Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00569-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00569-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00569-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)
Demandante: Joel Miranda Navarro
Demandado: Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Temas: Causal de revisión del artículo 250.5 del CPACA. Nulidad de la
sentencia por vulneración del principio de congruencia.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por el señor Joel
Miranda Navarro contra la sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil
veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Joel Miranda Navarro ostenta la condición de soldado profesional y el
24 de agosto de 2018 presentó una petición con el fin de que se le reconociera y
pagara el reajuste del 20% en el salario básico mensual, el subsidio familiar y la
prima de actividad; sin embargo, el Ejército Nacional por medio de oficio del 12 de
septiembre de 2018 negó el reconocimiento del subsidio familiar y guardó silencio
frente a lo demás.
Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
instauró demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, solicitando entre otras cosas, que se declarara la configuración del acto
ficto, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la diferencia salarial
del 20% y de la prima de actividad y como consecuencia de ello, se condenara a la
entidad al reconocimiento y pago de tales emolumentos, del subsidio familiar, y a
reliquidar las prestaciones sociales y factores salariales de acuerdo al salario básico
conformado por el mínimo aumentado al 60%.
1 La presentación del recurso se efectuó el 21 de noviembre de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada
por la Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que modificó y confirmó la sentencia proferida el 19 de enero de 2023, por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Girardot que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
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Dicho proceso fue fallado por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, el 19
de enero de 2023. Declaró la existencia del acto ficto que negó el reajuste del 20%
y la prima de actividad; tuvo por probada la excepción de carencia del derecho del
demandante e inexistencia de la obligación; declaró no probada la excepción de
caducidad y negó las demás pretensiones de la demanda.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En providencia del 27 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E modificó y confirmó la decisión
proferida por el juez de primera instancia, que negó las pretensiones.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Que el inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, consagra un mandato
expreso al establecer que los soldados profesionales que se incorporaron después
de su entrada en vigencia tienen derecho al reconocimiento y pago de una
asignación salarial mensual incrementada en un 40% y los soldados voluntarios que
se encontraban vinculados a 31 de diciembre de 2000 y que ingresaron como
soldados profesionales, seguirían devengando un salario mínimo mensual legal
vigente incrementado en un 60%. Regla jurisprudencial que se fijó en sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 20130006001(3420-2015) proferida
por esta Corporación.
En cuanto al reconocimiento del subsidio familiar, dijo obra en el expediente copia
de la escritura pública No. 113 del 22 de julio de 2015 otorgada por la Notaría Única
del Circuito de Tamalameque, mediante la cual se realizó la declaración de unión
marital de hecho entre el demandante y la señora Silvia Marina Ortega Jiménez a
partir del 24 de diciembre de 2011, de cuya unión nacieron tres hijas, entre ellas una
menor de edad.
Que aun cuando la entidad demandada conoció de la unión marital de hecho desde
que fue declarada por medio de escritura pública, la misma se originó y constituyó
desde el 24 de diciembre de 2011, por lo que es esta la fecha que debe tenerse en
cuenta a efectos de determinar la procedencia de dicho beneficio. Que resultaría
desproporcionado exigirle al demandante informar el cambio de estado civil cuando
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3770 de 2009 y con la expedición del Decreto
1161 de 2014, no se impuso el cumplimiento de dicho deber.
Ordenó en consecuencia, liquidar el subsidio desde el 24 de diciembre de 2011
hasta la fecha del retiro en un 4% de la asignación básica más el 58.5% de la
asignación básica por concepto de prima de antigüedad. Que la entidad deberá
descontar del valor reconocido las sumas que fueron canceladas por concepto de
subsidio familiar pagado con fundamento en el Decreto 1161 de 2014, haciendo la
salvedad que viene percibiendo lo correspondiente al 25%.
Respecto del reajuste salarial dijo que el demandante prestó su servicio militar del
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6 de julio del 2000 al 16 de septiembre de 2001 e ingresó como soldado profesional
el 19 de septiembre de 2001 hasta el 28 de agosto de 2019, sin haber ostentado la
calidad de soldado voluntario, por lo que no tiene derecho al reajuste salarial del
20%, pues su vinculación como soldado profesional se dio con posterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 1794 del 2000, esto es, 1.º de enero de 2001.
En relación a la petición de inaplicar los Decretos 1793 y 1794 de 2000 por
inconstitucionalidad, dijo que debe tenerse en cuenta que los mismos fueron
expedidos conforme a la competencia compartida entre el legislador y el Gobierno
Nacional para regular el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, por lo que, el demandante confunde el derecho a la igualdad con
las condiciones temporales de igualdad en las que las asignaciones salariales
pueden adquirirse, pues tal diferenciación se encuentra justificada en el límite
temporal fijado por medio del Decreto 1794 de 2000. Que en lo que atañe al control
de convencionalidad, no se advierte ninguna vulneración de los derechos humanos
del demandante que justifique la inaplicación de dichas normas.
Frente a la solicitud del reconocimiento y pago de la prima de actividad prevista para
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, afirmó que los soldados
profesionales no tienen derecho a devengar otras prestaciones sociales diferentes
a las señaladas en el Decreto 1794 del 2000, dentro del cual no se previó dicha
prestación, lo que se encuentra justificado en tanto que no se está frente a sujetos
que se encuentren en las mismas condiciones y que desempeñen las mismas
funciones, supuestos necesarios para que se predique la vulneración del derecho a
la igualdad.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El actor presentó recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó la causal 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y solicita se declare la nulidad de la
sentencia y se envíe el expediente al juez de primera instancia para que dicte una
nueva decisión, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda. De manera
subsidiaria, solicita que, se examine la violación al debido proceso «a la luz de la
institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente», dadas
las similitudes que comparte esta figura con la falta de congruencia.
Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:
Que como soldado profesional, tiene asignadas las mismas funciones que los
soldados profesionales que fueron incorporados al Régimen de Carrera y Estatuto
del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares que estaban
activos antes de su entrada en vigencia, es decir, los soldados voluntarios. Sin
embargo, se encuentra en una situación de discriminación salarial pues nunca ha
recibido el salario proporcional a su trabajo ni lo correspondiente a la prima de
actividad.
Se refirió a la sentencia de primera instancia para decir que en ella no se realizó el
juicio de igualdad en la modalidad trabajo igual – salario igual debido a la diferencia
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salarial del 20%, no resolvió de forma completa, exhaustiva, y rigurosa lo
relacionado con el contenido de los siguientes cargos presentados en la demanda
y tampoco se pronunció de forma completa sobre los hechos 8, 9, 10, 12, 13 ,14,
15, 20, 21 ni sobre los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión.
También cuestionó que en el recurso de apelación, se solicitó al Tribunal adicionar
la sentencia de primera instancia para que analizara de manera exhaustiva cada
uno de los argumentos planteados en las pretensiones de la demanda y anulara la
decisión por desconocer el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso y el artículo 187 de
la Ley 1437 de 2011, aspectos que no fueron objeto de estudio. Como no se
resolvieron de manera completa y rigurosa los reparos o críticas a la providencia
apelada, especialmente en relación con el reconocimiento del reajuste del 20 %
salarial y la prima de actividad, ya que hizo caso omiso a los puntos planteados en
el recurso.
Expresó que dentro de los argumentos planteados en el recurso de apelación
respecto de la diferencia salarial, no se resolvieron los siguientes aspectos:
• El desconocimiento del thema petendi señalado en la demanda.
• El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los
sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad por existir
dos regímenes diferentes, lo cual a su vez lo lleva a resolver el caso con una
norma derogada.
• El despacho de primera instancia cometió un error al aplicar la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, dado que no correspondía en el caso
concreto.
• «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de
transición laboral para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen
el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la
demanda».
• «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica
que tiene la diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo
régimen de carrera del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000,
que se produjo de manera generalizada a través de las Órdenes Administrativas de
Personal números 1241 de 20 de enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003,
por medio de las cuales el Ministerio de Defensa dispuso la conversión obligatoria
de todos los soldados voluntarios en soldados profesionales, el demandante no
puede acceder a dicha diferencia salarial».
• «El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la
igualdad en un criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para
justificar la desigualad, y además lo dio por probado sin estarlo».
• «Incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los verdaderos
criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097
de 2006, T-545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros»
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras
sentencias en la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se
afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad».
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• «No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para
resolver la litis, pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte
Constitucional, Sentencia SU-519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de
1997. Pese a que hizo una mención en la sentencia con relación a la solicitud
realizada por el suscrito, nunca hubo un estudio profundo de tal situación».
• «El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se
encuentra mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron
soldados voluntarios».
• «El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran
en el expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con
los cuales se prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido».
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-
230/94; el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado
después en la sentencia T-335/00, así como el precedente contenido en la
Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL
DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO».
• «No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que
justifique el trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el
Despacho negó el reconocimiento del derecho pedido».
• «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso
iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en
contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece
a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho
fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».
• «Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución
política, específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a.
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales».
• «El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al
demandante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la
institución».
• «La sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los
principios de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los
principios generales de la carrera administrativa- y de la carrera administrativa en
las fuerzas militares para los soldados profesionales, como el merito y la igualdad
de oportunidades».
• La sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad ni la de
inconvencionalidad propuestas, y no realizó el test de ponderación de
derechos, pese a haberlo afirmado.
• «La sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial
se incurriría en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD
NORMATIVA».
• En el presente caso son procedentes las excepciones de inconstitucionalidad
y de inconvencionalidad.
En cuanto a la prima de actividad, se señaló que no se resolvieron los siguientes
planteamientos:
• El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los
sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad.
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• La sentencia incurre en un error conceptual al confundir la naturaleza jurídica
del salario con la de la prestación salarial.
• Se desconoció que el demandante cumple las condiciones previstas en la
norma que regula la prima de actividad para oficiales y suboficiales.
• «La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la
demanda, ni probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no
discriminación, situación que no tuvo en cuenta el Despacho».
• «El despacho asume en la sentencia El criterio de que las funciones de los oficiales
y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional, y que, por eso,
es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal justificación,
en sendas sentencias judiciales».
• «El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras
sentencias en la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se
afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”».
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia
T-230/94; el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado
después en la sentencia T-335/00, así como el precedente contenido en la
Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL
DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO».
• «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso
iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en
contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece
a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho
fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».
TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 1.º de febrero de 2024, se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra La Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.
Contestación al recurso extraordinario
La Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional guardó silencio3.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió concepto en el que
solicitó declarar infundado el recurso. Que no hay vulneración al principio de
congruencia, pues lo que se plantea que no fue objeto de pronunciamiento por parte
del juez de segunda instancia, no se corresponde con la realidad, ya que lo que
pretende el recurrente es que el juez se pronuncie en los términos y con el orden y
criterio temático que él desea. Estimó que todos los aspectos mencionados en el
recurso se encuentran subsumidos dentro de los acápites de los fallos acusados,
por lo que, a pesar de que la causal fue debidamente invocada, en este caso no se
vulneró el principio de congruencia.
Se decidirá previas las siguientes,
3 Véase índice 00012 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
Con el fin de determinar si procede la revisión de la sentencia impugnada, la Sala
estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) la causal de
revisión invocada en el recurso, iii) el principio de congruencia; y, finalmente, v) el
caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.
Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal quinta de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia10.
La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se
configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas
fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso,
ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.
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«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»13.
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 14 o el
principio de congruencia15 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido16.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de
202017, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con
fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
14 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
15 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-
14.
16 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
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alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita18,
como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia19. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Se sostiene que se configura la causal de revisión, al considerar que existe falta de
congruencia, tanto entre el recurso de apelación y el fallo de segunda instancia, como
entre la demanda y la sentencia de primera instancia.
En el recurso de apelación se solicitó al Tribunal adicionar la sentencia de primera
instancia con el fin de que se analizara de manera exhaustiva cada uno de los
supuestos fácticos y jurídicos de la demanda, tarea que, asegura, no fue realizada
por el juzgado. Sin embargo, en su criterio, la sentencia atacada no resolvió de
manera completa y rigurosa las críticas relativas a la negativa del reconocimiento del
reajuste salarial del 20% ni de la prima de actividad, así como la omisión de un juicio
comparativo entre los soldados voluntarios que fueron posteriormente convertidos
en soldados profesionales e ingresaron a la carrera conforme a lo dispuesto por la
Ley 1793 de 2000, y los soldados profesionales que ingresaron por primera vez a la
Fuerza Pública luego de la creación del régimen de carrera para el soldado
profesional, con el fin de determinar la posible vulneración del núcleo esencial del
derecho a la igualdad.
Se procederá a evaluar si se satisfacen los requisitos establecidos por la ley y
precisados por el Consejo de Estado mediante los criterios jurisprudenciales
aplicables para configurar la causal invocada.
En relación con el reproche por supuesta incongruencia en la decisión, se observa
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
accionante se formularon las siguientes pretensiones: a) la configuración del silencio
18 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
19 Ibid.
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administrativo negativo; b) la nulidad del acto administrativo ficto o presunto mediante
el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la
prima de actividad; y c) que el demandante realizó las mismas funciones que un
soldado profesional voluntario.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: a) el pago de la diferencia salarial
del 20% no percibida, a título de salario básico mensual o asignación salarial
mensual, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000;
b) el reconocimiento y pago de la prima de actividad, de acuerdo con los porcentajes
establecidos para oficiales y suboficiales en las normas vigentes; c) el
reconocimiento y pago del subsidio de familia, con base en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000; d) la reliquidación de todas las prestaciones sociales y/o factores
salariales, así como los que no lo son, con base en un salario básico calculado como
el mínimo incrementado en un 60%; d) la actualización de los valores adeudados
conforme al IPC; y e) el pago de costas y agencias en derecho.
De manera subsidiaria, solicitó la aplicación de las figuras de excepción de
inconstitucionalidad y de convencionalidad con el propósito de inaplicar el acto
administrativo objeto de la demanda.
El Juzgado Primero Administrativo de Girardot, mediante sentencia del 19 de enero
de 2023, negó las pretensiones así:
En lo que concierne al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% sobre
el sueldo básico, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985, concluyó que no
era procedente acceder a dicha pretensión, porque el demandante se vinculó como
soldado profesional el 30 de julio de 2008 mediante orden administrativa de personal
No. 1414, es decir ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional
bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000.
Consecuentemente, se estableció que si bien es cierto que en la actualidad los dos
grupos de soldados ostentan la calidad de soldados profesionales y desempeñan
las mismas funciones y obligaciones, el personal incorporado como soldado
profesional a partir de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 tiene derecho
al reconocimiento de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV),
incrementado en un 40%. Por su parte, aquellos que ostentaban la calidad de
soldados voluntarios al 31 de diciembre de 2000 y posteriormente fueron
incorporados como soldados profesionales tienen derecho al reconocimiento de un
SMLMV incrementado en un 60%.
En cuanto al reconocimiento y pago de la prima de actividad conforme a los
porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales, determinó que dicha
prestación no era aplicable al demandante, toda vez que su reconocimiento se
encuentra limitado a otros miembros de la Fuerza Pública, porque el Decreto 1794
de 2000, que consagra el régimen prestacional de los soldados profesionales, no
contempla la mencionada prima dentro de sus disposiciones.
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Finalmente, en lo atinente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, estimó
que en razón a que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho del
demandante con la señora Silvia Marina Ortega Jiménez fue protocolizada el 22 de
julio de 2015, esto es, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, no le asiste derecho
al actor a que dicha prestación le sea reconocida conforme lo regulado en el Decreto
1794 de 2000. Precisó, además, que el 30 de octubre de 2015 el Ejército Nacional
le reconoció el subsidio familiar al demandante en un 25%, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1161 de 2014.
El señor Miranda Navarro interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria
de la decisión dictada por el Juzgado, fundamentando su solicitud, en síntesis, en
los siguientes argumentos:
1. Que el a quo no analizó de manera seria y exhaustiva la posible violación del
derecho a la igualdad en sus diferentes modalidades.
2. Que debía realizarse un análisis comparativo entre los soldados voluntarios
que luego fueron convertidos en soldados profesionales e ingresaron bajo el
régimen de carrera administrativa del Decreto 1793 de 2000 y aquellos
soldados profesionales que ingresaron por primera vez a la Fuerza Pública
después de la creación del citado régimen, para efectos de evaluar una
posible vulneración al derecho fundamental a la igualdad.
3. Que la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 solo tiene autoridad
frente a los casos con características esenciales similares, pues en ella
nunca se abordó el principio de "trabajo igual, salario igual" ni las garantías
constitucionales del artículo 53 de la Constitución, ya que no tenía
competencia para hacerlo y solo resolvió los hechos específicos del caso.
4. Que el régimen salarial de los soldados profesionales es un derecho
adquirido, no una expectativa legítima.
5. Que, si bien es cierto que el Ejército Nacional contestó la demanda, nada dijo
con relación a la viabilidad del reconocimiento del subsidio familiar, ni
presentó argumento alguno con el objetivo de desvirtuar la presunción de
inconstitucionalidad que pesa sobre el acto enjuiciado.
6. Que el error del a quo es pensar que para el reconocimiento y pago de la
prima de actividad el ordenamiento jurídico exige una preparación,
experiencia y responsabilidades diferentes, ya que eso lo exige el
ordenamiento para el pago del salario y no de las prestaciones salariales.
7. Que la prima de actividad está diseñada para reconocer y premiar la
permanencia de los miembros de las Fuerzas Militares en el ejercicio de sus
funciones. Su no reconocimiento al soldado implica una falta de valoración
de su continuidad en el servicio.
8. Que el a quo no realizó el correspondiente juicio de igualdad de los soldados
profesionales que ostentan el subsidio de familia con base en el Decreto 1794
de 2000, en comparación con los soldados profesionales que lo devengan en
virtud del Decreto 1161 de 2014.
9. Que se erró en la interpretación de la escritura pública por medio de la cual
se declaró la unión marital de hecho, pues habiéndose precisado que la
misma inició desde el 24 de diciembre de 2011, el juez de primera instancia
estimó que esta nació el 22 de julio de 2015, cuando se protocolizó dicha
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escritura, lo que resulta contrario a la esencia misma de las sociedades de
hecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 27 de octubre 2023,
delimitó el problema jurídico a establecer si el demandante tiene derecho a un
reajuste salarial del 20%, con fundamento en el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto
1794 de 2000; al reconocimiento y pago de la prima de actividad; y al
reconocimiento del subsidio familiar conforme el Decreto 1794 de 2000.
A este respecto, modificó la decisión emitida en primera instancia, en el sentido de
condenar al Ejército Nacional al reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor
del demandante, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto
1794 del 2000; y confirmó en todo lo demás la sentencia de primera instancia al
concluir que no existían fundamentos legales ni jurisprudenciales que sustentaran
dichas pretensiones.
En lo que respecta a la inaplicación de los Decretos 1793 y 1794 de 2000 por
inconstitucionalidad e inconvencionalidad, así como la supuesta vulneración del
derecho a la igualdad en la interpretación de dichas normas, observó que:
«[…] fueron expedidos conforme a la competencia compartida entre el
legislador y el Gobierno Nacional para regular el régimen salarial y prestacional
de los miembros de la Fuerza Pública, tal como lo señala el artículo 150 de la
Constitución Política y la Ley 4ª de 1992. […] observa la Sala que el
demandante confunde el derecho a la igualdad con las condiciones temporales
de igualdad en las que las asignaciones salariales pueden adquirirse, y en este
caso, la diferencia entre uno y otro salario surgió con ocasión a la expedición
del Decreto 1794 de 2000 (…) lo que permite concluir a la Sala que la supuesta
violación invocada por la parte actora se encuentra justificada en el límite
temporal fijado por medio del Decreto 1794 de 2000 a través del cual se fijó el
régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales de las Fuerzas
Militares, por lo que no se evidencia una discriminación injustificada o arbitraria.
Frente al control de convencionalidad, invocado por la parte actora, observa la
Sala que revisado de manera general el contenido del Decreto 1794 de 2000
no existe vulneración alguna de los derechos humanos del demandante que
justifique la inaplicación de las normas que regulan el régimen salarial y
prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas
Militares».
En relación con la aplicación de la Sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 y en lo que atañe al juicio de igualdad exigido por el recurrente, el Tribunal
dijo:
« En efecto, si bien con el Decreto 1794 de 2000 se reconoció a los soldados
voluntarios como profesionales y el salario devengado por éstos se entendió
incluido para efectos prestacionales, también lo es que en aplicación de los
principios constitucionales a la progresividad y los derechos adquiridos, y según
lo señalado por el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, ellos deben
conservar la asignación básica más el 60 % del porcentaje de su salario, si
fueran de aquellos que a 1º de enero de 2001, fecha en que entró a regir el
Decreto 1794 de 200010, ya se encontraban vinculados como soldados
voluntarios del Ejército Nacional.
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Es claro para la Sala que conforme lo indicado por el Consejo de Estado, los
soldados profesionales vinculados por primera vez a partir del 1º de enero de
2000 tienen una remuneración de un salario mínimo legal mensual vigente
incrementado en un 40 %».
Que, en consecuencia,
«[…] El demandante Joel Miranda Navarro prestó su servicio militar desde el 6
de julio de 2000 al 16 de septiembre de 2001, e ingresó como soldado
profesional el 19 de septiembre de 2001 al 28 de agosto de 2019 (fecha de
expedición de la certificación), sin haber sido soldado voluntario.
[…] Se concluye entonces que, no hay lugar a declarar la nulidad del acto ficto
de carácter negativo demandado en virtud del cual se negó el reajuste salarial
del 20 % al demandante, pues es claro que el acto se encuentra dentro de los
supuestos previstos en el inciso 1º del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Su
vinculación como soldado profesional del Ejercito Nacional fue con posterioridad
a la entrada en vigencia de dicho Decreto, esto es el 1º de enero de 2001, tal
como lo indicó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2No.
003/16 del 25 de agosto de 2016.
Así las cosas, es claro que el régimen salarial del demandante es el establecido
en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, por lo que su asignación básica es un
salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementando en
un 40 % del mismo salario […]».
En cuanto a la falta de pronunciamiento respecto del reconocimiento y pago de la
prima de actividad, expresó:
«[…] El régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales de las
Fuerzas Militares no contempló la prima de actividad, a diferencia de las
disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los oficiales,
suboficiales y empleados públicos de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, sin embargo, dicha distinción es válida, en tanto, no se está frente a
sujetos que se encuentren en las mismas condiciones y obedece a criterios de
objetividad, razonabilidad y disponibilidad de los recursos públicos».
En lo que tiene que ver con la forma en que debe ser reconocido el subsidio familiar
dispuso:
« Por lo que resulta claro para la Sala en desarrollo de la norma y de la
interpretación de la Corte Constitucional que, la unión marital de hecho se
constituye a partir de la fecha en la que los compañeros tienen la voluntad de
materializar una comunidad de vida de forma singular, permanente y constante,
y por ello no puede entenderse de forma equívoca que se constituye a partir de
la fecha en la que se declara la misma a través de alguno de los mecanismos
previstos por la ley o aceptados por la jurisprudencia a criterio del juez.
Por lo anterior se concluye que la unión marital de hecho entre el demandante
señor Joel Miranda Navarro y la señora Silvia Marina Ortega Jiménez pese a
que se declaró mediante escritura pública del 22 de julio de 2015, se originó y
constituyó desde el 24 de diciembre de 2011, fecha que debe ser tenida en
cuenta por la administración para determinar la procedencia del beneficio, y que
en el presente caso debe ser reconocido conforme lo dispuesto en el Decreto
1794 de 2000 al ser la norma vigente para el momento de la constitución de la
unión marital de hecho de la cual se presume su vigencia hasta la fecha, pues
no reposa prueba alguna que demuestre lo contrario.
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[…] Se resalta que esta Corporación se ha pronunciado en situaciones similares
como la que nos ocupa en el entendido de señalar que pese a que la obligación
que tienen los uniformados de informar el cambio de su estado civil, el derecho
a obtener el subsidio familiar se consolida bien sea con el matrimonio o la unión
marital de hecho vigente tal y como lo indicó el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, de manera que la entidad no puede desconocer tal situación para aplicar
una norma diferente a la que realmente corresponde sobreponiendo un requisito
formal sobre el beneficio al que demostró tener derecho el demandante».
De tal forma, la Sala advierte que la decisión objeto de análisis abordó las dos
facetas de congruencia que han sido desarrolladas jurisprudencialmente del marco
normativo del principio.
Por una parte, se observa la armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo
(congruencia interna), toda vez que los fundamentos jurídicos y fácticos expuestos
en la motivación de la sentencia conducen de manera lógica y coherente a la
conclusión adoptada, esto es, la determinación de que el señor Joel Miranda
Navarro, si bien acreditó los requisitos para adquirir el subsidio familiar, no tiene
derecho al reajuste de su asignación básica, así como tampoco al reconocimiento
de la prima de actividad en igualdad de condiciones a las que perciben los Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
Por otra parte, existe conformidad entre la decisión y lo solicitado por la parte en el
marco de la competencia del fallador de segunda instancia (congruencia externa),
dado que el análisis se circunscribió exclusivamente a los puntos planteados en la
apelación y las pretensiones presentadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
El fallo analizó detalladamente cada una de estas pretensiones a la luz del régimen
jurídico aplicable (Ley 4ª de 1992, Ley 131 de 1985 y Decreto 1794 de 2000), de
los precedentes jurisprudenciales pertinentes de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, y de las pruebas aportadas al expediente. Concluyó que no se
configuraba la vulneración del derecho a la igualdad, al encontrarse acreditado que
las diferencias salariales y prestacionales entre los distintos niveles jerárquicos de
la Fuerza Pública obedecen a criterios legales y constitucionales válidos que
responden a la naturaleza jerárquica y funcional de estas posiciones, con lo cual se
dio respuesta íntegra a todos aquellos argumentos que abarcaban el presunto
desconocimiento del derecho a la igualdad salarial y la carga probatoria en casos
de discriminación salarial.
En cuanto a la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad, en la decisión se argumentó que esta figura requiere demostrar
una oposición directa y manifiesta entre las normas impugnadas y la Constitución,
lo que no ocurrió, ya que en precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, se ha avalado la validez de las
disposiciones cuestionadas, no encontrando que existieran elementos para
desvirtuar la constitucionalidad de las normas señaladas.
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En cuanto al juicio de igualdad invocado bajo la premisa de «trabajo igual – salario
igual», se observa que la decisión sí explicó que no existe una equivalencia absoluta
entre los grupos en comparación, dado que sus condiciones de vinculación,
funciones y prerrogativas difieren de manera significativa. Además, la referencia a
la jurisprudencia constitucional y al régimen transitorio aplicable refuerza el
razonamiento del Tribunal, que destaca que las diferencias no solo son legítimas,
sino necesarias para garantizar derechos adquiridos y mantener el equilibrio entre
los distintos niveles jerárquicos de la Fuerza Pública.
En cuanto a la aplicación de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
cuya supuesta indebida aplicación fue alegada como un error en primera instancia,
se confirmó su procedencia al establecer que en dicha decisión se trazaron reglas
jurisprudenciales aplicables tanto a los soldados voluntarios que posteriormente
fueron incorporados como soldados profesionales, como a aquellos que se
vincularon directamente en esta última categoría a partir del 31 de diciembre de
2000.
Entonces, se tiene que en la sentencia de segunda instancia, se emitió
pronunciamiento sobre la mayoría de los argumentos planteados en el recurso de
apelación, en especial aquellos relacionados con la diferencia salarial establecida
en el Decreto 1794 de 2000, la justificación del 20% adicional en la asignación de
algunos soldados profesionales, la existencia de un trato diferenciado basado en
criterios objetivos, la imposibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
sin una oposición evidente entre normas y la Constitución, la exclusión de los
soldados profesionales del beneficio de la prima de actividad, por estar destinada
únicamente a oficiales y suboficiales conforme a la Ley 4ª de 1992 y la aplicación
del subsidio familiar conforme a los preceptuado en el Decreto 1161 de 2014.
No obstante, respecto de algunos reproches formulados, si bien la sentencia no
profundizó en su análisis sobre el alcance del precedente constitucional invocado,
la supuesta ausencia de un test de igualdad, la alegada discriminación sistemática,
y el reconocimiento del derecho a la igualdad en sus diversas modalidades, tales
omisiones no tienen la entidad suficiente para invalidar la decisión de segunda
instancia, en tanto:
i) No se motivó ni se demostró la trascendencia del argumento, y de su contenido
no se desprende la configuración de un error judicial que justificara la prosperidad
de la pretensión condenatoria en sede de nulidad y restablecimiento del derecho; ii)
En cuanto al supuesto desconocimiento de las providencias citadas en el recurso
de apelación, es importante señalar que la inobservancia del precedente
jurisprudencial no constituye un defecto de suficiente entidad para generar la nulidad
de la sentencia, pues no se trata de una irregularidad de carácter procedimental,
sino de un aspecto relacionado con el análisis de fondo del fallo acusado y,
iii) Los aspectos centrales del litigio fueron debidamente abordados y resueltos con
fundamento en el marco normativo y jurisprudencial aplicable.
Debe recordarse que la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando
esta trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo
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del proceso. Por esta razón, como lo ha establecido esta Corporación «[...] no
cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la
causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo
probado sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso»20.
Así, cuando el recurrente alega una violación al principio de congruencia y
consecuencialmente, una vulneración al debido proceso, lo hace refiriéndose a su
desacuerdo con la forma en que fue aplicada e interpretada una norma sustancial
que rige la materia. Sin embargo, esto no constituye una anomalía en el
procedimiento o en la sentencia que pueda configurar una causal de nulidad, sino
que se trata de un cuestionamiento sobre el fondo de la decisión, pretendiendo
utilizar esta vía como si se tratara de una tercera instancia, lo cual excede la
competencia del juez en el recurso extraordinario.
Tanto es así que, de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, observa la
Sala que el hoy recurrente en la demanda presentada en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ventiló similares argumentos a los
expuestos en esta oportunidad, lo que denota que pretende utilizar el recurso
extraordinario de revisión como una instancia adicional.
Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.
De la condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación
de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el
CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. MP. Alberto Montaña Plata.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
En el presente caso como se declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
sería procedente la condena en costas. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se
incurrió en ningún costo o gasto procesal y que la entidad pública contra la que se
interpuso el recurso extraordinario de revisión no intervino en este proceso y ni
siquiera constituyó apoderado judicial que permitiera considerar, cuando menos,
que habría ejercido la vigilancia del proceso, la Sala estima que no hay lugar a
imponer condena en costas ni fijar agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Joel Miranda Navarro, en contra la sentencia del veintisiete
(27) de octubre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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