RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2025-00022-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2025-00022-02

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2025-00022-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL el literal b) del artículo 27 del Acuerdo 027 de 2002, así como los artículos segundos (parcial) de los Acuerdos No. 031 y No. 043 de 202441, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de las demandas, en su lugar, DECLARAR la nulidad del Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, por medio del cual, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona, designó a Ivaldo Torres Chávez como rector para el período 2025–2028. TERCERO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que, en lo sucesivo, resuelva todos los cargos planteados por los sujetos procesales. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2025-00022-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dos (2) de julio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)
54001-23-33-000-2025-00025-00 (acumulado)
54001-23-33-000-2025-00065-00 (acumulado)
Demandantes: ÓSCAR FABIÁN CRISTANCHO FUENTES Y OTROS
Demandado: IVALDO TORRES CHÁVEZ – RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, PERIODO 2025-2028

Temas: Principio de autonomía universitaria. Mecanismo de reelección del rector
de la Universidad de Pamplona. Garantía de participación para la elección
del cargo de rector de cara a normas estatutarias internas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes Martín Alberto
Santos Díaz, César Augusto Parra Méndez, Javier Alberto Manrique Caballero, Yoad Ernesto
Pérez Becerra, Antonio Luis García Loaiza y Óscar Fabián Cristancho Fuentes, así como el
del coadyuvante Pedro Nel Santafé Peñaranda contra la sentencia del 22 de enero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de
las demandas de nulidad electoral presentadas en contra del acto de elección de Ivaldo
Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona.

I. ANTECEDENTES

1.1 Las demandas

Los ciudadanos Óscar Fabián Cristancho Fuentes, César Augusto Parra Méndez y Javier
Alberto Manrique Caballero1; Yoad Ernesto Pérez Becerra y Antonio Luis García Loaiza2 y
Martín Alberto Santos Díaz3, en demandas separadas y ejercicio del medio de control de
nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, solicitaron la nulidad del Acuerdo 051 del 4 de diciembre
de 2024, por medio del cual, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de
Pamplona, designó a Ivaldo Torres Chávez como rector para el período 2025–2028.

1.2 Hechos

Como hechos comunes a las demandas acumuladas se tienen los siguientes:

Una vez agotada las diferentes etapas del respectivo proceso eleccionario, el Consejo
Superior de la Universidad de Pamplona –en adelante CSU–, a través del Acuerdo 092 de
2016, eligió como rector de ese ente universitario al señor Ivaldo Torres Chávez (periodo
1
Rad. 54001-23-33-000-2025-00022-02.
2
Rad. 54001-23-33-000-2025-00025-00.
3
Rad. 54001-23-33-000-2025-00065-00.

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

2017-2020). Posteriormente, en virtud de lo preceptuado en el parágrafo del artículo 26 de
los estatutos4, ese cuerpo colegiado lo reeligió «por un solo periodo» para el ciclo 2021-2024,
a través del Acuerdo 034 de 2020.

Resaltaron que, pese a la cercanía del final de este último periodo del rector (31 de diciembre
de 2024), el Consejo Superior Universitario actuó con desidia al no dar inicio oportuno al
procedimiento para la designación correspondiente al periodo 2025-2028, por lo que fue
necesario presentar una acción de cumplimiento para que se ordenara lo propio.

Adujeron que el CSU, mediante el Acuerdo No. 031 del 10 de octubre de 2024, estableció el
cronograma para el proceso de designación del rector, en el cual, se contempló que la
radicación de hojas de vida se haría en medio físico ante la secretaría general de la
universidad con sede en la ciudad de Pamplona.

Sostuvieron que, a raíz del paro campesino que se produjo en los páramos de Norte de
Santander y Santander, el CSU, mediante Acuerdo 035 de 22 de octubre de 2024, modificó
el cronograma inicialmente establecido, particularmente, lo atinente al lugar de recepción de
documentos. En este orden, dispuso que estos también podían recibirse en el Centro
Regional de Educación a Distancia de Norte de Santander –conocido como CREAD–,
ubicado en la ciudad de San José de Cúcuta.

Indicaron que, una vez verificado el cumplimiento de requisitos por parte de los inscritos, el
15 de noviembre de 2024 se publicó el listado de «habilitados para continuar en el proceso»,
en el cual figuró el aquí accionado. Después, tal como se preveía en el cronograma, se llevó
a cabo la «Consulta no vinculante a la comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y
egresados», en la que el señor Ivaldo Torres concentró un respaldo del 82,34% de la
totalidad de votos electrónicos que se depositaron en esa fase.

Afirmaron que el comité de verificación de requisitos, encargado de establecer quiénes
quedaban habilitados para aspirar a la rectoría, estuvo conformado por subalternos del
demandado. Pese a esto, ese organismo publicó el listado de postulados admitidos en el que
incluyeron al rector acusado.

Sostuvieron que el demandado no se apartó de su cargo como rector durante el proceso de
selección de quien ocuparía ese empleo, pues el Consejo Superior Universitario no nombró
un rector ad-hoc para adelantar la convocatoria, sino que tal designación vino a concretarse
hasta el 12 de noviembre de 2024; un mes y dos días después de iniciarse el proceso de
elección, cuando el accionado ya integraba la lista de admitidos elaborada por sus
subalternos.

Afirmaron que, en desarrollo del proceso de elección, se presentaron varias reclamaciones
contra el listado de admitidos, dada la situación de subordinación del comité de verificación
de requisitos. Ante este conflicto de intereses, se presentó recusación contra los miembros
de dicho panel, pero no se le dio el trámite previsto en los artículos 11 y 12 del CPACA.

4
«ARTÍCULO 26. -El período del Rector será de cuatro años. PARÁGRAFO. - El Rector elegido deberá
presentar en el término de los primeros 30 días un Plan de Gestión, sobre el cual será evaluado anualmente. Si
su calificación es insatisfactoria podrá ser removido, previa evaluación del Consejo Superior Universitario.
Si efectuada la evaluación final se establece que ha superado el 80% de las metas establecidas, el Consejo
Superior Universitario, sin que medie una nueva convocatoria, podrá reelegirlo por un solo período”.».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Explicaron que el acuerdo de la convocatoria, en su artículo 3°, dispuso la figura de un
veedor, al parecer elegido mediante acta 010 del 10 de octubre de 2024, publicada hasta el 2
de diciembre, esto es, después de transcurrido el proceso. Sin embargo, no se verificó la
participación efectiva de este observador.

Dijeron que no se publicó el listado de candidatos inscritos al cierre de esa etapa, pues tan
solo se conocieron al momento de ver el listado provisional de admitidos. Tampoco se
definieron mecanismos igualitarios para socializar las propuestas de los candidatos, y las
quejas por las inconformidades frente al proceso no se atendieron.

Señalaron que, el 20 de noviembre de 2024, se realizó una consulta a la comunidad
estudiantil, en contravención de los estatutos y pese a que ese día la juez segunda civil
municipal de Pamplona notificó a la universidad sobre la suspensión del proceso de elección
como medida provisional en el trámite de una acción de tutela.

Concluyeron que, a pesar de lo anterior, el Consejo Superior Universitario, en sesión del 4 de
diciembre de 2024, profirió el Acuerdo 051, mediante el cual designó al rector demandado,
para un tercer periodo consecutivo.

1.3 Concepto de la violación

Los demandantes advirtieron que el Consejo Superior Universitario, al expedir el Acuerdo
051 del 4 de diciembre de 2024, violó los artículos 6, 13, 25, 29, 69, 121, 126 y 209 de la
Constitución Política; 3, 11 y 12 de la ley 1437 de 2011; 26 y 27 del Acuerdo 027 de 2002 5
(Estatuto General de la Universidad de Pamplona) y 2 del Acuerdo 043 del 12 de noviembre
de 2024. Lo anterior, con base en las siguientes censuras:

1. Irregularidades sustanciales lesivas del debido proceso

Adujeron que las diferentes irregularidades que se advierten desconocieron el artículo 29
superior, debido a: (i) la falta de designación de un rector ad-hoc para el proceso de elección;
(ii) la publicación extemporánea de la convocatoria; (iii) abstención del trámite de la
recusación presentada contra el comité de verificación de hojas de vida y, (iv) la participación
y posterior elección del demandado en la convocatoria, pese a estar impedido para aspirar a
un tercer periodo consecutivo.

De otra parte, se alegó el incumplimiento del deber de divulgar la convocatoria en un medio
de circulación nacional, como lo exigen los artículos 278 del Estatuto General de la
Universidad y los Acuerdos 031 y 043 de 2024, lo que dio al traste con los principios de
publicidad y transparencia, los cuales son fundamentales para garantizar la legitimidad e
igualdad en los procesos democráticos.

2. Designación de un candidato que no reunía las calidades y requisitos
constitucionales y legales de elegibilidad6

Explicaron que al tenor del artículo 25 del Estatuto General (Acuerdo 027 de 2002), los
requisitos y calidades para ser rector son, entre otros, «[n]o estar incurso en causales de

5
Modificados por el Acuerdo 84 del 7 de noviembre de 2008.
6
Censura común a los procesos 2025-00022-01 y 2025-00065-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución Política y en las leyes para
desempeñar cargos públicos».

En armonía con lo anterior, destacaron que el artículo 26 ibidem dispone que el periodo del
rector es de cuatro años, y que el parágrafo de esta norma establece que «[e]l Rector elegido
deberá presentar en el término de los primeros 30 días un Plan de Gestión, sobre el cual
será evaluado anualmente. Si su calificación es insatisfactoria podrá ser removido, previa
evaluación del Consejo Superior Universitario. Si efectuada la evaluación final se establece
que ha superado el 80% de las metas establecidas, el Consejo Superior Universitario, sin
que medie una nueva convocatoria, podrá reelegirlo por un solo período».

Con base en lo anterior, alegaron que la elección acusada desconoció tales preceptos,
comoquiera que el demandado fue elegido por tercera vez, pese a que el Estatuto General
solo permite la reelección por un solo periodo. De este modo, el accionado estaba en una
situación de inhabilidad7 para acceder al cargo, dada la prohibición estatutaria en mención
que le ubica en una condición de inelegibilidad 8.

Afirmaron que el citado artículo 26 es claro y preciso, además, debe interpretarse de manera
restrictiva, por lo que debe entenderse que el rector sólo puede postularse para un único
periodo adicional, incluso si ha sido designado tras haber cumplido con la calificación
satisfactoria prevista en los estatutos.

3. Violación del acto propio por vulneración de los artículos 26 y 27 del Estatuto
General

Señalaron que el Consejo Superior Universitario, al elegir al demandado, desconoció los
términos que para el efecto consagran los estatutos, en tanto persiguen limitar la reelección a
un solo periodo.

Precisaron que no tendría sentido consagrar una prerrogativa para el rector, de reelegirse por
un periodo si obtiene una calificación satisfactoria, si de plano se aceptara que pudiera
hacerlo de manera indefinida so pretexto de otras convocatorias. En esa medida, al tenor de
los estatutos, solo hay una forma de reelección, a saber, de manera directa por parte del
CSU y por una sola vez.

Agregaron que la problemática expuesta se agrava por la ausencia de un marco legal que se
ocupe de regular las garantías electorales cuando el rector es candidato, precisamente
porque esta circunstancia atenta contra los derechos de los demás contendientes, lo que
deja claro que la intención del órgano de dirección no era otra que quien fungía como rector
no fuera candidato para ser elegido en otros procesos de selección.

4. Desviación de poder

Afirmaron que fue evidente el afán del Consejo Superior Universitario para elegir al
demandado, de cualquier manera, lo que se refleja en que: (i) no expidió la convocatoria

7
En los términos de las inhabilidades descritos por esta Sala en providencia del 11 de agosto de 2022, con
ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. No indicó radicado.
8
De acuerdo con las circunstancias de inelegibilidad definidas por esta Sala en providencia del 23 de mayo de
2017. Exp: 11001-03-28-000-2016-0002500(IJ) / 11001- 03-28-000-2016-00024-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

motu proprio sino con ocasión de una orden judicial; (ii) su publicación no fue oportuna ni se
hizo a través de los canales de divulgación previstos para el efecto y, (iii) como tampoco fue
oportuna la designación del rector ad-hoc, por cuanto se hizo sobre la marcha del proceso de
selección, sin efecto alguno porque no suscribió documentos ni resolvió recusaciones.
Lo anterior, refleja un interés distinto y alejado de los preceptos legales y reglamentarios que
orientan la designación del rector, por cuanto se privilegió un interés particular, exclusivo y
excluyente del demandado, en contra del interés general de la comunidad universitaria.

Además de las falencias advertidas, reiteró otras como: (i) la indiferencia del organismo de
dirección para convocar oportunamente la elección en cuestión; (ii) el conflicto de interés del
comité de verificación, y (iii) la no designación del veedor, que reflejan que el actuar del
órgano de dirección persiguió una finalidad distinta del interés público.

5. Violación de los principios del derecho administrativo

En criterio de los actores, el Consejo Superior Universitario se apartó de los principios de la
función administrativa previstos en el artículo 3° del CPACA, que «se encuentran hoy
integrado (sic) al bloque de constitucionalidad», pues no los tuvo en cuenta en el desarrollo,
ejercicio y guía del proceso de elección del rector, lo que acarrea la nulidad de la elección
acusada.

6. Irregularidad en la inscripción de candidatos9

Adujo que la universidad desconoció el derecho a la igualdad y los principios de participación
y acceso a democrático al: (i) restringir la entrega de documentos únicamente a la Secretaría
General de la sede principal ubicada en la ciudad de Pamplona y al Centro Regional de
Educación a Distancia (CREAD) localizado en la ciudad de Cúcuta, pues dicha medida
excluyo, de manera arbitraria e injustificada, tanto la otra sede ubicada en el municipio de
Villa del Rosario como los otros CREAD distribuidos en ciudades estratégicas del país, tales
como Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias, Santa Marta,
Riohacha, Bogotá y Sincelejo e, (ii) imponer la presencialidad como el único mecanismo
válido para la inscripción, lo que generó una carga desproporcionada e injusta para aquellos
interesados que se encontraban domiciliados por fuera de las ciudades seleccionadas.

7. Excepción de inconstitucionalidad de ciertas disposiciones estatutarias

Se solicitó la inaplicación por inconstitucional del artículo 27 literal b)10 parcial del Acuerdo
No. 027 de 2002, junto con los artículos segundos (parcial) de los Acuerdos No. 031 y No.
043 de 202411. Al respecto, dijo que la exigencia de presencialidad que esas normas
contemplan como único medio habilitado para formalizar las inscripciones no solo deja de
lado el potencial transformador de las herramientas tecnológicas y electrónicas para

9
Censura planteada en el proceso 2025-00025-00.
10
Art. 27. (…) b) Los candidatos se inscribirán en la Secretaria General de la Universidad de Pamplona. El
Secretario General junto con el Director de la Oficina Jurídica y el Director de la Oficina de Gestión de Talento
Humano, con el visto bueno de la Oficina de Control Interno, certificarán el lleno de los requisitos de los
aspirantes a la Rectoría. (Destacado del libelista)
11
A través de estos dos acuerdos se estableció y modificó, respectivamente, el cronograma para la designación
del rector; en el aparte pertinente, precisaron que las inscripciones se llevarían a cabo en la «Secretaría
General, Sede Pamplona, Km 1 vía Pamplona-Bucaramanga, o ante el CREAD, Norte de Santander de la
Unipamplona ubicado en la Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino, San José de Cúcuta, en horario laboral, días
hábiles».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

democratizar el acceso a los procesos electorales, sino que también vulnera principios
esenciales como la igualdad, la democracia y la participación efectiva.

En el presente caso, la obligación de desplazarse físicamente entre ciudades, a pesar de la
existencia de campus universitarios en otros departamentos y la posibilidad de utilizar medios
tecnológicos – electrónicos, fue considerada una limitación excesiva que afectó directamente
los derechos políticos y participativos de los involucrados contemplados en el artículo 40
superior. Así, se evidenció una exclusión arbitraria del campus de Villa del Rosario y de
múltiples Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) en el proceso de
inscripción de candidatos a la rectoría.

1.4 Contestaciones de las demandas

La universidad, el demandado y el Consejo Superior Universitario controvirtieron los cargos
planteados en las demandas, en los siguientes términos:

Afirmaron que no existe una prohibición general de reelección y que toda inelegibilidad debe
ser expresa, taxativa y de interpretación restrictiva. Además, aclaran que el Acuerdo 051 de
2024 se profirió bajo el artículo 27 (convocatoria pública), no bajo el artículo 26 (reelección
directa condicionada a metas), por lo cual la limitación de «un solo periodo» regiría
únicamente para esa modalidad excepcional de prórroga sin convocatoria.

Sostuvieron que la publicación de la convocatoria y la trazabilidad de toda la documentación
se llevaron a cabo con regularidad; que el comité de verificación cumplió funciones objetivas;
que la recusación fue tramitada y decidida por el rector ad hoc designado para lo pertinente
y, finalmente, no se probó desviación de poder, pues no se acreditó finalidad ajena al interés
general ni un «itinerario volitivo» ilícito del órgano decisor.

Indicaron que el Estatuto fija el domicilio en Pamplona y que el propio artículo 27 prevé la
inscripción ante la Secretaría General, de modo que no habría una restricción para este
proceso en particular, sino un claro desarrollo de la norma estatutaria, de tal manera que
permitir recepción adicional en el CREAD de Cúcuta fue una ampliación excepcional.
Agregaron que los actores no individualizan un aspirante concreto excluido ni acreditan
afectación real del resultado electoral, por lo que el reproche permanecería en un plano
abstracto.

En punto a la solicitud de inaplicación de algunas normas estatutarias por considerarse
inconstitucionales, censuraron que se confundiera el control de nulidad electoral con un juicio
abstracto contra normas reglamentarias; adicionalmente, no se prueba la irregularidad
sustancial ni incidencia decisiva.

1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia

1.5.1 Proceso 2025-00022-00

Se profirieron lo siguientes autos de fechas: (i) 28 de enero de 2025, que corrió traslado de la
medida cautelar; (ii) 20 de febrero de 2025, a través del cual admitió la demanda y se negó la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

suspensión provisional pedida12; (iii) 4 de julio de 2025, se dio aplicación al trámite de
sentencia anticipada; (iv) 18 de noviembre de 2025, resolvió desfavorablemente unos
recursos de reposición interpuestos en contra de la decisión del mes de julio y, esa misma
data, expidió otro auto en el que dejó sin efectos la decisión del pasado 4 de julio; se abstuvo
de pronunciarse sobre los citados mecanismos de impugnación; decretó la acumulación de
los respectivo procesos13 y fijó fecha y hora para sortear el magistrado ponente que
continuaría con la sustanciación conjunta de los asuntos.
1.5.2 Proceso 2025-00025-00

Se profirieron lo siguientes autos de fechas: (i) 31 de enero de 2025, que corrió traslado de la
medida cautelar; (ii) 6 de marzo de 2025, a través del cual admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional pedida y, (iii) 11 de julio de 2025, se remitió el expediente para
eventual acumulación.

1.5.3 Proceso 2025-00065-00

Se profirieron lo siguientes autos de fechas: (i) 27 de marzo de 2025, que corrió traslado de
la medida cautelar; (ii) 5 de mayo de 2025, a través del cual se declaró fundado el
impedimento manifestado por el magistrado Robiel Amed Vargas González; (iii) 22 de mayo
de 2025, a través del cual admitió la demanda y se negó la suspensión provisional pedida 14;
(iv) 10 de julio de 2025, se remitió el expediente para eventual acumulación y, (v) 11 de julio
de 2025, que concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto en
contra del auto del 22 de mayo ya referido.

1.5.4 Actuaciones posteriores a la acumulación

Por auto del 25 de noviembre de 2025 se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
se fijó el litigio15, se incorporaron como pruebas al proceso las legalmente allegadas, se
negaron algunas solicitudes probatorias y se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión, una vez cobrara ejecutoria la providencia en mención.

1.6 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de sentencia del 22 de enero de
2026, negó las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que el Acuerdo 031 de 10 de octubre de 2024, como acto de contenido general, se
sujetaba a reglas de publicación, no a notificación personal y, conforme consta en la
actuación, fue divulgado en un periódico de circulación nacional, en la página institucional en
la fecha prevista en el propio acto, sin que exista norma que exija su publicación el mismo
día de expedición de convocatoria.

12
Esta decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual, fue decidido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante auto del 31 de julio de 2025, a través del cual se confirmó la decisión impugnada.
13
Rad. 54-001-23-33-000-2025-00022-00, 54-001-23-33-000-2025-00025-00 y 54-001-23-33-000-2025-00065-
00
14
Esta decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual, fue decidido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante auto del 31 de julio de 2025, a través del cual se confirmó la decisión impugnada.
15
En los siguientes términos: «Si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del señor Ivaldo Torres Chávez,
como rector de la Universidad de Pamplona, para el período 2025– 2028 conforme a los cargos de violación
elevados, o si por el contrario, debe mantenerse la presunción de legalidad del acto atendiendo los argumentos
de defensa expuestos.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

En cuanto a la falta de designación de rector ad hoc, el tribunal afirmó que el reproche parte
de una premisa equivocada, pues la convocatoria la adelanta el Consejo Superior
Universitario, y el rector en ejercicio no cumple función decisoria en esa fase, pues tan solo
tiene voz en el órgano colegiado, de modo que no se imponía, por ese solo hecho, la
designación de un ad hoc para dirigir todo el procedimiento. Además, en la actuación se
explicó que el rector no asistió a las sesiones en las que se adoptaron determinaciones
relativas a la convocatoria.

Sobre la recusación, dijo que en el expediente administrativo consta que los funcionarios
encargados de verificar requisitos expusieron las respectivas razones para no aceptarla y, en
cumplimiento del trámite legal, remitieron la actuación al superior jerárquico; a su turno, el
rector en ejercicio se declaró impedido para decidir, y el CSU, mediante Acuerdo 042 de 12
de noviembre de 2024, aceptó el impedimento y designó un rector ad hoc, quien finalmente
adoptó la correspondiente decisión.

De otro lado, aclaró que del Estatuto General (Acuerdo 027 de 2002) se desprende que
existen dos vías normativas distintas para ostentar el cargo de rector: (i) la designación
previa convocatoria y (ii) la reelección excepcional fundada en evaluación de desempeño.
Explicó que la primera se estructura como un procedimiento competitivo y abierto, mientras
que la segunda opera como una excepción que permite prescindir de la convocatoria cuando,
tras la evaluación final del plan de gestión, se verifique el cumplimiento del umbral
estatutario.

Conforme a lo anterior, recordó que para el período 2017–2020 la designación se produjo
como resultado de un proceso de convocatoria (Acuerdo 092 de 29 de diciembre de 2016);
para el período 2021–2024 el Consejo Superior dispuso la reelección excepcional del rector
con base en la evaluación del plan de gestión y el cumplimiento del porcentaje exigido
(Acuerdo 034 de 28 de agosto de 2020); y para el período 2025–2028 el Consejo Superior
abrió convocatoria mediante el Acuerdo 031 de 10 de octubre de 2024, adelantó el
procedimiento y, como resultado de ese proceso competitivo, expidió el Acuerdo 051 de 4 de
diciembre de 2024 designándolo nuevamente en ese cargo.

Concluyó que la designación para 2025–2028 no se adoptó «por reelección» en el sentido
técnico del parágrafo del artículo 26, esto es, sin convocatoria y por evaluación del plan de
gestión, sino mediante designación posterior a convocatoria. Por ello, la limitación estatutaria
«por un solo período» no resultó transgredida, porque no se trata de una segunda reelección
excepcional, sino de una elección dentro de un procedimiento abierto.

En cuanto al cargo de desviación de poder alegada, advirtió una «orfandad probatoria», por
cuanto no obran en el expediente declaraciones, testimonios, comunicaciones internas,
actas, correos, instrucciones u otros documentos que permitan demostrar que la decisión se
tomó para beneficiar de forma particular al demandado por motivos indebidos. Igual suerte
corrió frente a la vulneración de los principios citados por la parte actora, en razón a que el
cargo fue estructurado en términos genéricos y abstractos.

En punto a la inconstitucionalidad que la parte actora pretendió derivar del solo hecho que en
los estatutos se estableciera la modalidad presencial para efectos de la inscripción y de la no
habilitación de todas las sedes o CREAD, afirmó que no se acreditó que esa configuración
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

haya impedido de manera real la postulación de interesados, ni se probaron exclusiones
concretas, negativas de recibo, cierres arbitrarios o imposibilidades materiales imputables a
la administración.

1.7 Los recursos de apelación

1.7.1 Demandante – Martín Alberto Santos Díaz

Alegó que el fallo apelado incurrió en un error de derecho, por cuanto el punto decisorio no
consiste en determinar si el estatuto general de la Universidad de Pamplona establece o no
un límite a la reelección del rector, tal como lo reconoce el mismo a quo, sino en analizar si
dicha restricción pierde eficacia normativa cuando la designación se realiza mediante
convocatoria pública. De esta manera, en lugar de confrontar el Acuerdo 051 de 2024 con
ese límite estatutario, el juzgador modificó el alcance normativo de esa regla, supeditando su
vigencia a un factor procedimental ajeno al texto estatutario y, con ello, sustituyó el juicio de
legalidad por un ejercicio de validación del acto.

Explicó que del parágrafo del artículo 26 del estatuto general se desprenden las siguientes
reglas: «1. El Estatuto autoriza una única reelección, como excepción estricta al principio
general de no continuidad personal en el cargo. 2. Dicha autorización agota definitivamente
la posibilidad jurídica de permanencia consecutiva de la misma persona en la rectoría. 3. El
límite estatutario se predica de la persona que ejerce el cargo, y no del mecanismo formal
mediante el cual se produce la designación.».

Afirmó que el a quo confirió a una regla de carácter meramente procedimental –refiriéndose a
la convocatoria pública– la capacidad de neutralizar una restricción sustantiva expresa como
lo es límite estatutario de reelección. En este sentido, subordinar la vigencia del límite
sustantivo a la forma de selección equivale a invertir la jerarquía normativa interna y a
despojar al artículo 26 de toda eficacia jurídica real.

Dijo que el juez de primera instancia incurrió en: (i) un defecto de motivación, toda vez que
no ofrece una explicación suficiente que justifique por qué el límite estatutario de reelección
previsto en el artículo 26 del estatuto general deja de ser aplicable cuando la designación se
realiza mediante convocatoria pública y, (ii) en falsa motivación, pues la razón decisoria que
utiliza para negar la nulidad no corresponde al contenido real de la norma aplicada.

1.7.2 Demandante – César Augusto Parra Méndez

Censuró que el tribunal partió de una «falsa interpretación» del artículo 26 de los estatutos
universitarios, en cuanto arriba a una errada distinción entre:
(i) una reelección «técnica» limitada y, (ii) una «nueva designación» por convocatoria que, en
la práctica, permitiría permanencias consecutivas adicionales. Siendo lo correcto entender
que ese precepto regula un solo cargo y un único período, define el procedimiento y su
parágrafo fija una regla sustantiva en punto al período y la eventual continuidad del rector.

De otro lado, afirmó que el a quo incurrió en un «error de derecho» al considerar que la
limitación a la reelección solo opera cuando esa designación la efectúa el Consejo Superior
Universitario –sin convocatoria–, pues ese entendimiento de la norma permite que, una vez
agotada la reelección por parte del citado organismo, el mismo ciudadano permanezca
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

durante más períodos consecutivos, desnaturalizando así la finalidad del límite estatutario,
anteponiéndose así una regla procedimental a una sustantiva.

También adujo que la postura adoptada desconoce una «interpretación finalista», pues al
mismo tiempo que reconoce que la autonomía universitaria debe armonizarse con prácticas
democráticas y de participación, habilita, de forma perjudicial, la siguiente secuencia:
«período por convocatoria → reelección por metas → nuevo período por convocatoria → (y
así sucesivamente)», lo que se traduce en una continuidad real y material de una misma
persona en un cargo durante tres períodos consecutivos.

Por último, advirtió que en el fallo se sostiene que, ante lecturas plausibles, debe preferirse la
menos restrictiva del derecho a acceder a cargos públicos, regla esta típica de inhabilidades
e incompatibilidades personales, que son taxativas. Sin embargo, aquí se debate un límite
estatutario interno a la permanencia, cuyo sentido debe preservarse para garantizar
alternancia y eficacia normativa.

1.7.3 Coadyuvante16 - Pedro Nel Santafé Peñaranda

Explicó que el parágrafo del artículo 26 regula y pone límites al periodo de rector, es decir, no
trata únicamente el aspecto atinente a su continuidad por metas, sino que, en general, la
citada norma lo que está regulando es su periodo, bien sea por convocatoria o por
superación de metas, de suerte que no es cierto que ese artículo prevea un procedimiento
distinto al del artículo 27 (elección por convocatoria), más bien, este último resulta ser un
complemento del primero.

Esbozó un breve contexto histórico que precedió a la expedición del actual artículo 26
estatutario, conforme al cual resaltó que el sentido de este –en particular, su parágrafo– era
«…ponerle término a los periodos indefinidos y eternos y favorecer la alternancia en el poder
de la Rectoría…».

1.7.4 Demandante – Javier Alberto Manrique Caballero

En relación con el Acuerdo 031 de 10 de octubre de 2024, por medio del cual se apertura la
convocatoria para la elección del rector, publicado con posterioridad a iniciarse el plazo de
inscripciones –21 de octubre de 2024–, enfatizó en que este actuar no se corresponde con
los principios y normas de la administración pública, máxime cuando hubo peticiones que
advertían dicha anomalía.

Recalcó que en el cronograma se incluyó una consulta virtual a los estamentos que, pese a
no ser vinculante, no está contemplada en los estatutos de la universidad y, además, la
direccionó el actual rector, esto es, el superior jerárquico de los funcionarios que intervinieron
en ella, incluido el rector ad-hoc, lo que vulnera con mayor fuerza, el derecho fundamental al
debido proceso. Advirtió que esto se erige como una participación del entonces rector-
candidato en el trámite del proceso que no está contemplada en los estatutos; además, se
desconoció la medida de suspensión del trámite que dictó un juez de tutela el 20 de
noviembre –mismo día en que se efectuaba esa consulta virtual–, pues, finalmente, se surtió
esa consulta y se arrojó un resultado esa noche.

16
Rad. 54001-23-33-000-2025-00022-02 en el que fungen como demandantes: Óscar Fabián Cristancho
Fuentes, César Augusto Parra Méndez y Javier Alberto Manrique Caballero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

De otra parte, aclaró que el parágrafo objeto de discusión hace parte del artículo 26, que
regula y pone límites al periodo de rector, es decir, no es una norma que prevé únicamente la
continuidad por metas, sino que, además de consagrar el periodo del rector, autoriza la única
forma de reelección, por una única vez, es decir, estas normas (artículos 26 y 27) se
complementan. En este sentido, la restricción y limitante recae sobre el rector que ejerce, no
sobre el método de elección, de tal manera que lo que consagra esa norma es una
inhabilidad subjetiva y no solo una regla de trámite.

Adujo que el acto acusado: (i) desconoció el principio de alternancia y límites al poder; (ii)
defraudó el efecto útil del artículo 26 estatutario; (iii) incurrió en desviación de poder, lo que
se advierte con la publicación tardía de la convocatoria, la aprobación de una consulta virtual
no prevista, exigencia de inscripciones presenciales en Pamplona y ausencia de un rector ad
hoc desde el principio del trámite; (iv) violó el principio de imparcialidad, comoquiera que el
rector participó en toda la planeación de la convocatoria y, (v) desconoció la autonomía
universitaria, la cual no puede ser utilizada para desconocer principios superiores como la
legalidad, la igualdad, la moralidad administrativa y la finalidad pública .

1.7.5 Demandantes – Yoad Ernesto Pérez Becerra y Antonio Luis García Loaiza

Los citados recurrentes solicitaron que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se inaplique por inconstitucional el literal b) del artículo 27 del estatuto universitario y,
en consecuencia, se declare la nulidad del acto de elección demando. Lo anterior, tiene
como sustento los siguientes argumentos:

• Excepción de inconstitucionalidad e inaplicación de las normas estatutarias que
regulan la inscripción17

Adujeron que la sentencia recurrida erró al asumir que la ampliación de las inscripciones
presenciales hacia la ciudad de Cúcuta «removió barreras», como si esa constatación
agotara el juicio de razonabilidad propuesto, siendo lo cierto, más bien, que dicho ajuste
desplazó parcialmente el centro de gravedad, pero no desmontó la arquitectura restrictiva de
ese aspecto territorial, porque mantuvo excluida la sede de Villa del Rosario y la red CREAD
en Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias, Santa Marta, Riohacha,
Bogotá y Sincelejo.

Advirtieron que, así como la Sección Quinta18 resolvió que la exigencia de inscripción
presencial en la Universidad de la Amazonia debía inaplicarse por contrariar el derecho a la
participación y lesionar el principio democrático, en el presente caso resulta imprescindible
verificar si las disposiciones internas de la Universidad de Pamplona han generado una
limitación que excede el margen constitucionalmente permitido y, en consecuencia, deba
ceder ante la normativa superior.

Advirtieron que la tensión entre las reglas estatutarias y los principios constitucionales no es
abstracta, sino plenamente verificable en el desarrollo fáctico del procedimiento. De allí que
el juez, al evaluar la validez de las actuaciones realizadas, esté llamado a ponderar si el

17
Señala el artículo 27, literal b) del Acuerdo 027 de 2002 y los cronogramas del proceso de elección.
18
Se refiere a: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de mayo de 2022, MP Rocío Araújo
Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2021-00055-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

mantenimiento de la reglamentación interna garantiza la participación democrática o si, por el
contrario, perpetúa una desigualdad incompatible con el artículo 40 de la Constitución y, en
este último supuesto, correspondería aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

En suma, concluyeron que la sentencia apelada: (i) anunció un juicio de constitucionalidad,
pero practicó un examen que resultó deferente frente a la medida que adoptó la universidad;
(ii) omitió valorar el territorio como variable constitucional a tener en cuenta, máxime cuando
ese ente consta de una amplia red institucional; (iii) incurrió en un defecto de ponderación al
confundir una medida de emergencia19 con una medida de inclusión constitucionalmente
suficiente y, (iv) erró en la conclusión atinente al test cuantitativo que aplicó, habida cuenta
de que la ampliación hacia Cúcuta no equivale a democratización si persistía la exclusión de
las demás sedes de la universidad, máxime cuando pudo descentralizarse la inscripción a
través de mecanismos tecnológicos.

• Error de interpretación del precedente judicial invocado proferido por la Sección Quinta
(Caso UNIAMAZONIA) y desconocimiento de la ratio decidendi aplicable
Dijeron que el tribunal de primera instancia erró al considerar que la ratio decidendi erigida en
el caso de UNIAMAZONÍA depende de que exista un único punto o lugar para participar en
procedimientos eleccionarios, pues, en realidad, lo que se censuró en aquella ocasión fue
que el diseño normativo relativo a las inscripciones produjera un efecto restrictivo,
territorialmente hablando.

Acotaron que, en el presente caso, el problema no es si el CSU «quería controlar
documentos», sino, si pudiendo habilitar la sede de Villa del Rosario y usar su red CREAD en
Cúcuta, Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias, Santa Marta,
Riohacha, Bogotá y Sincelejo, decidió mantener un esquema territorial de inscripción que,
por su propia arquitectura, grava la participación y la vuelve selectiva.

Indicaron que la analogía propuesta no se basa en una coincidencia numérica de «un punto»
o sede, sino en tres elementos constitucionalmente relevantes: (i) presencia institucional en
varios territorios; (ii) diseño procedimental que exige desplazamientos para cumplir una fase
de participación; y (iii) existencia de alternativas institucionales (sede de Villa del Rosario y
CREAD en múltiples ciudades) y tecnológicas para no trasladar al ciudadano el peso del
diseño. Esta triada es la que activa el control constitucional del precedente, y es la que la
sentencia apelada dejó sin respuesta material.

Criticaron la decisión, en cuanto allí se afirma que la inscripción presencial tiene una finalidad
funcional: control, recepción y verificación uniforme de inscritos, argumento que, en sí mismo,
no se discute; lo que se discute es su suficiencia constitucional, pues en un Estado
constitucional, no toda finalidad administrativa justifica cualquier medio, mucho menos,
cuando se trata de un derecho de participación, cuya lectura exige maximizar inclusión y
remover barreras.

• Omisión de efectuar un juicio de ponderación

Reprochan que el tribunal de primera instancia no haya efectuado un juicio de ponderación
del principio democrático en su dimensión global y expansiva, frente al deber de optimizar la

19
Se refiere a la medida que llevó a cabo la universidad, conforme a la cual amplió el aspecto geográfico de las
inscripciones presenciales con el fin de posibilitarlas, además de Pamplona, en el CREAD de Cúcuta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

participación política en los territorios donde la Universidad de Pamplona mantiene presencia
institucional. Explicaron que el medio (inscripción presencial en Pamplona y luego
Pamplona–Cúcuta) ignora que existe sede en Villa del Rosario y una red CREAD en Cúcuta,
Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias, Santa Marta, Riohacha,
Bogotá y Sincelejo.

• La medida «contingente» no equivale a inclusión: la ampliación de Pamplona a Cúcuta
preservó la exclusión de carácter estructural

Resaltaron que se omitió valorar el territorio como variable constitucional, pues se impuso un
traslado físico como condición para ejercer un derecho político, lo que resulta irrazonable si
se tiene en cuenta que la universidad tiene todas las sedes a las que se ha hecho referencia;
sin que pueda aducirse que la medida «contingente» de permitir inscripciones en Cúcuta
haya resultado inclusiva, comoquiera que siguió la exclusión de carácter estructural.

• Test de incidencia cuantitativa aplicada al caso concreto

Sostuvieron que para analizar la exclusión alegada se debe aplicar un test de incidencia
cuantitativa, conforme al cual se debe analizar si la medida adoptada –habilitar inscripciones
en las sedes de Pamplona y Cúcuta– atiende o desconoce la presencia institucional de la
universidad, para lo cual se debe tener en cuenta que: (i) lo decisivo no es el número limitado
a «dos puntos», sino la cobertura frente al universo real de la comunidad universitaria, es
decir, el derecho político se condiciona de cara a los costos, trayectos, tiempo y capacidad
logística que deben asumir los interesados y, (ii) una regla puede ser «general» y, aun así,
producir un efecto desigual cuando impone cargas diferenciadas según el lugar donde se
ubica el destinatario.

Los recurrentes aplicaron el referido test, frente al cual, concluyeron que la «ampliación»
hacia Cúcuta no equivale a democratización si persiste la exclusión de la sede de Villa del
Rosario y de la red CREAD en Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de
Indias, Santa Marta, Riohacha, Bogotá y Sincelejo.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

Mediante auto del 9 de marzo de 2026 se admitieron los recursos de apelación interpuestos
por los demandantes Martín Alberto Santos Díaz, César Augusto Parra Méndez, Javier
Alberto Manrique Caballero, Yoad Ernesto Pérez Becerra, Antonio Luis García Loaiza y
Óscar Fabián Cristancho Fuentes, así como por el interpuesto por el coadyuvante Pedro Nel
Santafé Peñaranda. Por auto del 20 de abril de ese año, se rechazó la solicitud de pruebas
formulada por los señores Manrique y Cristancho.

Posteriormente, a través de auto del 4 de mayo de 2026, se corrió traslado para alegar a las
partes, término durante el cual se pronunciaron los apoderados del demandado, la
Universidad de Pamplona y el CSU del citado ente universitario, quienes reiteraron los
argumentos expuestos en las contestaciones de las demandas. Por su parte, los
demandantes Martín Alberto Santos Díaz, Javier Alberto Manrique Caballero, Cesar Augusto
Parra Méndez, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Antonio Luis García Loaiza insistieron en las
argumentaciones esbozadas desde el inicio del trámite procesal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

1.9 Concepto del Ministerio Público20

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la sentencia
apelada, con base en los siguientes argumentos:

Dijo que el artículo 26 de los estatutos no constituye una proposición normativa que consagre
un límite general a la reelección, con independencia del mecanismo de acceso al cargo, sino
que circunscribe dicha restricción al supuesto específico en el que, con ocasión de la primera
evaluación final, se obtiene un porcentaje superior al 80%, sin extenderla a los procesos de
designación por convocatoria.

En punto a la aplicación al presente caso de la sentencia del 26 de mayo de 2022, en la que
el Consejo de Estado estudió la legalidad del acto de elección de una dignidad universitaria
de la Universidad de la Amazonía y exceptuó unas disposiciones que limitaban la inscripción,
dijo que dicha decisión no resulta aplicable al presente caso, no solo por la ausencia de
identidad en los supuestos fácticos, sino porque los problemas jurídicos abordados en uno y
otro asunto son sustancialmente distintos, lo que impide hacer extensiva la regla de decisión
allí fijada.

En cuanto a los reparos sobre la consulta no vinculante, precisó que aunque el artículo 27 del
Estatuto General no consagró expresamente la etapa censurada, tal argumentación debe ser
descartada, por cuanto la realización de la consulta virtual entre los estamentos universitarios
fue prevista en el Acuerdo 31 de 2024, que estableció la convocatoria y el cronograma, de
modo que no correspondió a una fase intempestiva, sino que fue previamente estipulada por
el CSU para el proceso de selección de rector correspondiente al periodo 2025-2028.

Sobre el argumento de que el acto de elección resulta inválido en consideración a que el 20
de noviembre de 2024 se notificó a la universidad una acción de tutela que suspendió
provisionalmente el proceso de selección, misma fecha donde se informó el resultado de la
consulta, con lo cual se habrían desconocido lo efectos de aquella determinación judicial, la
agente del Ministerio Público resaltó que, dado su carácter consultivo, esos resultados no
afectan la elección demandada pues, finalmente, el CSU podía designar a cualquiera de los
dieciocho candidatos habilitados, de tal manera que la suspensión ordenada no favoreció de
forma particular al demandado.

Por último, en punto a la configuración de la desviación de poder de cara a la realización de
la consulta de carácter consultivo, la exigencia de inscripción presencial, la ausencia de
rector ad hoc desde el principio del trámite y la publicación de la convocatoria el mismo día
en que se abrieron las inscripciones, concluyó que no se probó que dichas actuaciones
derivaran en la estructuración del citado vicio de nulidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por los demandantes Martín Alberto Santos Díaz, César Augusto Parra

20
Anotación 41 del sistema de gestión judicial SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Méndez, Javier Alberto Manrique Caballero, Yoad Ernesto Pérez Becerra, Antonio Luis
García Loaiza y Óscar Fabián Cristancho Fuentes, así como el del coadyuvante Pedro Nel
Santafé Peñaranda contra la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos
15021 y 152 numeral 7.c del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo22 y el 13 del Acuerdo 080 de 2019 modificado por el parámetro 1º del Acuerdo
434 de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Los demandantes Javier Alberto Manrique Caballero, Cesar Augusto Parra Méndez y Óscar
Fabián Cristancho Fuentes informaron en sus alegatos de conclusión que el apoderado del
demandado no ha remitido copia de sus memoriales, específicamente, los dos últimos
presentados al despacho, a la dirección de correo electrónico suministrada por ellos, razón
por la cual, solicita se impongan las respectivas multas que permite el numeral 14 del artículo
78 del CGP.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la multa que se deriva del incumplimiento del deber
previsto en el artículo 78.1423 del CGP hace parte de los poderes correccionales del juez, tal
como lo establece el artículo 4424 de esa misma codificación. Por tanto, el solo
incumplimiento de esa obligación no amerita su imposición, siendo ello potestativo de cara a
la conducta asumida.

En el presente caso, se observa que la primera ocasión que el apoderado del demandado
presentó sus alegatos de conclusión, si bien remitió copia del correo a ciertos destinatarios,
omitió hacer lo mismo frente a quienes ahora piden multarlo25:

21
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150. Competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación…»
22
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152. Competencia de los
tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) c) De la nulidad
de los actos de elección, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital (…)
23
Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:
(…)
14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección
de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales
presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar
el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la
actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo
legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.
24
Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el
juez tendrá los siguientes poderes correccionales:(…) 7. Los demás que se consagren en la ley.
25
Actuación 22 de SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Posteriormente, el apoderado del demandado radicó ese mismo memorial de alegatos el 6
de mayo de 202626 sin enviar mensaje de datos alguno; no obstante, enmendó tal olvido el 8
de mayo siguiente27 (SAMAI 35).

En este orden, no se observa negligencia o total desidia en el actuar del apoderado del
demandado que amerite imponer la multa solicitada.

2.3. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación, corresponde a esta
Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 22 de enero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad electoral presentada en contra del Acuerdo 051 del 4 de diciembre de
2024, por medio del cual, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona,
designó a Ivaldo Torres Chávez como rector para el período 2025–2028.

Para el efecto, se debe establecer si le asiste razón a los recurrentes al sostener i) que la
publicación del acuerdo de convocatoria se hizo de forma tardía; ii) que se contempló un
procedimiento de consulta virtual a los estamentos no previsto en los estatutos; iii) que
desde el principio del trámite eleccionario no se designó un rector ad hoc lo que derivó en
que el entonces rector participara en la planeación de ese procedimiento y actuara con
desviación de poder; iv) que se debió exceptuar por inconstitucional el literal b) del artículo
27 del estatuto universitario por limitar las inscripciones a la ciudad de Pamplona y, v) que se
modificó el alcance normativo del artículo 26 de los estatutos.

En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará, previamente, las
siguientes temáticas: i) Principio de autonomía universitaria y su materialización en el
procedimiento de elección del rector de la Universidad de Pamplona y iii) Caso concreto.

2.4. Principio de autonomía universitaria y su materialización en el procedimiento de
elección del rector de la Universidad de Pamplona

El artículo 69 de la Constitución Política erige el principio de autonomía universitaria como
aquel valor fundante que reviste el actuar de los entes universitarios autónomos y que se
concreta en la posibilidad de que estos puedan darse sus propias directivas y regirse por sus
propios estatutos, siempre y cuando estos últimos estén conformes al marco legal vigente
que hoy encontramos en la Ley 30 de 1992.

La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de concretar el alcance del mentado
principio en la actividad universitaria, por ejemplo, en la Sentencia SU-261 de 2021, MP José
Fernando Reyes Cuartas, en la que se hicieron las siguientes precisiones:

(…) una de las dimensiones de la autonomía universitaria es la organización interna (política y
administrativa) que, junto a las demás facultades de autogestión, les dan a las entidades de
educación superior la capacidad para desarrollar su objetivo en relación con el conocimiento y
con el aporte a la sociedad.

26
Anotación 28 de SAMAI.
27
Anotación 35 de SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

(…) el autogobierno (para gestionar, administrar y auto verificar) se concreta en los estatutos
de la universidad. Estos recogen los mecanismos diseñados para la toma de decisiones sobre
la comunidad universitaria o sobre cualquiera de sus miembros, como expresión de voluntad
universitaria.

(…) Este tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el autogobierno como
elemento de la autonomía administrativa. Este incluye varias facultades para la institución de
educación superior: (…) libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno,
estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y
administradores (…)”

La dirección de las universidades públicas está a cargo del Consejo Superior universitario, del
Consejo Académico y del rector. (…) El rector es el representante legal y la primera autoridad
ejecutiva de la universidad oficial. Su designación la hace el Consejo Superior universitario, a
través de la aplicación del reglamento que debe fijar la universidad, en el que precise los
requisitos y calidades para desempeñar este cargo (sic).

En cumplimiento de los preceptos fijados por la misma universidad, la designación del rector
es central para el desarrollo de su actividad y para la concreción de esa garantía.

Ahora bien, en el marco de esa autonomía cobra gran importancia el Consejo Superior
Universitario –en adelante CSU–, en cuanto fue instituido como el máximo órgano de
dirección y gobierno del ente autónomo con las siguientes atribuciones que contempla la Ley
30 de 1992:

ARTÍCULO 65. Son funciones del consejo superior universitario:

a. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional;

b. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución;

c. Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el
estatuto general y las políticas institucionales;

d. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución;

e. Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos;

f. Aprobar el presupuesto de la institución;

g. Darse su propio reglamento, y

h. Las demás que le señalen la ley y los estatutos. (Subrayas propias)

Tal como lo prevé el aparte que se destaca de la norma en cita, el CSU tiene una especial
labor al interior de las universidades, por cuanto de él emanan las normas o reglas jurídicas
que rigen las actuaciones de las diferentes autoridades directivas, ejecutivas y
administrativas que conforman la estructura del ente autónomo.

En virtud de esta potestad, el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona estructuró el
procedimiento de elección de su máxima autoridad ejecutiva, esto es, el rector del ente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

universitario. Es así como en el Acuerdo 027 de 25 de abril de 200228, dispone en el artículo
27 las siguientes tres etapas que se pasan a explicar:

a) CONVOCATORIA: La apertura del proceso eleccionario le corresponde al Consejo
Superior Universitario, organismo que debe publicar un acto convocatorio en un medio
de circulación nacional, mediante el cual invita a todos aquellas personas que
cumplan los requisitos estatutarios a postularse como candidatos a dirigir la rectoría
de la institución.

b) INSCRIPCIONES: La norma estatutaria prevé que los aspirantes deben inscribirse
en la Secretaría General de la Universidad de Pamplona.

c) VERIFICACIÓN DE REQUISTOS: Cerrada la etapa de inscripciones,
corresponderá al secretario general, junto con el director de la Oficina Jurídica y el
director de la Oficina de Gestión de Talento Humano, con el visto bueno de la Oficina
de Control Interno, emitir el correspondiente acto donde se certifique los participantes
que cumplen con el lleno de los requisitos previstos para ser designado como rector.

d) DESIGNACIÓN: Agotada la anterior fase, corresponde al Consejo Superior
Universitario designar como rector de la Universidad de Pamplona, por mayoría de
votos.

Así entonces, las fases anteriormente descritas constituyen el procedimiento al que se debe
sujetar no solo el órgano elector, sino también los interesados en ocupar el cargo de rector
del ente universitario. En suma, se erige como la garantía del debido proceso que vincula a
autoridades administrativas, población estudiantil y ciudadanía interesada.

2.5 Caso concreto

La Sala abordará los reparos planteados por los recurrentes en el orden que a continuación
se plantea:

2.6 Publicación tardía del acuerdo de convocatoria

Se insiste en que la publicación de la convocatoria contenida en el Acuerdo 031 de 10 de
octubre de 2024, se hizo tardíamente el 21 de octubre de ese mismo mes y año, esto es,
tiempo después de haber iniciado el plazo de inscripciones, según el memorialista.

Al respecto, se tiene que mediante el citado acuerdo se estableció el cronograma para la
designación del rector de la Universidad de Pamplona, el cual, en punto a las fechas de
publicación e inscripciones, dispuso lo siguiente:

28
«Por el cual se actualiza el Acuerdo No.042 del 17 de junio de 1999, Estatuto General de la Universidad de
Pamplona». Según se lee en la parte considerativa de dicho estatuto, tuvo como finalidad reunir todas las
modificaciones que se han efectuado al Acuerdo 092 del 14 de septiembre de 1999, mediante los acuerdos 009
del 24 de febrero de 200, 052 del 14 de junio de 2001 y 118 del 13 de diciembre de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

A su turno, la dependencia competente de la universidad certificó la fecha de publicación de
la convocatoria en su página web:

De igual forma, se acreditaron en el proceso las publicaciones que se efectuaron en un
medio informativo de circulación nacional:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

De las anteriores publicaciones, se destaca la imagen publicitada en un tamaño que permite
su lectura y comprensión de lo allí consignado:

Acorde con lo anterior, se verifica que la publicación del acuerdo de convocatoria se llevó a
cabo el 21 de octubre de 2024, esto es, el mismo día en que empezó el plazo de
inscripciones, tal como lo advierte el demandante.

Así las cosas, la sala encuentra que el artículo 27 de los estatutos de la universidad
establece que el CSU, mediante acuerdo, «convocará en un medio de circulación nacional, a
inscripciones de candidatos a la rectoría.», formalidad que fue atendida por el citado
organismo, tal como dan cuenta las imágenes referenciadas con anterioridad.

Ahora bien, el recurrente reprocha que la publicación se haya efectuado el mismo día en que
se dio inicio al período de inscripciones, sugiriendo así que, por lo menos, debía pasar un día
entre ambos extremos. Sin embargo, la norma estatutaria no trae consigo esa exigencia,
además, no se advierte que el solo hecho que se haya efectuado en esa data hubiere
afectado el derecho de participación de cualquier interesado, máxime cuando, en todo caso,
una vez enterado el aspirante contaba con ocho días para inscribirse, tiempo que se estima
razonable de cara a una eventual postulación.

Acorde con lo aquí expuesto, la Sala concluye que la presente censura no desvirtúa la
legalidad del acto acusado.

2.7 Inclusión en el cronograma de una consulta virtual a los estamentos no prevista en
los estatutos

En este aspecto, se censuró la inclusión en el cronograma de una consulta virtual a los
estamentos que, si bien no es vinculante, no está contemplada en los estatutos de la
universidad y que fue direccionada por el actual rector, por lo que se advierte una
participación de este servidor-candidato en el trámite del proceso que no está contemplada
en los estatutos. Además, se desconoció la medida de suspensión del procedimiento que
dictó un juez de tutela el 20 de noviembre de 2024 –mismo día en que se efectuaba esa
consulta virtual–, pues, finalmente, se surtió esa consulta y se arrojó un resultado esa noche.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

En efecto, tal como se vio en apartes anteriores, el artículo 27 de los estatutos de la
Universidad de Pamplona establece como etapas del procedimiento de elección las
siguientes: i) convocatoria a la ciudadanía a través de acuerdo; ii) inscripciones; iii)
evaluación de requisitos y, iv) designación del rector por mayoría de votos por parte del CSU.
No obstante, en el cronograma se estableció como fase adicional la denominada «consulta
no vinculante a la comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y egresados» que se
llevó a cabo a través de la herramienta «e-votación».

Desde luego, no se desconoce que la citada consulta propende por efectivizar el derecho a la
participación política y una mayor inclusión de los diferentes estamentos universitarios en las
decisiones que les afectan. No obstante, lo noble de ese propósito, en casos como este debe
primar el principio de legalidad al que se aludió en acápite anterior que, a la postre, garantiza
el núcleo esencial del debido proceso y la seguridad jurídica que debe revestir este tipo de
procesos en los que debe prevalecer la estricta sujeción a las reglas previamente
establecidas.

De no ser lo anterior así, quedaría al arbitrio del órgano rector del proceso de elección –el
CSU– estructurar nuevas fases, no previstas en la norma estatutaria, con fundamento en
pilares o cánones constitucionales que, si bien revisten muchas de las actuaciones de los
diferentes organismos del Estado, deben ser objeto de juicio de ponderación frente a otros
postulados que buscan garantizar principios como el de legalidad y transparencia.

Acorde con lo anterior, la Sala encuentra que, pese a su carácter no vinculante, la consulta
virtual que se le hizo a la comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y egresados,
constituye una irregularidad de cara al artículo 27 estatutario, en el cual, no se contempla ese
mecanismo de participación democrática.

Ahora bien, se impone recordar que esta Sección ha determinado que ante una irregularidad
evidenciada, es necesario determinar el carácter sustancial de la misma respecto del acto de
elección, análisis que supera el criterio meramente cuantitativo dado que aquel puede
resultar insuficiente para dichos efectos, toda vez que pueden ocurrir situaciones al interior
de una actuación electoral que no tienen una afectación directa o indirecta en la integración
del órgano elector o el número de votos obtenidos por el elegido29.

Para efectos de despejar lo anterior, veamos cuál fue el resultado de la citada consulta:

29
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 5 de septiembre del 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-
00131-00, MP Gloria María Gómez Montoya. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
20 de noviembre del 2025, Rad. 11001-03-28-000-2024-00155-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Así entonces, salta a la vista que el aquí demandado fue el aspirante que obtuvo el mayor
número de votos, no obstante, de esta sola coincidencia no emergería con claridad el
carácter sustancial de esa irregularidad, pues, en todo caso, dada la falta de obligatoriedad
de esos resultados, el CSU conservaba la potestad de elegir al rector a través de una
pluralidad de miembros con votos independientes y fundados en la convicción personal.

Frente al anterior cargo, se precisa que no fue resuelto por el tribunal de primera instancia,
razón por la cual, se exhortará al a quo para que, en próximas ocasiones, estudie de fondo la
totalidad de los cargos planteados en las demandas en aras de efectivizar el derecho al
acceso a la administración de justicia.

De otra parte, se censura que el CSU desconoció el auto del 20 de noviembre de 2024, a
través del cual, el Juez Segundo Civil Municipal de Pamplona, admitió una acción de tutela
en contra del ente universitario y suspendió el proceso de elección; decisión que fue
notificada el en esa misma fecha a las 9:39 a. m. Esto por cuanto, pese a la citada orden, el
órgano directivo llevó a cabo la ya referida consulta virtual.

A este respecto, en efecto se verifica que la decisión del juez de tutela fue notificada en la
fecha y hora ya precisadas:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Por su parte, el CSU llevó a cabo la consulta virtual, tal como se observa al final de la imagen
que se ilustra en aparte anterior, en cuya parte final se lee que el reporte de la votación se
generó el 20 de noviembre de 2024. En este punto, vale la pena tener en cuenta el
argumento de defensa, según el cual, al momento de conocerse la suspensión del proceso
de elección, ya estaba programada la jornada desde las 8:00 a. m. y el CSU no estaba
reunido para suspender el trámite, de ahí que lo hicieran al día siguiente.

En gracia de discusión, la Sala concluye que de configurarse tal irregularidad no erigiría un
vicio capaz de enervar la legalidad del acto acusado por las mismas razones explicadas al
abordar el primer aspecto analizado en este numeral. En este sentido, dada la naturaleza no
vinculante de los resultados de la consulta virtual, se considera que cualquier irregularidad
que se deriva de ella –como la falta de acatamiento de un fallo judicial– no puede desvirtuar
la presunción de legalidad que reviste al acto acusado.

Acorde con los anteriores razonamientos, la Sala considera que las censuras anteriormente
analizadas no prosperan de cara a la legalidad del acto de elección del señor Ivaldo Torres
Chávez.

2.8 Ausencia de un rector ad hoc desde el principio del trámite; presunta participación
del rector en la planeación de la convocatoria y desviación de poder

Se alega como una irregularidad que desde el principio del trámite no se designó un rector ad
hoc que acompañara todo el proceso eleccionario, lo que permitió al candidato-rector incidir
en ese procedimiento en favor suyo y en detrimento de las condiciones de igualdad que
debían mantenerse de cara a los demás aspirantes.

A este respecto, hay que precisar que el CSU es el órgano rector de todo el proceso de
elección del rector de la universidad, por virtud de los artículos 23, literal e) 30, y 27 estatutario
ya referenciado, de ahí que el rector tan solo: i) pueda asistir a las sesiones del CSU por ser
el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la universidad y, ii) tenga voz, pero no
voto. Pero en manera alguna tiene la facultad para incidir en las decisiones que adopta aquel
órgano con total autonomía y, en todo caso, no hay prueba alguna que de cuenta de su
asistencia a las sesiones en las que se trataban temas atinentes al procedimiento en
comento.

30
ARTÍCULO 23. Son funciones del Consejo Superior Universitario:
(…) e. Designar, remover o suspender al Rector, de acuerdo con las leyes y con los reglamentos dispuestos
para tales fines.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

En armonía con lo anterior, se advirtió que al momento en que se presentaron unas
recusaciones frente a los empleados públicos que debían certificar el cumplimiento de los
requisitos de los aspirantes, el rector, en calidad de superior jerárquico y legalmente
competente para resolverlas, se declaró impedimento para dichos efectos. Fue por ello que
el CSU, mediante Acuerdo 042 de 12 de noviembre de 2024, aceptó la situación planteada y,
en consecuencia, nombró un rector ad hoc para estudiar las citadas recusaciones.

Debe agregarse a lo anterior que, si bien las normas estatutarias no prevén la designación de
un rector ad hoc para aquellos casos en que se habilita la competencia eleccionaria del CSU,
por virtud del artículo 20 del citado compendio, el rector está sometido «..a los impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como a las
disposiciones aplicables a los miembros de Juntas o Consejos Directivos de las Instituciones
estatales u oficiales.». En todo caso, no se acreditó supuesto alguno que configurara alguna
de las causales previstas en el ordenamiento jurídico.

En armonía con lo anterior, la Sala no encuentra probado que el entonces rector-candidato
haya participado en la planeación o estructuración del proceso de elección, pues lo que se
encuentra acreditado es que fue el CSU quien dirigió dicho proceso de principio a fin. Mucho
menos que se hayan advertido conductas que configuren los presupuestos de la desviación
de poder alegada.

Acorde con los anteriores razonamientos, la Sala concluye que no prosperan las censuras
estudiadas en este numeral.

2.9 Indebida limitación de las inscripciones a las sedes de Pamplona y Cúcuta.
Excepción de inconstitucionalidad de las normas que contemplan esa regla

Frente a este punto, se recuerda que los recurrentes piden se inaplique –por infracción al
artículo 40 superior– el literal b) del artículo 27 del estatuto universitario, junto con los
artículos segundos (parcial) de los Acuerdos No. 031 y No. 043 de 2024. Bajo este derrotero,
advierten que en la decisión que dio fin a la primera instancia se: (i) omitió valorar el territorio
como variable constitucional a tener en cuenta, máxime cuando ese ente consta de una
amplia red institucional; (ii) incurrió en un defecto de ponderación al confundir una medida de
emergencia con una de inclusión constitucionalmente suficiente y, (iii) erró en la conclusión
atinente al test cuantitativo que aplicó, habida cuenta de que la ampliación hacia Cúcuta no
equivale a democratización si persistía la exclusión de las demás sedes de la universidad,
máxime cuando pudo descentralizarse la inscripción a través de mecanismos tecnológicos.

Con ocasión de esta censura, se hace necesario hacer varias precisiones sobre la institución
de la excepción de inconstitucionalidad.

En primer lugar, es claro el carácter prevalente de la Constitución Política expresamente
consagrado en el inciso 1.° del artículo 4.°31. Por su parte, la Corte Constitucional ha insistido
en que:

31
“Artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

[L]a excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una
herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta
como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no
pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción
entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales32. [L]a
excepción de inconstitucionalidad únicamente puede aplicarse cuando resulta incuestionable
– conforme al texto de la disposición o clarísima jurisprudencia de la Corte Constitucional –
que viola la Carta33.

En segundo lugar, la jurisprudencia34 ha establecido unas exigencias sustanciales de
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, todas ligadas a la operatividad y el
alcance del control abstracto.

La primera, restringe la aplicación de la figura cuando quiera que la norma supuestamente
transgresora haya sido declarada exequible. En otras palabras, la decisión de la Corte
Constitucional impide que otras autoridades se pronuncien sobre la incompatibilidad, pues de
hacerlo se desconocería la cosa juzgada establecida en el artículo 243 superior35. El
segundo requisito tiene un contenido finalista en la medida en que condiciona la excepción a
la comprobación de los efectos que conllevaría la aplicación de la norma.

Conforme a esas precisiones se puede deducir que la excepción de inconstitucionalidad no
puede ser aplicada con fundamento en cuestionamientos abstractos sobre la formación de
las normas inferiores.

En este orden, para hacer uso de esta figura excepcional, es necesario que la contradicción
que se alega sea manifiesta, es decir, que la norma constitucional y legal riñan de tal manera
que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación36.

Precisado lo anterior, a continuación, se transcribe la norma cuya inaplicación se solicita y
que está contenida en los estatutos de la universidad –Acuerdo 027 de 25 de abril de 2002:

ARTÍCULO 27.- El procedimiento para la designación del Rector será el siguiente:

(…) b) Los candidatos se inscribirán en la Secretaria General de la Universidad de Pamplona.
El Secretario General junto con el Director de la Oficina Jurídica y el Director de la Oficina de
Gestión de Talento Humano, con el visto bueno de la Oficina de Control Interno, certificarán el
lleno de los requisitos de los aspirantes a la Rectoría. (Subrayas de la sala)

En consonancia con lo anterior, el acuerdo de convocatoria dispuso expresamente como
lugar para llevar a cabo la etapa de inscripciones y acreditación de requisitos la «Secretaría
General, Sede Pamplona, Km 1 vía Pamplona Bucaramanga». No obstante, mediante
Acuerdo 043 de 12 de noviembre de 2024, se modificó ese aspecto territorial «con ocasión
de los bloqueos en la carretera Cúcuta - Pamplona - Bucaramanga», razón por la cual

32
Corte Constitucional. Sentencia de unificación 132 del 13 de marzo de 2013. M. P. Dr. Alexei Julio Estrada.
33
Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 685 del 8 de agosto de 2003. M. P. Dr. Eduardo Montealegre
Lynett.
34
Corte Constitucional. Sentencia SU-132 de 2013. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
35
Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución.
36
Consejo de Estado, Sección Primera, MP. María Elizabeth Garcia González, sentencia del 11 de noviembre
de 2010, Rad. 66001-23-31-000-2007-00070-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

también se dispuso como sede de inscripciones «el CREAD, Norte de Santander de la
Unipamplona ubicado en la Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino, San José de Cúcuta».

Visto lo anterior, esta sala anticipa que comparte los razonamientos que sustentan la
excepción de inconstitucionalidad solicitada por infracción al artículo 40 superior, toda vez
que existen elementos de juicio que dan cuenta de su configuración en el presente caso, tal
como se explica a continuación:

Sea lo primero tener como punto de partida los postulados básicos que rigen la autonomía
universitaria de cara al carácter pluralista que entraña la educación pública superior, tal como
los explica la Corte Constitucional en la Sentencia SU-621 del 2021:

La universidad tiene la libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno,
estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y
administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los
programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de
estudio que regirán la actividad académica.

(…)

La dirección de las universidades públicas está a cargo del Consejo Superior universitario, del
Consejo Académico y del rector. Estas instituciones internas deben representar al Estado y a
la comunidad académica y garantizar en dichos escenarios decisionales la efectividad de los
derechos políticos, derivados del principio de participación democrática. (…)

En conclusión, la autonomía universitaria contempla el derecho de los entes de educación
superior de darse su propio reglamento y establecer las condiciones de acceso a los cargos
directivos. En cumplimiento de esta premisa, se deben respetar los límites constitucionales y
legales que orientan el ejercicio de dichos postulados en los escenarios de decisión
democrática que se dan dentro de esas instituciones.

Acorde con lo anterior, es claro que el constituyente y la jurisprudencia constitucional han
dotado a los entes universitarios de una amplia libertad material en punto a su potestad de
autorregulación con lo que se propende por garantizar una educación pública superior que
tenga como núcleo esencial el pensamiento libre, crítico y propositivo y, por tanto, marginada
de los sesgos o ideologías gubernamentales de turno.

No obstante, como estandarte propio del Estado Social de Derecho, tales garantías deben
armonizarse con la efectividad de otras prerrogativas que el texto superior contempla. En
este orden, la estructura orgánica y el carácter representativo de estos entes autónomos,
conllevan ejercicios democráticos en los que deben converger la virtud autonómica en
mención y el principio democrático y todos los derechos que de este último se derivan.

Así entonces, el referido principio se erige como un pilar esencial de la autonomía
universitaria, por tanto, en los procedimientos de designación o elección de sus autoridades,
las universidades deben garantizar no solo la real y material participación de los diversos
estamentos, sino también el igualitario acceso al poder político que se desprende del artículo
40 superior cuando alguien pretende incorporarse a los diferentes órganos directivos y
ejecutivos.

En el presente caso, se tiene que el artículo 27, literal b) del Acuerdo 027 de 2002 –
modificado por el Acuerdo 84 del 7 de noviembre de 2008– prevé que «Los candidatos se
inscribirán en la Secretaria General de la Universidad de Pamplona», lo que se traduce en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

obligación por parte de los interesados en acudir presencialmente a la ciudad de Pamplona,
tal como se previó en el acuerdo de convocatoria y su modificación. Sin duda, se trata de una
medida que no encuentra justificación y razonabilidad de cara a la cobertura institucional de
la Universidad de Pamplona.

En efecto, la imposición de efectuar la inscripción de manera presencial en esa sede
constituye un imperativo geográfico que desconoce la amplitud nacional de la universidad,
pues la participación e interés general de regir ese ente universitario ya no se limita a la
comunidad universitaria residente en la ciudad de Pamplona, como tal vez pasaba para la
época de expedición de esa norma estatutaria.

Hoy día, el ente universitario cuenta con una sede-campus en el municipio de Villa del
Rosario, así como los denominados centros regionales de educación a distancia –conocidos
por la sigla CREAD– que tienen presencia en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga,
Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias, Santa Marta, Riohacha, Bogotá y
Sincelejo.

En este orden, el artículo 27 en mención no solo no se acompasa con la actual cobertura
institucional, sino que también resulta contradictorio con la naturaleza misma de la
convocatoria, pues qué sentido tiene que la misma sea publicada en un medio de circulación
nacional, si la posibilidad de que interesados de otras sedes se inscriban se verá
desincentivada ante una restricción geográfica de tal magnitud que impone presencia física
en Pamplona.

Tampoco resulta coherente con el denominado «Protocolo general para la socialización de
propuestas rectorales ante la comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y
egresados de la Universidad de Pamplona», en el que se establece que dicho evento «Se
retransmitirá en diferentes espacios, sede Principal (Biblioteca José Rafael Faría), sede Villa
del Rosario (Auditorio Jossimar Calvo y Auditorio 1), auditorio Facultad de Salud-Cúcuta y
Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD).».

En suma, la limitación geográfica que establece la norma restringe de forma
desproporcionada e irrazonable el derecho a la participación política previsto en el artículo 40
superior de aquellas personas interesadas y que se encuentran distantes a la sede de
Pamplona e, inclusive, al CREAD de Cúcuta que fue habilitado con posterioridad y que, en
todo caso, no subsanó la ineficacia de la norma de cara a maximizar una participación más
numerosa y, sobre todo, representativa.

Así las cosas, la exigencia contenida en el artículo 27, literal b), del Acuerdo 027 de 2002 –
replicada en los artículos segundos (parcial) de los Acuerdos No. 031 y No. 043 de 2024– da
al traste con las diferentes garantías que derivan de la participación en la conformación,
ejercicio y control que la Constitución Política garantiza, particularmente, en punto al derecho
a elegir y ser elegido, cuyo goce se ve afectado por una regla desprovista de razonabilidad
de cara a la estructura institucional y alcance nacional del llamado o convocatoria a participar
en la elección aquí demandada.

En este orden, para garantizar el goce efectivo del citado derecho, el CSU debió adoptar las
medidas que considerara pertinentes y eficaces que permitieran que las inscripciones se
efectuaran en todas las sedes que tiene la Universidad de Pamplona –principal, campus y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

CREADs–, sin distingo alguno, máxime cuando hoy día existen herramientas tecnológicas
que pueden viabilizar esa democratización que la norma estatutaria a la postre desconoció,
de ahí que dicho proceder no resultaba una carga desproporcionada, sino más bien en una
auténtica medida inclusiva de cara a la actual organización territorial del ente universitario.

En este punto, uno de los recurrentes trae a colación un pronunciamiento donde se estudió la
legalidad del acto de elección del representante del sector productivo ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia -UNIAMAZONIA-, en el cual, entre
otros razonamientos, se dijo:

149. Bajo estas consideraciones, la Sala concluye, en aplicación de un criterio de
interpretación que garantice de manera efectiva los derechos políticos y permita la vigencia del
principio democrático en su aspecto universal y expansivo que en efecto, al haberse
determinado por parte de las autoridades electorales internas de la Universidad de la
Amazonia que la inscripción de las ternas se llevaría a cabo de manera presencial en la
ciudad de Florencia, ello conllevó a una limitación de los derechos de participación política que
se predican de aquellos que componen el sector productivo localizados en otros
departamentos en donde la institución educativa desarrolla sus actividades.

150. Esta circunstancia, en punto del debate sometido a consideración de esta judicatura,
permite señalar que, si bien es cierto dichas determinaciones se adoptaron de conformidad
con lo señalado en el Estatuto Electoral, específicamente, lo dispuesto en el artículo 16 de
aquel, esto implica un desconocimiento de las garantías establecidas en el artículo 40
constitucional -derecho a elegir y ser elegido-, en consonancia con el principio democrático y
las finalidades del Estado, dispuestos en el artículo 1º y 2º del texto fundamental, en una clara
infracción de norma superior, así como de los principios que rigen la función electoral en
UNIAMAZONIA, respecto de los integrantes del sector productivo ubicados en otros
departamentos donde la institución educativa cuenta con sedes.

151. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que entonces es procedente acceder a
la excepción de inconstitucionalidad, al observarse que el trámite electoral adelantado y que
culminó con el acto de elección aquí demandado, conllevó a una vulneración de garantías de
orden fundamental, lo que permite inaplicar el (i) el artículo 16 del Acuerdo 032 de 2009 por
medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia expidió su Estatuto
Electoral y (ii) el punto segundo de la parte resolutiva de la Convocatoria No. 001 de 2021 por
la cual el Consejo Electoral de la citada Institución de Educación Superior, estableció el
procedimiento para llevar a cabo la elección del representante del sector productivo ante el
Consejo Superior de UNIAMAZONIA.

Tal como se lee del anterior extracto, ese caso comparte una similitud con el presente en
punto al supuesto jurídico, bajo el entendido que la norma superior que tuvo como
desconocida es la misma y que se dio aplicación a la excepción de inconstitucionalidad. No
obstante, no pueden asimilarse en la hipótesis fáctica, comoquiera que la sola divergencia
entre los ámbitos territorial y nacional que caracteriza las respectivas convocatorias y la
naturaleza del cargo a elegir conlleva a que el análisis de razonabilidad y proporcionalidad
sean distantes.

Al margen de la anterior precisión, la Sala exceptuará la aplicación de la referida norma por
inconstitucional, por consiguiente, al haber servido de fundamento al acto de elección, deriva
entonces de dicha situación una irregularidad de carácter sustancial que desvirtúa la
presunción de legalidad del acto acusado.

2.10 Modificación del alcance normativo del artículo 26 de los estatutos de la
Universidad de Pamplona

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

Varios de los demandantes coinciden en argumentar que la lectura del artículo 26 de los
estatutos universitarios no genera duda en punto a que la reelección del rector es posible tan
solo, por una vez, y bajo un único camino, esto es, la potestad que tiene el CSU de efectuarla
con base en la evaluación que haga sobre la gestión de rector.

A contrario sensu, la universidad, el demandado y el Consejo Superior Universitario,
consideran que dicha lectura no puede circunscribirse al artículo 26, comoquiera que debe
hacerse una interpretación en conjunto con el artículo 27 estatutario. Tal hermenéutica,
según los impugnadores, permite arribar a la conclusión que la proscripción de reelección por
«un solo periodo» regiría únicamente para aquel caso en que el CSU ejerce la potestad ya
referenciada, pero no cuando el rector es elegido bajo la que consideran una modalidad
diferente: elección con fundamento en convocatoria abierta.

Para definir este punto nodal, resulta necesario traer a colación las dos normas en comento,
las cuales se enmarcan en el acápite denominado «DEL RECTOR», en los siguientes
términos:

DEL RECTOR

ARTÍCULO 26. -El período del Rector será de cuatro años.

PARÁGRAFO.- El Rector elegido deberá presentar en el término de los primeros 30
días un Plan de Gestión, sobre el cual será evaluado anualmente. Si su calificación es
insatisfactoria podrá ser removido, previa evaluación del Consejo Superior Universitario

Si efectuada la evaluación final se establece que ha superado el 80% de las metas
establecidas, el Consejo Superior Universitario, sin que medie una nueva convocatoria, podrá
reelegirlo por un solo período”.

ARTÍCULO 27.- El procedimiento para la designación del Rector será el siguiente:

a) El Consejo Superior Universitario mediante acuerdo convocará en un medio de circulación
nacional, a inscripciones de candidatos a la rectoría.

b) Los candidatos se inscribirán en la Secretaria General de la Universidad de Pamplona. El
Secretario General junto con el Director de la Oficina Jurídica y el Director de la Oficina de
Gestión de Talento Humano, con el visto bueno de la Oficina de Control Interno, certificarán el
lleno de los requisitos de los aspirantes a la Rectoría.

c) El Consejo Superior Universitario designará como Rector de la Universidad de Pamplona,
por mayoría de votos, a uno, entre los que cumplan los requisitos.

Ahora bien, en punto al artículo 26 estatutario, la Sala encuentra que está compuesto por
varios elementos normativos de carácter sustantivo, tal como se explica a continuación:

• Temporalidad del cargo de rector: se establece que el máximo cargo ejecutivo será
elegido para un período de cuatro (4) años.

• Plan de gestión: se impone al elegido el deber de presentar, dentro de los primeros
30 días siguientes, un «Plan de Gestión».

• Competencia para evaluar la gestión del rector: se atribuye al Consejo Superior
Universitario la función de valorar o ponderar, anualmente, las actividades que el
mandatario ejecutivo lleve a cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

• Facultad de remoción del CSU: si producto de la evaluación que efectúa el CSU, la
misma resulta insatisfactoria, ese órgano podrá remover al rector.

• Facultad de reelección del CSU: si, conforme a dicho análisis de gestión, se
establece que se ha superado el 80% de las metas establecidas en el plan de gestión,
el CSU puede reelegir al rector «por un solo período» sin necesidad de llevar a cabo
una nueva convocatoria.

Analizados por separado estos elementos normativos, tenemos, en primer lugar, que la
temporalidad del cargo de rector es una previsión que, a la vez que garantiza a quien es
designado el desempeño de su cargo por cuatro años, limita en el tiempo ese ejercicio en
procura de democratizar y alternar el ejercicio de ese poder público, bajo la consideración de
que tal término –bastante común en diferentes elecciones– resulta suficiente para
materializar sus objetivos institucionales.

En punto al plan de gestión, se observa que no es una mera formalidad, pues su exigencia
deja entrever la preocupación de los estatutos en armonizar el derecho del elegido con la
prevalencia del interés general de los estamentos administrativos, académico, estudiantil y
egresado. De ahí que, si bien en el primer aparte de la norma se garantiza al designado su
ejercicio por determinado período, su continuidad se cimenta sobre la consecución de unos
objetivos previamente definidos y cuya materialización serán objeto de escrutinio.

Por su parte, la competencia para evaluar la gestión del rector surge en la norma como
un elemento que: (i) reivindica la importancia del CSU al interior de la universidad, por cuanto
no solo le atribuye el deber de elegir al rector, sino también de evaluarlo de cara al
cumplimiento de los propósitos que planteó desde el inicio de su período, y (ii) refuerza la
preocupación por el interés general, pues las diferentes decisiones que pueda adoptar el
citado órgano deberán tener como marco el plan de gestión.

En cuanto a la facultad de remoción, la Sala observa un claro límite al derecho a ser
elegido que resulta razonable y proporcional de cara al eventual deterioro de los avances que
en materia académica y administrativa haya conseguido el ente autónomo a lo largo del
tiempo. Al amparo de esta potestad, emerge de forma preponderante el interés general de la
comunidad universitaria bajo la posibilidad de remover a quien, pese a ser elegido
legalmente, no está a la altura de sus responsabilidades.

Por último, en relación con la potestad de reelección del CSU, se avizora el mismo
propósito que se advirtió en punto a la remoción, desde luego, bajo una lógica inversa. En
este orden, aquí se privilegian igualmente los intereses superiores e impersonales, pero con
el fin de dar continuidad a la buena gestión bajo la fórmula de una reelección inmediata y tan
solo para un período más.

En suma, todos estos elementos normativos que contiene el artículo 26 de los estatutos de la
universidad dejan entrever un esquema que, si bien confiere, a quien acredite los requisitos,
el derecho a ejercer como rector durante un período de cuatro años, dota de prevalencia al
interés general cuya eficacia se determina de cara al plan de gestión que propone el rector
elegido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

En armonía con lo anterior, el estatuto previó dos consecuencias muy claras en relación con
la buena o ineficiente gestión del rector: la reelección inmediata o la remoción del cargo,
respectivamente. Dicho de otro modo, el defraudar o colmar los intereses superiores de la
universidad limita o extiende el ejercicio del poder público que se le otorga al rector.

Los anteriores razonamientos permiten a la Sala concluir que la intención del CSU fue
instituir, de forma expresa, la figura de la reelección inmediata ligada estrictamente a la
superación del 80% de las metas propuestas en el plan de gestión y, en todo caso, al arbitrio
de ese organismo quien «podrá» llevarla a cabo por un solo período.

En este sentido, la única forma de ser reelegido en la Universidad de Pamplona, en forma
consecutiva y por una sola vez, es a través del citado mecanismo evaluativo que tiene a
merced el Consejo Superior Universitario. En la práctica, ello significa que un rector tan solo
podría desempeñar ese cargo por dos períodos consecutivos; de ahí que no resulta
admisible la interpretación propuesta por el extremo pasivo, bajo el entendido de dar una
autonomía normativa al artículo 27, a tal punto de considerar que quien sea designado por
convocatoria puede ser reelegido de forma ilimitada.

En efecto, el artículo 27 no contempla una tipología de instituto autónomo que llaman los
defensores del acto acusado «elección por convocatoria», por el contrario, se trata de una
norma complementaria al artículo 26 y con un carácter netamente instrumental o adjetivo que
sirve de soporte y garantiza el debido proceso frente al único método ordinario que prevé los
estatutos: la designación del rector por parte del CSU.

La anterior conclusión, no solo encuentra sustento en los razonamientos aquí efectuados,
sino también lo tiene en el principio de legalidad que la Corte Constitucional concibe como 37:

(…) principio rector del ejercicio del poder [conforme al cual] se entiende que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito,
definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que
todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que
establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.

En armonía con lo anterior, el Consejo de Estado ha explicado que dicho principio se
materializa en los artículos 4, 6, 121, 122 y 123 de la Constitución Política, conforme a los
cuales: los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º de la Constitución); ninguna
autoridad del Estado ejercerá funciones distintas de las que le corresponden según la
Constitución y la ley (art. 121 ídem); no habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en la ley o reglamento (art. 122 ibídem) y que los servidores públicos ejercen sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (art. 123 ídem) 38.

Así entonces, ante la verificación de una norma que regula el período del rector; en cuyo
parágrafo instituye el mecanismo de reelección y sin que en ningún otro aparte del estatuto
se disponga algo en punto a esta figura, no había cabida para que el CSU desconociera el
carácter especial de esa disposición y, de paso, su naturaleza excluyente, bajo el entendido

37
Corte Constitucional, sentencia C-710 de 2001, MP Jaime Córdova Triviño.
38
Véase al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2013, Rad. 66001-23-
31-000-2002-01171-01(29121), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 21 de abril de 2016, Rad. 11000-03-24-000-2014-00515-00, MP Guillermo Vargas Ayala.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

que no puede haber otra forma de relección que la allí prevista, lo que resulta del todo
coherente con otro principio general de interpretación jurídica que sostiene: donde el
legislador no ha hecho distinción, no le es dable hacerla al intérprete.

Acorde con lo anterior, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona, no
podía elegir al demandado por un tercer y consecutivo período, comoquiera que la norma
estatutaria tan solo le permitía reelegirlo por una sola ocasión, tal como lo había hecho con
anterioridad con base en la potestad contemplada en el parágrafo del artículo 26 estatutario.

Por consiguiente, la Sala concluye que prospera la presente censura de cara a la nulidad del
acto de elección del señor Ivaldo Torres Chávez.

2.11 Conclusión

Habida cuenta de que los reparos analizados en los numerales 2.939 y 2.1040 prosperaron, se
impone para la Sala revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
las demandas. En su lugar, se inaplicará por inconstitucional el literal b) del artículo 27 del
Acuerdo 027 de 2002 y se declarará la nulidad del acto de elección del señor Ivaldo Torres
Chávez, como rector de la Universidad de Pamplona para el periodo constitucional 2025-
2028.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL el literal b) del artículo 27 del Acuerdo
027 de 2002, así como los artículos segundos (parcial) de los Acuerdos No. 031 y No. 043 de
202441, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de las demandas, en su
lugar, DECLARAR la nulidad del Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, por medio del
cual, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona, designó a Ivaldo
Torres Chávez como rector para el período 2025–2028.

TERCERO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que, en lo
sucesivo, resuelva todos los cargos planteados por los sujetos procesales.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
39
Indebida limitación de las inscripciones a la ciudad de Pamplona. Excepción de inconstitucionalidad de las
normas que contemplan esa regla.
40
Modificación del alcance normativo del artículo 26 de los estatutos de la Universidad de Pamplona.
41
A través de estos dos acuerdos se estableció y modificó, respectivamente, el cronograma para la designación
del rector; en el aparte pertinente, precisaron que las inscripciones se llevarían a cabo en la «Secretaría
General, Sede Pamplona, Km 1 vía Pamplona-Bucaramanga, o ante el CREAD, Norte de Santander de la
Unipamplona ubicado en la Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino, San José de Cúcuta, en horario laboral, días
hábiles».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Demandantes: Óscar Fabián Cristancho Fuentes y otros
Demandado: Ivaldo Torres Chávez – rector De La Universidad De Pamplona
Rad: 54001-23-33-000-2025-00022-02 (principal)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.