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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00106-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00106-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001 33 31 005 2015 00473 00, que confirmó la sentencia de 26 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. 24 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 835 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00106-00 (0107-2020) Demandante: UGPP TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00106-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00106-00 (0107-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Ana Deiba Muñoz Narváez
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
19001333300520150047300.
II. ANTECEDENTES

2.1 Proceso ordinario inicial2

2.1.1 La demanda
2. La señora Ana Deiba Muñoz Narváez, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes
declaraciones y condenas:

• La nulidad de las Resoluciones: (i) PAP 018293 del 12 de octubre de 2010,
expedida por la extinta Cajanal, por la cual se negó el reconocimiento y pago de

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2Índice 12 de la plataforma SAMAI. Archivo principal.pdf folios 104 - 123

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Demandante: UGPP

una pensión gracia; (ii) PAP 039263 del 16 de febrero de 2011,
emitida por la misma entidad, a través de la cual se resolvió un recurso de
reposición; (iii) Resolución 19915 del 17 de diciembre de 2012, proferida por la
UGPP, por la que se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
gracia; (iv) RDP 008875 del 26 de febrero y RDP 011021 del 6 de marzo de 2013
ambas, con las que se desataron los recursos de reposición y apelación.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, de conformidad con las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, teniendo como IBL el
salario promedio mensual devengado en el último año de servicios anterior a la
fecha de cumplimiento de su estatus, prestación efectiva a partir del 30 de marzo
de 2009.

2.1.2 Hechos Relevantes
3. La señora Ana Deiba Muñoz Narváez nació el 30 de marzo de 1959 y fue
nombrada profesora municipal de la vereda el Púlpito a través de Decreto del 10
de septiembre de 1973, expedido por el alcalde municipal de Taminango –
Nariño, cargo del que tomó posesión el 10 de septiembre de 1973.

4. Mediante Decreto 0017 del 2 de septiembre de 1974 de la mencionada
autoridad, la demandada fue nombrada directora en la misma institución, tomó
posesión de ese cargo el 16 de septiembre de 1974 y nuevamente por Decreto
0029 del 29 de agosto de 1975, fue designada directora desde el 15 de
septiembre de 1975. La Alcaldía municipal de Taminango, por medio de la
Resolución 0632 del 28 de septiembre de 2009, ordenó la reconstrucción de los
actos de designación ya citados.

5. El alcalde del Municipio de Piendamó (Cauca) a través de la Resolución
000982 del 11 de diciembre de 2009, ordenó la reconstrucción de los actos
administrativos de nombramiento de los años 1978, 1979, 1981 y 1982, cuando
la demandada fue nombrada docente de la escuela rural mixta Los Arados de
esa municipalidad. Luego, con Decreto 0652 del 23 de agosto de 1994, la
demandada se incorporó a la planta de personal docente del Municipio de
Piendamó desde el 1 de septiembre de 1994 y a través del Decreto 0495 del 6
de junio de 2007, fue incorporada a la Planta Global de cargos del Departamento
del Cauca.

6. Que adquirió el estatus de pensionada el 30 de marzo de 2009, por lo que el 6
de julio de 2010 solicitó el reconocimiento y pago de su pensión gracia, petición
que fue resuelta en forma negativa por la entidad demandante.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
7. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron
los artículos 2, 13, 25, 48, 53, 58, 93 y 209 de la Constitución Política; los artículos
1, 17, 21, 23, 24 y 26 de la Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprobó la
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Demandante: UGPP

Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9,
15 y 19 de la Ley 319 de 1996, por la cual se aprobó el protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928; Ley 37
de 1933; Ley 91 de 1989. Que, al no aplicarse tales disposiciones, se le negó el
derecho pese a cumplir con los requisitos, resaltando que nunca tuvo la condición
de docente nacional.

2.1.4 Sentencia de primera instancia3
8. El Juzgado Quinto Administrativo de Popayán, mediante providencia de 26 de
julio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

9. Expuso que contrario a lo decidido por la entidad en sede administrativa, la
docente si laboró un tiempo de servicio superior a 20 años, con vinculaciones del
orden municipal y departamental que iniciaron el 10 de septiembre de 1973 y se
prolongaron en períodos discontinuos hasta el 30 de septiembre de 2009, lo cual
se respaldó en certificaciones laborales; y que además cumplió con las otras
exigencias para obtener la pensión gracia, por lo que ordenó el reconocimiento
de la misma a partir del 30 de noviembre de 2012, por efectos de la prescripción,
prestación liquidada con el 75% del salario promedio y factores devengados en
el año anterior al estatus.

2.1.5 Recurso de apelación 4

10. La UGPP apeló el fallo en cita, insistiendo en que, según certificado de
tiempos de servicios de 29 de septiembre de 2011, la docente laboró desde el
año 1994 en el orden nacional, periodo que no puede tenerse en cuenta para
obtener la pensión gracia.

2.1.6 Sentencia objeto de revisión5
11. El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia de segunda instancia el
6 de diciembre de 2018, en la que confirmó la providencia expedida por el
Juzgado Quinto Administrativo de Popayán el 26 de julio de 2017.

12. Explicó que no prosperaba la inconformidad de la entidad apelante, dado que
estaba probado que con Resolución 0632 del 28 de septiembre de 2009, el
alcalde del Municipio de Taminango – Nariño, ordenó la reconstrucción de los
actos de nombramiento de la docente debido a la pérdida de estos, advirtiéndose
que i) el 10 de septiembre de 1973, fue nombrada en la Escuela el Púlpito, y
posesionada el 17 de septiembre de 1974; y ii) con Decreto 0029 del 29 de agosto
de 1975, fue designada directora en la misma institución, posesionándose el 15
de septiembre de 1975; además se encontró certificación laboral emitida por el

3 Índice 12 de la plataforma SAMAI. Archivo principal.pdf folios 224 a 237
4 Índice 12 de la plataforma SAMAI. Archivo principal.pdf folios 239 a 243
5 Índice 12 de la plataforma SAMAI. Segunda Instancia.pdf folios 239 a 243

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por ente territorial que da cuenta que laboró como docente
municipal desde el 10 de septiembre de 1973 hasta el 31 de agosto de 1976, esto
es, 2 años, 11 meses y 21 días, con vinculación territorial.

13. También se encontró probado la prestación del servicio desde el 1 de enero
de 1978 al 15 de enero de 1979 y del 16 de enero de 1981 al 30 de agosto de
1982, fecha en la que presentó renuncia, para un total de tiempo de servicio de
2 años, 7 meses y 29 días; seguidamente fue incorporada a plaza docente de
tiempo completo, a través del Decreto 0652-0823-94 del 23 de agosto de 1994
aclarado por el Decreto 0733-09-1-94, ambos expedidos por el gobernador del
Cauca; y finalmente fue incorporada a la planta de personal docente de los
municipios no certificados del departamento del Cauca, con cargo al Sistema
General de Participaciones de conformidad con el artículo 2 del Decreto 3010 de
2002 y los Decretos 2646 de 2003 y 0274 de 2005.

14. En ese orden, se precisó que si bien en la designación intervino el FER, al
tenor de la sentencia de unificación el 21 de junio de 2018, por ese solo hecho
no podría calificarse como docente del orden nacional; y en todo caso, militaba
certificado del 28 de octubre de 2009, expedido por el departamento del Cauca,
entidad que nominó a la demandante en el año 1993, que señaló que la
naturaleza del vínculo era territorial; ahora, si bien obraba otro certificado del 29
de octubre de 2014, que daba cuenta por el contrario de una naturaleza nacional;
realizada una valoración en conjunto, concluyó el tribunal que la designación
efectuada en el año 1994 no era nacional, incluso con ese acto se incorporó al
personal docente que venía vinculado de manera temporal. Así las cosas y dado
que el nombramiento efectuado en esa oportunidad se realizó de conformidad
con la Ley 60 de 1993 y su Decreto reglamentario 2676 de la misma anualidad,
resulta claro que las erogaciones con las que era pagada prevenían del situado
fiscal hoy Sistema General de Participaciones, siendo competencia del
departamento del Cauca realizar la administración, por ser este el ente
certificado.
2.1.7 La acción especial de revisión6
15. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social invocó como causales de revisión las
consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma
que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra
acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

6 Folios 1 a 16 del expediente principal
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16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en
síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia proferida el 26 de julio de 2017, por el Juzgado Quinto
Administrativo de Popayán, confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca
el 6 de diciembre de 2018, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Ana Deiba Muñoz Narváez
en contra de la UGPP.

ii) En consecuencia, declarar que a la señora Ana Deiba Muñoz Narváez, no le
asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no acreditó
20 años de servicio docente con vinculación de carácter departamental,
municipal, distrital o nacionalizada.

iii) Ordenar a la demandada restituir a la UGPP la totalidad de las dineros
percibidos y recibidos por el reconocimiento de la pensión de vejez especial
reconocida, con la correspondiente indexación, como consecuencia de las
ordenes impartidas en la sentencia objeto de revisión.

iv) Que el pago que se efectué a favor de la entidad se haga en forma actualizada
e indexada de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los
intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibidem, sobre los valores
pagados por concepto del reconocimiento de la pensión gracia.

17. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social sostuvo
que a la demandada no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, teniendo en cuenta tiempos de carácter nacional.

18. La decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en una
violación al debido proceso, en tanto el reconocimiento de la pensión gracia no
se ajusta a derecho, lo procedente era dar una correcta aplicación a las
disposiciones que reglamentan la prestación. La demandada no logró acreditar
el tiempo mínimo establecido para el reconocimiento de la prestación.

19. De conformidad con los medios de prueba aportados en el expediente
ordinario, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de
septiembre de 2009, la vinculación de la demandada fue del orden nacional, lo
anterior teniendo en cuenta que en la certificación de tiempos de servicio allegada
por el Departamento de Nariño el 13 de septiembre de 2019, se evidencia que la
docente tiene una vinculación del orden nacional, por lo que esos tiempos no se
pueden considerar para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

20. Los tiempos de servicio prestados por la docente en ese periodo,
corresponden aquellos en que la educación ya había sufrido el proceso de
transformación y se encontraban totalmente a cargo de la Nación, circunstancia
que se convalida con las diferentes certificaciones aportadas en el proceso, en
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donde se indica que los tiempos se prestaron con vinculación de
tipo nacional, por lo que no pueden ser considerados para el reconocimiento de
la prestación de gracia.

21. No se comparte la decisión del Tribunal de tener los tiempos nacionales como
nacionalizados, lo anterior teniendo en cuenta que en sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, proferida por esta Corporación, no se hizo distinción en
el manejo y naturaleza jurídica del situado fiscal, antes y después de la Ley 60
de 1993, por esa razón las transferencias que la Nación efectuaba a las entidades
territoriales en vigencia del acto legislativo 01 de 1968 desarrollado por la Ley 46
de 1971, por concepto de situado fiscal, no eran recursos propios de las
entidades territoriales, y por tal no pueden ser calificados como recursos cedidos
por la Nación a las entidades territoriales.

2.1.8 Contestación

22. Enterada de la existencia del presente asunto la señora Ana Delia Muñoz
Narváez, no contestó el recurso extraordinario de revisión.

23. El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia se abstuvo de
emitir pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia
24. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2 Oportunidad
25. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de

7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]».

26. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

27. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 6
de diciembre de 2018 por parte del Tribunal Administrativo Cauca, ejecutoriada
el 14 de diciembre de 2018, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de
la Corporación el 17 de enero de 20208, es decir, en término para impetrar la
acción especial de revisión.

3.3 Problema jurídico
28. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 6 de diciembre de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, incurrió en las causales
de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
al condenar a la UGPP a reconocer y pagar a la señora Ana Deiba Muñoz
Narváez una pensión gracia, a partir del 30 de noviembre de 2012, teniendo en
cuenta para tal efecto el 75% del salario promedio devengado en el último año
de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es del 30 de
marzo de 2008 al 30 de marzo de 2009, con la inclusión de todos los
emolumentos devengados en este periodo.

29. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4 La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

30. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede

8 Folio 16 vto. Del expediente físico
9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
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Demandante: UGPP

entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa
juzgada , que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las
10

que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden
subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del
proceso.

31. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia12 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado13, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

32. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 14 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
14 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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Demandante: UGPP

Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias
judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.

33. Según la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-427 de 2016, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de
2003, la legitimación para interponer la acción de revisión recae en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones
llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero. En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, al ser
una entidad administradora encargada de reconocer y pagar obligaciones
pensionales, está legitimada para interponer la presente acción de revisión.

3.5 Análisis de la Sala

3.5.1 En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

34. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

35. En sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: i) el derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa; iiii) las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.

36. Esta Subsección de manera reiterada ha sostenido que la acción especial de
revisión no es un mecanismo para reabrir asuntos debatidos en el curso del
proceso ordinario, especialmente efectuar nuevas valoraciones sobre el acervo
probatorio que fue puesto en consideración del juez natural , no obstante, esta
circunstancia no impide el estudio de los cargos formulados bajo la causal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuando se advierte que, más allá de la

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Demandante: UGPP

discrepancia en la apreciación de las pruebas, se denuncia
vulneración a las garantías constituciones que enmarcan el debido proceso15.

37. Pues bien, en este caso la UGPP cuestiona la sentencia de 26 de julio de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se
confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Popayán que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor
de la señora Ana Deiba Muñoz Narváez, considerando que la autoridad judicial
tuvo en cuenta para el reconocimiento pensional tiempos del orden nacional
servidos por la docente demandada entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de
septiembre de 2019, existiendo certificado de tiempos de servicios expedida por
el Departamento de Nariño el 13 de septiembre de 2019, que respaldan dicha
naturaleza; sumado al formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca del
16 de agosto de 2005, que evidencia que el régimen de cesantías es anual y que
el régimen de pensiones es nacional.

38. Sea lo primero señalar que la certificación calendada el 13 de septiembre de
2019, documento con fundamento en la cual el apoderado de la UGPP sienta su
inconformidad respecto a la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, fue expedida con posterioridad a la ejecutoria de la mencionada
sentencia, esto es el 14 de diciembre de 2018, razón por la cual era imposible
que la autoridad judicial considerara su contenido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora Muñoz Narváez.
Además, llama la atención de la Sala que el mencionado documento no fue
aportado con la acción especial de revisión, en consecuencia, se desconoce su
contenido, razón por la cual es imposible contrastar dicha información.

39. En ese sentido, salta a la vista que la prueba aludida por el apoderado de la
entidad demandante no fue controvertida en el curso del proceso ordinario, en
consecuencia, se itera la acción especial de revisión no es el mecanismo indicado
para reabrir el debate probatorio o pretender la incorporación de nuevos
documentos que pudieron allegarse en la oportunidad procesal pertinente.

40. De otra parte, refiere el apoderado de la entidad la certificación expedida por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de
Educación del Departamento del Cauca, en donde se consigna que la docente
pertenece al régimen de cesantías anual y que el régimen de pensiones es
nacional, razón por la cual no era posible el reconocimiento de la pensión gracia.
Sobre el particular encuentra la Sala que en la sentencia objeto de censura el
Tribunal Administrativo del Cauca, señaló:

“(...)
En el sub juice se allegó certificación elaborada el 28 de octubre de 2009, por el
departamento del Cauca, entidad que nominó a la demandante en el año 1993,
certificando que su vinculación es del orden departamental; esto con fundamento en

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de octubre de 2025. Magistrado

Ponente Dr. Jorge Iva Duque Gutiérrez. Expediente. 11001032500020200096000 (2910-2020)
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los actos administrativos de la historia laboral y los certificados de
salarios de la demandante.16

Sin embargo, según formato único para la expedición de historia laboral del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio consecutivo No. 38273 elaborado
por el departamento del Cauca, de 29 de octubre de 2014, se consigna que “SEGUN
BASE DE DATOS DE LA FIDUPREVISORA SUMINISTRADA POR EL FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES PRESENTA RÉGIMEN DE ANUALIDAD CON
VINCULACIÓN NACIONAL”17

Ante esa divergencia, es necesario acudir a las demás pruebas obrantes en el
plenario donde reposa certificados expedida por el municipio de Piendamó que da
cuenta que la actora laboró como docente desde el 15 de enero de 1989 hasta el 30
de junio de 1994, a través de contrato de prestación de servicios18, y dado el carácter
temporal de su vinculación, fue nombrada por el gobernador del Cauca a través del
Decreto No. 0652-0823 de 23 de agosto de 1994, incorporándose a la plaza de tiempo
completo.

Para esta Corporación, el nombramiento realizado e 1994 no se trató de una nueva
vinculación, sino de la formalización del vínculo laboral, pues como en el mismo
encabezado del acto se indica, se incorporó al personal docente que se encontraba
de manera temporal.

Ahora bien, dado que el nombramiento efectuado en esa oportunidad se realizó de
conformidad con la Ley 60 de 1993 y el Decreto reglamentario No. 2676 de esa misma
anualidad, deberá acudirse a las normas en cuestión para vislumbrar el carácter del
nombramiento.
(...)

Conforme la norma en cita, resulta claro para esta Sala que las erogaciones con las
que era pagada la demandante provenían del situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, siendo competencia del departamento del Cauca realizar la
administración, por ser este un ente certificado.

Así las cosas, dado que en 1993 no se trató de un nuevo vínculo y su salario provenía
del situado fiscal, no hay ningún elemento de juicio que permita concluir que en efecto
la vinculación era del orden nacional, como lo pretende hacer ver la defensa de la
UGPP; razón por la cual, el cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.

Se resalta que se dará pleno valor probatorio a la certificación expedida por el ente
nominador -departamento del Cauca- en el 2009, desechando de esta manera el
certificado consecutivo expedido en el 2014, en tanto, según se indica en esta último,
la información fue tomada del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ente
que no era el nominador de la docente.”

41. Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo alegado por la UGPP, verifica
la Sala que el Tribunal Administrativo del Cauca con fundamento en los medios
documentales de prueba allegados al proceso, concluyó que a la educadora le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, teniendo en
cuenta que el tiempo de servicio acreditado era del orden territorial y
departamental, para lo cual emitió la valoración del material probatorio obrante

16 Folio 71-72 C. Ppal.
17 Folio 73 – 74 ibídem
18 Folio 151 medio magnético. Archivo ”0501 CERTIFICADO DE INFORMACION LABORAL-8-2016-07-
07_112333.PDF”
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en el plenario, sustentando las razones por las cuales no daba
mérito a la certificación emitida en el año 2014.

42. Ahora bien, por ser de interés para este asunto, respecto al tiempo de servicio
entre el 1 de septiembre de 1994 al 30 de septiembre de 2019, la autoridad
judicial consideró conforme a la certificación elaborada el 28 de octubre de 2009
por el departamento del Cauca, entidad que nominó a la docente desde el año
1993, que su vinculación era del orden departamental, tal como dan cuenta los
actos administrativos que integran la historia laboral y los certificados de salarios.

43. Especialmente respecto a la vinculación con el Municipio de Piendamó entre
el 1 de abril de 1994 y el 30 de septiembre de 2019, obra en el plenario
certificación que data del 19 de noviembre de 2009, expedida por el Grupo de
Hojas de Vida, Registro y Control de la Secretaría de Educación y Cultura de la
Gobernación del Cauca, en donde se hace saber que la señora Muñoz Narváez
es docente con vinculación departamental que para ese momento prestaba sus
servicios en la Escuela Rural Mixta los Arados, así mismo se lee:

44. En consecuencia, la vinculación que data del año 1994 es del orden
departamental, tal como lo certificó la entidad nominadora, esto es la secretaría
de educación y cultura de la Gobernación del Cauca. Si bien es cierto mediante
Decreto 0652 del 23 de agosto de 1994, la demandada fue incorporada en la
planta de personal docente del municipio de Piendamó, documento en el cual
actúa el Gobernador del Cauca como presidente de la Junta Administradora del
FER, esta circunstancia no implica que la vinculación de la demandada sea del
orden nacional, lo anterior teniendo en cuenta la orientación impartida por
Corporación en sentencia de unificación E-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201819, en la cual sobre el particular se precisó:

“(...)v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.(...)”

19 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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45. En ese escenario, no puede alegarse la existencia de una
irregularidad en la valoración probatoria, más si se tiene en cuenta que la
certificación a que hace mención la entidad demandante en el contenido del
recurso, fue expedida con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia objeto de cuestionamiento en el presente asunto. Además, se
itera, la decisión adoptada por el Tribunal tiene fundamento en los medios
probatorios que obraban en el plenario, en virtud de los cuales se llegó a la
conclusión de que los vínculos de aquella fueron de naturaleza municipal y otro
departamental, lo que le da el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

46. Por lo anterior, estima la Sala que no se configura vulneración al debido
proceso, y por el contrario lo que ocurre, es que la demanda cuestiona la
valoración probatoria efectuada por el tribunal en la sentencia objeto de revisión;
de tal manera que no prospera el cargo invocado con fundamento en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2 En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

47. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente20 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa21 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones22,
en especial, el principio de solidaridad23 y equilibrio financiero.

48. Sobre el particular el apoderado de la UGPP sienta sus argumentos de
disenso en la ilegalidad del reconocimiento pensional efectuado a favor de la
señora Ana Debia Muñoz Narváez, ante el presunto incumplimiento del requisito
de tiempo de servicio docente territorial o nacionalizado, dado que en sentir de la
entidad, el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de
septiembre de 2019, es del orden nacional, razón por la cual no podía ser
considerado para efectos del reconocimiento de la pensión; pero al haberse
reconocido aquella se lesiona el erario, ya que la Nación debió asumir el pago de
la prestación.

49. Lo anterior significa que, la censura esbozada por la entidad no está asociada
con la cuantía en que se reconoció la prestación en los términos indicados por el

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.

21 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.

22 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.

23 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que no se
alega una incorrecta liquidación en razón a la inclusión de un factor salarial al que
no tenía derecho, o que la prestación haya sido reconocida en una cuantía
superior a la que en derecho corresponde.

50. Así las cosas, claro es que la entidad demandante con los argumentos
esbozados no señaló en forma clara y exacta los motivos por los cuales la
mesada pensional reconocida a favor de la educadora excede los límites
establecidos en la ley; por el contrario, su argumentación se funda en la ilegalidad
del derecho reconocido, lo cual no encuadra en la causal b). En todo caso, dicha
inconformidad se abordó bajo el análisis de la causal a), cargo que no prosperó.

51. En consecuencia, al no quedar demostrada la configuración de las causales
de revisión invocadas, se declarará infundada la acción especial de la referencia.

3.6 Condena en costas

52. Dado que esta Sección24 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 19001 33 31 005 2015 00473 00, que confirmó la
sentencia de 26 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Popayán, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

24 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00106-00 (0107-2020)
Demandante: UGPP

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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