 de 1993 para el nivel territorial, contaba con más de 35 años de
edad, y por tanto era beneficiaria del régimen de transición; (iii) Pensiones de Antioquia
le reconoció una pensión de vejez, a través de la Resolución 000009 del 15 de enero
de 2007, efectiva a partir del 28 de noviembre de 2006; y (iv) el ingreso base de
liquidación de dicha prestación se calculó con base en el promedio de las cotizaciones
efectuadas durante los últimos 10 años anteriores al retiro, actualizados con
fundamento en el IPC, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la
Ley 100 de 1993.
4. Citó como disposiciones violadas los artículos 2, 48 y 53 de la Constitución Política,
así como los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 22, 36, 272
y 288 de la Ley 100 de 1993; 144 de la Ley 1295 de 2010; 1, 3, 85, 134B, 134D, 176,
178 y 206 del Código Contencioso Administrativo; decretos 1919 de 2002, 1042 de
1978 y 1045 de 1978. En el concepto de violación indicó que por ser beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y según lo ordenado en la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
tiene derecho a que su prestación pensional sea liquidada con base en el salario
promedio devengado en el último año de servicios, promedio que incluye la asignación
básica y la totalidad de los conceptos de pago que constituyen salario.
1.1. Actuaciones procesales relevantes
5. La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Medellín, la cual se admitió por auto de 6 de junio de 20123.
6. Pensiones de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que,
en cuanto a los factores salariales del ingreso base de liquidación pensional, resultaba
aplicable lo previsto en las sentencias T-158 de 2006 y T-1225 de 2008 según las cuales
3
Folio 65 del expediente físico.
2
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Demandante: Pensiones de Antioquia
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el ingreso base de liquidación que se debe tener en cuenta al momento de reconocer
una pensión es el previsto en el inciso 3, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es,
el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho, si
fueron menos de 10 años o el cotizado durante todo el tiempo si fuere superior a 10
años.
7. Con posterioridad, a través de providencias de 17 de octubre de 2012 y 17 de junio
de 2013, se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas por las partes; y se corrió
traslado para alegar de conclusión, respectivamente. Finalmente, se dictó sentencia de
primera instancia.
1.2. Sentencia de primera instancia
8. Concluida la etapa de alegaciones, el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Medellín4 dictó sentencia el 26 de junio de 20145, en la
que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó, a título de
restablecimiento del derecho, la reliquidación de la pensión de la señora Raquel Lucía
Franco Betancur, con las siguientes consideraciones:
9. Se pudo establecer que Pensiones de Antioquia, ente encargado de reconocer la
pensión, aplicó de manera incorrecta al caso concreto el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que desnaturalizó el régimen de transición aplicable a la demandante. En
otras palabras, el juzgado consideró que la entidad previsional al excluir ciertos
factores salariales en el cálculo del monto de la pensión incurrió en una violación del
principio de inescindibilidad de la ley y del principio de seguridad jurídica, elementos
fundamentales en una interpretación coherente y completa de las disposiciones
legales.
10. El juzgado de instancia también consideró que, de acuerdo con el marco legal
vigente, el monto de la pensión de jubilación de la señora Franco Betancur debe
calcularse sobre el 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio.
Este cálculo debe incluir no solo la asignación básica, sino también otros factores
salariales que se hayan percibido de forma habitual y periódica, independientemente
de la denominación o clasificación específica que se les haya dado en los registros de
la administración.
11. En los documentos oficiales del departamento de Antioquia, aportados al
proceso, específicamente el oficio No. 201300066131, se observan los factores
salariales incluidos en la liquidación de cesantías de la demandante, como la
4
Si bien la demanda fue admitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, la sentencia de
primera instancia fue proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de descongestión del Circuito de Medellín en
virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para ese circuito
judicial.
5
Folio 67 a 78 del expediente físico.
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asignación básica, prima de vacaciones, incentivo por antigüedad y otras
bonificaciones. Empero, se evidenció que el ingreso base de cotización se constituyó
exclusivamente con factores previstos en el Decreto 1158 de 1995, omitiendo otros
ingresos que la demandante percibió de manera regular y continua como
contraprestación directa por sus servicios.
12. En ese mismo sentido, se precisó que la Resolución No. 26605 de 2006, por
medio de la cual se liquidó y reconocieron salarios y prestaciones sociales definitivas
a la demandante, incluyó diversas primas y bonificaciones adicionales a su asignación
básica, que no fueron consideradas por el ente previsional al calcular el ingreso base
de liquidación de la pensión.
13. Con estos argumentos, se declaró la nulidad de los actos administrativos que
negaron la reliquidación de la pensión de la demandante y, en consecuencia, que se
tuvieran en cuenta con tal propósito, todos los factores que habitual y periódicamente
percibió como retribución por los servicios prestados, entre ellos, la prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, incentivo por antigüedad y
subsidio de transporte, conforme al régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
14. Con posterioridad, el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia fue
objeto de aclaración en el entendido de que la señora Franco Betancur había
devengado como factores salariales la prima de vida cara, prima de navidad, prima
de vacaciones, incentivo por antigüedad y subsidio de transporte, excluyendo la
prima de servicios, lo anterior por solicitud de la parte demandante6.
15. Frente a la decisión de primera instancia, el departamento de Antioquia y
Pensiones de Antioquia formularon recursos de apelación los cuales fueron resueltos
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en los términos que se exponen a
continuación.
1.3. Sentencia de 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión en
Descongestión, mediante sentencia de 20 de agosto de 20157, al decidir los recursos de
apelación formulados por el departamento de Antioquia y Pensiones de Antioquia,
respectivamente, modificó la decisión de primera instancia para precisar los términos en
que debía reliquidarse la prestación pensional de la demandante, con los siguientes
argumentos8:
6
Folios 80 a 81 del expediente físico.
7
Folio 67 a 78 del expediente físico.
8
Folios 82 a 90 del expediente físico.
4
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17. Señaló que la liquidación del derecho pensional para los empleados públicos
cobijados por el régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, ha generado múltiples interpretaciones debido a la ambigüedad en su redacción,
la cual permite entender que solo los aspectos de edad, tiempo y monto corresponden
al régimen anterior, mientras que el ingreso base de liquidación se calcula según las
reglas del inciso 3° del artículo 36 ibidem.
18. La Corte Constitucional, en sentencia SU-230 de 2015, analizó el concepto de
ingreso base de liquidación en el contexto del régimen de transición, basado en el fallo
C-258 de 2013, y adoptó el enfoque de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo señala
que para el cálculo del ingreso base de liquidación en el régimen de transición, se debe
aplicar un promedio del salario de los últimos diez años de servicio, o el tiempo
restante, hasta la edad de pensión, si faltan menos de diez años a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, ante la ausencia de un criterio unificado
por parte del Consejo de Estado, adoptó la interpretación de la Corte Constitucional
para calcular el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Con base en esta postura,
se estableció que el ingreso base de liquidación para empleados públicos en transición
se calcula sobre el promedio de los salarios devengados en el tiempo faltante para
cumplir con el requisito de edad o, de ser necesario, sobre los últimos diez años.
20. Precisó que los factores que se deben incluir en la liquidación de la pensión de
jubilación de empleados oficiales son aquellos retributivos del servicio previstos en el
Decreto 1045 de 1978, con los respectivos descuentos por los aportes que no se
hayan realizado.
21. Se concluyó que la liquidación de la pensión de la señora Raquel Lucía Franco
Betancur debía ajustarse a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al
tomar como ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado en los últimos
diez años de servicios y considerar factores salariales de carácter legal, pero
excluyendo conceptos extralegales o aquellos que no constituyeran salario.
22. En concreto, se advirtió que en el ingreso base de liquidación de la pensión de la
demandante no se incluyeron todos los factores retributivos legales devengados, como
la prima de navidad, el incentivo por antigüedad y la prima de vacaciones, los
cuales sí debían hacer parte de la base de liquidación según lo establecido en el
Decreto 1045 de 1978. En contraste, otros factores, como la prima de vida cara, la
bonificación por recreación y el subsidio de transporte debían ser excluidos al ser
considerados inconstitucionales o porque no tienen un carácter salarial, según el caso.
23. Se concluyó que en la reliquidación de la pensión de la señora Franco Betancur
debía incluirse, además de la asignación básica, la prima de navidad, el incentivo
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por antigüedad y la prima de vacaciones, excluyendo cualquier prima o beneficio
extralegal que contravenga las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
24. Por último, el Tribunal declaró no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el departamento de Antioquia, razón por la cual,
Pensiones de Antioquia cuenta con la posibilidad de recobrar los valores que
corresponden a los aportes que debió efectuar el departamento de Antioquia y no se
hicieron en su oportunidad.
II. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
2.1. Demanda9
25. Pensiones de Antioquia, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio
de la acción especial de revisión contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión en Descongestión.
26. Invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200310, y formuló las
siguientes pretensiones:
«Solicito la revisión de la sentencia de segunda instancia del 20 de agosto de 2015,
expedida dentro del ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
radicado 05 001 33 31 0006 2012 00355 01, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, en consecuencia, decrete su revocatoria y deniegue las pretensiones de
reliquidación de la señora RAQUEL LUCIA FERANCO BETANCUR». (sic para toda la
cita)
27. A juicio de la recurrente se configura la causal a), del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, porque la sentencia de 20 de agosto de 2015 desconoce el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, configurándose así una vía de hecho.
28. Explicó que, para efectos de calcular el ingreso base de liquidación de las
9
Folios 1 a 5 del expediente físico.
10
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
6
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pensiones reconocidas por vía del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta lo dispuesto en régimen general de
pensiones.
29. En este sentido, el Tribunal incurrió en un yerro al considerar que en el caso
concreto resultaba aplicable la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, ya que esto dio lugar a la
inclusión en el ingreso base de liquidación de factores previstos en disposiciones
legales derogadas por la Ley 100 de 1993.
30. El Tribunal, en su decisión, desconoció el precedente constitucional adoptado en
las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, y con ello vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la hoy accionante y el principio de supremacía
constitucional, lo que da lugar a la prosperidad de la presente acción especial de
revisión.
31. Asimismo, la parte accionante adujo que se configura la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, toda vez que la demandada no tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicio, puesto que el ingreso base de liquidación debe calcularse
conforme lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto
1158 de 1994 y las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional.
32. Manifestó que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley, en tanto, la reliquidación de la pensión contraviene el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.
2.2 Actuaciones procesales relevantes
33. Por medio de auto de 28 de noviembre de 2019, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la entidad recurrente y personalmente a la señora Raquel Lucía Franco
Betancur11.
34. Con posterioridad, mediante auto de 21 de mayo de 2021, se ordenó librar
despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Antioquia para que realizara la
notificación personal del auto admisorio de la acción especial de revisión a la señora
Raquel Lucía Franco Betancur, conforme lo previsto en el artículo 253 del CPACA, en
concordancia con los artículos 291 a 293 del CGP.
11
Folios 141 a 142 del expediente físico.
7
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2.3. Contestación a la acción especial de revisión12
35. La señora Raquel Lucía Franco Betancur guardó silencio dentro de la
oportunidad procesal concedida para contestar la presente acción especial.
2.2.3. Auto de pruebas13
36. Mediante auto de 28 de julio de 2022, una vez vencido el término para que la
parte recurrida y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión de la acción
especial de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda y se prescindió del periodo probatorio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
37. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA14.
38. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201915,
por tratarse de un asunto de carácter laboral.
3.2. Oportunidad
39. Pensiones de Antioquia invocó como causales de revisión las previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y teniendo en cuenta que la
sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del
CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta normativa
que precisa lo siguiente:
[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
12
Samai, índice 17.
13
Folio 157 del expediente físico.
14
«Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de
Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la
solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
15
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8
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deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de
la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio […].
40. En el presente caso, la sentencia del 20 de agosto de 2015 se notificó a través
de edicto desfijado el 01 de septiembre de 2015, en ese orden, cobró ejecutoria a los
tres días siguientes, de conformidad con el artículo 331 del CPC16, lo que acaeció el 7
de septiembre de esa anualidad.
41. Por consiguiente, la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente el 20 de
septiembre de 201917, pues se presentó antes del 7 de septiembre de 2020.
3.3. Problema jurídico
42. Conforme a los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso Pensiones de Antioquia, corresponde a la Sala determinar si en el presente
asunto se configuran las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 y, por tanto, es procedente infirmar la sentencia de 20 de agosto de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, se debe
establecer lo siguiente:
i) ¿Si la sentencia de 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Pensiones de
Antioquia?
ii) ¿Si la cuantía del derecho reconocido a Raquel Lucía Franco Betancur excedió lo
debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión
de vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?
43. En este orden de ideas, para resolver los problemas planteados, la Sala analizará
las generalidades de la acción especial de revisión; el alcance de las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y con
posterioridad, realizará el estudio del caso concreto.
16
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
17
Folio 6 del expediente físico.
9
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Demandado: Raquel Lucía Franco Betancur
3.4.1 Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia18.
44. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra las sentencias, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada. Está
regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas19.
45. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»20, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:
a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.
46. Dicha revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la caracterizan
según la jurisprudencia del Consejo de Estado21 y de la Corte Constitucional, a saber:
18
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado
11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
20
Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés
“ […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso
extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. MP. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de
Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. MP. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-
04141-00 REV. MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
21
Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de
Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. MP. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
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i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia22.
ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado23.
iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Pensiones24.
iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se concreta a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde25.
47. A partir de los antecedentes históricos «la revisión creada en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, constituye un mecanismo que hace parte del engranaje de la reforma
pensional plasmada en la citada ley, que tuvo como uno de sus propósitos la reducción
del déficit fiscal para hacer viable financieramente el sistema pensional, como se
observa en la exposición de motivos. Así, en concreto respecto de la revisión de
providencias judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
reconocieron sumas periódicas o pensiones, se indicó que permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la
Nación»26.
48. En cuanto a la causal prevista en el literal a), del artículo 20 de la ley 797 de 2020,
esta Corporación ha sostenido27 que la parte interesada debe demostrar que el
reconocimiento pensional se hizo con desconocimiento de las garantías
constitucionales que componen el derecho al debido proceso, conforme el artículo 29
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A.MP. William
Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
23
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°
de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18
de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. MP. William Hernández
Gómez.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) MP. Gerardo Arenas Monsalve.
27
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
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superior, esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho
a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa.
49. Por su parte, frente a la causal prevista en el literal b), del artículo 20 de la Ley
797 de 202028 esta Corporación ha explicado lo siguiente:
[…]
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del
artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional
un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera
posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
excediera lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas,
las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de
conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se
han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema
General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio
financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente,
de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y
se procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y
conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que
prevalezca el interés general sobre el particular.
[…]”29.
50. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia, ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
28
“[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.
29
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
3.4.2. Cuestión previa
Culminado el trámite de la segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con ocasión del cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la sentencia de 20 de agosto de 2015, objeto de la presente acción
especial de revisión, se registraron una serie de decisiones adoptadas por jueces de
tutela que a juicio de la Sala deben ser analizadas, con el propósito de aclarar el
escenario procesal, previo a que se adopte una decisión de fondo en este asunto, en
los términos que se pasa a explicar.
51. Notificada en legal forma la sentencia de 20 de agosto de 2015, Pensiones de
Antioquia formuló acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia
al considerar que dicha providencia incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo,
al vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, dado que, la reliquidación
pensional ordenada, desconoció los principios de legalidad e inescindibilidad de las
normas aplicables al incluir en el ingreso base de liquidación factores previstos en
disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, a saber, el Decreto 1045 de 1978.
52. Con ocasión de la referida acción, la Sección Quinta de esta corporación a través
de sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016: (i) amparó el derecho fundamental al
debido proceso de la parte accionante; (ii) dejó sin efectos la sentencia de 20 de agosto
de 2015; y (iii) ordenó al Tribunal proferir una sentencia de reemplazo en atención a la
razón de la decisión expuesta en sentencia C-258 de 1013, con los argumentos que
brevemente se relacionan a continuación.
3.4.2.1. Sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado
53. La Sección Quinta de esta corporación consideró que el Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrió en un defecto sustantivo al aplicar normas anteriores a la Ley 100
de 1993 para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de Raquel Lucía
Franco Betancur. Este proceder desconoció el criterio vinculante establecido en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 por la Corte Constitucional, que señalan
que el ingreso base de liquidación está definido según lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, incluso para quienes son beneficiarios del régimen de transición.
54. La sentencia de 20 de agosto de 2015 no solo ignoró el marco normativo vigente,
sino que aplicó de manera parcial decisiones judiciales previas emitidas por el Consejo
de Estado, al violar la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional y los
derechos fundamentales de las partes, como el debido proceso, la igualdad y la
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seguridad jurídica. Lo anterior condujo a una interpretación incorrecta del régimen de
transición y la inaplicación de las normas pertinentes.
55. En estos términos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó dejar sin
efectos la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de agosto
de 2015 y, en consecuencia, dispuso que se profiriera una sentencia de reemplazo
que se ajustara a la razón de la decisión de la sentencia C-258 de 2013, como garantía
de una adecuada aplicación del régimen legal vigente.
56. En cumplimiento a la orden adoptada en sentencia de tutela, el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió nueva decisión para el caso concreto, en los
términos que se resumen a continuación:
3.4.2.2. Sentencia de 12 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado en
sentencia de tutela
57. En esta oportunidad, el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia
proferida el 26 de junio de 2014 por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Medellín para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
58. Explicó el Tribunal que, en la sentencia de tutela de 25 de febrero de 2015, se
estableció que el ingreso base de liquidación para la pensión debe calcularse según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esto implica que dicho ingreso no hace parte del
régimen de transición y debe promediarse sobre los factores salariales devengados en
los últimos diez años de servicio, en concordancia con el inciso tercero de dicho
artículo.
59. En el caso de Raquel Lucía Franco Betancur, los factores salariales del último
año antes de adquirir el estatus pensional no debían incluirse en el ingreso base de
liquidación de su prestación pensional. Por el contrario, el promedio debía considerar
los salarios sobre los cuales cotizó en los diez años previos al reconocimiento de la
pensión, de acuerdo con los parámetros establecidos por las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.
60. En estos términos, el Tribunal estimó que no resultaba procedente acceder a la
reliquidación de la pensión de vejez de Raquel Lucía Franco Betancur, en razón a que
la liquidación en los actos administrativos demandados fue realizada conforme a las
reglas establecidas en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, respetando
el marco normativo vigente.
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3.4.2.3. Sentencia de tutela de 10 de noviembre de 2016 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado30
61. La señora Raquel Lucía Franco Betancur dentro del término previsto para ello
formuló impugnación, contra la decisión de tutela proferida por la Sección Quinta de
esta Corporación, manifestando que «la sentencia que concedió sus pretensiones no
es más que el desarrollo de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado cuya aplicación es ineludible […]».
62. Con ocasión de la referida impugnación, la Sección Primera de esta corporación,
mediante sentencia de tutela de 10 de noviembre de 2016, revocó la sentencia
proferida por la Sección Quinta y en su lugar negó el amparo solicitado, por Pensiones
de Antioquia, con las consideraciones que a continuación se resumen.
63. La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional no es aplicable al caso de
la señora Franco Betancur, ya que su régimen pensional está gobernado por la Ley 33
de 1985, y no por el régimen especial aplicable a los congresistas. En este sentido, el
Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 20 de agosto de 2015 interpretó
correctamente el régimen aplicable al caso en estudio.
64. Respecto de la sentencia SU-230 de 2015, se precisó que, si bien es una
sentencia de unificación, los hechos y fundamentos legales de dicha sentencia no son
aplicables al caso de la señora Franco Betancur.
65. Finalmente, los precedentes jurisprudenciales invocados en la sentencia de tutela
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, sentencias C-258 de 2013 y SU-
230 de 2015, no son pertinentes en este caso, razón por la cual no prospera el cargo
de desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado por la entidad actora, que
dio lugar a la sentencia de tutela objeto de la impugnación.
3.4.2.4. Conclusión
66. Como quedó visto, la sentencia de 20 de agosto de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia fue objeto de varios pronunciamientos en sede de
tutela, incluso, debe decirse que con ocasión del primero de ellos perdió sus efectos y
fue necesario proferir una sentencia de reemplazo. Empero, teniendo en cuenta que
finalmente la decisión de tutela que amparó los derechos fundamentales de Pensiones
de Antioquia fue revocada en su integridad, la sentencia de 20 de agosto de 2015
recobró plenos efectos y quedó en firme, tal y como lo explicó el referido tribunal en
auto de 27 de febrero de 201731.
30
No seleccionada para revisión de conformidad con lo decidido por la Corte Constitucional en auto de 16 de agosto
de 2018.
31
Folios 98 a 99 del expediente físico.
15
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67. Así las cosas, la Sala estima acertada la individualización e identificación de la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 20 de agosto de 2015
como la sentencia objeto de la presente acción especial de revisión, por cuanto, como
quedó visto, es esta y no otra la decisión a través de la cual se definió la controversia
planteada por la señora Raquel Lucía Franco Betancur en torno a la reliquidación de
su prestación pensional.
3.4.3. Análisis del caso concreto
3.4.3.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
de la transición de la Ley 100 de 1993
68. La Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, en el fallo de unificación del 28
de agosto de 2018 se ocupó del ingreso base de liquidación para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de
1985, así:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las
siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
[…]
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100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va
en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La
inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de
servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance
de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen
salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho
criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base32.
69. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100
de 1993, según sea el caso.
3.4.3.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por Pensiones de
Antioquia
70. En el caso bajo análisis, Pensiones de Antioquia sostiene que se configuró la
causal de revisión prevista en el literal a), del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
referente a la obtención de una suma periódica o prestación con cargo al tesoro público
con violación al debido proceso; dado que, en su criterio, a la parte accionada no le
asistía el derecho a la reliquidación pensional en los términos ordenados; sin embargo,
lo que advierte la Sala es que este cargo no configura vulneración alguna de las
garantías del debido proceso, relativas al derecho al juez natural, a la defensa, a la
independencia e imparcialidad del juez.
71. En este sentido, se insiste en que el cargo presentado en la demanda por
violación del derecho al debido proceso de Pensiones de Antioquia concierne
exclusivamente a la censura de la reliquidación pensional con presunto
desconocimiento de la Ley 100 de 1993 y de las sentencias de la Corte Constitucional.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Raquel Lucía Franco Betancur
Por ende, la Sala no evidencia que el cargo esté estructurado para acreditar la
pretermisión de las garantías constitucionales del derecho al debido proceso, como el
derecho de defensa técnica en un proceso sin dilaciones y mediante una providencia
motivada expedida por un funcionario competente, entre otras.
72. Por consiguiente, esta primera causal será desestimada.
73. En segundo lugar, Pensiones de Antioquia alegó la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, porque la sentencia de instancia ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está
regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en
cuanto a los factores salariales. Igualmente, indicó que existió un abuso palmario del
derecho, dado que la reliquidación pensional fue irregular y concedió ventajas
irrazonables a la señora Raquel Lucía Franco Betancur.
74. Descendiendo al estudio de la causal del literal b), se tiene que la Sección
Segunda de esta Corporación en el año 2010 adoptó una tesis jurisprudencial en
cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de la transición de la Ley 100
de 1993, sin embargo, con posterioridad esta cambió a partir de la sentencia de 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo. En
efecto, la Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión en el ingreso base de liquidación — IBL — de todos los
conceptos devengados por el trabajador en el último año de prestación de servicio.
75. En el presente caso, el Tribunal Administrativo Antioquia a través de sentencia
de 20 de agosto de 2015 ordenó la reliquidación de la prestación pensional de la
señora Raquel Lucía Franco Betancur, y para ello, expuso el desarrollo
jurisprudencial del ingreso base de liquidación en la jurisdicción de lo Contencioso –
Administrativo al que previamente se ha aludido, e hizo énfasis en que se compartía
la tesis jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional en sentencia C-258 de
2013 según la cual «el promedio con el cual debía liquidarse la pensión de la actora
era el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993», teniendo en cuenta
los factores salariales previstos en el Decreto 1045 de 1978.
76. Ahora bien, para efectos de verificar si la cuantía de la reliquidación pensional
ordenada en la sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley,
para el caso de la señora Raquel Lucía Franco Betancur es necesario constatar las
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condiciones que se tuvieron en cuenta para adoptar dicha decisión, así:
77. Raquel Lucía Franco Betancur nació el 2 de febrero de 1951 en Medellín,
Antioquia33.
78. Prestó sus servicios como empleada pública en el departamento de Antioquia
entre el 30 de marzo de 1981 y el 27 de noviembre de 2006, esto es, por espacio de
25 años y 232 días.
79. De acuerdo con el «informe de acumulados concepto/empleado del reporte de
nómina del departamento de Antioquia», devengó como factores salariales en el último
año de servicios: asignación básica; prima de navidad; incentivo por antigüedad; prima
de vacaciones; prima de vida cara; subsidio de transporte; vacaciones en tiempo; y
bonificación por recreación34.
80. A través de la Resolución 000009 de 15 de enero de 2007, Pensiones de
Antioquia, reconoció a la señora Franco Betancur pensión de vejez, con fundamento
en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Para determinar el ingreso base de liquidación,
se tuvo en cuenta lo previsto en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.
81. En la sentencia de 20 de agosto de 2015, objeto de revisión, se consideró
que: (i) a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a la señora Franco
Betancur le faltaban más de 10 años para adquirir su estatus pensional, en
consecuencia; (ii) el ingreso base de liquidación de su prestación se calculó con el
promedio devengado durante los últimos 10 años de servicios; (iii) como factores
salariales se incluyeron la prima de navidad, el incentivo por antigüedad y la prima de
vacaciones, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1045 de 1978; y iv) se excluyeron
la prima de vida cara y el subsidio de transporte.
82. Asimismo, se observa que Pensiones de Antioquia a través de la Resolución
2017030223 de 30 de mayo de 2017, dio cumplimiento a la sentencia de 20 de agosto
de 2015 ordenando, entre otros aspectos, el descuento de las sumas que por concepto
de aportes no fueron objeto de cotización, sobre el retroactivo pensional reconocido35
en los siguientes términos:
CONCEPTO A CARGO DE VALOR A CANCELAR
Aportes para pensión El empleado -Dcto del retroactivo por $5.086.817.oo
concepto de 9.232 días cotizados a
Pensiones de Antioquia por factores no
cotizados
33
Folio 175 del archivo visible en el índice 26 de Samai.
34
Folios 25 a 37 del archivo visible en el índice 26 de Samai.
35
Folio 124 a 128 del expediente físico.
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83. Bajo estos supuestos, no hay duda de que la señora Raquel Lucía Franco
Betancur es beneficiaria del régimen de transición, dado que al 30 de junio de 1995
contaba con 44 años, 5 meses y 9 días de edad. Asimismo, se observa que laboró en
la gobernación de Antioquia como Profesional Universitario, Código 219, Grado 02,
por espacio de 25 años y 232 días, devengando la totalidad de los factores salariales
que fueron incluidos en la reliquidación pensional, y sobre los que finalmente el
Tribunal ordenó el descuento refiriéndose puntualmente a las sumas que por concepto
de aportes no fueron objeto de cotización.
84. Por último, esta Subsección ya había tenido oportunidad de pronunciarse en un
caso con similitudes fácticas y jurídicas al que hoy ocupa su atención36, en el cual la
prestación pensional objeto de revisión también había sido reconocida por Pensiones
de Antioquia y las beneficiarias devengaban los mismos factores salariales, que
finalmente fueron incluidos en la reliquidación pensional. En esa oportunidad, como en
esta ocasión, se concluyó que la prestación pensional en cuestión no había excedido
lo debido de acuerdo con la ley, según se explicó así:
En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo con la
ley, pues se demostró que i) es beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de 199537 contaba con
más de 35 años de edad; ii) prestó sus servicios en el departamento de Antioquia; y
iii) durante el último año de servicios percibió los factores respecto de los cuales el
tribunal ordenó la reliquidación de la prestación.
Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente
para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de transición y se
debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición permite
salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad jurídica38.
85. Vistos los argumentos y hechos considerados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para ordenar la reliquidación de la prestación pensional de la señora Raquel
Lucía Franco Betancur, puede concluirse que esta, contrario a lo afirmado por la hoy
accionante, no excedió lo debido de acuerdo con la ley.
86. En estos términos, la sentencia de 20 de agosto de 2015 no incurrió en las
causales de revisión invocadas y, en consecuencia, se declarará infundada la presente
acción de revisión formulada por Pensiones de Antioquia.
36
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de junio de 2023,
Rad. 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019). MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37
Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del orden territorial.
38
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época
en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis
Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV),
demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante:
UGPP.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
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4. Costas
87. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
88. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo
inciso en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
89. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que la acción
especial de revisión ventila un interés público y no se advierte que haya sido
interpuesta con manifiesta carencia de fundamento legal.
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR infundada la acción especial de revisión que Pensiones de
Antioquia formuló contra la sentencia de 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00689-00 (5332-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Raquel Lucía Franco Betancur
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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