Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00743-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00743-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00743-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00743-00 (4203-20211)
Recurrente: Bernardo David Tobar Velazco
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Bernardo David
Tobar Velazco, en contra de la sentencia del 15 de septiembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
confirmó la decisión del 23 de julio de 2019 en la cual el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que interpuso contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, en la que solicitó la nulidad de los actos administrativos que lo
retiraron del servicio por llamamiento a calificar servicios.
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP2, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 11001-33-42-051-2018-00338-01:
1.1.1. La demanda
2. El señor Bernardo David Tobar Velazco radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
en la que solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución núm. 0900 del 14 de
febrero de 2018 que lo retiró del servicio activo, de forma temporal, con pase a reserva,
por llamamiento a calificar servicios a partir del 14 de febrero de 2018.
1 Expediente digital.
2
Artículos 244 y subsiguientes del CGP. «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando
por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». Artículo 246 del CGP.
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3. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenarle a la entidad demandada
que lo reintegrara sin solución de continuidad, con el consecuente ascenso en el grado
correspondiente. Además, reclamó el pago de los salarios y prestaciones dejadas de
percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se hiciera efectivo su reintegro
así como de los perjuicios morales causados3.
4. En el concepto de violación, indicó que la facultad de llamamiento a calificar
servicios no era absoluta por lo que debía atender criterios de proporcionalidad, utilidad
y razonabilidad. En este sentido, debió garantizarse el cumplimiento de la ley, así como
la aplicación de la lista de clasificación para el ascenso expedida por la Junta, que le
confería prevalecía con respecto a los restantes oficiales efectivamente promovidos,
lo que infringió el artículo 49 del Decreto 1790 de 2000 y el artículo 65 del Decreto
1799 de ese año. De este modo, el llamamiento a calificar servicios fue abiertamente
discriminatorio, por lo cual el acto estaba viciado de nulidad por falsa motivación y
desviación de poder.
1.1.2. Contestación de la demanda
5. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda al considerar que la decisión contenida en el acto administrativo está
ajustada a derecho en garantía del buen servicio, fue el resultado del estudio realizado
por la Junta Asesora de la entidad y dio cumplimiento al Decreto 1790 de 2000. En
particular, el señor Bernardo David Tobar Velazco cumplió con el tiempo exigido por el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, por tener más de 15 años de servicio y haber
sido retirado por llamamiento a calificar servicios.
6. Adicionalmente, el excelente desempeño laboral del oficial no le otorgaba
inamovilidad en el cargo, aunado a que esa circunstancia no era demostrativa de que
el acto se fundó en razones ajenas a las previstas en la norma para proceder con el
retiro del servicio. En consecuencia, debía mantenerse incólume la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado por cuanto no incurrió en las causales de
nulidad alegadas4.
1.1.3 Sentencia de primera instancia
7. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dictó
sentencia el 23 de julio de 2019 en la que negó las pretensiones de la demanda.
8. Precisó que aunque algunos argumentos del demandante se dirigieron a
cuestionar la ausencia de recomendación para ascender al grado de coronel, el
proceso debía limitarse a estudiar la legalidad de la Resolución núm. 0900 que lo llamó
a calificar servicios. Por ende, en caso de que se anulara este acto, aclaró, el
restablecimiento del derecho no iría encaminado a llamar a ascenso al demandante,
porque esto y la decisión de retiro son dos situaciones distintas.
9. En este contexto, destacó que de conformidad con la normativa aplicable la
figura de llamamiento a calificar servicios estaba sujeta a la observancia de los
3
Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201800338(.zip) NroActua 25, 01
11001334205120180033801.pdf, páginas 240 a 271 del archivo digital.
4
Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201800338(.zip) NroActua 25, 01
11001334205120180033801.pdf, páginas 288 a 306 del archivo digital.
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siguientes requisitos, cumplidos los cuales se presumía la legalidad del acto de retiro:
(i) que el retirado haya prestado servicio en actividad igual o mayor a 18 años; y (ii)
que la Junta Asesora de la Nación, Ministerio de Defensa haya emitido concepto previo
favorable. En punto a ello se refirió a la postura jurisprudencial sobre la materia, que
ha precisado que no se exige una motivación del acto demandado distinta a aquella
que emana de la ley, porque, en principio, se entiende proferido en ejercicio de la
facultad discrecional salvo que se logre evidenciar una práctica de persecución, abuso
de poder o discriminación.
10. Con sustento en lo anterior, analizó el caso concreto y concluyó que la
Resolución núm. 0900 incorporó el contenido de la recomendación emitida por la Junta
Asesora, sin que existiera una disposición normativa que le impusiera a la
administración el deber de motivar esta clase de actos administrativos.
11. No obstante, este acto sí fue motivado de manera que se soportó en que el
demandante cumplió con los requisitos de ley para acceder a la asignación de retiro.
Al respecto, lo expresado está protegido por la presunción de legalidad, de suerte que
el señor Bernardo Tobar Velazco prestó sus servicios en el Ejército Nacional durante
25 años, 2 meses y 27 días, el Acta núm. 9944 del 4 de octubre de 2017 no recomendó
el ascenso al grado superior del demandante, y luego se profirió el Acta núm. 16 del
19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Junta Asesora recomendó el retiro del
servicio por llamamiento a calificar servicios.
12. En este contexto, pese a que el demandante aportó al trámite el extracto de su
hoja de vida y el concepto de idoneidad profesional emitido por el mayor general, el
testimonio rendido por quien fungió como presidente del Comité de Evaluación para el
2017 dio cuenta de que los aspectos que el actor echó de menos fueron analizados.
De ahí que no solo se observó la hoja de vida y la clasificación en las listas, sino que
se efectuó un análisis integral que comprendió la trazabilidad y el estudio de idoneidad,
que evidencian el desempeño, la honradez, la lealtad y el honor. Frente a esta
situación, el testigo aclaró que se realizó igual análisis para los 200 oficiales, pese a
que al final solo 120 de ellos fueron recomendados para el ascenso por ser mejores.
13. Adicionalmente, expresó que las listas de clasificación no comprendían una
camisa de fuerza para las autoridades que posteriormente decidían el retiro del servicio
y puso de presente que el demandante no aportó prueba que evidenciara que el acta
médica careció de validez o que su retiro fue consecuencia de un ejercicio arbitrario.
También considero, respecto al cargo de desviación de poder, que el llamamiento a
calificar servicios no dependía de un desempeño profesional y que este se presumía
ejercido para el mejoramiento del servicio. Por lo tanto, ante la ausencia de prueba en
contrario no era factible desvirtuar la presunción de legalidad del acto enjuiciado5.
1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante
14. El señor Bernardo David Tobar Velazco interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia en el que indicó que la facultad de llamamiento a
calificar servicios no era absoluta, porque debía respetar las disposiciones que regían
la carrera militar. De este modo, reparó en que esta situación no fue tenida en cuenta
5
Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201800338(.zip) NroActua 25, 01
11001334205120180033801.pdf, páginas 493 a 510 del archivo digital.
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por el Juzgado porque se limitó a verificar que el oficial cumplió 15 años de servicio
para tener derecho a la asignación de retiro sin verificar los argumentos relativos a la
decisión de no ascenderlo, conforme a un concepto emitido por el comité legal de la
entidad demandada.
15. En este orden, a diferencia de lo considerado por el Juzgado, las pruebas que
se aportaron al expediente permitían sustentar que el acto administrativo de retiro
estuvo respaldado en el antecedente de no considerar su ascenso para el grado de
coronel. Esta decisión, además, tuvo como fundamento un concepto falsamente
motivado por el comité que demostró una de las tantas irregularidades acontecidas en
sede administrativa. De ahí extrajo que existe un nexo de causalidad evidente entre la
decisión de no conceder el ascenso y la de desvincularlo, por lo que esto último no se
motivó en la posibilidad de acceder a la asignación de retiro.
16. Además, expresó que el argumento de que la clasificación en listas no constituía
camisa de fuerza al momento de adoptar la decisión de retiro contradecía el Decreto
1799 de 2000 y consideró que, a diferencia de lo sustentado por el Juzgado de primera
instancia, el acto demandado sí incluyó una motivación, pero falsa, en tanto la razón
del retiro se derivó de no haber sido ascendido al grado de coronel.
17. Manifestó que la sentencia contiene una argumentación deficiente que dejó de
lado un examen de sus planteamientos, de las pruebas, y del cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables. En concreto, se le otorgó plena credibilidad al
testimonio rendido por el general Zapateiro, sin analizar íntegramente todos los medios
de convicción allegados al proceso. Por estos motivos, pidió revocar la sentencia de
primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo
demandado y acoger las pretensiones de la demanda6.
1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
profirió sentencia el 15 de septiembre de 2020 en la que confirmó el proveído del 23
de julio de 2019.
19. Determinó que el señor Bernardo David Tobar Velazco ingresó a laborar en el
Ejército Nacional el 1 de diciembre de 1994 y fue retirado por llamamiento a calificar
servicios mediante la Resolución núm. 0900 demandada, cuando tenía el cargo de
teniente coronel, tras haber completado un total de 25 años, 2 meses y 27 días de
servicio. En línea con ello, el actor contó con el concepto previo emitido por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa, y, además, tenía derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro porque, en aplicación del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
contaba con más de 15 años de servicio.
20. En consecuencia, el acto administrativo de retiro se ajustó a las normas sin que
el demandante hubiera demostrado que desbordó los fines de la disposición o el juicio
de proporcionalidad de los hechos que le sirven de causa. Puntualmente, en cuanto a
la falsa motivación alegada por el actor, explicó que a este le asistía la carga de probar
la inexactitud en los motivos esbozados en la decisión demandada.
6
Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201800338(.zip) NroActua 25, 01
11001334205120180033801.pdf, páginas 512 a 526 del archivo digital.
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21. Así, puso de presente que en el caso concreto el señor Bernardo David Tobar
Velazco adujo que el verdadero motivo de su retiro del Ejército Nacional fue la falta de
ascenso. No obstante, lo cierto es que el llamamiento a calificar servicios, de acuerdo
con la jurisprudencia que rige la materia, no es una sanción ni despido, por el contrario
es una garantía de la que goza el servidor para beneficiarse de la asignación de retiro
una vez desvinculado de la entidad. Por tanto, el demandante debió demostrar que su
salida fue ocasionada por una razón distinta al relevo de mandos, a partir de establecer
una relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo alegado.
22. En estos términos, el Tribunal se refirió al contenido del Acta núm. 944 del 4 de
octubre de 2017, que no recomendó el ascenso del demandante al grado superior por
no cumplir el perfil para desempeñar mayor responsabilidad en el ámbito militar. De
ahí que el señor Bernardo David Tobar Velazco contaba con los elementos de juicio
para determinar las razones que sustentaron la decisión adoptada en esa oportunidad.
Bajo este entendido, dispuso que la autoridad nominadora podía retirar al accionante
por llamamiento a calificar servicios pese a que previamente se hubiere conceptuado
no ascenderlo, puesto que esta actuación no se oponía a la causal citada. La idoneidad
del demandante en su trayectoria profesional tampoco era un impedimento para
ejercer la facultad discrecional.
23. Así las cosas, el Tribunal resolvió que la permanencia en el escalafón militar no
constituía un derecho adquirido, tan así que una vez se cumpliera lo requerido para
adquirir el pase a reserva con asignación de retiro se podía adoptar esta determinación
sin que el afectado pudiera oponerse por la expectativa de alcanzar el máximo grado.
Inclusive, expresó que el Acta núm. 3537 del 21 de octubre de 2017 definió la situación
jurídica del accionante por lo que podía demandarse en sede judicial, máxime cuando
las inconformidades de este se sustentan directamente en la decisión proferida por el
comité. Por consiguiente, en el caso particular no se probaron las causales de nulidad
contra el acto administrativo7.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
24. Bernardo David Tobar Velazco interpuso recurso extraordinario de revisión8 en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15
de septiembre de 2020, al considerar que era una decisión de segunda instancia que
estaba ejecutoriada y que, por tanto, contra esta no procedía algún recurso.
25. Expresó que la providencia era nula -numeral 5 del artículo 250 del CPACA-
porque inaplicó las normas legales y constitucionales y los precedentes judiciales, no
realizó una valoración probatoria y desconoció la carga dinámica de la prueba. Por
estos motivos, le pidió a esta corporación: i) revocar o declarar la nulidad de la sentencia
proferida por el Tribunal, como forma de corregir los errores en que esta incurrió; y ii)
expedir una providencia de reemplazo que responda a la justicia material y al
ordenamiento jurídico, en la cual se anule el acto administrativo demandado y se
acceda a las pretensiones de la demanda.
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Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201800338(.zip) NroActua 25, 01
11001334205120180033801.pdf, páginas 570 a 592 del archivo digital.
8 La Sala sintetiza los reparos del recurso a partir de los motivos concretos aducidos por el recurrente, sin incluir en
este acápite recuentos normativos o jurisprudenciales que, aunque hacen parte de la sustentación del recurso, y lo
integran, no son inconformidades puntuales frente al caso particular.
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26. En lo relativo a la inaplicación de normas legales y constitucionales, expresó que
el Tribunal, al emitir pronunciamiento frente a la facultad discrecional, dejó de lado la
existencia de normas de carrera que eran aplicables para el retiro de los miembros de
las fuerzas militares, las cuales permitían establecer quienes eran los mejores oficiales
para continuar con la prestación del servicio y con la carrera militar, porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afirmó que el retiro era una facultad discrecional de la
administración para renovar el personal de la fuerza pública, que no exigía motivación,
porque se presumía su realización en el marco de la preservación del buen servicio.
27. En línea con lo anterior, indicó que el Tribunal desconoció el contenido del
Decreto 1799 de 2000 que determina lo relativo al proceso de evaluación y clasificación
del personal de las fuerzas militares, sobre las normas violadas, y sobre la incidencia
de estas en el proceso de evaluación y clasificación.
28. Ahora bien, respecto a la inaplicación de los precedentes judiciales, el señor
Tobar Velazco afirmó que el Tribunal inobservó la sentencia SU-091 de 2016 proferida
por la Corte Constitucional relativa al llamamiento a calificar servicios y la sentencia SU-
171 de 2015 según la cual, aunque los conceptos de las juntas no son demandables en
sede de la jurisdicción contencioso-administrativa, sí deben ser apreciados por el juez
en el estudio de legalidad que haga sobre los actos.
29. En cuanto a la falta de valoración probatoria, el señor Tobar Velazco indicó que
el Tribunal le otorgó un alcance distinto a la facultad de retiro, toda vez que se limitó a
revisar que cumplió con el tiempo para acceder a la asignación de retiro y que existió
un concepto de la junta asesora, con el fin de corroborar que la entidad podía expedir
la Resolución núm. 900 del 14 de febrero de 2018 que lo retiró del servicio por
llamamiento a calificar servicios, actuación con la cual dejó de lado el estudio de las
pruebas y de los argumentos incorporados en la demanda, que le hubieran permitido
tener por demostradas las causales de nulidad del acto administrativo.
30. En particular, el Tribunal dejó de analizar ciertas circunstancias como no haber
tenido en cuenta los conceptos de idoneidad expedidos por los evaluadores, la inclusión
en la lista de tres oficiales que fueron calificados en menor nivel, los cuales, aun así,
fueron ascendidos, y la expedición de un concepto supuestamente falso basado en su
historial laboral; estos aspectos que no fueron desvirtuados por la demandada.
31. Adicionalmente, expresó que el Tribunal no tuvo en cuenta soporte probatorio
alguno para pronunciarse frente a la facultad discrecional e indicó que la desviación de
poder como causal de nulidad alegada estaba debidamente probada en el proceso, ya
que la decisión adoptada fue subjetiva y pasó por alto el trámite de la evaluación y
clasificación, que emana de la norma aplicable, y que faculta la escogencia de los
mejores oficiales para continuar en su carrera militar. Por tanto, afirmó que el estudio
de la demandada se fundó en procedimientos ajenos a la norma aplicable.
32. En este punto, el señor Bernardo David Tobar Velazco adujo que se
desconocieron la totalidad de las pruebas aportadas al proceso que demostraron el
nexo causal temporal y que su retiro del servicio estuvo precedido de no haber sido
ascendido, en diciembre de 2017, en el grado de coronel, a partir de un «concepto falso
emitido por el comité de evaluación, sin competencia para el efecto, omitiendo realizar
el proceso de evaluación y clasificación».
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33. También afirmó, con relación a la causal de nulidad de falsa motivación, que en
el proceso se acreditó que el concepto del comité evaluador no era concordante con la
situación laboral, la hoja de vida, entre otras pruebas incorporadas al expediente,
aunado a que este fue expedido sin competencia y agregó que revestía de falsedad, en
la medida en que obvió la normativa del Decreto 1799 de 2000, con el pretexto de que
se trató de una facultad discrecional. De ahí que, el Tribunal omitió pronunciarse sobre
la falsa motivación, pese a que quedó probado que lo consignado en el concepto del
comité evaluador no coincidía con su historial laboral, del cual solo era posible extraer
felicitaciones y conceptos positivos.
34. En estos términos, manifestó que no existía un indicio que le permitiera al Ejército
Nacional asegurar la conformidad entre el concepto del comité evaluador y la realidad
demostrada por el histórico de su hoja de vida, y que para la expedición del concepto
no se valoraron los listados de clasificación que eran determinantes para evaluar su
desempeño profesional, lo cual se extraía del testimonio del ponente del comité de
evaluación y de un oficio del 2 de mayo de 2018, que ponían en evidencia la omisión
de la norma legal, esto es, los artículos 49 y 53 del Decreto 1790.
35. Como recopilación de lo anterior, Bernardo David Tobar Velazco refirió que,
según la sentencia de unificación proferida para los casos de llamamiento a calificar
servicios, el juez de legalidad no puede limitarse a verificar los requisitos generales,
sino que debe valorar la totalidad de las pruebas que le permitan determinar si el acto
se ajustó o no a la normativa pertinente, y debía pronunciarse sobre los argumentos
planteados por la demandante en su escrito inicial. En este sentido, adujo que las
apreciaciones de la sentencia obviaron las normas de la carrera militar en contravía de
la realidad probatoria, al limitarse solo a revisar la acreditación de los requisitos
generales.
36. Finalmente, en cuanto al desconocimiento de la carga dinámica de la prueba, el
recurrente alegó que, según la jurisprudencia constitucional, el Ejército Nacional tenía
la obligación de desvirtuar las pruebas y los argumentos expuestos en la demanda,
pero, por el contrario, se limitó a expresar que se cumplieron los requisitos generales,
y esta conducta fue aceptada por las instancias judiciales. De esta forma, el Tribunal
evadió esta exigencia procesal y optó por acoger la postura de verificar solo los
requisitos generales sin analizar cada uno de los argumentos propuestos.
37. Por estas razones, consideró que estaban demostradas las causales de nulidad
de falsa motivación, desviación de poder y violación de las normas en que el acto debía
fundarse, que desvirtuaban, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la presunción de legalidad de la Resolución núm. 0900 del 14 de febrero
de 2018.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
38. A través de auto del 17 de marzo de 20229, se admitió el recurso extraordinario
de revisión, se ordenó la notificación personal a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional y al Ministerio Público, y se reconoció personería a la abogada de la
demandante. Esta decisión se notificó en debida forma10.
9
Samai, índice 4.
10 Samai, índices 14, 15 y 17.
7
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Recurrente: Bernardo David Tobar Velazco
39. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió el concepto
número 143-202111 en el que expresó que los supuestos invocados por el recurrente
no eran susceptibles de ser estudiados por la causal quinta de recurso extraordinario
de revisión, porque este no explicó la razón en la cual fundamentaba la nulidad.
40. De ahí que, Bernardo David Tobar Velazco planteó sus inconformidades con la
interpretación que se consignó en la providencia frente a las normas y las pruebas, algo
que no es propio de este mecanismo de impugnación extraordinario, sin demostrar que
el Tribunal incurrió en una irregularidad grave que viola el debido proceso. Le pidió a
esta corporación declarar infundado el recurso.
41. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional12 indicó que en el proceso
ordinario se le respetaron los derechos al señor Tobar Velazco y que pretendía convertir
este recurso en una tercera instancia judicial para discutir los hechos y los fundamentos
de la decisión, máxime cuando ya la jurisprudencia ha dejado sentado que este
mecanismo no procede para cuestionar la valoración probatoria ni la interpretación
normativa. En ese sentido, expresó que el actor reiteró los argumentos del proceso
ordinario, lo cual ponía de presente su discrepancia con la decisión judicial. Pidió
declarar infundado este recurso y no acceder a las pretensiones.
42. A través de auto, el 28 de septiembre de 202313, se solicitó al Juzgado Cincuenta
y Uno Administrativo de Bogotá, que remitiera el enlace de acceso al expediente
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Se dispuso que, una vez recibido
se prescindiría del máximo período probatorio y se tuvieron como pruebas los
documentos allegados con el recurso, los cuales serían apreciados en la oportunidad
procesal pertinente. Se le reconoció personería al abogado de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional y se le ordenó a Secretaría que, una vez aportada la documental,
devolviera el expediente para lo pertinente. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo
de Bogotá dio cumplimiento a este requerimiento el 3 de noviembre de 202314.
43. Mediante auto del 22 de septiembre de 202515, la magistrada ponente incorporó
como pruebas los documentos allegados por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y dispuso que, una vez ejecutoriada la
decisión, el expediente ingresaría al despacho para dictar sentencia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Bernardo David Tobar Velazco contra la sentencia del 15 de septiembre
11 Samai, índice 12.
12 Samai, índice 16, 23_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 16. Pese a que este memorial fue
recibido el 20 de septiembre de 2022, en auto del 28 de septiembre de 2023, el magistrado ponente de la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación indicó que la parte recurrida contestó la demanda, que
no solicitó pruebas, y le reconoció personería al abogado de la recurrida para actuar en representación de sus
intereses. De este modo, la contestación de la demanda debe ser valorada por haber sido considerada oportuna,
en el marco de este trámite judicial. Samai, índice 19.
13
Samai, índice 19.
14 Samai, índice 25, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 25.
15 Samai, índice 28.
8
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00743 (4203-2021)
Recurrente: Bernardo David Tobar Velazco
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del
CPACA16.
2.2. Ausencia de duplicidad en el trámite
40. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ordenó, mediante auto del
15 de noviembre de 2024, remitir el expediente radicado al número 11001-23-000-2021-
00661-00 (3363-2021) al despacho de la magistrada ponente por duplicidad, como
consecuencia de que trató de un solo proceso con identidad de partes en el que se
pretendía la anulación de la misma providencia17.
41. Por consiguiente, la magistrada ponente profirió auto el 17 de septiembre del
año18 en curso en el que dispuso la finalización del trámite radicado al número 11001-
23-000-2021-00661-00 (3363-2021) porque se presentó por error una doble radicación.
Por lo tanto, se abstuvo de dar curso al proceso indicado y dispuso continuar el trámite
con el expediente de la referencia.
42. En igual sentido, manifestó que debían dejarse consignadas las anotaciones
correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai. En consecuencia, lo relativo
a la duplicidad advertida en su momento quedó saneada con la expedición de este auto
y le corresponde a la Sala proferir sentencia en los términos de la providencia de fecha
22 de septiembre de 2025, que declaró cerrada la etapa probatoria al interior de este
trámite.
2.3. Oportunidad
43. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 15 de septiembre de 2020, se
notificó el 21 de octubre siguiente19, y por tanto, quedó ejecutoriada el 28 de octubre de
ese año, en aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP y 8 del Decreto 806 de
2020. Así las cosas, como el señor Bernardo David Tobar Velazco interpuso recurso
extraordinario de revisión el 6 de octubre de 202120, su radicación fue oportuna dentro
del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA21.
2.4. Legitimación en la causa
44. El señor Bernardo David Tobar Velazco y la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional están legitimados para ser partes en este trámite, toda vez que fueron,
respectivamente, demandante y demandado en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho22.
16 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
17 Samai, exp. 11001032500020210066100, índice 13.
18 Samai, exp. 11001032500020210066100, índice 19.
19 Samai, exp. 11001334205120180033801, índice 11.
20 Como el recurso fue interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que lo remitió a esta
corporación, se consultó el expediente radicado al núm. 11001334205120180033801 en el Sistema de Gestión
Judicial, Samai y se corroboró que este fue interpuesto en la citada fecha conforme a los registros que obran a
índice 13.
21 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
22
Estas calidades les fueron debidamente reconocidas en el auto admisorio proferido por el Juzgado Cincuenta y
Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C el 28 de agosto de 2018.
9
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2.5. Problemas jurídicos
45. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 15 de
septiembre de 2020. En particular, se deberá establecer si se incurrió en la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a la nulidad originada en la
sentencia contra la cual no procede recurso, porque la decisión inaplicó normas legales
y constitucionales, desconoció el precedente, incurrió en una indebida valoración
probatoria y desconoció la carga dinámica de la prueba, a tal punto que omitió
pronunciarse sobre todos los medios de convicción allegados al proceso así como los
argumentos que en este se plantearon.
43. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, expondrá el
alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 CPACA, atinente a que
exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto;
y, por último, decidirá sobre la condena en costas.
2.6. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
44. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA23.
45. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA24, para casos en los que la decisión
contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos que atañen a
la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión»25.
46. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»26.
47. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que
reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de febrero
de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
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48. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»27.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»28.
2.7. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
49. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
50. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la
sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no
proceda recurso de apelación»29.
51. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
52. Así, ha considerado que esta situación se configura por las causales de nulidad
insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal manera que, no cualquier
circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sino solo
las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad, siempre que estos
concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas procesales
anteriores a la decisión.
53. En estos términos se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de
Estado en decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la
procedencia del recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con
anterioridad a la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que
las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»30.
54. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
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pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad,
para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»31.
55. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
56. Sin embargo, no cualquier irregularidad en el trámite del proceso da lugar a la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir,
entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales32:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso33.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación34.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus35.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia36.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso37; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado38.
57. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
33 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
37
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
12
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implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»39.
58. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»40, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
2.8. Caso concreto
59. El señor Bernardo David Tobar Velazco invocó la causal de revisión dispuesta
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sustentado en que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al proferir la sentencia del 15 de
septiembre de 2020, inaplicó las normas legales y constitucionales, desconoció el
precedente aplicable, incurrió en una indebida valoración probatoria y faltó al principio
de la carga dinámica de la prueba. Así las cosas, a juicio del recurrente la autoridad
judicial dejó de lado el examen integral de las pruebas y de los argumentos que
hicieron parte del debate judicial, que le hubieran permitido declarar la nulidad del acto
administrativo demandado.
60. Visto lo anterior, la Sala considera que los reparos del señor Bernardo David
Tobar Velazco cuestionan una sentencia de segunda instancia contra la cual no
procede el recurso de apelación. No obstante, no están comprendidos en una de las
causales de nulidad previstas expresamente en las disposiciones normativas o en la
jurisprudencia vigente, por el contrario, aluden a la valoración probatoria del Tribunal y
a la interpretación normativa y del precedente aplicable, aspectos que escapan de la
finalidad por la que se instituyó el recurso extraordinario de revisión como un medio de
impugnación excepcional de las decisiones judiciales.
61. En este orden, el recurrente no acudió en sede de este mecanismo amparado
en una de las causales que habilitan su procedencia, sino para cuestionar el estudio
que hizo el Tribunal de la facultad discrecional, al considerar que esta no era absoluta,
y para reparar en que los conceptos emitidos por las juntas deben ser apreciados en
sede judicial. Además, en que se le otorgó un alcance restrictivo a la facultad de retiro
y para insistir en que sí existió una relación entre su desvinculación y la ausencia de
ascenso, de ahí que lo primero tuvo su origen en lo segundo, a partir de un concepto
falsamente emitido por el comité de evaluación, quien además careció de competencia
para proferirlo.
62. El recurrente centró su reparo en aspectos propios de la valoración probatoria
realizada por el Tribunal porque, según afirmó, este dejó de analizar, entre otros, los
conceptos de idoneidad, la inclusión en la lista de oficiales frente a quienes no se
recomendó su ascenso pero aún así fueron promovidos, y la expedición de un
concepto falso. En igual sentido, consideró que la autoridad judicial se limitó a verificar
que en su condición de oficial contara con el tiempo exigido para acceder a la
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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asignación de retiro, así como con el concepto previo emitido por la Junta Asesora, sin
revisar que la decisión acusada fue subjetiva.
63. De ahí se desprende que cuestionó las razones de las que se valió el Tribunal
para sustentar la negativa de las pretensiones de la demanda, con el fin de exponer
que este se limitó a la demostración de los requisitos generales sin realmente analizar
los argumentos y las pruebas incorporadas al proceso, que evidenciaban las
irregularidades en que incurrió la administración. Por ende, a juicio del recurrente, se
configuraron las causales de nulidad alegadas en el curso del proceso.
64. De este modo, la intención del recurrente es utilizar este recurso como una
tercera instancia judicial para discutir aspectos del fondo de la decisión y, con ello,
pretender que esta corporación les imparta a las pruebas y al litigio una lectura
alternativa41, en la medida en que planteó situaciones que son propias de la autonomía
del Tribunal y que, inclusive, vuelven sobre los reparos propuestos en sede del recurso
de apelación, para dar cuenta que la sentencia de primera instancia debía revocarse
y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Así lo consideró el propio
actor al referirse frente al alcance de su recurso:
Se encuentra plenamente demostrada la vulneración de las normas legales y
constitucionales en el presente caso. El propósito del presente recurso consiste en
demostrar a los honorables consejeros de Estado, que en la sentencia recurrida se
incuriró en una falta de valoración probatoria, inaplicación de las normas legales que
rigen la carrera de los miembros de las Fuerzas Militares (Decretos Ley 1790 y 1799
de 2000) y las normas constitucionales aplicables al caso, la inaplicación del
precedente judicial como fuente de derecho, y que hubo un desconocimiento de la
carga dinámica de las pruebas. […]
Por tanto, se encuentran debidamente probadas las causales de nulidad invocadas,
por tanto, contrario a lo considerado por el ad quem, se encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. Es por eso que ruego al
honorable consejero ponente y a los demás integrantes de la Sala, se revoque la
sentencia de segunda instancia, enmendando de esta manera los errores o ilciitudes
cometidas en su expedición, y se restituya el derecho al afectado, a través de una
nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico42.
65. Además, la forma en que fueron planteados los reparos dentro de este trámite
apuntan a sostener que la decisión judicial que resolvió el proceso ordinario incurrió
en un defecto por inaplicación normativa, en desconocimiento del precedente
constitucional y en defecto fáctico. Tales cuestionamientos, formulados en estos
términos, son propios del mecanismo constitucional de tutela contra providencias
judiciales. A diferencia de las causales taxativas de procedencia de este medio
extraordinario de revisión, en la acción de tutela es posible alegar que la autoridad
judicial incurrió en una indebida valoración probatoria, así como en una aplicación
41 «[…] El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez
interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se
restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador. […]». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, sentencia del 25 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2019-03181-00(REV).
42 Transcrito textualmente con errores. Samai, índice 2, ED_01RECURSOEXTRAORDIN(.PDF) NroActua 2.
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incorrecta de la normativa y de la jurisprudencia vigente, siempre que tales yerros
afecten el derecho fundamental al debido proceso.
66. Así las cosas, que en sede ordinaria se haya proferido una decisión judicial
adversa a los intereses de la parte demandante, no puede ser pretexto para acudir en
sede de revisión, por cuanto esta Subsección ha sido enfática en indicar que este
recurso deviene de la transgresión de aspectos externos al proceso, razón por la cual
« […] los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos al
recurso[…]43».
67. En esta línea, la doctrina ha diferenciado el recurso extraordinario de revisión
de la acción de tutela, ya que aunque ambos logran la protección de garantías
superiores, « […] existe una diferencia en lo que respecta al grado de especialidad de
quien conoce del recurso y de la acción constitucional, especificidad y técnica jurídica
con la que se debe realizar el examen sobre la sentencia recurrida, ya que el recurso
de revisión al ser un recurso extraordinario impone mayores cargas tanto formales
como sustanciales que debe cumplir la parte activa, para que se acepte su
procedencia; cargas, que en principio, no tiene la acción de tutela, por su carácter
informal44».
68. Con todo, la Sala no pasa por alto que el señor Bernardo David Tobar Velazco
mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D omitió pronunciarse sobre la falsa motivación como causal de nulidad
del acto administrativo cuestionado, aunado a que no respondió la totalidad de los
argumentos planteados en la demanda tendientes a demostrar las causales de nulidad
invocadas ni se refirió a las normas violadas.
69. No obstante, no enmarcó esta situación como una violación al principio de
congruencia sino que, como se ha expuesto, la utilizó para enfatizar e insistir en la
falsa motivación, al considerar que el concepto emitido por el comité evaluador carecía
de veracidad. En consecuencia, no existía ningún indicio que permitiera concluir que
se había cumplido con la normativa legal, dado que los documentos aportados
únicamente contenían felicitaciones y reconocimientos profesionales. Además, se
valió de estos elementos para evidenciar que la causal de nulidad por desviación de
poder también se encontraba debidamente acreditada, en la medida en que la decisión
omitió el proceso de evaluación y clasificación exigido por la normativa aplicable.
70. En razón de lo anterior, al margen de que la supuesta omisión no se sustentó
en debida forma de conformidad con las exigencias que son propias de este recurso
extraordinario, la referencia a esta se interpreta como una forma de revivir el debate
agotado en sede del proceso ordinario en el que el Tribunal resolvió lo relativo a los
cargos de nulidad que se propusieron, no solo en función de la desviación de poder,
sino también a partir de la causal de falsa motivación, en atención al concepto de
violación sobre el cual se estructuró la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y a los cargos del recurso de apelación.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).
44
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN: ANÁLISIS COMPARATIVO DE SUS FORMAS DE USO,
2019, Álvaro José García Brún.
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71. En conclusión, el señor Bernardo David Tobar Velazco pretendió demostrar que
el Tribunal incurrió en indebida aplicación de la normativa, erró en la valoración de las
pruebas, desconoció el principio de carga dinámica de la prueba y, en general, dejó de
lado los medios de convicción debidamente incorporados al proceso y los argumentos
que planteó en sede ordinaria. Pero estas inconformidades no tienen cabida en el
recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no incurrió en la causal descrita en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
2.9. Conclusión
72. Por las razones expuestas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.
2.10. Costas
73. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario 45 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 46.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Bernardo David Tobar Velazco, en contra de la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
45 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
46
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00743 (4203-2021)
Recurrente: Bernardo David Tobar Velazco
TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
VMP/SEJV
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