Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00389-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00389-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00389-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2022-0389-00 (3881-2022)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-0389-00 (3881-2022) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Luz Marina Martínez Ocampo.
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración. Cosa juzgada relativa.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción
especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 2 presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP en contra de la sentencia de
25 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas –Sala
Primera de Decisión- dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 17001333300420170016400/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial3
2.1.1. La demanda
2. La señora Luz Marina Martínez Ocampo, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado:
Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 28 de julio de 22 de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA,
por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Folio 5 y siguientes del archivo “01Cuaderno” del expediente visible en el índice 17 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-0389-00 (3881-2022)
Demandante: UGPP
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las
siguientes declaraciones y condenas:
• La nulidad de la Resolución RDP 055167 de 22 de diciembre de 2015 mediante
la cual Cajanal negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora
Luz Marina Martínez Ocampo y de la Resolución RDP 012741 de 22 de marzo
de 2016 que resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión,
confirmándola en su totalidad.
• Así mismo, solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 039361 de 20 de octubre
de 2016, y RDP 05189 de 13 de febrero de 2017, a través de las cuales se negó
la reliquidación de la pensión de la demandante y se confirmó dicha decisión.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su pensión
de jubilación, manteniendo los factores ya reconocidos en la Resolución RDP
008000 de 22 de agosto de 2012, esto en sus «correctas proporciones» y la
inclusión de otros factores como la prima de riesgo, cuyo pago solicitó a partir
del 1.° de septiembre de 2004 pero con efectos fiscales a partir del día siguiente
de la ejecutoria de las sentencias proferidas dentro del proceso 2005-01040,
esto es partir del 14 de marzo de 2012.
• Sumado a lo anterior, pretendió el pago de las diferencias de las mesadas entre
lo que se venía pagando y lo que se determine cancelar, teniendo en cuenta
para efectos de calcular la cuantía de la pensión, la prima de riesgo, además de
los factores estimados por la UGPP inicialmente.
2.1.2. Hechos relevantes
3. La señora Luz Marina Martínez Ocampo laboró en el Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS como detective durante 20 años.
4. El último año de servicios se causó en el periodo comprendido entre el 1. ° de
septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2004, y durante ese lapso devengó la prima de
riesgo.
5. Mediante la Resolución 8053 de 12 de marzo de 2004 Cajanal le reconoció una
pensión de jubilación efectiva partir del 1. ° de marzo de 2003, condicionada al retiro
efectivo del servicio.
6. A través de la Resolución 007294 de 20 de febrero de 2006, la entidad reliquidó la
pensión de la demandante en cuantía de $ 729.011.92, efectiva a partir del 1. ° de
septiembre de 2004.
7. En sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso
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Demandante: UGPP
2005-01040 se ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Luz Marina Martínez
Ocampo con los salarios devengados en el último año de servicios. Para calcular el
IBL excluyó la prima de riesgo.
8. Mediante Resolución RDP 008000 de 22 de agosto de 2012, se dio cumplimiento a
las sentencias proferidas dentro del proceso 2005-01040 y se reliquidó la pensión de
la demandante elevando la cuantía a $804.798 a partir del 1.° de septiembre de 2004.
9. El 1.° de agosto de 2013, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación, en
donde indicó que la prima de riesgo constituye un factor salarial para liquidar las
pensiones de los empleados públicos beneficiarios del régimen especial del DAS.
10. El 7 de septiembre de 2015, la señora Martínez Ocampo solicitó a la UGPP la
reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de riesgo, y a través de
Resolución RDP 055167 de 22 de diciembre de 2015, la entidad negó la petición.
11. La señora Martínez Ocampo presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión, que fue resuelto mediante Resolución RDP 012741 de 22 de marzo de 2016
en donde confirmó lo decidido en todas sus partes.
12. El 17 de junio de 2016 solicitó nuevamente la reliquidación de su pensión con la
inclusión de la prima de riesgo y esta fue negada mediante la Resolución 039631 de
20 de octubre de 2016, por lo que interpuso recurso de apelación, que fue resuelto
mediante Resolución 39361 de 2016 que confirmó dicha decisión.
13. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos acusados desconocieron
lo dispuesto en la sentencia de unificación de 1. ° de agosto de 2013, de acuerdo con
la cual la prima de riesgo debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar el IBL, por
tener las características de salario.
14. Señaló que, aunque mediante sentencia proferida dentro del proceso 2005-01040
se ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de la señora Martínez Ocampo, en este
caso no operó la cosa juzgada pues no existe similitud en la causa petendi, ya que en
esta se está solicitando únicamente la inclusión de la prima de riesgo como factor
salarial para liquidar el IBL.
2.1.3. Sentencia de primera instancia. 4
15. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, mediante providencia
del 12 de junio de 2019, concedió las pretensiones de la demanda.
16. En primer lugar, sostuvo que la señora Martínez Ocampo era beneficiaria del
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, ya que cuando este entró en vigor
4 Folio 436 del archivo “01Cuaderno” contenido en el índice 17 de SAMAI
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Demandante: UGPP
estaba vinculada al DAS y, en consecuencia, le son aplicables los Decretos 1047 y
1933 de 1989.
17. De acuerdo con lo anterior, una vez acreditados los 20 años de servicio, tiene
derecho a que su pensión sea reconocida con el 75% de los salarios y primas de toda
especie devengados en el último año de servicios.
18. Indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 1.° de
agosto de 2013, señaló que la prima de riesgo es un factor computable para los
servidores del DAS cuya pensión fue liquidada conforme al Decreto 1848 de 1969,
como es el caso que se revisa, por lo que ordenó la reliquidación de la pensión de la
allí demandante teniendo en cuenta la prima de riesgo.
19. Finalmente estimó que dicha reliquidación sería reconocida a partir del 1.° de
septiembre de 2004, pero con efectos a partir del 7 de septiembre de 2012, por la
ocurrencia de la prescripción y ordenó el descuento de los aportes por los que no se
hubieren realizado.
2.1.4. Recurso de apelación. 5
20. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la UGPP, entidad demandada
en ese proceso, interpuso recurso de apelación, en el que indicó que los actos
demandados se encuentran ajustados a derecho pues van en línea con el régimen
jurídico aplicable.
21. Recordó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dictó
sentencia el 8 de septiembre de 2009 dentro del proceso de radicado 2005 -01040-00
donde condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la señora Luz Marina Martínez
Ocampo, sin tener en cuenta la prima de riesgo por estimar que esta no constituye
factor salarial y que dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Caldas, por lo que, se configura la cosa juzgada.
22. Sumado a lo anterior, sostuvo que resultaba improcedente la inclusión de la prima
de riesgo para efectos de liquidar la pensión de la demandante, ya que no se demostró
que se hubiesen efectuado descuentos por dicha cotización, esto, teniendo en cuenta
que según los Decretos 446 de 1994 y 611 de 2007, dicha prima no constituye factor
salarial.
23. Señaló que en virtud del Decreto 691 de 1994, los servidores públicos fueron
incorporados al régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y que el
ingreso base de liquidación para los beneficiarios de este régimen se encuentra
constituido por los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, entre los cuales no
se encuentra la prima de riesgo.
5 Folio 458 del archivo “01Cuaderno” visible en el índice 17 de SAMAI.
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24. Finalmente, indicó que no procedía la condena en costas pues la entidad no actuó
de mala fe.
2.1.5. Sentencia objeto de revisión.6
25. El Tribunal Administrativo de Caldas, dictó sentencia de segunda instancia el 25 de
noviembre de 2021, en la cual, confirmó parcialmente la providencia proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales el 12 de junio de 2019.
26. Como cuestión previa advirtió que la excepción de cosa juzgada propuesta por la
entidad demandada en la contestación fue resuelta en el curso la primera instancia en
el trámite de la audiencia inicial, en donde el juez estableció que no se encontraba
configurada bajo el entendido de que la prescripción operaba únicamente respecto de
las mesadas pensionales y no sobre el derecho pensional y dicha decisión no fue
apelada por la UGPP.
27. Al respecto, estimó que debía resolverse de fondo el asunto, pues en la sentencia
de 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Estado se pronunció sobre la cosa juzgada
en los casos de los empleados del DAS solicitaban la aplicación de la sentencia de
unificación y ya había tramitado procesos sobre la inclusión de la prima de riesgo en
el IBL de la pensión y adujo que no podía hablarse de cosa juzgada material en sentido
estricto, sino que debía relativizarse en procura de los principios constitucionales, por
tratarse de un derecho imprescriptible.
28. Ahora bien, como fundamento de su decisión indicó que el Decreto 1835 de 1994
fue derogado por el Decreto 2029 de 2003, que reguló el régimen pensional de los
trabajadores de actividades de alto riesgo, excepto el de los detectives del DAS, que
fue regulado en el Decreto 2091 de 2003.
29. Posteriormente, el parágrafo 5.° del artículo 2. ° del Decreto 860 de 2003 estableció
un régimen de transición para los detectives vinculados antes del 3 de agosto de 1994
y que a la entrada en vigencia de esta disposición hubieren cotizado 500 semanas, a
los cuales se reconocería una pensión en los términos previstos en el Decreto 1835
de 1994.
30. Señaló que el Decreto 1933 de 1989 que regía para los miembros del DAS, dispuso
en su artículo 10.° que el personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones en lo relativo a la pensión de jubilación se regirá por el Decreto Ley
1047 de 1978, a su vez, el artículo 18 de dicha disposición estableció los factores que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las pensiones.
6 Folio 147 del archivo “04Cuaderno” visible en el índice 17 de SAMAI.
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31. Estimó que la señora Martínez Ocampo era beneficiaria del régimen de transición
contenido en el artículo 2.° del Decreto 860 de 2003, pues se encontraba acreditado
que laboró como detective del DAS y se vinculó a la entidad desde antes del 3 de
agosto de 1994. En ese sentido, no era beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y, por tanto, no estudiaría el asunto a la luz de dicha normativa.
32. En cuanto a la inclusión de la prima de riesgo señaló que el Consejo de Estado
mediante sentencia de 1.° de agosto de 2013 concluyó que la prima de riesgo tenía
una naturaleza salarial intrínseca y que debía ser tenida en cuenta como factor salarial
para efectos de liquidar el IBL de las pensiones de exservidores del DAS.
33. Indicó que posteriormente, en sentencia de 7 de diciembre de 2017, el Consejo de
Estado determinó las pautas para establecer a qué personas se debía incluir la prima
de riesgo en el IBL de su pensión y estableció los siguientes requisitos para ello : i)
haber sido vinculado al DAS con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994
y /o estar vinculado al régimen de transición descrito en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993; (ii) haber ejercido cargos cuyas actividades se consideren de alto riesgo, tales
como detectives en sus distintos grados y denominaciones conforme al artículo 2.° del
Decreto 1835 de 1994; (iii) estar pensionados bajo el régimen especial consagrado
en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; y (iv) haber percibido la prima de riesgo
durante el último año de servicios.
34. Sostuvo que en el caso concreto se encontraba demostrado que (i) la demandante
se vinculó antes del 3 de mayo de 1994 (el 5 de marzo de marzo de 1983); (ii) ejerció
el cargo de detective profesional; (iii) quedó cubierta por las normas anteriores al
Decreto 1935 de 1994, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; y (iv)
devengó la prima de riesgo durante el último año.
35. En ese orden, estimó que la señora Martíinez Ocampo tenía derecho a la
reliquidación del IBL pensional con la inclusión de la prima de riesgo por lo cual
confirmó la sentencia de primera instancia.
36. Finalmente, advirtió que en vigencia del artículo 188 del CPACA, norma vigente al
momento de emitir la sentencia de primera instancia, el criterio adoptado para la
imposición de costas era el objetivo valorativo, que imponía el deber de verificar la
procedencia de las costas y de precisar los motivos por los cuales se imponía, lo cual
no se advirtió en el fallo recurrido y en ese sentido, se impedía a la parte condenada
el ejercicio del derecho de defensa, razón por la cual estimó que debía revocarse la
decisión de condena en costas.
2.1.6. La acción especial de revisión7
7 Índice 2 de SAMAI.
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37. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
38. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Infirmar la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado por Luz Marina Martínez Ocampo contra la UGPP, radicado
170013333004201700164 que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia
dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales de 12 de
junio de 2019.
(ii) Declarar que la señora Luz Marina Martínez Ocampo no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de riesgo y por lo tanto
denegar las pretensiones de la demanda dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento con radicado 17001333300420170016400/01.
39. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP señaló que las sentencias
objeto de revisión fueron expedidas con violación al debido proceso pues el juzgador
desconoció la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales
dentro del proceso 2005- 01040 que descartó la inclusión de la prima de riesgo como
factor a tener en cuenta en la liquidación pensional de la señora Luz Marina Martínez
Ocampo, por lo que se vulneró el debido proceso al desconocerse que operó la cosa
juzgada.
40. Estimó que la existencia de un cambio de postura jurisprudencial no puede abrir la
posibilidad de retrotraer las decisiones judiciales, pues estas no son aplicables de
forma retroactiva.
2.1.7. Contestación
41. La señora Luz Marina Martínez Ocampo fue notificada personalmente de la
admisión de la acción de revisión 18 de noviembre de 2022, como se advierte en el
índice 11 de Samai. Mediante escrito radicado el 21 de noviembre de 2022 8, contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.
8 Visible en el índice 29 de Samai
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42. Señaló que se encuentra amparada por el régimen de transición de los
trabajadores del DAS contenido en la Ley 860 de 2003 pues se vinculó a esa entidad
antes del 3 de agosto de 1994, por lo que la cobija el Decreto 1835 de 1994.
43. Indicó que en el proceso ordinario los jueces aplicaron una interpretación favorable
sobre la Ley 860 de 2003, la sentencia de unificación de 1. ° de agosto de 2013 y su
extensión jurisprudencial del 7 de diciembre de 2017 que autorizaba a los funcionarios
del DAS con idéntica situación fáctica a demandar la inclusión de la prima de riesgo
como factor salarial para liquidar el IBL y que en esta última sentencia se precisó que
la posición allí establecida se aplicaría de forma retroactiva.
44. Propuso las excepciones i) ausencia de vicios en la sentencia judicial, ii)
improcedencia de la acción de revisión, iii) buena fe y derechos adquiridos.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
45. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del
CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de
Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda,
según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
46. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas
podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la
sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al
acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
47. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251
9 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo
20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro
del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
48. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que,
tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las
solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de
caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013,
providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su jurisprudencia y
adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya
incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco
años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
49. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la
decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 25 de
noviembre de 202110 y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 28 de julio de 2022.11
3.3. Problema jurídico
50. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 25 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, incurrió en las causales de revisión
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la
UGPP, al reliquidar la pensión de jubilación de la señora Luz Marina Martínez Ocampo
con la inclusión de la prima riesgo como factor salarial para efectos de determinar el
IBL.
51. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede
infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
10Folio 238 y siguientes del expediente.
11 Folio 521 y siguientes del expediente.
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52. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia
judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las
causales señaladas en el artículo 250 del CPACA12 (antes artículo 188 del CCA),
situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la
cosa juzgada13, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las
que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden
subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
53. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente
como una acción especial14, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la
legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las
sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y
contrarrestar los casos de corrupción en esta materia15 y para ejercerla se requiere de
12 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente:
Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de
2 de enero de 1984, CCA.
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un solicitante calificado16, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del
proceso ordinario o la conciliación.
54. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200317 facultó al Gobierno para que,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la
revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
55. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de
diciembre de 200918 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
56. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a)
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».
57. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión con
cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del debido
proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada debe promover
la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición.
58. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 25 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que confirmó la orden de
reliquidación pensional a favor de la señora Luz Marina Martínez Ocampo, con la
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014).
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión.
17 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
18 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para calcular el IBL de la
pensionada. Se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez que el a quo
desconoció los efectos de la cosa juzgada vinculante respecto a la prima de riesgo,
pues en sentencia proferida dentro del proceso de radicado 2005 -01040-00 ese
Tribunal Administrativo de Caldas, en forma previa, había reliquidado la pensión de la
demandante y en esa oportunidad, negó la inclusión de dicha prima por estimar que
no hacía parte de los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
59. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y
la garantía de non bis in idem.
60. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que la Constitución Política de
Colombia incluye la protección a la “cosa juzgada” como parte constitutiva del debido
proceso; por tanto, ella se erige como una garantía constitucional de carácter
fundamental. Sobre ello precisó: 19
«37. (i) Cuando el artículo 29 de la Constitución (sic) prohíbe al Estado juzgar a una
persona dos veces por el mismo hecho, hace referencia también a que no se decida
en sentencia judicial dos veces un mismo asunto, a efectos de proteger que “ (…) la
parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia, puede obrar en justicia
sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a tener en cuenta esa decisión (…)”
(ii) También porque el debido proceso es una garantía que debe cubre todas las
ramas del derecho, y en esa medida la cosa juzgada también lo es. En ese orden de
ideas la Sala concluyó:
“(…) la Constitución Política de Colombia incluye la protección a la “cosa juzgada”
como parte constitutiva del debido proceso; por tanto, ella se erige como una
garantía constitucional de carácter fundamental, que, en caso de violación, puede ser
protegida por medio de la acción de tutela.”
(…)
39. Así las cosas, esta Sala considera que en las sentencias emitidas dentro del proceso
19Citado en sentencia de 17 de marzo de 2016 de radicado 11001-03-15-000-2016-00356-00(AC). Consejero Ponente: William Hernández
Gómez
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laboral cuestionado se configuró un defecto sustantivo, toda vez que en ellas se desconoció
el contenido de un fallo emitido sobre el mismo asunto y con ello, se desbordó el marco de
acción otorgado por la constitución y la ley, de acuerdo con el principio de la cosa juzgada
derivado de los artículos 29, 229 de la Constitución política, así como del artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil, por medio del cual se busca garantizar la inmutabilidad del
resultado procesal obtenido por medio de una sentencia y se pretende brindar seguridad
jurídica a las partes intervinientes en un proceso que ya culminó”.»
3.5.2.2. Caso concreto
61. Las pruebas allegadas dan cuenta de que la señora Luz Marina Martínez Ocampo
presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de Cajanal solicitando la reliquidación de su pensión de
jubilación, por estimar que, al ser funcionaria del DAS y desempeñarse por más de 20
años como detective profesional tenía derecho a que la misma se liquidara de
conformidad con los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, en concordancia con el
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, con la inclusión de todos los factores
devengados durante el último año de servicios.
62. Dicho proceso fue decidido en sentencia de 8 de septiembre de 2009 por el
Juzgado Tercero Administrativo de Manizales de radicado 2005-01040,20 a través de
la cual el despacho estimó que, era beneficiaria del régimen de transición de los
empleados que desempeñan actividades de alto riesgo y en consecuencia tenía
derecho a que se reliquidara la pensión según lo dispuesto en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989. En ese sentido ordenó la reliquidación teniendo en cuenta el
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, es decir, la
asignación básica, la bonificación por servicios, y las primas de navidad, vacacional y
de servicios, pero se negó la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para
efectos de liquidar el IBL, lo anterior, de conformidad con el Decreto 2646 de 1994.
63. Mediante sentencia de 23 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Caldas
confirmó en su totalidad la sentencia de 8 de septiembre de 2009 por el Juzgado
Tercero Administrativo de Manizales.
64. También se encuentra demostrado que la señora Martínez Ocampo solicitó a la
UGPP la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de riesgo
el 7 de septiembre de 2015 y posteriormente el 17 de junio de 2016, que en las
Resoluciones RDP 055167 de 22 de diciembre de 2015, RDP 012741 de 22 de marzo
de 2016 RDP 039361 de 20 de octubre de 2016 y RDP 005189 de 13 de febrero de
2017, se negó lo solicitado, por lo que demandó dichos actos administrativos a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
65. Posteriormente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
17001333300420170016400, promovido por la señora Martínez Ocampo se profirió
sentencia el 12 de junio de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales
20 Folio 59 del archivo visible en el índice 2 de SAMAI
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en la que declaró la nulidad de los actos acusados y se ordenó la reliquidación de la
pensión del demandante incluyendo la prima de riesgo. Esta decisión fue confirmada
en sentencia de 25 de noviembre de 2021por el Tribunal Administrativo de Caldas.
66. Es de precisar que en el curso de la primera instancia la UGPP propuso la
excepción de cosa juzgada por existir un pronunciamiento judicial sobre la citada prima
de riesgo en las sentencias dictadas dentro del proceso 2005-01040 y dicho argumento
fue expuesto nuevamente en el recurso de apelación.
67. El Tribunal se pronunció sobre la cosa juzgada en los casos de los empleados del
DAS que solicitaban la aplicación de la sentencia de unificación y ya había tramitado
procesos sobre la inclusión de la prima de riesgo en el IBL de la pensión y advirtió que
no podía hablarse de cosa juzgada material en sentido estricto, sino que debía
relativizarse en procura de los principios constitucionales.
68. Bajo ese contexto, la entidad pretende que se declare la nulidad de la sentencia
del 25 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas bajo la
causales a) y (b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, al considerar que, existe una
sentencia previa que hizo tránsito a cosa juzgada.
69. En ese orden, los argumentos con los que la parte actora sustenta la causal a) en
comento, no guardan relación con la vulneración al debido proceso, esto es, en cuanto
al derecho al juez natural o funcionario competente; el derecho a ser juzgado según
las formas de cada juicio o procedimiento; y menos aún alega la vulneración a las
garantías procesales como de audiencia y defensa, decisión motivada, segunda
instancia, entre otras; por el contrario, se enfoca en cuestionar la ocurrencia de la cosa
juzgada, supuesto que está previsto en una causal autónoma distinta, que no fue
invocada por el recurrente.
70. Sobre el particular se destaca que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece
que la acción especial prevista en esa norma, se tramitará por el procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión y podrá solicitarse por las causales
consagradas para este y además por las mentadas causales a y b.
71. Para el caso concreto, el artículo 250 del CPACA, que enlista las causales del
recurso extraordinario de revisión, en su numeral 8 establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
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a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.» (resaltado nuestro)
72. De la norma transcrita se desprende que el legislador incluyó para el recurso
extraordinario de revisión y a su vez, para la acción especial prevista en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, una causal autónoma y especial para cuestionar aquellas
providencias que, en criterio del recurrente, resulten contrarias a una sentencia
anterior con efectos de cosa juzgada, entre las mismas partes.
73. En línea a lo expuesto, se advierte que el accionante no cumplió con la carga de
invocar la causal específica dispuesta en la norma para el supuesto fáctico en que
sustenta su inconformidad –numeral 8 del artículo 250 del CPACA; por el contrario,
pretende de manera genérica que su cargo se estudie por la causal a), que como se
dijo, no procede por no fundarse en la presunta afectación al debido proceso, en los
términos indicados.
74. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que en el presente caso no se configura
la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual
no hay lugar a infirmar la sentencia objeto de revisión por el argumento propuesto por
la entidad recurrente.
74. Ahora bien, en cuanto a la causal b) invocada por la UGPP, observa la Sala que la
entidad sustentó la acción especial de revisión en el sentido que, debió excluirse la
prima de riesgo de la reliquidación pensional reconocida a la señora Luz Marina
Martínez Ocampo, al estimar que dicho emolumento no constituía factor salarial en los
términos del Decreto 2646 de 1994. Con todo, tal censura tampoco está llamada a
prosperar, pues del examen del marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como
de las particularidades acreditadas en el expediente, se desprende que la inclusión de
ese concepto en el ingreso base de liquidación no desbordó lo previsto en el
ordenamiento jurídico, ni la interpretación jurisprudencia aplicable.
75. En efecto, en lo atinente a la inclusión de la prima de riesgo en el IBL de la pensión
de la señora Luz Marina Martínez Ocampo, la Sala concluye que la reliquidación
reconocida resulta ajustada a derecho, en tanto se encuentran demostrados los
supuestos fácticos y jurídicos que habilitan su cómputo. Aunado a ello, basta precisar,
de manera preliminar, que al tratarse de un factor que hace parte del IBL de una
prestación periódica, la interesada se hallaba facultada para acudir ante la jurisdicción
en procura de la reliquidación pretendida.
76. Así, el Decreto 1933 de 1989 dispuso que los empleados del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS que ejercieran funciones de detective se regirían, en
materia pensional, por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978. Si bien el artículo 18
de este último no incluyó expresamente la prima de riesgo dentro de los factores de
liquidación, lo cierto es que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, en
sentencia de 1.° de agosto de 2013, admitió su cómputo al precisar que se trata de una
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suma percibida en forma habitual y periódica como contraprestación directa del servicio,
razón por la cual hace parte del ingreso base de cotización y de la liquidación pensional.
77. A ello se suma que las labores desempeñadas por los detectives del DAS fueron
catalogadas como de alto riesgo, de conformidad con el Decreto 1835 de 1994,
circunstancia que les permitió quedar amparados por un régimen especial de transición
bajo las condiciones previstas en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Además, la
Ley 860 de 2003 incluyó expresamente la prima de riesgo dentro del ingreso base de
cotización de los servidores que desarrollaban esa actividad, lo que reafirma la relevancia
de dicho emolumento dentro del esquema prestacional aplicable a tales funcionarios.
78. Al descender al caso concreto, encuentra la Sala acreditado que la demandante se
vinculó antes del 3 de agosto de 1994, concretamente el 5 de marzo de 1983; que
desempeñó el cargo de detective profesional; que quedó cobijada por las normas
anteriores al Decreto 1835 de 1994, esto es, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989;
y que, según el certificado laboral obrante en el expediente, devengó la prima de riesgo
durante el último año de servicios. Tales elementos satisfacen plenamente las exigencias
requeridas para su inclusión en la liquidación de la prestación.
79. En esas condiciones, no existe fundamento jurídico para excluir del IBL un factor que,
conforme al precedente de unificación, tiene naturaleza salarial, fue percibido de manera
periódica por la actora y fue efectivamente devengado en el período relevante. La
exclusión de la prima de riesgo desconoce, por tanto, el régimen especial aplicable a los
detectives del DAS y el criterio jurisprudencial vigente sobre la materia.
80. Así las cosas, la Sala concluye que a la señora Luz Marina Martínez Ocampo le asistía
el derecho a la reliquidación de su pensión con inclusión de la prima de riesgo como factor
integrante del IBL, motivo por el cual, se colige que en este caso no se configuran las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que
se impone declarar infundada la acción especial de revisión.
3.6. Condena en costas
81. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión, prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales detrimentos al
Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de imponer condena en costas
cuando la actuación tenga por objeto controvertir providencias judiciales para
salvaguardar el interés público, como ocurre en el presente asunto.
21
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de
2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-
000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas a través de la cual se confirmó la providencia de 12 de junio de 2019 dictada
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 7001-33-33-004-2017-00164-01, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al
tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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