Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00850-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00850-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00850-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00850-00 (2578-2020)1
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo
pensional
Demandada: Nora Cifuentes Noyes
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Diecinueve
(19) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), en el
marco de las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Universidad
Nacional de Colombia – Fondo Pensional, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), mediante la cual se
confirmó parcialmente la providencia dictada el Veintinueve (29) de noviembre
de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la señora Nora Cifuentes Noyes
contra la Universidad Nacional de Colombia , por medio de la cual, se declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y se ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, con el equivalente
al Setenta y Cinco por Ciento (75%) de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
1
Expediente digital.
2
Número Interno: 2578-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Nora Cifuentes Noyes
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de revisión.
1. La Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional, promovió la
acción especial de revisión, al amparo de los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, con el fin que se revoque la sentencia proferida el
Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante
la cual, se modificó, adicionó y confirmó la decisión de primera instancia que
ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Nora Cifuentes Noyes
con el Setenta y Cinco por Ciento (75%) de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios.
2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicita que se
infirme la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, se mantenga la
liquidación pensional efectuada conforme al régimen legal aplicable, al
considerar que la providencia reconoció una prestación superior a la
legalmente debida.
3. En esa línea, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
sostiene que, la providencia cuestionada vulneró el debido proceso, al
apartarse del marco constitucional y legal que regula la liquidación de las
pensiones del régimen de transición, al ordenar la inclusión de factores
salariales no previstos en la Ley 33 de 1985, ni en el Decreto 1158 de 1994, y
respecto de los cuales, no se efectuaron los aportes correspondientes.
4. Asimismo, afirma que la sentencia desconoció la competencia exclusiva del
Congreso y del Gobierno Nacional para definir el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, al admitir la inclusión de emolumentos
creados mediante acuerdos universitarios y de prestaciones que, por su
naturaleza jurídica, no constituyen factor salarial para efectos pensionales.
5. Igualmente, la entidad accionante sostiene que, la decisión judicial
desconoció el precedente constitucional y legal sobre la determinación del
ingreso base de liquidación, así como los principios de legalidad, sostenibilidad
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Número Interno: 2578-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Nora Cifuentes Noyes
financiera y correspondencia entre cotizaciones y prestaciones, al imponer una
reliquidación con factores no autorizados por el ordenamiento jurídico.
6. Finalmente, la entidad accionante afirmó que se configuraron las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
cuanto el reconocimiento pensional fue obtenido con violación del debido
proceso y otorgó una prestación superior a la prevista en la ley, con el
consecuente detrimento de los recursos públicos destinados al sistema
pensional.
1.2 Sentencia objeto de revisión.
7. Mediante sentencia del Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitado con el Rad. Núm. 11001-33-31-016-2011-00734-02,
resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó
parcialmente la sentencia del Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece
(2013), proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá D.C., modificando y adicionando
el numeral tercero relacionado con la reliquidación de la pensión de jubilación
de la señora Nora Cifuentes Noyes.
8. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se resolvió lo siguiente:
«PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de noviembre de
2013, proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá D.C., que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
en el proceso promovido por NORA CIFUENTES NOYES contra LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, por las razones anotadas en la presente decisión.
SEGUNDO.- MODIFICAR Y ADICIONAR el numeral 3º de la sentencia del 29 de
noviembre de 2013, el cual quedará así:
"TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA a reliquidar y pagar el valor de la mesada pensional de jubilación de la
cual es titular la demandante NORA CIFUENTES NOYES, en cuantía equivalente al
setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios anterior al retiro, comprendido entre el
Dos (2) de mayo de Dos Mil Seis (2006) y el Primero (1.º) de mayo de Dos Mil Siete
(2007), incluyendo la asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, ajuste de prima de vacaciones
por retiro, ajuste de prima de servicios por retiro, ajuste de prima de navidad por retiro
y ajuste de quinquenio por retiro, estos últimos en forma proporcional a una doceava
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Número Interno: 2578-2020
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
parte, con efectos a partir del Dos (2) de mayo de Dos Mil Siete (2007) y efectos
fiscales desde el Cuatro (4) de marzo de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción trienal.
La entidad demandada podrá descontar los aportes correspondientes a los factores
sobre los cuales no se hayan efectuado los descuentos de ley, en forma proporcional.
Al efectuarse la reliquidación de las mesadas pensionales, la entidad deberá aplicar
los reajustes legales y la actualización correspondiente conforme a la fórmula prevista
en la parte motiva de la providencia."
TERCERO.- Sin costas en esta instancia.
[…]»
9. El Tribunal consideró procedente reliquidar la pensión de jubilación con
fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y en la Ley 33 de 1985, al estimar aplicable la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, según la cual, el ingreso base de liquidación
comprende todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, siempre que correspondan a una retribución directa del servicio, con
la posibilidad de descontar los aportes no realizados.
10. Precisó que el reajuste pensional debía reconocerse a partir del Dos (2) de
mayo de Dos Mil Siete (2007), fecha del retiro del servicio, aunque los efectos
económicos solo procedían desde el Cuatro (4) de marzo de Dos Mil Ocho
(2008), en virtud de la prescripción trienal de las diferencias pensionales
causadas con anterioridad.
11. En la providencia objeto de revisión, el Tribunal tuvo por acreditado que la
señora Nora Cifuentes Noyes, nació el Tres (3) de agosto de Mil Novecientos
Cincuenta y Uno (1951), prestó sus servicios a la Universidad Nacional de
Colombia por más de veinte (20) años y se retiró del servicio el Primero (1º)
de mayo de Dos Mil Siete (2007). Asimismo, señaló que, al entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993, contaba con más de treinta y cinco (35) años de edad y
más de quince (15) años de servicios, razón por la cual, era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha ley.
12. Indicó, además, que la pensión fue reconocida inicialmente con el
promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante los últimos diez (10)
años. En relación con el último año de servicios, comprendido entre el Dos (2)
de mayo de Dos Mil Seis (2006) y el Primero (1º) de mayo de Dos Mil Siete
(2007), tuvo por acreditado, con fundamento en la certificación expedida por
la Universidad Nacional de Colombia, que la demandante devengó asignación
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básica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones, ajuste de compensación de vacaciones por
retiro, ajuste de prima de vacaciones por retiro, ajuste de prima de servicios
por retiro, ajuste de prima de navidad por retiro y ajuste de quinquenio por
retiro.
13. Con base en ello, concluyó que la reliquidación debía efectuarse con el
setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual de los factores
salariales devengados durante ese período e incluyó como factores
computables la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la
prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones, el ajuste de
prima de vacaciones por retiro, el ajuste de prima de servicios por retiro, el
ajuste de prima de navidad por retiro y el ajuste de quinquenio por retiro,
autorizando, además, el descuento de los aportes correspondientes respecto
de aquellos conceptos sobre los cuales no se hubieren efectuado cotizaciones.
1.3 Causales de revisión invocadas.
14. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión vulneró el debido proceso y reconoció una prestación periódica en
cuantía superior a la legalmente debida, al ordenar la reliquidación de la
pensión con fundamento en criterios jurisprudenciales contrarios al precedente
de unificación vigente y con inclusión de factores salariales no autorizados por
el ordenamiento jurídico.
15. Respecto de la causal relativa a la vulneración del debido proceso, sostuvo
que, el Tribunal desconoció la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional, posteriormente acogida por la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018),
al reliquidar la pensión con el promedio de todos los factores devengados
durante el último año de servicios, en lugar de aplicar el ingreso base de
liquidación previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
16. Señaló que, la providencia cuestionada desconoció los principios de
igualdad, solidaridad, eficiencia y sostenibilidad financiera del sistema
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pensional, así como el mandato constitucional conforme al cual la liquidación
pensional únicamente puede recaer sobre los factores respecto de los cuales
se realizaron cotizaciones, criterio desarrollado por la jurisprudencia de
unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
17. Afirmó, además, que la reliquidación ordenada incluyó factores salariales
sobre los cuales no existieron aportes al sistema, lo que produjo un
reconocimiento pensional superior al permitido por el régimen legal aplicable y
trasladó al erario una carga económica carente de respaldo normativo.
18. Por otra parte, respecto de la causal relacionada con el reconocimiento en
exceso de la prestación, adujo que la sentencia cuestionada impuso el pago
de una mesada pensional calculada con el promedio de todos los factores
devengados durante el último año de servicios, pese a que, el ingreso base de
liquidación, no hacía parte del régimen de transición y debía determinarse
conforme a las reglas previstas en la Ley 100 de 1993.
19. Finalmente, indicó que la decisión objeto de revisión generó un impacto
negativo sobre los recursos públicos y comprometió la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, al imponer una obligación económica superior a la
legalmente procedente, circunstancia que justifica la prosperidad de las
causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
1.4 Contestación de la demanda de revisión.
20. Mediante auto del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) 2, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión, al encontrar
acreditados los requisitos previstos en el artículo 252 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y verificar
que el recurso fue presentado oportunamente, con fundamento en las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En consecuencia, ordenó notificar personalmente y negar la medida cautelar
solicitada por la entidad recurrente, por resultar improcedente dentro del
trámite de la acción especial de revisión.
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Índice No. 00004 de Samai.
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
21. Posteriormente, mediante auto del Once (11) de junio de Dos Mil Veintiséis
(2026)3, el despacho sustanciador advirtió que la señora Nora Cifuentes Noyes
no presentó escrito de contestación a la acción especial de revisión, motivo
por el cual tuvo por no contestada la demanda. En la misma providencia,
decretó como pruebas los documentos aportados con el escrito de revisión y,
de oficio, el expediente correspondiente al proceso ordinario, ordenó correr
traslado a las partes y al Ministerio Público de las pruebas decretadas y
dispuso el ingreso del expediente al despacho para fallo.45
1.5 Concepto del Ministerio Público6.
22. El representante del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
23. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA7 y 20 de la Ley 797
de 20038, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)9.
2.2 Oportunidad.
24. En punto de la oportunidad de la acción especial de revisión, se tiene que,
la sentencia objeto de revisión, fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, el Diecinueve (19) de enero
3
Índice No. 00013 de Samai.
6
Índice No. 00014 de Samai.
7
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
8
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
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«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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de Dos Mil Dieciséis (2016) y notificada por edicto fijado entre el Dos (02) y el
Cuatro (04) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), cobrando ejecutoria el
Cinco (05) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016)10, de tal suerte que, el
término de caducidad fijado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, habría
corrido entre el Ocho (08) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016) y el Ocho
(08) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), salvo por la suspensión de
términos que operó en el marco de la emergencia sanitaria.
25. En el caso concreto, se advierte que la demanda fue radicada el Primero
(1.º) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)11, según consta en el sello de recibido
de la Secretaría de esta Corporación, esto es, antes del vencimiento del
término de cinco (5) años previsto en el inciso final del artículo 251 de la Ley
1437 de 2011 para la interposición de la acción especial de revisión, motivo
por el cual esta fue presentada oportunamente.
2.3 Problema jurídico.
26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
27. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil
Dieciséis (2016), mediante la cual se confirmó parcialmente la decisión
adoptada el Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el
Juzgado Diecisiete Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., cuya revisión se pretende, está incursa en las causales de
revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003? Con tal fin, se debe verificar:
27.1 ¿La reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Nora
Cifuentes Noyes, se efectuó con vulneración del debido proceso, al
ordenar la inclusión de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicios y aplicar un criterio jurisprudencial que, según
la entidad recurrente, desconoció el régimen legal del ingreso base de
10
Índice No. 00010 de Samai – 16_110010325000202000850001RECIBEMEMORIAL20220527125322 –
11001333101620110073400 – 001DemandaAnexosNul0162011734 – folio No. 75.
11
Índice No. 00003 de Samai - ED-4-04ActaReparto.pdf(.pdf).
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liquidación y el precedente constitucional y contencioso administrativo
aplicable?
27.2 ¿Como consecuencia de ello, la cuantía de la prestación
reconocida excedió lo debido de acuerdo con la ley, al ordenarse la
reliquidación pensional con fundamento en el setenta y cinco por ciento
(75 %) del promedio de todos los factores salariales devengados,
durante el último año de servicios, incluidos conceptos respecto de los
cuales, no se efectuaron cotizaciones al sistema pensional?
28. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.
2.4 Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
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30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 13.
31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.
32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios14.
33. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 15 […] pues esta
12
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
15
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
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acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 17», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción18.
2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.
34. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos,
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su
competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.
35. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado19:
«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente
tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
17
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de
febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»
36. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión,
esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los
cuales estructura su petición»21.
2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
37. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente procedente.
38. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales se
advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al
amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los
beneficios que éste otorga.
39. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la
controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables
20
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-
25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), C. P. César Palomino Cortés, Rad. 11001-03-25-000-2013-
01293-00 (3283-2013.
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Número Interno: 2578-2020
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y
cuidadoso. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de
jubilación, por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en
la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo «empleado oficial» que
acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho
al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio».
40. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar
una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de
transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en
cuestión22, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse.
41. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)23, acogió el
principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su
totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta
entró en vigor, y concluyó que: «(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
22
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y
cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
23
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
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Número Interno: 2578-2020
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
42. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento
del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón,
dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a
manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación
previsto en la Ley 100 de 1993.
43. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201824, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los
siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija
las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]».
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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44. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación
no es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que,
con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y
tribunales administrativos del país a la hora de proferir sus decisiones.
45. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron
los efectos de la decisión de la siguiente manera:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en
esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario
de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada […]».
46. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que,
en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la
liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente
corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:
16
Número Interno: 2578-2020
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a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 25 no configura, por sí solo, infracción de las normas
pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 26 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación
con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.
47. Bajo ese entendimiento, el análisis en sede de revisión, no se agota en la
verificación de la postura jurisprudencial aplicada en la sentencia cuestionada,
sino que exige constatar, en el caso concreto, si la liquidación pensional
reconocida desbordó los parámetros legales, de manera tal, que configure un
reconocimiento indebido de la prestación en cuantía superior a la permitida por
el ordenamiento.
48. Así las cosas, en atención al derrotero jurisprudencial citado en torno al régimen
de transición, se procede a resolver el asunto objeto de revisión.
2.5 Caso concreto.
49. Descendiendo al asunto sometido a consideración de la Sala, se observa
que, la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional sostiene que, la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), incurrió en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, toda vez que, reliquidó la pensión de jubilación de la
señora Nora Cifuentes Noyes con fundamento en el Setenta y Cinco por Ciento
(75%) del promedio mensual de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, criterio que, en su sentir, desconoció las
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 2578-2020
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reglas previstas para determinar el ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del régimen de transición y produjo el reconocimiento de una
prestación en cuantía superior a la legalmente debida.
50. Conforme quedó expuesto en el acápite precedente, la prosperidad de la
acción especial de revisión, no depende exclusivamente del hecho que la
providencia cuestionada haya aplicado una interpretación jurisprudencial
distinta a la vigente al momento en que se resuelve este mecanismo
extraordinario. Por el contrario, corresponde verificar si, atendiendo las
circunstancias particulares del asunto, la decisión judicial fue obtenida con
vulneración del debido proceso o hizo posible un reconocimiento pensional
que excediera los límites fijados por el ordenamiento jurídico.
51. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno recordar que, la sentencia objeto
de revisión, fue proferida el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), es decir, cuando la posición de unificación vigente en esta Corporación
era la fijada por la Sección Segunda mediante sentencia del Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Diez (2010), conforme a la cual, tratándose de beneficiarios
del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
ingreso base de liquidación debía comprender todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios que constituyeran retribución
directa del servicio.
52. Aunque para esa época ya se había proferido la Sentencia SU-230 de 2015
por parte de la Corte Constitucional, también lo es que, la divergencia
interpretativa entre ambas Corporaciones, únicamente quedó superada
mediante la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), providencia en la que, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, modificó expresamente la tesis sostenida por la Sección
Segunda y, además, precisó que, las decisiones adoptadas con fundamento
en la jurisprudencia anterior no podían reputarse, por ese solo motivo,
contrarias al ordenamiento jurídico, ni constitutivas de abuso del derecho o
fraude a la ley.
53. En efecto, la propia sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto
de Dos Mil Dieciocho (2018) dispuso que, en aquellos eventos en los cuales
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Número Interno: 2578-2020
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se promoviera una acción especial de revisión contra providencias proferidas
bajo la tesis anterior, correspondería al juez verificar, en cada asunto concreto,
si la liquidación reconocida excedió realmente el límite previsto por la ley, pues,
el simple cambio jurisprudencial no constituye, por sí mismo, motivo suficiente
para infirmar una sentencia ejecutoriada.
54. En ese orden, la Sala advierte que, la entidad accionante fundamenta
ambas causales de revisión en un mismo supuesto: que el Tribunal ordenó
incluir factores salariales respecto de los cuales, no existieron cotizaciones al
Sistema General de Pensiones. Sin embargo, ese planteamiento no consulta
integralmente el contenido de la providencia cuya revisión se pretende.
55. Obsérvese que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no solamente
ordenó reliquidar la pensión con inclusión de los factores salariales allí
relacionados, sino que, expresamente autorizó a la Universidad Nacional de
Colombia para descontar «los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales
no se hayan efectuado los descuentos de ley, en forma proporcional », previsión
incorporada dentro de la parte motiva del fallo y reiterada en su resolutiva.
56. Tal circunstancia reviste especial importancia para esta Sala, porque
evidencia que, la autoridad judicial no desconoció el principio de
correspondencia entre cotizaciones y prestaciones, sino que, previó
expresamente el mecanismo destinado a equilibrar la inclusión de aquellos
factores salariales respecto de los cuales, no se hubieren realizado aportes
durante la vida laboral de la demandante.
57. Esa conclusión encuentra respaldo en la forma como la propia Universidad
Nacional de Colombia, ejecutó la sentencia judicial. En efecto, mediante la
Resolución FP-0171 del Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016),
expedida en cumplimiento del fallo, la entidad efectuó la reliquidación
pensional incluyendo los factores ordenados por el Tribunal, distinguió entre
factores legales y extralegales, calculó la nueva mesada pensional y,
posteriormente, procedió a liquidar los descuentos retroactivos
correspondientes a aportes pensionales y al Fondo de Solidaridad Pensional
respecto de aquellos factores sobre los cuales no se habían realizado
cotizaciones.
19
Número Interno: 2578-2020
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo pensional
Demandado: Nora Cifuentes Noyes
58. Incluso, en la referida resolución se dejó constancia que, la ejecución del
fallo implicaba reconstruir la historia laboral de la pensionada, desde su
ingreso al servicio de la Universidad, razón por la cual, el procedimiento sería
desarrollado en dos fases, precisamente para garantizar la correcta
determinación de los aportes omitidos y efectuar las compensaciones
correspondientes antes del pago definitivo del retroactivo pensional.
59. En esas condiciones, la Sala considera que, no resulta acertado afirmar
que la sentencia revisada impuso el reconocimiento de factores salariales
completamente ajenos al sistema de cotizaciones, pues, la propia decisión
judicial, habilitó el descuento de los aportes omitidos y la entidad obligada
materializó dicha orden mediante el acto administrativo expedido para dar
cumplimiento al fallo.
20
Número Interno: 2578-2020
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60. Así las cosas, la Sala no encuentra acreditada la vulneración del debido
proceso, alegada por la entidad recurrente. En efecto, el Tribunal resolvió el
litigio con fundamento en la línea jurisprudencial unificada que esta
Corporación mantenía vigente al momento de proferir la sentencia, interpretó
las normas aplicables dentro del ámbito funcional que le correspondía como
juez natural del proceso, y motivó suficientemente las razones que justificaban
la reliquidación pensional ordenada.
61. La Sala estima pertinente insistir en que, la causal prevista en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no fue concebida para cuestionar la
corrección jurídica de una determinada interpretación normativa, ni para
sustituir el criterio adoptado por el juez ordinario. Su ámbito se circunscribe a
verificar la existencia de una verdadera afectación del núcleo esencial del
derecho al debido proceso, circunstancia que no aparece demostrada en el
presente asunto.
62. Igual conclusión se impone frente a la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Ello, toda vez que, la Universidad Nacional
de Colombia, no acreditó que la reliquidación reconocida por el Tribunal,
hubiera excedido los límites fijados por el ordenamiento jurídico, sino que,
edificó su inconformidad sobre un cambio jurisprudencial consolidado con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia cuya revisión pretende.
63. Adicionalmente, la Sala verificó que, los factores salariales cuya inclusión
dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca corresponden a los
efectivamente devengados por la señora Nora Cifuentes Noyes, durante el
último año de servicios. En efecto, de la certificación expedida por la
Universidad Nacional de Colombia, obrante en el expediente y valorada por el
Tribunal, se acredita que, durante el período comprendido entre el Dos (2) de
mayo de Dos Mil Seis (2006) y el Primero (1º) de mayo de Dos Mil Siete (2007),
la demandante percibió asignación básica, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, ajuste
de compensación de vacaciones por retiro, ajuste de prima de vacaciones por
retiro, ajuste de prima de servicios por retiro, ajuste de prima de navidad por
retiro y ajuste de quinquenio por retiro.
21
Número Interno: 2578-2020
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64. A partir de dicha certificación, la Sala constata que, el Tribunal ordenó la
reliquidación con la asignación básica, la bonificación por servicios prestados,
la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones, el ajuste de
prima de vacaciones por retiro, el ajuste de prima de servicios por retiro, el
ajuste de prima de navidad por retiro y el ajuste de quinquenio por retiro, es
decir, con factores efectivamente acreditados como devengados, sin que se
hubiera incorporado concepto alguno ajeno a la realidad salarial de la
demandante. En esas condiciones, tampoco desde esta perspectiva se
evidencia que la cuantía de la prestación reconocida hubiera excedido lo
legalmente debido por la inclusión de factores no devengados, circunstancia
que desvirtúa la configuración de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
65. Precisamente, la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), descartó que las decisiones adoptadas bajo la tesis
de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), pudieran
reputarse, por ese solo hecho, constitutivas de abuso del derecho o fraude a
la ley, correspondiendo al juez extraordinario, verificar la existencia de
circunstancias adicionales, que evidencien un reconocimiento
manifiestamente superior al permitido por la legislación.
66. En el expediente no obra elemento probatorio alguno, que permita concluir
que, el reconocimiento ordenado por el Tribunal desbordó tales límites. Por el
contrario, las pruebas demuestran que, la ejecución del fallo comprendió la
realización de los descuentos por aportes no efectuados durante la relación
laboral, circunstancia que, desvirtúa el principal fundamento sobre el cual la
entidad accionante edificó la presente acción especial de revisión.
67. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), no incurrió en las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual, la acción especial de revisión no está llamada a prosperar y,
en consecuencia, se mantendrá incólume la providencia objeto de este
mecanismo extraordinario.
22
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
2.6 Condena en costas.
68. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
2.7 Conclusiones.
69. La Sala concluye que, la acción especial de revisión no está llamada a
prosperar, por cuanto la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional,
no acreditó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el Diecinueve (19) de enero
de Dos Mil Dieciséis (2016), hubiera sido obtenida con vulneración del debido
proceso o reconocido una prestación periódica en cuantía superior a la
legalmente debida. En efecto, quedó demostrado que, la providencia
cuestionada fue proferida con fundamento en la posición jurisprudencial
vigente para la época y que la propia sentencia previó el descuento de los
aportes correspondientes a los factores salariales incluidos en la reliquidación.
En consecuencia, se declarará infundada la acción especial de revisión y se
mantendrá incólume la sentencia objeto de este mecanismo extraordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional,
contra la sentencia proferida el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia dictada
el Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado
Diecisiete Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá
23
Número Interno: 2578-2020
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Demandado: Nora Cifuentes Noyes
D.C., dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 11001-33-31-016-2011-00734-02, promovido por la señora
Nora Cifuentes Noyes contra la Universidad Nacional de Colombia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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