Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00055-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00055-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2021-00055-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de mayo de 2022
Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
Rad: 11001-03-28-000-2021-00055-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo del dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00055-00
Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
Demandado: Acto de elección de la señora Nayla Milena Imbachi Murillo
como representante del sector productivo ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia -
UNIAMAZONIA-.
Temas: Autonomía universitaria y principio democrático. Carácter
expansivo y universal de la democracia. Proceso de elección
del representante del sector productivo ante el Consejo
Superior Universitario. Necesidad de garantizar la efectiva
participación de los integrantes del estamento con la
potestad electoral. Expedición irregular. Desviación de
poder.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia en el
expediente de la referencia, en el cual se cuestiona la legalidad del acto de elección de
la señora Nayla Milena Imbachi Murillo como representante del sector productivo ante el
Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia -UNIAMAZONIA -,
contenido en el Acta de la Asamblea de Elección llevada a cabo del 28 de mayo de
2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. La ciudadana Yescica Lorena Ramírez Garzón, el 14 de julio de 20211, interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 del 20112, en la cual solicitó, entre otras, lo siguiente:
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Según el correo electrónico de envío, obrante en el archivo “ED_EXPEDIENTE04_FECHADERECIBO.pdf”. Se precisa, que la
demanda fue presentada inicialmente, ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad judicial que mediante auto del 27 de
agosto del 2021 -documento “ED_EXPEDIENTE_15ORDENAREMITIRCONSEJO”-, remitió por competencia el asunto esta
Corporación.
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Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
Rad: 11001-03-28-000-2021-00055-00
“Primera. DECLARAR la nulidad del acto electoral fechado el 28 de mayo de 2021 por
medio del cual el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia, declaró la
legitimidad de la elección de la señora NAYLA MILENA IMBACHI MURILLO como
representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario.
Segunda. ORDENAR al Rector de la Universidad de la Amazonia a proferir una nueva
resolución que convoque a una nueva Asamblea de Elección de Representante del
Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario, en donde se garantice, prima
facie, el cumplimiento de los principios de igualdad, capacidad electoral, publicidad,
objetividad y legalidad, inherentes a la participación política y democrática de toda la
comunidad universitaria radicada en los departamentos y municipios en donde la
Universidad de la Amazonia tiene presencia, en virtud de lo establecido en la Leyes 30
de 1992 y 1301 de 2009 y en los Acuerdos 062 de 2002, 032 de 2009 y 031 de 2010
expedidos por el Consejo Superior Universitario.
Tercera. ORDENAR al Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia a realizar un
nuevo proceso de elección mediante el cual se acredite, en términos constitucionales,
legales y estatutarios, el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y elección de
Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la referida Institución
de Educación Superior, garantizando el proceso de inscripción, integración, designación
y participación política (derecho a elegir y ser elegido) de la comunidad universitaria en
general y de los representantes del sector productivo en particular, en los campus
universitarios ubicados en los departamentos en donde la Universidad de la Amazonia
tiene presencia.
Cuarta. INAPLICAR por vía de excepción de inconstitucionalidad (i) el Art. 16 del
Acuerdo 032 de 2009 por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de la
Amazonia expidió su Estatuto Electoral y (ii) el punto SEGUNDO de la parte resolutiva
de la Convocatoria No. 001 de 2021 por la cual el Consejo Electoral de la citada
Institución de Educación Superior, estableció el procedimiento para llevar a cabo la
elección de Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior.”
1.1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control
2. Narró que el entonces rector encargado de la Universidad de la Amazonia
-UNIAMAZONIA- adoptó la Resolución 0520 del 19 de marzo del 2021, por medio de la
cual convocó a la asamblea de elección del representante del sector productivo ante el
consejo superior de dicho ente educativo.
3. Señaló que el Consejo Electoral de la mencionada institución, en reunión de la
misma fecha y en ejercicio de las funciones asignadas por los Acuerdos 032 del 20093 y
031 del 20104, dictó la Convocatoria 01 del 2021, en la cual se dispuso citar a los
integrantes del mencionado estamento para la celebración de la referida reunión
2 ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En elecciones
por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades
respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá
precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los
mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.
3
Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad de la Amazonia.
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Por medio del cual se expide el reglamento de integración, designación y elección de los representantes al Consejo Superior
Universitario y demás instancias de la institución.
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electoral, estableciéndose, entre otros aspectos, las fechas para la inscripción de las
ternas, el proceso para la habilitación de candidatos y la de elección para el 28 de mayo
de 2021.
4. Refirió que el 23 de abril de la misma anualidad se cerró el período de inscripción
de candidatos al proceso democrático. Mencionó que el 10 de mayo del 2021, el
Consejo Electoral de UNIAMAZONIA expidió el acta que contiene las ternas habilitadas,
la cual fue confirmada el 25 de mayo siguiente, al no haberse presentado
reclamaciones en contra de lo allí dispuesto. Resaltó que tal decisión se fundamentó en
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas,
Sección A, revisión 4 del 2021, por lo que se aprobó un total de 15 postulaciones
efectuadas por asociaciones y cooperativas.
5. Indicó que el 28 de mayo de 2021 se llevó a cabo la reunión eleccionaria.
Manifestó que, conforme con lo consignado en el acta de ésta, el presidente solicitó la
postulación de los candidatos, con fundamento en las personas integrantes de las
ternas habilitadas previamente por el Consejo Electoral.
6. Precisó que, sin obrar registro de asistencia a la reunión por parte de los
habilitados para votar, se presentó una sola postulación, a saber, la correspondiente a
la aspiración de la aquí demandada, quien resultó electa con 40 votos, es decir, por
unanimidad respecto de los asistentes a la misma.
1.1.3. Concepto de violación
7. Resaltó que la Universidad de la Amazonia, creada por la Ley 60 de 1982, como
ente universitario autónomo del orden nacional, se rige por las disposiciones de la Ley
30 de 1992, la cual exige para la conformación del Consejo Superior contar con un
representante del sector productivo.
8. Refirió que el mencionado órgano de dirección, en uso de sus facultades, adoptó
el Acuerdo 032 de 2009, el cual contiene el Estatuto Electoral de la universidad. Con
posterioridad, el mismo Consejo Superior dictó el Acuerdo 031 del 2010, norma
especial que rige el procedimiento para elección de los representantes ante los
diferentes organismos del instituto educativo.
9. Precisado el anterior recuento normativo, presentó los siguientes cargos de
nulidad:
a) Infracción de norma superior
i) Desconocimiento de los artículos 29 constitucional y 24 del Acuerdo 062
del 2002 -Estatuto General de la Universidad de la Amazonia-.
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10. Consideró que con la expedición del acto acusado se desconoció el artículo 29
constitucional, en concordancia con el 24 del Acuerdo 062 del 2002 -Estatuto General
de la Universidad de la Amazonia-5, el cual exige que el representante del sector
productivo sea elegido por los integrantes de dicho estamento ubicados en cada
departamento donde tenga presencia el ente educativo.
11. Señaló que de conformidad con el artículo 16 del Acuerdo 032 del 2009 -Estatuto
Electoral- y la Convocatoria 001 del 19 de marzo del 2021, se determinó que la
inscripción de ternas de candidatos debería realizarse de manera presencial en la
Secretaría General de la Universidad de la Amazonia. Ante ello, señaló que:
“Por lo anterior, la aplicación del Art. 16 del Acuerdo 032 de 2009 como del Punto
Segundo de la parte resolutiva de la Convocatoria No. 01 de 2021 previamente
referenciados, desconoce no solamente el principio democrático (Art. 40 y 41 C.P) sino
también el debido proceso administrativo (Art. 29 C.P.) de quienes hacen parte de la
comunidad universitaria a través del campus universitario ubicado en los departamentos
en donde la Universidad de la Amazonia tiene presencia, si se tiene en cuenta que, el
Consejo Electoral de la citada Universidad, dentro del proceso electoral cuestionado: NO
permitió que los representantes del sector productivo nombrados y pertenecientes a los
demás departamentos en donde la Universidad de la Amazonia tiene presencia (entre
ellos Huila y Amazonas) pudieran ejercer el derecho al sufragio como quiera (sic) que no
se instalaron los respectivos puestos de votación, al igual que tampoco se les habilitó el
acto de inscripción de sus ternas, trasgrediendo no solamente lo consagrado en el
Artículo 24 del Estatuto General (cuya infracción fuera inicialmente invocada)”
12. Adicionalmente, argumentó que se desconoció la finalidad del Acuerdo 31 de
2010, la cual se centra en “garantizar la participación democrática de toda la comunidad
universitaria en la vida institucional de la misma”, así como los principios de los procesos
electorales que se adelantan al interior de UNIAMAZONIA, fijados en el artículo 2º de
los Acuerdos 031 del 2010 y 032 del 2009, que se refieren a la igualdad6, capacidad
electoral7, publicidad8, objetividad9 y legalidad10, ello bajo las mismas razones antes
expuestas.
5
Artículo 24. Modificado parcialmente por el artículo 30 de 14 de diciembre de 2015 del Consejo Superior Universitario. El Consejo
Superior Universitario es el máximo órgano de dirección de la Universidad de la Amazonia. Estará integrado por: (…) h) Un
representante del sector productivo, quien deberá: Ser un profesional Universitario; No estar incurso en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad que establece la ley; Ser elegido por los representantes nombrados en cada departamento donde tenga
presencia la Universidad, en Asamblea de los integrantes de las ternas presentadas por los respectivos sectores de la
producción reconocidos legalmente, previa convocatoria pública del Rector.
6
Principio de Igualdad. Se garantiza a todos los miembros de la comunidad universitaria la igualdad electoral, por lo tanto, gozan de
todos los derechos electorales consagrados en la Constitución Política, las leyes, los estatutos y reglamentos de la Universidad de
la Amazonia. Cada elector tiene el derecho a depositar un solo voto por cada uno de los organismos a los que son convocados.
7
Principio de la Capacidad Electoral. Toda persona que haga parte de la comunidad universitaria puede elegir y ser elegido
mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. Las causales de inhabilidad y de incompatibilidad se interpretarán
restrictivamente.
8
Principio de la Publicidad. Las convocatorias a elecciones, los registros y listados de electores, las inscripciones, el conteo de
votos, los escrutinios, los resultados electorales no serán de ninguna manera secretos; todos ellos serán públicos y objeto de amplia
difusión.
9
Principio de Objetividad: Las decisiones tomadas por las autoridades electorales de la institución, deberán asegurar y garantizar
los derechos de toda la comunidad académica sin discriminación alguna, mediante la igualdad de trato y el respeto al orden en que
actúan.
10
Principio de Legalidad: Los actos derivados de las autoridades electorales de la Universidad de la Amazonia deberán regirse por
los estatutos internos de esta institución”.
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13. Solicitó que se inaplique, en uso de la excepción de inconstitucionalidad, el
artículo 16 del Acuerdo 032 del 2009 y el punto 2 de la Convocatoria 001 del 2021, en
tanto resultan contrarios a los artículos 4, 13, 29, 40, 41 y 69 de la Constitución Política,
al presentarse una afectación de los intereses de los integrantes del sector productivo
en los departamentos de Huila y Amazonas. Al respecto manifestó:
14. En primer lugar, que se limitó el debido proceso y el derecho a la participación
política, toda vez que en aplicación del artículo 16 del Acuerdo 032 de 2009, no se
permitió que aquellos que componen el sector productivo en los departamentos del
Huila11 y Amazonas inscribieran ternas y ejercieran su derecho al sufragio en sus
respectivos campus universitarios.
15. Así mismo, consideró que se presenta una vulneración del derecho a la igualdad,
toda vez que al haberse definido que el proceso de postulación de las ternas se llevaría
a cabo de forma presencial en la ciudad de Florencia, se presenta un tratamiento
diferenciado no justificado respecto de los integrantes del sector productivo ubicados en
los municipios de los departamentos de Huila y Amazonas.
16. De otra parte, señaló que se desconoció el precedente constitucional fijado en la
sentencia de unificación No. 115 de 201912, adoptado por la Corte Constitucional, en
donde se indicó que al momento de interpretar y aplicar el principio democrático y el de
capacidad electoral, esto “[d]ebe hacerse desde la óptica más favorable a los derechos
fundamentales, especialmente los relacionados con la posibilidad de conformar el poder
político, en atención al compromiso expansivo del Estado que surge de su esencia
democrática”.
17. Finalmente, indicó que, con la aplicación de estas normas al caso concreto, se
desconoció la autonomía universitaria (art. 69 constitucional), en tanto la Universidad de
la Amazonia es una institución del orden nacional que siempre ha conservado la
potestad de establecer dependencias seccionales.
18. Concluyó señalando: “… que tanto el punto Segundo del Acta de Convocatoria No.
001 de 2021 expedida por el Consejo Electoral, como el Art. 16 del Acuerdo 032 de 2009
(Estatuto Electoral), generaron consecuencias abiertamente inconstitucionales como lo fueron,
entre varias, la restricción del principio democrático sobre los representantes del sector
productivo de los departamentos en donde la Universidad de la Amazonia tiene presencia, en el
momento en que condicionaron a que la realización del acto de inscripción se hiciera de manera
personal y en las instalaciones de la Secretaría General de la Universidad de la Amazonia, sin
tener en cuenta el campus universitario existente en los mencionados departamentos. Lo
anterior, sin perjuicio de que tampoco se llevara a cabo la votación en el campus universitario
que existe en los departamentos de Huila y Amazonas, en cumplimiento de lo establecido en el
Art. 6 del Acuerdo 032 de 2009.
11
Como se precisará mas adelante, según certificación enviada por la Universidad de la Amazonía, no cuentan con sedes en el
departamento del Huila.
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M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Así las cosas, le sugerimos muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que, en aras de
garantizar la protección y salvaguarda de los preceptos fundantes cuya infracción fuera
primigeniamente señalada, se sirva INAPLICAR tanto el punto Segundo del Acta de
Convocatoria No. 001 de 2021 expedida por el Consejo Electoral Universitario, como el Art. 16
del Acuerdo 032 de 2009, toda vez que, su aplicación conlleva a la flagrante vulneración de los
derechos fundamentales reiterados, esto es, al principio democrático, a la igualdad, al debido
proceso administrativo, a la autonomía universitaria y a la supremacía constitucional,
atendiendo el concepto de violación recientemente ilustrado. Lo anterior, encuentra sustento,
entre varios argumentos explicados, en una concepción universal y expansiva del principio
democrático acompasado con la teoría del derecho viviente que fuera definido por la Corte
Constitucional como una garantía de que la norma sometida a su control realmente tiene el
sentido, los alcances, los efectos o la función que el juez constitucional le atribuye”.
ii) Desconocimiento del artículo 44 del Acuerdo 062 del 2002 -Estatuto General
de la Universidad de la Amazonia
19. Manifestó que de conformidad con el artículo 44 de los estatutos del ente
universtario, la actividad de aquel se rige no solamente por las normas aplicables a los
órganos autónomos, sino también, por los principios generales del derecho público. Así
las cosas, consideró que con el acto acusado se incurrió en un desconocimiento de la
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.
20. Desarrolló este argumento señalando que el Consejo Electoral de la Universidad
de la Amazonía, en oportunidades anteriores, llevó a cabo procesos democráticos
similares salvaguardando el principio de participación respecto de la comunidad
universitaria asentada en otros departamentos en donde tiene presencia la institución.
Trajo a colación el contenido de la Circular 004 del 29 de septiembre del 2020, así
como las Convocatorias 001 y 002 del 2020, en donde se vinculó a los campus
ubicados en otros entes territoriales.
iii) Desconocimiento de la Resolución 549 del 2020
21. Consideró que en el trámite previo a la expedición del acto de elección
cuestionado, se desconoció el contenido de la Resolución 549 del 2020, expedida por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, "Por la cual se modifica la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada
para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C. y se dictan otras disposiciones", en tanto no se vinculó a
otros gremios y/o asociaciones que desarrollan las actividades que conforman la
estructura general del sector productivo y que se encuentra reglamentada en la citada
norma.
22. Lo anterior, por cuanto según su dicho, dentro de la postulación de las ternas
para la elección del representante del sector productivo, sólo acudieron entidades del
ramo agropecuario, sin que se hubiere vinculado a las cámaras de comercio de los
departamentos de Huila, Caquetá y Amazonas, así como a los demás comerciantes,
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gremios, corporaciones o asociaciones de otros sectores económicos ubicados en los
departamentos donde tiene presencia la Universidad de la Amazonia.
23. Al respecto concluyó que llama la atención que, de las 15 ternas inscritas a la
elección del representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la
Universidad de la Amazonía, todas sean pertenecientes al sector primario (agricultura)
cuando el sector terciario (de servicios) es el más representativo. Lo anterior, sin
perjuicio de que el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, señor José Lubin
García Tello, actuando en calidad de rector encargado, fuera quien convocara a la
Asamblea de Elección mediante Resolución No. 0520 del 19 de marzo de 2021, en
donde curiosamente se postularon 15 asociaciones pertenecientes exclusivamente al
sector agropecuario del departamento de Caquetá.
b) Expedición irregular
24. Como fundamento de este cargo de nulidad señaló que, del contenido del acta
del 28 de mayo del 2021, por medio de la cual se declaró la elección de la señora
Nayla Milena Imbachi Murillo como representante del sector productivo ante el
Consejo Superior Universitario, no se encuentra el registro de los 40 gremios
habilitados para votar que concurrieron al desarrollo de la asamblea electoral. Lo
anterior, en desconocimiento de la exigencia contenida en el literal f) del artículo 2º del
artículo 32 del Acuerdo 032 del 200913.
25. Así mismo, argumentó que el proceso adelantado por el ente universitario
desconoció la publicidad requerida en la norma antes mencionada, en la medida en
que no se difundió la convocatoria y el procedimiento establecido en ella, en los
municipios de otros departamentos en donde la Universidad de la Amazonia ofrece
sus programas académicos.
c) Desviación de poder
26. Sobre este punto, manifestó que el rector encargado, funcionario que efectuó la
Convocatoria 001 del 2021, incurrió en desviación de poder por cuanto:
(i) Convocó a sectores afines al ejercicio de su función como decano, ya que
habitualmente dirige la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
(ii) Excluyó a lo demás gremios económicos, tanto del departamento de Caquetá,
como de aquellos en los cuales la universidad ofrece sus servicios académicos.
13
f) Principio de la Publicidad. Las convocatorias a elecciones, los registros y listados de electores, las inscripciones, el conteo
de votos, los escrutinios, los resultados electorales no serán de ninguna manera secretos; todos ellos serán públicos y objeto de
amplia difusión. (Énfasis de la Sala)
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(iii) No vinculó a las cámaras de comercio de los departamentos de Huila,
Caquetá y Amazonas, a efectos de proceder con la convocatoria a los integrantes
del sector productivo para la conformación de las ternas, incluso en contravía del
proceder del ente universitario en procesos eleccionarios previos.
(iv) Infringió lo establecido en la Resolución 549 del 08 de mayo de 2020 " Por la
cual se modifica la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas adaptada para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C. y se dictan otras disposiciones",
teniendo en cuenta que, dentro del proceso electoral efectuado, no se vinculó a los
demás gremios y/o asociaciones que desarrollan las actividades que conforman la
Estructura General de la clasificación en mención y que se encuentran
taxativamente relacionadas dentro de la citada norma.
1.2. Trámite Procesal
1.2.1 Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar
27. Con providencia del 2 de diciembre del 2021, la Sala de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, admitió la demanda al encontrar acreditados el cumplimiento de los
requisitos legales para ello.
28. En la misma decisión, se negó la medida cautelar de suspensión de los efectos
de la elección cuestionada. En síntesis, esta Corporación determinó que, a ese estado
de la actuación, no se contaba con los elementos de convicción que permitieran
establecer la efectiva ocurrencia de las irregularidades alegadas, así como su
incidencia respecto del resultado electoral, lo que implicaba la necesidad de adelantar
el debate probatorio correspondiente al interior de la actuación judicial.
1.2.2 Traslado de la demanda
29. Dentro del término otorgado, se presentaron las siguientes intervenciones:
30. Ministerio de Educación Nacional14. Actuando a través de apoderado judicial,
la referida entidad pública contestó la demanda, presentando los siguientes
argumentos.
31. En primer lugar, señaló que no se opone a las pretensiones de la demanda, en
tanto que “frente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se configura la carencia de
legitimación en la causa para comparecer al proceso, toda vez que dentro del Consejo Superior
Universitario de la Universidad de la Amazonia, la entidad que represento y de conformidad a lo
establecido en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, cuenta con tan solo un (1) voto dentro del
máximo órgano de dirección, motivo por el cual muchas de las decisiones pueden adoptarse
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Samai. Actuación No. 26.
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dentro del seno del órgano directivo, sin el debido consenso con la cartera ministerial, ello en
razón a la ausencia de mayorías que representen los intereses de la entidad.”
32. Tras admitir los hechos primero a octavo de la demanda, presentó las siguientes
excepciones: (i) presunción de legalidad de los actos administrativos, en la cual se
limitó a señalar que en el caso concreto no se evidencia que la misma se haya
desvirtuado por parte de la demandante; y (ii) la excepción que denominó genérica, con
la que solicitó a esta judicatura el decreto oficioso de las excepciones que aparezcan
probadas, de conformidad con el ordenamiento procesal.
33. Finalizó su intervención, reiterando su falta de legitimación en la causa, así como
también refirió al contenido de autonomía universitaria, para señalar que la designación
del representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la
Amazonia responde al contenido esencial de dicha garantía constitucional a favor de los
entes universitarios.
34. Universidad de la Amazonia. Luego de un recuento de las pretensiones y de
los hechos que las fundamentan, hizo referencia a cada uno de los elementos que
componen el concepto de violación presentado en el escrito inicial.
35. Al respecto, en primer lugar, refirió que no se puede concluir que el Consejo
Electoral hubiere impedido el derecho al sufragio y participación de los integrantes del
sector productivo ubicados en los departamentos de Huila y Amazonas, toda vez que, a
su juicio, de una interpretación de las normas internas de la Universidad de la Amazonia
que sustentan el cargo de nulidad deprecado por la demandante, de ellas no se
concluye que deba permitirse la inscripción y votación en los entes territoriales
mencionados, en tanto estas de manera expresa consagran que la inscripción deberá
llevarse a cabo de manera presencial en la Secretaría General, así como es claro que
el Estatuto Electoral dispone que la elección se llevará a cabo en la fecha y lugar
dispuestos en la convocatoria.
36. Precisó que la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la
Universidad de la Amazonia se ampara bajo el derecho a la autonomía universitaria que
se reconoce constitucionalmente a este tipo de instituciones, por lo que la interpretación
efectuada por la actora implica desconocer esta garantía de orden fundamental. Señaló,
a su vez, que los integrantes del sector productivo no hacen parte de la comunidad
universitaria, como lo pretende hacer ver la demandante en su escrito, ello en la medida
en que el artículo 35 del Estatuto General señala que aquella está integrada por los
administrativos, profesores, estudiantes, egresados y pensionados. Luego, en la
práctica, no se vulneró algún derecho a la comunidad universitaria.
37. Respecto de la excepción de inconstitucionalidad presentada por la demandante,
cuestionó que de manera específica no se precisó cuál contenido constitucional se
desconoce con las normas del Estatuto Electoral que solicitó fueran inaplicadas bajo
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Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
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sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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dicha figura. De otra parte, señaló que contrario al argumento que fundamenta este
requerimiento, la reglamentación interna para el desarrollo de certámenes democráticos
es una expresión directa de los artículos 40 y 41 constitucionales, en tanto materializan
el derecho a la participación política de los estamentos universitarios con
representación en el Consejo Superior.
38. Refirió que, tanto la convocatoria al proceso de elección del representante del
sector productivo, como los demás actos adoptados en desarrollo de esta, fueron
debidamente publicados en los medios dispuestos para el efecto (página Web, sistema
normativo de la Universidad de la Amazonia y difusión radial), lo que implica una
garantía de conocimiento por parte de todos aquellos que estuvieran interesados en
participar en la elección que ahora se cuestiona.
39. En relación con el desconocimiento del principio de confianza legítima por el
desarrollo de elecciones previas, en donde se permitió la inscripción por fuera de la
Secretaría General, indicó que el respeto a los actos propios sólo se predica en la
medida en que se atienda la ley o el reglamento. Precisó entonces que los ejemplos
traídos a colación por la demandante, de bulto, ponen de presente una contradicción de
dichos procesos electorales frente al estatuto que los regula, que impiden predicar
confianza legítima o buena fe.
40. Siguiendo con su argumentación, trajo a colación el concepto de campus
universitario contenido en el Acuerdo 02 del 2020, expedido por el Consejo Nacional de
Educación Superior, para hacer referencia a que el mismo no puede equipararse, como
lo pretende la demandante, con el de sedes, toda vez que estás últimas refieren
únicamente a las edificaciones donde se desarrollan las labores formativas, mientras
que el primero incluye también la estructura administrativa, académica y el modelo de
bienestar. Conforme con ello, señaló que la Universidad de la Amazonia sólo tiene un
campus, ubicado en la ciudad de Florencia, por lo que no resultan de recibo los
argumentos de la demanda con los que se pretende que las sedes ubicadas en otros
departamentos tengan tal condición.
41. A su vez, señaló que la actora no desarrolló de forma concreta en qué consistió
el desconocimiento del carácter universal y expansivo de la democracia, siendo que,
por el contrario, en atención a los mecanismos de publicidad referidos en el párrafo
precedente, era claro el cumplimiento del contenido esencial de dicho principio.
42. Finalmente, sostuvo que no se demostró (i) el incumplimiento de la Resolución
549 del 2020, en tanto es claro que la habilitación de las ternas se llevó a cabo bajo
dicha normativa; (ii) se llevó un registro de los asistentes y votantes a la reunión
electoral; y (iii) no se demostró una desviación de poder por parte del rector encargado
al momento de llevar a cabo la convocatoria para la elección del representante del
sector productivo.
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43. Concluyó su intervención, solicitando fueran negadas las pruebas testimoniales y
la inspección judicial requeridas en el escrito inicial, así como propuso la excepción de
mérito denominada como “NO ENCONTRARSE ESTRUCTURADA NI HALLARSE
PROBADA NINGUNA DE LAS CAUSALES DE NULIDAD INVOCADAS” y la genérica.
44. Demandada, señora Nayla Milena Imbachi Murillo. En escrito presentado por
su apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que las
mismas fueran negadas. Presentó para el efecto, los siguientes argumentos:
45. Con fundamento en el concepto de autonomía universitaria, señaló que la
Universidad de la Amazonía ha expedido su correspondiente normatividad interna, en la
cual se encuentra el Estatuto Electoral que rige todos los procedimientos, el desarrollo,
la vigilancia y el control de las elecciones a llevarse a cabo al interior del ente educativo.
46. Posteriormente, precisó que la Convocatoria No. 01 del 19 de marzo del 2021,
tuvo como soporte las competencias que consagran los Acuerdos 032 de 2009 y 031
del 2010 -Estatuto Electoral y de Integración de las Instancias Universitarias-
respectivamente.
47. Así las cosas, dicho acto que marcó el inicio del proceso de elección del
representante del sector productivo, determinó la forma de inscripción de quienes
estuvieren interesados en participar en el mismo, lo cual es un claro desarrollo del
artículo 16 del mencionado Estatuto Electoral. Así mismo, precisó que, del contenido de
la convocatoria, es posible concluir que no se imponen barreras concretas para la
participación de quienes cumplieran con los requisitos, por lo que no puede derivarse el
desconocimiento a los derechos políticos y del principio democrático que fundamentan
los cargos contra el acto de elección demandado.
48. De otra parte, resaltó que cuando el Estatuto General dispone que la elección del
dignatario del sector productivo ante el Consejo Superior se efectuará por
representantes de dicho estamento ubicados en cada departamento donde tenga
presencia la universidad, ello no implica que deba garantizarse la inscripción en cada
ente territorial, más aún cuando todos los documentos del proceso electoral fueron
publicados para garantizar el debido conocimiento de quienes conforman el censo.
49. En punto de la necesidad de garantizar la votación en todas las sedes donde se
presta el servicio académico por parte de la Universidad de la Amazonia, trajo
igualmente a colación el concepto de campus académico del Acuerdo 02 del 2020,
adoptado por el Consejo Nacional de Educación Superior, para señalar que en
aplicación de este último, puede concluirse que la referida institución de educación
superior, sólo cuenta con un campus, esto es, el ubicado en la ciudad de Florencia,
donde efectivamente ocurrió la reunión electoral que culminó con el acto demandado.
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50. Seguidamente, resaltó la inexistencia de presupuestos sustanciales y procesales
para hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad. Lo anterior, en la medida en
que no se demostró por la parte actora, de forma clara, lógica y evidente, la
contradicción entre el Estatuto Electoral y las normas constitucionales, lo que conlleva a
permitir la aplicación directa de esta última disposición normativa.
51. Manifestó que es decisión personal de los interesados el inscribirse o no al
proceso democrático, por lo que en caso en que dicho derecho se ejerza de manera
positiva, se deben acoger los procedimientos establecidos para ello. De otra parte,
resaltó que la interpretación de la demandante conllevaría al desconocimiento de un
derecho político en cabeza de su poderdante, bajo el fundamento de una hermenéutica
extensiva no permitida de la participación electoral.
52. En relación con el desconocimiento de la Resolución 549 del 2020 del DANE,
precisó que la determinación del Consejo Electoral, al integrar la ternas, tuvo en cuenta
la clasificación de actividades allí dispuestas, razón para concluir que el cargo no tiene
vocación de prosperidad. Así mismo, resaltó que el acta de la asamblea electoral da fe
del registro de asistentes a la misma, por lo que no se configura el supuesto fáctico
alegado en el cargo de expedición irregular presentado en la demanda. Finalmente,
manifestó que no se demostró la presunta desviación de poder respecto de la actuación
del rector encargado al efectuar la convocatoria para la elección del representante del
sector productivo.
53. Se opuso a la práctica de las pruebas testimoniales y la inspección judicial
requeridas por la demandante, para con posterioridad presentar las excepciones de
fondo de “INEXISTENCIA DE CONFIGURACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS”;
“INEXISTENCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA INAPLICAR EL RÉGIMEN
ESTATUTARIO ADOPTADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EJERCICIO DE
SU AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”, así como la “EXCEPCIÓN INNOMINADA O GENÉRICA”.
1.2.3 Auto del 23 de marzo del 202215
54. En providencia de la fecha mencionada, el despacho de la consejera ponente
dispuso decidir sobre las excepciones previas presentadas en la oportunidad
correspondiente16 y se fijó el litigio17.
55. De otra parte, se dispuso incorporar con el valor que legalmente les corresponde,
las pruebas documentales aportadas con la demanda y en los escritos de contestación
a la misma. También se rechazaron algunos elementos de convicción aportados y
15
Samai. Actuación No. 35.
16
Sobre este aspecto, se negó la excepción previa de falta de legitimación en la causa propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional, al considerar que toda vez que al ser dicha entidad el presidente del Consejo Superior Universitario se tenía demostrado
el interés que le asiste en esta actuación, sin que sobre lo anterior se presentara recurso alguno,
17
En el acápite de consideraciones, se presenta, de forma literal, los problemas jurídicos que componen el litigio conforme a lo
establecido en esta providencia.
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solicitados por la parte actora18, así como se decretó la práctica de otros medios de
naturaleza documental19 señalados en el escrito inicial, y algunas de oficio20.
56. Finalmente, se ordenó correr traslado de las pruebas incorporadas y decretadas,
para que, con posterioridad a ello, se procediera a otorgar la oportunidad a las partes
para alegar de conclusión con el fin de dictar sentencia anticipada.
1.2.4. Alegatos de conclusión.
57. La demandada, por intermedio de su apoderada judicial, presentó escrito de
conclusión en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda. Tras efectuar una
relación de cada uno de los hechos probados al interior del plenario, consideró que (i)
las normas internas de la Universidad de la Amazonia, no disponen la obligación de
permitir la inscripción y/o votación en lugares diferentes de la secretaría general de la
institución educativa o el campus de la ciudad de Florencia; (ii) así mismo, estas no
disponen que sea obligación el convocar a las Cámara de Comercio a efectos de
proveer sobre la conformación del censo electoral -integrantes del sector productivo-.
58. Indicó que no es procedente concluir que se limitó la participación del estamento
elector, pues tanto la convocatoria como las reglas fijadas para el desarrollo del proceso
electoral, no excluyeron de manera directa a ninguna persona, gremio o asociación, a lo
que adicionalmente señaló que existe prueba respecto de la publicidad de los actos
adoptados por las autoridades electorales de UNIAMAZONIA.
59. Resaltó que no es procedente acceder a la excepción de inconstitucionalidad
presentada por la demandante, en tanto no se demostró la palmaria o evidente
contradicción entre las normas del Estatuto Electoral y la Constitución Política, a lo que
sumó que, de concederse la misma, se presentaría una “afectación al derecho
fundamental de acceso a la representación dentro de Universidades Públicas como el ejercicio
de expresión del principio de participación democrática de mi poderdante”.
18
En este punto, se rechazó por impertinente (i) la copia de la Ordenanza 006 del 2010, por medio del cual se adoptó la estampilla
pro-UNIAMAZONIA, en tanto no guarda relación con los hechos objeto del debate, así como se negó el decreto de (ii) las pruebas
testimoniales requeridas en el escrito inicial, ya que no se atendieron los requisitos establecidos en los artículos 212 y 213 del
Código General del Proceso; así como la (iii) inspección judicial solicitada con la demanda, por desatender los requisitos del artículo
236 del Código General del Proceso.
19
Se decretó la práctica de la prueba documental solicitada por la accionante, en el sentido de (i) Requerir al Consejo Superior y al
Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonía, constancia de todas las actas de elección del representante del sector
productivo, desde la entrada en vigor del Acuerdo 062 del 2002 que contiene el Estatuto General de la mencionada institución de
educación superior y (ii) Requerir a la Cámara de Comercio de Florencia, las constancias en la que dicha entidad ha participado
dentro de las convocatorias realizadas a los integrantes del sector productivo del departamento del Caquetá, para elegir a su
representante ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.
20
Se decretaron: (i) Requerir al representante legal de la Universidad de la Amazonía, o a quien haga sus veces, para que remita
certificación en la que se indique la totalidad de las sedes académicas y/o campus con las que dicha institución educativa cuenta en
los departamentos de Caquetá, Huila y Amazonas; (ii) Requerir a los representantes legales de la Cámara de Comercio de Neiva y
de la Cámara de Comercio del Amazonas, para que remitan certificación en la que indiquen si la Universidad de la Amazonia ha
requerido su participación para la determinación de los integrantes del estamento sector productivo a efectos de proceder con la
elección del representante de aquel ante el Consejo Superior Universitario, señalado las fechas en que ello fue solicitado y
anexando los documentos pertinentes que soporte lo certificado; (iii) Requerir a los representantes legales de la Cámara de
Comercio de Caquetá, de la Cámara de Comercio de Neiva y de la Cámara de Comercio del Amazonas, una certificación con corte
a 28 de mayo del 2021, en la que de indiquen (i) el nombre, (ii) la identificación y (iii) ubicación de los integrantes del sector
productivo en sus respectivas jurisdicciones, para lo cual deberán atender la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas
las Actividades Económicas, Sección A, revisión 4 del 2021.
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60. Frente al desconocimiento de la Resolución 549 del 2020, expedida por el DANE,
consideró que la clasificación industrial uniforme de todas las actividades económicas
allí dispuesta fue atendida al momento de la habilitación de las ternas conformadas
para el desarrollo de la asamblea electoral, lo que conlleva a que dicho cargo de
nulidad no sea próspero.
61. Finalmente, indicó que el acta de la asamblea de elección conforme fue probado
al interior del proceso, dispone el registro de los asistentes y votantes, así como en el
plenario no se demostró la presunta desviación de poder alegada.
62. Por su parte, la demandante presentó memorial en el que señaló que, de
conformidad con los elementos de convicción aportados, se demuestran los cargos de
nulidad deprecados en el escrito inicial.
63. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la elección cuestionada, se
llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 44 del Estatutos
General, así como las reglas de inscripción y votación dispuestas en el Estatuto
Electoral – Acuerdo 032 de 2019-, por lo que solicitó sean negadas las pretensiones.
64. Por su parte, el apoderado de la Universidad de la Amazonía en una línea
similar a lo expuesto por la elegida consideró procedente no acceder a las súplicas de
la demanda.
1.2.5. Concepto del Ministerio Público
65. En concepto No. 2022-05-NE-058 del 13 de mayo del 2022, el Procurador
Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado (e) rindió concepto en el trámite de la
referencia, en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda.
66. Sobre el particular, consideró en primer lugar, que no se presenta la infracción de
norma superior alegada, toda vez que, en todo momento, la Universidad de la
Amazonia atendió disposiciones internas que regulan la elección del representante del
sector productivo ante el consejo superior de dicha institución educativa, las cuales,
señaló, no se advierten como inconstitucionales.
67. Indicó que el universo de potenciales electores en dicho proceso democrático
particular, se conforma con la designación de ternas nombradas en cada departamento
en donde se presta el servicio educativo, por lo que no se puede considerar que se
cuenta con un grupo claramente identificado -como serían, por ejemplo, los estudiantes-
indicando que “no le asiste razón al actor, cuando esboza la evidente vulneración al principio
democrático y al derecho a la igualdad (…) habida cuenta, que dentro de su autonomía, el ente
universitario en su Estatuto de Elecciones, expedido muchos años antes de esta convocatoria,
estableció, que la inscripción de candidatos, tratándose de cualquier elección que se dé al
interior, se realizaría en la precitada Secretaría.”
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68. Indicó que la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte actora, “es
de difícil acogida”, no sólo en tanto la carga argumentativa es “abstracta y referida a
principios”, sino porque además no se evidencia una contradicción que sea manifiesta
entre las normas del Estatuto Electoral y la Constitución.
69. Finalmente, indicó que (i) no se configura un desconocimiento de la Resolución
549 del 2020 del DANE, ya que la misma tiene una finalidad diferente a la de regular el
proceso de elección aquí cuestionado; (ii) se observa con toda claridad que el acta de
elección contiene un registro de asistentes y votantes a la asamblea electora; y (iii) que
no existe prueba alguna que permita entender configurada la desviación de poder
alegada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
70. El Consejo de Estado es competente para dictar sentencia de única instancia en
el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del
artículo 149 de la Ley 1437 de 201121 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
proferido por la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problemas jurídicos
71. La Sala considera que, en concordancia con lo dispuesto en el auto del 23 de
marzo del 2022, en la presente sentencia se deben atender los siguientes problemas
jurídicos:
(i) ¿Cuál es el procedimiento establecido en el régimen interno de la Universidad de
la Amazonía, a efectos de la elección del representante del sector productivo
como integrante del Consejo Superior de dicho ente universitario?
(ii) Precisado lo anterior, respecto del primer cargo de nulidad propuesto, se tienen
las siguientes preguntas:
¿Se incurrió en la causal de nulidad por infracción de norma superior por el
desconocimiento de los artículos 24 del Acuerdo 062 del 2002 -Estatuto General
de la Universidad de la Amazonia-, en concordancia con el artículo 29
constitucional, al no haberse permitido la inscripción de candidatos ni la votación
21
En atención a la fecha de presentación de la demanda, el texto de este artículo se corresponde a su versión original, es decir,
antes de las modificaciones efectuadas por la Ley 2080 del 2021. Así las cosas, el fundamento de la competencia se presenta en
los siguientes términos: Artículo 149. Competencia del consejo de estado en única instancia: El Consejo de Estado, en Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en
el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley. (énfasis propio)
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de los integrantes del sector productivo ubicados en todos los departamentos
donde la Universidad de la Amazonía tiene actividad académica?
Con fundamento en los mismos supuestos fácticos antes descritos, ¿es
procedente inaplicar por inconstitucional el artículo 16 del Acuerdo 032 del 2009
y el punto 2 de la Convocatoria 001 del 2021, en tanto resultan contrarios a los
artículos 4, 13, 29, 40, 41 y 69 de la Constitución Política, así como lo
consagrado en el artículo 24 literal h) del Acuerdo 062 de 2002?
¿Se configura la causal de nulidad por infracción de norma superior, en
específico, por un presunto desconocimiento de la Resolución 549 del 2020
expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- por
no tenerse en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas
las actividades económicas adoptada para Colombia al interior del proceso
eleccionario?
(iii) De otra parte, en relación con el segundo cargo de nulidad, se debe responder
si: ¿se incurrió en expedición irregular en el trámite de conformación del acto de
elección, al presuntamente no contar el mismo con el registro de los votantes de
la reunión electoral, en desconocimiento de la exigencia contenida en el literal f)
del artículo 2º del artículo 32 del Acuerdo 032 del 2009?
(iv) Finalmente, frente al tercer cargo de nulidad, se debe determinar si: ¿se
incurrió en desviación de poder por parte del rector encargo de la Universidad de
la Amazonia en el desarrollo de la convocatoria y el trámite de elección del
representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario?
2.3. Caso concreto
72. La Sala, para efectos metodológicos, y para una mayor claridad respecto del
estudio de los cargos de nulidad propuestos, procederá a estudiar cada uno de los
temas centrales de las preguntas descritas, presentando frente a cada uno de ellos (i)
los elementos teóricos pertinentes; (ii) los aspectos debidamente probados al interior
del plenario y (iii) la conclusión a la que arrima esta judicatura sobre cada particular.
2.3.1. Procedimiento de elección del representante del sector productivo en la
Universidad de la Amazonia.
73. Previo a identificar los principales aspectos del proceso de elección del
representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la
Amazonía, considera la Sala necesario poner de presente el contenido de dos
conceptos que resultan relevantes a efectos de la interpretación y análisis de los
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hechos que soportan la demanda bajo estudio: (i) el principio democrático22 y (ii) la
autonomía universitaria.
74. En relación con el primero de los mencionados, se debe resaltar que la
Constitución Política de 1991, al establecer desde el artículo 1º la forma de
organización precisó que Colombia es una República unitaria “democrática, participativa y
pluralista”, determinándose que en el marco de las finalidades del Estado -art. 2º-, se
encuentra la de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
75. En sus decisiones, la Corte Constitucional ha resaltado el papel de dicha forma
de organización al indicar que:
“En la Constitución Política de 1991, el pueblo soberano decidió convalidar el voto de
confianza entregado a la democracia. Precisamente, tanto en el preámbulo como en
varios de sus artículos se hace alusión a la adopción del Estado Social de derecho y la
democracia como el régimen político de nuestra organización estatal, lo que no sólo
tiene un efecto político, sino también en el campo social, económico, ecológico y cultural.
Por ello, esta Corporación ha reconocido que la democracia, en nuestro ordenamiento
constitucional, tiene una vocación universal y expansiva, alrededor del pluralismo y la
participación, como condiciones esenciales para su eficacia.”23 (Negrilla fuera del texto
original).
76. Desde 199424 se ha señalado en forma clara que la democracia participativa no
se limita a establecer procedimientos para la toma de decisiones, entendiendo que bajo
la decisión constituyente de 1991 este fue redefinido buscando la “estructuración de
nuevos escenarios en los que el ciudadano no agota su rol político en movilización para
votaciones periódicas, sino que, el Constituyente propició nuevos escenarios de injerencia
social y política, caracterizados por mayores espacios de deliberación y de decisión, sobre
temas que le afectan o en los que tiene interés.”25
77. En conclusión, es claro que la democracia, bajo nuestro actual texto superior, (i)
tiene una incidencia evidente e inspira la estructuración del Estado colombiano (ii)
implica una ampliación cuantitativa de las oportunidades reales de injerencia y (iii)
presenta una mayor apertura del espectro en donde la misma se predica, ya que se
supera el ámbito meramente electoral, para cubrir aspectos de la vida social,
económica, ecológica y cultural de la Nación.
78. De otra parte, en punto de la autonomía universitaria, consagrada a nivel
constitucional en el artículo 6926 del texto superior, ha sido entendida por la
22
Sobre este, se reitera el criterio adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación del 27
de julio del 2021, radicación No. 11001-03-28-000-2020-00004-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-644 del 8 de julio del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
25
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26
ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la
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jurisprudencia constitucional como “la capacidad de auto regulación filosófica y de
autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de
educación superior”27.
79. La institución comprende, en su núcleo esencial, entre otros, una dimensión
correspondiente con la organización interna (política y administrativa) de la comunidad
universitaria. En decisión de unificación reciente28, la Corte Constitucional analizó este
último aspecto, resaltando la forma en que dicho componente de la autonomía de las
instituciones de educación superior se entiende desde el principio participativo y
democrático. Dada la importancia del desarrollo jurisprudencial, se citan en extenso las
consideraciones expuestas en la providencia mencionada:
“6.1. La Universidad, su gobierno y el desarrollo de la autonomía en el marco del
principio democrático y participativo.
Como se advirtió en la sección anterior, una de las dimensiones de la autonomía
universitaria es la organización interna (política y administrativa) que, junto a las demás
facultades de autogestión, les dan a las entidades de educación superior la capacidad
para desarrollar su objetivo en relación con el conocimiento y con el aporte a la
sociedad.
En la Sentencia SU-115 de 2019, la Corte Constitucional determinó que el autogobierno
(para gestionar, administrar y autoverificar) se concreta en los estatutos de la
universidad. Estos recogen los mecanismos diseñados para la toma de decisiones sobre
la comunidad universitaria o sobre cualquiera de sus miembros, como expresión de
voluntad universitaria.
Además, dicha voluntad requiere de la existencia de autoridades establecidas en
garantía del pacto social interno entre los integrantes de la comunidad universitaria y
del pacto social externo entre la comunidad nacional y la universitaria. Las autoridades
solo pueden reflejar este doble pacto cuando hayan llegado a dirigir a la
comunidad mediante el principio de participación democrática y se afiancen en la
participación de la comunidad universitaria en relación con las determinaciones
que le conciernen.
Este tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el autogobierno como
elemento de la autonomía administrativa. Este incluye varias facultades para la
institución de educación superior:
La universidad tiene la libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su régimen
interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus
directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de
profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su
presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad académica.
La autodeterminación administrativa o política de las instituciones de educación superior
supone que a ellas les corresponde su autorregulación filosófica y administrativa. En
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
27
Sentencias T-310 de 1999, T-097 de 2016, T- 277 de 2016, T-580 de 2019 y T-106 de 2019.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU-621 del 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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consecuencia, la Constitución les autoriza a: i) crear y modificar los estatutos
universitarios; ii) diseñar los mecanismos de elección, designación y períodos de sus
directivos y administradores; iii) fijar los programas académicos, los planes de estudio y
las actividades docentes, científicas y culturales; iv) precisar los mecanismos de
selección docente y estudiantil; v) asumir la elaboración y aprobación de sus
presupuestos y vi) administrar los bienes y recursos de la institución.
El régimen particular de las universidades públicas establece condiciones especiales
para ellas en cuanto a la organización y la elección de directivas, como del personal
docente y administrativo. Además, establece el estatuto básico u orgánico y las normas
que se deben aplicar para su creación, reorganización y funcionamiento y que los
reglamentos internos de las universidades estatales deben observar las normas que lo
componen, sin perjuicio de la autonomía universitaria.
La dirección de las universidades públicas está a cargo del Consejo Superior
universitario, del Consejo Académico y del rector. Estas instituciones internas deben
representar al Estado y a la comunidad académica y garantizar en dichos
escenarios decisionales la efectividad de los derechos políticos, derivados del
principio de participación democrática. (…)
En conclusión, la autonomía universitaria contempla el derecho de los entes de
educación superior de darse su propio reglamento y establecer las condiciones de
acceso a los cargos directivos. En cumplimiento de esta premisa, se deben
respetar los límites constitucionales y legales que orientan el ejercicio de dichos
postulados en los escenarios de decisión democrática que se dan dentro de esas
instituciones.” (énfasis de la Sala).
80. Precisado lo anterior, y como punto de partida necesario para el análisis posterior
de los cargos de nulidad planteados en la demanda, se pone de presente entonces el
procedimiento para la elección del representante del sector productivo ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia, en los siguientes términos:
81. El Acuerdo No. 062 del 200229, el cual contiene el Estatuto Superior de la referida
institución educativa, consagra en su artículo 24 la composición del consejo superior
universitario así:
“ARTICULO 24. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección de
la Universidad de la Amazonia. Estará integrado por:
a) El ministro de educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá.
b) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos
con el sector Universitario.
c) El Gobernador del Caquetá o su delegado.
d) Un representante de las directivas académicas elegido por el Consejo Académico.
e) Un representante de los profesores de carrera docente Universitario
f) Un representante de los egresados de la Universidad de la Amazonia, elegido por los
mismos en votación directa y secreta.
g) Un representante de los estudiantes del nivel de pregrado de la Universidad
h) Un representante del sector productivo, quien deberá:
• Ser un profesional Universitario.
29
Obrante en el folio 128 de los anexos de la demanda.
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Demandante: Yescica Lorena Ramírez Garzón
Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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• No estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad que establece
la ley.
• Ser elegido por los representantes nombrados en cada departamento donde
tenga presencia la Universidad, en Asamblea de los integrantes de las ternas
presentadas por los respectivos sectores de la producción reconocidos
legalmente, previa convocatoria pública del Rector.
i) Un ex – Rector de la Universidad elegido en Asamblea de los mismos que hayan
ejercido el cargo en propiedad en la Universidad de la Amazonia, convocados para
tal efecto por el Rector.
j) El Rector de la Universidad de la Amazonia, con voz pero sin voto, quien será tenido
en cuenta para efectos de integrar el quórum. (…)
PARÁGRAFO 2. Los representantes de los profesores, estudiantes, egresados,
sector productivo y ex-rectores, serán elegidos para un periodo de tres (3) años,
contados a partir de la fecha de su posesión y podrán actuar mientras conserven
la calidad por la que fueron elegidos.” (énfasis de la Sala)
82. Así las cosas, desde la norma interna de la Universidad de la Amazonia, se
tienen (i) los requisitos para ser elegido representante del sector productivo ante el
consejo superior universitario; (ii) una condición respecto de quien tiene la competencia
electoral –“Ser elegido por los representantes nombrados en cada departamento donde
tenga presencia la Universidad, en Asamblea de los integrantes de las ternas
presentadas por los respectivos sectores de la producción reconocidos legalmente,
previa convocatoria pública del Rector”- ; y (iii) un período, el cual es de 3 años contados a
partir de la fecha de posesión.
83. De otra parte, el Estatuto Electoral del ente universitario -Acuerdo 032 del
30
2009 -, regula, en lo que resulta relevante en el asunto bajo examen, lo siguiente:
Acuerdo No. 032 del 2009 – Estatuto Electoral de la Universidad de la Amazonia
Artículo 5 DELIMITACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES. En atención al tipo de
elección o consulta, la autoridad electoral con antelación no menor a cinco (5)
días hábiles a la realización de elecciones delimitará y publicará la lista de
quienes tienen derecho a participar en las mismas, en los diferentes sitios de
votación que se dispongan.
Artículo 6 LUGAR Y FECHA DE VOTACIONES. Las votaciones se realizarán en el
campus de la Universidad de la Amazonia, en la fecha y hora señaladas,
conforme a las reglas de este Estatuto y demás disposiciones electorales
reglamentarias. La Secretaría General de la Universidad proyectará
anualmente el calendario electoral, el cual será aprobado por el Consejo
Electoral de la Universidad y ejecutado por éste y demás autoridades
electorales. En cualquier caso por circunstancias especiales, el Consejo
Electoral de la Universidad podrá modificar el calendario electoral, con base en
las disposiciones del presente estatuto. El Consejo Electoral de la Universidad
determinará el número de mesas que se instalarán en los lugares de votación.
Artículo 16 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. La inscripción de candidatos se realizará
en la Secretaría General de la Universidad, dentro de los plazos definidos en
la convocatoria que para el proceso electoral se expida, presentando los datos
30
Obrante a folio 79 de los anexos de la demanda.
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Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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personales que acrediten el cumplimiento de los requisitos estatutarios y
reglamentarios para ocupar el cargo al que aspira cada candidato. La
inscripción de las candidaturas se hará por solicitud escrita del candidato y de
manera personal.
PARÁGRAFO. Un mismo candidato no puede inscribirse como aspirante
simultáneamente para más de un cargo o representación.
Artículo 21 REALIZACIÓN DE LAS VOTACIONES. Las elecciones y consultas se
efectúan el día, lugar y hora determinados en la respectiva resolución de
convocatoria. Los medios para garantizar el ejercicio del sufragio estarán
disponibles a los electores durante el tiempo previsto para tal fin. De tales
circunstancias se dejará constancia en acta de apertura y cierre de la elección
o consulta.
84. Así mismo, se cuenta con el Acuerdo No. 31 de 201031, “por el cual se expide el
reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los
representantes del Consejo Superior Universitario y demás instancias de la institución”, que
provee lo siguiente:
Acuerdo No. 31 de 2010
Artículo 1 Finalidad. Para garantizar la participación democrática de toda la comunidad
universitaria en la vida institucional de la misma, se expide el presente
reglamento que contempla las normas generales que rigen la convocatoria e
integración del Consejo Superior y demás instancias de la Universidad de la
Amazonia, bajo los principios constitucionales, legales y estatutarios vigentes.
Artículo 2 Principios. Para efectos del presente Acuerdo, los principios que orientan el
proceso electoral en la Universidad de la Amazonia son los consagrados en el
Estatuto Electoral Acuerdo 32 de 2009 artículo 2.
Artículo 7 Participación Democrática. El Consejo Electoral de la Universidad de la
Amazonia establecerá las formas y procedimientos requeridos para que cada
convocatoria de elección garantice la participación democrática de los
estamentos de conformidad con las normas vigentes.
Artículo 9 Difusión. Para garantizar la transparencia de los procesos democráticos en la
elección de los representantes que se convocan, la convocatoria respectiva, se
publicará y divulgará a través de la página web y la Emisora de la Universidad.
85. Precisado el anterior marco normativo, en punto del proceso electoral
cuestionado en esta oportunidad, se tiene lo siguiente:
86. Con la Convocatoria No. 01 del 19 de marzo del 202132, el Consejo Electoral de
la Universidad de la Amazonia, solicitó al rector de dicha institución “(…) convocar a la
Asamblea de Representantes del Sector Productivo”, con el fin de proceder con la elección
del dignatario de dicho estamento ante el consejo superior universitario. Dispuso, para
dichos efectos, el siguiente cronograma:
31
Obrante a folio 90 de los anexos de la demanda.
32
Obrante a folio 49 de los anexos de la demanda.
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87. El artículo 2º del referido acto de convocatoria indicó que las inscripciones de las
ternas se realizarían en los días hábiles del plazo otorgado para el efecto, fijando como
lugar para ello, las dependencias de la secretaría general de la universidad. Sobre el
proceso de inscripción, se indicó en el parágrafo segundo de la misma norma lo
siguiente:
71. En cuanto hace al procedimiento de elección, se fijó:
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88. Entre otros aspectos importantes, se indicó que (i) el lugar y la fecha de elección
serían el auditorio Ángel Cuniberti de la sede Porvenir de la Universidad de la
Amazonia, el 28 de mayo del 2021, (ii) que los electores serían los integrantes de las
ternas debidamente inscritas y habilitadas por el Comité Electoral, (iii) la obligación de
levantar un acta del desarrollo de la asamblea electoral, y (iv) la relativa a la publicidad
del proceso, en los siguientes términos:
89. Con fundamento en lo anterior, mediante la Resolución No. 0520 del 19 de
marzo del 202133, el entonces rector encargado de la Universidad de la Amazonia
dispuso:
90. De lo dicho en precedencia, se puede concluir entonces:
91. En primer lugar, en virtud del principio democrático, en la forma que
autónomamente establezcan las universidades públicas para la designación de sus
autoridades internas, se debe garantizar en todo momento la efectiva participación de
los estamentos interesados, siendo claro que lo anterior, debe atender el carácter
universal y expansivo de la democracia.
92. De otra parte, en punto de la elección del representante del sector productivo
ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, se tiene entonces que
desde el Estatuto General, pasando por la norma electoral y las disposiciones
especiales para la integración de los representantes ante dicho cuerpo colegiado, se
cuenta con un procedimiento específico que parte de fijar (i) las condiciones de los
candidatos, (ii) la forma de postulación a través de ternas presentadas por los
integrantes del estamento y los criterios para su inscripción, (iii) la facultad electoral,
que se deriva de la habilitación previa por parte del Comité Electoral de dichas ternas, y
33
Obrante a folio 47 de los anexos de la demanda.
23
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(iv) el proceso a desarrollar, el cual será a través de una asamblea electoral; entre otros
aspectos logísticos.
93. De lo dicho, la Sala considera procedente resaltar, que se trata de un proceso de
elección indirecta, en el que, si bien se realiza una convocatoria “a los sectores
productivos reconocidos legalmente”, lo cierto es que previamente se realiza un proceso
de inscripción de ternas enviadas por quienes pertenecen a dicho estamento, las cuales
son verificadas posteriormente por el Consejo Electoral, para determinar que cumplen
con los requisitos correspondientes y así se habiliten para ejercer el derecho de
postulación y voto en la asamblea electoral.
94. Precisado lo anterior, procede la Sala entonces a dar respuesta a los cargos de
nulidad elevados con la demanda.
2.3.2. Infracción de norma superior
95. Frente a cada uno de los argumentos que sustentan este cargo de nulidad, la
Sala considera lo siguiente:
96. Primer argumento: la demandante alega un desconocimiento del artículo 29
constitucional, así como de lo dispuesto en el literal h) del artículo 24 del Estatuto
Superior de la Universidad de la Amazonía34 y de los principios de los procesos
electorales que se adelantan al interior de dicha institución, fijados en el artículo 2º de
los Acuerdos 031 del 2010 y 032 del 2009, que se refieren a la igualdad35, capacidad
electoral36, publicidad37, objetividad38 y legalidad39, toda vez que, al haberse señalado
que la inscripción de las ternas se efectuaría de manera presencial en la Secretaría
General, así como que la votación se llevaría cabo en la sede de la ciudad de Florencia
(Caquetá), se limitó la participación en doble vía de los integrantes del sector
productivo ubicados en los demás departamentos en donde se presta el servicio
educativo.
34
Artículo 24. Modificado parcialmente por el artículo 30 de 14 de diciembre de 2015 del Consejo Superior Universitario. El Consejo
Superior Universitario es el máximo órgano de dirección de la Universidad de la Amazonia. Estará integrado por: (…) h) Un
representante del sector productivo, quien deberá: Ser un profesional Universitario; No estar incurso en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad que establece la ley; Ser elegido por los representantes nombrados en cada departamento donde tenga
presencia la Universidad, en Asamblea de los integrantes de las ternas presentadas por los respectivos sectores de la
producción reconocidos legalmente, previa convocatoria pública del Rector.
35
Principio de Igualdad. Se garantiza a todos los miembros de la comunidad universitaria la igualdad electoral, por lo tanto, gozan
de todos los derechos electorales consagrados en la Constitución Política, las leyes, los estatutos y reglamentos de la Universidad
de la Amazonia. Cada elector tiene el derecho a depositar un solo voto por cada uno de los organismos a los que son convocados.
36
Principio de la Capacidad Electoral. Toda persona que haga parte de la comunidad universitaria puede elegir y ser elegido
mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. Las causales de inhabilidad y de incompatibilidad se interpretarán
restrictivamente.
37
Principio de la Publicidad. Las convocatorias a elecciones, los registros y listados de electores, las inscripciones, el conteo de
votos, los escrutinios, los resultados electorales no serán de ninguna manera secretos; todos ellos serán públicos y objeto de amplia
difusión.
38
Principio de Objetividad: Las decisiones tomadas por las autoridades electorales de la institución, deberán asegurar y garantizar
los derechos de toda la comunidad académica sin discriminación alguna, mediante la igualdad de trato y el respeto al orden en que
actúan.
39
Principio de Legalidad: Los actos derivados de las autoridades electorales de la Universidad de la Amazonia deberán regirse por
los estatutos internos de esta institución”.
24
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sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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97. Bajo el mismo criterio, solicitó que se inaplique por inconstitucional el artículo 16
del Estatuto Electoral y el punto 2 de la Convocatoria 001 del 20201, al ser contrarios a
los artículos 4, 13, 29, 40, 41 y 69 de la Constitución Política, así como lo consagrado
en el artículo 24, literal h) del Acuerdo 062 del 2002.
98. Por su parte, la demandada y el representante de la Universidad de la Amazonia,
al igual que el Ministerio Público, consideraron que todo el proceso de elección del
representante del sector productivo atendió las normas adoptadas a nivel interno por la
institución, señalando incluso que la misma normatividad no consagra la obligación de
garantizar la inscripción y votación en todas las sedes en las que se desarrollan
actividades, e incluso, que la convocatoria fue debidamente publicada, por lo que
resulta del interés de los aspirantes presentar su postulación bajo los criterios allí
determinados. De otra parte, alegaron que la excepción de inconstitucionalidad carece
de la carga argumentativa necesaria para poder ser declarada.
De la infracción del artículo 24, literal h) del Estatuto Superior
99. En primer lugar, a efectos de resolver lo anterior, se considera pertinente traer a
colación el contenido de la norma del Estatuto Superior presuntamente desconocida
durante el proceso que culminó con el acto electoral acá cuestionado. La misma
dispone, que el Consejo Superior estará integrado por un representante del sector
productivo, quien deberá: i) ser profesional universitario, ii) no estas incurso en causales
de inhabilidad e incompatibilidad y, iii) ser elegido por los representantes nombrados
en cada departamento donde tenga presencia la Universidad en Asamblea de los
integrantes de las ternas presentadas por los respectivos sectores de la producción
reconocidos legalmente, previa convocatoria pública del rector.
100. Del tenor literal de la disposición citada, se puede concluir que la misma
consagra (i) por un lado, requisitos de orden subjetivo respecto de quien aspira a
ocupar la posición de representante del sector productivo ante el Consejo Superior de
UNIAMAZONIA y (ii) establece quién tiene la competencia para llevar a cabo la elección
de aquel. Así las cosas, en un primer momento, se tiene que la norma del Estatuto
General de la mencionada institución educativa guarda silencio respecto de condiciones
adicionales para tener en cuenta en el proceso de elección, como lo serían, entre otras,
lo relacionado al proceso de inscripción de las ternas de los interesados y el lugar en el
cual debe llevarse a cabo el certamen democrático.
101. Por otro lado, al interior del expediente, por documentación aportada por la
misma demandante y en las respectivas contestaciones al escrito inicial, se comprobó
que los artículos 6, 16 y 21 del Estatuto Electoral -Acuerdo 032 del 2009- disponen de
manera expresa que (i) la inscripción de candidatos se realizará personalmente en la
Secretaría General de la Universidad, dentro de los plazos definidos en la convocatoria
que para el proceso electoral se expida; y (ii) las votaciones se adelantarán el día, lugar
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y hora determinados en la respectiva resolución de convocatoria, la cual en este caso
fue en el campus de la Universidad de la Amazonia, el 28 de mayo de 2021.
102. Por ello, en principio, el desplegar de la Universidad de la Amazonia en el
proceso electoral acá cuestionado atendió las disposiciones internas que en la materia
rigen la integración del Consejo Superior Universitario de dicha institución, pues el acto
que desarrolló las reglas de la elección, concretado en la Convocatoria No. 001 del 19
de marzo del 2021, dispuso (i) en el artículo 2º que la inscripción se llevaría a cabo, de
manera personal, en las instalaciones de la secretaría general y (ii) se consagró que la
reunión de la asamblea electoral se realizaría en el auditorio del campus ubicado en la
ciudad de Florencia, ambas reglas del proceso electoral que se ajustan a lo regulado en
el Estatuto Electoral.
103. Por lo dicho, de una confrontación entre los actos dictados y la norma, en una
conclusión preliminar, se puede considerar que UNIAMAZONIA precedió de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Electoral, en cuanto a permitir la inscripción
de manera presencial en la Secretaría General y no en las diferentes sedes en donde
dicha institución presta el servicio público de educación superior, lo cual se extendió a
la votación en la asamblea de elección del representante del sector productivo,
celebrada únicamente en Florencia.
De la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte demandante.
104. El artículo 4º de la Constitución Política, consagra el principio de supremacía del
texto constitucional, bajo el aforismo de la “norma de normas”, fijando a su vez una
consecuencia práctica del mismo: en todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones de la primera.
105. El anterior presupuesto, es el fundamento de la denominada excepción de
inconstitucionalidad, la cual ha sido definida por la jurisprudencia como “(…) una facultad
o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que
ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en
tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten
una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas
constitucionales”40 (Énfasis de la Sala)
106. Lo expuesto es el reflejo de la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad como nota característica de nuestro ordenamiento jurídico, pues, por
un lado, se tiene la posibilidad de que por la vía de acción o del carácter automático
establecido por el constituyente, se realice un control abstracto de las normas por parte
de la Corte Constitucional, con efecto erga omnes y de cosa juzgada -en los términos
del artículo 243 Superior-. Pero a su vez, es viable que con efectos inter partes y en
40
Corte Constitucional. Sentencia SU-132 del 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. Reiterando criterios de la providencia T-389 de
2009.
26
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casos concretos, los operadores realicen este control por vía de excepción, siendo esta
última posibilidad en la que se enmarca el instrumento estudiado en este acápite.
107. Así mismo, decisiones del tribunal constitucional han establecido que, adicional a
buscar la garantía de la supremacía del texto constitucional, y en últimas, la vigencia del
Estado Social y Democrático de Derecho allí consagrado, se quiere lograr con esta
institución la protección de derechos y garantías fundamentales41.
108. Esta Sala se ha pronunciado sobre la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad en el medio de control de nulidad electoral42. Al respecto, se indicó
que en procesos de esta naturaleza se estudia la legalidad objetiva de los actos de
elección, nombramiento o llamamiento. En dicho marco de acción, el juez contencioso
realiza una confrontación acto/norma a efectos de determinar la validez de las
decisiones adoptadas en el ejercicio de una función electoral, que puede ser afectada
por las circunstancias que derivan en su nulidad.
109. Bajo esta premisa, es razonable concluir que la labor del juez también se enfoca
en la aplicación directa de la Constitución, la cual constituye un parámetro de
validez de las actuaciones de los poderes públicos -entre ellos, las autoridades
electorales- y que por mandato del artículo 4º Superior, es norma de normas. Así
las cosas, la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad en procesos judiciales
en los que se discute la legalidad de los actos electorales se deriva de la posibilidad,
incluso oficiosa, que se radica en cabeza del operador judicial, de buscar en todo
momento la garantía del poder normativo de la Constitución cuando se observe una
discordancia entre esta y normas de inferior jerarquía.
110. Concluir lo contrario cercenaría de forma considerable el alcance de este
mecanismo, que, como se expuso, se deriva directamente del artículo 4º constitucional
e impediría que el juez electoral, ante una evidente contradicción entre normas de
inferior rango -leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, entre otros- y la Constitución
Política de 1991, pueda acudir a dicho control difuso a efectos de garantizar la
supremacía de este último cuerpo normativo.
111. Precisado lo anterior, la Sala entiende que la demandante se centra en señalar
que, en aplicación de las normas del Estatuto Electoral y de la Convocatoria No. 001 del
2021, se presentó una limitación al derecho de participación democrática efectiva a
los integrantes del sector productivo ubicados en otros departamentos donde la
institución presta sus servicios educativos, aspecto que incluso consideró contrario
a la Constitución Política - artículos 13, 29, 40, 41 y 69-, por lo que solicitó que dichas
disposiciones jurídicas internas de UNIAMAZONIA fueran inaplicadas en uso de la
excepción de inconstitucionalidad.
41
Ídem.
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de julio del 2021. Radicación 85001-
23-33-000-2020-00007-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.
27
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112. La Sala quiere detener su atención sobre este último punto, a efectos de
determinar si, en efecto, puede señalarse que la decisión de dar aplicación a las
normas referidas conllevó a que se presentara una barrera que afectó los derechos del
estamento elector.
113. Como fue expuesto en el marco teórico de esta providencia, el principio
democrático deviene en un pilar fundamental del ejercicio de la autonomía universitaria
que se predica de las instituciones de educación superior. Bajo dicho criterio, resulta
necesario que en el procedimiento de determinación de su autogobierno y en la
designación, nombramiento o elección de sus propias autoridades, se garantice de
manera amplia la participación de los diversos estamentos -internos y externos- que
cuentan con un interés en el desarrollo de las funciones y la vida institucional de estas
entidades.
114. Otro aspecto que resulta importante sobre este particular, es señalar que la
inclusión del principio democrático, como fundante, esencial y determinante en la
estructura constitucional colombiana, “no se reduce únicamente a un nuevo modelo de
adopción de decisiones, sino que implica la redefinición de las dinámicas de comportamiento
social y político, fundado axialmente en el pluralismo, la tolerancia, la protección de los
derechos y de las libertades y en la responsabilidad de los ciudadanos en la determinación del
destino colectivo”43(énfasis de la Sala), por lo que, ante ello, se considera que el ciudadano
adquiere un nuevo papel, en tanto se le otorga el derecho de participar en los procesos
decisorios políticos que le afectan o respecto de los cuales se predica un interés.
115. Conforme a lo dicho, los derechos derivados de la participación democrática
tienen la naturaleza de fundamentales, debido a que representan la formulación de los
mecanismos de toma de decisiones, en los que el ciudadano adquiere un papel
trascendental de injerencia en los asuntos que le afectan, y además, exige de las
autoridades la asunción de compromisos tendientes a su efectivización constante
en el marco de las nuevas relaciones con las personas que hacen parte de la
comunidad, no solo para garantizar su carácter expansivo, sino también para
asegurar su vigencia44.
116. Como punto de partida, la Sala observa que se presenta una antinomia -
contradicción o contraposición- entre diversas disposiciones internas de la Universidad
de la Amazonia.
117. Por un lado, como fue precisado, se tiene que el Estatuto General dispone que el
representante del sector productivo “deberá” ser elegido por representantes
nombrados en cada departamento en donde tenga presencia la universidad, mas, sin
embargo, por otro lado, normas del estatuto electoral disponen que la inscripción, que
en el presente caso es el punto de inicio del proceso democrático, pues de este
43
Sentencia C-180 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara. Reiterado en SU-115 de 2019.
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SU-115 de 2019.
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sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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depende la conformación de ternas habilitadas para postular candidatos en la asamblea
electoral y sufragar en la misma, debe realizarse de manera “personal”, y por
consiguiente, presencial en la secretaría general, ubicada en el municipio de
Florencia.
118. De otra parte, se cuenta con una serie de principios orientadores de la función
electoral, consagrados en el Estatuto Electoral, dentro de los cuales es procedente
resaltar lo referente a la igualdad y capacidad electoral, los cuales disponen:
“Principio de Igualdad. Se garantiza a todos los miembros de la comunidad universitaria
la igualdad electoral, por lo tanto, gozan de todos los derechos electorales
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los estatutos y reglamentos de
la Universidad de la Amazonia. Cada elector tiene el derecho a depositar un solo voto
por cada uno de los organismos a los que son convocados. (…)
Principio de la Capacidad Electoral. Toda persona que haga parte de la comunidad
universitaria puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le
limite su derecho. Las causales de inhabilidad y de incompatibilidad se interpretarán
restrictivamente.”
119. A lo anterior, se suma el contenido y alcance del principio democrático, y su
aplicación al ejercicio de la autonomía universitaria, descritos con suficiencia en el
presente fallo, en los párrafos que preceden.
120. A juicio de esta Sección, la referida contraposición entre normas y principios
debe ser resuelta a favor de una interpretación que permita el mayor alcance de los
derechos de participación política involucrados en el presente asunto. Veamos:
121. Debe señalarse que la norma del Estatuto Superior de la Universidad de la
Amazonia -literal h) del artículo 24-, indica de forma imperativa, que el representante del
sector productivo “deberá” ser elegido por representantes nombrados en cada
departamento en donde tenga presencia.
122. Esta forma gramatical, implica una condición que para esta judicatura es
importante: la misma propende por garantizar los derechos políticos que se predican de
los integrantes de este estamento, especialmente cuando, como sucede en el caso
concreto, UNIAMAZONIA desarrolla actividades en distintas municipalidades, al buscar
que en todas ellas sean nombrados los representantes que participarán en la asamblea
electoral.
123. Frente a este último punto, se tiene al interior del plenario45 certificación del 29
de marzo del 2022, suscrita por el director de Aseguramiento de la Calidad de la
Universidad de la Amazonía, respecto de las sedes con las que cuenta la Universidad
de la Amazonía, en los siguientes términos:
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Samai. Actuación No. 43
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124. Así las cosas, aunque la Sala entiende que algunas normas del Estatuto
Electoral disponen de manera expresa que en los procesos electorales internos, la
inscripción de candidatos se realizará de manera personal en las instalaciones de la
Secretaría General de UNIAMAZONIA, lo cierto es que en punto de la elección del
representante del sector productivo, el cual “deberá” ser elegido por representantes
nombrados en cada departamento, dicha condición requiere ser analizada en el
contexto de la garantía de la participación efectiva de aquellos que conforman dicho
estamento.
125. Al respecto, resulta fundamental resaltar que la característica principal del
proceso de elección es que el mismo se lleva a cabo de manera indirecta, lo que
permite concluir que de manera previa no existe un censo electoral que determine
quiénes se encuentran habilitados para participar en la asamblea de elección, pues lo
cierto es que este se conforma a partir de la postulación de ternas por parte
quienes se encuentren interesados en participar las cuales posteriormente se
habilitan por el Comité Electoral. Esta situación hace aún más relevante que de
manera efectiva se garantice la posibilidad de participación en todos los departamentos
en donde se cuente con presencia institucional, a fin de garantizar el mandado
imperativo –“deberá”- del literal h) artículo 24 del Estatuto General.
126. Por ello, para la Sala es procedente señalar, que al no haberse dispuesto un
mecanismo que permitiera hacer efectivo lo anterior y de esta manera, garantizar que
los representantes en cada departamento o municipio pudieran inscribir sus ternas en la
sede respectiva y sufragar en ella, la decisión de dar aplicación a las normas del
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Estatuto Electoral, aunque válida desde el punto de vista formal, conlleva a la creación
de barreras que resultan en la afectación de garantías de orden fundamental respecto
de quienes se predica la facultad electoral en el presente caso.
127. En este punto, la Sala resalta, que hace parte de la legalidad del acto de
elección, no solamente el atender de manera irrestricta las normas o los procedimientos
que regulan un determinado certamen democrático, sino que también en la misma
influyen las garantías efectivas que la autoridad electoral correspondiente, otorga para
que todos aquellos respecto de los que se predica la capacidad de elección pueda
efectivamente participar, bien sea postulando sus aspiraciones y/o depositando el
correspondiente sufragio.
128. Lo anterior se acentúa aún más, si se considera que la creación de cada sede de
UNIAMAZONIA implica contar con un mínimo de presencia institucional para el
desarrollo de la función educativa que le asiste, por lo que no se observa por parte de
esta judicatura y tampoco fue expuesto en los argumentos de defensa correspondientes
impedimento alguno frente a la posibilidad de garantizar que en dichos lugares se
pudiera llevar a cabo el proceso de inscripción y votación, en los cuales cuenta con
recursos físicos y humanos.
129. Ahora, si bien es cierto, en el expediente obra constancia de fecha 23 de
noviembre de 2021, suscrita por la funcionaria Paola Andrea Torres Pena de la Oficina
de Gestión de Información y Comunicaciones, en la que se pone de presente el enlace
en el cual se publicó, tanto en el Sistema de Información Normativa como en la web
oficial de la Universidad de la Amazonía, el acto de convocatoria46, también lo es que
dicha situación no resulta suficiente, para facilitar la participación de los interesados en
todos los municipios en donde existen sedes. En efecto, aunque los destinatarios
conocieron de las reglas allí fijadas, ello no permite superar la barrera que se genera el
requerir que los interesados tengan que desplazarse -de la ciudad de Leticia
(Amazonas), al municipio de Florencia (Caquetá), por ejemplo- para realizar la
inscripción de la terna correspondiente y de esta manera ser habilitados para votar.
130. Más aún si se tiene en cuenta la geografía donde están las demás sedes, esto
es, Leticia y San Vicente del Caguán, localidades que no se encuentran cercanas y que
implica para los interesados un desplazamiento que podría desestimular la participación
del sector productivo en el proceso de selección, en tanto, se debe desplazar en
múltiples ocasiones fuera de su lugar de residencia o donde tiene su ejercicio
económico, so pretexto de elegir a su representante.
131. Ello es así, toda vez que para inscribir el candidato, éste debe ir personalmente a
la sede de Florencia y, de forma posterior, para el proceso de votación, aspecto que no
tiene en cuenta las condiciones de desplazamientos, tiempos y recursos que se deben
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Obrante en la actuación No. 13 del Sistema SAMAI.
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implementar por quienes quieren participar, los cuales en una ponderación generan
barreras para la participación del mencionado sector.
132. En otras palabras, si bien se encuentra acreditado el cumplimiento de un
requisito de publicidad con la divulgación de la convocatoria, también es cierto que no
se observa que existan mecanismos efectivos que permitan garantizar que todos los
interesados, integrantes del sector productivo, ubicados en otros departamentos, hayan
contado con la posibilidad real y efectiva de presentar sus postulaciones y, como
consecuencia de ello, ejercer el derecho al sufragio.
133. En este punto, resulta pertinente efectuar un pronunciamiento respecto de los
argumentos de defensa expuestos por la demandada y el apoderado de
UNIAMAZONIA.
134. Frente al primero de ellos, relativo a que los integrantes del sector productivo no
hacen parte de la comunidad universitaria, y que por consiguiente no se puede predicar
la vulneración de derechos a favor de aquellos, se considera que, si bien el artículo 35
del Estatuto General señala que la “comunidad universitaria” está integrada por los
administrativos, profesores, estudiantes, egresados y pensionados, lo cierto es que
desde la Ley 30 de 1992 (art. 64, literal d) se dispuso que el sector productivo hace
parte de los estamentos externos que tienen un asiento en el consejo superior
universitario, cómo máximo órgano de dirección y gobierno.
135. Conforme a esto último, resulta irrelevante si el Estatuto General le otorga dicha
condición al sector productivo, pues es claro que a nivel legal existe un criterio que
considera que aquel debe hacer parte del autogobierno de las instituciones de
educación superior, lo que se acompasa con las importantes funciones que desarrollan
estas últimas en la generación de conocimiento y el impacto que este tiene frente al
desarrollo económico de las regiones donde ejercen su función47.
136. Ante dicha circunstancia, es indiferente la categoría que se otorgue a nivel
interno al sector productivo, pues lo cierto es que, al estar consagrada su participación
en el consejo superior universitario desde la ley que regula el funcionamiento de la
educación superior pública, la elección de aquel deberá garantizar en toda medida el
principio democrático, en su contenido y alcance ya descritos en esta providencia.
137. Así mismo, se resalta lo señalado en párrafos precedentes, en donde se indicó
que la universidad debe llevar a cabo un pacto social externo entre la sociedad en
general y la comunidad universitaria48, el cual encuentra una garantía en la participación
en los órganos directivos de aquellos sectores que si bien no hacen parte de las
dinámicas propias de la institución educativa -como lo serían los estudiantes o los
47
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia C-220 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
48
Ver supra, párrafo 66.
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docentes-, se predica de ellos un interés en los destinos de la educación superior de
carácter público.
138. De otra parte, ante el argumento que busca señalar que los conceptos de
campus y sedes son diferentes, y que, por lo tanto, al haberse dispuesto que la elección
se llevará en el “campus” resultaba acertado que la asamblea se hubiere celebrado en
el auditorio de la ciudad de Florencia (Caquetá), la Sala considera que, para efectos de
la garantía de los derechos políticos, aquella distinción es irrelevante.
139. Si bien es cierto que el Acuerdo 02 del 2020, expedido por el Consejo Nacional
de Educación Superior, dispone que las “sedes” refieren únicamente a las edificaciones
donde se desarrollan las labores formativas, mientras que el “campus” incluye también
la estructura administrativa, académica y el modelo de bienestar, ello en el sub lite no
tiene un efecto distinto al de diferenciar una estructura organizacional correspondiente,
toda vez que la elección del dignatario por el sector productivo debe llevarse a cabo por
“los representantes nombrados en cada departamento donde tenga presencia la Universidad”,
por lo que bien sea a través de un campus o una sede, lo cierto es que, si en un lugar
determinado se desarrolla la actividad educativa por parte de UNIAMAZONIA, allí se
tiene “presencia” y por lo tanto, potenciales electores respecto de los cuales es
necesario garantizar su participación política.
140. Conforme a todo lo dicho, se concluye por esta judicatura, que aunque la
Universidad de la Amazonía, por intermedio de sus autoridades electorales, dio
aplicación a normas de orden interno que permiten que la inscripción se realice en la
secretaría general y que la elección se lleve a cabo en el campus de la institución, lo
cierto es que dicha determinación, en el caso particular y concreto de la elección bajo
estudio, conllevó a que se presentara una barrera que impidió la efectiva participación
de los integrantes del sector productivo ubicados en otros departamentos donde se
presta el servicio público de educación superior.
141. No sobra indicar que al interior del expediente obra constancia del acta de cierre
de inscripciones de la Convocatoria Electoral 001 de 2021 de fecha 23 de abril del
202149, de donde se puede concluir que solamente se presentaron integrantes del
sector productivo ubicados en el departamento del Caquetá. De la relación de
postulados se observa que se inscribieron los siguientes: (i) Cooperativa de Caficultores
del Caquetá; (ii) Asociación de Productores de Flores y Follajes Amazónicas del
Caquetá; (ii) Asociación de Acuicultores del Caquetá; (iv) Asociación de Productores de
Hongos Comestibles del Caquetá; (v) Asociación de Prosumidores Agroecológicos -
Agrosolidaria -Seccional Florencia; (vi) Asociación de Fruticultores Ecológicos del
Caquetá; (vii) Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá;
(viii) Asociación de Porcicultores del Caquetá; (ix) Asociación Departamental de
Productores de Cacao y Especies Maderables del Caquetá; (x) Asociación de
49
Obrante a folio 54 de los anexos de la demanda, así como fue presentado por la demandada en su escrito de contestación.
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Cultivadores Agroforestales de Sacha Inchi del Caquetá; (xi) Asociación de Arroceros y
Cerealistas de Puerto Rico – Caquetá; (xii) Asociación de Productores y
Comercializadores de Bananito de San José del Fragua; (xiii) Asociación de Apicultores
y Productores de Miel del departamento del Caquetá; (xiv) Asociación de Avicultores del
Caquetá y (xv) Asociación Municipal de Ganaderos de El Doncello – Caquetá.
142. De otra parte, en la actuación, obran elementos de convicción adicionales que
permiten identificar, el potencial de integrantes del sector productivo que, en condición
de tales, podía haber participado del proceso de elección del representante de dicho
estamento ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA, por fuera del municipio de
Florencia e incluso, más allá del departamento de Caquetá. Para este análisis, la Sala
entiende que se demostró que dicha institución educativa, para la fecha de la elección
aquí cuestionada, contaba con sedes, en las ciudades de Leticia y de San Vicente del
Caguán, mas no así en el departamento del Huila, tal como obra en el certificado que
fue relacionado en el párrafo 122 de esta providencia.
143. Precisado lo anterior, se tiene lo siguiente:
144. En certificación del 4 de abril del 2022, visible en la actuación 48 del sistema
SAMAI, el presidente de la Cámara de Comercio de Florencia indicó lo siguiente:
145. De la revisión de la base de datos adjunta al documento antes señalado, se tiene
que el mencionado ente registral, reporta que la municipalidad de San Vicente del
Caguán cuenta con un total de 78 integrantes del sector productivo.
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146. De otra parte, en la actuación No. 59 del sistema SAMAI, obra certificación de
fecha 25 de abril del corriente año, allegada por el presidente de la Cámara de
Comercio del Amazonas, en los siguientes términos:
147. De la revisión de la base de datos adjunta a dicho documento, se tiene que, en la
ciudad de Leticia, se reporta un total de 36 integrantes del sector productivo50.
148. Así las cosas, de lo probado en el expediente, se concluye que al menos en las
sedes de Leticia (Amazonas) y de San Vicente del Caguán (Caquetá), se contaba con
un total de 114 comerciantes como integrantes del sector productivo, con la posibilidad
de inscribir ternas y postular candidatos, con la consecuente derecho al voto sobre las
opciones en contienda, de lo cual se puede tiene que existía la posibilidad de una
participación mayor a las 40 personas51 que efectivamente fueron habilitadas por el
Comité Electoral de UNIAMAZONIA y participaron en la asamblea de elección.
149. Bajo estas consideraciones, la Sala concluye, en aplicación de un criterio de
interpretación que garantice de manera efectiva los derechos políticos y permita la
50
Es de resaltar, que conforme obra en la certificación enviada por el presidente de la Cámara de Comercio del Amazonas, la base
datos enviada incluye “a las personas inscritas en esta Cámara”. Por ello, de la revisión de esta, se observa que se incluyen
comerciantes que no pertenecen al sector productivo. Así las cosas, y con el fin de obtener la información que resulta pertinentes
para el caso bajo estudio, filtrar la información reportada por (i) ubicación y (ii) actividades reportadas bajo la clasificación CIIU-4
que se relacionen con el sector productivo, por ejemplo, actividades agropecuarias, acuicultura, explotación mixta, entre otros.
51
Ver registro de asistentes a la asamblea electoral, relacionado en la consideración No. 175 de esta providencia.
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vigencia del principio democrático en su aspecto universal y expansivo que en efecto, al
haberse determinado por parte de las autoridades electorales internas de la Universidad
de la Amazonia que la inscripción de las ternas se llevaría a cabo de manera presencial
en la ciudad de Florencia, ello conllevó a una limitación de los derechos de participación
política que se predican de aquellos que componen el sector productivo localizados en
otros departamentos en donde la institución educativa desarrolla sus actividades.
150. Esta circunstancia, en punto del debate sometido a consideración de esta
judicatura, permite señalar que, si bien es cierto dichas determinaciones se adoptaron
de conformidad con lo señalado en el Estatuto Electoral, específicamente, lo dispuesto
en el artículo 16 de aquel, esto implica un desconocimiento de las garantías
establecidas en el artículo 40 constitucional -derecho a elegir y ser elegido-, en
consonancia con el principio democrático y las finalidades del Estado, dispuestos en el
artículo 1º y 2º del texto fundamental, en una clara infracción de norma superior, así
como de los principios que rigen la función electoral en UNIAMAZONIA, respecto de los
integrantes del sector productivo ubicados en otros departamentos donde la institución
educativa cuenta con sedes.
151. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que entonces es procedente
acceder a la excepción de inconstitucionalidad, al observarse que el trámite electoral
adelantado y que culminó con el acto de elección aquí demandado, conllevó a una
vulneración de garantías de orden fundamental, lo que permite inaplicar el (i) el artículo
16 del Acuerdo 032 de 2009 por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad
de la Amazonia expidió su Estatuto Electoral y (ii) el punto segundo de la parte
resolutiva de la Convocatoria No. 001 de 2021 por la cual el Consejo Electoral de la
citada Institución de Educación Superior, estableció el procedimiento para llevar a cabo
la elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior de
UNIAMAZONIA.
152. Bajo esta consideración, se tiene que dicha situación configura una irregularidad
al interior del trámite electoral, que extiende sus efectos frente al acto de elección de la
señora Nayla Milena Imbachi Moreno, toda vez que, desde sus inicios, se presentaron
barreras de acceso respecto del estamento con la capacidad electoral para participar y
adoptar la decisión correspondiente.
153. Esta circunstancia afecta el núcleo esencial del principio democrático -arts. 1º y
2º del texto superior- y de los derechos consagrados en el artículo 40 constitucional -de
participación en conformación ejercicio y control del poder público, mediante la
posibilidad de elegir y ser elegidos-, toda vez que la regulación de la convocatoria, no
garantizó la vigencia efectiva de los derechos políticos de los integrantes del sector
productivo, al limitar el proceso de inscripción de ternas en la ciudad de Florencia, lo
que desconoce que en otros departamentos o municipios, como el Amazonas, se
contaba con presencia de la Universidad, lo que obligaba a permitir la postulación de
quienes allí se encontraran y no imponer cargas -como traslados físicos- que no
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resultan razonables ni proporcionales ante la existencia de sedes que pueden adelantar
el trámite correspondiente.
154. Es de señalar que esta Sección, en punto de elecciones de naturaleza diferente
específicamente, personeros municipales, ya ha identificado que la limitación
irrazonable de la libre concurrencia en procesos electorales tiene una incidencia
relevante y suficiente para afectar el acto de elección finalmente adoptado. En dicha
oportunidad52, la Sala consideró de forma unánime, que los derechos políticos a elegir y
ser elegido, sólo pueden ser limitados por decisiones razonables, proporcionales y
necesarias a los fines que persiguen, entendiéndose que la restricción en el acceso a
un proceso electoral, sin una justificación que atienda dichos criterios, desconoce de
manera abierta el principio democrático, el derecho de acceso a cargos públicos y la
igualdad de oportunidades en la conformación y ejercicio del poder.
155. Aterrizando lo anterior al caso concreto, si bien la determinación de las
autoridades electorales de buscar la presencialidad en los trámites inscripción y
votación en el trámite aquí cuestionado, tiene una legalidad aparente en tanto se
fundamenta en normas del propio Estatuto Electoral, la misma consagra un requisito
que limita de forma desproporcionada e innecesaria los derechos políticos de los
integrantes del sector productivo ubicados en otros departamentos.
156. Ello considerando que, si bien es cierto es posible que para la institución
educativa sea más fácil llevar a cabo inscripciones y votaciones en una sola sede, a fin
de concentrar su actuación en un solo medio, lo cierto es que ante la existencia de
sedes físicas en otros departamentos, con una infraestructura mínima, así como la
posibilidad de utilizar tecnologías de la información y telecomunicaciones, el requisito
en comento, que tiene un efecto práctico de obligar a la movilización física de una
ciudad a otra, impone una carga excesiva para el ejercicio de un derecho político, que
de por sí, implica ya una restricción respecto de aquellos con el interés en participar.
157. Entendiendo que la finalidad perseguida por el proceso democrático es la
participación amplia del estamento con la competencia electoral, se puede señalar
entonces que el procedimiento fijado para inscripciones y votaciones, aunque legal en
apariencia, deviene en un mecanismo inadecuado para materializar dicha teleología, lo
que sumado a la falta de proporcionalidad señalada en el párrafo precedente, conlleva
a concluir de manera tajante la afectación directa a las garantías constitucionales de
orden político y participativo, que extiende sus efectos en la elección aquí cuestionada.
158. Por lo dicho, por este cargo, es procedente declarar la nulidad del acto electoral
contenido en el Acta de la Asamblea de Elección del 28 de mayo del 2021, en donde se
declaró la elección de la señora Nayla Milena Imbachi Murillo.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia dictada por importancia jurídica, de fecha 12 de agosto del
2021, radicación 11001-03-28-000-2021-00030-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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159. Finalmente, la Sala considera poner de presente que la interpretación efectuada
no resulta contraria al derecho de acceso a la función pública de la demandante, como
parece hacerlo entender su apoderada en el escrito de contestación a la demanda. En
efecto, aunque dicha garantía tiene el carácter de fundamental y constituye un pilar
fundamental del principio democrático, la misma está sujeta a las limitantes propias del
ejercicio democrático, entre ellas, la de garantizar la efectiva participación de quienes
tienen la competencia electoral. De otra parte, esta Sección, en sentencia de
unificación53, ha dispuesto:
“En esa tarea, lo lógico es que este juez esté llamado a resolver las tensiones que se
generan entre los valores y principios propios del sistema democrático y los derechos de
quien, en ejercicio de las reglas que fija ese sistema, resulta como titular de cierta
porción del poder estatal. Tensión que en el marco de las funciones asignadas a este
juez, no puede ser resuelta bajo la lógica de la prevalencia de los derechos del elegido,
en tanto ha de entenderse que, para que aquellos -los derechos del elegido- se
materialicen, necesariamente primero ha de lograrse la pervivencia del sistema
democrático pues, de no respetarse éste, la garantía y realización de aquellos se hace
imposible.
Dentro de esta lógica, antes que la realización del derecho subjetivo a ser elegido, el
juez de lo electoral está obligado, frente al ejercicio de la función electoral bien por parte
del pueblo mediante el sufragio o de los diversos órganos estatales que tienen asignada
dicha potestad, a hacer compatibles los principios en que se funda el Estado
democrático con todo el sistema de principios y valores constitucionales, en
donde su análisis no puede tener como fin último o único la prevalencia de los
derechos del elegido, en los que, seguramente para lograr la pervivencia y eficacia
del sistema democrático, estos pueden resultar limitados.
En ese orden de ideas, para la efectiva realización de la democracia, se requiere que,
con fundamento en los parámetros constitucionales, el Estado y los individuos cumplan y
observen sus presupuestos -entendidos como esos requisitos formales y materiales para
el acceso a un cargo o función pública que la norma fundamental ha fijado-, razón por la
que no es posible subordinar sus fundamentos a la realización exclusiva de los derechos
fundamentales del elegido, pues estos solo se pueden satisfacer cuando previamente se
han observado los supuestos para la realización de la democracia, entendida esta como
principio y valor fundante del Estado colombiano. Por ello es que no puede perderse
de vista que, el acto electoral antes que el derecho del elegido, es el derecho del
elector y que, por ende, en esta materia el principio pro homine opera a favor del
segundo y no del primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro
electoratem (electorado) o pro sufragium (electores).”
160. Por ello, lejos de constituir una afectación a los derechos subjetivos de la elegida,
o incluso presentar una interpretación extensiva, lo cierto es que la visión propuesta en
esta providencia propende por dotar de contenido al principio democrático y los
derechos políticos que se predican del estamento elector, como presupuesto
fundamental y esencial de la legitimidad de la elección llevada a cabo.
53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de junio del 2016. Radicación 11001-
03-28-000-2015-00051-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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161. Aunque esta situación resulta suficiente para acceder a las pretensiones de la
demanda, la Sala estudiará los demás cargos de nulidad propuestos.
162. En cuanto al segundo argumento que sustenta la infracción de norma superior,
esto es, lo relativo al desconocimiento del artículo 44 del Estatuto General, que
consagra la aplicación de los principios generales del derecho público en el régimen
jurídico de la Universidad de la Amazonia, la Sala considera:
163. Se indica por la demandante que se vulneran los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, toda vez que, en procesos electorales anteriores, se
garantizó la participación de las sedes ubicadas en otros departamentos diferentes al
Caquetá. Trajo a colación el contenido de la Circular 004 del 29 de septiembre del
2020, así como las Convocatorias 001 y 002 del 2020, en donde se vinculó a los
campus ubicados en otros entes territoriales.
164. Lo primero que se quiere resaltar, es que los actos administrativos a los que hizo
referencia la demandante en su escrito detallan procesos electorales que no
corresponden a la designación del representante del sector productivo ante el Consejo
Superior de UNIAMAZONIA. Lo anterior se comprueba con la misma documentación
aportada, la cual obra a folios 168 y siguientes de la demanda, y de la cual se puede
observar lo siguiente:
Circular No. 004 Informa que en sesión del 29 de septiembre del 2020, se aprobó
del 2020 reanudar gradualmente las convocatorias 01, 02 y 03 del 2020,
mediante las cuales se estableció el procedimiento para suplir vacantes,
respecto de la representación de los docentes, estudiantes y egresados.
Convocatoria 001 Convoca a la elección de los representantes de los docentes,
del 2020 estudiantes y egresados.
Convocatoria 002 Convocatoria para la elección del representante de los docentes.
del 2020
165. Así la cosas, para esta judicatura, no se cuenta con elementos que permitan
efectuar la comparación que se pretende por la parte actora, toda vez que es claro que,
para el efecto, se debió aportar documentación en la que se pusiera de presente el
trámite adelantado en otras oportunidades para elegir al representante del sector
productivo, y no, el correspondiente a los docentes, egresados y estudiantes.
166. Por lo tanto, este cargo no está llamado a prosperar.
167. El tercer argumento que sustenta la nulidad por infracción de norma superior,
esto es, el desconocimiento de la Resolución 549 del 2020, expedida por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, "Por la cual se modifica la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada
para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C. y se dictan otras disposiciones", en tanto no se vinculó a
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Demandada: Nayla Milena Imbachi Murillo – representante del
sector productivo ante el Consejo Superior de UNIAMAZONIA
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otros gremios y/o asociaciones que desarrollan las actividades que conforman la
estructura general del sector productivo y que se encuentra reglamentada en la citada
norma.
168. Lo anterior, por cuanto según su dicho, dentro de la postulación de las ternas
para la elección del representante del sector productivo, sólo acudieron entidades del
ramo agropecuario, sin que se hubiere vinculado a las cámaras de comercio de los
departamentos de Huila, Caquetá y Amazonas, así como a los demás comerciantes,
gremios, corporaciones o asociaciones de otros sectores económicos ubicados en los
departamentos donde tiene presencia la Universidad de la Amazonia.
169. Frente a ello, la Sala considera:
170. En primer lugar, de una revisión de la Resolución 549 del 202054, expedida por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, se observa que la misma
dispone:
“ARTÍCULO 1. Objeto. El presente acto administrativo tiene como objeto modificar el
documento denominado "Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C.", con el fin de incluir ajustes en su estructura
y notas explicativas como resultado de la operatividad de la clasificación, los cuales se
especifican en los artículos subsiguientes.
PARÁGRAFO: El documento que contiene los ajustes relacionados en la presente
Resolución se denomina "Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C. (2020)", se encuentra publicado en la página
Web del DANE www.dane.qov.co en el enlace Sistema Estadístico Nacional, y hace
parte integral del presente acto administrativo para todos sus efectos.”
171. Por ello, de su contenido, no se observa que la misma establezca de forma
directa la obligación que pretende derivar la demandante, esto es, que la convocatoria
adoptada al interior de UNIAMAZONIA, vinculara a todos los sectores productivos
regulados en la misma, pues esta se limita a disponer las modificaciones a la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas,
cuyo objetivo principal “es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan
utilizarse para la recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas
actividades.”55
172. De otra parte, si bien al interior del proceso obran sendas constancias allegadas
por los representantes legales de las Cámaras de Comercio del Huila56, Amazonas57 y
Caquetá58, en las que se indica que estas entidades no han sido vinculadas por parte
de la Universidad de la Amazonia a efectos de determinar la composición del sector
54
Obrante a folio 185 de los anexos de la demanda.
55
Documento del Departamento Administrativo de la Función Pública, aportado a folio 220 de la demanda.
56
Samai, actuación No .40.
57
Samai, actuación No. 56
58
Samai, actuación No. 49.
40
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productivo en dichos departamentos, se debe resaltar que no existe norma en los
estatutos internos de dicha institución que obligue a que se deba vincular a los referidos
órganos registrales de los lugares en los cuales aquella presta el servicio de educación
para tal finalidad.
173. Así mismo, no resulta procedente señalar que se debía vincular a cada sector
productivo, pues como se explicó en un acápite precedente, el proceso de elección es
indirecto, lo que implica que los integrantes de aquel, debidamente convocados, son los
que manifiestan su intención de participar, postulando ternas que posteriormente son
habilitadas para presentar candidatos y sufragar.
174. Por esta última razón, es que la Resolución 0520 del 19 de marzo del 2021,
señaló, de manera general:
175. Por lo dicho, el cargo en tal sentido no está llamado a prosperar.
2.3.3. Expedición irregular
176. Como fundamento de este cargo, la demandante señaló que el acto de elección
se había expedido en forma irregular, en tanto no se contaba con el registro de los
asistentes a la asamblea electoral, así como ante una presunta falta de difusión del acto
de convocatoria. Sobre este punto, la Sala reitera lo señalado en el auto del 2 de
diciembre del 2021, en atención a que, tras el debate probatorio efectuado al interior del
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proceso, no se cuentan con elementos adicionales que varíen la posición allí adoptada
en el siguiente sentido:
177. Con la demanda, se aportó el contenido del Acta del 28 de mayo de 2021, la cual
contiene el desarrollo de la asamblea de elección que culminó con el acto aquí
cuestionado. De la revisión de dicho documento, se tiene que la misma consagró el
siguiente registro de asistentes, invitados y ausentes:
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178. Considerando que la demandante señala en su escrito inicial que se incurrió en
un desconocimiento del principio de publicidad ante la ausencia del registro de votantes
asistentes a la reunión electoral, la Sala evidencia que el mencionado documento
electoral -acta de asamblea-, contiene el registro que la actora extraña según sus
consideraciones.
179. De otra parte, como se señaló en la consideración No. 109 de esta providencia,
existe constancia de la divulgación de todos los actos dictados al interior del proceso
electoral, tanto en la página Web como en el Sistema de Información Normativa de la
Universidad de la Amazonia, por lo que presunta falta de divulgación del acta de
convocatoria, como fundamento de la expedición irregular alegada, carece de
fundamento.
180. Por lo dicho, este cargo no está llamado a prosperar.
2.3.4. Desviación de poder
181. Sobre este punto, manifestó que el rector encargado, funcionario que efectuó la
Convocatoria 001 del 2021, incurrió en desviación de poder por cuanto:
(i) Convocó a sectores afines al ejercicio de su función como decano, ya que
habitualmente dirige la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
(ii) Excluyó a los demás gremios económicos, tanto del departamento de
Caquetá, como de aquellos en los cuales la universidad ofrece sus servicios
académicos.
(iii) No vinculó a las cámaras de comercio de los departamentos de Huila,
Caquetá y Amazonas, a efectos de proceder con la convocatoria a los
integrantes del sector productivo para la conformación de las ternas, incluso
en contravía del proceder del ente universitario en procesos eleccionarios
previos.
(iv) Infringió lo establecido en la Resolución 549 del 08 de mayo de 2020 " Por la
cual se modifica la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas adaptada para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C. y se dictan
otras disposiciones", teniendo en cuenta que, dentro del proceso electoral
efectuado, no se vinculó a los demás gremios y/o asociaciones que
desarrollan las actividades que conforman la Estructura General de la
clasificación en mención y que se encuentran taxativamente relacionadas
dentro de la citada norma.
182. Para esta Sección, los argumentos que sustentan la presunta desviación de
poder no encuentran soporte en los medios de convicción que se aportaron con la
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misma demanda, e incluso, frente a las normas que regulan el proceso de elección del
representante del sector productivo, en tanto ninguna de las anteriores permite
evidenciar que, en efecto, el rector encargado de la Universidad de la Amazonia adoptó
una decisión que sea contraria a la finalidad que se persigue con la función electoral.
183. En primer lugar, la Resolución 0520 del 19 de marzo del 2021, suscrita por el
rector encargado, como ya se ha puesto de presente con suficiencia en esta
providencia, estuvo dirigida a “los sectores productivos reconocidos legalmente”, por lo que
la apreciación efectuada en el sentido de señalar que el funcionario enfocó la misma a
los sectores agropecuarios, aprovechándose de su condición de decano de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias de UNIAMAZONIA, o que la misma excluyó sectores
económicos, carece de sustento y no dista de ser una apreciación subjetiva de la
demandante.
184. De otra parte, se reitera, no existe norma al interior de UNIAMAZONIA que
ordene la necesaria vinculación de las cámaras de comercio, razón por la cual, este
contenido obligacional no se puede exigir al funcionario y mucho menos considerar que
abstenerse de hacerlo constituya desviación de poder.
185. Finalmente, como se puso de presente en un acápite anterior, la Resolución 549
del 08 de mayo de 2020 no consagra un requisito específico para tener en cuenta en el
marco del proceso de elección del representante del sector productivo, sin que pueda
concluirse entonces la configuración del cargo de nulidad bajo estudio, de una
normativa que no vincula al rector al momento de iniciar la convocatoria
correspondiente.
186. Por lo dicho, se observa que la presunta desviación de poder alegada no cuenta
con el soporte probatorio y normativo correspondiente, razón suficiente para no declarar
su prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES (i) el artículo 16 del Acuerdo
032 de 2009, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia
expidió su Estatuto Electoral y (ii) el punto segundo de la parte resolutiva de la
Convocatoria No. 001 de 2021, por la cual el Consejo Electoral de la citada Institución
de Educación Superior, estableció el procedimiento para llevar a cabo la elección de
representante del sector productivo ante el Consejo Superior, en lo que hace referencia
al requerimiento de adelantar el proceso de inscripción de candidatos de manera
presencial en la Secretaría General de la Universidad de la Amazonia.
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR LA NULIDAD del acto de
elección de la señora Nayla Milena Imbachi Murillo, como representante del sector
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, contenido en el
Acta de la Asamblea de Elección del 28 de mayo del 2021, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que frente a esta decisión no procede
recurso alguno.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar a la profesional del derecho María
Paula Figueroa Bayona, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.014.194.232,
portadora de la tarjeta profesional No. 343.517 del Consejo Superior de la Judicatura,
para actuar en nombre y representación de la demandante, de conformidad con el
poder aportado en el escrito de alegatos de conclusión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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