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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00769-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00769-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Samuel Criales Pérez contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 49 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». 50 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813- 00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2021-00769-00 (4439-2021) Recurrente: Samuel Criales Pérez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00769-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00769-00 (4439-20211)
Recurrente: Samuel Criales Pérez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Samuel Criales
Pérez contra la sentencia del 9 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que confirmó la decisión del 28 de septiembre de 2018 en la
cual el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que interpuso,
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, en la que solicitó
declarar la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio por sobrepasar la
edad del grado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP2, y el expediente ordinario aportado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 13001-33-33-
012-2017-00098-00/013.

1 Expediente digital.
2 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
3 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19.

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Recurrente: Samuel Criales Pérez

1.1.1. La demanda

2. Samuel Criales Pérez radicó demanda4 de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a
través de la cual solicitó declarar la nulidad de la Resolución 9945 del 15 de noviembre
de 2016, que lo retiró del servicio activo, en forma temporal, en el cargo que
desempeñaba como teniente coronel, por sobrepasar la edad en el grado.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenarle a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Armada Nacional, su reintegro sin solución de continuidad al
cargo y al grado correspondiente que desempeñaba, o a uno de mayor jerarquía,
dentro del escalafón de oficiales, de conformidad con su antigüedad. A su vez, solicitó
condenar a la demandada al pago de los salarios, las primas, el subsidio familiar, de
alimentación y reajustes, así como la totalidad de los emolumentos dejados de percibir
desde su desvinculación y hasta el momento en que se hiciera efectivo el reintegro,
con el ascenso de grado en el que se encontraran sus compañeros de curso, y su
respectivo ajuste.

4. El señor Samuel Criales Pérez adujo que el acto administrativo demandado
incurrió en las causales de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse,
expedición irregular y desviación de poder, toda vez que no solamente no se le
reconoció la antigüedad que tenía en el grado, sino que con ocasión a esto la
administración lo sometió a una causal de retiro del servicio que derivó en la
inaplicación de los artículos 52, 53 y 55 del Decreto 1790 de 2000.

5. De tal forma que, aunque la demandada, al expedir la Resolución 9945 del 15
de noviembre de 2016, justificó que se trató de un retiro por sobrepasar la edad en el
grado, lo cierto es que la realidad probatoria demostró que esto ocurrió con ocasión de
la negativa de la administración en reconocerle sus derechos como oficial, lo que
devino de la existencia de irregularidades que sobrepasaron la facultad discrecional y
constituyeron una violación para sus derechos constitucionales y legales.

1.1.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional contestó la
demanda5 oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, porque actuó de acuerdo
con la normativa aplicable, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105, literal a
del Decreto Ley 1790 de 2000, dado que el señor Samuel Criales Pérez cumplió 50
años el 31 de agosto de 2016, sin haber ascendido.

7. Por tanto, pidió negar las súplicas de la demanda en tanto no se demostró la
ilegalidad del acto administrativo demandado. Formuló, como excepciones de mérito,
la presunción de ilegalidad del acto acusado, la buena fe, la prescripción de derechos
laborales y la innominada.

4 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 02Cuaderno2.pdf, páginas

4 a 21 del archivo digital.
5 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 02Cuaderno2.pdf, páginas

122 a 133 del archivo digital.

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Recurrente: Samuel Criales Pérez

1.1.3 Sentencia de primera instancia

8. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena dictó sentencia6
el 28 de septiembre de 2018 en la que negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte vencida, ya que consideró que en las providencias que anulan los
actos administrativos de retiro de miembros de las fuerzas militares «la excepción “sin
solución de continuidad” […] no implica o conlleva la orden para el Gobierno Nacional
de promover al uniformado»7.

9. Por tanto, aunque el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 19 de
agosto de 2011, hubiera ordenado reintegrar al señor Samuel Criales Pérez a un cargo
igual o de mayor jerarquía que aquel que desempeñaba para cuando fue retirado, esto
no implicaba que tenía la obligación de ascenderlo, porque para que esto ocurriera el
oficial debía cumplir con los requisitos dispuestos en la ley relativos a la aprobación de
evaluaciones, de cursos, de tiempos mínimos en el mandato de la tropa, contar con un
concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa y haber clasificado
para el ascenso. Esto, sumado a que el ejecutivo conservaba la facultad discrecional
para promover al oficial.

10. De esta forma, el señor Samuel Criales Pérez cumplió 50 años en el cargo de
teniente coronel sin que hubiera cumplido con todas las exigencias normativas que le
permitían alcanzar su ascenso. Por tanto, incurrió en la causal de retiro del servicio
prevista en el literal a del artículo 105 del Decreto 1790 de 20008.

11. En consecuencia, como el acto administrativo demandado no estaba incurso en
las causales de nulidad, su presunción de legalidad se mantenía incólume y en razón
a ello procedía negar las pretensiones de la demanda.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

12. El señor Samuel Criales Pérez avaló que para el ascenso de un oficial a un
grado superior era necesario el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la
normativa aplicable. Sin embargo, reparó en que era procedente acudir al control
jurisdiccional, porque a partir de las pruebas aportadas al expediente quedó acreditado
que el acto administrativo estaba viciado de nulidad, en la medida en que el proceso
de llamamiento para el ascenso se atrasó, no se le dio alcance a la orden de reintegro
sin solución de continuidad; y una vez aprobado el curso, se procedió con el ascenso,
pero sin reconocimiento de la antigüedad. De ahí que el llamamiento a un curso para
el ascenso no implicaba una facultad discrecional.

13. De forma tal que, tanto la entidad demandada como el juzgado interpretaron de
forma equivocada la premisa según la cual el reintegro sin solución de continuidad no
implicaba el ascenso dentro del escalafón militar y pasaron por alto la sentencia que
en este sentido profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar. Al igual que, existió una
violación de su derecho fundamental a la igualdad en la medida en que no recibió igual

6 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 02Cuaderno2.pdf, páginas

247 a 263 del archivo digital.
7 Ibidem.
8 Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las

Fuerzas Militares.

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tratamiento que el que han merecido otros oficiales que también fueron retirados del
servicio, y con posterioridad, fueron reintegrados.

14. Bajo este entendido, fue la falta de reconocimiento de la antigüedad la que hizo
imposible que ascendiera al grado de coronel, y esto lo sometió a una causal de retiro
del servicio por superar la edad como teniente coronel, pese a que cumplió con todos
los requisitos del artículo 53 del Decreto 1790 de 2000, para que se le llamara al curso
de ascenso.

15. Adicionalmente, destacó que más allá de las irregularidades presentadas, se
dejaron de responder los argumentos de la demanda al afirmar falsamente que la razón
por la cual no se le ascendió fue porque desaprobó el curso respectivo, afirmación que
carecía de respaldo probatorio. Este aspecto fue inobservado por el Juzgado al
desatender la carga procesal que le asistía a la demandada, y acoger una postura que
justificó, sin mayor esfuerzo, la legalidad del acto administrativo demandado.

16. Por estos motivos, pidió la revocación de la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda9.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

17. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 9 de octubre de 202010
en la que confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Doce
Administrativo de Cartagena y condenó en costas a la parte demandante.

18. Para sustentar su decisión, indicó que de conformidad con las pruebas
allegadas al proceso el señor Samuel Criales Pérez alcanzó los 50 años
encontrándose aún en el grado de teniente coronel de infantería de marina de la
Armada Nacional. Por tal razón, procedía el retiro del servicio con pase a reserva en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 100 y 105 del Decreto 1790 de 2000, lo que
implicó que la Resolución 9945 del 15 de noviembre de 2016 se expidió en derecho
por lo cual no se desvirtuó su legalidad.

19. Adicionalmente, precisó que, aunque el señor Samuel Criales Pérez le solicitó
a la demandada que le realizara el «“curso de grado mayor”» y le tuviera en cuenta el
tiempo en el cual permaneció retirado del servicio, con el fin de darle cumplimiento a
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la entidad demandada
no ignoró estos aspectos, todo lo contrario, emitió los oficios correspondientes en los
cuales explicó las razones por las cuales no concedió el ascenso.

20. Así las cosas, estos actos administrativos gozan de presunción de legalidad y
no pueden ser estudiados en el marco de esta controversia judicial en la medida en
que definieron una situación jurídica distinta a la del retiro del servicio.

21. Bajo este entendido, dispuso que, aunque para el señor Samuel Criales Pérez
la situación que definió la Resolución 9945 del 15 de noviembre de 2016 se derivó de
la decisión de la demandada de no concederle el ascenso, esto es, del incumplimiento

9 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 01Cuaderno1.pdf, páginas

1 a 11 del archivo digital.
10 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 03Cuaderno3.pdf,

páginas 28 a 51 del archivo digital.

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de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Resolución 9945
concretó que en el caso en particular se configuró el supuesto descrito en los artículos
100 y 105 del Decreto 1790 de 2000 por alcanzar la edad de 50 años en el cargo de
teniente coronel.

22. Lo anterior, aunado a que, pese a que la demandada expidió los oficios que
resolvieron las solicitudes del señor Samuel Criales Pérez antes del acto administrativo
objeto del litigio, lo cierto es que no era posible establecer una relación entre estos,
dado que del contenido de la Resolución 9945 se desprendía que el demandante fue
retirado por llegar a los 50 años de edad, y aún permanecer en el cargo de teniente
coronel.

23. En conclusión, determinó que como el señor Samuel Criales Pérez no desvirtuó
la legalidad del acto administrativo demandado que aplicó la normativa vigente,
procedía confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

24. El señor Samuel Criales Pérez radicó recurso extraordinario de revisión11 el 8 de
noviembre de 2021, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 9 de octubre de 2020.

25. Como pretensiones, le pidió a esta corporación: (i) infirmar esta providencia
judicial por estar incursa en la causal de revisión de existir nulidad originada en la
sentencia; y (ii) en su lugar, proferir una nueva decisión que esté acorde al
ordenamiento jurídico, declare la nulidad del acto administrativo demandado y acceda
a las pretensiones de la demanda.

26. El señor Samuel Criales Pérez indicó que la sentencia enjuiciada incurrió en la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a que
exista nulidad en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no cabe recurso,
dado que esta inobservó la normativa que rige el régimen de carrera de los integrantes
de las fuerzas militares y las disposiciones constitucionales aplicables al caso. También
desconoció una orden judicial que el Tribunal ya había proferido, toda vez que esta
dispuso reintegrarlo sin solución de continuidad, y de esta se desprendía el deber que
tenía la demandada de permitirle cumplir con los requisitos distintos al tiempo para
ascender en grado.

27. Igualmente, indicó que el Tribunal se apartó de los precedentes jurisprudenciales
otorgándole un alcance distinto a la facultad de retiro de los oficiales de las fuerzas
militares, al limitarse a verificar que este cumpliera con el tiempo que le permitiría
acceder a la asignación de retiro y al concepto de la junta asesora; actuación con la
cual dejó de analizar los argumentos y las pruebas que no fueron desvirtuadas por la
demandada y que le hubieran permitido declarar la nulidad de la Resolución 9945.

28. Bajo este entendido, reprochó que el Tribunal Administrativo de Bolívar hubiera
inadvertido las irregularidades que conllevaron a la expedición del acto administrativo

11 Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda-
RECURSOEXTRAORDINARIODEREVISIONTC.SAMUELCRIALESPEREZ(.pdf) NroActua 3.

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demandado al circunscribirse a verificar los elementos objetivos que permitían ordenar
el retiro del servicio por sobrepasar la edad del grado, sin considerar las actuaciones
que precedieron a la manifestación de la voluntad de la administración, según las cuales
era posible concluir que aunque concurrieron los supuestos de procedencia del retiro,
esto se derivó de que la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional se negó a
cumplir a plenitud lo que había ordenado el Tribunal en la sentencia de reintegro.

29. En este orden, la entidad demandada erró al afirmar que en la providencia judicial
de reintegro no se ordenó el ascenso, porque su deber era, precisamente, permitirle
que una vez reintegrado cumpliera con los requerimientos para alcanzar el ascenso con
el reconocimiento de la antigüedad en el grado, como si hubiera permanecido vinculado
al servicio.

30. Pero, contrario a ello, a pesar de las múltiples solicitudes que radicó ante la
entidad demandada, esta esperó hasta que estuviera incurso en la causal de retiro del
servicio para expedir el acto administrativo correspondiente, situación que el Tribunal
avaló, al justificar que no se pronunciaría frente a las supuestas irregularidades, y al
pasar por alto que la demandada asumió una conducta procesal pasiva en el litigio.

31. De este modo, su retiro fue consecuencia del actuar irregular de la administración
y el Tribunal Administrativo de Bolívar omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de
la entidad demandada en el marco del estudio de los antecedentes de la expedición del
acto administrativo. Por consiguiente, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal, la
Resolución 9945 está viciada de nulidad.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

32. Esta corporación admitió el recurso en auto del 17 de marzo de 202212, ordenó
la notificación personal a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional y le
reconoció personería al abogado del demandante.

33. Luego de que esta decisión fuera notificada, el Ministerio Público13 rindió
concepto en el que solicitó declarar infundado este recurso extraordinario, en la medida
en que el recurrente no identificó la hipótesis que estructuró la nulidad prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA como causal de revisión y desdibujó los fines por
los cuales se instituyó el recurso extraordinario de revisión al pretender convertir este
mecanismo en una tercera instancia judicial.

34. A través de auto del 19 de octubre de 202314, se incorporaron como pruebas los
documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se requirió al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena para que allegara el expediente
digital del proceso ordinario, cumplido lo cual se entendería prescindido el máximo
período probatorio15; y se requirió a la parte recurrida para que constituyera apoderado

12
Samai, índice 6.
13 Samai, índice 12.
14 Samai, índice 14.
15 La providencia decretó como prueba la remisión del expediente ordinario, y dispuso que una vez esta fuera

recibida prescindiría del máximo período probatorio, de acuerdo con lo cual la Sala interpreta que como no hay
pruebas por practicar y está vencido el periodo probatorio, porque ya fue remitido el expediente ordinario solicitado
y las demás pruebas obran en el proceso, el proceso de la referencia está para dictar sentencia.

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judicial. Una vez aportada la prueba, el expediente se fijó en lista16 y se corrió traslado
de los documentos allegados por el término de tres (3) días17.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Samuel Criales Pérez contra la sentencia del 9 de octubre de
2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA18.

2.2. Oportunidad

36. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 9 de octubre de 2020, se notificó
el 13 de noviembre de 202019, y quedó ejecutoriada el 23 de noviembre de 2020, en
aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP y 8 del Decreto 806 de 202020. Así
las cosas, como el señor Samuel Criales Pérez interpuso el recurso extraordinario de
revisión el 8 de noviembre de 202121, a través de la ventanilla virtual de Samai, su
radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA22.

2.3. Legitimación en la causa

37. El señor Samuel Criales Pérez y el Ministerio de Defensa Nacional23 están
legitimados en la causa para ser partes en este trámite, toda vez que fueron,
respectivamente, demandante y demandado en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala definir si es procedente infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar el 9 de octubre de 2020.

39. En particular, deberá precisar si en el caso en concreto se configura la causal de
revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a que exista

16 Samai, índice 20.
17 Samai, índice 21.
18 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
19 Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19, 03Cuaderno3.pdf, página

52 del archivo digital.
20 La Sala cuenta con el soporte de notificación y a partir de esta fecha calcula la ejecutoria en aplicación de la

normativa pertinente, con la salvedad de que incluso, si se tomara solo la fecha de notificación para efectos de la
oportunidad, el recurso extraordinario de revisión se habría radicado a tiempo, porque el fallo de segunda instancia
se notificó el 13 de noviembre de 2020 y se acudió en sede de este mecanismo extraordinario el 8 de noviembre
de 2021, esto es antes de que se cumpliera un año desde la notificación.
21
«Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 2550, fecha de presentación: 08/11/2021 10:53:33,
anexos remitidos:4 secuencia de reparto:4558». Samai, anotación a índice 3.
22 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
23 Estas calidades fueron reconocidas en el auto admisorio de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado Doce

Administrativo del Circuito de Cartagena el 5 de junio de 2017, que ordenó notificar personalmente al ministro de
defensa nacional. Samai, índice 19, 21RECIBE MEMORIAL_EXPEDIENTE_NYRDzip(.zip) NroActua 19,
02Cuaderno2.pdf, páginas 110 y 111 del archivo digital.

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nulidad en la sentencia que puso fin al proceso, como consecuencia de que el Tribunal
Administrativo de Bolívar inobservó la normativa que rige la carrera militar; desconoció
precedentes jurisprudenciales; incumplió la orden judicial que profirió en cuanto al
reintegro del señor Samuel Criales Pérez sin solución de continuidad; y dejó de analizar
los argumentos y las pruebas que permitían tener por demostradas las irregularidades
en que incurrió la entidad demandada.

40. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; y, en tercer lugar, resolverá el caso en concreto.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

41. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA 24.

42. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 25, para casos en que la decisión judicial
está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros26.

43. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»27.

44. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

45. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 28.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril

de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

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cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»29.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

46. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

47. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»30.

48. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

49. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP31. De tal manera
que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad,
siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas
procesales anteriores a la decisión.

50. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que
debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo
142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»32.

51. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»33.

29 Ibidem
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
31 Antes el artículo 140 del CPC.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

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52. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

53. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales34:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso35.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación36.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus37.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia38.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso39; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado 40.

54. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»41.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
35 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-

000-2015-02493-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-

15-000-2009-00494-00 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:

11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
38 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-

03-15-000-2015-02342-00 (REV).
39 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-

03-15-000-2014-04059-00 (REV).
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-

03-15-000-1998-00153-01.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.

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55. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»42, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Caso concreto

56. El señor Samuel Criales Pérez invocó la causal de revisión dispuesta en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sustentada en que el Tribunal Administrativo de
Bolívar inobservó la normativa que rige el régimen de carrera de los oficiales de las
fuerzas militares y las disposiciones constitucionales aplicables al caso, desconoció la
orden de reintegro que había proferido, se apartó de los precedentes jurisprudenciales
otorgándole un alcance distinto a la facultad de retiro y dejó de analizar los argumentos
y las pruebas que no fueron desvirtuadas por la demandada, que le hubieran permitido
declarar la nulidad de la Resolución 9945.

57. De este modo, consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar inadvirtió que
la demandada incurrió en unas irregularidades que culminaron con la expedición del
acto administrativo cuya legalidad controvirtió, en tanto la entidad tenía que permitirle
que, una vez reintegrado, cumpliera con los requerimientos para alcanzar el ascenso
con el reconocimiento de la antigüedad en el grado, con el fin de dar cumplimiento a
la providencia judicial de reintegro.

58. Por ello, a juicio del recurrente, la demandada esperó hasta que estuviera
incurso en la causal de retiro del servicio para expedir el acto administrativo
correspondiente, y esta situación fue convalidada por el Tribunal, al justificar que no
se pronunciaría sobre estas irregularidades, y al pasar por alto la conducta procesal
pasiva que la demandada asumió en el litigio.

59. Visto lo anterior, la Sala considera que el señor Samuel Criales Pérez no
encuadró estos reparos en alguno de los supuestos previstos en las disposiciones
jurídicas y en la jurisprudencia vigente para tener por configurada la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

60. Esto, por cuanto esta Subsección, frente a la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA ha sostenido que: «[…] es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la
motivación derivadas, por ejemplo […] de la indebida interpretación de las normas
jurídicas aplicables; o del desconocimiento del precedente judicial […]»43.

61. En línea con lo anterior, también se ha destacado que el recurso extraordinario
de revisión es improcedente para «[…] provocar una interpretación adicional de las
normas aplicables al caso»44 ya que «[…] los errores de apreciación […] sustantiva
en que haya podido incurrir el Tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues este

42 Ibidem.
43 Sala Especial de Decisión 14 del Consejo de Estado, sentencia del 5 de abril de 2016, exp. 110010315000 2008

00320 00.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 11001-03-25-000-2018-00020-00(0063-18).

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no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio»45. De manera que
no puede utilizarse para «[…] pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio
[…], o para reclamar una más aguda interpretación de la ley»46.

62. Bajo este entendido, el señor Samuel Criales Pérez alude a la inobservancia de
la normativa, al desconocimiento de precedentes, al incumplimiento de una orden
judicial y a la falta de análisis de los argumentos y las pruebas aportadas al proceso
encaminadas a demostrar las irregularidades en que incurrió la demandada, aspectos
que escapan de la finalidad por la que se instituyó el recurso extraordinario de revisión
como un medio de impugnación excepcional de las decisiones judiciales.

63. En este orden, el demandante no acudió a este recurso extraordinario soportado
en una de las hipótesis que habilitan su procedencia en los términos del alcance de la
causal quinta del artículo 250 del CPACA, sino para cuestionar, en sí misma, la decisión
del Tribunal Administrativo de Bolívar de negar la pretensión de anulación de la
Resolución 9945.

64. El recurrente planteó una lectura distinta del litigio que parte de una
interpretación de la orden de reintegro “sin solución de continuidad”, ya que mientras
que para él la demandada debía reintegrarlo y permitirle cumplir con los requerimientos
para alcanzar el ascenso con el reconocimiento de la antigüedad en el grado, para el
Tribunal no era posible estudiar la legalidad de los actos a través de los cuales se le
negó el ascenso porque se presumen legales y definieron una situación jurídica distinta
a la del retiro del servicio.

65. Aunado a que, para el Tribunal, no se podía establecer una relación entre los
oficios de respuesta aludidos y el acto administrativo demandado, por lo que lo único
acreditado en el expediente era que en la Resolución 9945 se tuvo por configurado el
supuesto descrito en los artículos 100 y 105 del Decreto 1790 de 2000, que daba
cuenta de que se aplicó la normativa vigente.

66. Para esta Sala, las manifestaciones del recurrente están orientadas a plantear
una discusión interpretativa en cuanto al alcance de la orden de reintegro proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar y su incidencia en el ascenso, de forma tal que,
desde su perspectiva, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional no la cumplió a
plenitud, lo cual condujo a que objetivamente incurriera en la causal de retiro del
servicio.

67. De este modo, resulta evidente que el recurrente pretende que, a través de este
recurso extraordinario de revisión, se determine que la entidad demandada debía
computarle el tiempo como si hubiera permanecido en el servicio para proceder con el
ascenso. Es decir, utilizó este mecanismo extraordinario como una tercera instancia
judicial47 encaminada a que el Tribunal reformule su postura, admita que la demandada

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 11001-03-25-000-2018-00020-00(0063-18).
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, exp. 11001-03-25-000-2018-00020-00(0063-18).
47 «[…] El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez

interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se
restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador. […]». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, sentencia del 25 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2019-03181-00(REV).

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incurrió en una serie de irregularidades que viciaron de nulidad el acto administrativo
enjuiciado y, por tanto, declare la nulidad de este.

68. Tan es así, que el recurrente planteó en esta sede extraordinaria similares
cargos a los que ya había propuesto en su recurso de apelación en sede ordinaria,
relacionados con: (i) las irregularidades en que incurrió la demandada en el
llamamiento para el ascenso; (ii) la indebida interpretación de la premisa según la cual
el reintegro sin solución de continuidad no implicaba el ascenso dentro del escalafón
militar; (iii) la inobservancia de la sentencia que en materia del reintegro había proferido
el Tribunal Administrativo de Bolívar; (iv) ausencia de respuesta a los argumentos
propuestos en la demanda; y (v) la desatención frente a la carga procesal que le asistía
a la demandada.

69. Cuestionó que la providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar a partir de
reproches que hicieron parte del marco de competencia de este para desatar el recurso
de apelación, que en últimas, están cimentados en que fue la falta de reconocimiento
de la antigüedad en el grado la que hizo imposible que ascendiera al grado de coronel,
por lo cual quedó sometido a la causal de retiro del servicio por superar la edad como
teniente coronel, pese a que cumplió con todos los requisitos del artículo 53 del
Decreto 1790 de 2000, para que se le llamara al curso de ascenso.

70. Así las cosas, la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses de
la parte demandante, no puede ser pretexto para acudir en sede del recurso
extraordinario de revisión con el fin de que se infirme la decisión y se profiera una
sentencia que acoja las pretensiones, porque al respecto la jurisprudencia de la
Sección ha sido enfática en indicar que el recurso de revisión deviene de la
transgresión de elementos externos al proceso, razón por la cual «[…] los errores en
que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos al recurso […]»48.

71. Así pues, la decisión que el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió al punto
de las irregularidades y frente al estudio probatorio, así como de los antecedentes
administrativos en función de la eventual conducta que asumió la entidad demandada
en el proceso, hacen parte del razonamiento judicial y responden a una esfera interna
de la actividad jurisdiccional, sobre la cual no le es dable al juez del recurso
extraordinario de revisión inmiscuirse.

72. En conclusión, los reparos del señor Samuel Criales Pérez dirigidos a afirmar
que el Tribunal incurrió en una indebida aplicación normativa y jurisprudencial, erró en
la valoración de las pruebas y los argumentos e incumplió una orden judicial que él
mismo había proferido con anterioridad, son inconformidades con el fallo que no tienen
cabida en el recurso extraordinario de revisión, por no ser este el escenario para
discutir la interpretación y la apreciación del juez contencioso-administrativo en sede
de legalidad, en función de los hechos probados en el expediente y su correspondencia
con las fuentes normativas.

73. De ahí que, este mecanismo no sea la vía judicial para enmendar errores o
ilicitudes advertidas genéricamente en una providencia judicial, con alusión, inclusive,
a cuestiones que quedaron definidas desde la primera instancia.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28

de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).

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Recurrente: Samuel Criales Pérez

74. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en la causal
de revisión del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, referida a la nulidad originada en
la sentencia contra la cual no procede recurso de apelación.

2.8. Conclusión

75. Por las razones expuestas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.

2.9. Costas

76. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario49 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe 50.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Samuel Criales Pérez contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

49 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
50 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-

00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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Recurrente: Samuel Criales Pérez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

VMP/SEJV

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