Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00911-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00911-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00911-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
15 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: María de los Ángeles Valencia Zuluaga
Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía
reconocida no excede lo debido.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra
la sentencia proferida el 14 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia1, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia emitida
el 5 de septiembre de 2017 por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de
Medellín y se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María de
los Ángeles Valencia Zuluaga contra esa entidad.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
Pensiones de Antioquia solicitó, en ejercicio de la acción de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 14 de
agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la decisión
del 5 de septiembre de 2017 emitida por el Juzgado Veintiocho Administrativo del
Circuito de Medellín, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-33-33-028-2015-01353-01, a través de la cual se
1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 05001-33-3-028-2015-01353-01; actor:
María de los Ángeles Valencia Zuluaga, demandado: Pensiones de Antioquia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María de los Ángeles
Valencia Zuluaga y en consecuencia se declaró la nulidad i) parcial de la Resolución
1007 del 21 de octubre de 2005, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez,
y ii) de la comunicación 20150122580 del 26 de agosto de 2015, por medio de la
cual la entidad recurrente negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez
con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro
del servicio.
Como consecuencia de lo anterior solicitó i) revocar la sentencia del 14 de agosto
de 2018; y ii) declarar que María de los Ángeles Valencia Zuluaga no tiene derecho
a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los
emolumentos salariales percibidos en el último año de servicios.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Mediante la Resolución 1007 del 21 de octubre de 2005, Pensiones de Antioquia
le reconoció pensión de vejez a María de los Ángeles Valencia Zuluaga, equivalente
al 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los últimos 10 años, y con los
factores salariales sobre los que cotizó los cuales están enlistados en el Decreto
1158 de 1994 y 1068 de 1995.
• Con el Oficio 2015012580 del 26 de agosto de 2015, Pensiones de Antioquia le
negó la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los
emolumentos de salario que percibió en el último año de labores.
• Inconforme con la anterior decisión, María de los Ángeles Valencia Zuluaga, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, presentó demanda en orden a que se declare su nulidad, por
cuanto, a su juicio, Pensiones de Antioquia no aplicó el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para
determinar la cuantía de su pensión, es decir, incluida la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicios.
• El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia del 5
de septiembre de 2017 declaró la nulidad parcial del acto administrativo de
reconocimiento pensional y la nulidad de la comunicación contenida en el Oficio
20150122580 del 26 de agosto de 2015. Esta decisión fue apelada por Pensiones
de Antioquia.
2 En adelante CPACA.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
• En sede de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
decisión recurrida.
• Pensiones de Antioquia, a través de la Resolución 2019030408 del 11 de
septiembre de 2019, dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda
instancia y reliquidó la pensión de vejez del solicitante sobre el 75% de los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión3
En sentencia del 14 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión del 5 de septiembre de 2017 emitida por el Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se ordenó la reliquidación
de la pensión de vejez de María de los Ángeles Valencia Zuluaga, sobre el 75 % de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
Para tal efecto, concluyó lo siguiente:
• María de los Ángeles Valencia Zuluaga es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, para el 30 de junio de
1995, fecha de entrada en vigencia de esa norma para los empleados del orden
territorial, contaba con 35 años de edad. En consecuencia, podía acceder a la
pensión con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicios.
• Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente
la proferida el 4 de agosto de 20104, para el reconocimiento de la prestación es
válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de
liquidación, de modo que la liquidación del monto de la pensión se debe establecer
con el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicios bajo
el entendido que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor de
manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé.
• Al momento de liquidar las pensiones de jubilación solo es posible la inclusión de
los factores salariales de creación legal, por tanto, la prima de vida cara y los
viáticos, no pueden tenerse en cuenta para tal fin al ser de naturaleza extralegal,
pues fueron instituidos por medio de ordenanza.
• Los factores salariales a tenerse en cuenta para la liquidación prestacional son:
«además de la asignación básica, el subsidio de transporte, prima de vacaciones, prima de
navidad y el incentivo por antigüedad tal como de manera reiterada lo ha previsto el Consejo
3 Folios 125 al 140
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25
000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
de Estado en razón de la consideración de no taxatividad de los factores de liquidación de
la pensión».
1.2. Las causales de revisión invocadas
La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:
• La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la
Corte Constitucional en sentencias C 258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de
2016, SU-395 de 2017., SU-631 de 2017 y SU-023 de 2018, que determinan que
para los beneficiarios del régimen de transición se les debe respetar las condiciones
de edad, tiempo y monto de la legislación anterior, pero el ingreso base de
liquidación será el dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en
armonía con el Decreto 1158 de 1994.
• La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la
reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados no
le corresponde, puesto que lo correcto era que se hubiese tenido en cuenta las
disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto
del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores salariales para su liquidación.
• La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
María de los Ángeles Valencia Zuluaga se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó que se declare infundada la acción de revisión al considerar
que no se vulneró el debido proceso y la cuantía del derecho reconocido no excedió
lo debido, toda vez que6:
• La entidad recurrente pretende reabrir un debate jurídico concluido, pues el
proceso ordinario fue definido por el juez competente, con la correcta notificación
de las decisiones, el respeto de las garantías en todas las actuaciones adelantadas,
facilitó el derecho de defensa y contradicción; en la oportunidad legal se celebraron
las correspondientes audiencias, se dispuso correctamente la aplicación e
interpretación de las normas legales del régimen de transición pensional que
regulan el caso y con la valoración correspondiente de las pruebas allegadas al
proceso.
5 Folios 1 al 7.
6 SAMAI, índice 10. RECIBE MEMORIALES POR CORREO E LECTRONICO-1-ces2secr@consejoe
stado.ramajudicial.gov.co_09.22.2020_RV CONTESTACION DEMANDA MARIA DE LOS
ANGELES VALE.pdf(.pdf) NroActua 10.
4
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
• Para el momento en que se profirió la sentencia objeto de revisión, no se
encontraban vigentes los precedentes de la Corte Constitucional ni del Consejo de
Estado que fijaron derroteros en el tema del IBL, diferentes de los que se siguieron
en esa providencia, razón por la cual la decisión fue sustentada y fundamentada en
concordancia con los criterios jurisprudenciales dispuestos al respecto por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, aplicable
al caso para el momento de la decisión Judicial.
1.4. Concepto del Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó declarar fundado el recurso e infirmar la sentencia objeto de revisión 7. Lo
anterior, por cuanto la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó
reliquidar la pensión de María de los Ángeles Valencia Zuluaga en cuantía que
excede injustificadamente lo debido de acuerdo con la ley en perjuicio del erario.
La pensión reconocida debe ser reliquidada con fundamento en los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado referentes a los
factores que se deben incluir en el IBL, tales como las sentencias C258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-530 de 2015, Su-627 del 2017, T-615 de 2016 y del 28 de
agosto de 2018 proferida dentro del expediente con radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
7 SAMAI, índice 9. Concepto6513-2019-REVISIÓN Pen siones de Antioquia vs Ma de l os Ángeles
Valencia-concepto MinPúblico.pdf(.pdf) NroActua 9.
.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
2.2. Oportunidad
Al tenor de lo previsto por el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del
día siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento
del acuerdo transaccional o conciliatorio.
En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 14 de agosto de 2018 quedó ejecutoriada el 21 de agosto de 2018 y
la acción de revisión se presentó el 18 de noviembre de 2019, esto es dentro de los
5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, razón por la cual se
impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.
2.3. Los problemas jurídicos
Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia se profirió con vulneración del debido proceso y en
consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido a María de los Ángeles
Valencia Zuluaga excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (1.1) de
la acción especial de revisión de sumas periódicas a cargo del tesoro público; (1.2)
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (2) caso concreto; (3) costas, y (4)
conclusión.
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2010 de la Ley 797 de 200311 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.
Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes13:
10 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»
Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»14.
Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.
14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo
fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la
vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las
expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento
de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de
1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló
un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo
siguiente:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.»
Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el
trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es
mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.
Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la
transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda
el 4 de agosto de 201016 así se refirió al tema:
«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente
sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación.»
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante
y obligatorio17 en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma.»
En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de
todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
17 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)»
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Demandante: Pensiones de Antioquia
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»
Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera, se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)»
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Demandante: Pensiones de Antioquia
La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)»
De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan
con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
La Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que,
al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y
detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la
liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso
administrativo.»
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2.5. Caso concreto
En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, la
Sala advierte lo siguiente:
En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración
a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión18 según la cual de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem.»
En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a cuestionar
el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al momento de
liquidar la pensión de jubilación reconocida a María de los Ángeles Valencia
Zuluaga, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los
elementos que componen el derecho fundamental del debido proceso; por lo tanto,
el examen del recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la decisión objeto de revisión con sustento en la posición
jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de
201019 según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual
y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé».
Al respecto, la recurrente sostiene que la Corte Constitucional de tiempo atrás ha
fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen de transición. En
efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a partir del año 2013
18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las pensiones de los
congresistas y altos dignatarios del Estado. La demandada no tiene tal condición,
pues se desempeñó como profesional universitario en el departamento de
Antioquia20.
Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida el 14
de agosto de 2018, no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.
Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de
la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época en
que se expidió la sentencia recurrida, la posición era que las pensiones de los
servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores
constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del régimen de
transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que la pensión de María
de los Ángeles Valencia Zuluaga se reliquidara además de la asignación básica con
la inclusión de los siguientes factores: auxilio de transporte, incentivo por
antigüedad, y las primas de vacaciones y navidad, los que no tuvo en cuenta la
entidad para liquidar la prestación. En relación con lo anterior, igualmente se
advierte que el Tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia
del 4 de agosto de 2010, que en lo particular dispuso:
«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
20 De conformidad con la certificación expedida el 23 d octubre de 2014 por la secretaría de gestión
humana y desarrollo organizacional de dirección de personal de la gobernación de Antioquia, visible
a folio 26 del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando». [Negrillas del original].
En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
factores devengados expedido el 23 de octubre de 2014 por la Dirección de
Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la
Gobernación de Antioquia21 según la cual, María de los Ángeles Valencia Zuluaga
devengó en el último año de servicios (2004 – 2005) los siguientes factores: i)
asignación básica, ii) subsidio de transporte, iii) vacaciones en tiempo, iv)
retroactivo vacaciones en tiempo, v) prima de vida cara, vi) prima de vacaciones,
vii) incentivo por antigüedad, viii) viáticos y ix) prima de navidad.
Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
• María de los Ángeles Valencia Zuluaga nació el 12 de junio de 195022.
• Prestó sus servicios al departamento de Antioquia, entre el 6 de julio de 1992 y el
28 de noviembre de 2005, y el último cargo ocupado fue el de profesional
universitario23.
• Mediante la Resolución 1007 del 21 de octubre de 200524, Pensiones de Antioquia
le reconoció una pensión por vejez, en consideración al cumplimiento de los
requisitos de la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% de lo devengado sobre el salario
promedio de los 10 últimos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, y con la inclusión de los factores salariales sobre los que
cotizó, y que se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en una cuantía
21 Folios 47 al 55.
22 Folio 83.
23 Folio 26.
24 Folios 43 al 45.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
de $1’653.311, a partir del retiro definitivo efectivo del servicio.
• Con la Resolución 387 del 19 de julio de 200625 se modificó el acto administrativo
descrito en el anterior ítem, toda vez que el tiempo laborado fue de 24 años y 263
días y la cuantía de la pensión correspondía a $1’668.688, a partir del 29 de
noviembre de 2005.
• Mediante el Oficio 2015012580 del 26 de agosto de 201526, Pensiones de
Antioquia le negó a María de los Ángeles Valencia Zuluaga la reliquidación de su
pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos de salario que
percibió en el último año de servicios.
• A través de la Resolución 2019030408 del 11 de septiembre de 201927, en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, Pensiones de Antioquia reliquidó la
pensión de vejez y, por ende, el monto de la mesada pensional aumentó a
$1’898.453, efectiva a partir del 2 de noviembre de 2005, pero con efectos fiscales
a partir del 26 de mayo de 2012 por prescripción.
Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que María
de los Ángeles Valencia Zuluaga recibía antes de presentar la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho y la reliquidación efectuada en cumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia corresponde a la suma
de $229.765.
Adicionalmente, se encuentra acreditado que María de los Ángeles Valencia
Zuluaga laboró al servicio del departamento de Antioquia por más de 10 años,
periodo en el que se desempeñó como profesional universitario, sin que sea posible
establecer que en este lapso ocupó otros cargos, pues Pensiones de Antioquia no
lo planteó en el recurso extraordinario de revisión y de las pruebas que reposan en
el plenario no se puede determinar con certeza.
Asimismo, se observa que en el artículo séptimo del acto administrativo que dio
cumplimiento a la sentencia se dispuso el descuento por aportes sobre los
conceptos incluidos en la reliquidación y que no se hubieran realizado.
Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sobre la pensión de jubilación reconocida a María de
los Ángeles Valencia Zuluaga, no evidencia un incremento desproporcionado o que
no guarde relación con su trayectoria laboral. Por lo que la Sala concluye que la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso
del derecho o fraude a la ley.
25
Folios 69 al 72.
26 Folios 81 a 84.
27 Folios 114 al 158.
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En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo con
la ley, pues se demostró que i) es beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de 199528 contaba
con más de 35 años de edad; ii) prestó sus servicios en el departamento de
Antioquia; y iii) durante el último año de servicios percibió los factores respecto de
los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la prestación.
Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente
para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de transición y se
debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición permite
salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad jurídica 29.
Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 201830 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 14 de agosto de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se
declarará infundada la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia.
2.6. Costas
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
28 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del
orden territorial.
29 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
17
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00911-00 (6513-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que Pensiones de
Antioquia presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 14 de agosto de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva
de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
18
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