Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00808-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-25-000-2020-00808-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00808-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00808-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
7Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandada: Clara Inés León de Ramírez
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del 5 de
septiembre de 2017, proferida por el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de
Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Clara
Inés León de Ramírez.
ANTECEDENTES
El FONCEP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 5 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado 48
Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., para lo cual invocó las causales
contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten
la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Clara Inés León de Ramírez, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del FONCEP, con el fin
de obtener la nulidad parcial de la Resolución N°2616 del 26 de octubre de 2010,
mediante la cual el FONCEP le reconoció la pensión jubilación y la nulidad total de
la Resolución N°1003 del 15 de diciembre de 2016, que negó la reliquidación de la
pensión de jubilación de la demandante, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985.
Que como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los
factores devengados durante el último año de servicio -salario básico mensual,
prima secretarial, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, primas de
antigüedad, de navidad, de vacaciones y de servicios; así como las vacaciones no
percibidas en dinero- ii) reconocer y pagar las sumas debidas en forma indexada;
iii) pagar los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iv)
pagar las costas que resulten en el proceso.
Que el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., el 5 de septiembre
de 2017, profirió sentencia a través de la cual accedió a las pretensiones y ordenó
reliquidar la pensión de jubilación, con una tasa de reemplazo del 75% de los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, al considerar que
cumplía con los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, vigente para la época.
La anterior decisión fue objeto de apelación por parte del FONCEP; no obstante, el
recurso fue declarado desierto por el juzgado de primera instancia. quedando así
ejecutoriada la providencia en mención el 05 de septiembre de 2017.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la sentencia del 5 de septiembre de 2017, el Juzgado 48 Administrativo del
Circuito de Bogotá D. C., declaró la nulidad parcial de la Resolución N°2616 del 26
de octubre de 2010 y total de la Resolución N°1003 del 15 de diciembre de 2016.
En consecuencia, ordenó al FONCEP reliquidar la pensión de jubilación de la señora
Clara Inés León de Ramírez, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, a saber: asignación básica,
prima de antigüedad, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, y las primas
de navidad, semestral y de vacaciones.
Expresó que a la señora Clara Inés León de Ramírez al 1 de abril de 1994, tenía 38
años y más de 20 años de servicio en favor de la Secretaría de Obras Públicas de
Bogotá D. C., razón por la cual quedó inmersa en el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Que en virtud de lo anterior y de conformidad con la sentencia de unificación del
Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010, la demandante era beneficiaria
del régimen de transición señalado en Leyes 33 y 62 de 1985, con lo cual contaba
con el derecho a que la pensión fuera reliquidada en las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto.
Que no resultaba aplicable la Sentencia SU-230 de 2015, como quiera que allí la
normativa analizada distaba de ser comparable con la de la demandante y además
no se evidenciaba un abuso del derecho pues los ingresos percibidos por la
demandante en el último año de servicio no sufrieron incremento significativo
diferente del reajuste anual ordinario.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
Concluyó que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación debía incluir
todos los factores devengados durante su último año de servicio, comprendido entre
el 3 de noviembre de 1996 y el 3 de noviembre de 1997, estos son: asignación
básica, prima de antigüedad, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, y las
primas de navidad, semestral y de vacaciones.
Que las vacaciones en dinero no eran computables en la liquidación pensional
comoquiera que su finalidad no es remunerar el servicio prestado, razón por la cual
no constituye salario. Por su parte, la prima secretarial tampoco podía ser tenida en
cuenta en el IBL por cuanto es de creación extralegal.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.
Indicó que existió violación al debido proceso por el reconocimiento del derecho
pensional, mismo que se opone al interés general, al haberse accedido a una
liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de
1993, en tanto generó un aumento en la mesada, que trae consigo un detrimento
de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones que la Nación debe administrar.
Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, a partir de
la cual determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el
contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma: criterios desarrollados
a partir del estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11
e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 19932, la exequibilidad del artículo
17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del IBL para los beneficiarios del
régimen especial de congresistas y su la reiteración del estudio en abstracto para
todos los beneficiarios de régimen de transición.
Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
la señora Clara Inés León de Ramírez, al estar cobijada por el régimen de transición,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo
de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas
por la Ley 33 de 1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma
aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales
debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al
Decreto 1158 de 1994, que contiene una lista taxativa de los emolumentos que
ostentan la calidad de factores salariales.
Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, porque la mesada pensional devengada se
1 En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
2 Sentencia C-168 de 1995
3
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
incrementó en un 47.3%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello,
con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho.
Contestación de la acción especial de revisión
La señora Clara Inés León de Ramírez, por intermedio de apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que la sentencia demandada
fue proferida en garantía del derecho al debido proceso y tuvo como fundamento la
tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, que constituía precedente jurisprudencial vinculante en el momento
en que se profirió la decisión. Por lo tanto, el juzgador ordenó reconocer la pensión
de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio.
Que resulta inadmisible en esta instancia judicial y con base en nuevos criterios
jurisprudenciales, reabrir un debate judicial, a partir del cual se pretenda corregir
algún yerro en la interpretación o la aplicación retroactiva de las normas o criterios
sobre el ingreso base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
Precisó que los efectos de la sentencia de unificación emitida por el Consejo de
Estado el 28 de agosto de 2018 no pueden extenderse a los casos en los que ha
operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Que cuando se señala
que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la
referida corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley.
Que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, expedidas por la Corte
Constitucional, tampoco son aplicables, por cuanto hicieron referencia a los
beneficiarios del régimen especial de congresistas y asimilados, previsto en el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la
señora Clara Inés León de Ramírez, como beneficiaria del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión del 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso
y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.
4
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) aspectos
jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el
caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones3 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para
el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 4 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales (…)»5. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte
que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20
de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de
la norma pueden ejercer la acción.
En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que
son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación6.
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.
4 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
5 Ibidem.
6 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
5
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de
corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el
debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar
judicialmente el valor de las pensiones reconocidas en discordancia con lo ordenado
por la ley.
Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7.
Causales de revisión contemplada en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
El apoderado del FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las
causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación
reconocida fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la
ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de
carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
9 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
6
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
Acerca de la segunda causal, a saber, aquella la relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del
proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció
precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión
por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República
la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
7
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley
100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
8
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Clara Inés León de Ramírez
con el ingreso base de liquidación señalado en la Ley 33 de 1985.
Ahora atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala, en primer
lugar, se ocupará de determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del
reconocimiento de la prestación periódica reliquidada con violación al debido
proceso, se encuentra debidamente fundamentado, caso en el cual se procederá al
análisis de fondo y en caso negativo, se procederá a analizar si la segunda causal
invocada frente al reconocimiento excesivo de la pensión está llamado a prosperar
y, por tanto, si resulta necesario ordenar la reducción de su monto según la solicitud
efectuada en el recurso.
Al respecto, advierte la Sala que la accionante únicamente sustenta la vulneración
al debido proceso en la errónea interpretación que efectuó el juez de conocimiento
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la normativa11 y
11 Artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley
100 de 1993; el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
9
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
jurisprudencia vigente12; situación que, a su juicio, genera un detrimento en los
recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones que la Nación debe administrar.
En ese sentido, de lo planteado por la entidad puede inferirse que no se soporta con
suficiencia ni se traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el
juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación que conlleve la presunta
afectación de las garantías al debido proceso. Tampoco se alega circunstancia
alguna que involucre la trasgresión al derecho fundamental de defensa- el cual se
encuentra atado con los principios de celeridad, transparencia e imparcialidad- en
la decisión ni se pone en evidencia irregularidad alguna en las etapas procesales
surtidas en el proceso objeto de discusión, por lo que, no están dados los
presupuestos para el estudio de la acción de revisión bajo la causal a) de la Ley 797
de 2003.
Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se
proseguirá a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por
la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.
Advierte la Sala que los planteamientos enunciados en el recurso están referidos a
exponer en qué consiste la afectación del patrimonio público, toda vez que el
FONCEP establece expresamente la diferencia monetaria y porcentual existente
entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el
que debió haber sido liquidada; así como la proyección de los pagos que se
realizarían de más, en virtud de la orden judicial de conformidad con la expectativa
de vida del pensionado.
Al respecto, señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa a favor de la
señora Clara Inés León, una mesada pensional equivalente a $1.869.202 mte., valor
que confrontado con la liquidación de la mesada antes de la expedición del fallo
judicial ascendió a $1.268.256; generándose así un incremento del 47,3% en la
pensión y un valor presente actuarial de $134.579.986.
Por consiguiente, al haberse expuesto al menos de manera sucinta la presunta
afectación al patrimonio público la parte demandante efectivamente se encuentra
facultada para cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión
deprecada pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada, situación
que a su vez habilita a esta Corporación a continuar con el análisis. De ahí que se
pasará a examinar, si en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal
prevista en el precepto normativo mencionado, es decir, si el quantum de la pensión
12 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, emitidas por la Corte
Constitucional y la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018, emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
desbordó el límite legalmente establecido y si el mismo se dio a causa de la indebida
aplicación del precedente jurisprudencial.
Del material probatorio obrante en el expediente puede inferirse que la señora León
de Ramírez nació el 2 de agosto de 195513 y laboró para la Secretaría Distrital de
Obras Públicas de Bogotá, D. C. (hoy Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial), desde el 17 de septiembre de 1975 hasta 3
de noviembre de 199714; el último cargo que ocupó fue el de secretaria VII-A,
conforme a ello, para el 30 de junio de 1995 tenía la edad de 39 años y contaba con
19 años de servicio. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionada el 2
de agosto del 2010, cuando cumplió la edad de 55 años, condición que la acredita
beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
Adicionalmente, en el último año de servicios laborado entre el 4 de noviembre de
1996 y el 3 de noviembre de 1997, devengó además de la asignación básica y prima
de antigüedad, las primas de servicios, de navidad y vacaciones, así como auxilios
de transporte y alimentación, por lo que el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de
Bogotá ordenó incluirlos de manera integral, a excepción de la “prima secretarial” y
“vacaciones en dinero”, por ser factores salariales regulados por acuerdos
distritales.
Sobre el particular, debe precisarse que, ante la disparidad de criterios frente al
Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reguladas por el régimen de
transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió sentencia de
unificación el 4 de agosto de 2010, precisando que los beneficiarios del régimen de
transición tenían derecho a que la mesada pensional se liquide incluyendo todos los
factores salariales que percibieron en el último año de servicio; considerando que la
alusión que hace la norma a dicho aspecto es meramente enunciativa y no taxativa.
Es decir que, el IBL de la prestación económica se regía por la normativa anterior y
no conforme a lo regulado en la Ley 100 de 1993.
Nótese que, dicha decisión resultó fundamental para el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial en el análisis y resolución de los casos, puesto que las
mencionadas interpretaciones fueron aplicadas por las distintas autoridades
judiciales del orden nacional, tal y como sucedió con la sentencia objeto de revisión,
la cual se apegó a este precedente vertical y siguiendo esa directriz, dispuso que
en la mesada de la hoy demandada se incluyeran todos los factores que constituyen
salario y que fueron devengados en el último año de servicio.
De forma posterior, a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
el anterior criterio se modificó y se alineó con la postura adoptada por la Corte
Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013. Al referirse al régimen general
de pensiones precisó que «(…) los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
13
Cédula de ciudadanía obrante en la página 25 del documento denominado «JUZ 48 2017-012
CUADERONO 1», que obra a índice 15 de SAMAI, contentivo del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho.
14
Certificado laboral obrante a página 23, ibídem.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones». En dicha providencia, además, señaló:
«(…)No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis,
será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada (…)»
Así las cosas, dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de
solución en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales
hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.
Atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso ordinario
excedió la cuantía, en razón a que aumentó considerablemente el valor reconocido
en la prestación al incluir la totalidad de los factores salariales devengados por la
señora Clara Inés León de Ramírez, tal situación no constituye por si sola la
configuración de la causal alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente
a la fecha en que se expidió el fallo, como pasará a explicarse.
Como ya quedara expuesto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 5 de
septiembre de 2017 y quedó ejecutoriada ese mismo día, mes y año; es decir, en
vigencia de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y mucho antes de
que se profiriera la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, lo que impide
que las reglas consagradas en ésta última puedan irradiar a una situación que hizo
tránsito a cosa juzgada
El FONCEP argumenta desconocimiento del precedente jurisprudencial
desarrollado por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 201515, en el sentido de establecer que el IBL
debió haber sido tomado como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían
tomarse como factores de liquidación aquellos ingresos causados por el
beneficiario, con carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran
realizado las cotizaciones respectivas. Sin embargo, observa la Sala que, en ningún
momento, el recurrente expuso de manera puntual las irregularidades que en el
marco del proceso dieron lugar al reconocimiento de los factores o su inclusión de
manera no legal. Si en gracia de discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior,
este cargo por sí mismo resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que
la jurisprudencia vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los
factores discutidos para la liquidación de la pensión.
Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de
la transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
15 Además de aquellas que fueron enunciadas en el acápite “Acción especial de revisión”.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el IBL, ante el
cual, se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de
cierre; también lo es, que el Juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía
e independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos instituciones antes mencionadas.
Por lo mencionado, contrario a lo que alega la parte accionante, el juez de
conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo
de Estado, máximo órgano de contencioso administrativo, al considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, además
indicó que los preceptos contenidos se acompasaban en mayor medida a los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas,
inescindibilidad normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales, sin que
ello constituya una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.
En suma, esta Subsección estima que la tipificación de la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que
se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que
esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para
reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria al
ordenamiento jurídico; circunstancia que, se itera, no se avizora en el caso concreto
pues, la reliquidación pensional obedeció a la ley y jurisprudencia operante al
momento de dictar la decisión de instancia.
En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por el FONCEP, en tanto la reliquidación ordenada fue
reconocida con sustento en la interpretación, se alineó con el criterio jurisprudencial
del Consejo de Estado vigente para la época en la que se profirió la decisión y en
consecuencia se declarara infundada la acción.
Condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que el FONCEP buscó controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación para evitar un
posible detrimento al erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales a)
13
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto de la sentencia del 5 de
septiembre de 2017, proferida por el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de
Bogotá, D. C., que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.