Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00688-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00688-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00688-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00688-00 (6246-2022)
Demandante: Miguel Uribe Turbay
Demandados: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Tema: Empleo público y títulos profesionales para su ejercicio. Los
cargos propuestos no lograron desvirtuar la presunción de
legalidad del acto demando.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 40316 del
19 de agosto de 2022, por la cual se modificó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales (en adelante, MEFCL) del Ministerio de Minas y Energía.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Mediante el acto acusado se modificó el MEFCL de la entidad accionada
respecto de 31 empleos del nivel directivo y asesor, provistos bajo la modalidad de
libre nombramiento y remoción y adscritos a los despachos del ministro o del
viceministro de la citada cartera, lo cual en criterio del actor es ilegal por haber sido
expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y con falsa
motivación.
2. En relación con el cargo de violación de las normas en que debía fundarse,
señaló que la resolución cuestionada desconoció el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto
1083 de 2015 porque incorporó núcleos básicos del conocimiento y profesiones
que, en su criterio, no resultaban acordes con la naturaleza de las funciones del
Ministerio de Minas y Energía.
3. En desarrollo de este reproche, afirmó como desconocido el parágrafo 1 del
artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, conforme al cual corresponde a las
entidades verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al respectivo
núcleo básico del conocimiento señalado en el MEFCL, de acuerdo con «la
naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño».
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Demandante: Miguel Uribe Turbay
4. En ese marco, sostuvo que las modificaciones introducidas en el acto
demandado debían propender por el mejoramiento de la entidad y del servicio, por
lo que los perfiles incorporados debían guardar relación directa con la naturaleza
de la entidad y no desnaturalizar los empleos.
5. En cuanto al cargo de falsa motivación, manifestó que las profesiones
incorporadas mediante la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 no guardan
conexidad con «el correcto cumplimiento» de las funciones legalmente asignadas
al Ministerio de Minas y Energía, relacionadas, entre otros aspectos, con la
exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, la formulación de políticas
públicas del sector minero-energético y la definición de tarifas de combustibles.
6. En ese sentido, argumentó que la inclusión de las nuevas profesiones
desconoce la especialidad técnica que, en su criterio, caracteriza a esa cartera
ministerial, al tiempo que compromete la satisfacción del interés general que debía
orientar la decisión administrativa.
7. Añadió que la motivación del acto enjuiciado era insuficiente, pues el estudio
técnico que le sirvió de sustento se limitó a señalar que las nuevas profesiones eran
«necesarias» para dinamizar la fuerza laboral del ministerio y aportar a la transición
energética, sin demostrar ni fundamentar de manera concreta la necesidad de las
modificaciones introducidas. A partir de ello, afirmó que se generaba incertidumbre
sobre la idoneidad de los servidores públicos nombrados o por designarse con
fundamento en los nuevos perfiles.
Contestación de la demanda
8. El Ministerio de Minas y Energía se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda indicando, en primer lugar, que el cargo por infracción
de las normas en que debía fundarse carecía de sustentación porque el actor no
precisó el concepto de la violación ni identificó las disposiciones superiores que
estimaba vulneradas, por lo que, en su criterio, no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara la resolución acusada.
9. En todo caso, precisó que el acto enjuiciado fue expedido con sujeción al
artículo 122 de la Constitución Política, a la Ley 909 de 2004, al Decreto Ley 770
de 2005 y al Decreto 1083 de 2015, y con fundamento en el «Estudio para la
Actualización, Modificación y Adición del Manual de Funciones y Competencias
Laborales - Ministerio de Minas y Energía».
10. Mencionó que el demandante interpretó de manera equivocada el artículo
2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, pues esa disposición no impone una asociación
restrictiva entre los empleos y determinadas profesiones, sino que establece la
forma en que deben identificarse en el manual los núcleos básicos del
conocimiento, de acuerdo con la clasificación del Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior (en adelante, SNIES). En ese sentido, adujo que
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corresponde a cada entidad definir los requisitos de formación académica de sus
empleos, dentro de los parámetros legales, en ejercicio de la autonomía que le
reconoce el ordenamiento.
11. De otro lado, expuso que, aunque el demandante atribuyó al acto falsa
motivación, no individualizó circunstancias concretas respecto de alguno de los
cargos modificados ni señaló hechos omitidos o indebidamente apreciados por la
Administración que, de haber sido considerados, hubieran conducido a una
decisión sustancialmente diferente. Por esa razón, sostuvo que no se configuraba
ninguna de las hipótesis jurisprudenciales que permiten estructurar ese vicio.
12. También aclaró que la resolución cuestionada se sustentó en el estudio
previo elaborado por la Subdirección de Talento Humano y la Secretaría General
del ministerio, en el que se justificó la necesidad de incorporar enfoques
multidisciplinarios e interdisciplinarios acordes con las nuevas políticas públicas del
sector. Agregó que, según ese estudio, tales lineamientos exigían acelerar la
transición energética, fortalecer las fuentes alternativas y no convencionales de
energía, propiciar el tránsito de una economía extractivista hacia una de corte
productivo, enfrentar el cambio climático y promover el ordenamiento territorial
alrededor del agua y de las comunidades energéticas.
13. En ese contexto, concluyó que la ampliación de los núcleos básicos del
conocimiento buscaba fortalecer la formulación y gestión de la política pública del
sector mediante la incorporación de perfiles y saberes complementarios, sin que
ello implicara excluir las disciplinas tradicionalmente previstas ni que el título
profesional constituyera el único requisito para acceder a los empleos, dado que
también debían acreditarse la experiencia, los estudios de posgrado y las demás
exigencias aplicables.
14. Finalmente, solicitó condenar en costas a la parte actora.
Trámite de sentencia anticipada
15. Mediante auto del 27 de junio de 2024 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el
litigio. Posteriormente, en providencia del 20 de febrero de 2025, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
16. El Ministerio Público y el actor guardaron silencio.
17. El Ministerio de Minas y Energía reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y añadió que el actor no cumplió la carga procesal de
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desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, en los términos del artículo
88 del CPACA.
18. Manifestó que, si bien los MEFCL tienen fundamento en el artículo 122 de
la Constitución Política, no existe una disposición de ese rango que regule de
manera concreta el procedimiento para su adopción o actualización, ni que imponga
restricciones sobre su contenido, alcance o requisitos.
19. Insistió en que la determinación de los requisitos de formación académica
y experiencia para los empleos corresponde a la entidad, dentro de los límites
fijados por la ley, y que el estudio técnico que sirvió de sustento a la Resolución
40316 del 19 de agosto de 2022 no requería una metodología o formalidad
específica.
20. Por último, indicó que la motivación de las modificaciones introducidas
mediante el acto enjuiciado se sustentó en la Ley 2099 de 2021 y en los
lineamientos de política pública del Gobierno nacional, «relacionados con el
programa que pretende transitar desde las fuentes tradicionales de obtención de
energía hacia otras menos lesivas del ambiente».
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
22. La Sala deberá establecer si la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022
fue expedida con infracción de las normas en que debía fundarse, en particular del
artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, al haber incorporado núcleos básicos
del conocimiento y profesiones que no guardan relación con la naturaleza de las
funciones atribuidas a los empleos modificados ni con el área de desempeño de la
entidad demandada.
23. Asimismo, se examinará si el acto demandado incurrió en falsa motivación,
en la medida en que los perfiles profesionales incorporados no guardan conexidad
con las funciones legalmente asignadas al Ministerio de Minas y Energía.
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24. Finalmente, la Sala deberá determinar si la Resolución 40316 del 19 de
agosto de 2022 fue expedida con motivación insuficiente, al haberse sustentado en
un estudio técnico que no justificó de manera concreta la necesidad de los cambios
introducidos.
Análisis de los problemas jurídicos
25. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque los cargos de
infracción de las normas en que debía fundarse y de falsa motivación resultan
insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. En efecto,
aunque el demandante señaló algunas de las profesiones incorporadas por la
Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 y las confrontó con las funciones
generales del Ministerio de Minas y Energía, no individualizó los empleos
modificados ni efectuó, respecto de cada uno de ellos, un análisis concreto entre
las funciones específicas asignadas y los perfiles profesionales incluidos que
permitiera demostrar la falta de correspondencia alegada.
26. Adicionalmente, la Sala encuentra que el estudio previo que sustentó la
Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 no se limitó a afirmar la necesidad de
la modificación, sino que expuso razones concretas orientadas a justificar la
incorporación de enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios acordes con las
nuevas políticas públicas del sector.
Desconocimiento del artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015
27. El demandante afirmó que la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022
desconoció el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015 porque incorporó para
31 de los empleos el requisito de contar con un título profesional en núcleos básicos
del conocimiento y profesiones que, en su criterio, no guardan correspondencia con
la naturaleza de las funciones atribuidas a los empleos modificados ni con el área
de desempeño del Ministerio de Minas y Energía.
28. En sustento de ese reproche, relacionó algunas de las profesiones
incluidas en el MEFCL, entre ellas, antropología, artes liberales, bibliotecología,
filosofía, teología e ingeniería de alimentos, y las contrastó con las funciones
generales asignadas a esa cartera ministerial, para sostener que no guardaban
correspondencia con su naturaleza y área de desempeño.
29. Sobre el particular, el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015 dispone
que, para el ejercicio de los empleos que exijan título o aprobación de estudios de
educación superior, las entidades deben identificar en el MEFCL los núcleos
básicos del conocimiento que comprendan las disciplinas académicas o
profesiones que se requiere para el desempeño del cargo, de conformidad con la
clasificación SNIES.
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30. A su vez, el parágrafo 1 de esa disposición prevé que corresponde a cada
organismo o entidad verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al
respectivo núcleo básico del conocimiento señalado en el MEFCL, teniendo en
cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño.
31. De la anterior norma se infiere que el juicio de correspondencia allí
previsto no puede formularse de manera general ni a partir de una comparación
entre las funciones asignadas a la entidad y las profesiones incorporadas en el
MEFCL. Por el contrario, la verificación debe realizarse respecto de cada empleo,
con fundamento en sus funciones específicas o en el área de desempeño
correspondiente, a fin de establecer si el núcleo básico del conocimiento o la
disciplina académica incluida resulta compatible con las exigencias propias del
cargo.
32. En el caso concreto, la Sala advierte que el actor sustentó su
inconformidad a partir de una confrontación general entre las funciones atribuidas
al Ministerio de Minas y Energía en el artículo 2 del Decreto 381 del 16 de febrero
de 2012, modificado y adicionado por el artículo 1 del Decreto 1617 de 2013, y
algunas de las profesiones incorporadas por la Resolución 40316 del 19 de agosto
de 2022, sin individualizar ninguno de los 31 empleos modificados ni explicar por
qué, frente a cada uno de ellos, los perfiles profesionales incluidos resultaban
incompatibles con las funciones asignadas o con el área de desempeño
correspondiente.
33. En consecuencia, la Sala concluye que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto acusado por presunto desconocimiento del artículo 2.2.2.4.9 del
Decreto 1083 de 2015, pues el reproche formulado resulta insuficiente para
demostrar la infracción alegada.
Falsa motivación del acto demandado
34. El actor indicó que la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 está
viciada de falsa motivación, pues los perfiles profesionales incorporados en la
modificación del MEFCL no guardan conexidad con el adecuado cumplimiento de
las funciones legalmente asignadas al Ministerio de Minas y Energía, relacionadas
principalmente con la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, la
formulación de políticas públicas del sector minero-energético y la definición de
tarifas de combustibles.
35. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
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es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo1.
36. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]»2.
37. En el presente asunto, la Sala observa que el demandante estructuró su
reproche a partir de una confrontación general entre los perfiles profesionales
incorporados en el MEFCL y las funciones legalmente asignadas al Ministerio de
Minas y Energía, sin efectuar el análisis concreto que exige la configuración de este
vicio, pues no individualizó ninguno de los empleos modificados ni explicó, respecto
de cada uno de ellos, cuáles eran sus funciones específicas y por qué los perfiles
académicos incorporados resultaban incompatibles con su ejercicio.
38. Esa omisión resulta determinante, porque la Resolución 40316 del 19 de
agosto de 2022 modificó los perfiles profesionales de 31 empleos con funciones y
áreas de desempeño distintas. En esas condiciones, la verificación de una eventual
divergencia entre los motivos declarados por la Administración y la realidad fáctica
o jurídica que sirvió de sustento al acto acusado solo podía efectuarse a partir de
un examen individualizado de cada empleo, de modo que la confrontación general
con las funciones del Ministerio de Minas y Energía no basta para establecer si,
respecto de alguno de los cargos modificados, los fundamentos invocados por la
entidad eran o no acordes con la realidad.
39. En ese orden, la Sala concluye que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto acusado por falsa motivación, porque el actor no demostró que
la Administración hubiera sustentado la modificación del MEFCL en motivos falsos,
inexistentes o producto de una apreciación errónea de los hechos respecto de cada
uno de los cargos modificados.
Motivación insuficiente de la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022
40. El demandante sostuvo que el acto demandado carece de una motivación
suficiente, porque el estudio técnico que le sirvió de sustento se limitó a afirmar la
necesidad de incorporar nuevas profesiones para dinamizar la fuerza laboral del
ministerio y aportar a la transición energética, sin justificar de manera concreta la
procedencia de los cambios introducidos. Añadió que esa insuficiencia generaba
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
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incertidumbre sobre la idoneidad de los servidores públicos nombrados o por
designarse con fundamento en los nuevos perfiles.
41. Sobre este vicio de nulidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado:
Paralelamente al defecto consistente en la “falsa motivación”, hay otro vicio
invalidante que es el de la “falta de motivación”, cuya ocurrencia se subsume en el
vicio de “expedición irregular” a que se refiere el inciso segundo del artículo 136 de
la Ley 1437 de 2011. Dicho defecto se configura cuando el acto carece por completo
de fundamentos de hecho y/o de derecho, o cuando la motivación incorporada en
el acto administrativo es tan precaria e insuficiente que no puede tenerse el acto
como motivado. Se trata de un vicio que afecta el aspecto formal de la decisión
administrativa a partir de la exigencia que contempla el artículo 42 ejusdem.3 […]
42. En el caso concreto, la Sala no advierte la insuficiencia de motivación
alegada. En efecto, el estudio que sirvió de sustento a la Resolución 40316 del 19
de agosto de 2022 no se limitó a afirmar que la modificación del MEFCL «era
necesaria», sino que explicó que las temáticas del plan de gobierno «Colombia
Potencia Mundial de la Vida», la lucha contra el cambio climático, el ordenamiento
territorial alrededor del agua, la aceleración de la transición energética y el
fortalecimiento de las fuentes alternativas y no convencionales de energía exigían
una participación novedosa del Ministerio de Minas y Energía.
43. En ese marco, el estudio destacó la necesidad de contar con personal que
aportara y gestionara, «desde diferentes ópticas científicas, y del conocimiento
humano en general», ideas y proyectos transformacionales orientados a viabilizar
esos resultados. Con esa base, indicó que una de las medidas administrativas a
adoptar consistía en diversificar los perfiles llamados a contribuir a la gestión
estratégica del ministerio, con el propósito de aprovechar distintas formaciones
académicas capaces de aportar una visión complementaria e integral para la
formulación de políticas públicas coherentes para el sector minero-energético y
para el cumplimiento de las demás funciones asignadas por la ley a la entidad.
44. En esa misma línea, el documento puso de presente que el Gobierno
nacional tiene el compromiso de fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología
mediante el impulso de programas de formación técnica, tecnológica, profesional y
posgradual orientados a la transición energética, lo que, a juicio de la entidad,
reforzaba la necesidad de incorporar nuevas capacidades y saberes en la gestión
del sector.
45. Con fundamento en esas consideraciones, el estudio concluyó que debían
actualizarse algunos perfiles de empleos de libre nombramiento y remoción e incluir
ciertos núcleos básicos del conocimiento, previa revisión del SNIES, con el fin de
dinamizar la fuerza laboral del ministerio y complementar las formaciones
3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 23 de marzo de 2017, rad. núm. 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034-2016).
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tradicionalmente previstas, mediante una visión interdisciplinaria aplicada a la
gestión de las actuaciones vinculadas con la transición energética.
46. Así las cosas, la Sala encuentra que la Resolución 40316 del 19 de agosto
de 2022 fue expedida con motivación suficiente, pues el estudio técnico que la
sustentó expresó los fundamentos que permiten comprender las razones por las
cuales la entidad consideró necesario actualizar algunos perfiles e incorporar
nuevos núcleos básicos del conocimiento en el MEFCL para algunos empleos.
47. Por lo expuesto, se concluye que no se desvirtuó la presunción de
legalidad de la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 por ninguna de las
causales de nulidad invocadas y, en consecuencia, se negarán las pretensiones de
la demanda.
Cuestión final
48. La Sala advierte que, con posterioridad al ingreso del expediente al
despacho para dictar sentencia, falleció el demandante, hecho que, aunque no ha
sido probado formalmente mediante registro civil de defunción, se tiene por
acreditado por ser público y de notorio conocimiento.
49. Ahora bien, ante esta circunstancia, podría inferirse la necesidad de acudir
a las reglas establecidas en el CGP sobre la interrupción del proceso por muerte del
demandante. Sin embargo, aunque el artículo 306 del CPACA autoriza la remisión
a ese estatuto en los aspectos no regulados expresamente, ello solo procede
respecto de las materias cuya naturaleza es compatible con la de los procesos que
se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
50. En el presente asunto, esa compatibilidad no se configura porque el medio
de control de simple nulidad no está instituido para resolver conflictos entre
derechos subjetivos ni para la satisfacción de intereses patrimoniales individuales,
sino para la defensa del ordenamiento jurídico mediante el control objetivo de
legalidad de los actos administrativos.
51. En esa misma línea, conviene recordar que el medio de control de nulidad
tiene naturaleza pública. Su ejercicio no se reserva a quien afirme la lesión de un
derecho subjetivo, sino que puede ser promovido por cualquier persona en defensa
del ordenamiento jurídico. Esta característica se fundamenta en el numeral 6 del
artículo 40 de la Constitución Política, conforme al cual toda persona tiene derecho
a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, lo que se
acompasa con la amplia legitimación por activa que se desprende del artículo 137
del CPACA.
52. Lo anterior implica que circunstancias sobrevinientes que, en otro tipo de
litigios, podrían afectar la continuación del proceso – como la pérdida de interés del
actor, el desistimiento o incluso su muerte – no impiden que el juez contencioso
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adopte una decisión de fondo, pues el objeto del proceso permanece incólume:
determinar la conformidad del acto acusado con el ordenamiento jurídico, lo que es
aún más diciente en este caso por ser un asunto de única instancia, de manera que
la desaparición de la persona que activó la jurisdicción no genera obstáculo alguno
para adoptar decisión de fondo.
53. En consecuencia, la muerte del accionante no interrumpirá el trámite ni
impedirá dictar sentencia en este tipo de procesos. Por ende, la sentencia se
notificará en los términos legalmente previstos sin que el fallecimiento del actor
afecte ni el proceso ni la ejecutoria de la decisión dado que, como ha quedado
expuesto, aquel ejerció la acción con el único propósito de proteger el ordenamiento
jurídico en abstracto.
Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
55. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
56. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00688-00 (6246-2022)
Demandante: Miguel Uribe Turbay
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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