Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00863-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00863-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00863-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00863 00 (2613-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 23 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13
001 33 33 007 2014 00039 00.
II. ANTECEDENTES
2.1 Proceso ordinario inicial2
2.1.1 La demanda
2. La señora Edith Camacho Otálvarez, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la UGPP con el objetivo
de obtener la nulidad de la Resolución UGM 012133 del 5 de octubre de 2011,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de una pensión gracia.
3. Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la UGPP reconocer y pagar la pensión
gracia desde el momento en que adquirió el estatus, prestación que debe ser
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
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Radicado: 11001 03 25 000 2020 00863 00 (2613-2020)
Demandante: UGPP
liquidada teniendo en cuenta todos los factores dejados de
liquidar a partir de la fecha en que adquirió el estatus, a saber:
prima de navidad, prima vacaciones sobresueldo, entre otros.
2.1.2 Hechos Relevantes
4. La UGPP negó el reconocimiento de la prestación bajo el entendido de que la
señora Edith Camacho Otálvarez no acreditaba 20 años de servicios en la
docencia oficial de carácter territorial o nacionalizado, en atención a que para
acceder a la prestación no era posible computar tiempos de servicio del orden
nacional ni los desempañados en cargos de carácter administrativo.
5. Contrario a lo señalado por la UGPP, se encuentra acreditado que la señora
Camacho Otálvarez tiene vinculación del orden municipal y se desempeñó como
maestra de básica primaria en la Concentración Escolar de Rio viejo – Bolívar,
desde el 1 de enero de 1976, tal como da cuenta la Resolución 1285 del 1 de
enero de 1976. Así mismo que nació el 16 de septiembre de 1950, por lo que
cumplió 50 años el 16 de septiembre de 2000, razón por la cual acredita los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia.
6. Las certificaciones laborales expedidas por el Centro de Administración Local
del Servicio Educativo – CALSE núcleo Educativo 22 del Municipio de Río Viejo
y la Secretaría de Educación de Bolívar, acreditan que la vinculación es del orden
nacionalizado más no nacional, ello por cuanto la designación la hizo la autoridad
territorial, en vigencia del proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficial, en virtud de la Ley 43 de 1975; alegando entonces, que se
cumplieron los requisitos de la Ley 114 de 1913, para obtener la pensión gracia.
2.1.3 Concepto de violación
7. Señaló que la UGPP desconoció los artículos 1, 2, 13, 48 y 53 de la
Constitución Política, toda vez que debió reconocer la pensión gracia, teniendo
en cuenta que la docente laboró por más de 20 años en el rango nacionalizado.
2.1.4 Sentencia de primera instancia3
8. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
providencia de 21 de noviembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
9. Para tal efecto, señaló que la señora Edith Camacho Otálvarez fue nombrada
formalmente mediante Decreto 1285 del 28 de diciembre de 1976, como docente
en el Municipio de San Martín de Loba, cargo del cual tomó posesión el 17 de
enero de 1977, con efectos retroactivos al 1 de enero de 1976, lo anterior significa
que su vinculación se dio en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se
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Demandante: UGPP
nacionalizó el servicio de la educación en Colombia, sin
embargo, ello no le da la connotación de docente nacionalizado,
dado que la designación aunque la hizo una autoridad territorial, se hizo con
fundamento en la mentada ley y a cargo de la Nación, por lo que no se puede
contabilizar dicho periodo.
2.1.5 Recurso de apelación 4
10. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la señora Camacho
Otálvarez interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia. Para el efecto, insistió en que cumple los
requisitos de ley, pues, prestó servicios en básica primaria en el Municipio de San
Martín de Loba, desde el 1 de enero de 1976 y hasta la fecha de presentación de
la demanda en el Municipio de Rio Viejo, destacando que a partir de 1975 en
virtud de las disposiciones contenidas en la Ley 43 de 1975, empezó el proceso
de nacionalización de la educación primaria y secundaria y aquella es maestra
de vinculación nacionalizada.
2.1.6 Sentencia objeto de revisión5
11. El Tribunal Administrativo de Bolívar con fallo del 23 de marzo de 2018,
revocó la decisión del a quo, y en su lugar accedió al reconocimiento de la
pensión gracia, y declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 3
de febrero de 2011, por lo siguiente:
12. Primero, no encontró reproche frente a la edad, el desarrollo de la labor con
honradez y la petición del reconocimiento de la prestación, precisando entonces
que la controversia giraba en torno a los 20 años de servicios, esto es, si se
habían prestado en el orden nacional, o en el territorial o nacionalizado. Para el
efecto, sostuvo que obraba acta 117 del 17 de abril de 1977, donde consta que
tomó posesión del cargo de maestra en la Escuela de Buenos Aires de San
Martín de Loba, en la misma se dispusieron efectos retroactivos al 1 de enero de
1976, siendo nombrada mediante el Decreto 1285 del 28 de diciembre de 1976.
13. Segundo, expresó que erró el a quo al concluir que la vinculación es del orden
nacional, toda vez que de los actos de nombramiento no se concluye que fue
vinculada en vigencia de la Ley 43 de 1975 al servicio educativo en el nivel
nacional, sino que la vinculación que ostentaba era de carácter territorial, porque
de acuerdo con su acta de posesión, su nombramiento fue efectuado por
entidades territoriales, sin previa autorización del Gobierno. Y si bien no
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carpeta 2014-00039 (Edith Camacho vs UGPP) – archivo cuaderno principal.pdf - folios 158 a 162
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reposaban en el expediente los actos de designación, la
naturaleza de esta queda sujeta a las inferencias que puede
hacerse de los demás documentos que sí hacen parte del expediente
administrativo, particularmente de las actas de posesión de 17 de enero de 1977
y el 15 de septiembre de 1998, ambas expedidas por autoridades territoriales.
14. Además, el hecho de que vinculación a la Nación estuviera condicionada a
un procedimiento administrativo previo ante el Ministerio de Educación Nacional,
y que no se haya aportado al proceso ni se haya hecho mención alguna al
expediente administrativo, permite inferir fundadamente que dicho procedimiento
no se siguió y que el efecto del nombramiento efectuado por el departamento en
1976 tuvo el efecto previsto en la Ley 43 de 1975 de vinculación a su planta de
personal.
15. Tercero, consideró que la carga de desvirtuar que el nombramiento de la
demandante por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de
Bolívar estuvo precedido de autorización previa del Ministerio de Educación
Nacional, estaba en cabeza de la entidad y no la cumplió, en consecuencia, debe
tenerse como errada cualquier certificación expedida sobre la consideración del
tipo de vinculación de un docente sin tener en cuenta la autoridad que expide el
acto de nombramiento.
2.1.7 La acción especial de revisión6
16. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
17. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó (i) revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 23 de marzo de 2018, que
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la señora Edith
Camacho Otálvarez en cuantía de $946.557, a partir del 26 de septiembre de
2000, con efectos fiscales a partir del 3 de febrero de 2011, y en su lugar declarar
que no tiene derecho a dicha prestación.
6 Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo ED-4-05 S353-D1Demanda-2020921161325.pdf(.pdf) NroActua
4. DemandaWeb-Demanda-.pdf
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18. Para fundamentar la causal de revisión, la entidad sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia en
comento, desconoció los artículos 1, 2, 6, 48, 121, 123 inciso 2, 209 y 214 de la
Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de
1989, 33 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, sin que se haya acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913, esto, por cuanto
se tuvo en cuenta tiempos laborados en el orden nacional, lo que lesiona el erario;
estimando además que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
conformidad con la Ley, al haberse ordenado el reconocimiento y pago de la
pensión en contravía del ordenamiento legal.
19. Para finalizar, expuso que los tiempos laborados por la demandada para el
Departamento de Bolívar entre el 1 de enero de 1976 al 20 de noviembre de
2013, son de carácter nacional, tal y como lo señala el certificado 014681 del 27
de marzo de 2019, expedido por la Secretaría de Educación de Bolívar, por lo
que no tiene derecho a la pensión gracia.
2.1.8 Contestación
20. En el término otorgado la señora Edith Camacho Otálvarez guardó silencio.
21. El agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia, rindió concepto
en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP, teniendo en cuenta que la señora Edith Camacho
Otálvarez, cumple con los requisitos señalados para ser beneficiaria de la
pensión gracia.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
22. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
3.2 Oportunidad
23. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
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Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la
inexequibilidad de dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al
acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
24. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
25. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 23
de marzo de 2018 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, ejecutoriada
el 24 de enero de 2019, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 2 de octubre de 20208, es decir, dentro del término.
3.3 Problema jurídico
26. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 23 de marzo de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a la UGPP a reconocer y pagar una pensión gracia a la señora Edith
Camacho Otálvarez en cuantía del 75% como promedio de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de
su estatus pensional, esto es del 22 de septiembre de 1999 al 16 de septiembre
de 2000.
27. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Demandante: UGPP
3.4 La acción especial de revisión y las causales
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
28. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 10, que
se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de
la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
29. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia12 y para ejercerla se
9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
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Demandante: UGPP
requiere de un solicitante calificado13, que a su vez es un tercero
que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
30. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 14 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
31. Según la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-427 de 2016, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de
2003, la legitimación para interponer la acción de revisión recae en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones
llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero. En ese sentido, la UGPP, al ser una entidad administradora encargada
de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales, está
legitimada para interponer la presente acción de revisión.
3.5 Análisis de la Sala
3.5.1 En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
32. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
33. En sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
14 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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Radicado: 11001 03 25 000 2020 00863 00 (2613-2020)
Demandante: UGPP
tres elementos: i) el derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales
dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; iiii) las garantías de
audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir
la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in ibidem.
34. Esta Subsección de manera reitera ha sostenido que la acción especial de
revisión no es un mecanismo para reabrir asuntos debatidos en el curso del
proceso ordinario, especialmente efectuar nuevas valoraciones sobre el acervo
probatorio puesto en consideración del juez natural de la causa, no obstante, esta
circunstancia no impide el estudio de los cargos formulados bajo la causal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuando se advierte que, más allá de la
discrepancia en la apreciación de las pruebas, se denuncia vulneración a las
garantías constituciones que enmarcan el debido proceso15.
47. En el presente asunto la UGPP cuestiona que la sentencia de 23 de marzo
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual
se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la docente,
por cuanto estima se aparta de lo orientado por la jurisprudencia que regula la
materia y lo establecido en la ley, toda vez que se ordenó el reconocimiento sin
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913. Así, precisa
que se tuvo en cuenta el tiempo de servicio comprendido entre el 1 de enero de
1976 al 20 de noviembre de 2013, que es de naturaleza nacional, según el
certificado 014681 del 27 de marzo de 2019, expedido por la Secretaría de
Educación del Departamento de Bolívar.
48. Pues bien, sea lo primero señalar que la certificación calendada el 27 de
marzo de 2019, documento con fundamento en la cual el apoderado de la UGPP
sienta su inconformidad respecto a la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, fue expedida con posterioridad a la ejecutoria de la
mencionada sentencia - 24 de enero de 2019-, razón por la cual era imposible
que la autoridad judicial considerara su contenido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora Edith Camacho
Otálvarez.
49. En ese horizonte de comprensión, salta a la vista que la prueba aludida
por el apoderado de la entidad demandante, no fue controvertida en el curso del
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de octubre de 2025. Magistrado
Ponente Dr. Jorge Iva Duque Gutiérrez. Expediente. 11001032500020200096000 (2910-2020)
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Radicado: 11001 03 25 000 2020 00863 00 (2613-2020)
Demandante: UGPP
proceso ordinario, en consecuencia, se itera, la acción especial
de revisión no es el mecanismo indicado para reabrir el debate probatorio o
pretender la incorporación de nuevos documentos que pudieron allegarse en la
oportunidad procesal pertinente.
50. Contrario a lo alegado por la entidad, verifica la Sala que el Tribunal
Administrativo de Bolívar con fundamento en los medios probatorios recaudados
en el proceso, llegó a la conclusión de que a la señora Camacho Otálora, le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, teniendo en
cuenta que el tiempo de servicio acreditado era del orden territorial, para tal efecto
consideró entre otros, el contenido del acta de posesión 117 del 17 de abril de
1977, en virtud de la cual tomó posesión del cargo de maestra de Escuela de
Buenos Aires de San Martin de Loba, para el cual fue nombrada mediante
Decreto 1285 de diciembre de 1976, expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Bolívar.
51. Adicional a ello, hizo mención a diferentes certificaciones expedidas por la
Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, el Alcalde del Municipio de
Río Viejo Bolívar, el Director del Centro de Administración Local del Servicio de
Educación “CALSE” núcleo educativo 22 del Municipio de Río Viejo, el Alcalde
de San Martín de Loba y el Director del “CALSE” 31 de San Martín de Loba,
documentos que dan fe de la vinculación de la demandante en calidad de docente
nacionalizada, por más de 20 años de servicio, lo que le da el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
52. En ese escenario, no puede alegarse la existencia de una irregularidad en
la valoración probatoria, más si se tiene en cuenta que la certificación a que hace
mención la entidad demandante en el contenido del recurso, fue expedida con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia objeto de
cuestionamiento.
53. Se concluye entonces que el reconocimiento efectuado a favor de la
mentada docente no vulneró el derecho al debido proceso, pues se acreditó en
debida forma la naturaleza de la vinculación de la demandada, cosa distinta es
la discrepancia de la entidad en la valoración de los medios de prueba.
54. En consecuencia, no prospera el cargo invocado con fundamento en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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3.5.2 En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
55. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente16 como un
instrumento que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa17y
permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en
exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General
de Pensiones18, en especial, el principio de solidaridad19 y equilibrio financiero.
56. Sobre el particular el apoderado de la UGPP sienta sus argumentos de
disenso en la ilegalidad del reconocimiento pensional efectuado a favor de la
señora Edith Camacho Otálvarez, es decir la falta de cumplimiento de uno de los
requisitos exigidos en el ordenamiento para su otorgamiento, para el caso
particular el tiempo de servicio, dado que a su sentir el periodo comprendido entre
el 11 de enero de 1976 al 20 de noviembre de 2013, es del orden nacional, razón
por la cual no podía ser considerado para efectos del reconocimiento de la
pensión.
57. Lo anterior significa que, la censura esbozada por la entidad no está
asociada con la cuantía en que se reconoció la prestación en los términos
indicados por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que no se
alega una incorrecta liquidación en razón a la inclusión de un factor salarial al que
no tenía derecho, o que la prestación haya sido reconocida en una cuantía
superior a la que en derecho corresponde.
58. Así las cosas, claro es que la entidad demandante con los argumentos
esbozados no señaló en forma clara y exacta los motivos por los cuales la
mesada pensional reconocida a favor de la señora Edith Camacho Otálvarez,
excede los límites establecidos en la Ley, su argumentación se establece en la
legalidad del derecho reconocido, circunstancia respecto a la cual y como se
analizó en precedencia se encuentra debidamente acreditado.
59. Por lo expuesto, no está llamado a prosperar el recurso de revisión frente
a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en atención a que
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
17
Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
18
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
19
Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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Demandante: UGPP
la UGPP no cuestiona la cuantía de la mesada, sino la falta de
cumplimiento del requisito de tiempo de servicio para acceder a
la pensión gracia, motivo que no encaja dentro de la causal invocada.
60. En consecuencia, al no acreditarse la configuración de las causales de
revisión invocadas, se declarará infundada la acción.
3.6. Condena en costas
61. Dado que esta Sección20 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 23 de marzo de 2018, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 13001333300720140003901, que revocó la
sentencia de 21 de noviembre de 2014 proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cartagena que negó las pretensiones de la demanda y en su
lugar accedió a ellas.
SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
20 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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