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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00233-00

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00233-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gina Cristina Guayacán Mora en contra de la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 46 Que exige que en la providencia exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso. 47 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». 48 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813- 00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00233-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)
Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gina
Cristina Guayacán Mora contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gina Cristina Guayacán Mora interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la
causal 5 del artículo 250 del CPACA.

2. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-007-
2019-00518-00/ 012.

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip).

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)
Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

2.1.1. La demanda

2. La señora Gina Cristina Guayacán Mora presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, en la que pidió lo siguiente:

i. Declarar la nulidad de la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018, expedida
por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se resolvió retirar del
servicio activo de las Fuerzas Militares, Armada Nacional a la demandante, en
forma temporal con pase a la reserva por «llamamiento a calificar servicios», a
partir del 10 de junio de 2019.

ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reintegrar a la actora al servicio activo, con el consecuente ascenso al grado de
superior jerarquía, con retroactividad. Igualmente, reconocer y pagar los
salarios y prestaciones sociales tales como: primas, bonificaciones, subsidios y
demás emolumentos, dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación
y hasta que se haga efectivo el reintegro.

iii. Ordenar el ajuste de las sumas adeudadas de conformidad con lo previsto en
el inciso 4° del artículo 187 del CPACA.

iv. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA.

3. En el concepto de violación, sostuvo que la decisión adoptada por la entidad
demandada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, a la
vida digna, a la igualdad y estabilidad laboral reforzada, dado que la actora, al
momento del retiro, tenía una disminución de la capacidad laboral, declarada mediante
juntas médicas de fechas 2 de mayo y 8 de noviembre de 2012.

4. Alegó que debió ser reubicada por encontrarse en estado de discapacidad,
razón por la cual la administración estaba obligada a preservar su seguridad e
integridad. En consecuencia, afirmó que no existe justificación en la decisión adoptada
por la entidad demandada

2.1.2. Contestación de la demanda

5. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, no contestó la
demanda3.

3
Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 15. Audiencia inicial.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

2.1.3. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda profirió sentencia el 21 de julio de 2022 en la que negó las pretensiones de
la demanda4.

7. Indicó respecto a la facultad discrecional de la administración que está
condicionada por las disposiciones constitucionales que regulan el ejercicio de la
función pública y las normas especiales que autorizan la expedición del acto
administrativo. Por ello, debe estar sustentada en razones objetivas, proporcionales y
razonables, con el fin de atender los fines de la Fuerza Pública consistentes en
garantizar la seguridad ciudadana y la del Estado, entre otros.

8. Expuso que las causales de retiro temporal del servicio y pase a la reserva,
incluyen el llamamiento a calificar servicios, el cual está definido en el artículo 103 del
Decreto 1790 de 2000. En este sentido, para que proceda el retiro por dicha causal,
es necesario:

i) que exista un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
de las Fuerzas Militares, y,
ii) que el oficial y suboficial haya cumplido con los requisitos legales para ser
beneficiario de la asignación de retiro.

9. Agregó que, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se demostró que
la demandante padece de esclerosis múltiple tipo R-R, según consta en el Oficio
003843 del 14 de julio de 2008, emitido por la Dirección de Sanidad de la Armada
Nacional. Asimismo, reposa el acta de la Junta Médico Laboral núm. 085 del 2 de mayo
de 2012, en la que se determinó que la demandante presenta un 13.50% de
disminución de la capacidad laboral. Igualmente, está el Acta 053 del 3 de octubre de
2012 del Comité de Reubicación Laboral, en la que se estableció que la actora hace
parte del cuerpo administrativo y, por tanto, no requiere reubicación laboral, dado que
su vinculación con la institución se produjo en la parte administrativa como médico.

10. Señaló que el artículo 53 de la Constitución Política dispuso una protección
reforzada para aquellos trabajadores que, por sus condiciones personales podrían
verse afectados en el caso de ser desvinculados laboralmente sin consideración a su
estado de salud. En este sentido, adujo que para que se configure el derecho a la
estabilidad laboral reforzada deben concurrir los siguientes elementos: «(i) el derecho
a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón a su situación de vulnerabilidad,
(iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la
desvinculación laboral y (iv) a que el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus
veces, autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de
que el mismo pueda ser considerado eficaz»5.

11. En relación con la falsa motivación alegada por la parte demandante, precisó
que esta no se encuentra probada, toda vez que el acto acusado se ajustó a la

4 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 39. Sentencia 2019-518-00.
5 Se transcribe con errores de texto.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

normatividad y jurisprudencia vigentes para sustentar el retiro por llamamiento a
calificar servicios. En el expediente obran la hoja de vida de la actora y demás pruebas,
mediante las cuales se acreditó que laboró por 21 años, 5 meses y 6 días, tiempo
superior al exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

12. Asimismo, la decisión se fundamentó en la recomendación de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional, consignada en el Acta 006 del 29 de junio de 2018,
en la que se expusieron las razones para emitir la directriz de retiro por llamamiento a
calificar servicios, entre ellas, por cumplir con el tiempo requerido para el goce de la
asignación de retiro. En consecuencia, la causa de la desvinculación de la actora con
la entidad demandada fue el llamado a calificar servicios.

13. Sumado a lo anterior, consideró que no le asiste razón a la demandante al
afirmar que las motivaciones del acto de retiro obedecieron a una discriminación por
su enfermedad y pérdida de la capacidad laboral, sin que hubiese sido reubicada. Ello,
por cuanto la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018 fue expedida con fundamento
en el Acta 006 del 29 de junio de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares, la cual recomendó su retiro del servicio por cumplir
con los requisitos para el reconocimiento de su asignación de retiro.

14. Indicó que la demandante tuvo una trayectoria militar destacada,
condecoraciones y ausencia de sanciones disciplinarias. No obstante, se cumplieron
los requisitos para su retiro por llamamiento a calificar servicios, figura que no requiere
de motivación expresa y no constituye sanción ni desmérito. Refirió que, según
jurisprudencia de la Corte Constitucional6, un buen desempeño no garantiza
permanencia ni limita la facultad de la institución para organizar sus líneas de mando.

15. Agregó que la desviación de poder se configura cuando el nominador expide un
acto dentro de sus atribuciones, pero lo hace con fines distintos a los previstos por la
normativa, es decir, contrarios al buen servicio. En este sentido, insistió en que el retiro
por llamamiento a calificar servicios de la demandante constituye una forma normal y
decorosa de culminar su carrera militar. Esto quedó demostrado con la Resolución
5567 del 2 de agosto de 2018, mediante la cual se dispuso su retiro, al tratarse de una
figura discrecional que exige el cumplimiento de requisitos como el tiempo necesario
para acceder a una asignación de retiro y la recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares.

16. Iteró que, en la estructura piramidal de la Armada Nacional, no todos sus
miembros pueden acceder a los grados superiores. Por ello, la no escogencia de un
militar no significa una actuación que afecte su honor ni constituye persecución alguna.

17. Refirió que, la Armada Nacional ratificó las incapacidades médicas emitidas por
un psiquiatra particular y permitió que la oficial se ausentara para recibir la atención
adecuada, sin negarle tratamientos. De esta manera, no se probó que su retiro se
debiera a su estado de salud, sino a la figura de llamamiento a calificar servicios.

6 Sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente No. 11001-33-35-007-2017-00196-01.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

18. Finalmente, consideró que no procedía condenar en costas al demandante.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

19. La parte demandante7 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en la que insistió que el juez no aplicó las reglas jurisprudenciales
vinculantes para el control judicial del llamamiento a calificar servicios. Argumentó que
la sola mención del precedente no garantiza su correcta aplicación, dado que no se
realizó un análisis de los requisitos objetivos para el retiro por dicha causal. Señaló
que únicamente se verificó que cumplía el tiempo para acceder a la asignación de
retiro y que contaba con la recomendación emitida por la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional.

20. Indicó que se desconocieron los elementos que configuran la estabilidad laboral
reforzada de la demandante, así como los límites que dicha garantía impone a la
discrecionalidad administrativa. Explicó que esta protección no solo restringe
decisiones arbitrarias, sino que exige que cualquier actuación se ajuste a los principios
de proporcionalidad y razonabilidad, así como las medidas adoptadas no vulneren los
derechos fundamentales a la vida y a la salud.

21. Manifestó que la normativa prevé varias causales de retiro, incluida la
disminución de la capacidad laboral; sin embargo, la entidad omitió dar el tratamiento
administrativo adecuado a la situación de la demandante y, en lugar de justificar su
actuación, promovió prácticas discriminatorias para evitar el pago de indemnizaciones
y el estudio de su reubicación. Esto evidencia que, contrario a lo señalado por el
fallador de primera instancia, se probó que la facultad legal se utilizó con un fin
indebido, lo que generó una desviación de poder.

2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia dictada el 18 de mayo de 2023, confirmó la decisión de primera
instancia con los siguientes argumentos8:

23. Destacó que el Consejo de Estado se refirió a la facultad discrecional para retirar
del servicio al personal de las Fuerzas Militares, por la causal de llamamiento a calificar
servicio, en los siguientes términos:

La causal de retiro por llamamiento a calificar servicios debe entenderse en el sentido
de ser una causal de terminación normal de la situación laboral de un uniformado dentro
de la Institución que se aplica como un mecanismo de renovación dentro de la línea
jerárquica institucional garantizando la dinámica de la carrera de los uniformados en la
Policía Nacional. Se trata de una facultad discrecional del Gobierno Nacional que no
exige motivación y no es indispensable que se expliquen las intenciones que lo llevan
a tomar la decisión. Es la expresión de voluntad del nominador que no requiere
explicación de los móviles en que se inspira, se presume expedida en procura o

7 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 41. Apelación Sentencia.
8 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip) pdf 48. SentenciaSegundaInstancia.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

beneficio de la Institución Policial y sólo procede cuando el servidor ha alcanzado el
tiempo mínimo (15 años) para acceder a la asignación de retiro9.

24. También citó jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la figura del
llamamiento a calificar servicios y en la que se precisó:

En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que
determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a
la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no
requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas
sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se
promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se
observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto
de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del
Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar
o policial (…)10.

25. Aunado a lo anterior, afirmó que tanto los oficiales como suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional pueden ser retirados del servicio de manera
discrecional por el Gobierno nacional, siempre que exista una recomendación previa
emitida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o por el Comité de Evaluación.

26. Agregó que este tipo de retiro no constituye una sanción o castigo, sino que
responde a la necesidad de renovación de los cuerpos armados, conforme a su
estructura piramidal, y permite que el funcionario sea acreedor de la asignación de
retiro. Igualmente, precisó que, en caso de que un servidor considere que dicha
facultad fue utilizada de manera fraudulenta, le corresponde demostrarlo mediante
pruebas suficientes que acrediten el uso indebido de la figura.

27. Resaltó que el llamamiento a calificar servicios, no es un castigo o sanción
encubierta como lo plantea la demandante, sino por el contrario, es la manera
decorosa de terminar la carrera militar y una facultad legítima de renovar el personal
de la Fuerza Pública. Asimismo, se produce en ejercicio de una facultad discrecional,
lo que implica que el acto administrativo no requiera motivación expresa.

28. Conforme a los hechos probados precisó que la señora Gina Cristina Guayacán
Mora, prestó sus servicios a la Armada Nacional por un período de 21 años, 8 meses
y 4 días, es decir, que cumplió con los presupuestos legales para el retiro por
llamamiento a calificar servicios, lo que la hacía acreedora a la asignación de retiro.

29. Señaló que la anterior decisión se materializó mediante la Resolución 5567 del
2 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, en la que se
determinó:

Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares,
en sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2018, registrada en el Acta No. 006/18,

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, expediente 2500023150002009-
00195-01.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-217 de 362 del 28 de abril de 2016, expedientes T-5.173.085, T -
53189.329, T-5.189.400 (acumulados). SU-091 de 2019.

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)
Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

recomendó por unanimidad el retiro del servicio activo por “Llamamiento a Calificar
Servicios” de la señora Capitán de Fragata GUAYACÁN MORA GINA CRISTINA, (…),
por las razones que se exponen a continuación.

[…]
Que la Armada Nacional es una Institución jerarquizada que se caracteriza por su
estructura piramidal, lo que implica que deben ser retirados algunos de sus miembros,
pues como bien claro resulta, todos no podrían permanecer en servicio activo y por
consiguiente ascender hasta la cúspide de la institución uniformada, circunstancia que
sirve de fundamento constitucional para que sea el Presidente de la República, quien
dirija la Fuerza Pública y disponga de ella, como Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas de la República.

Que en ese orden de ideas, la permanencia del personal uniformado, no depende
solamente de una hoja de vida en donde no se advierta la existencia de antecedentes
penales o disciplinarios en contra, ni de la revisión de conceptos obtenidos con
anterioridad al retiro, sino cobra relevancia las necesidades de la Fuerza.

[…]
Que aunado a lo anterior, las disposiciones mencionadas facultan al Gobierno Nacional
para decidir el llamamiento a calificar servicios de los uniformados que cumplan con el
requisito del tiempo de servicios exigido que garantiza el acceso a una asignación de
retiro, puesto que solo se está dando aplicación a una norma positiva que prevé la
situación específica del retiro del servicio por el cumplimiento del lapso en servicio
activo, preestablecido por la ley.
[…]

Que el oficial (sic) relacionado en la presente acta, cuenta con más de quince (15) de
servicio, tiempo que lo hace acreditar a una asignación mensual de retiro, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0991 del 15 de mayo de 2015.
(…)
Que según certificación de fecha 17 de julio de 2018, suscrita por el Director de
Personal Armada Nacional, la señora Oficial cuenta con un tiempo de servicio de más
de veinte (20) años.

Que de conformidad con lo anteriormente indicado se considera procedente retirar del
servicio activo de las Fuerzas Militares – Armada Nacional, a la oficial que se relaciona
en el presente acto administrativo.
[…]
ARTÍCULO 1. Retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Armada Nacional,
en forma temporal con pase a la reserva, por “Llamamiento a Calificar Servicios”, a la
señora Capitán de Fragata GUAYACÁN MORA GINA CRISTINA (…), a partir de la
fecha de comunicación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 100 literal a) numeral 3, (modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de
2016) y 103 (modificado por el artículo 25 de la ley 1104 de 2006) del Decreto ley 1790
de 2000, y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO. La Oficial relacionada en el presente artículo, continuará dada de alta
por el lapso de tres (3) meses contados a partir de la fecha de retiro en la Tesorería

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

Principal del Comando de la Armada Nacional remitirá dicha información a las
autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la norma. (…)”11

30. Argumentó que el acto impugnado se fundamentó en que la señora oficial
contaba con más de 15 años de servicio, lo que la hacía acreedora a la asignación de
retiro con pase a la reserva. Precisó que en ningún momento se hizo alusión a que tal
decisión estuviese motivada por su condición de salud, tal y como lo interpretó el
fallador de primera instancia al aplicar la normativa y jurisprudencia sobre el retiro por
la causal de llamamiento a calificar servicios.

31. Asimismo, explicó que la razón institucional para recomendar el retiro del
servicio de la demandante fue la necesidad de renovación del personal de la
institución, conforme a la estructura piramidal. No obstante, la apelante discrepa de
esta justificación, al considerar que la decisión obedeció a un acto discriminatorio
derivado de su condición de salud, toda vez que estaba excusada del servicio en el
momento en que le fue notificó su retiro.

32. El Tribunal realizó un análisis del material probatorio obrante en el plenario,
entre ellos, los siguientes documentos:

• Constancia del diagnóstico de esclerosis múltiple (R -R) emitido por el Hospital
Militar Central.
• Copia del Acta de la Junta Médico Laboral núm. 085 del 2 de mayo de 2012, en
la que se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 13.50 %, por
incapacidad permanente parcial.
• Acta núm. 050 del 3 de octubre de 2012, expedido por el Comité de reubicación
Laboral de la Armada Nacional en el que se concluyó: «Analizada la proyección
institucional y teniendo en cuenta que la Señora Oficial es del cuerpo
administrativo se determinó que no requiere reubicación laboral, toda vez que
la vinculación de ella a la institución se produjo en el cuerpo administrativo
desempeñando funciones como médico».
• Acta aclaratoria núm. 013-DISAN-2012 del 8 de noviembre de 2012 y se
determinó que la afección le produjo «INCAPACIDAD PERMANENTE
PARCIAL, NO APTA, SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL».
• Resolución núm. 1699 del 4 de diciembre de 2012 por medio de la cual la
entidad demandada le otorgó indemnización por la pérdida de la capacidad
laboral. En este sentido, la Armada Nacional tenía conocimiento de su condición
de salud.
• Historia clínica en la que constan las incapacidades médicas de manera
continua por el período comprendido entre el 30 de agosto de 2018 al 12 de
octubre de 2019, debido a las afecciones que le causaba la enfermedad.
• Oficio del 24 de mayo de 2018, presentado por la demandante y dirigido al jefe
de Recursos Humanos de la Armada Nacional, mediante el cual se puso en
conocimiento de dicha entidad su situación médica y en la que expuso que se
encontraba bajo la figura de estabilidad laboral reforzada por su condición de
salud. Circunstancia reiterada mediante Oficio del 30 de agosto del mismo año

11 Se escribe con errores de texto.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

y en la que manifestó que estaba excusada del servicio por el área de
psiquiatría.
• Actas y oficios por medio de los cuales se aplazó el trámite de ascenso de la
oficial, por no acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el reglamento
institucional.
• Extracto de la hoja de vida de la demandante.

33. El Tribunal también tuvo en cuenta los testimonios rendidos por el jefe de talento
Humano del Centro de Medicina Naval y del médico neurólogo que trató el diagnóstico
de esclerosis múltiple, así como el interrogatorio de parte practicado a la demandante.

34. Explicó que el estado de salud de la demandante no fue la causa de su retiro,
pues no había iniciado un nuevo proceso de calificación por disminución de capacidad
laboral. Aunque contaba con una valoración del año 2012 que determinó una pérdida
del 13.50% y ordenó su reubicación, no solicitó la revisión ante el Tribunal Médico
Militar si consideraba que dicho porcentaje no correspondía a sus enfermedades.
Igualmente, recibió una indemnización por la pérdida de capacidad laboral.

35. Consecuente con lo anterior, afirmó que la entidad demandada, al expedir el
acto acusado, no plasmó argumentos distintos al mejoramiento del servicio y a la
renovación del personal. De esta manera, resaltó que en el llamamiento los motivos
se entienden «extra textuales», pues, en palabras de la H. Corte Constitucional la
«motivación está dada expresamente por la ley». Así las cosas, para que proceda el
retiro basta con que el uniformado acredite el tiempo para acceder a la asignación de
retiro y que la decisión no sea arbitraria ni utilizada como instrumento para la
persecución o discriminación.

36. Aseveró que no existe prueba fehaciente como lo afirma la demandante, que
indique que la decisión se hubiese tomado como discriminación por su condición
médica o con fines distintos a los previstos por la normativa aplicable. Tampoco existe
una relación de causalidad entre el hecho de estar incapacitada por psiquiatría para el
momento del retiro y llamamiento a calificar servicios.

37. Concluyó que la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar que
su retiro se efectúo con fines discriminatorios o arbitrarios, sustentados en desviación
de poder, falsa motivación o infracción normativa. Por consiguiente, no podría
afirmarse que el fallador de primera instancia aplicó incorrectamente el precedente
jurisprudencial, dado que el llamamiento a calificar servicios busca la renovación
generacional de la estructura del mando, lo cual procede únicamente cuando se
garantiza la asignación de retiro y existe recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, requisitos que se cumplieron en el acto acusado.

38. Por último, no condenó en costas a la parte vencida.

9

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

2.2. Recurso extraordinario de revisión

39. La señora Gina cristina Guayacán Mora interpuso recurso extraordinario de
revisión el 24 de marzo de 202412, a través de la ventanilla virtual del Sistema de
Gestión Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 18 de
mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D. El recurso se fundamentó en la causal quinta del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, relativa a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación13.

40. Alegó que el Tribunal, reiteró lo argumentos del fallador de primera instancia,
por medio de la cual se estableció que el llamamiento a calificar servicios es una
modalidad discrecional de desvinculación que no requiere motivación expresa. La
decisión se consideró justificada porque la demandante había servido en la Armada
Nacional por más de 21 años, y de esta forma cumplía con los requisitos para acceder
a la asignación de retiro, la cual se originó en recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa bajo el criterio de renovación de personal.

41. Afirmó que no pretende una tercera instancia, sino evidenciar graves errores
judiciales que afectaron la decisión final. Señaló que el Tribunal vulneró el debido
proceso al apartarse sin justificación del precedente vinculante sobre estabilidad
laboral reforzada, lo que implicó desconocer el principio de congruencia y originó la
nulidad alegada.

42. Señaló que la Corte Constitucional ha definido las condiciones para reconocer
la estabilidad laboral reforzada a personas en situación de debilidad manifiesta por
razones de salud. Igualmente, afirmó que en el proceso ordinario se aportaron
numerosas pruebas que acreditan dichos requisitos: la demandante fue notificada de
su retiro mientras estaba en incapacidad médica, la entidad conocía previamente de
su estado de salud y la discriminó por esta causa, se encontraba en tratamiento por
una enfermedad degenerativa y tenía una disminución de la capacidad laboral que
empeoró tras su retiro. Por ello, se insistió en que la entidad demandada pudo advertir
de estas circunstancias antes de adoptar la decisión.

43. Refirió que los médicos tratantes confirmaron en sus testimonios que la
esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa, ha afectado la salud física y metal de la
demandante. Asimismo, indicaron que esta debe mantenerse activa y señalaron que
durante el periodo en que se evaluó su ascenso y posterior retiro, se encontraba
incapacitada.

44. Precisó que la demandante no solo sufre de la patología de esclerosis múltiple
tipo R-R, sino también de trastorno depresivo recurrente asocial a la enfermedad
diagnosticada y al estrés laboral enfermedad que le ocasionó varias incapacidades
médicas. Insiste que la notificación personal de la Resolución 5567 del 2 de agosto de
2018 se realizó mientras se encontraba incapacitada.

12 Samai, índice 003.
13 Samai, índice 003.

10

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45. Adujo que, por razones de su diagnóstico estuvo en varias oportunidades
excusada del servicio básicamente por el periodo comprendido entre el 22 de mayo de
2018 hasta el 13 de marzo de 2019. Igualmente, informó que fue declarada no apta
para el ascenso, con la observación: «Aplazada por nuevo proceso médico laboral –
tiene antecedentes de Junta Médico laboral No. 085-DISAN 2012-Acta Aclaratoria No.
013- DISAN 2012 del 08 de Nov de 2012».

46. Sostuvo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá determinó
una pérdida de capacidad laboral del 72.79%, dictamen que el Tribunal no verificó.
Con ello, se pretende demostrar que el empleador conocía el estado de salud y la
situación de debilidad manifiesta de la demandante, pese a lo cual expidió el acto
administrativo acusado.

47. En concordancia con lo anterior, insistió en que el acto referido fue expedido por
razones discriminatorias, ya que no basta con cumplir el tiempo de servicio para
acceder a la asignación de retiro, pues ello no otorga a la entidad una facultad absoluta
para desvincular al personal. De ser así, todos los oficiales que cumplieran esa
condición serían retirados, lo cual no ocurre, lo que confirma que la decisión no se
basó únicamente en ese criterio.

48. Alegó que, pese a que las sentencias objeto del recurso afirmaron resolver el
litigio, lo cierto es que no hubo congruencia entre el medio de control planteado y lo
decidido, pues los jueces no analizaron las reglas aplicables al llamamiento a calificar
servicios ni justificaron la presunción de legalidad del acto administrativo, con la
afirmación errónea que bastaba con cumplir los requisitos generales relacionados con
el tiempo de servicios y la recomendación de la junta asesora.

49. Concluyó que, verificado el incumplimiento del principio de congruencia por la
falta de aplicación de las reglas y subreglas de la sentencia de unificación sobre retiro
por llamamiento a calificar servicios, el recurso extraordinario debe prosperar por
encontrarse acreditada la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA.

2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

50. Esta Corporación admitió el recurso en providencia del 22 de abril de 202514, y
ordenó la notificación personal de esta decisión a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional y al Ministerio Público.

51. Posteriormente, una vez notificada la decisión a las partes, el Ministerio Público
emitió concepto15, en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que la demandante cumplía con los requisitos para ser
beneficiaria de una asignación de retiro. Asimismo, obra en el expediente el concepto
previo emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, que
recomendó su retiro. Señaló que la jurisprudencia de las altas cortes sobre el

14
Samai, índice 16.
15 Samai, índice 25.

11

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llamamiento a calificar servicios ha precisado que no se requiere de una motivación
distinta a la prevista en la ley.

52. A su turno, el Ministerio de Defensa, Armada Nacional contestó el recurso
extraordinario de revisión16, y pidió que se declare infundado, toda vez que el
recurrente insiste en cuestionar las condiciones medicas de la accionante, un presunto
acoso laboral y el llamamiento a calificar servicios. Refirió que los argumentos
expuestos no son más que una reiteración de los planteados en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho. Por tal razón no tendría vocación de prosperidad.

53. Mediante providencia del 23 de septiembre de 202517, se decretó y se tuvo
como prueba la copia de: la sentencia de segunda instancia del 18 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, dentro del proceso de radicado núm. 11001-33-3-007-2019-00518-01,
y del expediente radicado núm. 11001-33-35-007-2019-00518-00.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

54. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Gina Cristina Guayacán Mora contra la sentencia del 18 de
mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
249 del CPACA18.

3.2. Oportunidad

55. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 18 de mayo de 2023, se notificó
el 23 de mayo de 202319, y quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de 202320, en
aplicación de lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por
el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. A continuación, la señora Gina Cristina
Guayacán Mora interpuso el extraordinario de revisión el 24 de mayo de 2024, según
la anotación realizada a índice 3 del aplicativo SAMAI21, dentro del término dispuesto
por el artículo 251 del CPACA22.

16 Samai, índice 26.
17 Samai, índice 28.
18 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
19 SAMAI, Tribunal Administrativo de Cundinamarca expediente.11001333500720190051801, índice 012.
20 SAMAI, índice 011.
21 Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 12091 fecha de presentación: 24/05/2024 13:30:42,

anexos remitidos:4 secuencia de reparto:3190.
22 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

12

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3.3. Legitimación en la causa

56. La señora Gina Cristina Guayacán Mora está legitimada en la causa para ser
parte en este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho23.

3.4. Problema jurídico

57. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:

58. ¿La sentencia impugnada incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, relativa a la nulidad originada en la sentencia, por cuanto
inaplicó normas legales y constitucionales, desconoció el precedente vinculante sobre
estabilidad laboral reforzada, vulneró el principio de congruencia e incurrió en una
indebida valoración probatoria?

59. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad
originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.

3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

60. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA24.

61. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del
fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA25, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión
[…]», entre otros26.

23 Esta calidad fue reconocida en el auto admisorio de la reforma de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado

Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 15 de marzo de 2021, SAMAI, índice 22 y 23
27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip).pdf. 07.Admite.Reforma.

.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio

de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2022-03940-00.

13

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62. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»27.

63. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

64. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 28.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»29.

3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

65. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como tal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

66. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»30.

67. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

68. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad establecidas en el artículo 133 del CGP31. De tal manera que, no
cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad, siempre que
estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas procesales
anteriores a la decisión.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, Rad. 11001031500020211146300.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
29 Ibidem.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
31 Antes el artículo 140 del CPC.

14

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69. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»32.

70. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»33.

71. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.

72. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales34:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso35.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación36.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus37.

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3

de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13

de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
35 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-

000-2015-02493-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-

15-000-2009-00494-00 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:

11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).

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-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia38.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso39; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado40.

73. Esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier irregularidad resulta
subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29 constitucional, sino
solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por afectar el núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica, que le
corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera
que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»41.

74. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»42, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

4. Caso concreto

75. La señora Gina Cristina Guayacán Mora presentó recurso extraordinario de
revisión, bajo el argumento de que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, está
incursa en la causal de revisión prevista en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA,
relativa a la existencia de nulidad originada en la sentencia.

76. Sostuvo que la sentencia incidió en la causal de nulidad, toda vez que no se
valoró su condición médica, la cual le confería el derecho a una estabilidad laboral
reforzada. Afirmó que, el Tribunal se limitó a confirmar la sentencia de primera instancia
A su turno, dicha autoridad judicial afirmó que el acto administrativo acusado se ajustó
a derecho, por cuanto fue expedido conforme a los lineamientos previstos para el retiro
del servicio por llamamiento a calificar servicios.

77. Aunado a lo expuesto, la recurrente controvierte la decisión adoptada en la
segunda instancia, al considerar que el Tribunal omitió la adecuada valoración de las
pruebas incorporadas al expediente, mediante las cuales pretendió acreditar su
condición de sujeto de especial protección derivada de las patologías de salud que le
fueron diagnosticadas. Sin embargo, tal cuestionamiento no se subsume en ninguna
de las causales de nulidad expresamente previstas en la normativa aplicable, toda vez
que se circunscribe a la apreciación probatoria efectuada por el juez y a la

38 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-

03-15-000-2015-02342-00 (REV).
39 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-

03-15-000-2014-04059-00 (REV).
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-

03-15-000-1998-00153-01.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.

11001-03-15-000-2020-03585-00.
42 Ibidem.

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interpretación de disposiciones jurídicas, aspectos que desbordan la finalidad del
recurso extraordinario de revisión, concebido como un mecanismo excepcional para
impugnar decisiones judiciales en los supuestos taxativamente señalados por la ley.

78. Asimismo, la demandante adujo que la autoridad judicial se limitó a verificar
únicamente si, en su condición de oficial, cumplía con el tiempo exigido para acceder
a la asignación de retiro, así como a considerar el concepto emitido por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.

79. De ahí se desprende que cuestionó las razones en que se apoyó el Tribunal
para negar las pretensiones de la demanda, al insistir que dicha autoridad se limitó a
verificar el cumplimiento de los requisitos generales, sin efectuar un análisis integral
de los argumentos y de las pruebas incorporadas al proceso, las cuales, a su juicio,
demostraban las irregularidades cometidas por la administración. En consecuencia,
consideró que se estructuraron las causales de nulidad alegadas.

80. De este modo, se advierte que la intención de la recurrente es utilizar el recurso
extraordinario de revisión como si se tratara de una tercera instancia judicial. Aunque
manifestó que ese no es su propósito, lo cierto es que pretende reabrir el debate sobre
aspectos sustanciales de la decisión, con la finalidad que esta Corporación otorgue a
las pruebas y al litigio una interpretación distinta43. Ello se advierte cuando reproduce
reparos ya expuestos en sede de apelación, con el fin de demostrar que la sentencia
de primera instancia debía ser revocada.

43. Así las cosas, el hecho de que en sede ordinaria se haya proferido una decisión
judicial adversa a los intereses de la parte demandante no constituye, por sí mismo,
un fundamento válido para acudir al recurso extraordinario de revisión, toda vez que
esta Subsección ha reiterado que dicho mecanismo procede únicamente frente a la
configuración de las causales taxativamente previstas en la ley, en este sentido « […]
los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos al
recurso[…]44».

81. Ahora bien, para efectos de verificar la congruencia de la decisión judicial objeto
del recurso, resulta pertinente examinar no solo su contenido, sino también la
motivación del juez de primera instancia al resolver la controversia. Ello, en la medida
en que se requiere establecer si la sentencia proferida por el Tribunal cuenta con una
carga argumentativa suficiente que la sustente y si se pronunció sobre todos los
aspectos planteados por el demandante tanto en la demanda como en el recurso de
apelación.

82. En lo que respecta a la primera instancia, se advierte que el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 21 de julio de 2022,
concluyó lo siguiente:

43
«[…] El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez
interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se
restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador. […]». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, sentencia del 25 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2019-03181-00(REV).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28

de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).

17

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

[…]

En consecuencia, en el presente asunto, no fue desvirtuada la presunción de legalidad
que ampara el acto administrativo demandado, esto es, la Resolución 5567 de 2 de
agosto de 2018, que dispuso el retiro del servicio de la demandante por llamamiento a
calificar servicios, ya que no se demostró que en la expedición de dicho acto
administrativo, se incurriera en los cargos de nulidad endilgados, o en vulneración de
derecho alguno de la demandante; pues éste fue expedido de acuerdo con la
normatividad vigente aplicable al caso, y a la reiterada jurisprudencia, emitida tanto por
la H. Corte Constitucional como por el H. Consejo de Estado, y el H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, ya que la demandante contaba con
el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro, y existía la previa
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares, con lo que se garantiza continuar con el tratamiento de salud que requiere la
demandante, y no se encuentra desprotegida patrimonialmente.

[…]45.

83. Inconforme con la decisión anterior, la accionante interpuso recurso de
apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Los argumentos
centrales de la alzada, según lo expuesto en el acápite «2.1.4. Recurso de apelación
de la parte demandante», se fundamentaron en el desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre el control judicial del llamamiento a calificar servicios y la garantía
de la estabilidad laboral reforzada, al limitarse a verificar los requisitos formales para
el retiro y omitir el análisis de pruebas y argumentos que evidenciaban irregularidades
administrativas, lo que, según afirma, configuró una desviación de poder y la
vulneración de derecho fundamentales.

84. A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, profirió sentencia de segunda instancia el 18 de mayo de 2023, en la
que planteó como problema jurídico:

[E]stablecer si el acto administrativo que retiró del servicio activo a la demandante, en
su calidad de Capitán de Fragata, por llamamiento a calificar servicios, se ajusta a
derecho, o si por el contrario se produjo con desviación de poder, falsa motivación e
infracción de las normas en que debía fundarse, porque no se atendió la condición
médica que tenía al momento del retiro, que le impidió ser llamada a curso para ascenso.
Adicionalmente, se debe determinar si tiene derecho a ser reintegrada a un grado de
igual o superior jerarquía al que ostentaba al momento del retiro, y consecuentemente,
a que se le paguen los emolumentos dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta
que se cumpla la sentencia que ordene el reintegro».

85. Consecuente con lo anterior, el fallador de segunda instancia decidió confirmar
la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no
se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. En efecto, estimó que
no resulta procedente el reintegro de la demandante, toda vez que la causal de retiro
por llamamiento a calificar servicios obedeció al cumplimiento de los requisitos
exigidos en la ley. Además, atendió la jurisprudencia aplicable, sin que se hubieran

45
Se transcribe aún con errores de texto.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

demostrado los vicios atribuidos a los actos demandados, esto es, falsa motivación,
desviación de poder o infracción de las normas en que debía fundarse la decisión.

86. En ese orden, el Tribunal encontró probado que la señora Gina Cristina
Guayacán Mora, prestó sus servicios a la Armada Nacional por un periodo de 21 años,
8 meses y 4 días. Por tal razón, consideró que se encontraban acreditados los
presupuestos legales para la procedencia del retiro por llamamiento a calificar
servicios, toda vez que, al momento de ser requerida con tal finalidad, contaba con un
tiempo de servicio superior a quince (15) años, circunstancia que la hacía beneficiaria
de la asignación de retiro.

87. Aunado a lo anterior, el fallador de segunda instancia precisó que, si bien en el
recurso de apelación se alegó que la entidad demandada utilizó la figura del retiro para
encubrir una discriminación derivada de la condición de salud de la parte actora y que,
conforme al precedente jurisprudencial, dicha medida no era procedente hasta tanto
se definiera su situación médico laboral, tal afirmación no resulta acertada. Ello, por
cuanto se demostró que dicha circunstancia no tuvo incidencia en la decisión de
llamarla a calificar servicios.

88. El Tribunal concluyó que correspondía a la parte actora demostrar que su retiro
se realizó con un propósito discriminatorio, sustentado en desviación de poder, falsa
motivación e infracción normativa, bajo el argumento de que su condición de salud le
otorgaba estabilidad laboral reforzada; sin embargo, dicha carga probatoria no fue
cumplida.

89. En atención a lo señalado, la Sala considera que la sentencia de segunda
instancia no resulta violatoria del principio de congruencia. En efecto, la decisión
abordó la controversia central planteada en las pretensiones de la demanda,
consistente en el retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares por llamamiento a
calificar servicios. Por consiguiente, se puede afirmar que la sentencia cuestionada
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró el mencionado
principio, pues no omitió pronunciarse sobre el objeto del litigio, ni frente a los
argumentos del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, de
manera tal que no se incurrió en una afectación a otros derechos invocados como el
debido proceso.

90. Al respecto, es importante recordar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una oportunidad para que la parte recurrente cuestione la decisión adoptada
por el Tribunal, simplemente por haber sido desfavorable a sus intereses, cuando está
demostrado que dicha autoridad actúo conforme a la delimitación del litigio y dentro
del ámbito de su competencia, según los cargos formulados en el recurso de
apelación.

91. En consecuencia, la causal de revisión invocada no se configura y, en realidad
el recurrente pretende utilizar este mecanismo extraordinario como si se tratara de una
nueva instancia, propósito que resulta improcedente.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

92. En atención a lo expuesto, como en el caso bajo estudio no se configuró la
causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, se declarará
infundado el presente recurso extraordinario46.

5. Costas

93. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario47 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe48.

94. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en
atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte
recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente
asunto.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Gina Cristina Guayacán Mora en contra de la sentencia proferida el 18
de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

46 Que exige que en la providencia exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se

denomina congruencia interna, y que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
47 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
48 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-

00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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