RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00102-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00102-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00102-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, que confirmó parcialmente el fallo del Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012) emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, dentro del expediente radicado 76001-33-31-006-2011-00212-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderado de la señora María Eugenia Gallo Toledo al abogado Gustavo Adolfo Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.356.631 y portador de la tarjeta profesional No. 115.778 del C. S. de la J. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. 23 Número Interno: 0103-2020 Accionante: UGPP Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00102-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2020-00102-00 (0103-2020)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Accionada : María Eugenia Gallo Toledo
Trámite : Acción especial de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014,
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala
de Descongestión Laboral. Causal regulada en los
literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca - Sala de Descongestión Laboral, mediante la cual, confirmó
parcialmente el fallo del Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012), dictado por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, que accedió a las súplicas de la
demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la
señora María Eugenia Gallo Toledo.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos
Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de
Descongestión Laboral, mediante la cual, confirmó parcialmente el fallo del Siete (7) de
febrero de Dos Mil Doce (2012), dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito

1
En adelante UGPP.
2
Folio 1-12 expediente físico No. 1

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

de Cali, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-006-2011-00212-01 y, en
su lugar, se revoquen las mencionadas providencias y se declare que, la señora María
Eugenia Gallo Toledo, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es
acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la pensión de la
demandada teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y
como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad
con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013,
SU-230 de 2015 y SU- 427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de
2017; así como, una tasa de reemplazo del 75%.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora María Eugenia Gallo
Toledo nació el Veintiuno (21) de enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) y que
prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desde el
Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), hasta el Trece (13) de
julio de Dos Mil Cuatro (2004), en el cargo de detective especializado.

Agregó que, la extinta Cajanal mediante Resolución No. 49004 del Nueve (9) de octubre
de Dos Mil Siete (2007), reconoció una pensión de vejez a la demandada a partir del
Quince (15) de julio de Dos Mil Cuatro (2004) y en cuantía de Ochocientos Noventa Mil
Cuatrocientos Veintisiete pesos con Ochenta y Siete centavos ($890.427,87), teniendo
en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos Cinco (5) años y
Veintinueve (29) días de servicios prestados, esto es, del Dieciséis (16) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999) al Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004).

Que a través de Resolución No. PAP 032465 del 30 de diciembre de 2010, Cajanal negó
la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante, por nuevos factores salariales.

Señala que, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia del
Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012), declaró la nulidad parcial del acto
administrativo que reconoció la pensión de vejez a la demandante y la nulidad total de la
Resolución No. 032465 que negó la reliquidación de la referida prestación y, ordenó a
CAJANAL reliquidar la pensión teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado durante
el último año de prestación de servicios (13 de julio de 2003 al 13 de julio de 2004). Esta

2

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala de Descongestión Laboral, en providencia de Siete (7) de Octubre de Dos Mil
Catorce (2014), en la que dispuso:

«[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia No. 11 de fecha febrero 7 de
2012, proferida por él JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, que
decretó la prescripción de mesadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. […]»

Indicó que, el anterior fallo quedó ejecutoriado el Veintiuno (21) de enero de Dos Mil
Quince (2015).

Finalmente agregó que, dando cumplimiento al fallo precitado la entidad demandante
mediante Resolución RDP 019472 del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Quince
(2015), reliquidó la pensión de vejez de la señora María Eugenia Gallo Toledo, elevando
la cuantía de esta a $1.242.200, a partir del Trece (13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004),
acto administrativo que fue aclarado mediante la Resolución No. 0229452 del Diecisiete
(17) de julio de Dos Mil Quince (2015), donde se precisó que, la reliquidación de la
pensión era a partir del Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004).

1.2 Sentencias objeto de revisión

El Juzgado Sexto Administrativo de Cali, mediante sentencia de Siete (7) de febrero de
Dos Mil Doce (2012), accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la extinta
Cajanal reliquidar la pensión de la demandada teniendo en cuenta el 75% de todo lo
devengado durante el último año de prestación de servicios (13 de julio de 2003 al 13 de
julio de 2004).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del Siete (7) de Octubre
de Dos Mil Catorce (2014), confirmó parcialmente la decisión de primera instancia,
revocando la declaratoria de la prescripción de las mesadas.

Precisó el Tribunal que, la allí demandante era beneficiaria del régimen de transición
establecido en los decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003; por tanto, su pensión debe ser
reconocida conforme lo preceptuado en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, esto
es, teniendo en cuenta el 75% de los salarios devengados durante el último año de
servicios; aclarando que, en caso de no haber sido objeto de deducción de aportes

3

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

pensionales alguno de los factores a tener en cuenta en la reliquidación, la extinta Cajanal
debía realizar los descuentos respectivos. Como sustento de esta decisión trajo a
colación pronunciamientos de esta Corporación, entre ellos, la sentencia proferida el
Dieciocho (18) de agosto de Dos Mil Cinco (2005), radicado interno (782-04).

Señaló además que, no se configuró el fenómeno de la prescripción trienal establecido
en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; por cuanto, con la reclamación presentada
el Veinte (20) de agosto de Dos Mil Ocho (2008), deprecando la reliquidación se
interrumpió dicho fenómeno de forma oportuna, sin que le sea imputable a la actora la
tardanza de la entidad en dar respuesta a aquella solicitud.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecidas en el literal a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso », y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo

debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto al citado literal a) adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido
proceso por cuanto; «[…] la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos
ordenados en estas no le corresponde, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones
contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos
en cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado transgrede
los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, inciso 2° y 124 de la
Carta Política.»

Y más adelante manifestó: «[…] en cuanto al IBL se debe aplicar la norma general que es el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, de allí que la pensión de vejez se debe liquidar con el promedio de lo establecido
en los últimos 10 años de servicio incluyendo únicamente los factores taxativamente contemplados en el
decreto reglamentario 1157 de 1994; pese a estar esto acreditado, los jueces de conocimiento se apartaron
de lo establecido normativa y jurisprudencialmente accediendo a realizar la reliquidación en el trámite
judicial, conllevando a la violación del debido proceso en el caso concreto, por lo que resulta necesario
declarar probada la causal invocada y revocar la decisión recurrida.»

Ahora, respecto al literal b) precisó que, la cuantía reconocida excede lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables; que
si bien la señora María Eugenia Gallo Toledo, «es beneficiario (sic) del régimen de transición, por
cuanto estaba vinculado en las actividades señaladas en el artículo 2° del Decreto 1853 de 1994 con

4

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

anterioridad a la vigencia de ésta norma (3 de agosto de 1994), acreditando entonces el cumplimiento de
los requisitos para beneficiarse del régimen de transición establecido en el artículo 4° del Decreto 1835 de
1994 por tratarse de un detective del DAS, permitiendo que se apliquen las prerrogativas de transición que
consiste en que las personas que se encuentren inmersas en este régimen, le asiste el derecho a que se
le aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba afiliada, que en el presente caso es el Decreto
1835 de 1994, respetando las condiciones de EDAD, TIEMPO y MONTO, pero en cuanto a la liquidación
o porcentaje del INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN sería aplicable el 75% del promedio devengado sobre
el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón por la cual la
extinta Cajanal anteriormente había reconocido la pensión de vejez con dichas condiciones.» (negrillas del
texto)

Asegura que las «[…] sentencias objeto de revisión, incurren en la causal antes referida toda vez que
al momento de aplicar una disposición normativa e interpretarla en contrariedad a las disposiciones
normativas y al precedente constitucional, ordenado reliquidar la pensión de vejez por cumplir con los
requisitos del régimen de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 del señor (sic)
MARIA AUGENIA GALLO TOLEDO aplicando el ingreso base de liquidación el 75% del promedio
devengado el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales en aplicación a lo dispuesto
en Decreto 1047 de 1978, desconoce la normatividad y el precedente constitucional antes referido
constituyendo así en una grave afectación a la sostenibilidad financiera toda vez que contribuye a aumentar
para el caso concreto en un 28,3184565112563% la mesada pensional de la causante sin que exista
justificación legal ni jurisprudencial para ello.» (negrillas del texto)

1.4 Trámite procesal

La acción especial de revisión fue presentada ante esta Corporación el Diecisiete (17) de
enero de Dos Mil Veinte (2020)3; posteriormente, admitida mediante auto del Seis (6) de
octubre de Dos Mil Veinte (2020)4 y notificada personalmente a la señora María Eugenia
Gallo Toledo el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)5.

1.5 Contestación de la demanda de revisión6

Mediante escrito allegado el seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), la señora
María Eugenia Gallo Toledo, por conducto de apoderado judicial, a quien se le reconocerá
personería por estar ajustado a derecho el memorial poder allegado, se opuso a las
pretensiones de la demanda de revisión7.

3
Folio 483 expediente físico No. 3
4
Folio 490 expediente físico No. 3
5
Índice 00032 de Samai. Notificación efectuada a través de despacho comisorio realizado por el Tribunal Administrativo del Valle.
6
Debe aclararse que, si bien en auto del el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se tuvo por no contestada la
demanda y se decretaron pruebas (Samai – índice 36), revisado el expediente digital se logra advertir que la demandada sí presentó
escrito de oposición, dentro del término legal.
7
Visible en el índice 00029 de Samai.

5

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

Aclaró que la señora Gallo Toledo no es beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993: lo anterior, teniendo en cuenta que al momento
de entrar en vigor dicha norma (1 de abril de 1994) no cumplía con los requisitos allí
establecidos, es decir, no contaba con quince (15) años de servicio ni con treinta y cinco
(35) años de edad. No obstante, en su calidad de detective del DAS su pensión le fue
reconocida teniendo en cuenta el Decreto 1835 de 1994 (actividades de alto riesgo).

El mencionado Decreto 1835 de 1994 estableció su propio régimen de transición en su
artículo 4, el cual se aplica de forma independiente a las disposiciones del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993; en virtud de aquel, teniendo en cuenta que la demandada ingresó al
servicio del DAS el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), esto
es, su pensión se rige por lo dispuesto en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; tal
como lo precisó Cajanal en la Resolución No 49004 del 09 de octubre de 2007.

Precisó que, las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del proceso
ordinario que ordenó la reliquidación de su pensión y que son objeto de este trámite,
aplicaron las disposiciones vigentes para ese momento y que fueron expedidas por el
Consejo de Estado, entre ellas, la sentencia de unificación del Primero (1) de agosto de
Dos Mil Trece (2013). En virtud de lo anterior, conforme lo dispuesto por esta colegiatura
en la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018),
las nuevas disposiciones sobre la forma de calcular el IBL que rigen en la jurisdicción
contenciosa administrativa, no afectan las órdenes judiciales que se hayan proferido con
antelación y sobre las que haya operado el fenómeno de la cosa juzgada, como aquí
ocurrió.

1.6 Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.
II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción según lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 20038, en concordancia con lo previsto en el artículo

8
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»

6

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de
20199.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna toda vez que la sentencia revisada
fue proferida el Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), por el Tribunal
Administrativo del Valle – Sala de Descongestión Laboral, y quedó ejecutoria el Veintiuno
(21) de enero de Dos Mil Quince (2015)10; por su parte, el recurso extraordinario de
revisión fue radicado el Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veinte (2020)11,
concluyéndose que no fue superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo
251 del CPACA.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si, la sentencia del Siete (7) de octubre
de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca -
Sala de Descongestión Laboral, está incursa en las causales de revisión consagradas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional
de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o, si la cuantía de la
pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.1.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

9
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10
Folio 247 del expediente físico, cuaderno No. 2.
11
Folio 483 expediente físico No. 3

7

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente
a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se
hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley»13.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios14.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

12
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

8

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

que el trámite15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 17», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial18.

2.1.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -
Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido
proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación,
en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado19:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,

15
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
17
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

9

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 21.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el
régimen de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU-631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de dicha
norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que el citado régimen otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen pensional especial de alto riesgo que
cobijaba algunos servidores del extinguido DAS y el ingreso base de liquidación de dichas
prestaciones, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las

20
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

10

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y
cuidadoso, que será desplegado a continuación.

2.4.3.1 Régimen pensional especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS –
Evolución normativa.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, a través de la Ley 43 de 1988, el
Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para que
expidiera el «Estatuto del Funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad», el cual debería
comprender, entre otros, un régimen prestacional especial. Dicha labor fue completada
por el Ejecutivo con la expedición del Decreto Ley 1933 de 1989, mediante el cual
determinó que las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional serían aplicables a los
servidores del DAS, con excepción de quienes cumplían funciones de dactiloscopistas
en los cargos denominados: detective agente, profesional o especializado, y del personal
de detectives en sus distintos grados y denominaciones.

La anterior regla determinó una suerte de escisión en las prerrogativas de jubilación de
los servidores del DAS, pues mientras la generalidad de empleados fueron beneficiarios
del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, el personal de detectives de la
entidad fue destinatario del régimen especial establecido por el Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, caracterizado por los siguientes requisitos y prerrogativas:

a. Requisitos de tiempo se servicio y edad22: 20 años de servicios continuos o
discontinuos al DAS, sin requisito de edad.
b. Monto23: 75%.
c. Factores del ingreso base de liquidación24: asignación básica mensual,
incrementos por antigüedad, bonificación por servicios prestados, prima de
servicio, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, gastos
de representación, los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro
o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento
ochenta (180) días en el último año de servicio, y prima de vacaciones.

22
Ver Decreto 1047 de 1978.
23
Ver artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
24
Previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.

11

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

d. Lapso para consolidar el ingreso base de liquidación25: último año de
servicios.

Ahora bien, aunque la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento
de unas nuevas reglas que determinaron la forma de adquirir el derecho a la pensión, el
artículo 140 de dicha norma contempló la necesidad de erigir regímenes especiales de
actividades de alto riesgo con características más favorables en cuanto a los requisitos
de edad y semanas cotizadas.

En ese escenario y según la autorización consignada en el artículo 273 de la Ley 100 de
1993, el Gobierno nacional expidió el Decreto 691 de 1994, el cual incorporó al sistema
general de pensiones a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
dentro de los que se encontraban los funcionarios del DAS, aunque señaló que «Los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al
sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se
determinen»26.

Dichas disposiciones especiales fueron desarrolladas por el Decreto 1835 de 1994,
norma mediante la cual el Gobierno nacional determinó que la actividad a cargo del
personal de detectives del DAS sería considerada como de alto riesgo; estableció
requisitos especiales de edad y tiempo de servicios para adquirir el derecho a devengar
una pensión de vejez; y consagró en su artículo 4 un régimen de transición en virtud del
cual, los detectives del DAS, entre otros, que se encontraban vinculados con anterioridad
a su entrada en vigor27 «no tendr[ían] condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad
para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas
cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad
a la Ley 100 de 1993».

Esas reglas permanecieron así hasta la expedición de la Ley 860 de 200328, a través de
la cual, el legislador modificó el régimen pensional de los detectives del DAS; estableció
el régimen de pensión de vejez por exposición a alto riesgo y señaló sus requisitos de
edad y semanas de cotización; y determinó que el ingreso base de liquidación de esas

25
Conforme al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
26
Artículo 5 del Decreto 691 de 1994.
27
El Decreto 1835 de 1994 entró en vigencia a partir del 4 de agosto de 1994, día de su publicación en el Diario Oficial núm. 41.473,
de esa fecha, pág. 25.
28
Teniendo en cuenta que el régimen especial de actividades de alto riesgo fue modificado por el Decreto 2090 de 2003, reglamentario
del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, y en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "y DAS" contenida en el numeral
tercero de ese artículo, provisto por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1056 de 2003.

12

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

pensiones estaría constituido por los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con
la única novedad de la inclusión de la prima de riesgo de que trata el Decreto 2646 de
1994 en la base de cotización, aunque en un porcentaje del 40%, que aumentó al 50% a
partir del 31 de diciembre de 2007.

Finalmente, resulta importante destacar que la Ley 860 de 2003, en el parágrafo 5 del
artículo 2, también contempló un régimen de transición, según el cual, a «Los detectives
vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de [esa] ley
hubieren cotizado 500 semanas les [será] reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del
régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994».

Así las cosas, el personal de detectives del extinto DAS, conforme a lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, inicialmente gozaron de condiciones más favorables
en cuanto a los requisitos de edad y número mínimo de semanas para acceder a la
pensión de jubilación.

Dichas prerrogativas fueron consignadas, en principio, en el Decreto 1835 de 1994, y
posteriormente, en la Ley 860 de 2003; no obstante, con el fin de proteger las
expectativas legítimas de los detectives del DAS, dichas normas consagraron regímenes
de transición que, previo cumplimiento de ciertas condiciones, otorgaban el derecho a
beneficiarse de requisitos de edad, semanas cotizadas y el monto pensional establecidos
en normas anteriores.

2.4.3.2 Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en el régimen
especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

El asunto relativo al ingreso base de liquidación aplicable al régimen especial de
actividades de alto riesgo del extinto DAS ha sido objeto de múltiples pronunciamientos
por parte de la Corte Constitucional y esta Corporación, quienes han prohijado tesis que
van desde la satisfacción del principio de sostenibilidad financiera del sistema, la
adopción del principio de inescindibilidad normativa, o el acatamiento de los términos
estrictos de las normas.

13

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

Tal estado de cosas fue abordado y descrito en sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 202229, de la siguiente manera:

«80. Con todo, la interpretación del ingreso base de liquidación no ha sido un tema pacífico en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, como pasa a exponerse de manera sucinta:

81. Previamente, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debía atenderse en su
integridad la normativa precedente a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 198930. En este contexto normativo, estimó que eran computables aquellos factores
salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a saber: la asignación
básica mensual; los incrementos por antigüedad; la bonificación por servicios prestados; la prima de
servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio de transporte; la prima de navidad; los gastos de
representación; los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando
se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio
y la prima de vacaciones.

82. Posteriormente, la Sección reiteró la tesis según la cual, tratándose del régimen de transición
pensional, debían atenderse los principios de favorabilidad e inescindibilidad para entender que se
regían por el régimen anterior que les era aplicable. Además, admitió la inclusión de la totalidad de
factores devengados en el último año sin que el criterio de la taxatividad fuera parámetro para el
entendimiento de las normas que identificaban los emolumentos que debían computarse. Esta
interpretación se consolidó con la sentencia del 4 de agosto de 2010 31 y en el caso particular del
DAS, con la sentencia del 1 de agosto de 201332.

83. El anterior criterio se modificó con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 33, en el
cual el Consejo de Estado se alineó con la postura adoptada por la Corte Constitucional a partir de
la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen general de pensiones. Este es el referente que
ha llevado a esta corporación a replantear su posición en cuanto a la interpretación del ingreso base
de liquidación en diferentes regímenes especiales que cobijan a los servidores públicos como el de
la Rama Judicial y Ministerio Público34 y el de Contraloría General de la República35.

84. Tal planteamiento atiende la competencia legal y constitucional tanto del legislador como del
ejecutivo para definir el régimen prestacional de los empleados públicos 36. Así, se reconoce que
dichas autoridades tienen la posibilidad de definir el periodo a tener en cuenta para efecto de
determinar el ingreso base de liquidación, así como los factores que lo integran y la generalidad que
abarca la Ley 100 de 1993, la cual se extiende a los regímenes especiales. Ciertamente, su finalidad
fue la de unificar los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos
en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos los trabajadores del
territorio colombiano, sin considerar la naturaleza de su relación laboral 37.

29
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
30
Se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2006,
radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de
2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
33
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017),
demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 05001-23-33- 00-2012-00572-01 (1882-2014),
demandante: Olga Lucía Bermúdez Parra.
36
En este sentido, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expuso: « La inclusión de todos los factores devengados por
el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las
expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral
y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha
base.»
37
«[…] Con el fin de eliminar la multiplicidad existente de regímenes pensionales, lo cual reafirma la unidad del Sistema, se establece
como regla general que el mismo se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, y sustituye los regímenes, tanto del sector
público como del privado, que regulan esta materia, dejando a salvo de manera explícita, los derechos adquiridos.» Gaceta del
Congreso, Año II, N.° 130, 14 de mayo de 1993, Pág. 7.

14

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

Por las razones citadas, en esa ocasión, la Sección Segunda dispuso ajustar su posición
a la adoptada por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201838, y dictar las siguientes reglas de unificación
jurisprudencial:

«Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente:

1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes
de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen
derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como
el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin
embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

2. Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas
son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas
aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que
tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe
incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS a
otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

3. Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y
el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre los factores
devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser
base de cotización o si omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad
de previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible
al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros
indicados en esta sentencia.»

En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante de los regímenes de transición previstos por los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, también lo es que, con antelación a la emisión
de los fallos de 28 de agosto de 201839 y 28 de julio de 202240, la posición unificadora del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno

38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

15

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos
del país a la hora de proferir sus sentencias.

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022 41,
y con el objeto de aclarar los efectos de ese fallo, estableció los efectos de la decisión de
la siguiente manera:

«Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación son vinculantes en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado la cosa juzgada resultan inmodificables, en
virtud del principio de seguridad jurídica.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes de transición de los servidores
del DAS, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada
que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en jurisprudencia
diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de
lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.»

2.4.3.3 Conclusiones

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco del
establecimiento pensional especial de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes de
transición previstos por los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003,
se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión
en una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de
aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con las sentencias de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 201842 y 28 de julio de 202243 no configura, por sí solo, infracción
de las normas que fijan el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas

41
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

16

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

en el régimen especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes
de transición previstos por los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860
de 2003.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201844 en las que se hubiere preferido
dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallos
de 4 de agosto de 201045 y 1° de agosto de 201346, y no así a la tesis expuesta en
sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las normas que
rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen especial de actividades
de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes de transición previstos por los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.5 Caso concreto.

Debe primero indicarse que, en el acápite de la demanda denominado pretensiones, la
UGPP no hizo mención a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003; sin embargo, en el acápite titulado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN –
DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» del libelo introductorio sí la menciona; no

obstante, sus argumentos no son claros respecto a los motivos por los cuales se pregona
que hubo la violación al debido proceso, la recurrente se enfoca en concluir que tal
vulneración se presenta por cuanto se aplicó indebidamente una norma al litigio
planteado.

La UGPP entonces no formuló reparos constitutivos de una eventual trasgresión al
derecho fundamental al debido proceso, en la que pudiera haber incurrido el Tribunal,
habiendo tan solo realizado un recuento normativo y la interpretación de este,

44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.

17

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

concluyendo con base en él, que hubo un yerro al momento de determinar por el operador
judicial el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al demandado.

En ese orden de ideas, considera la Sala que, la demanda de revisión no desarrolló en
debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003; por tanto, no sale avante dicha pretensión.

La Subsección recuerda que, desde que se profirió la sentencia del 5 de febrero de 2019
por la Sala Especial de Decisión No. 22, esta Corporación ha sostenido que, la
configuración de esta causal, se genera cuando se vulnera alguno de los núcleos que lo
conforman, siendo estos: i) el derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento o, iii) las garantías
de audiencia y defensa, lo cual incluye el derecho a presentar y contradecir pruebas, la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

En la demanda no se argumentó que, el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de
Descongestión Laboral, no fuera competente para proferir la sentencia censurada; o que
se hubieran desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Como tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la decisión
u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial del debido
proceso, por el contrario, se observa que, en el curso del proceso ordinario la entidad
aquí recurrente estuvo representada por apoderado, fue notificada en debida forma y se
le otorgó el plazo para contestar la demanda; así como, para presentar alegatos de
conclusión e interponer los recursos pertinentes, entre ellos, el recurso de apelación en
contra de la decisión de primera instancia.

Sobre el particular, esta Subsección47 en caso de contornos fácticos similares al presente
proceso, sostuvo que, cuando se incumple con el deber procesal de motivar la solicitud
y desarrollar en debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es procedente acceder a la causal de revisión.

47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-
2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

18

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

Así las cosas, se pasa a analizar la segunda causal de revisión, esto es, la establecida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En este sentido, está demostrado que, mediante sentencia del Siete (7) de Febrero de
Dos Mil Doce (2012) el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali ordenó la
reliquidación de la pensión de la señora María Eugenia Gallo Toledo, «[…] en cuantía del
75%, sobre la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de prestación de
servicios (13 de julio de 2003-13 de julio de 2004). […]».

En la aludida sentencia se dijo que, de acuerdo con los decretos 1848 de 1969, 1933 de
1989, 1047 de 1978, 1835 y 1185 de 1994, la liquidación de la pensión de la allí
demandante, en su calidad de detective profesional, se debía efectuar con base en el
75% del promedio del salario devengado durante el último año, con la inclusión de todas
las sumas que habitual y periódicamente recibió como retribución de sus servicios; en tal
sentido se expuso que, la pensión de aquella fue reconocida solo teniendo en cuenta la
asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de riesgo; a pesar que,
durante los años 2003 y 2004,48 también percibió los factores denominados: prima por
servicios y prima de navidad.

El fallo del Juzgado Sexto Administrativo de Cali fue confirmado parcialmente por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión Laboral, a través de
la sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), objeto de este recurso,
en la cual, solo se revocó la declaratoria de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción.

Sobre el particular, precisó el Tribunal que, la allí demandante era beneficiaria del
régimen de transición establecido en los decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003; por
tanto, su pensión debía ser reconocida conforme lo preceptuado en los decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, esto es, teniendo en cuenta el 75% de los salarios devengados
durante el último año de servicios; aclarando que, si alguno de los factores no habían
sido objeto de deducción, la extinta Cajanal debía realizar los descuentos respectivos.

Por su parte, la entidad aquí demandante, solicita se infirme la aludida providencia del
Tribunal afirmando que, aquella es contraria a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 427 de 2016, SU-210

48
Último año de servicios que transcurrió entre el 13 de julio de 2003 y 13 de julio de 2004.

19

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

de 2017; ante lo cual, depreca se ordene la reliquidación pensional teniendo como ingreso
base de liquidación (IBL), lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, como factores salariales, los
consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Ante ello, debe inicialmente precisarse que, conforme lo concluyó el Tribunal, con las
pruebas allegadas al proceso ordinario se logró acreditar que:

La señora María Eugenia Gallo Toledo nació el Veintiséis (26) de enero de Mil
Novecientos Sesenta y Uno (1961), prestó sus servicios al Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, desde el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve
(1979) hasta el Trece (13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), y su último cargo
desempeñado fue el de detective especializado; habiendo adquirido el estatus jurídico de
pensionada el Veintinueve (29) de abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) 49.

De acuerdo con la certificación expedida por el coordinador del grupo de tesorería del
DAS – Seccional Valle del Cauca50, la señora María Eugenia Gallo Toledo, durante su
último año de servicios devengó los siguientes factores: asignación básica, prima de
riesgo, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios y bonificación por recreación.

Que, mediante Resolución No. 49004 de Nueve (9) de octubre de Dos Mil Siete (2007),
la extinta Cajanal le reconoció la pensión de vejez con el 75% del promedio devengado
en los últimos 5 años y 29 días de servicio, conforme lo establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales: asignación básica,
bonificación por servicios y prima de riesgo, efectiva a partir del Quince (15) de julio de
Dos Mil Cuatro (2004)51.

A través de la Resolución No. RDP 038263 del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil
Catorce (2014) 52, la UGPP negó la solicitud de reliquidación pensional presentada por la
aquí demandada.

Que la entidad en cumplimiento del fallo aquí recurrido, mediante Resolución No. RDP

49
Así se desprende de las resoluciones que ordenaron la pensión y su reliquidación; así como de la copia de la cédula de ciudadanía
obrante en el folio 378, expediente físico, cuaderno 2.
50
Folio 367 expediente físico, cuaderno No. 2.
51
Folio 335-336 expediente físico – cuaderno 2
52
Folio 387 expediente físico – cuaderno 2

20

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

019472 de Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Quince (2015) 53, reliquidó la pensión de
la demandada, a partir del Trece (13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), teniendo en
cuenta los factores: asignación básica, prima de riesgo, prima de servicios, prima de
navidad, y bonificación por servicios prestados, devengados durante su último año de
servicios (2003 a 2004); así como, dispuso el descuento por los aportes pensionales no
efectuados sobre los factores tenidos en cuenta en la reliquidación.

El anterior acto administrativo fue aclarado mediante Resolución No. RDP 029452 del
Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince (2015) 54, a fin de precisar que, la reliquidación
de la pensión de la señora María Eugenia Gallo Toledo se haría efectiva a partir del
Catorce (14) de julio de Dos mil Cuatro (2004).

Analizado el sub examine, tenemos que, la reliquidación efectuada en virtud del fallo
proferido por el Tribunal, no constituye un incremento excesivo e injustificado de la
mesada pensional, por lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como
tampoco que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

La Sala resalta que, la sentencia materia de censura, atendió la posición jurisprudencial
de esta Corporación, que se encontraba en vigor al momento en que se profirió, esto es,
la establecida en la sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil
Diez (2010); así como, estuvo en línea con lo resuelto por esta Colegiatura mediante
sentencia del Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013) proferida dentro del radicado
44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11), donde justamente se analizó el caso de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que se les aplicaban los
decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, precisándose que aquellos gozan de un régimen
especial de pensiones, y se concluyó que estos tenían el derecho a que su pensión les
fuera reliquidada teniendo en cuenta el 75% de la totalidad de los ingresos laborales
percibidos durante el último año de servicios, incluyendo la prima de riesgo; en ese orden
de ideas, al haberse dado aplicación a dicho precedente, vigente para ese momento en
la jurisdicción contencioso administrativa, no se configura una trasgresión normativa
directa, ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

Debe precisarse además que, tal como se dijo en precedencia, la forma de calcular el IBL
varió en esta jurisdicción a partir de la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de

53
Folio 352-356 expediente físico – cuaderno 2
54
Folio 393-394 expediente físico – cuaderno 2

21

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)55; providencia que justamente aclaró que, en las
sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de ese pronunciamiento de
unificación jurisprudencial, en las que no se hubiere dado aplicación a la tesis expuesta
en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, siempre que se basaran en la posición de unificación impuesta por esta
Corporación, entre ellas, en las sentencias del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez
(2010) y del Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013).

La decisión del Tribunal en la sentencia objeto de reproche está en línea con las
disposiciones de los citados fallos; por tanto, su decisión se ajustó a un precedente
jurisprudencial que resultaba aplicable al caso bajo examen.

Adicionalmente, debe indicarse que, la reliquidación pensional que se otorgó a la
demandada producto de la sentencia objeto de reproche, no atenta contra el interés
general, ni constituye detrimento de los recursos estatales, como tampoco genera un
desequilibrio a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; lo anterior dado que, no es
una pensión excesiva, ni desproporcionada, aquella se basó en lo devengado por su
beneficiaria durante el último año de servicios y se dispuso que, en el evento de no
haberse pagado la totalidad de los aportes de ley sobre los factores que se ordenó su
inclusión, la entidad pagadora de la pensión debía realizar los descuentos
correspondientes, en aras de garantizar justamente la sostenibilidad financiera del
sistema.

En consecuencia, se insiste, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal, no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional,
por lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco que se
haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley; aquella acogió la
jurisprudencia vigente para el momento en que se ordenó la reliquidación.

Vistas así las cosas, se concluye que no se configuraron en este asunto, las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; por tanto, se
declarará infundada la presente acción.

55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

22

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

2.6 Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que, no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce
(2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Descongestión Laboral, que confirmó parcialmente el fallo del Siete (7) de febrero de Dos
Mil Doce (2012) emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, dentro
del expediente radicado 76001-33-31-006-2011-00212-01, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderado de la señora
María Eugenia Gallo Toledo al abogado Gustavo Adolfo Ortiz, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.356.631 y portador de la tarjeta profesional No. 115.778 del C. S. de
la J.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

23

Número Interno: 0103-2020
Accionante: UGPP
Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y

24

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.