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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00578-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00578-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el FONCEP contra la sentencia del 11 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., que accedió las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Condenar en costas al FONCEP en favor de la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00578-00 (1447-2020) Tercero: Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00578-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00578-00 (1447-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandada: Gloria Amparo Garzón de Rojas

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Ingreso base de liquidación de empleada
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del 11 de
noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Bogotá2, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas nació el 1.º de septiembre de 1950 y
laboró para la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. como auxiliar de servicios
generales entre el 4 de marzo de 1969 y el 7 de marzo de 2001.

Que, al haber cumplido los 50 años, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, actual
FONCEP, mediante Resolución 1844 de 12 de octubre de 2001 le concedió una
pensión de jubilación, equivalente al 75% del promedio de los ingresos devengados
durante el último año de servicio. Esta pensión resultó en una suma de $369.826,
efectiva a partir del 7 de marzo de 2001.

Que la mencionada prestación, fue reliquidada por medio de la Resolución 1776 del
29 de agosto de 2003 teniendo en cuenta el reajuste salarial para el último año al retiro
del servicio oficial, quedando con una pensión de $383.626, efectiva a partir del 7 de
marzo de 2001.

Que la pensionada solicitó al FONCEP la reliquidación de la pensión de jubilación
incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de

1 La presentación del recurso se efectuó el 28 de febrero de 2020, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el folio 19 vuelto del expediente físico.
2 Decisión que accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido

por la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas.

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servicios, petición que fue negada a través de Oficio 2014EE2222 O1 del 20 de febrero
de 2014, acto administrativo que no concedió recursos.

Que la señora Garzón de Rojas, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho presentó demanda en contra del FONCEP, con el fin de obtener la nulidad
del Oficio 2014EE2222 O1 del 20 de febrero de 2014, a través de la cual se negó la
reliquidación pensional teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio.

Que, como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada a:
i) reliquidar y pagar la mesada pensional teniendo en cuenta el promedio de 75% de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, es decir,
además de la asignación básica ya reconocida, los conceptos de auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima
de servicio, prima de navidad y vacaciones en dinero; ii) reconocer y pagar la diferencia
pensional entre la pensión reliquidada y la pensión reconocida y que sean
debidamente indexadas y; iii) cancelar los intereses moratorios al igual que las costas
procesales.

Que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, el 11 de noviembre
de 2016 profirió sentencia a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó al FONCEP a reliquidar la pensión de vejez, a favor de la accionada.

Que frente a esta decisión no se interpuso recurso alguno.

Que el FONCEP mediante Resolución SPE-GP-NUMERO 062 del 24 de noviembre
de 2017 dio cumplimiento a la sentencia en comento, reliquidando la pensión en una
suma de $1.101.656, efectiva a partir del 1.º de diciembre de 2016.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la providencia del 11 de noviembre de 2016, el Juzgado Veintiuno Administrativo
del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando la
reliquidación de la pensión, incluyendo además de la asignación básica ya reconocida,
otros factores salariales. Para ello, desarrolló los siguientes planteamientos:

Que la accionante estuvo vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá desde el
4 de marzo de 1969 hasta el 7 de marzo de 2001, desempeñándose como auxiliar de
servicios generales.

Que la demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, ya que, al 1.º de abril de 1994, contaba con 43 años y más
de 20 años de servicio, superando ampliamente los requisitos exigidos por dicha
normativa. Y que, para el 29 de enero de 1985, contaba con más de 15 años de
servicio.

En virtud de ello, adquirió el estatus pensional el 1.º de septiembre de 2000, tras
cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios, exigidos en el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

Que, en consecuencia, al momento de efectuar la liquidación de la pensión, debió
aplicarse por la entidad lo dispuesto en la mencionada normativa, que establece una
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

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Que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, deben
reconocerse los factores devengados durante el año anterior al retiro del servicio,
comprendido, en este caso, entre el 7 de marzo de 2000 y el 6 de marzo de 2001. Por
lo tanto, además de los conceptos reconocidos en la Resolución 1844 de 2001,
debieron considerarse los demás conceptos que el accionante percibió durante dicho
periodo: auxilio de alimentación, auxilio de transporte y una doceava de prima de
vacaciones, prima de servicio y prima de navidad; excluyéndose en todo caso como
factor salarial para la reliquidación, el salario por vacaciones pues este no constituye
salario ni prestación.

Que no es procedente aplicar los planteamientos de la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, porque de hacerlo resultaría contrario al
principio de favorabilidad en la interpretación de las normas pensionales y se estarían
desconociendo los principios de equidad, confianza legítima, justicia e igualdad.

Que es obligación de los jueces acoger el precedente judicial del órgano de cierre de
cada una de las jurisdicciones, por lo que, al existir precedente judicial en materia de
reliquidación de pensión de jubilación plasmado en la Sentencia de Unificación del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, se deber dar aplicación a dicho criterio.

Que adicionalmente, se configuró el fenómeno de la prescripción respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 16 de septiembre de 2010, en tanto que la
petición de reliquidación se elevó el 16 de septiembre de 2013.

Que los valores que resulten de la reliquidación de la pensión tendrían que ser objeto
de actualización desde la primera mesada pensional, con base en el IPC.

Que las sumas adeudadas deberán reconocerse con los reajustes legales y sin
perjuicio del descuento de aportes para pensión sobre los factores respecto de los
cuales no se haya efectuado dicha deducción, durante toda la relación laboral y en el
porcentaje que corresponda a la actora.

Que, respecto a la condena en costas, no observó una conducta dilatoria o de mala fe
que amerite su causación, por lo que se abstuvo de emitir una condena al respecto.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.

En su escrito, solicita que se revoque la sentencia del Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá y en su lugar, se ordene la reliquidación y pago
de la mesada pensional de la señora Garzón de Rojas adoptando como IBL las
directrices fijadas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así
como los factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158
de 1994.

Para sustentar la acción, la entidad presentó los siguientes argumentos:

Que al apartarse el juez de instancia de la interpretación de la Corte Constitucional y
del tenor literal de la norma vigente -artículo 36 inciso tercero de la Ley 100 de 1993-,
respecto a la aplicación del IBL para aquellos que se encuentran inmersos en régimen

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de transición, vulneró el debido proceso y otorgó un derecho sin el cumplimiento de
los requisitos legalmente establecidos para tal fin, lesionando gravemente el erario,
pues le corresponde a la Nación asumir los recursos para cubrir una prestación en
tales condiciones, los que son indispensables para la financiación del Sistema General
de Seguridad Social en pensiones.

Que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, porque
la decisión desconoce el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional en
torno al ingreso base de liquidación, porque la autoridad que profirió la decisión adoptó
su criterio respecto del ingreso base de liquidación con fundamento en una norma
inaplicable aun cuando la pensionada no adquirió su derecho antes del 1.° de abril de
1994 (fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones), sino con
posterioridad.

Que la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas, al estar cobijada por el régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por el Decreto 546
de 1971 (sic). No obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

Que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional deben seguir la
lista taxativa de los conceptos considerados como factores salariales en el Decreto
1158 de 1994.

Que se advierte que la decisión judicial cuestionada impacta negativamente la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que la mesada devengada se
incrementó en un 41,1%, sin justificación legal o jurisprudencial aparente; situación
que se considera un claro abuso del derecho.

Que teniendo en consideración la edad de la pensionada y las 271 mesadas que
deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al erario en tanto la proyección
de los pagos futuros debidamente indexados dan un total de $73.110.065.

Contestación a la acción especial de revisión

La parte demandada, contestó la acción especial de revisión3, argumentando que la
providencia objeto de revisión fue proferida respetando el debido proceso y atendiendo
a los presupuestos jurisprudenciales más favorables en materia pensional.

Que la entidad demandante tuvo la oportunidad de recurrir la sentencia de primera
instancia por medio del recurso de apelación y no lo hizo, por lo que la decisión judicial
quedó ejecutoriada desde el 5 de septiembre de 2017, siendo inviable revivir un
término procesal a través del recurso de revisión, cuyas causales no se configuran en
este caso.

Que la reliquidación de su pensión constituye un derecho consolidado a la luz de la
sentencia de unificación proferida por esta Corporación en agosto de 2010, la cual se
encontraba vigente al momento de la correspondiente reclamación administrativa y de
la demanda, por lo que la sentencia atacada tuvo como fundamento legal las reglas
jurisprudenciales anteriores aplicables a su situación como beneficiaria del régimen de
transición.

3 El curador ad litem fue notificado personalmente del auto admisorio de la acción el 3 de mayo de 2024 y remitió

memorial contestando la demanda el 16 de mayo de 2024, visible a índice 52 de SAMAI.
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Que, si bien se efectuó un cambio jurisprudencial en materia pensional, con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias como la C-538 de 2011 y la C-334
de la misma anualidad, frente a situaciones consolidadas no podría el operador jurídico
vulnerar derechos esenciales, siendo necesaria una armonización de la interpretación
para que los derechos fundamentales de los pensionados se encuentren garantizados.

Que, aun cuando frente a situaciones posteriores al fallo de unificación no hay
posibilidad de demandar para que se incluyan todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio, en este caso la situación se torna distinta, pues el derecho
se configuró en vigencia de la sentencia de unificación de agosto de 2010, es decir,
con anterioridad a los fallos mencionados.

Que, en este sentido, teniendo en cuenta que las sentencias de unificación tienen
efectos hacia el futuro, no se pueden afectar las mesadas pensionales posteriores a
dicha fecha en relación con el IBL y los factores que hasta entonces se debían incluir
por ser considerados como retribución directa del servicio.

Que el Consejo de Estado, aludiendo a la sentencia de unificación 230 de 2015
proferida por la Corte Constitucional, ha señalado la intangibilidad de situaciones
pensionales consolidadas conforme a las reglas anteriores, por lo que, bajo el principio
de progresividad, debe atenderse a la garantía que le asiste a un trabajador para
acceder a determinado beneficio cuando ha cumplido los requisitos establecidos para
ello, independiente de que posteriormente surja una disposición que sugiera una
alteración de tales exigencias. Que, entendido lo anterior, la regla jurisprudencial que
surge de la sentencia C-258 de 2013, no puede ser aplicada a situaciones jurídicas
consolidadas antes de la expedición de la SU-230 de 2015.

Que, aplicando la jurisprudencia constitucional no se ve ninguna afectación al principio
de sostenibilidad financiera, pero sí un desconocimiento de los mencionados principios
de las personas que demandaron el amparo de la jurisprudencia más favorable.

En consecuencia, solicitó declarar infundado recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el FONCEP.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta
oportunidad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá determinar si, en la sentencia del Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá del 11 de noviembre de 2016, se configuran las
causales de revisión alegadas por la entidad demandante. En particular, si la orden de
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas
con el 75% de todos los factores salariales del último año de servicio, constituyó una
violación del debido proceso y si la cuantía reconocida excedió lo previsto por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidad de la acción especial de
revisión, ii) causales de revisión invocadas; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

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Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones4
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro o a fondos
de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier
naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está
habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el
recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250
del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el
inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las cuales disponen:

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.
5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-

12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé el debido
proceso como un derecho fundamental, encaminado a garantizar a la persona el
respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de las actuaciones
administrativas o judiciales en las que se vea vinculada o haga parte, con el propósito
último de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada,
el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

Acerca de la segunda causal, relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía
excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003,
obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión
por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República
la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente
otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera
la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia

del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV)
9 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00578-00 (1447-2020)

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60)
para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas
que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de
edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando
el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada
en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que
las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100
de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte
Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100
de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa
de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen
general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de
un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores
salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la
Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.»

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En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Caso concreto

El reproche del FONCEP radica en el periodo de liquidación y los factores sobre los
cuales se ordenó efectuar el reconocimiento pensional, porque, a su juicio, el Juzgado
debió ceñirse al periodo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al
cómputo de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que estuviesen
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala se ocupará en
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación
periódica reliquidada con violación al debido proceso, se encuentra debidamente
fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo,
se procederá a determinar si la segunda causal, frente al reconocimiento excesivo de
la pensión está llamado a prosperar y, por tanto, si resulta necesario ordenar la
reducción de su monto según la solicitud efectuada en el recurso.

Al respecto, se advierte que la entidad accionante únicamente sustenta la vulneración
al debido proceso en lo que considera una errónea interpretación del Juzgado,
situación que, a su juicio, genera un detrimento en los recursos destinados a la
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación
debe administrar.

En ese sentido, de lo planteado por el FONCEP puede inferirse que no se soporta con
suficiencia ni se traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el
juzgador incurriera en una equivocación que conlleve a la presunta afectación de las
garantías al debido proceso. Tampoco se alega circunstancia alguna que implique la
trasgresión al derecho fundamental de defensa — el cual se encuentra atado con los

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principios de celeridad, transparencia e imparcialidad— ni se pone en evidencia
irregularidad alguna en las etapas procesales surtidas en el proceso objeto de
discusión, por lo que, no están dados los presupuestos para el estudio de la acción de
revisión bajo la causal a) de la Ley 797 de 2003.

Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se proseguirá
a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.

Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador,
a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.

La Sala observa que los planteamientos expuestos en la acción se refieren a exponer
en qué consiste la afectación del patrimonio público, toda vez que el FONCEP
establece la disparidad monetaria y porcentual entre el monto sobre el cual se
reconoció la prestación periódica y aquel sobre el cual debió liquidarse, así como la
proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden judicial,
teniendo en cuenta la expectativa de vida de la pensionada.

Al respecto, señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa a favor de la
señora Gloria Amparo Garzón de Rojas una mesada pensional equivalente a
$1.251.212; valor que confrontado con la liquidación de la mesada que en derecho le
correspondería, la cual ascendía a la suma de $886.695, representa un aumento del
41.1% de la pensión; situación que constituye un menoscabo de los recursos públicos
de la seguridad social y que con la proyección de pagos de acuerdo con la expectativa
de vida de la pensionada el valor presente actuarial equivaldría a $73.110.065.

Por ello, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público,
la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión
cuestionada, pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada, situación
que habilita a esta corporación para continuar con el estudio del asunto. De ahí que se
examinará, si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido.

Del material probatorio puede inferirse que la señora Gloria Amparo Garzón de Rojas
nació el 1.º de septiembre de 195011 y que laboró para la Secretaría de Educación de
Bogotá entre el 4 de marzo de 1969 y el 7 de marzo de 200112; el último cargo que
ocupó fue el de auxiliar de servicios generales.

Conforme a ello, para el 30 de junio de 199513 ya había superado los 35 años de edad
y acumulaba más de 15 años de servicio. Lo anterior implica que adquirió el estatus
de pensionada el 1.º de septiembre de 2000, cuando cumplió la edad de 50 años.

Durante el último año de servicios comprendido entre 7 de marzo de 2000 y el 6 de
marzo de 2001, devengó además de la asignación básica, auxilio de alimentación,

11 De acuerdo con registro civil de nacimiento que reposa en el folio 2 del cuaderno 3, del expediente físico.
12 Véase cuaderno 2 folios 10 y 11 del expediente ordinario.
13 Según lo establecido en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones

para los servidores públicos a nivel departamental, municipal y distrital debía entrar en vigencia a más tardar el 30
de junio de 1995. Esta disposición se fundamentó en el hecho de que los funcionarios que pertenecían a las
administraciones locales realizaban aportes a cajas de previsión que pertenecían a las mismas entidades
territoriales. Por lo tanto, el Congreso de la República consideró oportuno otorgar un plazo razonable para que se
adaptaran al nuevo sistema o procedieran a su liquidación. Así, de conformidad con el documento visible a folio 49
del cuaderno 4 del expediente físico, la fecha de entrada en vigor del Sistema General de Pensiones para los
servidores públicos de esta entidad fue el 30 de junio de 1995.
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auxilio de transporte, prima de antigüedad, bonificación por recreación, vacaciones en
dinero y primas de vacaciones, servicios y navidad14.

En la sentencia del 11 de noviembre de 2016, el Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito de Bogotá D.C., ordenó la reliquidación de la pensión, incluyendo todos los
conceptos mencionados anteriormente y como adicionales a los reconocidos en la
Resolución 1844 de 2001, consideró que debía tenerse en cuenta también el auxilio
de alimentación, el auxilio de transporte y una doceava de prima de vacaciones, prima
de servicios y prima de navidad; sin embargo, excluyó el salario por vacaciones por no
constituir factor salarial, estableciendo además como fecha de efectividad fiscal a partir
del 7 de marzo de 2001.

Sobre el particular, debe precisarse que, ante la disparidad de criterios frente al IBL de
las pensiones reguladas por el régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo
de Estado expidió sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, precisando que los
beneficiarios del régimen de transición tenían derecho a que la mesada pensional se
liquide incluyendo todos los factores salariales que percibieron en el último año de
servicio; considerando que la alusión que hace la norma a dicho aspecto es
meramente enunciativa y no taxativa. Es decir que, el IBL de la prestación económica
se regía por la normativa anterior y no conforme a lo regulado en la Ley 100 de 1993.

Nótese que, dicha decisión resultó fundamental para el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial en el análisis y resolución de los casos, puesto que las
mencionadas interpretaciones fueron aplicadas por las distintas autoridades judiciales
del orden nacional, tal y como sucedió con la sentencia objeto de revisión, la cual se
apegó a este precedente vertical y siguiendo esa directriz, dispuso que en la mesada
de la hoy demandada se incluyeran todos los factores que constituyen salario y que
fueron devengados en el último año de servicio.

De forma posterior, a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
el anterior criterio se modificó y se alineó con la postura adoptada por la Corte
Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013. Al referirse al régimen general
de pensiones precisó que «(…) los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». En dicha providencia, además, señaló:

«(…) No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a
la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada (…)»

Así las cosas, esta Corporación delimitó los efectos del fallo de unificación a los casos
pendientes de solución en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto
de los cuales hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.

Atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso ordinario

14 Folios 72 y 73 del Cuaderno 4 del expediente físico.

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aumentó el valor reconocido inicialmente al incluir la mayoría de los factores salariales
devengados por la señora Garzón de Rojas durante el último año de servicios, tal
situación no constituye por sí sola la configuración de la causal alegada pues obedeció
al criterio jurisprudencial vigente a la fecha en que se expidió el fallo, como pasará a
explicarse.

Como quedó expuesto, la sentencia de primera instancia objeto de revisión fue
proferida el 11 de noviembre de 2016, quedando ejecutoriada la decisión de instancia
el 28 de noviembre de 201615, es decir, en vigencia de la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010 y antes de que quedara ejecutoriada la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, esto es, el 17 de septiembre de 201816. En tal virtud, las
reglas de ésta última no se pueden irradiar a una situación que hizo tránsito a cosa
juzgada.

El FONCEP argumenta el desconocimiento del precedente jurisprudencial
desarrollado por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en el sentido de establecer que el IBL debió tomarse
como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían incluirse como factores de
liquidación aquellos ingresos causados por el beneficiario, con carácter remunerativo
del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas.

La Sala observa, por un lado, que el supuesto fáctico establecido en la sentencia C-
258 de 2013 difiere del aplicable a la demandada, puesto que allí se establecieron
diferentes pautas respecto al IBL para los beneficiarios del régimen especial de
congresistas y el caso particular que no está sujeto a esta normativa especial y, por el
otro, que en la sentencia C-168 de 1995, no se fijó ninguna regla frente a la inclusión
o no del IBL en dicho régimen de transición.

Además, es de resaltar que si bien la Corte, a través de la providencia SU-230 de 2015,
estableció que su interpretación no se limitaba al régimen especial examinado bajo la
teoría del apartamiento judicial y en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial, el tribunal estaba facultado para adoptar la interpretación
desarrollada por el Consejo de Estado.

Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de la
transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el IBL, ante el
cual, se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de cierre;
también lo es, que el juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía e
independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos corporaciones antes mencionadas.

Además, en ningún momento, la recurrente expuso puntualmente las irregularidades
que en el proceso llevaron a reconocer los factores o su inclusión de manera no legal.
Si en gracia discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior, este cargo por sí mismo
resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que la jurisprudencia vigente
que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los factores discutidos para la
liquidación de la pensión.

15 De acuerdo con la constancia de ejecutoria emitida por el secretario del Juzgado Veintiuno Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá el 17 de agosto de 2017. Véase folio 194, cuaderno principal.
16 Según la constancia secretarial emitida por la Secretaría General del Consejo de Estado el 1.° de noviembre de

2018.
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Por lo expuesto, contrario a lo que alega la entidad accionante, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo contencioso administrativo, luego de considerar la obligatoriedad
del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, además indicó que tuvo en
consideración que los preceptos allí contenidos se acompasaban en mayor medida a
los principios de igualdad material, inescindibilidad normativa y favorabilidad en
materia de derechos laborales; motivo por el cual no se advierte una actuación
caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, antes bien se encuentra razonablemente
sustentada y fundamentada.

En consecuencia, no se demostró la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por el FONCEP, en tanto la reliquidación ordenada fue
reconocida con sustento en el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que
se profirió la decisión y en consecuencia se declarara infundada la acción.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es que,
en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá
sobre la condena en costas.

Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso, que prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso,
o a aquella cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente», procede la condena en costas al FONCEP habida cuenta que la
acción especial de revisión fue fallada en su contra.

En consonancia con lo establecido en la legislación vigente, dichas costas no solo
abarcan los gastos generados durante el proceso, sino que también incluyen las
agencias en derecho. De modo que, en este caso particular se justifica la fijación de
este componente debido a que la parte demandada intervino directamente en el
proceso al contestar la acción.

Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará un
auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del artículo
366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el FONCEP contra
la sentencia del 11 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado 21 Administrativo
del Circuito de Bogotá D.C., que accedió las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas al FONCEP en favor de la señora Gloria Amparo
Garzón de Rojas, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección Segunda de
esta Corporación.

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Tercero: Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado
ponente para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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